RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04503-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04503-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04503-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del departamento del Valle del Cauca. SEGUNDO: CONFIRMAR el ordinal primero, de la sentencia de 23 de septiembre de 2022 que declaró improcedente la presente acción de tutela. TERCERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia de 23 de septiembre de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: María Nancy Granada Soto Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01 REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04503-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

10 de noviembre de 2022

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado 11001-03-15-000-2022-04503-01
Demandante: MARÍA NANCY GRANADA SOTO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO

TEMAS: Tutela contra sentencia de la misma naturaleza – tutela contra acto
administrativo - temeridad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la señora María Nancy Granada Soto
contra el fallo de 23 de septiembre de 2022, por medio del cual, la Subsección “A” de
la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción e
impuso una multa de 1 salario mínimo legal mensual vigente, por encontrar
configurado un actuar temerario.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

La señora María Nancy Granada Soto, actuando en nombre propio, mediante
mensaje de datos recibido el 17 de agosto de 2022 en la Oficina de Reparto del
municipio de Cartago – Valle del Cauca1, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales " al debido proceso, La defensa, a la dignidad, a la igualdad, al trato
igualitario".

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró transgredidas por lo
resuelto en el fallo de 12 de febrero de 2021, en el que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca anuló su nombramiento en carrera dentro del proceso de nulidad
electoral identificado con el radicado 76001-23-33-000-2020-01074-00.

Igualmente, dirigió el mecanismo de amparo contra el Decreto No. 1-17-0504 de 31
de mayo de 2022 a través de la cual el Departamento del Valle del Cauca da
cumplimiento a la sentencia relacionada previamente.

A su vez, advierte que también se conculcaron sus derechos fundamentales con el
fallo proferido el 7 de abril de 2022, por medio del cual la Sección Primera del
Consejo de Estado revocó la decisión de la Sala de conjueces de la Sección Cuarta
de esta Corporación que, en primera instancia había concedido el amparo solicitado
dentro del proceso de tutela identificado con el radicado 11001-03-15-000-2021-
05940-00/01 para, en su lugar, declarar improcedente el mecanismo constitucional.

1 repartocartago@cendoj.ramajudicial.gov.co

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“1. TUTELAR Y AMPARAR DE FORMA INTEGRAL TODOS LOS DERECHOS
FUNFAMENTALES conculcados.

2. Se me amparen las medidas cautelares y provisionales toda vez que sea posible,
dado que se solicitó a los entes implicados sin solución inmediata alguna

3. Se estudie el acaso a profundidad de acuerdo al ARTICULO 228 Y 29 De la
constitución.

4. solicito se revoquen el “DECRETO No. 1-17-0504 DEL 31 DE MAYO DE 2022. Asi
mismo la Sentencia de Segunda Instancia de fecha siete (7) de abril de 2022,
proferida por el Honorable Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo
– Sección Primera dentro de la Acción de Tutela con radicado No.
110010315000202105940-02. Y El fallo de nulidad Electoral
76001233300020200107400. Habida cuenta que la firmeza del acto administrativo
sometido al medio de control de nulidad electoral, depende única y exclusivamente
de lo decidido ante la Jurisdicción De lo Contencioso Administrativo, ya que no es
cierto que la sentencia de tutela de segunda instancia esté impartiendo orden alguna
para este ente territorial.

5. De acuerdo a los derechos que me asisten como ganadora del concurso de méritos,
dado no existe impedimento como pensionada que me impida ejercer el Cargo
obtenido por mí en el concurso de méritos, que jamas no he recibido jamas dos
salarios del horario público como cita la noma, se ordene de forma contundente mi
Reintegro Inmediato a el cargo obtenido.

6. Se tenga encuentra definitivamente el Articulo 228 y 29 de la constitución y se dé
el amparo de todos mis derechos conculcados hasta este dia. de manera definitiva,
dado que priman los derechos fundamentales y los mismos me asisten desde que
gane el concurso de méritos.” (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

Teniendo en cuenta la manera confusa en que fueron expuestos los supuestos
fácticos en la solicitud de tutela, la Sala extrae, de los anexos aportados con el escrito
inicial y de las intervenciones recibidas, que las circunstancias que suscitaron el
mecanismo constitucional fueron los siguientes:

La actora participó en el concurso para proveer, en carrera administrativa, los cargos
vacantes de la planta de personal de la Gobernación del Valle del Cauca, aspirando al
cargo de auxiliar administrativo, Código 407, Grado 8.

El 20 de junio de 2020 fue nombrada en el mencionado cargo, esto por cuanto ocupó
el primer lugar en la lista de elegibles, con lo que se vinculó en periodo de prueba a la
Institución Educativa La Presentación, posesionándose el 30 de junio siguiente.

Contra el acto administrativo de nombramiento, el ciudadano Víctor Manuel Usgame
Cantillo interpuso el medio de control de nulidad electoral, puesto que consideró que
la actora no podía vincularse en carrera administrativa, teniendo en cuenta que a su
nombre se había concedido una pensión de vejez, por lo que se configuraba la
inhabilidad contenida en el artículo 2.2.5.1.4. del Decreto 1083 de 2015.

