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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08223-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08223-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 5 de febrero de 2026, por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante la cual se declaró la improcedencia de la demanda de tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. Radicado: 11001-03-15-000-2025-08223-01 Accionante: Severo Acosta Tarazona Se confirma la improcedencia de la demanda TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08223-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08223-01
Accionante: Severo Acosta Tarazona
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 5 de febrero
de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional.

SÍNTESIS1

El accionante cuestiona la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2025 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se revocó
la sentencia de primera instancia, y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la
Nación – Ministerio del Interior con el fin de que se pagaran los salarios y las
prestaciones dejadas de percibir durante el período cesante por la declaratoria de
insubsistencia. Se confirma la improcedencia declarada en primera instancia por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 18 de diciembre de 2025, el señor Severo Acosta Tarazona, mediante apoderada
judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, trabajo y dignidad humana, los cuales, a su juicio,
fueron vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2025
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se
revocó la sentencia emitida el 29 de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 25000-23-25-000-2010-00152-03.

2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la

1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Confirma improcedencia / Requisito de relevancia
constitucional / Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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administración de justicia, “con prevalencia del derecho sustancial (Art. 229C.N.); el
principio de confianza legítima (Art. 83C.N. y 209C.N.) a través del respecto a los
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES; el principio de igualdad de oportunidades en la
aplicación de la ley (Art.13 y 53C.N.), el derecho al trabajo, dignidad humada, entre otros
que incurrió el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de noviembre de 2025, proferida
por Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado por desconocimiento del
precedente constitucional.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 28 de Noviembre de 2025 proferida
por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, por desconocer el
precedente constitucional para estos casos de reintegro ilegal para funciones en
provisionalidad que ejercer funciones en carrera.

TERCERO. ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, que
dentro del término legal que se le conceda, profiera una nueva sentencia dentro del
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor
Severo Acosta Tarazona, observando estrictamente los lineamientos constitucionales,
legales y jurisprudenciales aplicables al caso, en especial a los precedentes judiciales
obligatorios fijados por la Corte Constitucional en las sentencias SU-917 de 2010 y la
regla indemnizatoria prevista en la SU-556 de 2014 para los funcionarios nombrados
en provisionalidad que ejercen funciones en carrera.

CUARTO: Disponer las demás medidas necesarias para restablecer integralmente
los derechos del accionante, incluida la evaluación sustancial del restablecimiento del
derecho laboral y prestacional dejado de reconocer como consecuencia de la omisión
judicial de la sentencia de REEMPLAZO2. [Negrillas del texto citado]

B. Hechos

3. Mediante Resolución núm. 003 del 3 de enero de 2000, se declaró insubsistente el
cargo de carrera “asesor 1020”, el cual ocupaba el Señor Severo Acosta en
provisionalidad en la planta global del Ministerio del Interior.

4. El señor Severo Acosta presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio del Interior, con el
fin de que se declarara la nulidad de la resolución núm. 003 del 2000, y a título de
restablecimiento, se pagaran los salarios y las prestaciones causadas entre el retiro y el
reintegro, declarándose la no solución de continuidad.

5.El 21 de marzo de 2003, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y por medio de
sentencia del 17 de febrero de 2005, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia.

6. Contra las decisiones del 21 de marzo de 2003 y el 17 de febrero de 2005, el
accionante interpuso una demanda de tutela, la cual fue resuelta desfavorablemente.
No obstante, el asunto fue seleccionado para revisión por la Corte Constitucional y
mediante sentencia T-254 de 2006 se dejó sin efectos la providencia del 17 de febrero
de 2005 y se ordenó a la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación
proferir una nueva providencia considerando que lo funcionarios nombrados en
provisionalidad no son equiparables a los de libre nombramiento y remoción, por lo cual

2
Índice 2 del expediente digital disponible en Samai.

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el acto administrativo que los desvincula debe ser motivado.

7.Por medio de auto del 13 de julio de 2006, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado se abstuvo de dar cumplimiento a la orden dispuesta por la Corte
Constitucional y se acogió a los argumentos de la sentencia del 17 de febrero de 2005.

