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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04284-00

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04284-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso real y efectivo a la administración de justicia, invocados por el señor Severo Acosta Tarazona, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” que, en un término no superior a 30 días, emita una providencia de reemplazo en la que, se tengan en cuenta los argumentos expuestos, en particular la inexistencia de la cosa juzgada en el proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00152-03. 22 Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00 Demandante: Severo Acosta Tarazona Demandado: Consejo de Estado TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. De no ser impugnada, y una vez quede ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04284-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-04284-001
Demandante : Severo Acosta Tarazona
Demandado : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
Vinculados : Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, a la Corte Constitucional y al
Consejo de Estado, Sección Cuarta y Quinta
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo en
condiciones dignas, seguridad social, mínimo vital y protección
reforzada a la tercera edad
Tema : Tutela contra providencia que declaró configurado el fenómeno de
cosa juzgada
Decisión : Ampara

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por Severo Acosta Tarazona en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo en condiciones dignas, seguridad
social, mínimo vital y protección reforzada a la tercera edad.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante
frente a la vulneración alegada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela y, finalmente se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

El accionante interpone esta acción de tutela, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo
en condiciones dignas, seguridad social, mínimo vital y protección reforzada a la tercera
edad, presuntamente vulnerados por la Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”.

Por consiguiente, solicitó:

«2. Dejar sin efectos la sentencia del 12 de junio de 2025 proferida por la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado, por haber incurrido en vía de hecho.
3. Ordenar al Consejo de Estado proferir la sentencia de reemplazo, en cumplimiento de lo
ordenado en la Sentencia T-254 de 2006, en un término razonable, con sujeción estricta a los
lineamientos establecidos por la Corte Constitucional.
4. Disponer las demás medidas necesarias para restablecer integralmente los derechos del
accionante, incluida la evaluación sustancial del restablecimiento del derecho laboral y
prestacional dejado de reconocer como consecuencia del incumplimiento judicial de la
sentencia de tutela».

1.3 Hechos2.

Relató el accionante que, fue desvinculado de su cargo en el Ministerio del Interior
mediante la Resolución No. 003 del 3 de enero del 2000, por lo que, presentó acción de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener su reintegro y el pago de los
salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir entre los años 2000 y 2009. Esta
demanda fue negada tanto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como por el
Consejo de Estado3.

Frente a esta negativa, interpuso una acción de tutela que fue seleccionada para su
revisión por la Corte Constitucional, y en Sentencia T-254 de 2006 dejó sin efectos la
providencia del 17 de febrero de 2005 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “A”, y le ordenó dictar un fallo de reemplazo en el término de un
mes.

Pese a lo ordenado, el Consejo de Estado en auto del 13 de julio de 2006 se abstuvo de
emitir dicha sentencia, y reafirmó la decisión anterior. Como consecuencia de ello, la
Corte Constitucional profirió el auto 235 del 18 de septiembre de 2008, en el que, dejó
sin efectos la providencia de abstención y ordenó al Ministerio del Interior motivar
adecuadamente el acto de retiro, y que en caso de no hacerlo, debía proceder al reintegro

2
Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
3
Dentro del radicado 25000-23-25-000-2000-03294-00/01.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

inmediato del accionante.

El Ministerio del Interior emitió la Resolución 3187 del 5 de noviembre de 2008, en la que,
motivó el retiro del accionante, argumentos que fueron considerados por la Corte como
aparentes o insuficientes, por lo que, a través de auto 332 del 20 de noviembre de 2008,
ordenó el reintegro inmediato del señor Acosta.

A pesar de la orden de reintegro, el accionante no recibió el pago de los emolumentos
dejados de percibir durante el periodo en que estuvo desvinculado (2000 a 2009). Por
esta razón, presentó una nueva demanda ordinaria en el año 2010, que fue tramitada
bajo el radicado 25000-23-25-000-2010-00152-00/01/02/03, solicitando el
reconocimiento de los salarios no reconocidos. No obstante, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en providencia del 29 de agosto de 2019, y luego, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A”, en fallo del 12 de junio de 2025, declararon la cosa
juzgada, tanto formal como material, respecto del proceso anterior.

Ambas decisiones desconocieron, según el accionante, los efectos de la Sentencia T-254
de 2006 y sus autos de cumplimiento, los cuales, dejaron sin efectos la providencia inicial
y ordenaron la expedición de una nueva. También ignoraron que nunca se dictó el fallo
de reemplazo, y que, no hubo una decisión de fondo válida sobre la pretensión del
restablecimiento del derecho.

Ante esta situación, y dada la falta de mecanismos judiciales eficaces, el 1 de julio de
2025 el señor Acosta presentó esta acción de tutela contra la sentencia del 12 de junio
de 2025, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, al
considerar que constituye una vía de hecho judicial por desconocimiento de los mandatos
constitucionales.

1.4 Argumentos de la tutela.

La parte actora, manifestó su inconformidad indicando que la sentencia del 12 de junio
de 2025, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
desconoció abiertamente la T-254 de 2006 de la Corte Constitucional, la cual, dejó sin
efectos la providencia del 17 de febrero de 2005 y ordenó dictar un fallo de reemplazo
que nunca se profirió. Adicionalmente, refirió que no puede predicarse cosa juzgada
sobre una sentencia retirada del ordenamiento jurídico, dado que, aplicar efectos jurídicos
3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

a una decisión anulada contraviene la cosa juzgada constitucional y el principio de
supremacía constitucional, por lo que, se habría configurado un defecto sustantivo,
fáctico y un desconocimiento del precedente.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación a través de auto del 14 de julio
del 20254, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, se ordenó notificar al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” como accionado y vincular como
terceros con interés a la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, a la Corte Constitucional y al
Consejo de Estado, Sección Cuarta y Quinta.