En sentencia de 12 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
dentro del proceso identificado con el radicado 76001-23-33-000-2020-01074-00,
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

accedió a las pretensiones de la demanda y anuló el nombramiento de la accionante
en carrera.

Por lo anterior, la señora María Nancy Granada Soto presentó el 5 de mayo de 2021
un escrito que, según afirmó, consistía en una “queja” ante la Corte Suprema de
Justicia denunciando que nunca fue notificada de la existencia del proceso de nulidad
electoral, lo que implicaba una vulneración a sus derechos fundamentales.

En auto de 26 de julio de 2021, la mencionada Corporación ordenó la remisión del
documento presentado por la accionante hacía el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, pues entendió que no era competente para su trámite.

En atención al contenido del memorial radicado por la actora, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca decidió darle trato de acción de tutela y, atención a que estaba
dirigida contra una providencia proferida por esa entidad, remitió el expediente al
Consejo de Estado, de la cual conoció, en primera instancia, la Sección Cuarta2 bajo
el radicado 11001-03-15-000-2021-01103-00.

Con fallo de 13 de mayo de 2021, se declaró la improcedencia del medio de amparo,
por cuanto la solicitante tenía a su disposición la figura de la nulidad procesal por falta
de notificación. La decisión fue confirmada en segunda instancia por la Sección
Primera de esta Corporación el 18 de junio de 2021.

Con fundamento en dichas sentencias, la actora presentó ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca la mencionada declaratoria de nulidad, trámite que
se resolvió con auto de 1º de julio de 2021, asegurando que, si bien no pudo surtirse
la notificación personal, sí se cumplió con la notificación por aviso, por lo que no se
configuraba la irregularidad alegada.

En consecuencia, la señora María Nancy Granada Soto interpuso una segunda acción
de tutela3 que fue radicada con el número 11001-03-15-000-2021-01568-00 de la cual
conoció la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que en fallo
de 2 de julio de 2021, consideró que se configuraban las identidades de objeto, causa
y parte con el proceso 11001-03-15-000-2021-01103-00 y, en consecuencia, declaró
la improcedencia del medio constitucional y se abstuvo de sancionar a la solicitante,
pues entendió que no se configuraba la mala fe. Esta decisión no fue impugnada.

Posteriormente, la actora inició un nuevo proceso de tutela, esta vez identificado con
el radicado 11001-03-15-000-2021-05940-00/01, que fue resuelto en primera instancia
por la Sala de Conjueces de la Sección Cuarta que, en fallo de 8 de noviembre de
2021, resolvió amparar el derecho fundamental al debido proceso, pues consideró que
el auto admisorio dentro del proceso de nulidad electoral no fue adecuadamente
notificado, por lo que dejó sin efecto lo actuado y ordenó retomar el proceso desde su
admisión.

2 La remisión del escrito de la actora puede constatarse dentro de las pruebas aportadas en el
expediente 11001-03-15-000-2021-01103-00.
3 En este escrito, no se observa que la actora haya puesto en conocimiento del juez constitucional lo

relacionado con el incidente de nulidad propuesto y negado por la presunta falta de notificación de la
admisión de la demanda de nulidad electoral.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

No obstante, en segunda instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado en
sentencia de 7 de abril de 2022, evidenció que, dentro del trámite del incidente de
nulidad procesal por indebida notificación que inició ante el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, la accionante también interpuso apelación contra la sentencia de 12
de febrero de 2021, petición que fue rechazada por el juez de instancia, en ese sentido,
concluyó que la actora debió agotar el trámite del recurso de queja y, en consecuencia,
declaró la improcedencia de la tutela, revocando lo ordenado por su a quo.

Finalmente, ante lo dispuesto por la Sección Primera del Consejo de Estado, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dejó sin efecto todo lo actuado en virtud
del fallo de primera instancia y, en su lugar, dejó en firme la sentencia de 12 de febrero
de 2021, motivo por el cual, el departamento del Valle del Cauca, profirió el Decreto
No. 1-17-0504 de 31 de mayo de 2022, dando cumplimiento a lo allí dispuesto frente
a la nulidad del acto de nombramiento de la señora María Nancy Granada Soto.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En el escrito inicial, la actora es enfática en que sus derechos fundamentales
invocados fueron conculcados con la falta de notificación del auto que admitió la
demanda dentro del proceso de nulidad electoral y que esto fue reconocido por la Sala
de Conjueces de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Aseguró que con el escrito que denominó “PQR” y que dirigió a la Corte Suprema de
Justicia, al Consejo de Estado, al Consejo Superior de la Judicatura, entre otras
entidades, debe entenderse que se agotaron los recursos procedentes contra la
sentencia de 12 de febrero de 2021.

Consideró que, en la decisión de 7 de abril de 2022, no se ordenó dejar sin efectos lo
actuado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cumplimiento del fallo
proferido por la Sala de Conjueces de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por lo
que estima que el Decreto No. 1-17-0504 de 31 de mayo de 2022, con el cual se dejó
sin efectos su nombramiento en virtud de la nulidad decretada en el proceso ordinario,
carece de fundamento.