8. Mediante auto núm. 235 del 18 de septiembre de 2008, la Corte Constitucional dejó
sin efectos la providencia del 13 de julio de 2006 y ordenó al Ministerio del Interior a
motivar el acto de retiro del señor Severo Acosta, y en caso de no hacerlo, indicó a esa
entidad que debía proceder con su reintegro.

9.Por medio de auto núm. 332 del 20 de noviembre de 2008, la Corte Constitucional
consideró que no se cumplió la orden y dispuso el reintegro inmediato del señor Severo
Acosta a un cargo de igual categoría al que desempeñaba. Tal orden fue cumplida
mediante la resolución núm. 2894 de 2009 por parte del Ministerio del Interior. Esa
decisión no hizo mención del reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones
sociales dejadas de recibir por el accionante durante el tiempo de su desvinculación.

10. El señor Severo Acosta solicitó al Ministerio del Interior el pago de los salarios y
prestaciones sociales causadas desde el 3 de enero de 2000 hasta el 20 de septiembre
de 2009 y mediante los oficios núm. OF109-25006-DIJ-0420, OF109-31598-DIJ-0420 y
OFI09-37992-GGC-0423 de 2009 se negó tal petición.

11. El señor Severo Acosta, nuevamente, interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 5000-23-25-000-2010-00152-00/03 contra la Nación
– Ministerio del Interior con el objetivo de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos que negaron su petición administrativa y se reconocieran y pagaran los
emolumentos laborales dejados de percibir.

12. El 29 de agosto de 2019, la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró la cosa juzgada y, posteriormente, mediante
sentencia del 12 de junio de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado confirmó la decisión de primera instancia.

13. El señor Severo Acosta presentó demanda de tutela núm. 1001-03-15-000-2025-
04284-00 contra la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales, con ocasión de la sentencia del
12 de junio de 2025, al considerar que se desconoció e incumplió la sentencia T-254 de
2006 proferida por la Corte Constitucional.

14. El 11 de agosto de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado concedió el amparo y ordenó a la Subsección A de la Sección Segunda de esa
misma Corporación a emitir una sentencia de reemplazo en la que se tuviera en cuenta
la inexistencia de la cosa juzgada en el proceso ordinario núm. 2010-00152-03. Dicha
decisión fue confirmada por medio de providencia judicial del 3 de diciembre de 2025
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

15. En cumplimiento de lo ordenado en el trámite constitucional, el 28 de noviembre de
2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dictó sentencia
de reemplazo y falló:

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Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de agosto de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Severo
Acosta Tarazona, en contra de la Nación - Ministerio del Interior.

Tercero. Sin condena en costas de segunda instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

C. Fundamentos de la vulneración

16. El accionante señaló que la providencia cuestionada incurrió en los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución y
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, tutela judicial
efectiva, acceso a la administración de justicia y el principio de confianza legitima.

17. Sobre el desconocimiento del precedente alegó que la autoridad judicial accionada
se apartó injustificadamente de las reglas jurisprudenciales, claras, reiteradas y
vinculantes fijadas por la Corte Constitucional, en particular, las sentencias T-254 de
2006, SU-917 de 2010 y SU-556 de 2014, las cuales establecieron reglas precisas
respecto los servidores públicos que han sido nombrados en provisionalidad y
desvinculados a través de actos administrativos que carecen de fundamento, en
particular, indicó las siguientes reglas (se transcribe):

(i) la ausencia de motivación del acto de retiro vulnera el derecho fundamental al debido
proceso; (ii) el acto administrativo así expedido es materialmente inconstitucional; (iii) y
el restablecimiento pleno del derecho, incluido su componente económico, constituye
una consecuencia necesaria derivada directamente de la Constitución y del principio de
reparación integral. [Negrillas del texto citado]

18. Adujo que tal jurisprudencia debía aplicarse en el caso concreto, sin embargo, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado se limitó a indicar que no
se demostró que el derecho que alega el accionante se amparara en una norma jurídica,
argumentación que constituye un error grave, ya que es deber del juez natural reconocer
y desarrollar el alcance jurídico de la ilegalidad de los actos administrativos que se
demandan.

