Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00152-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-25-000-2010-00152-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00152-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-25-000-2010-00152-03
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)
Demandante: Severo Acosta Tarazona
Demandado: Nación – Ministerio del Interior
Tema: Pago de salarios y prestaciones dejados de percibir en período
cesante por declaratoria de insubsistencia. Elementos de la
excepción de cosa juzgada y análisis comparativo entre los dos
casos en controversia. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Severo Acosta Tarazona instauró demanda en contra de la Nación –
Ministerio del Interior y de Justicia1, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo (CCA)2, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Oficio OF109-25006-DIJ-420 del 28 de julio de 2009, por el cual se resolvió la petición
de pago de los salarios y prestaciones sociales causados desde el 03 de enero de
2000 hasta el 20 de septiembre de 2009.
Oficio OF109-31598-DIJ-0420 del 16 de septiembre de 2009, por el cual se declararon
improcedentes los recursos de reposición y en subsidio apelación.
1 En su momento el Ministerio demandado tenía esta denominación.
2 La demanda fue radicada en el año 2010.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)
Oficio OF109-37992-GGC-0423 del 04 de noviembre de 2009, que consideró
improcedente el recurso de queja y la nulidad parcial de la Resolución 2894 del 14 de
septiembre de 2009, por la cual el Ministerio del interior se abstuvo de ordenar el pago
de los salarios y prestaciones causadas desde el 03 de enero de 2000 hasta el 20 de
septiembre de 2009.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene al Ministerio del interior y de justicia
reconocer y pagar todos los salarios con sus aumentos anuales y prestaciones
sociales, causados entre el 03 de enero de 2000 (fecha de retiro) y el 20 de septiembre
de 2009 (fecha de reintegro), sin solución de continuidad. Cancelar lo adeudado
debidamente indexado. Pagar los intereses moratorios en los términos del artículo 177
del Código Contencioso Administrativo.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que fue declarado insubsistente en el cargo de Asesor 1020 de la Planta Global que
desempeñaba en el Ministerio del interior, a través de la Resolución No. 003 del 03 de
enero de 2000, sin mediar motivación de ese acto administrativo, pese a tratarse de
una vinculación en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa.
Que, por considerar que el acto de retiro estaba viciado de nulidad, instauró demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en la cual pretendía el reintegro al servicio
y el pago de los salarios y prestaciones sociales causados entre la fecha de su retiro
y la fecha en que se diera su reintegro.
Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 21 de marzo
de 2003, consideró que la administración tenía potestad para la remoción del
demandante, sin necesidad de motivar el acto, por lo que negó las pretensiones de la
demanda.
Que, en segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó la decisión a través de
providencia del 17 de febrero de 2005, considerando que al ser equiparable el
nombramiento en provisionalidad a la ocupación de un cargo de libre nombramiento y
remoción, no era indispensable la motivación.
Que se interpuso acción de tutela contra esas providencias, correspondiendo su
solución a las secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, las cuales negaron
el amparo en las dos instancias, al considerar improcedente la tutela contra
providencia judicial.
Que la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, emitió sentencia T – 254 del
30 de marzo de 2006, por medio de la cual tuteló el derecho fundamental al debido
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)
proceso y, en consecuencia, ordenó dejar sin efectos la Sentencia del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 17 de febrero de 2005, otorgando el
término de un mes para proferir una nueva decisión.
Que, mediante Auto del 13 de julio de 2006, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, se abstuvo de proferir una nueva decisión sobre la demanda presentada por
el señor Severo Acosta Tarazona, lo cual fue puesto en conocimiento de la Corte
Constitucional, solicitando la adopción directa de las medidas necesarias para lograr
el cumplimiento del fallo.
Que en respuesta a esa solicitud, a través del Auto 235 del 18 de septiembre de 2008,
la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó al Ministerio del Interior y
de Justicia, que dentro del término de 48 horas, siguientes a la notificación de esa
providencia, motivara el acto de desvinculación del señor Severo Acosta Tarazona,
ordenando, además, que si dentro del término establecido no se motivaba el acto, se
le debía reintegrar a un cargo similar al que desempeñaba al momento de su despido.