2.1 Contestación de la acción.

2.1.1 La Corte Constitucional5 solicitó ser desvinculada del trámite, al considerar que,
las pretensiones no van dirigidas en su contra. De otra parte, manifestó que, si lo
pretendido por el accionante es que se cumpla la orden judicial emitida por esa
Corporación en la sentencia T 254 del 2006, tendría entonces que acudir al incidente de
desacato, no a este mecanismo judicial, dado que, con ello, estaría incumpliendo el
requisito de subsidiariedad, y la solicitud de amparo sería improcedente.

2.1.2 El Consejo de Estado, Sección Cuarta6 desarrolló un resumen del trámite que se
surtió en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2005-00824-00, el cual,
culminó con la sentencia T 254 del 2006 de la Corte Constitucional, pero al evidenciar
que las pretensiones no están dirigidas en su contra, solicitó ser desvinculada.

2.1.3 El Ministerio del Interior7 manifestó que carece de legitimación en la causa por
pasiva, porque no es la entidad llamada a cumplir las pretensiones del amparo
constitucional; no obstante, refirió que el juez accionado goza de independencia judicial
en sus decisiones y que, esa autoridad no tiene injerencia en el sistema judicial, por lo
que no existe vulneración a los derechos fundamentales del actor de su parte.

4
Expediente digital en SAMAI, índice 5.
5
Expediente digital en SAMAI, índice 12.
6
Expediente digital en SAMAI, índice 14.
7
Expediente digital en SAMAI, índice 16.
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

Las demás entidades accionadas y vinculadas fueron debidamente notificadas, pero no
brindaron respuesta alguna.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.

3.2 Problema jurídico.

Le corresponde a esta Subsección determinar, si la acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad; de ser así, se deberá establecer si el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A” vulneró los derechos al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, trabajo en condiciones dignas, seguridad social y mínimo vital
del accionante al declarar el fenómeno de la cosa juzgada en el proceso con radicado
25000-23-25-000-2010-00152-00.

3.3 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los
Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como
un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio,
frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos
respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas
que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que
su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal
magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
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resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que
de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo
vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, teniendo en cuenta que, el reconocimiento al principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que, esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales, están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante la C-590 de
2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
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manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si
no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los
órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional;(ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad contra
decisiones judiciales, la cual, solamente si tiene indudable relevancia constitucional
resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
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(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del Consejo
de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente
para controvertir decisiones judiciales8; sin embargo, rectificó su posición mediante
sentencia de 31 de julio de 20129, en el sentido de disponer que la acción constitucional
es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así
como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta
subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos10.

3.5 Acceso a la administración de justicia

La justicia, en el ordenamiento jurídico colombiano, posee una triple entidad como valor,
principio y derecho, cada una de ellas tiene una faceta teleológica diferenciada, es decir,
su finalidad es distinta dependiendo del enfoque usado para interpretarlo, en particular,

8
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
9
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
10
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Demandado: Consejo de Estado

cuando se trata del acceso a la justicia como derecho, porque esta es una garantía en
doble sentido que obliga y limita al Estado.

Lo obliga, por cuánto establece el deber de fijar una estructura institucional que le permita
a los asociados dirimir los conflictos que se generen, así entonces, someter a juicio de
un tercero imparcial bajo reglas de juego claras y con la posibilidad de controvertir el
resultado, siendo parte de la esencia de los Estados democráticos modernos.

Ahora, el límite impuesto radica en que el Estado debe abstenerse de impedir el acceso
a la justicia por los particulares, sea imponiendo obstáculos formales o materiales, de
modo que hagan imposible para cualquier persona obtener una resolución adecuada de
sus conflictos, esto puede ser por ejemplo imponer costos al ejercicio judicial, aplicar
erróneamente las figuras que posibiliten la exclusión de los casos judiciales sometidos a
su conocimiento o requisitos formales inflexibles y discordantes con la realidad material
de la sociedad.

En esos términos, la Corte Constitucional ha identificado que:

«En efecto, la obligación de garantía respecto del derecho de acceso a la justicia se refiere al
deber que tiene el Estado de hacer todo lo que esté a su alcance para el correcto
funcionamiento de la administración de justicia. Es decir, se trata de lograr el buen gobierno
de la función y la provisión de infraestructura para que los jueces puedan ejercer su importante
labor. Entonces, la realización de dicho derecho no se limita a la posibilidad que debe tener
cualquier persona de plantear sus pretensiones ante las respectivas instancias judiciales, sino
que se trata de una garantía que se extiende a dotar de infraestructura a las juezas y jueces
para que puedan acceder al ejercicio de administrar justicia y de esta forma garantizar la
eficiente prestación de este servicio público».11

Debe entonces el Estado proveer todas las garantías para que cualquier persona,
ciudadano o no, pueda acceder a la justicia, es decir, pueda ejercer los mecanismos
jurídicos para la defensa de sus intereses, cualquiera que estos sean.

3.6 El debido proceso

El artículo 29 de la norma Superior, establece que este derecho se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas. La garantía en comento implica que tanto las
autoridades administrativas como los jueces, se encuentran compelidos a ceñirse a las
normas constitucionales y legales, con lo cual se garantizan a su turno, la protección y
realización de los derechos de las personas.