19. Agregó que en la sentencia que se cuestiona se omitió justificar las razones por las
cuales se adoptó una decisión sin considerar el precedente constitucional, pues no se
explicó de manera suficiente y razonada tal hecho y tampoco se acreditó la existencia
de fundamentos fácticos y jurídicos diferentes que justificaran la razón por la cual no se
tuvo en cuenta el precedente citado.

20. Frente el defecto sustantivo señaló que la providencia cuestionada negó las
pretensiones indemnizatorias bajo el argumento de que no se acreditaba la existencia
de una norma jurídica que amparaba su reclamación, razonamiento, que a su juicio,
configura un defecto sustantivo en tanto desconoce de manera directa el sistema de
fuentes, el valor normativo de la Constitución y el precedente vinculante y conduce a
una decisión manifiestamente irrazonable e incompatible con el Estado Social de

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Derecho.

21. Respecto la violación directa de la Constitución, manifestó que se adoptó una
decisión contraria a lo dispuesto en los artículos 1, 4, 25, 29, 46, 86, 90, 228, 229 y 241
superiores lo que conllevó a una afectación sustancial de la tutela judicial efectiva al
negar un restablecimiento económico a pesar de la declaración constitucional de
ilegalidad del retiro.

22. En suma, insistió en que la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2025
desconoció un precedente constitucional obligatorio, omitió la carga argumentativa
requerida para apartarse, negó injustificadamente los efectos económicos de una
legalidad que ya había sido declarada y vulneró sus derechos fundamentales aun
cuando se trata de un sujeto de especial protección constitucional, debido a que es una
persona de la tercera edad.

D. Trámite procesal

23. Mediante auto del 15 de enero de 20263, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, y en calidad de terceros con interés, a la Nación – Ministerio del
Interior y a la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que rindieran un informe sobre los hechos objeto de la demanda de
tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

24.La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca4 (tercero con interés) remitió copia electrónica del expediente del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 25000-23-25-000-2010-
00152-03.

25. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado5 (accionado) rindió
un informe sobre los hechos objeto de la demanda e indicó que en el proceso
constitucional núm. 2025-04284-00, a pesar de que se confirmó el amparo concedido
en primera instancia, hubo un salvamento de voto en el cual se manifestó que sí había
cosa juzgada en el asunto.

26. Añadió que, en cumplimiento de la sentencia de tutela núm. 2025-04284-00, se
estudió de fondo el asunto y se analizó si le asistía o no el derecho al demandante y se
determinó que el accionante no demostró que el derecho que reclamó estuviera
amparado en una norma jurídica. Si bien la decisión no le fue favorable al señor Severo
Acosta, se dio cumplimiento a la orden de tutela, razón por la cual lo que pretende el
accionante en el presente trámite es el reconocimiento de una indemnización que, a
juicio de la Subsección, se insiste, no es procedente.

27. El Ministerio del Interior6 (tercero con interés) alegó la falta de legitimación en la

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Índice 5 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
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causa por pasiva, debido a que no existe ningún nexo causal entre la presunta
vulneración y el actuar de la entidad, por el contrario, la demanda de tutela se dirige,
exclusivamente, contra una providencia judicial del Consejo de Estado. Razón por la
cual solicitó su desvinculación del presente trámite.

F. Fallo impugnado

28. Mediante sentencia del 5 de febrero de 20267 la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de
relevancia constitucional y negó la solicitud de desvinculación presentada por el
Ministerio del Interior.

29. La Sala advirtió que, si bien el accionante alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales, no demostró que la sentencia cuestionada haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, por el contrario, el fundamento de la demanda de tutela se sustenta
en que la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada fue desfavorable a sus
intereses.

30. Indicó que la discusión que propuso el accionante ya fue debidamente analizada
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo cual insistió
en que el mecanismo constitucional no puede utilizarse como una instancia adicional
para reabrir debates probatorios o de mera legalidad. En el caso, no se comprobó una
arbitrariedad judicial que habilitara la intervención del juez de tutela.