Dado que el Ministerio del Interior y de Justicia no motivó el acto administrativo, la
Corte Constitucional, a través del Auto 332 del 2008, ordenó a ese Ministerio el
reintegro inmediato del demandante a un cargo similar al que desempeñaba al
momento de su despido, lo que fue cumplido por esa entidad mediante Resolución
2894 de 2009.
Que en la resolución que reintegró, no se ordenó el pago de los salarios y prestaciones
sociales causadas desde el 03 de enero de 2000 hasta el 20 de septiembre de 2009,
por lo que se elevó solicitud directa ante el Ministerio para lograr aquel pago, lo que
fue negado a través del Oficio OF109-25006-DIJ-420 del 28 de julio de 2009.
Que esa entidad también negó, por improcedentes, los recursos de reposición,
apelación y queja, interpuestos contra el mencionado oficio, por lo que, dada la
renuencia al pago de los salarios y prestaciones sociales causadas, se acudió
nuevamente ante esta Jurisdicción.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como vulnerados los artículos 2.°, 6.°, 25, 29, 90 y 241 numeral 9.° de la
Constitución Política, 85 del Código Contencioso Administrativo.
Sostuvo que las decisiones emitidas por el Ministerio del Interior están viciadas de
nulidad, dado que, primero, contrarían lo estipulado en el artículo 241 núm. 9° de la
Constitución Política, porque al ser la Corte el máximo Juez Constitucional, debían
cumplirse sus órdenes; y segundo, contrarían el precedente del Consejo de Estado y
la Corte Suprema de Justicia, dado que «(...) el pago de las sumas que por todo
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)
concepto se hayan dejado de percibir como consecuencia de la separación ilegal (...)
es la esencia de esta clase de fallos3»
Que, los actos demandados desconocen el debido proceso administrativo al negarle
el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde el
03 de enero de 2000 hasta el 20 de septiembre de 2009 y, además, porque en sede
administrativa se le negó la posibilidad de controvertir el primer acto que le despachó
desfavorablemente su solicitud, bajo el argumento de la improcedencia de los recursos
de reposición, apelación y queja.
Que, los actos adolecen de falta de competencia porque el funcionario que los expidió
no estaba habilitado para tal fin, dado que la solicitud de pago fue dirigida al Despacho
del ministro del Interior, pero la respuesta que se demanda fue firmada por el director
jurídico del Ministerio del Interior.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
Luego de haber sido rechazada la demanda, apelado el auto y resuelto el recurso, fue
admitida el 16 de septiembre de 2011 y notificada a los demandados.
El Ministerio del Interior se opuso a las pretensiones,4 manifestando que los actos
administrativos proferidos son legales y cumplen la orden emitida por la Corte
Constitucional, destacando que en el Auto 332 de 2008, esa Corporación resolvió «(...)
ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia el reintegro inmediato del señor
Severo Acosta Tarazona a un cargo similar al que desempeñaba al momento de su
despido5», lo cual, enfatiza, fue cumplido.
Que el actor interpuso solicitud de aclaración contra el anterior auto para que la Corte
se pronunciara sobre el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado, solicitud que fue resuelta por Auto
333 de 2008, en el que se dispuso que «(...) examinada la petición presentada por el
señor Severo Acosta Tarazona, se observa que ésta no versa sobre frases o
conceptos que se encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que,
incluidos en la parte motiva, influyan para el entendimiento pleno y el cumplimiento de
lo decidido en el fallo en cuestión (...) y por lo tanto resulta improcedente su solicitud
(...)6»
Que los actos demandados no constituyen verdaderos actos administrativos dado que
fueron emitidos con ocasión del cumplimiento de una orden judicial, y que, en gracia
de discusión, no son susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción por ser actos
de trámite.
3 Páginas 189 – 200 del cuaderno 1. (expediente físico).
4 Págs. 193 - 200 del cuaderno 1 (expediente físico).
5 Pág. 119 del cuaderno 1. (expediente físico).
6 Pág. 194 del cuaderno 1. (expediente físico).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)
Que el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales es competencia del
Juez natural, destacando que la Corte Constitucional se limitó a amparar su derecho
ordenando el reintegro, pero que de ninguna manera puede, en sede constitucional,
determinarse el restablecimiento del derecho consistente en el reconocimiento y pago
de salarios y demás emolumentos dejados de percibir con ocasión a la desvinculación.