11
Sentencia T-421-18, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado
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Conforme a lo conceptuado por la Corte Constitucional, el debido proceso comprende
plurales órbitas de incidencia:

a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso
ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las
decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo.
b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la
naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la
Constitución y la ley.
c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el
derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos
a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho
a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso.
d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige
que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables.
e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo.
f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden
jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. 12

Este derecho es una garantía de sujeción, que permite que se desarrollen otros derechos
como el de la igualdad ante la ley o la dignidad humana, mientras que desarrolla una
serie de principios relacionados con la celeridad, la previsibilidad de las actuaciones
judiciales y el acceso a la administración de justicia, por lo que, su quebrantamiento afecta
uno de los núcleos esenciales que caracteriza al Estado de Derecho y en consecuencia
tiene la capacidad de justificar la intervención del juez de tutela.

3.7 Solución al caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que:

(i) Relevancia Constitucional: la discusión se plantea alrededor de la violación
de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, trabajo en condiciones dignas, seguridad social, mínimo vital y
protección reforzada a la tercera edad del actor.
(ii) Subsidiariedad: contra la decisión objeto de estudio no procede recurso
alguno, dado que fue emitida en sentencia de segunda instancia y se encuentra

12
Sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
10

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Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

ejecutoriada.
(iii) Identificación de los hechos: se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores.
(iv) Inmediatez: se satisface el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que, la
acción de tutela fue presentada el 10 de julio de 2025, encontrándose dentro
del término de seis meses contados desde el 4 de julio de 202513, fecha en la
cual, quedó ejecutoriada la providencia cuestionada.
(v) Sentencia de tutela: El fallo acusado no se profirió dentro de una acción de
tutela.

Respecto del requisito de subsidiariedad, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
sido enfática en indicar que las acciones de tutela en las que se discutan asuntos de
naturaleza económica son improcedentes, al respecto ha indicado:

«La Corte también ha establecido que, para que proceda una acción de tutela contra una
providencia judicial, es necesario que el asunto involucre cuestiones que (i) trasciendan la
esfera legal; (ii) vayan más allá del carácter eminentemente económico de la controversia, (iii)
no estén dados por la inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales[113], y (iv) involucren un debate jurídico «que gire en torno al contenido, alcance y
goce de algún derecho fundamental». Por ende, «los asuntos en los que se invoca la
protección de derechos fundamentales, pero cuya solución se limita a la interpretación y
aplicación de normas de rango legal, no tienen, en principio, relevancia constitucional» 14.

Por su parte, el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre este mismo punto,
reafirmando la improcedencia de la acción de tutela por carecer de relevancia
constitucional, en razón a que, este mecanismo de amparo no fue creado como un medio
para hacer exigibles obligaciones monetarias, sino para garantizar la efectividad de los
derechos constitucionales; al respecto se ha indicado que:

«[Respecto de una pretensión que buscaba el reconocimiento y pago de unas sumas
dinerarias] Lo anterior demuestra que la pretensión de los demandantes es estrictamente
económica y, por ende, la tutela es improcedente, pues, como se vio, la naturaleza y finalidad
de la acción de tutela es la de proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados
de una persona, mas no solucionar conflictos de orden económico» 15.

Ahora, si bien la discusión planteada en este mecanismo constitucional se centra en la
obtención del pago de una serie de emolumentos salariales que el actor considera se le
adeudan en razón al reintegro del que fue beneficiario, ello no implica por sí mismo que

13
Según se puede observar en el expediente judicial 25000-23-25-000-2010-00152-03 en SAMAI en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002325000201000152031100103
14
Corte Constitucional, sentencia T 352 de 2024.
15
Consejo De Estado, Sección Cuarta. Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, sentencia del 16 de diciembre de
2013. Radicación número: 44001-23-33-000-2013-000-00069-01 (AC) y 44001-23-33000-2013-00081-01 (AC) (acumulados).
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

el asunto se centre en un argumento económico, porque en realidad la inconformidad
planteada recae sobre la alegada violación a los derechos al acceso a la administración
de justicia por cuenta de la autoridad judicial accionada, derivadas de una providencia
judicial que declaró la cosa juzgada impidiéndole su estudio de fondo por lo que, ello
confirma la superación del requisito de subsidiariedad en este evento.

En la solicitud el accionante alegó la configuración de los siguientes defectos en la
providencia cuestionada:

Defecto alegado Argumentos
Defecto sustantivo «En el presente caso se configura un defecto sustantivo, dado que la autoridad
judicial aplicó indebidamente la figura de la cosa juzgada en un contexto en el
que no resultaba jurídicamente procedente. Esta decisión desconoce el marco
normativo aplicable y el contenido expreso de una sentencia emitida por la Corte
Constitucional.

En efecto, existe una orden judicial clara y categórica que dispone dictar una
sentencia de reemplazo, lo que excluye la posibilidad de declarar cosa juzgada
respecto de nuevas pretensiones o procesos posteriores. Sin embargo, el
órgano judicial cerró el debate jurídico acudiendo a dicha figura, ignorando no
solo el carácter aparente de esa cosa juzgada, sino también la función correctiva
del juez contencioso en sede de control».

Defecto fáctico «En el presente caso, se configura un defecto fáctico evidente, en tanto la
providencia judicial impugnada omite el análisis de hechos y elementos
probatorios determinantes para la resolución del litigio, afectando de manera
directa la decisión adoptada sobre la supuesta existencia de cosa juzgada.

En particular, la sentencia impugnada desatiende la valoración de circunstancias
posteriores al reintegro del accionante, así como la existencia de decisiones
judiciales previas que negaron la nulidad del acto administrativo cuestionado
(Res.003/2000). Estos hechos y decisiones eran fundamentales para establecer
con rigor si se configuraban los presupuestos materiales y formales de la cosa
juzgada, debidamente enunciadas y consignadas en el alzada.

