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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00152-03

Fecha
28 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00152-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicación: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020) con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Severo Acosta Tarazona, en contra de la Nación - Ministerio del Interior. Tercero. Sin condena en costas de segunda instancia. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2010-00152-03

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

28 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Nación – Ministerio del Interior

Tema: Pago de salarios y prestaciones dejados de percibir en período
cesante por declaratoria de insubsistencia. Contornos para la
procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Concepto y alcance de la frase «Derecho amparado
en una norma jurídica». REVOCA LA DECISIÓN. NIEGA LAS
PRETENSIONES. Sentencia de segunda instancia.
Cumplimiento de una orden de tutela.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del once (11) de agosto de dos mil
veinticinco (2025), proferida por la Sección Segunda – Subsección B de esta
Corporación, mediante la cual se resolvió la acción de tutela promovida por el señor
Severo Acosta Tarazona, en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en el proceso con radicado Nro. 11001-03-15-000-2025-04284-
00, procede la Sala a dictar sentencia de reemplazo.

ANTECEDENTES

1. El señor Severo Acosta Tarazona instauró demanda contra la Nación –
Ministerio del Interior, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin
de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)

3. Oficio OF109-25006-DIJ-420 del 28 de julio de 2009, por el cual se resolvió
la petición de pago de los salarios y prestaciones sociales causados desde
el 03 de enero de 2000 hasta el 20 de septiembre de 2009.

4. Oficio OF109-31598-DIJ-0420 del 16 de septiembre de 2009, por el cual se
declararon improcedentes los recursos de reposición y en subsidio apelación.

5. Oficio OF109-37992-GGC-0423 del 04 de noviembre de 2009, que consideró
improcedente el recurso de queja y la nulidad parcial de la Resolución 2894
del 14 de septiembre de 2009, por la cual el Ministerio del interior se abstuvo
de ordenar el pago de los salarios y prestaciones causadas desde el 03 de
enero de 2000 hasta el 20 de septiembre de 2009.

6. A título de restablecimiento del derecho, se ordene al Ministerio del interior y
de justicia reconocer y pagar todos los salarios con sus aumentos anuales y
prestaciones sociales, causados entre el 03 de enero de 2000 (fecha de
retiro) y el 20 de septiembre de 2009 (fecha de reintegro), sin solución de
continuidad. Cancelar lo adeudado debidamente indexado. Pagar los
intereses moratorios en los términos del artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo.

HECHOS1

7. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

8. Que fue declarado insubsistente en el cargo de Asesor 1020 de la Planta
Global que desempeñaba en el Ministerio del Interior, a través de la
Resolución No. 003 del 03 de enero de 2000, sin mediar motivación de ese
acto administrativo, pese a tratarse de una vinculación en provisionalidad en
un cargo de carrera administrativa.

9. Que, por considerar que el acto de retiro estaba viciado de nulidad, instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la cual pretendía el
reintegro al servicio y el pago de los salarios y prestaciones sociales
causados entre la fecha de su retiro y la fecha en que se diera su reintegro.

10. Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 21
de marzo de 2003, consideró que la administración tenía potestad para la
remoción del demandante, sin necesidad de motivar el acto, por lo que negó
las pretensiones de la demanda.

11. Que, en segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó la decisión a
través de providencia del 17 de febrero de 2005, considerando que al ser

1 Según el escrito de la demanda (páginas 231 a 247 del archivo denominado
54_Constanciasecr_Expediente_Cuaderno1_1_20251030143433861, del consecutivo 135 de SAMAI – gestión
en el radicado de primera instancia).

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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)

equiparable el nombramiento en provisionalidad a la ocupación de un cargo
de libre nombramiento y remoción, no era indispensable la motivación.

12. Que se interpuso acción de tutela contra esas providencias, correspondiendo
su solución a las secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, las
cuales negaron el amparo en las dos instancias, al considerar improcedente
la tutela contra providencia judicial.

13. Que la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, emitió sentencia T
– 254 del 30 de marzo de 2006, por medio de la cual tuteló el derecho
fundamental al debido proceso y, en consecuencia, ordenó dejar sin efectos
la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 17
de febrero de 2005, otorgando el término de un mes para proferir una nueva
decisión.