Manifestó, además, que frente al caso en concreto ha operado la cosa juzgada
material dado que la pretensión contenida en el numeral 2° de la demanda, relativa al
restablecimiento del derecho, ya había sido objeto de pronunciamiento por parte del
Juez Contencioso Administrativo.7
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones al considerar que
para el caso se configuraba la cosa juzgada material, puesto que una de las
pretensiones contenidas en la demanda que se surtió bajo el radicado 250002325000-
2000-03294-01 era, precisamente, la relativa al pago de los salarios, prestaciones y
aportes a seguridad social dejados de percibir entre el retiro y el reintegro.
Que ese proceso contencioso fue resuelto en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, desestimando las pretensiones
de la demanda el 21 de marzo de 2003, decisión que a su vez había sido confirmada
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en la sentencia del 17 de
febrero de 2005.
Que, haciendo el paralelo entre la pretensión de restablecimiento de aquél proceso y
el actual, se concluía que i) existía identidad de partes, pues en ambos procesos el
demandado es el Ministerio del Interior y el demandante Severo Acosta Tarazona; ii)
existía identidad de objeto, pues si bien en aquél se demandó la Resolución 3 del 3 de
enero de 2000 y en este se demandan otros actos administrativos, en esta oportunidad
el alcance del restablecimiento solicitado descansa sobre el mismo concepto de lograr
el pago de «(...) los salarios, prestaciones y aportes a seguridad social dejados de
percibir entre el retiro y el reintegro (...)8»; iii) existía identidad de causa, pues en
ambas controversias las pretensiones del actor encuentran su origen en la declaratoria
de insubsistencia del nombramiento en virtud del cual desempeñaba el cargo de
Asesor 1020-07 de la planta de personal del Ministerio del Interior.
Precisó, además, que el reintegro ordenado por la Corte Constitucional no constituía,
en estricto sentido una causa o hecho nuevo para la pretensión de pago de salarios y
prestaciones solicitadas en este cauce procesal.
Que en el Auto 235 de 2008 fueron consideradas las opciones y competencia de la
Corte para hacer cumplir sus decisiones de revisión, señalando ser competente para
7 Ver párrafos 1.5 y 1.6 del Auto 235 de 2008.
8 Pág. 471 del cuaderno 4. (expediente físico).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)
disponer lo necesario dependiendo de la situación fáctica, incluso para proferir
sentencias de reemplazo. Sin embargo, destacó que, en el caso bajo estudio, era
procedente ordenar a la entidad la expedición de un nuevo acto de retiro motivado y,
si aquello no ocurría, ordenar el reintegro definitivo; sin que la Corte hubiera
considerado proferir providencia de reemplazo. Que, por tanto, el Máximo tribunal dejó
incólumes los efectos del fallo proferido por el Consejo de Estado al menos en el tópico
relacionado con el pago de salarios y prestaciones sociales.
Concluyó destacando que incluso en la solicitud de aclaración o adición de ese Auto,
se advierte con claridad que versó sobre el mismo restablecimiento del derecho que
se persigue en el proceso actual y, resalta, que ese requerimiento fue negado.
RECURSO DE APELACIÓN
El demandante interpuso recurso de apelación, expresando que se presenta una
inexistencia de cosa juzgada por ausencia de presupuestos materiales requeridos
para su configuración, argumentando que debía realizarse una comparación de las
causas que dieron origen a los procesos en controversia, así como de sus objetos,
para advertirse que no era la misma y, consecuentemente, que para el caso no se
configura la cosa juzgada.
Que en lo que tiene que ver con la identidad de objeto i) el proceso inicial solicitaba:
«(...) pagarle con sus aumentos anuales de Ley los salarios, prestaciones y aportes
de seguridad social dejados de percibir entre el retiro y el reintegro, declarándose
la no solución de continuidad”9, ii) el proceso actual solicita «[...] ordenar pagar a
Severo Acosta Tarazona, a título de indemnización todos los salarios con sus
aumentos anuales y prestaciones sociales, causados entre el retiro (Ene. 3/00) y
el reintegro (Sep. 20/09), sin solución de continuidad (...)»10.