Al prescindir de este análisis, la autoridad judicial basó su decisión en una
comprensión incompleta del expediente, omitiendo elementos que podían
desvirtuar la supuesta firmeza e intangibilidad del fallo anterior. Esta omisión no
solo distorsiona el entendimiento del caso, sino que impide un pronunciamiento
de fondo sobre derechos fundamentales comprometidos, perpetuando una
situación de indefensión».

Defecto «En este caso, se configura un defecto procedimental evidente, pues la
procedimental sentencia impugnada evade el procedimiento judicial que debía aplicarse tras un
absoluto pronunciamiento vinculante de la Corte Constitucional, específicamente la
Sentencia T-254 de 2006 y el Auto 235 de 2008.

Dicho auto dejó sin efectos una decisión del Consejo de Estado y ordenó la
expedición de una sentencia sustitutiva, actuación que es de obligatorio
cumplimiento para todas las autoridades judiciales, de conformidad con los
artículos 86 y 241 de la Constitución. Pese a ello, el Consejo de Estado no dio
cumplimiento a esta orden, ni dictó el fallo sustitutivo exigido, sino que dio por
cerrado el debate jurídico acudiendo indebidamente a la figura de la cosa
juzgada.

Este proceder desconoce las formas propias del juicio y la jerarquía
constitucional de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, afectando
12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

directamente el debido proceso y el principio de legalidad procesal. La omisión
del trámite sustitutivo no solo constituye un incumplimiento de una orden
constitucional, sino que interrumpe el cauce procesal regular, afectando el
derecho del accionante a una respuesta de fondo sobre el fondo del asunto, y
vulnerando su acceso efectivo a la administración de justicia.

El desconocimiento de la obligación procesal de proferir una sentencia
sustitutiva, en el marco de un proceso controlado por decisiones de la Corte
Constitucional, configura un defecto procedimental absoluto, en tanto se omite
una etapa esencial del trámite y se incurre en una abierta desobediencia al
órgano de cierre constitucional. Esta conducta excede el margen de
interpretación del juez y configura una vía de hecho judicial que habilita la
intervención del juez constitucional».

Desconocimiento «La providencia impugnada incurre en un grave desconocimiento del precedente
del precedente constitucional obligatorio, al apartarse injustificadamente de la doctrina reiterada
de la Corte Constitucional sobre los efectos vinculantes de las sentencias de
tutela, la cosa juzgada constitucional y el deber de cumplimiento de las órdenes
impartidas por el juez constitucional.

En reiteradas sentencias, entre ellas la SU-917 de 2010, SU-556 de 2014 y SU-
215 de 2022, la Corte ha enfatizado que las decisiones de tutela proferidas por
sus salas de revisión son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades,
judiciales o administrativas, y que la inobservancia de sus efectos constituye no
solo un desconocimiento del precedente, sino una violación al principio de
supremacía constitucional (artículos 4 y 241 C.P.).

En el presente caso, el Consejo de Estado declaró la existencia de cosa juzgada
con base en una sentencia proferida el 17 de febrero de 2005 que había sido
expresamente dejada sin efectos por la Sentencia T-254 de 2006 de la Corte
Constitucional, y posteriormente por los Autos 235 y 332 de 2008, los cuales
reiteraron el retiro de dicha sentencia del orden jurídico y ordenaron el dictado
de una sentencia de reemplazo. La omisión en el cumplimiento de estas órdenes
no puede en ningún caso restituir la validez de la sentencia anulada, ni generar
efectos jurídicos en su favor.

Esta interpretación fue sostenida de forma clara y fundada en el salvamento de
voto del magistrado Luis Eduardo Meza Nieves, quien advirtió que no es posible
predicar cosa juzgada sobre una providencia que ha sido anulada y expulsada
del ordenamiento jurídico por decisión del órgano de cierre constitucional. El
magistrado señala con contundencia que el incumplimiento de una orden de
tutela no tiene la virtualidad de revivir o convalidar la sentencia anulada, y que
no existe disposición alguna en el ordenamiento jurídico que permita inferir tal
consecuencia».

Frente a ello, esta Sala debe reconocer que la acción de tutela del asunto se encamina a
cuestionar dos aspectos puntuales: (i) la inexistencia de cosa juzgada en el caso
sometido a estudio y (ii) el acatamiento de la orden expedida por la Corte Constitucional
contra la Subsección “A” de la Sección segunda de esta Corporación, pero de ellos, solo
el primer argumento tiene vocación para ser estudiado de fondo, dado que, si el
accionante considera que la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado
incumplió la orden emitida con ocasión a la sentencia T 254 del 2006 de la Corte
Constitucional, deberá entonces acudir al incidente de desacato para exponer dicha
situación.

13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

Frente a los defectos alegados, se tiene que el fáctico, desconocimiento del precedente
y el procedimental absoluto no serán analizados por cuanto no cumplen con la carga que
jurisprudencialmente se ha asignado como propia para esos defectos en las providencias,
dado que:

(i) Defecto fáctico: el actor no identifica qué elementos de prueba no fueron
valorados o lo fueron de manera errónea, ello porque la apreciación que se
echa de menos se centra en hechos y ellos no son sometidos a las reglas de
la sana crítica16.
(ii) Defecto procedimental absoluto: este defecto se refiere a la aplicación u
omisión de las reglas adjetivas propias del procedimiento judicial adelantado,
mientras que, el acatamiento de las órdenes judiciales de la Corte
Constitucional no constituye norma procesal para los jueces.
(iii) Desconocimiento del precedente: las providencias que se reputan
desconocidas, sentencias SU. 917 de 2010 y SU 556 de 2014, no se centran
en el objeto de estudio de esta acción constitucional, ni fueron invocadas ante
los jueces ordinarios, por lo que esta etapa judicial no es la adecuada para
subsanar dicha omisión.