G. Impugnación

31. Mediante escritos allegados el 178 y 189 de febrero de 2026, el accionante, mediante
apoderada judicial, impugnó la sentencia del 5 de febrero de 2026 y solicitó que (i) se
estudiara de fondo la demanda de tutela, debido a que se encontraban plenamente
superados los requisitos generales y específicos de procedencia y (ii) se dejara sin
efectos la sentencia cuestionada y, en caso de que el juez de tutela considere que
existen razones para no aplicar el precedente de cierre, se ordene a la autoridad judicial
accionada a cumplir con la carga argumentativa requerida para apartarse de la regla
jurisprudencial.

32. El accionante insiste en que se configuró un defecto por desconocimiento del
precedente constitucional y que tal cargo resulta de relevancia constitucional, por cuanto
transgrede el principio de seguridad jurídica y la confianza legítima del ciudadano frente
a la administración de justicia, ya que debilita la coherencia del sistema.

33. Reiteró que la demanda de tutela sí satisface el requisito de relevancia
constitucional, debido a que no se cuestiona la valoración probatoria ni es un asunto de
mera legalidad, pues lo que se cuestiona es la ausencia de motivación frente al
precedente judicial, ya que vulnera el derecho a la igualdad, pues el accionante recibió
un trato distinto respecto a una situación análoga que ya fue resuelta por la Corte
Constitucional.

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34. Pese a que la solicitud de amparo no trata de obtener un beneficio patrimonial
inmediato, sí busca que la parte accionante obtenga una decisión judicial debidamente
motivada, que le permita comprender las razones por las cuales no se aplicó la regla
vinculante a su caso. Así, el defecto alegado no se subsume al sentido de la decisión,
sino a una fractura respecto el diálogo constitucional, pues no es admisible que una
persona que tuvo una situación idéntica que ya fue resuelta por la Corte Constitucional
en sede de unificación, reciba una respuesta distinta sin que medie justificación expresa.

35. En ese sentido, enfatizó que la demanda interpuesta no se limita a un mero examen
formal, sino que se orienta a reinstaurar la coherencia constitucional, la igualdad ante la
ley, la jurisprudencia vinculante, garantizando que la decisión judicial se profiera en
concordancia con el diálogo constitucional establecido y la protección reforzada del
accionante al ser una persona de la tercera edad.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

36. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver, en segunda instancia, la demanda de acción de tutela interpuesta por el señor
Severo Acosta Tarazona contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).

I. Sentido de la decisión

37. La Sala confirmará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, debido a que el accionante presenta un asunto de
mera legalidad en el cual se persigue un fin meramente económico, mediante el cual se
pretende el pago de los emolumentos dejados de percibir por el accionante durante el
tiempo de su desvinculación. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta
providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia
de la demanda de tutela10.

J. El requisito de relevancia constitucional

38. La La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias

10
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).

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judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.11 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada12, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.

39. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.13

40. En la sentencia SU-215 de 202214, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;

(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;

(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y

(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una

11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
12
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
13
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P.
Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales

41. Para a Corte Constitucional15, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

42. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional” 16.

K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

43. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

44. En el asunto sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia proferida el 28 de
noviembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
porque, a su juicio, considera que incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento
del precedente judicial y violación directa de la Constitución. A continuación, la Sala
describirá las características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de
determinar el objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos
fundamentales.

45. El defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.

46. El desconocimiento del precedente ocurre cuando un juez se aparta de un
precedente judicial (vertical u horizontal) sin proporcionar una carga argumentativa
razonada que justifique las razones por las cuales se aparta de la regla jurisprudencial
previa.

47. La violación directa de la Constitución se estructura cuando la autoridad judicial
se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el artículo 4° de la
Constitución Política17. En ese orden, este defecto se puede configurar en los siguientes

15
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
16
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
17
Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08223-01
Accionante: Severo Acosta Tarazona
Se confirma la improcedencia de la demanda

supuestos: (i) la autoridad judicial deja de aplicar una norma constitucional que resulta
aplicable al caso concreto y (ii) la autoridad judicial aplica una norma legal al margen de
los postulados constitucionales.