14. Que, mediante Auto del 13 de julio de 2006, la Sección Segunda del Consejo
de Estado, se abstuvo de proferir una nueva decisión sobre la demanda
presentada por el señor Severo Acosta Tarazona, lo cual fue puesto en
conocimiento de la Corte Constitucional, solicitando la adopción directa de
las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del fallo.

15. Que en respuesta a esa solicitud, a través del Auto 235 del 18 de septiembre
de 2008, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó al
Ministerio del Interior y de Justicia, que dentro del término de 48 horas,
siguientes a la notificación de esa providencia, motivara el acto de
desvinculación del señor Severo Acosta Tarazona, ordenando, además, que
si dentro del término establecido no se motivaba el acto, se le debía reintegrar
a un cargo similar al que desempeñaba al momento de su despido.

16. Dado que el Ministerio del Interior y de Justicia no motivó debidamente el
acto administrativo, la Corte Constitucional, a través del Auto 332 del 2008,
ordenó a ese Ministerio el reintegro inmediato del demandante a un cargo
similar al que desempeñaba al momento de su despido, lo que fue cumplido
por esa entidad mediante Resolución 2894 de 2009.

17. Que en la resolución que reintegró, no se ordenó el pago de los salarios y
prestaciones sociales causadas desde el 03 de enero de 2000 hasta el 20 de
septiembre de 2009, por lo que se elevó solicitud directa ante el Ministerio
para lograr aquel pago, lo que fue negado a través del Oficio OF109-25006-
DIJ-420 del 28 de julio de 2009.

18. Que esa entidad también negó, por improcedentes, los recursos de
reposición, apelación y queja, interpuestos contra el mencionado oficio, por
lo que, dada la renuencia al pago de los salarios y prestaciones sociales
causadas, se acudió nuevamente ante esta Jurisdicción.

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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

19. Citó como vulnerados los artículos 2.°, 6.°, 25, 29, 90 y 241 numeral 9.° de la
Constitución Política, 85 del Código Contencioso Administrativo. Sostuvo que las
decisiones emitidas por el Ministerio del Interior están viciadas de nulidad, dado que,
primero, contrarían lo estipulado en el artículo 241 núm. 9° de la Constitución
Política, porque al ser la Corte el máximo Juez Constitucional, debían cumplirse sus
órdenes; y segundo, contrarían el precedente del Consejo de Estado y la Corte
Suprema de Justicia, dado que «(...) el pago de las sumas que por todo concepto
se hayan dejado de percibir como consecuencia de la separación ilegal (...) es la
esencia de esta clase de fallos»2

20. Que los actos demandados desconocen el debido proceso administrativo al
negarle el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejadas de
percibir desde el 03 de enero de 2000 hasta el 20 de septiembre de 2009 y,
además, porque en sede administrativa se le negó la posibilidad de
controvertir el primer acto que le despachó desfavorablemente su solicitud,
bajo el argumento de la improcedencia de los recursos de reposición,
apelación y queja.

21. Que los actos adolecen de falta de competencia porque el funcionario que
los expidió no estaba habilitado para tal fin, dado que la solicitud de pago fue
dirigida al Despacho del ministro del Interior, pero la respuesta que se
demanda fue firmada por el director jurídico del Ministerio del Interior.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

22. Luego de haber sido rechazada la demanda, apelado el auto y resuelto el
recurso, fue admitida el 16 de septiembre de 2011 y notificada a los
demandados.

23. El Ministerio del Interior se opuso a las pretensiones3, manifestando que
los actos administrativos proferidos son legales y cumplen la orden emitida
por la Corte Constitucional, destacando que en el Auto 332 de 2008, esa
Corporación resolvió «(...) ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia
el reintegro inmediato del señor Severo Acosta Tarazona a un cargo similar
al que desempeñaba al momento de su despido4», lo cual, enfatiza, fue
cumplido.