Resalta que en el proceso anterior se realizó la solicitud de manera abstracta o
genérica mientras que en el actual se indica las fechas precisas y que, esa diferencia,
es sustancial.
Que en lo que tiene que ver con la identidad de causa i) el proceso inicial se enfocaba
en la declaratoria de insubsistencia del cargo que desarrollaba en el Ministerio del
Interior, y ii) el proceso actual se deriva de las órdenes proferidas por la Corte
Constitucional.
Sostiene, además, que no se configura cosa juzgada porque dentro del caso operó el
decaimiento de las sentencias proferidas en el proceso inicial, en virtud de la decisión
emitida por la Corte Constitucional; expuso que en la sentencia de primera instancia
del caso actual el Tribunal incurrió en error en la interpretación de la demanda e
inaplicó el precedente judicial, dado que, según expuso, son verdaderos hechos
9 Pág. 482 del cuaderno 4. (expediente físico).
10 Pág. 482 del cuaderno 4. (expediente físico).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)
nuevos las diferentes decisiones de la corte constitucional.
Que la sentencia va en contravía del debido proceso en la modalidad de acceso a la
administración de justicia y en contra de la tutela judicial efectiva, razones estas por
las que solicitó revocar la sentencia.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 15 de diciembre de 2020 se admitió el recurso de apelación y el 16 de abril de 2021
se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión. El Ministerio del
Interior y de Justicia reiteró sus argumentos de defensa.
El apoderado del demandante insistió en los argumentos de la demanda, resaltando
que el Tribunal de Cundinamarca incurre en error de hecho y de derecho al realizar el
análisis del caso concreto; que el principio de cosa juzgada no es absoluto sino
relativo, admitiendo excepciones bajo determinadas circunstancias.
El Ministerio Público guardó silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Problema jurídico
La Sala debe determinar si: (a) se configuró el fenómeno de cosa juzgada por haberse
proferido una sentencia ejecutoriada con anterioridad a este proceso, dentro de una
controversia entre las mismas partes, para lo cual se deberá verificar si ambos
procesos comparten causa y objeto; (b) operó el decaimiento de las decisiones
proferidas por la jurisdicción contenciosa administrativa como consecuencia de la
sentencia T-254 de 2006, emitida por la Corte Constitucional.
Sobre el fenómeno jurídico de cosa juzgada
La mencionada figura procesal de contenido sustancial corresponde a una excepción
que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su calidad de medio
de defensa, no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado con la inviabilidad de
las pretensiones o del derecho reclamado cuando su procedencia ya ha sido analizada
y juzgada, sino que también controvierte el proceso en sí mismo desde el punto de
vista formal en lo que tiene que ver con la habilitación del juez para conocer y emitir
un pronunciamiento de mérito frente a un conflicto previamente resuelto.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)
Esta institución se deriva del principio de la seguridad jurídica, con base en el cual lo
que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición
permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de decisiones judiciales
contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos en tensión.
Por esa razón, la cosa juzgada tiene como efectos principales los de la inmutabilidad
y unicidad de las providencias cuyas determinaciones hagan tránsito a dicho
fenómeno, ello en el entendido de que no podrán ser objeto de nuevas
manifestaciones o estudios judiciales, toda vez que lo resuelto deberá ser definitivo,
con excepción de la eventual posibilidad de una tutela por unas causales específicas
y muy restrictivas basadas en defectos del proveído, o bien, ante la interposición del
recurso extraordinario de revisión como lo consagra el artículo 303 del CGP que
expresamente regula esta figura de la siguiente forma:
«(...) Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse
sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos
procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso
son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o
causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro
de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los
demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos
en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión»
El inciso 4.° del parágrafo 2.° del artículo 175 del CPACA consagró que, entre otras,
la excepción de cosa juzgada se declarará fundada mediante sentencia anticipada en
los términos previstos en el numeral 3.° del artículo 182A, el cual también dispuso que,
en todo caso, tal medio de defensa podrá resolverse en cualquier estado del proceso
si se encuentra demostrada, tanto así que puede ser decretada de oficio conforme al
artículo 187 ibidem en el que se señaló que la sentencia se pronunciará sobre las
excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el juez advierta probada.