En vista de lo anterior, procederá esta Sala a analizar el defecto sustantivo alegado y
debidamente sustentado.

3.5.1 Defecto sustantivo.

Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las
autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que
regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional17 ha estimado que, la providencia judicial proferida con
desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que
se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal
inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa
sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella

16
De acuerdo con la Corte Constitucional en sentencia T-041 del 2018.
17
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo:

«Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro
en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales»18.

Frente a este punto, la parte actora indicó que su descontento proviene de la indebida
aplicación del fenómeno de la cosa juzgada que no tuvo en cuenta que, si bien ya existía
un proceso judicial previo entre las mismas partes, tanto los hechos como las
pretensiones habían variado sustancialmente, lo que no permitía acudir a dicha figura
sino a que se estudiara de fondo el asunto.

La cosa juzgada encuentra su regulación en el artículo 303 del CGP, norma que establece
la oponibilidad de las sentencias ejecutoriadas y los requisitos que deben acreditarse
para su configuración, así:

«ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene
fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la
misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por
causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos
celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al
secuestro en los demás casos.

[…]

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».

De allí, la jurisprudencia constitucional19 y de esta Corporación20 han identificado que
para declarar la configuración de este fenómeno se debe demostrar la triple identidad, de
(i) partes cuando coinciden los sujetos activos y pasivos de los procesos, (ii) objeto según
lo pretendido, debe ser lo mismo en todos los casos y de (iii) causa, que implica que el
origen del proceso debe ser el mismo, es decir, los hechos del que surge el conflicto ser
exactamente iguales.

La cosa juzgada es una figura propia que se desprende del principio de seguridad jurídica,
lo que hace que se constituya como un límite al ejercicio del derecho al acceso a la
administración de justicia y como tal, no debe ser entendido de manera laxa sino concreta

18
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19
Sentencia T 504 del 2024.
20
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P.: Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 10 de noviembre de 2022, radicado 11001-03-
15-000-2022-04503-01.
15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

y restringida, de modo que, el límite no se utilice de manera arbitraria sino en los casos
en que es adecuado acudir al mismo.

Para el Consejo de Estado21, la cosa juzgada es una figura de naturaleza constitucional
que irradia sus efectos tanto en el campo procedimental como en el aspecto sustancial
de los procesos judiciales, porque consiste en que no exista un pronunciamiento posterior
sobre un tema que ha sido abordado directamente por una providencia previa, que debe
mantener su vigencia en virtud del carácter definitivo e inmutable de la decisión, la cual,
por otra parte, ya ha precisado con certeza la relación jurídica objeto de litigio.

De la situación del accionante, se observa lo siguiente:

Fecha Entidad Actuación
3/01/2000 Ministerio del El señor Severo Acosta Tarazona es desvinculado del cargo de
Interior Asesor Código 1020 Grado 07
21/03/2003 Tribunal Niega las pretensiones de reintegro al empleo y pago de
Administrativo de emolumentos dejados de percibir desde el 2000
Cundinamarca
17/02/2005 Consejo de Estado, Confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Sección Segunda, Administrativo de Cundinamarca
Subsección "A"
30/03/2006 Corte Profirió el fallo T 254 del 2006, mediante el cual, dejó sin efectos la
Constitucional Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
del 17 de febrero de 2005 y ordenó proferir una nueva decisión sobre
la demanda presentada por el señor Severo Acosta Tarazona.
13/07/2006 Consejo de Estado, Auto absteniéndose de proferir una nueva decisión al considerar que
Sección Segunda, la tutela contra providencia judicial no es procedente, por lo que la
Subsección "A" Corte Constitucional no tiene competencia para controvertir un fallo
del Consejo de Estado.

18/09/2008 Corte Expide el auto 235 del 2008, mediante el cual, dejó sin efectos la
Constitucional anterior providencia y, con el fin de garantizar la garantía de las
órdenes judiciales de esa corporación, requirió al Ministerio del
Interior para que procediera a motivar el acto de retiro del señor
Severo Acosta Tarazona, y que, si no lo hiciere en las 48 horas
siguientes, debía reintegrarlo al cargo de Asesor Código 1020 Grado
07.
5/11/2008 Ministerio del Profirió la Resolución No. 3187, en la cual, motivó la desvinculación
Interior del señor Severo Acosta Tarazona, indicando que aquella no había
sido justificada porque no había deber legal para hacerlo.

20/11/2008 Corte Mediante Auto 332, determinó que las razones brindadas en la
Constitucional anterior resolución son aparentes porque no plasmó alguna
motivación para desvincular al actor, por lo que, ordenó el reintegro
del accionante al cargo mencionado.

29/08/2019 Tribunal Declaró que existía cosa juzgada entre los radicados 25000-23-25-
Administrativo de 000-2000-03294-00 y 25000-23-25-000-2010-00152-00, dado que
Cundinamarca había identidad de causa, objeto y partes, por lo que, no podría

21
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B, M.P.: Danilo Rojas Betancourth, Radicado
No. 11001-03-26-000-2008-00108-00 (36220).
16

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

estudiar la pretensión de pago de los salarios y prestaciones
derivados del reintegro del que fue beneficiario.