1.5. Trámite de la acción

Mediante proveído de 24 de agosto de 2022, la magistrada ponente de la decisión de
la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela
y ordenó notificar a los integrantes de la Sección Primera del Consejo de Estado y al
magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ponente en el proceso de
nulidad electoral que anuló el nombramiento de la actora, como sujetos de la parte
accionada.

Adicionalmente, vinculó, en calidad de terceros con interés directo, al departamento
del Valle del Cauca, al señor José William Barco Betancourt4 y a la Sala de Conjueces
de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que conoció, en primera instancia, de la
demanda de tutela identificada con el radicado 110010315000202105940-01

4 Particular que ocupó el segundo puesto en la lista de elegibles para el cargo en que se había
posesionado la actora.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Valle del Cauca

El magistrado ponente del medio de control de nulidad electoral informó que en el
proceso identificado con el radicado 76001-23-33-000-2020-01074-00, fueron
vinculadas por aviso las señoras María Nancy Granada Soto y María Eugenia Toro
Valencia, comoquiera que no fue posible notificarlas de manera personal.

Adujo que, mediante sentencia de 12 de febrero de 2021 se declaró la nulidad del
Decreto 1-3 1039 de 20 de junio de 2020, a través del cual se nombró a la señora
María Nancy Granada Soto “con violación del régimen de inhabilidades”. Proceso en el
cual se respetaron los derechos al debido proceso y de defensa de las partes.

Indicó que la señora Granada Soto promovió un incidente de nulidad que fue
despachado negativamente con auto de 1. º de julio de 2021. Inconforme con lo
anterior, presentó recurso de reposición que fue desatado desfavorablemente en
providencia de 30 de julio de 2021.

Resaltó que la tutelante ha presentado las siguientes acciones de amparo por los
mismos hechos:

(i) Expediente 11001-03-15-000-2021-01103-00; M.P. Milton Chávez García;
sentencia de 13 de mayo de 2021, en la que se declaró la improcedencia de la acción,
decisión que fue confirmada en proveído de 18 de junio de la misma anualidad.

(ii) Expediente 11001-03-15-000-2021-01568-00; M.P. Jaime Enrique Rodríguez
Navas; sentencia de 2 de julio de 2021 a través de la cual se declaró improcedente la
solicitud de amparo y se ordenó estarse a lo resuelto en el trámite anterior, por
presentar similitud fáctica y jurídica.

(iii) Expediente 11001-03-15-000-2021-05940-00; Sala de Conjueces de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado; sentencia de 8 de noviembre de 2021 mediante la que
cual «se ordenó dejar sin efectos las providencias que negaron la nulidad de lo actuado en el
medio de control electoral, disponiendo declarar la nulidad de todo lo actuado desde las
actuaciones posteriores al auto admisorio de demanda electoral y que “se surtan todas las
actuaciones”»

Refirió que, en cumplimiento de dicha orden, se profirió el auto de 22 de noviembre de
2021 en el sentido de decretar la nulidad de todo lo actuado dentro del asunto electoral
desde la notificación del auto admisorio, en consecuencia, se dejaron sin efectos las
providencias de 1.º y 30 de julio de 2021 (con los que se había negado la nulidad), y
la sentencia de 12 de febrero de 2021 dictada en la audiencia de alegaciones y
juzgamiento. En ese orden, se dispuso efectuar la notificación de la admisión de la
demanda ordinaria de conformidad con el numeral 1.º del artículo 277 de la Ley 1437
de 2011, diligencia que se llevó a cabo

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

Manifestó que, contra el auto de 3 de febrero de 2022, en el que se determinó
incorporar las pruebas, se fijó el litigio y se concedió un plazo de 10 días para alegar
de conclusión, la accionante presentó recurso de reposición con el fin de que se
vinculara al proceso a la persona que se encontraba en el cargo y, en escrito separado,
recusó al magistrado sustanciador, solicitud que fue negada a través de los autos de
10 de febrero y 1.º de marzo de 2022.

Precisó que, en auto de 14 de marzo de 2022 se resolvió la reposición y se ordenó la
vinculación del tercero con interés, no obstante, estando el proceso para proferir
sentencia, el magistrado Hernando Sánchez Sánchez de la Sección Primera del
Consejo de Estado dictó sentencia de 8 de noviembre de 2021 en el sentido de dejar
sin efectos la decisión de la Sala de Conjueces de la Sección Cuarta de esta
Corporación (expediente 2021-05940-00), para, en su lugar, declarar la improcedencia
del mecanismo constitucional.

Aseguró que, “[e]n virtud de lo anterior, el 22 de abril de esta calenda, se profirió auto de
obedecimiento y cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo de Estado en providencia del 7
de abril de 2022 mencionada en líneas anteriores y dejó sin efectos el tramite adelantado y las
actuaciones surtidas dentro de la nulidad electoral, desde el auto del 22 de noviembre de 2021
inclusive, igualmente se declaró la firmeza de la sentencia del 12 de febrero de 2021, proferida
en la audiencia de alegaciones y juzgamiento dentro del medio de control de nulidad electoral,
bajo el radicado 76001-33-33-000-2020-01074-00”.