Ahora, en relación con los requisitos para su configuración, el Consejo de Estado11 los
ha precisado de la siguiente forma:
«(...) 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos,
estos son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 10
de julio de 2024. Radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)
partes. Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en
los siguientes términos:
«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre
una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad
sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron
declarados expresamente.
• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen
cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada.»
(…) 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal
de la cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo»
Resolución al caso concreto
En razón del litigio como fue fijado y resuelto en primera instancia, así como en virtud
de los argumentos del apelante único que limitan el objeto de análisis en segunda
instancia, el enfoque inicial será el de determinar la configuración o no de la excepción
de cosa juzgada.
En principio debe precisarse que entre las mismas partes se han tramitado dos
demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Inicialmente una bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
radicado 25000-23-25-000-2000-03294-00 presentada por el señor Severo Acosta
Tarazona a través de la cual demandó la nulidad de la Resolución 003 del 3 de enero
de 2000, expedida por el Ministerio del Interior, acto que declaró insubsistente su
nombramiento en el cargo de Asesor Código 1020 Grado 07 de la Planta Global de
esa entidad.
A título de restablecimiento del derecho pidió que se ordenara al Ministerio del Interior
el reintegro del señor Severo Acosta al mismo cargo o a otro de igual o superior
categoría y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir entre el
retiro y el reintegro, sin solución de continuidad, para todos los efectos legales,
prestacionales y de seguridad social, con el respectivo ajuste de valor12.
12 Pág. 10 del cuaderno 1 (Expediente físico).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)
Una segunda demanda ordinaria de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
25000-23-25-000-2010-00152-00 a través de la cual el señor Severo Acosta Tarazona
solicita la nulidad de los siguientes actos:
i) Oficio OF109-25006-DIJ-420 del 28 de julio de 2009, por el cual se resolvió la
petición de pago de los salarios y prestaciones sociales causados desde el 03 de enero
de 2000 (fecha de retiro) hasta el 20 de septiembre de 2009 (fecha de reintegro);
ii) Oficio OF109-31598-DIJ-0420 del 16 de septiembre de 2009, por el cual se
declararon improcedentes los recursos de reposición y en subsidio apelación contra el
anterior acto;
iii) Oficio OF109-37992-GGC-0423 del 04 de noviembre de 2009, por el cual se declaró
improcedente el recurso de queja contra los anteriores actos, y iv) la nulidad parcial
de la Resolución 2894 del 14 de septiembre de 2009, por la cual se le reintegró,
específicamente, en cuanto se abstuvo de ordenar el pago de los salarios y
prestaciones causadas desde el 03 de enero de 2000 hasta el 20 de septiembre de
2009.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar al Ministerio del interior y de
justicia13 reconocer y pagar todos los salarios con sus aumentos anuales y
prestaciones sociales, causados entre el 03 de enero de 2000 (fecha de retiro) y el 20
de septiembre de 2009 (fecha de reintegro), sin solución de continuidad, con el
respectivo ajuste de valor14.
Para definir si en el caso objeto de estudio se presenta, en efecto, una cosa juzgada
material, se realizará un estudio comparativo entre los procesos descritos en
precedencia en relación con los objetos, causas e identidad jurídica de sus partes
procesales.
25000-23-25-000-2000-03294-00 (PROCESO
RADICADO 25000-23-25-000-2010-00152-00 (PROCESO ACTUAL)
ANTERIOR)
Demandante: Severo Acosta Tarazona Demandante: Severo Acosta Tarazona
PARTES
Demandado: Ministerio del Interior Demandado: Ministerio del Interior y de Justicia
1. Declarar la nulidad de la Resolución 0003 de 1. Declarar la nulidad de los actos administrativos, proferidos por el director
enero 3 de 2000 por la cual se declaró insubsistente Jurídico y Delegado del Ministro conforme a la Resolución 0459 de 2009 de febrero
el nombramiento de Severo Acosta Tarazona y, 20, contenidos en: OF109-25006-DIJ-420 del 28 de julio de 2009, exclusivamente
consecuencialmente, en cuanto no ordena el pago a favor del señor Severo Acosta Tarazona de los
salarios y prestaciones sociales causados entre el Retiro (Ene. 3/00) y el Reintegro
2. A título de restablecimiento en su derecho violado: (Sep. 20/09); Oficio OF109-31598-DIJ-0420 del 16 de septiembre de 2009, en
cuanto no concede los recursos de reposición y apelación; y, en el Oficio OF109-
2.1. Ordenar a la Nación (Ministerio del Interior) el 37992-GGC-0423 del 04 de noviembre de 2009, en cuanto no concede el recurso
Reintegro en el mismo cargo que desempeñaba en de queja y declarar la nulidad de la Resolución 2894 de septiembre 14 de 2009
el momento del retiro o a otro de igual o superior proferida por el Ministro del Interior y de Justicia, solo en cuanto se abstuvo de
OBJETO categoría y remuneración y pagarle con sus ordenar el pago de los salarios y prestaciones causadas entre el retiro (Ene. 3/00)
(PRETENSIONES) aumentos de Seguridad Social dejados de percibir y la reincorporación (Sep. 20/09).