2 Páginas 231 a 247 del archivo denominado
54_Constanciasecr_Expediente_Cuaderno1_1_20251030143433861, del consecutivo 135 de SAMAI – gestión
en el radicado de primera instancia.
3 Páginas 379 a 392 del archivo denominado
54_Constanciasecr_Expediente_Cuaderno1_1_20251030143433861, del consecutivo 135 de SAMAI – gestión
en el radicado de primera instancia; y páginas 1 a 5 del archivo denominado
55_Constanciasecr_Expediente_Cuaderno2_2_20251030143434236, del consecutivo 135 de SAMAI – gestión
en el radicado de primera instancia.
4 Página 379 del archivo denominado 54_Constanciasecr_Expediente_Cuaderno1_1_20251030143433861, del

consecutivo 135 de SAMAI – gestión en el radicado de primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)

24. Que el actor interpuso solicitud de aclaración contra el anterior auto para que
la Corte se pronunciara sobre el pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado, solicitud que
fue resuelta por Auto 333 de 2008, en el que se dispuso que «(...) examinada
la petición presentada por el señor Severo Acosta Tarazona, se observa que
ésta no versa sobre frases o conceptos que se encuentren contenidos en la
parte resolutiva de la sentencia o que, incluidos en la parte motiva, influyan
para el entendimiento pleno y el cumplimiento de lo decidido en el fallo en
cuestión (...) y por lo tanto resulta improcedente su solicitud (...)5»

25. Que los actos demandados no constituyen verdaderos actos administrativos
dado que fueron emitidos con ocasión del cumplimiento de una orden judicial,
y que, en gracia de discusión, no son susceptibles de ser demandados ante
la jurisdicción por ser actos de trámite.

26. Que el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales es
competencia del Juez natural, destacando que la Corte Constitucional se
limitó a amparar su derecho ordenando el reintegro, pero que de ninguna
manera puede, en sede constitucional, determinarse el restablecimiento del
derecho consistente en el reconocimiento y pago de salarios y demás
emolumentos dejados de percibir con ocasión a la desvinculación.

27. Manifestó, además, que operó la cosa juzgada material dado que la
pretensión contenida en el numeral 2° de la demanda, relativa al
restablecimiento del derecho, ya había sido objeto de pronunciamiento por
parte del Juez Contencioso Administrativo6.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

28. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones al
considerar que para el caso se configuraba la cosa juzgada material, puesto
que una de las pretensiones contenidas en la demanda que se surtió bajo el
radicado 250002325000- 2000-03294-01 era, precisamente, la relativa al
pago de los salarios, prestaciones y aportes a seguridad social dejados de
percibir entre el retiro y el reintegro.

29. Que ese proceso contencioso fue resuelto en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, desestimando
las pretensiones de la demanda el 21 de marzo de 2003, decisión que a su
vez había sido confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en la sentencia del 17 de febrero de 2005.

30. Que, haciendo el paralelo entre la pretensión de restablecimiento de aquel
proceso, y el actual, se concluía que para el caso en concreto se

5 Páginas 379 a 381 del archivo denominado
54_Constanciasecr_Expediente_Cuaderno1_1_20251030143433861, del consecutivo 135 de SAMAI – gestión
en el radicado de primera instancia.
6 Ver párrafos 1.5 y 1.6 del Auto 235 de 2008.

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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)

materializaba la cosa juzgada puesto que:

i) Existía identidad de partes, dado que en ambos procesos el demandado es
el Ministerio del Interior y el demandante Severo Acosta Tarazona;

ii) Existía identidad de objeto, pues si bien en aquél se demandó la
Resolución 3 del 3 de enero de 2000 y en este se demandan otros actos
administrativos, en esta oportunidad el alcance del restablecimiento
solicitado descansa sobre el mismo concepto de lograr el pago de los
salarios, prestaciones y aportes a seguridad social dejados de percibir entre
el retiro y el reintegro;

iii) Existía identidad de causa, pues en ambas controversias las pretensiones
del actor encuentran su origen en la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento en virtud del cual desempeñaba el cargo de Asesor 1020-07
de la planta de personal del Ministerio del Interior.