12/06/2025 Consejo de Estado, Confirmó la anterior decisión
Sección Segunda,
Subsección "A"

La autoridad accionada, en el fallo objeto de censura concluyó:

«Pues bien, de la lectura de los procesos descritos, en relación con los objetos, causas e
identidad jurídica de sus partes procesales, destaca la Sala que si bien en el proceso actual
se traen unos actos administrativos diferentes al que fue debatido en aquella instancia,
y unos hechos -derivados de las órdenes dadas por la Corte Constitucional en sede de
revisión de tutela-; lo cierto es que el fondo o la materia del asunto que se pretende
ventilar en esta segunda oportunidad es, en esencia, el mismo.

Al margen de las conclusiones a las que hayan llegado en su momento las referidas
autoridades judiciales en dicha causa, lo cierto es que en esa oportunidad no solo se estudió
la legalidad del retiro del señor Severo Acosta Tarazona del cargo de Asesor Código 1020
Grado 07 en el Ministerio del Interior sino, además, el restablecimiento del derecho que hoy
se pretende, esto es, el pago de los salarios con sus aumentos anuales y prestaciones
sociales, causados en el intervalo en el que estuvo cesante como consecuencia de lo decidido
en la mencionada Resolución 0003 de enero 3 de 2000.

En virtud de los supuestos de hecho y de derecho de la actuación 25000-23-25-000-2000-
03294-00, así como de las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por las
autoridades judiciales en comento, lo que la Subsección puede concluir es que sí se configuró
la cosa juzgada.

Lo anterior, porque para ambos procesos según la comparación efectuada en el cuadro
transcrito, se observa con claridad que la controversia se generó entre las mismas partes,
esto es, el señor Severo Acosta Tarazona y el Ministerio del Interior.

De igual forma se puede concluir que estos casos comparten identidad en el objeto, pues, en
el proceso inicial, el señor Severo Acosta Tarazona solicitó, entre otras pretensiones, la de
restablecimiento del derecho consistente en el pago, con sus aumentos, de los conceptos
dejados de percibir entre el retiro y el reintegro, declarándose la no solución de continuidad
en la relación laboral para todos los efectos legales, prestacionales y de Seguridad Social, del
cargo de Asesor Código 1020 Grado 07 del que fue retirado mediante la Resolución 0003 de
enero 3 de 2000.

Así mismo, en la oportunidad que hoy se debate, el señor Severo Acosta Tarazona solicitó,
como única pretensión de restablecimiento del derecho, el pago de los salarios con sus
aumentos anuales y prestaciones sociales, causados entre el retiro, esto es, desde el 3 de
enero de 2000, y el reintegro que se dio el 20 de septiembre 2009. Es decir, por el intervalo
trascurrido entre la Resolución 0003 de enero 3 de 2000, -por la cual se le declaró
insubsistente- y la Resolución 2894 de septiembre de 2009 -por la cual se cumple la orden de
reintegro de la Corte Constitucional-

Por último, también se verifica una identidad de causa o de fundamentos de hecho frente a
las dos controversias bajo estudio, toda vez que, los elementos que se alegaron y se
examinaron frente al punto obedecen a los mismos presupuestos, esto es, la desvinculación
del cargo de Asesor Código 1020 Grado 07 del que fue retirado mediante la Resolución 0003
de enero 3 de 2000.

En todo caso, la parte apelante refiere que el presente medio de control busca «subsanar» el
error cometido por el Ministerio del Interior en la omisión del pronunciamiento sobre el pago
de los salarios y prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado,
sin embargo, la Sala considera que la Resolución 2894 de septiembre de 2009, a través de
la cual se reintegró al demandante al Ministerio, cumplió cabalmente lo dispuesto por la Corte

17

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

Constitucional en su Auto 332 de 20 de noviembre de 200815, toda vez que aquél ordenó
únicamente, su reintegro a un cargo similar al que desempeñaba al momento de su despido» 22

Con base en lo expuesto, la autoridad accionada, después de efectuar el correspondiente
estudio probatorio determinó que, contrario a lo aducido por el tutelante, si operó el
fenómeno de la cosa juzgada respecto de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir entre los años 2000 y 2009 y por ello, no podría entrar a pronunciarse sobre las
pretensiones en el proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00152-03.

La autoridad judicial llegó a esa conclusión, al evidenciar que en ambos casos se
presentaba identidad de sujetos, causa y objeto, en razón a que, el asunto giraba en torno
al reintegro al cargo del que fue separado en el Ministerio del Interior y el correspondiente
resarcimiento.

El Consejero Luis Eduardo Mesa Nieves, integrante de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, salvó voto, argumentando que: i) la providencia de esa
sala del 13 de julio del 2006, habría quedado sin efectos con ocasión al auto 235 del
2008, a pesar de no existir providencia de reemplazo, con lo que, se desvirtúa la
configuración de la cosa juzgada material y ii) que, al haber sido reintegrado el
accionante al cargo del cual fue desvinculado, la consecuencia lógica de aquel acto era
«[…] reconocer los salarios y prestaciones sociales causados entre la fecha de retiro del
servicio y la data en que se concretó la reincorporación del demandante».