entre el retiro y el reintegro, declarándose la no
solución de continuidad en la relación laboral para 2. A título de Restablecimiento del derecho violado:
todos los efectos legales, prestacionales y de
Seguridad Social; 2.1. Ordenar pagarle al señor Severo Acosta Tarazona, a título de indemnización,
todos los salarios con sus aumentos anuales y prestaciones sociales, causados
2.2. Ordenar el pago del ajuste de valor preceptuado entre el Retiro (Ene. 3/00) y el Reintegro (Sep. 20/09), sin solución de continuidad.
por el artículo 178 del C.C.A., y,
2.2. Ordenar el pago de los intereses moratorios conforme al artículo 177 del
2.3. Ordenar el pago de los intereses conforme al C.C.A., a partir de las 48 horas siguientes a la Ejecutoria del Auto 235 de
artículo 177 del C.C.A.
13 En su momento el Ministerio demandado tenía esta denominación.
14 Pág. 10 del cuaderno 1 (Expediente físico).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)
septiembre 18 de 2008, proferido por la Sala Sexta de Revisión de la H. Corte
Constitucional, hasta la fecha de su pago efectivo.
Que el señor Severo Acosta Tarazona se posesionó Que fue declarado insubsistente en el cargo de Asesor 1020 de la Planta Global
en el empleo de Asesor Código 1020 Grado 07 el 11 que desempeñaba en el Ministerio del interior, a través de la Resolución 003 del
de septiembre de 2011, el cual era de libre 03 de enero de 2000, sin mediar motivación de ese acto administrativo, pese a
nombramiento y remoción para la fecha de su tratarse de una vinculación en provisionalidad en un cargo de carrera
posesión. administrativa.
Que, la Ley 443 de 1998 estipuló que dicho cargo Que, se instauró demanda a través del medio de control de nulidad y
dejaría de ser de libre nombramiento y remoción restablecimiento del derecho a través de la cual pretendía como restablecimiento,
para convertirse en uno de carrera administrativa. el reintegro al servicio y el pago de los salarios y prestaciones sociales causados
entre la fecha de su retiro y la fecha en que se diera su reintegro. El Tribunal
Que, mediante Resolución 003 del 03 de enero de Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado negaron el derecho al
2000, sin mediar motivación de ese acto considerar que no era indispensable la motivación.
administrativo, fue declarado insubsistente pese a
tratarse de un cargo de carrera administrativa. Que se interpuso acción de tutela contra esas providencias, correspondiendo su
solución a las secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, que negaron el
CAUSA Que, si bien se encontraba en situación de amparo y, luego, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, emitió
(HECHOS) provisionalidad, para que la administración lo sentencia T – 254 del 30 de marzo de 2006, tuteló el derecho fundamental al
desvinculase debían exponerse las razones, los debido proceso y, por Auto 332 del 2008, ordenó a ese Ministerio el reintegro
hechos y las causas por las cuales se le retiraba del inmediato a un cargo similar al que desempeñaba al momento de su despido, lo
cargo, sin embargo, no lo hizo. que fue cumplido por esa entidad mediante Resolución 2894 de 2009.
Que en la resolución que reintegró, no se ordenó el pago de los salarios y
prestaciones sociales causadas desde el 03 de enero de 2000 hasta el 20 de
septiembre de 2009, por lo que se elevó solicitud directa ante el Ministerio para
lograr aquel pago, lo que fue negado a través del Oficio OF109-25006-DIJ-420 del
28 de julio de 2009.