31. Precisó, además, que el reintegro ordenado por la Corte Constitucional no
constituía, en estricto sentido una causa o hecho nuevo para la pretensión
de pago de salarios y prestaciones solicitadas en este cauce procesal.

32. Que en el Auto 235 de 2008 fueron consideradas las opciones y la
competencia que tenía la Corte para hacer cumplir sus decisiones de
revisión, señalando ser competente para disponer lo necesario dependiendo
de la situación fáctica, incluso para proferir sentencias de reemplazo.

33. Sin embargo, destacó que, en el caso bajo estudio, era procedente ordenar
a la entidad la expedición de un nuevo acto de retiro motivado y, si aquello
no ocurría, ordenar el reintegro definitivo; sin que la Corte hubiera
considerado proferir providencia de reemplazo. Que, por tanto, el Máximo
tribunal dejó incólumes los efectos del fallo proferido por el Consejo de
Estado al menos en el tópico relacionado con el pago de salarios y
prestaciones sociales.

34. Concluyó destacando que incluso en la solicitud de aclaración o adición de
ese Auto, se advierte con claridad que versó sobre el mismo restablecimiento
del derecho que se persigue en el proceso actual y, resalta, que ese
requerimiento fue negado.

RECURSO DE APELACIÓN7

35. El demandante interpuso recurso de apelación en el que expresa que se
presenta una inexistencia de cosa juzgada por ausencia de los presupuestos
materiales requeridos para su configuración. Argumentó que debía realizarse

7 Páginas 159 a 221 del archivo denominado
54_Constanciasecr_Expediente_Cuaderno1_1_20251030143433861, del consecutivo 135 de SAMAI – gestión
en el radicado de primera instancia.

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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)

una comparación de las causas que dieron origen a los procesos en
controversia, así como de sus objetos, para advertirse que no era la misma
y que, en consecuencia, para el caso no se configura la cosa juzgada. Que
en lo que tiene que ver con la identidad de objeto, el proceso inicial solicitaba:

«(...) pagarle con sus aumentos anuales de Ley los salarios,
prestaciones y aportes de seguridad social dejados de percibir entre el
retiro y el reintegro, declarándose la no solución de continuidad (...)8»

36. Resaltó que en el proceso anterior se realizó la solicitud de manera abstracta
o genérica mientras que en el actual se indican las fechas precisas y que,
esa diferencia, es sustancial.

37. Que en lo que tiene que ver con la identidad de causa i) el proceso inicial se
enfocaba en la declaratoria de insubsistencia del cargo que desarrollaba en
el Ministerio del Interior, y ii) el proceso actual se deriva de las órdenes
proferidas por la Corte Constitucional.

38. Sostuvo, además, que no se configura cosa juzgada porque dentro del caso
operó el decaimiento de las sentencias proferidas en el proceso inicial, en
virtud de la decisión emitida por la Corte Constitucional; expuso que en la
sentencia de primera instancia del caso actual el Tribunal incurrió en error en
la interpretación de la demanda e inaplicó el precedente judicial, dado que,
según expuso, son verdaderos hechos nuevos las diferentes decisiones de
la Corte Constitucional.

39. Que la sentencia va en contravía del debido proceso en la modalidad de
acceso a la administración de justicia y en contra de la tutela judicial efectiva,
razones estas por las que solicitó revocar la sentencia.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

40. El 15 de diciembre de 2020 se admitió el recurso de apelación y el 16 de abril
de 2021 se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión.
El Ministerio del Interior y de Justicia reiteró sus argumentos de defensa.

41. El apoderado del demandante insistió en los argumentos de la demanda,
resaltando que el Tribunal de Cundinamarca incurre en error de hecho y de
derecho al realizar el análisis del caso concreto; que el principio de cosa
juzgada no es absoluto sino relativo, admitiendo excepciones bajo
determinadas circunstancias.

42. El Ministerio Público guardó silencio.

8 Página 159 a 221 del archivo denominado
54_Constanciasecr_Expediente_Cuaderno1_1_20251030143433861, del consecutivo 135 de SAMAI – gestión
en el radicado de primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)

43. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

• Cumplimiento de una orden de tutela

44. El 12 de junio de 2025 se profirió sentencia de segunda instancia9, en la cual
se confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la
que se había declarado probada la excepción de cosa juzgada.