Finalmente, puntualizó que no le constan las aseveraciones efectuadas por la parte
actora. Asimismo, agregó que de la revisión del sistema de gestión judicial SAMAI y
del correo del tribunal dispuesto para recibir memoriales no se evidenció ningún escrito
con recurso de queja presentado por la señora María Nancy Granada Soto dentro del
medio de control de nulidad electoral, razón por la cual concluyó que esta judicatura
no ha vulnerado las garantías fundamentales deprecadas.

1.6.2. Consejo de Estado – Sección Primera

El magistrado ponente de la decisión de segunda instancia dictada en el marco del
expediente de tutela N.º 11001-03-15-000-2021-05940-02, luego de hacer un resumen
de las actuaciones surtidas, arguyó que el caso de la referencia carece de relevancia
constitucional “en la medida en que la actora no señaló alguna de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ni sustentó la configuración
de alguna de ellas; es decir, no cumplió con la carga argumentativa mínima de establecer las
razones por las cuales, a su juicio, la Sección Primera de esta Corporación vulneró sus
derechos”.

Adicionó que este mecanismo tampoco satisface el requisito consistente en que no se
trate de una acción de tutela contra sentencia de la misma naturaleza, máxime, por
cuanto no se acreditó la existencia del fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, en
ese sentido, solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo

1.6.3. Jorge William Barco Betancourt

En calidad de tercero con interés en el proceso ordinario, solicitó que se despache
negativamente el asunto de la referencia debido a que no se acreditó la vulneración
alegada por la señora María Nancy Granada Soto, en atención a que el mecanismo

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

constitucional no cumple con los requisitos generales y especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial.

Finalmente, aseguró que la actuación de la parte actora es temeraria y de mala fe,
comoquiera que en todas las acciones que ha promovido la causa de la presunta
transgresión es la declaratoria de nulidad del Decreto 1-3-1939 de 2021, lo que de
plano evidencia que no se supera el requisito de que no se trate de una tutela contra
tutela.

1.6.4. Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Educación

La jefe de la Oficina Jurídica de la entidad resaltó que el trámite objeto de atención
concierne a una tutela contra “las sentencias de tutela expedidas por el Consejo de Estado
y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca”.

En ese orden, adujo que en este caso se advierte temeridad y mala fe de la señora
María Nancy Granada Soto, habida cuenta de que las anteriores acciones identificadas
con los radicados 2021-01103, 2021-01568 y 2021-05490 presentan identidad en la
causa, en las partes y en el objeto.

De otro lado, precisó que la inconformidad de la parte accionante recae sobre la
expedición de un acto administrativo respecto al cual, “cuenta con los recursos descritos
en el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, esto es la reposición, apelación y/o queja”, en
consecuencia, es claro que no se cumple con el requisito de subsidiariedad del
mecanismo de amparo según lo ha señalado de manera consistente la jurisprudencia.

Refirió que, no es cierto que se afecte el derecho al mínimo vital de la actora por cuanto
en el trámite de la acción de tutela N.º 2022-00103 adelantado ante el Juzgado 2.º
Penal del Circuito de Cartago se acreditó que percibe una mesada pensional por parte
de Colpensiones.

Por último, indicó que la Secretaría carece de legitimación en la causa por pasiva
debido a que las alegaciones y pretensiones están dirigidas contra las decisiones del
Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por tanto, solicitó
su desvinculación.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 23 de septiembre de 2022, la Subsección “A” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, advirtió que, frente al fallo de 12 de febrero de 2021,
se configuraba la falta de inmediatez de la acción de tutela, esto contando un plazo
razonable desde el 6 de julio de 2021, momento en el que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca resolvió negativamente el incidente de nulidad procesal propuesto
por la actora, en consecuencia, concluyó que la tutela resultaba improcedente para
atacar aquella providencia judicial, pues al momento de interponer la presente tutela,
había transcurrido más de 1 año.

Adicionalmente, consideró que las pretensiones dirigidas contra la sentencia de 12 de
febrero de 2021, fueron abordadas en el proceso de tutela identificado con el radicado
11001-03-15-000-2021-01103-01, por lo que se configuraba la temeridad,
adicionalmente, manifestó que teniendo en cuenta que ya en el proceso 11001-03-15-

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

000-2021-01568-00 se le había exonerado de imponer multas por su actuar, no era
posible asumir que su actuar carece del elemento de la mala fe y, por lo tanto, le
impuso una multa de 1 salario mínimo legal mensual vigente.

En lo relativo a la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el
7 de abril de 2022, estimó que, adicional a que no se manifestaron ni sustentaron los
defectos que, a juicio de la actora, adolecía dicho fallo, aquella providencia había sido
proferida dentro de otro proceso de tutela, por lo que no se superaba la prohibición de
interponer acciones de amparo contra decisiones de la misma naturaleza, sin justificar
una cosa juzgada fraudulenta.

Siendo así, concluyó que lo pretendido por la accionante es que se reabra
íntegramente los debates judiciales previos convirtiendo el mecanismo constitucional
en una nueva instancia, motivo que conduce a que la demanda carezca de relevancia
constitucional.

1.8. Impugnación5

En el escrito aportado por la actora, manifestó su desacuerdo con la decisión
adoptada, para el efecto desarrolló la siguiente argumentación.