Observa la Sala que, la triple identidad fue analizada desde la siguiente perspectiva por
cuenta de la autoridad judicial accionada:

25000-23-25-000-2000-03294-00 25000-23-25-000-2010-00152-00 (PROCESO
RADICADO
(PROCESO ANTERIOR) ACTUAL)
Demandante: Severo Acosta Tarazona Demandante: Severo Acosta Tarazona
PARTES
Demandado: Ministerio del Interior Demandado: Ministerio del Interior y de Justicia
1. Declarar la nulidad de la Resolución 1. Declarar la nulidad de los actos administrativos,
0003 de enero 3 de 2000 por la cual se proferidos por el director Jurídico y Delegado del
declaró insubsistente el nombramiento Ministro conforme a la Resolución 0459 de 2009 de
de Severo Acosta Tarazona y, febrero 20, contenidos en: OF109-25006-DIJ-420
consecuencialmente, del 28 de julio de 2009, exclusivamente en cuanto no
ordena el pago a favor del señor Severo Acosta
OBJETO 2. A título de restablecimiento en su Tarazona de los salarios y prestaciones sociales
(PRETENSIONES) derecho violado: causados entre el Retiro (Ene. 3/00) y el Reintegro
(Sep. 20/09); Oficio OF109-31598-DIJ-0420 del 16
2.1. Ordenar a la Nación (Ministerio del de septiembre de 2009, en cuanto no concede los
Interior) el Reintegro en el mismo cargo recursos de reposición y apelación; y, en el Oficio
que desempeñaba en el momento del OF109-37992-GGC-0423 del 04 de noviembre de
retiro o a otro de igual o superior 2009, en cuanto no concede el recurso de queja y
categoría y remuneración y pagarle con declarar la nulidad de la Resolución 2894 de

22
Negrillas y subrayas por fuera del texto original.
18

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

sus aumentos de Seguridad Social septiembre 14 de 2009 proferida por el Ministro del
dejados de percibir entre el retiro y el Interior y de Justicia, solo en cuanto se abstuvo de
reintegro, declarándose la no solución de ordenar el pago de los salarios y prestaciones
continuidad en la relación laboral para causadas entre el retiro (Ene. 3/00) y la
todos los efectos legales, prestacionales reincorporación (Sep. 20/09).
y de Seguridad Social;
2. A título de Restablecimiento del derecho violado:
2.2. Ordenar el pago del ajuste de valor
preceptuado por el artículo 178 del 2.1. Ordenar pagarle al señor Severo Acosta
C.C.A., y, Tarazona, a título de indemnización, todos los
salarios con sus aumentos anuales y prestaciones
2.3. Ordenar el pago de los intereses sociales, causados entre el Retiro (Ene. 3/00) y el
conforme al artículo 177 del C.C.A Reintegro (Sep. 20/09), sin solución de continuidad.

2.2. Ordenar el pago de los intereses moratorios
conforme al artículo 177 del C.C.A., a partir de las 48
horas siguientes a la Ejecutoria del Auto 235 de
septiembre 18 de 2008, proferido por la Sala Sexta
de Revisión de la H. Corte Constitucional, hasta la
fecha de su pago efectivo
Que el señor Severo Acosta Tarazona se Que fue declarado insubsistente en el cargo de
posesionó en el empleo de Asesor Asesor 1020 de la Planta Global que desempeñaba
Código 1020 Grado 07 el 11 de en el Ministerio del interior, a través de la Resolución
septiembre de 2011, el cual era de libre 003 del 03 de enero de 2000, sin mediar motivación
nombramiento y remoción para la fecha de ese acto administrativo, pese a tratarse de una
de su posesión. vinculación en provisionalidad en un cargo de
carrera administrativa.
Que, la Ley 443 de 1998 estipuló que
dicho cargo dejaría de ser de libre Que, se instauró demanda a través del medio de
nombramiento y remoción para control de nulidad y restablecimiento del derecho a
convertirse en uno de carrera través de la cual pretendía como restablecimiento, el
administrativa. reintegro al servicio y el pago de los salarios y
prestaciones sociales causados entre la fecha de su
Que, mediante Resolución 003 del 03 de retiro y la fecha en que se diera su reintegro. El
enero de 2000, sin mediar motivación de Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
ese acto administrativo, fue declarado Consejo de Estado negaron el derecho al considerar
insubsistente pese a tratarse de un cargo que no era indispensable la motivación.
de carrera administrativa.
Que se interpuso acción de tutela contra esas
Que, si bien se encontraba en situación providencias, correspondiendo su solución a las
de provisionalidad, para que la secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado,
CAUSA administración lo desvinculase debían que negaron el amparo y, luego, la Sala Sexta de
(HECHOS) exponerse las razones, los hechos y las Revisión de la Corte Constitucional, emitió sentencia
causas por las cuales se le retiraba del T – 254 del 30 de marzo de 2006, tuteló el derecho
cargo, sin embargo, no lo hizo. fundamental al debido proceso y, por Auto 332 del
2008, ordenó a ese Ministerio el reintegro inmediato
a un cargo similar al que desempeñaba al momento
de su despido, lo que fue cumplido por esa entidad
mediante Resolución 2894 de 2009.

Que en la resolución que reintegró, no se ordenó el
pago de los salarios y prestaciones sociales
causadas desde el 03 de enero de 2000 hasta el 20
de septiembre de 2009, por lo que se elevó solicitud
directa ante el Ministerio para lograr aquel pago, lo
que fue negado a través del Oficio OF109-25006-
DIJ-420 del 28 de julio de 2009.

Que esa entidad también negó, por improcedentes,
los recursos de reposición, apelación y queja,
interpuestos contra el mencionado oficio, por lo que,
dada la renuencia al pago de los salarios y
prestaciones sociales causadas, se acudió
nuevamente ante esta Jurisdicción.