45. En contra de esta decisión el señor Severo Acosta Tarazona interpuso una
acción de tutela, que fue resuelta por la Sección Segunda, Subsección B de
esta Corporación, en providencia que ordenó «(…) al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A” que, en un término no superior a 30 días,
emita una providencia de reemplazo en la que, se tengan en cuenta los
argumentos expuestos, en particular la inexistencia de la cosa juzgada en el
proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00152-03.»10.

46. Lo anterior, luego de considerar que la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, al declarar la existencia de la cosa juzgada, vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso real y efectivo a la
administración de justicia, al incurrir en un defecto sustantivo por restringir el
acceso a la administración de justicia en sentido material, puesto que «(…)
al no existir un pronunciamiento previo sobre el caso sometido a estudio en
el proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00152-03, se considera que,
no se reunían los presupuestos del artículo 303 del CGP para declarar la
cosa juzgada, por lo que, la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación podría pronunciarse de fondo sobre el asunto».

47. La Sala no comparte los argumentos que llevaron a la decisión de amparo
constitucional, pues consideramos en el presente asunto sí estamos ante la
configuración de la excepción de cosa juzgada, por existir no solo identidad
de partes, sino además de objeto y causa, razón por la cual como juez de
segunda instancia nos correspondía confirmar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que así lo declaró, tal como quedó
explicado de forma detallada en nuestra providencia del 12 de junio de 2025.

48. No obstante, en cumplimiento de la orden de tutela, esta providencia
abordará el fondo del asunto; para lo cual se referirá al contenido y alcance
del artículo 85 del CCA ―particularmente en lo que ha de entenderse por
«derecho amparado en una norma jurídica» ― y, posteriormente, se
abordará el caso concreto.

9 Véase índice 00025 de SAMAI.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 8

de agosto de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2024-07001-00. C.P. Adriana Polidura Castillo.

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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)

Sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho delimitado en
el artículo 85 del Decreto 01 de 198411

49. Con el Código Contencioso Administrativo (CCA) el legislador especificó que
el medio de control contencioso subjetivo podría proponerse por todo aquel
que se creyera lesionado en un derecho que estuviera amparado en una
norma jurídica. Veamos:

«(…) Artículo 85. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona
que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca su
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción
tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase,
o la devolución de lo que pagó indebidamente».

50. Del análisis del artículo citado se concluye que, para que el estudio de la
legalidad del acto administrativo demandado tenga vocación de prosperidad,
es necesario que el accionante, además de demostrar que tiene el o los
derechos que invoca como lesionados, debe acreditar que esos derechos
están, en efecto, amparados en al menos una norma jurídica.

51. Es decir, que el derecho que se reclama está respaldado en el ordenamiento
jurídico ―entendido como derecho objetivo―, esto es, en fuentes como la
constitución, la ley, los textos asimilados a la ley, los reglamentos o los actos
administrativos.

52. Se destaca que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
ha sido denominado también como el contencioso subjetivo puesto que hace
referencia al derecho ―particular o individual del demandante― que puede
ser tutelado por esta jurisdicción. Es decir, en la pretensión de este medio de
control funge una doble condición: la primera se delimita por el
mantenimiento del orden legal al buscar la nulidad del acto que se acusa
ilegal y, la segunda, está determinada por la búsqueda de la tutela efectiva
de los derechos e intereses de los particulares sobre los cuales recaen los
efectos que producen los actos administrativos.

Caso concreto

53. En cumplimiento de la orden de tutela la Sala debe establecer si el señor
Severo Acosta Tarazona tiene o no derecho al reconocimiento y pago de los
salarios y prestaciones sociales, dejados de percibir entre el 03 de enero de
2000 ―fecha de retiro― y el 20 de septiembre de 2009 ―fecha de
reintegro―, sin solución de continuidad, de forma indexada y, además, si

11 Recuérdese que la demanda fue radicada el 3 de marzo de 2010, según se observa en el índice 001 y 002

del aplicativo SAMAI en el radicado No. 25000232500020100015201, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)

debe reconocérsele los intereses moratorios, esto como consecuencia de la
posible nulidad del acto que demandó.