L. El caso concreto

48. La Sala advierte que la demanda de tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional, debido a que la discusión que presenta el accionante ya fue resuelta con
suficiencia en el proceso ordinario y el fin que persigue la solicitud de amparo
corresponde a un objeto exclusivamente económico, el cual se refiere al reconocimiento
y pago de los emolumentos dejados de percibir durante el tiempo que fue desvinculado
de su cargo.

49. En efecto, la pretensión que persigue el accionante respecto el pago de los salarios
y las prestaciones dejadas de percibir durante el período cesante por la declaratoria de
insubsistencia fue objeto de discusión desde la primera demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que presentó ante la jurisdicción contencioso
administrativo.

50. Incluso, mediante la sentencia T-254 de 2006 la Corte Constitucional adelantó un
estudio respecto las pretensiones que expuso el demandante en tal demanda, dentro
de las cuales se encontraba la del pago de los emolumentos laborales dejados de
percibir y determinó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
omitió la aplicación de la jurisprudencia constitucional que dispone la necesidad de
motivación para sustentar la declaración de insubsistencia, en ese sentido resolvió,
entre otros:

SEGUNDO: REVOCAR las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, el 8 de septiembre de 2005, y el Consejo de Estado, Sección Quinta, el 21 de
octubre de 2005 y, en su lugar, CONCEDER la tutela al debido proceso al señor Severo
Acosta Tarazona.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, del 17 de febrero de 2005, Consejero Ponente Alberto Arango Mantilla.

CUARTO: ORDENAR Consejo de Estado, en el término de un (1) mes, contado a partir de
la notificación de la presente sentencia, proferir una nueva decisión sobre la demanda
presentada por el señor Severo Acosta Tarazona, teniendo en cuenta los parámetros
señalados en la parte considerativa de esta Sentencia.18 [Negrillas del texto citado]

51. Pese a que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
auto del 13 de julio de 2006 se abstuvo a dar cumplimiento a la orden dispuesta por la
Corte Constitucional y reiteró los argumentos expuestos en la providencia del 17 de
febrero de 2006, por medio de auto núm. 235 del 18 de septiembre de 2008 la Corte
Constitucional dejó sin efectos el auto del 13 de julio de 2006 y ordenó al Ministerio del
Interior a motivar la desvinculación del accionante, y en caso de no hacerlo, dispuso el
reintegro inmediato del señor Acosta Tarazona.

52. Así, mediante resolución núm. 2894 del 14 de septiembre de 2009 y en virtud de la

18
Corte Constitucional. Sentencia T-254 del 30 de marzo de 2026. Radicado núm. T-1248369

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08223-01
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Se confirma la improcedencia de la demanda

sentencia T-254 de 2006, el Ministerio del Interior y de Justicia reintegró al cargo de
asesor al señor Acosta Tarazona y remitió copia a la Corte Constitucional para que se
verificara el cumplimiento de las órdenes otorgadas.

53. De todas formas, el señor Severo Acosta presentó ante el Ministerio del Interior y
de Justicia una solicitud con el fin de que se pagaran los salarios y las prestaciones
sociales causadas desde el 3 de enero de 2000 hasta el 20 de septiembre de 2009, sin
embargo, mediante oficio OF109-25006-DIJ-0420 del 28 de julio de 2009, la entidad
negó esa petición, en los siguientes términos:

Así mismo, obra dentro de la actuación constitucional el Auto No. 333 del 20 de noviembre
de 2008, en virtud del cual frente a la solicitud de aclaración por parte de su poderdante en
torno al Auto No. 235 de 2008, por cuanto "no ordena ni precisa en forma expresa y
concurrente el reintegro por restablecimiento: la no solución de continuidad en la relación
laboral entre el retiro y el reintegro, ni ordenar el Pago Indexado de los Salarios y
Prestaciones dejados de percibir", la H. Corte puntualiza de manera categórica que
"examinada la petición presentada por el señor Severo Acosta Tarazona, se observa que
ésta no versa sobre "frases o conceptos que se encuentren contenidos en la parte resolutiva
de la sentencia o que, incluidos en la parte motiva, influyan para el entendimiento pleno y
el cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión (...), y por lo tanto resulta improcedente
su solicitud".