En primer lugar, señaló que contra el auto que resolvió la solicitud de nulidad procesal
propuesta dentro del medio de control de nulidad electoral, providencia desde cuya
notificación se contabilizó el término de la inmediatez, se interpuso recurso de
reposición que fue decidido el 30 de julio de 2021.

Mencionó que existen distintos recursos que no han sido resueltos, aunque no
especifica a cuáles se refiere limitándose a enunciar un presunto “subsidio de apelación”.

Alegó que, cuando el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dejó sin efecto todo
lo actuado en virtud de la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela
2021-05940, fue retirada nuevamente de su cargo, por lo que esto la impulsó a
interponer una vez más el mecanismo de amparo.

Es insistente en que esa decisión de tutela, que ahora ataca, vulnera sus derechos
fundamentales, en especial, porque considera que contra el auto que resolvió el
recurso contra la providencia que negó la nulidad procesal dentro del medio de control
de nulidad electoral, no proceden los recursos exigidos por la Sección Primera del
Consejo de Estado.

Resalta que la presentación de varias tutelas obedece al hecho de que ha sido víctima
de una serie de irregularidades y actuaciones contrarias a derecho, por lo que no
puede tildársele de actuar de forma temeraria solo por intentar defenderse.

Por lo expuesto solicitó:

5 La sentencia fue notificada por medio de correo electrónico el 29 de septiembre de 2022 y la
impugnación fue recibida el 3 de octubre siguiente, como consta en el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

“PRIMERO: REVOCAR EL FALLO EMITIDO Y DECLARAR PROCEDENTE el
amparo solicitado por la señora María Nancy Granada Soto, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ANULAR LA MULTA EMITIDA a la señora María Nancy Granda Soto, a
título de sanción por la temeridad declarada, el pago de una multa equivalente a un
(1) salario mínimo legal mensual vigente, valor que deberá consignar en la cuenta
corriente del Banco Agrario 3-0820-000640-8, DTN- multas y cauciones efectivas del
Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los veinte (20) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

Toda vez que cómo se explicó no existe temeridad o mala fe, en los recursos toda
vez que de manera arbitraria por segunda vez el día 30 de mayo fui separada del
cargo.

TERCERO: se revisada toda la actuación desde el inicio, donde realmente se
evidenciará que todo lo manifestado es real, que mis derechos fundamentales están
inmersos en medio de todo el proceso, que como directa afectada al ser separa de
mi cargo por segunda vez de manera injusta por que gane el primer lugar, lo que he
promovido es el amparo de los mismos.

Solo revisando el proceso de manera profunda considero se puede tener claridad en
el mismo, a fin de que no solo se revisen los desamparos que tanto daño me han
causado y tan humillación, sino también los amparos que demuestran se ha tenido
la razón en todo el proceso. Además, se revisen todas las pruebas, pues es normal
que la redacción sea similar, pero el recurso se promovió por hechos diferentes que
tienen un mismo origen.

No soy abogada y realmente es muy humillante y se ataca la dignidad humana
cuando se tiene que defender un lugar que gane por mérito, y de donde por segunda
vez fui arrancada sin existir realmente inhabilidades y demás.

Realmente es denigrante, va contra todo lo acontecido por favor, NUEVAMENTE
reitero solo busco por fin sean restablecidos mis derechos ante tantas discordancias
como que el magistrado Hernando Sanchez le niega la impugnación al departamento
se radica la queja, pero además se demuestra que si se hizo según su bendito fallo
y aun así mis derechos siguen siendo pisoteados.” (Sic a toda la cita)

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la actora
contra la sentencia de 23 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991,
el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

Ya que en la primera instancia no hubo pronunciamiento sobre la solicitud
desvinculación propuesta por la Secretaría Departamental del Valle del Cauca que
concurrió en nombre de esa entidad territorial, la Sala procederá a resolver sobre el
particular.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

Para el efecto, bastará con recordar que el departamento del Valle del Cauca, fue
vinculado a este medio constitucional en tanto que fue parte dentro del proceso de
tutela cuyo fallo de segunda instancia se debate y en el medio de control de nulidad
electoral que inició toda la controversia, de hecho, es la autoridad que profirió el
Decreto No. 1-17-0504 de 31 de mayo de 2022, también atacado en esta acción
constitucional, motivo por el cual, es evidente el interés directo que le asiste en el
resultado de esta acción de amparo y no se accederá a su petición.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 23 de septiembre de 2022, a través de la cual la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia
del amparo y le impuso una sanción por incurrir en una actuación temeraria.

Para el efecto, se abordará el estudio del caso en tres aspectos así: (i) tutela contra el
fallo de 12 de febrero de 2021; (ii) tutela contra el Decreto No. 1-17-0504 de 31 de
mayo de 2022 y (iii) tutela contra el fallo de tutela de 7 de abril de 2022.

2.4. Tutela contra el fallo de 12 de febrero de 2021

Para resolver las censuras presentadas contra esta decisión, resulta necesario
pronunciarse sobre: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y; (iii) la
temeridad evidenciada en la primera instancia.

2.4.1 Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4.2 Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.3. Para la Sala, el caso objeto de estudio carece de relevancia constitucional,
por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con el
fallo proferido el 12 de febrero de 2021 dentro del medio de control de nulidad electoral
identificado con el radicado 76001-23-33-000-2020-01074-00, es evidente que lo
pretendido por la actora es que por esta vía constitucional se curse una nueva instancia
en la que se reabra todo el debate que fue agotado por el juez natural de la causa.