54. Considera la Sala que el derecho que reclama el actor no está amparado en
una norma jurídica como tal, puesto que lo fundamenta en la sentencia T–
254 de 2006, en la que la Corte Constitucional, en ninguno de sus apartes le
reconoció el pago de los salarios y prestaciones sociales reclamados.

55. Si bien en aquella oportunidad se ordenó a esta Corporación que en el
término de un 1 mes profiriera una nueva decisión sobre la demanda
presentada por el señor Severo Acosta Tarazona, en donde tuviera en cuenta
la necesidad de motivación del acto administrativo que lo retiró, lo cierto es
que ese mandato fue resuelto a través del auto del 13 de julio de 2006, por
el cual se negó el cumplimiento de la sentencia T – 254 de 2006; es decir, no
medió pronunciamiento que desatara la solicitud indemnizatoria del
restablecimiento del derecho reclamado.

56. Recuérdese que ante la negativa al cumplimiento por parte de esta
Corporación, el demandante acudió ante la Corte Constitucional quien por
auto 235 del 18 de septiembre de 2008 dejó sin efecto la decisión del 13 de
julio de 2006 y, en cambio, ordenó al Ministerio del Interior y de Justicia que,
dentro de las 48 horas siguientes, motivara el acto de desvinculación del
demandante y, en caso de no hacerlo en dicho término, lo reintegrara de
inmediato a un cargo similar al que desempeñaba al momento de su despido.

57. Posteriormente, a través del auto 332 del 20 de noviembre de 2008, la Corte
resolvió una nueva solicitud del actor por la cual se indicó que, si bien el
Ministerio del Interior dio aparente cumplimiento, lo cierto es que no se trató
de un cumplimiento real puesto que «no consignó ni atribuyó expresamente
ningún motivo personal, singular y concreto predicable de mi mandante como
motivación del acto de su desvinculación»12; razón por la que ordenó
reintegrarlo en un cargo similar al que desempeñaba, sin decir nada en
relación con la solicitud indemnizatoria que también se pretendió en ese
proceso.

58. En igual sentido, incluso aunque el mismo actor interpuso solicitud de
aclaración del auto 332 de 2008, tampoco a través de la decisión 333 del 20
de noviembre de 2008 ―por el cual se resolvió la solicitud de aclaración― la
Corte se pronunció frente a la petición de reconocimiento y pago de salarios
y prestaciones sociales, al considerar que no se evidenciaba la necesidad de
aclarar frases o conceptos puesto que la parte resolutiva de la providencia
era clara y no ofrecía dudas sobre su lectura o interpretación.

59. De lo anterior se desprende que en aquel momento la Corte optó por no emitir
orden alguna sobre la solicitud de pago de salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir entre el 03 de enero de 2000 ―fecha de retiro― y el 20

12 Página 155 del archivo denominado 55_Constanciasecr_Expediente_Cuaderno2_2_20251030143434236,

del consecutivo 135 de SAMAI – gestión en el radicado de primera instancia.

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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)

de septiembre de 2009 ―fecha de reintegro―.

60. En conclusión, no es cierto que la fuente del reconocimiento reclamado sea
la sentencia de tutela mencionada y, además, ni en el concepto de violación
ni en el recurso de alzada, se advierte norma jurídica alguna que, habiéndose
acusado como violada, sirva de fuente para acceder al reconocimiento del
derecho del actor a ser indemnizado con el pago de salarios y prestaciones
sociales que reclama, atendiendo las circunstancias particulares del caso.

61. Analizado lo anterior, se advierte que el apelante en el recurso de alzada
sostiene que existió una presunta violación al debido proceso administrativo
en cuanto se le negó la posibilidad de controvertir el acto acusado bajo el
argumento de la improcedencia de los recursos de reposición, apelación y
queja y que se da una vulneración a su derecho de tutela judicial efectiva, al
negarse cumplir una orden proferida por la Corte Constitucional.