Que esa entidad también negó, por improcedentes, los recursos de reposición,
apelación y queja, interpuestos contra el mencionado oficio, por lo que, dada la
renuencia al pago de los salarios y prestaciones sociales causadas, se acudió
nuevamente ante esta Jurisdicción.
Pues bien, de la lectura de los procesos descritos, en relación con los objetos, causas
e identidad jurídica de sus partes procesales, destaca la Sala que si bien en el proceso
actual se traen unos actos administrativos diferentes al que fue debatido en aquella
instancia, y unos hechos -derivados de las órdenes dadas por la Corte Constitucional
en sede de revisión de tutela-; lo cierto es que el fondo o la materia del asunto que se
pretende ventilar en esta segunda oportunidad es, en esencia, el mismo.
Al margen de las conclusiones a las que hayan llegado en su momento las referidas
autoridades judiciales en dicha causa, lo cierto es que en esa oportunidad no solo se
estudió la legalidad del retiro del señor Severo Acosta Tarazona del cargo de Asesor
Código 1020 Grado 07 en el Ministerio del Interior sino, además, el restablecimiento
del derecho que hoy se pretende, esto es, el pago de los salarios con sus aumentos
anuales y prestaciones sociales, causados en el intervalo en el que estuvo cesante
como consecuencia de lo decidido en la mencionada Resolución 0003 de enero 3 de
2000.
En virtud de los supuestos de hecho y de derecho de la actuación 25000-23-25-000-
2000-03294-00, así como de las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por
las autoridades judiciales en comento, lo que la Subsección puede concluir es que sí
se configuró la cosa juzgada.
Lo anterior, porque para ambos procesos según la comparación efectuada en el
cuadro transcrito, se observa con claridad que la controversia se generó entre las
mismas partes, esto es, el señor Severo Acosta Tarazona y el Ministerio del Interior.
De igual forma se puede concluir que estos casos comparten identidad en el objeto,
pues, en el proceso inicial, el señor Severo Acosta Tarazona solicitó, entre otras
pretensiones, la de restablecimiento del derecho consistente en el pago, con sus
aumentos, de los conceptos dejados de percibir entre el retiro y el reintegro,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)
declarándose la no solución de continuidad en la relación laboral para todos los efectos
legales, prestacionales y de Seguridad Social, del cargo de Asesor Código 1020 Grado
07 del que fue retirado mediante la Resolución 0003 de enero 3 de 2000.
Así mismo, en la oportunidad que hoy se debate, el señor Severo Acosta Tarazona
solicitó, como única pretensión de restablecimiento del derecho, el pago de los salarios
con sus aumentos anuales y prestaciones sociales, causados entre el retiro, esto es,
desde el 3 de enero de 2000, y el reintegro que se dio el 20 de septiembre 2009. Es
decir, por el intervalo trascurrido entre la Resolución 0003 de enero 3 de 2000, -por la
cual se le declaró insubsistente- y la Resolución 2894 de septiembre de 2009 -por la
cual se cumple la orden de reintegro de la Corte Constitucional-.
Por último, también se verifica una identidad de causa o de fundamentos de hecho
frente a las dos controversias bajo estudio, toda vez que, los elementos que se
alegaron y se examinaron frente al punto obedecen a los mismos presupuestos, esto
es, la desvinculación del cargo de Asesor Código 1020 Grado 07 del que fue retirado
mediante la Resolución 0003 de enero 3 de 2000.
En todo caso, la parte apelante refiere que el presente medio de control busca
«subsanar» el error cometido por el Ministerio del Interior en la omisión del
pronunciamiento sobre el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir
durante el tiempo que estuvo desvinculado, sin embargo, la Sala considera que la
Resolución 2894 de septiembre de 2009, a través de la cual se reintegró al
demandante al Ministerio, cumplió cabalmente lo dispuesto por la Corte Constitucional
en su Auto 332 de 20 de noviembre de 200815, toda vez que aquél ordenó únicamente,
su reintegro a un cargo similar al que desempeñaba al momento de su despido.