En este punto, debe tenerse en cuenta que en la sentencia SU – 215 de 2022, la Corte
Constitucional Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal10 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico11; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”12

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”13 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Sentencia SU-573 de 2019.

11 Sentencia SU-103 de 2022.

12 Sentencia SU-103 de 2022.

13 Sentencia SU-103 de 2022.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”14
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto15, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal16. (Resaltado de la Sala)

Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación
de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado
ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual se
explica que los accionantes deben explicar los defectos17 en los que incurrió la decisión
atacada.

Ahora bien, en virtud del principio general que dicta que lo sustancial debe primar sobre
lo formal, es posible que, a pesar de que no se especifique expresamente la causal
alegada, de la argumentación esgrimida el juez realice una adecuación para
determinar de oficio qué defecto debe estudiarse.

No obstante, de los escritos allegados a este proceso por la señora María Nancy
Granada Soto, lo que se evidencia es una exposición general de lo que consideró que
es una vulneración de sus derechos fundamentales pero con una clara insuficiencia o
especificidad sobre la justificación del motivo que pretende invocar, de hecho,
abiertamente solicitó que se revise toda la actuación desde el inicio, lo que hace
evidente su intención de convertir el medio constitucional en una instancia adicional.

En ese sentido, no es posible superar este requisito adjetivo y, por lo tanto, la acción
de tutela contra la sentencia de 12 de febrero de 2021 debe declararse improcedente.
Con todo, en gracia de discusión, se observa que también se configuran la causal de
improcedencia de falta de inmediatez.

2.4.4. Respecto al requisito de inmediatez es preciso señalar que, el fallo de primera
instancia en esta acción de tutela, tomó como tiempo para acudir a ella el transcurrido
luego de la notificación del auto de 1º de julio de 2021, por medio del cual se resolvió
negativamente una solitud de nulidad procesal.

No obstante, la parte actora aseguró que, contra esa decisión, presentó un recurso de
reposición que fue resuelto en auto de 30 de julio de 2021.

14 Sentencia SU-128 de 2021.

15 Sentencia SU-573 de 2019.

16 Ibid.

17 Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

Al respecto, verificado el sistema de consulta de procesos de la plataforma SAMAI, se
evidencia que, en efecto, en la mencionada fecha el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca profirió el auto en el que no repone el auto de 1. º de julio de 2021 con el
que negó la nulidad procesal propuesta por la actora y, adicionalmente, rechazó por
improcedente el recurso de apelación interpuesto de forma subsidiaria.

Partiendo de este hecho, se llega a la misma conclusión del a quo, esto por cuanto el
auto de 30 de julio de 2021 fue notificado en estado de 30 de julio de 2021 y, sin
necesidad de contabilizar el término de ejecutoria, es claro que la acción de tutela
radicada el 17 de agosto de 2022 supera el plazo de 6 meses que se ha entendido
razonable.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201418, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200519, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y,
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

En ese sentido, la Sala confirmará la decisión de la primera instancia respecto de la
improcedencia de la acción de tutela para atacar la sentencia de 12 de febrero de 2021.

2.4.5. La temeridad evidenciada en la primera instancia

Además del incumplimiento de los anteriores requisitos, el a quo consideró que, en
este proceso se presentaban las mismas identidades de objeto, causa y parte con la
tutela tramitada con el radicado 110010315000202101103-00/01.

Sobre este aspecto, la actora considera que existen circunstancias nuevas, como
recursos y hechos que impiden que se considere que ha incurrido en un actuar
temerario, igualmente, es enfática en que todo lo que ha hecho es defender sus
derechos.

Ahora bien, para la Sala, no es posible llegar a la decisión categórica a la que arriba la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, respecto de un presunto
actuar de mala fe por parte de la señora María Nancy Granada Soto, como pasa a
explicarse.

En primer lugar, se observa que la temeridad fue evidenciada en la primera instancia
de la siguiente manera:

“Esta Sala, al confrontar la acción de tutela 2021-01103 con la pretensión que aquí
es objeto de estudio, constata que, ciertamente, es la misma demanda y confluyen
los elementos objetivos de la temeridad: identidad de partes, de objeto y de causa,

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

tanto así que el texto es casi idéntico y fue radicado en dos oportunidades y ante
dos autoridades distintas. Esto da cuenta de la referida identidad entre ambas
solicitudes de amparo:

(…)

Con base en lo expuesto, es evidente que ambos procesos guardan identidad
de partes, de hechos y de pretensiones, por cuanto se cuestiona la sentencia
del 12 de febrero de 2021 proferida en el proceso con radicado No.
760012333000202001074-00, por considerarse que se incurrió en defecto
procedimental absoluto por la falta de notificación del auto admisorio, lo cual
implicó la supuesta vulneración de los derechos al debido proceso, al mínimo vital,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

Por otra parte, si bien no basta la convergencia de los elementos objetivos para
determinar la temeridad, puesto que también es necesario que no se haya
justificado en debida forma la interposición de las dos acciones, en este caso se
observa que la primera demanda de tutela interpuesta fue decidida el 13 de abril de
2021 -notificada el 19 de abril del mismo año-, mientras que la presente demanda
de tutela se radicó el 18 de agosto del presente año.