62. La Sala considera que no se configura la alegada vulneración, toda vez que,
frente a la reclamación presentada, el actor obtuvo una respuesta de fondo,
aunque desfavorable, en la que se le indicó de manera expresa que la Corte
Constitucional nunca ordenó el reconocimiento y el pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir. Contra dicha decisión, el demandante
interpuso recurso de reposición el que fue resuelto mediante Oficio OFI09-
31598 DIJ 0420 de 16 de septiembre de 2009 y en todo caso se le explicó
que ante la primera decisión no procedían recursos.

63. Valga aclarar que conforme al artículo 50 del Decreto 01 de 1984, el primero
de los recursos interpuestos no era obligatorio y, el segundo, no era
procedente en este caso, por no existir superior administrativo del jefe de la
oficina jurídica.

64. Ante ese escenario, el actor quedó habilitado para acudir a la jurisdicción
contenciosa administrativa con la finalidad de demandar la legalidad de
dichos actos y pretender el amparo del derecho que cree vulnerado, tal como
ocurrió en el presente asunto.

65. Respecto del argumento propuesto en el recurso de apelación interpuesto en
primera instancia, referente a que «la sentencia va en contravía del debido
proceso en la modalidad de acceso a la administración de justicia y en contra
de la tutela judicial efectiva», la Sala encuentra que con él se cuestiona dicha
decisión en cuanto declaró probada la excepción de cosa juzgada, aspecto
que como ya quedó decantado en este asunto, se entiende que no se
configuró y, por ello, se procedió a estudiar el fondo del asunto.

66. En igual sentido, tampoco le asiste razón en cuanto a la vulneración del
artículo 241 superior, puesto que ―como se ha dicho anteriormente― la
Corte Constitucional no emitió orden alguna relacionada con el pago de
salarios y prestaciones sociales, razón por la que no es cierto que se
contraríe lo dispuesto por esa alta corporación.

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67. Sobre la afirmación que hace el demandante según la cual «(...) el pago de
las sumas que por todo concepto se hayan dejado de percibir como
consecuencia de la separación ilegal (...) es la esencia de esta clase de
fallos», basta decir que no es posible afirmar que existan consecuencias
jurídicas inherentes a determinada pretensión, puesto que ―tratándose de
este tipo de procesos declarativos― siempre será carga del demandante
acreditar los hechos que describe en la demanda, demostrar que el derecho
que reclama se ampara en una norma jurídica, e indicar las normas violadas
y explicar su concepto de su violación.

68. En todo caso, la supuesta consecuencia jurídica la hace derivar de la nulidad
del acto de reintegro, cuestión que, se insiste, no es objeto de debate en este
proceso, pues la anulación del acto de retiro y cumplimiento de orden de
reintegro no hacen parte de esta litis.

69. Finalmente, sobre la supuesta falta de competencia del funcionario que
expidió los actos acusados, la Subsección observa que el reproche es por
cuanto la solicitud fue dirigida al Despacho del ministro del Interior y, según
el actor, la decisión debió ser suscrita por este. Argumento que para la Sala
no configura el vicio invocado pues lo cierto es que el acto administrativo fue
proferido en respuesta a su petición por el director jurídico del Ministerio del
Interior, quien lo suscribió en razón de su cargo y funciones, por lo que se
concluye que el acto fue dado en representación de dicha entidad.

70. En consecuencia, no es procedente acceder a las pretensiones de la
demanda, puesto que el actor no demostró que el derecho que reclama esté
amparado en una norma jurídica.

71. Así, se revoca la sentencia de primera instancia por la cual se declaró
probado el fenómeno de cosa juzgada y, en su lugar, se niegan las
pretensiones de la demanda por los motivos expuestos.

72. De la condena en costas en segunda instancia.

73. No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala
fe de las partes, tal y como lo regula el artículo 171 del CCA, normativa
vigente para este proceso, que consagra un criterio subjetivo para tales
efectos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de agosto de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad

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con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Severo
Acosta Tarazona, en contra de la Nación - Ministerio del Interior.

Tercero. Sin condena en costas de segunda instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
(Con salvamento de voto)

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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13

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