En este sentido, la posición de la H. Corte guarda plena armonía con lo que manifestara en
la parte final del numeral 2.8 del Auto No. 235 del 18 de septiembre de 2008 en torno al
juez natural para conocer de situaciones de índole laboral administrativo, como la que aquí
se debate, al puntualizar: "...Por otra parte, en el caso de ser motivado, el señor Acosta
Tarazona podrá acudir nuevamente a la jurisdicción contenciosa dentro del plazo de cuatro
meses siguientes a la expedición del acto administrativo". En este orden, los efectos del
fallo cuyo cumplimiento se demanda se limitan en estricto sentido al reintegro del señor
Severo Acosta Tarazona, en los precisos términos ordenados y aclarados con amplia
suficiencia por parte de la H. Corte Constitucional mediante Auto No. 333 del 20 de
noviembre de 2008.

En mérito de lo anteriormente expuesto, me permito manifestarle que este Ministerio se
encuentra adelantando las gestiones administrativas tendientes a disponer el reintegro del
señor Severo Acosta Tarazona, de conformidad con los estrictos términos ordenados por
la H. Corte Constitucional.

54. El señor Severo Acosta presentó recurso de reposición, y en subsidio de apelación,
contra el oficio OF109-25006-DIJ-0420 del 28 de julio de 2009, empero, mediante oficio
núm. OF109-31598-DIJ-0420 del 28 de julio de 2009 la entidad señaló que el acto frente
al cual se presentaron los recursos se orienta, en estricto sentido, a señalar el
cumplimiento de la decisión proferida por la Corte Constitucional, por lo cual, tal oficio
no es un acto susceptible de ser controvertido, decisión que fue confirmada mediante el
oficio núm. OFI09-37992-GGC-0423 del 4 de noviembre de 2009.

55. Contra los referidos actos administrativos, el señor Severo Acosta presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho e
insistió en la pretensión respecto el reconocimiento y pago de los emolumentos
laborales que no recibió, sin embargo, por medio de las providencias judiciales
proferidas el 29 de agosto de 2019 y 12 de junio de 2025 la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, respectivamente, determinaron que tal asunto ya había
sido objeto de debate en la primera demanda que presentó el accionante.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08223-01
Accionante: Severo Acosta Tarazona
Se confirma la improcedencia de la demanda

56. El demandante interpuso una demanda de tutela contra la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y alegó el desconocimiento y/o incumplimiento
de la sentencia T-254 de 2006 de la Corte Constitucional y la omisión persistente de la
sentencia de reemplazo y expuso las siguientes pretensiones:

1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, trabajo en condiciones dignas, seguridad social, mínimo vital y protección reforzada
a la tercera edad, consagrados en los artículos 1, 4, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 86, 229 y 241
No. 9 de la Constitución Política.

2. Dejar sin efectos la sentencia del 12 de junio de 2025 proferida por la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado, por haber incurrido en vía de hecho.

3. Ordenar al Consejo de Estado proferir la sentencia de reemplazo, en cumplimiento de lo
ordenado en la Sentencia T-254 de 2006, en un término razonable, con sujeción estricta a
los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional.

4. Disponer las demás medidas necesarias para restablecer integralmente los derechos del
accionante, incluida la evaluación sustancial del restablecimiento del derecho laboral y
prestacional dejado de reconocer como consecuencia del incumplimiento judicial de la
sentencia de tutela.

57. A su vez, en el trámite constitucional el accionante alegó el mismo defecto por
desconocimiento del precedente que manifiesta en la presente solicitud de amparo, en
particular, señaló:

La providencia impugnada incurre en un grave desconocimiento del precedente
constitucional obligatorio, al apartarse injustificadamente de la doctrina reiterada de la Corte
Constitucional sobre los efectos vinculantes de las sentencias de tutela, la cosa juzgada
constitucional y el deber de cumplimiento de las órdenes impartidas por el juez
constitucional.