Por lo anterior, no es viable determinar que la parte actora se encontraba en una
situación de ignorancia, tampoco se evidencia la existencia de nuevos hechos
respecto de los cuestionamientos dirigidos al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que se estén reclamando, o la necesidad de hacer extensible una sentencia
de unificación, por lo que el presente caso no se encuentra en el marco de alguna
de las excepciones a la temeridad señaladas por la Corte Constitucional.” (Sic a
toda la cita, resaltado añadido por la Sala)

En este punto, debe recordarse que, en el proceso 11001-03-15-000-2021-01103-00
no se abordó un análisis de fondo sobre la sentencia de 12 de febrero de 2021, es
decir, si bien sí fue esta la providencia atacada por la actora, al igual que en este caso,
en aquella oportunidad las Secciones Cuarta y Primera que conocieron el mecanismo
de amparo declararon su improcedencia, justamente, porque no se había agotado el
medio de defensa idóneo para alegar la falta de notificación, entiéndase, proponer la
nulidad procesal.

Es aquí donde se torna tan importante la manera en que se resuelven los procesos de
tutela, pues no es lo mismo “negar el amparo” que “declarar la improcedencia”, en
tanto que mientras el primero es precedido de un estudio de fondo en el cual se
concluyó que no existió vulneración y, en consecuencia, impide que pueda reabrirse
el debate por el mismo medio constitucional, la improcedencia obedece a la ausencia
del cumplimiento de un requisito de procedibilidad que, eventualmente 20, de superarse
sí permitiría que se intente nuevamente la solicitud de amparo21.

El segundo evento descrito se acompasa con lo ocurrido en este caso, cuando la
señora María Nancy Granada Soto acudió al medio constitucional en el proceso 11001-
03-15-000-2021-01103-00 las autoridades judiciales le manifestaron la imposibilidad
de agotar el mecanismo de amparo si, previamente, no hacía uso de las medidas
procesales relativas a la proposición de una nulidad procesal.

20 No siempre se puede corregir el requisito para acudir de nuevo a la jurisdicción constitucional, tómese

como ejemplo la falta de inmediatez que, por tratarse del paso del tiempo, es materialmente imposible
de corregir.
21 De aquí que ya no se prefiera la expresión “negar por improcedente” pues resulta anti técnica por

incongruente.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

Con lo anterior, es claro que, cuando la actora, cumpliendo lo manifestado por los
jueces de tutela, presentó la respectiva solicitud de nulidad junto con el recurso contra
la decisión allí adoptada, generó unos hechos nuevos concretados en los autos de 1.º
y 30 de julio de 2021 y, en consecuencia, no puede afirmarse que exista una identidad
de causa ni de objeto, pues concurre una situación fáctica adicional y la obligación de
estudiar el proceso frente a nuevas providencias.

Es tanto así, que, para abordar el estudio de tutela contra la sentencia de 12 de febrero
de 2021, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, manifestó la
necesidad de contar el término de la inmediatez desde el auto de 1.º de julio de 2021,
por lo que reconoció la incidencia directa que tenía esa decisión en la tutela planteada
por la actora.

Ahora bien, no desconoce la Sala que la accionante, en el devenir de la controversia
surgida con su desvinculación ha actuado de manera contraria a la técnica jurídica y
ha realizado actuaciones que distan ampliamente de lo que hubiera sido un manejo
adecuado de las herramientas judiciales y legales con las que disponía, esto puede
advertirse de cada uno de sus escritos, por ejemplo, basta con ver el memorial
radicado contra la sentencia de 12 de febrero de 2021 y que la actora calificó como
“PQR”, el cual fue dirigido contra autoridades que no tenían relación alguna con el caso
como la Corte Suprema de Justicia o de plano inexistentes como el “Colegio Nacional
de la Judicatura”.

Sin embargo, esto es consecuencia del hecho de que la señora María Nancy Granada
Soto no es abogada, como lo explicó en su escrito de impugnación, y no puede esta
Corporación interpretar aquello como un actuar de mala fe, por el contrario, lo que se
advierte es que la accionante está intentando un ejercicio que no es concordante con
su área de conocimientos o que, posiblemente, ha sido deficientemente asesorada22.

En ese orden de ideas, si bien la tutela contra la providencia de 12 de febrero de 2021
no supera el estudio de cumplimiento de los requisitos adjetivos, lo que implica que se
declarará su improcedencia, la Sala revocará el ordinal segundo de la sentencia de 23
de septiembre de 2022, en tanto que no se advierte un actuar temerario por parte de
la actora.

2.5. Tutela contra el Decreto No. 1-17-0504 de 31 de mayo de 2022

Para resolver este punto, la Sala se pronunciará sobre: (i) La naturaleza subsidiaria de
la acción de tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos y;
(ii) el caso concreto

2.5.1. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”,

22 A juzgar por el escrito de impugnación donde en ocasiones se presenta como “del suscrito”, “el

suscrito” o se refiere a ella en tercera persona, que sugieren la colaboración de un tercero.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a
las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia23.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben
buscar la defensa de aquellos.