En ese sentido, no es posible desprender de la orden proferida por la Corte
Constitucional la obligación de pagar unos salarios y prestaciones que no fueron
expresamente reconocidos, porque incluso en el Auto 333 de 2008 en donde se
denegó la solicitud de aclaración formulada por el demandante 16, la alta corporación
indicó: «(…) 4.- las decisiones adoptadas en sede de revisión, no son susceptibles de
aclaración, corrección o adición pues hacen tránsito a cosa juzgada, y por ende, no
pueden debatirse nuevamente aspecto considerados en una sentencia o extender los
efectos definidos en ella».
Debe precisarse que si bien en asuntos similares, la Corte Constitucional al proferir las
sentencias de tutela amparando derechos fundamentales, dictó la providencia de
reemplazo ordenando no solo la nulidad del acto que declaró la insubsistencia del
empleado, sino que además el reintegro y el pago de salarios y prestaciones sociales
15 Ver folios 92 – 97 C1.
16 Mediante escrito presentado el día 31 de octubre de 2008, el señor Severo Acosta Tarazona, le solicitó a esa
Sala de revisión que aclarara o se adicionara el Auto 235 de 2008, por cuanto “no ordena ni precisa en forma
expresa y concurrente el reintegro por restablecimiento: la no solución de continuidad en la relación laboral entre
el retiro y el reintegro, ni ordena el pago indexado de los salarios y prestaciones dejados de percibir (Subrayado
dentro del texto original)”. Ver Folios 286 y ss C3.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)
a título de indemnización17, ello no ocurrió en este supuesto, lo que impide a la entidad
demandada dar un trámite similar.
Sobre el particular, esta Sala, en un caso en el que vía tutela El consejo de Estado
tampoco ordenó el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir
durante un período cesante de quien ostentaba la condición de prepensionada,
consideró que no es violatorio de los derechos fundamentales el hecho de que, en
sede de tutela, no se ordene el pago de salarios, pues, en última instancia, la razón
de ser del amparo constitucional es la protección del derecho que, a juicio de esa
Corporación se logró con el reintegro18.
Finalmente, con relación al argumento del decaimiento de las providencias proferidas
por esta jurisdicción como consecuencia de la decisión T - 254 de 2006, la Subsección
considera que, si bien la sentencia de 17 de febrero de 2005 fue en principio dejada
sin efectos por la Corte Constitucional, lo cierto es que esta Corporación mediante
Auto 13 de julio de 2006 se abstuvo proferir un nuevo fallo de segunda instancia por
considerar que lo allí decidido seguía incólume y que además, hizo tránsito a cosa
juzgada material y formal, razón por la cual es inmodificable, inimpugnable y
definitivo19.
De acuerdo con lo anterior, los cuestionamientos efectuados sobre la tesis que se haya
aplicado en las providencias emitidas por esta Jurisdicción de forma previa al proceso
que hoy se define, no da lugar a presentar una nueva demanda ordinaria, pues, se
reitera, el derecho ya fue juzgado.
En consecuencia, y atendiendo a que los cargos planteados en la alzada no
prosperaron, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
De la condena en costas en segunda instancia
No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala fe de las
partes, tal y como lo regula el artículo 171 del CCA, normativa vigente para este
proceso, que consagra un criterio subjetivo para tales efectos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
17 La Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU 917 de 2010 (reiterada en la SU 54-15) -un año
después de ser proferida la sentencia de revisión para este caso-, en el que acumuló 24 casos de personal que
había sido retirado de su cargo mediante declaratoria de insubsistencia sin mediar motivación del acto
administrativo, en esa oportunidad describió el fenómeno que venía presentándose de no acatamiento de los fallos
de la Corte por parte del Consejo de Estado, atendiendo la disparidad de criterios que existió para la época; por lo
que en sede de unificación, en el 2010, optó por definir la tesis de emitir sentencias de reemplazo para garantizar,
cabalmente, la protección de los derechos fundamentales tutelados.
18 Consejo de Estado, Sala Contenciosa, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del veintiuno (21) de agosto
de dos mil veinticuatro (2024). Radicado: 25 000 23 42 000 2017 01264 01 (4157-2023).
19 Ver Auto de 24 de abril de 2008, folio 65 a 72 C1.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020)
F A L L A:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de agosto de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
Con salvamento de voto
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.