Según se observa, e incluso utilizando la misma información contenida en la providencia
cuestionada, resulta evidente que tanto la parte activa como pasiva en los dos procesos
son idénticas; sin embargo, la causa y el objeto son distintos.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

Aunque en ambos expedientes se mencionan salarios y prestaciones dejados de percibir
entre los años 2000 a 2009, en el proceso anterior estos se reclamaron como
restablecimiento del reintegro solicitado por la nulidad del acto de insubsistencia, en
cambio, en el proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00152-03 la pretensión
principal se dirigió contra los actos administrativos que dieron cumplimiento al Auto 332
de 2008, los cuales, negaron expresamente ese pago. De esta manera, el centro del litigio
en este segundo proceso no fue el reintegro, sino el reconocimiento de los salarios no
cancelados en el periodo señalado, con fundamento en la orden impartida por la Corte
Constitucional en dicha providencia.

Advierte la Sala que, la cosa juzgada debe interpretarse de forma restrictiva, de lo
contrario se corre el riesgo de cerrar la vía judicial ante una vulneración no resuelta de
derechos fundamentales. El Auto 332 de 2008 de la Corte Constitucional ordenó el
reintegro del señor Severo Acosta a un cargo similar al que desempeñaba al momento
de su despido, situación que a todas luces constituyó un hecho novedoso a considerar
por cuenta de los jueces ordinarios y si la administración negó el reconocimiento y pago
de los salarios, se abre la posibilidad de cuestionar la legalidad de dichos actos a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se observe
similitud con el proceso anterior.

En un Estado constitucional como el colombiano, la cosa juzgada garantiza seguridad
jurídica y evita litigios infinitos, protege la autoridad del asunto decidido y la estabilidad
de las órdenes judiciales, funciona como límite al ejercicio de la acción judicial para
prevenir contradicciones entre fallos, por esa razón su aplicación debe ser medida, debido
a que sus efectos pueden generar una afectación injustificada en los derechos de los
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

individuos.

El argumento de la decisión cuestionada cercenó el derecho al acceso a la administración
de justicia en sentido material del accionante, teniendo en cuenta que, si bien el actor
pudo acudir a la jurisdicción, la aplicación de la cosa juzgada impidió que su situación
fuese conocida de fondo por el juez natural.

Pero, si aún en gracia de discusión se aceptara que los casos son similares, vale la pena
recordar que la sentencia T 254 del 2006 de la Corte Constitucional dejó sin efectos la
sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 17 de febrero de
2005 y ordenó expedir una nueva, ello por dos razones, (i) por encontrar que la
desvinculación del funcionario que ocupaba un cargo en provisionalidad lesionaba sus
derechos fundamentales y (ii) que dicha violación era contraria al artículo 4° constitucional
dado que limitaba la efectividad y alcance de las prerrogativas constitucionales23.

Por lo anterior, y al no existir un pronunciamiento previo sobre el caso sometido a estudio
en el proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00152-03, se considera que, no se
reunían los presupuestos del artículo 303 del CGP para declarar la cosa juzgada, por lo
que, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación podría pronunciarse
de fondo sobre el asunto sometido a su consideración.

23
En esa Corporación, se tuvo como razón esencial para el amparo de los derechos fundamentales del actor la falta de motivación
del acto de desvinculación, con ocasión a la estabilidad incipiente de la que era beneficiario, frente a ello manifestó que: «Esta
Corporación ha sido uniforme al afirmar que el hecho de que un funcionario esté nombrado en provisionalidad no lo equipara a uno
de libre nombramiento y remoción en términos de la no necesidad de motivación del acto de desvinculación.

Paralelamente, se ha predicado que la diferencia con la jurisprudencia del Consejo de Estado radica en que cuando esa Corporación
manifiesta que la desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad no requiere de motivación lo hace desde un análisis
de legalidad. Por su parte, cuando la Corte Constitucional determina que se debe presentar una motivación lo hace desde un análisis
constitucional; más precisamente, desde un estudio iusfundamental.
Finalmente se ha indicado que tal obligación de motivación persiste hasta el momento en el cual sea nombrada en el cargo una
persona que haya sido escogida en virtud de la realización de concurso público de méritos para proveer de manera definitiva la plaza.

Un recuento pleno de la línea jurisprudencial de la Corte en materia de protección al debido proceso administrativo en el asunto bajo
estudio fue realizado por la Sentencia T-951/04, en la cual después de determinada la procedencia de la tutela, la Sala evidenció que
sí se había presentado una vulneración por la carencia total de motivación del acto de desvinculación de la funcionaria en
provisionalidad».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

En ese orden de ideas, para la Sala, la providencia censurada incurrió en el defecto
sustantivo alegado, teniendo en cuenta que, aplicó la figura de la cosa juzgada en la
situación del accionante, sin la existencia de un pronunciamiento previo vigente en el
ordenamiento jurídico, de modo que, ello se constituye como una decisión que lesiona
los derechos al debido proceso y al acceso real y efectivo a la administración de justicia
del señor Severo Acosta Tarazona.

Por las razones expuestas, se ordenará al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A” que, en un término no superior a 30 días, emita una providencia de
reemplazo en la que, se tengan en cuenta los argumentos expuestos, en particular la
inexistencia de la cosa juzgada.

III. DECISIÓN

Como quiera que, se demostró que la providencia cuestionada incurrió en el defecto
sustantivo alegado, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso real y efectivo a la administración de justicia invocados por el señor Severo Acosta
Tarazona.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso real y
efectivo a la administración de justicia, invocados por el señor Severo Acosta Tarazona,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” que,
en un término no superior a 30 días, emita una providencia de reemplazo en la que, se
tengan en cuenta los argumentos expuestos, en particular la inexistencia de la cosa
juzgada en el proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00152-03.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04284-00
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Consejo de Estado

TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. De no ser impugnada, y una vez quede ejecutoriada esta providencia, como
lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

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