2.5.2. Caso concreto

En el presente asunto, la parte actora atacó el Decreto No. 1-17-0504 de 31 de mayo
de 2022 a través del cual el Departamento del Valle del Cauca dió cumplimiento a la
sentencia de 12 de febrero de 2021 mediante la cual se declaró nulo el nombramiento
en carrera que le fuera realizado por superar el concurso de méritos en la primera
posición para el cargo que ocupaba.

Sobre los actos administrativos que cumplen órdenes judiciales, estos han sido
catalogados como actos de ejecución, es decir, que se limitan a concretar la instrucción
dada en una providencia, sin que esto implique la expresión de voluntad de la
administración. Por lo tanto, por regla general, no son susceptibles de control judicial.

Lo anterior, en el entendido que, al ser fruto de la orden proferida por un juez, el debate
jurídico ya fue agotado manera previa con el cumplimiento de todas las garantías
inherentes al proceso.

En ese sentido, se podría pensar que este tipo de decisiones no se enmarcan en la
premisa imperante según la cual la tutela no es procedente para estudiarlos, pues al
no ser pasibles de los medios de control ordinarios, no existirían otros medios idóneos
de defensa.

No obstante, la prohibición al control judicial de los actos de ejecución tiene una
excepción, esto es, que la administración desborde los límites de la orden judicial y,
en su lugar, profiera decisiones por fuera de ella, en cuyo caso, estaría emitiendo una

23 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y

la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones.”
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

decisión que sí es una expresión de su voluntad que concreta una acto administrativo
nuevo e independiente que puede ser demandado ante la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

Justamente, el argumento presentado por la parte actora contra el Decreto No. 1-17-
0504 de 31 de mayo de 2022 se enmarca en dicha eventualidad pues, a su juicio, el
departamento del Valle del Cauca dejó sin efecto su nombramiento en virtud de lo
decidido en el fallo de tutela de 7 de abril de 2022, sin tener en cuenta que allí no se
emitió una orden en ese sentido.

Así las cosas, si para la señora María Nancy Granada Soto la entidad que profirió dicho
acto administrativo actuó más allá de lo ordenado en la sentencia del mecanismo de
amparo, esta tutela se torna improcedente por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, en tanto que para atacar ese presunto acto administrativo definitivo,
cuenta con los medios de control correspondientes.

2.6. Tutela contra el fallo de tutela de 7 de abril de 2022

En este acápite, la Sala deberá pronunciarse sobre: (i) la excepcional procedencia de
la tutela para controvertir otros fallos de la misma naturaleza y; (ii) el caso en concreto

2.6.1. La excepcional procedencia de la tutela para controvertir otros fallos de la
misma naturaleza

Sobre este punto, debe recordarse que, la solicitud de amparo no es procedente para
controvertir decisiones de la misma naturaleza, “por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas24”.

Para el efecto, es imperativo acudir a lo considerado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-627 de 201525, según la cual, este mecanismo constitucional es
procedente de manera excepcionalísima cuando se ataca una sentencia de tutela,
sólo, en los siguientes casos:

“… Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República
[diferente a la Corte Constitucional] la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la
cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación”. (Destacado de la Sala).

24 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
25 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

2.6.2. Caso concreto

Para la parte actora, el fallo de 7 de abril de 2022 replicóa la vulneración de los
derechos fundamentales invocados pues desconocióe la totalidad del contexto fáctico
y probatorio que se puso en su conocimiento y que demuestróa el actuar contrario a
derecho del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, del departamento del Valle
del Cauca y de la persona que ocupó el segundo lugar en la lista de elegibles para el
cargo que desempeñaba en propiedad.

Especialmente, consideró que la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción de tutela y revocó el amparo concedido de la Sección
Cuarta al exigirle un recurso que no es procedente contra el auto que rechazó la
apelación de la sentencia.

De la verificación de los argumentos de la parte demandante, se resalta que ninguno
de ellos se enmarca en la existencia de una cosa juzgada fraudulenta, por el contrario,
se dirigen a cuestionar los argumentos de derecho que tuvo la Sección Primera del
Consejo de Estado sin esgrimir un actuar que permita a otro juez de tutela abordar un
estudio de fondo.

Claramente, lo relativo a que si el recurso de queja es procedente contra el auto que
rechazó un recurso de apelación dentro de un proceso de nulidad electoral, es un tema
de pleno derecho que implicó el ejercicio de la autonomía judicial de la Sala que
resolvió la tutela sin que esta acción de amparo sea la vía para imponerle un criterio
distinto.

En ese sentido, la tutela contra la sentencia de 7 de abril de 2022 tampoco supera el
estudio de procedibilidad. Así las cosas, ya que en ninguno de los tres temas
propuestos en la solicitud de amparo es posible agotar un estudio de fondo, se
confirmará el ordinal primero del fallo de 23 de septiembre de 2022.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del departamento del Valle del
Cauca.

SEGUNDO: CONFIRMAR el ordinal primero, de la sentencia de 23 de septiembre de
2022 que declaró improcedente la presente acción de tutela.

TERCERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia de 23 de septiembre de
2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Nancy Granada Soto
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04503-01

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”

19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.