En reiteradas sentencias, entre ellas la SU-917 de 2010, SU-556 de 2014 y SU-215 de
2022, la Corte ha enfatizado que las decisiones de tutela proferidas por sus salas de revisión
son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades, judiciales o administrativas, y
que la inobservancia de sus efectos constituye no solo un desconocimiento del precedente,
sino una violación al principio de supremacía constitucional (artículos 4 y 241 C.P.).

58. En sede de tutela, mediante sentencia del 11 de agosto de 2025, la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que la cosa juzgada debía
interpretarse de forma restrictiva, so pena de cerrar la vía judicial ante una vulneración
que aún no se encontraba resuelta, razón por la cual se abría la posibilidad de cuestionar
la legalidad de tales actos a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, sin que se observara similitud con el proceso anterior, razón por la cual
concedió el amparo y ordenó a la autoridad judicial accionada a que profiriera una
providencia de reemplazo en la que se considerara la inexistencia de la cosa juzgada
en el proceso núm. 2010-00152-03. Además, frente al defecto por desconocimiento del
precedente concluyó:

Desconocimiento del precedente: las providencias que se reputan desconocidas,
sentencias SU. 917 de 2010 y SU 556 de 2014, no se centran en el objeto de estudio de
esta acción constitucional, ni fueron invocadas ante los jueces ordinarios, por lo que esta

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etapa judicial no es la adecuada para subsanar dicha omisión.

59. En virtud de la orden impuesta en el trámite constitucional, el 28 de noviembre de
2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó,
nuevamente, la pretensión del demandante frente a si le asistía o no el derecho al
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir entre
el 3 de enero de 2000 (fecha de retiro) y el 20 de septiembre de 2009 (fecha de
reintegro).

60. En ese sentido, la autoridad judicial accionada determinó que el derecho que
reclama el accionante carece de sustento, debido a que la sentencia T-254 de 2006 no
reconoció el pago de los emolumentos reclamados. En particular, adujo:

En conclusión, no es cierto que la fuente del reconocimiento reclamado sea la
sentencia de tutela mencionada y, además, ni en el concepto de violación ni en el
recurso de alzada, se advierte norma jurídica alguna que, habiéndose acusado
como violada, sirva de fuente para acceder al reconocimiento del derecho del actor
a ser indemnizado con el pago de salarios y prestaciones sociales que reclama,
atendiendo las circunstancias particulares del caso.

Analizado lo anterior, se advierte que el apelante en el recurso de alzada sostiene
que existió una presunta violación al debido proceso administrativo en cuanto se le
negó la posibilidad de controvertir el acto acusado bajo el argumento de la
improcedencia de los recursos de reposición, apelación y queja y que se da una
vulneración a su derecho de tutela judicial efectiva, al negarse cumplir una orden
proferida por la Corte Constitucional.

La Sala considera que no se configura la alegada vulneración, toda vez que, frente
a la reclamación presentada, el actor obtuvo una respuesta de fondo, aunque
desfavorable, en la que se le indicó de manera expresa que la Corte Constitucional
nunca ordenó el reconocimiento y el pago de los salarios y prestaciones dejados de
percibir. Contra dicha decisión, el demandante interpuso recurso de reposición el
que fue resuelto mediante Oficio OFI09 31598 DIJ 0420 de 16 de septiembre de
2009 y en todo caso se le explicó que ante la primera decisión no procedían
recursos.

61. Así las cosas, la Sala evidencia que la discusión que presenta el accionante
corresponde a un asunto de mera legalidad en el cual se pretende reabrir una discusión
que ya fue debidamente analizada y agotada en el proceso ordinario, en el trámite
constitucional y en la reclamación administrativa que presentó ante el Ministerio del
Interior y de Justicia, razón por la cual el debate se limita al desacuerdo que presenta el
accionante frente a la interpretación y decisión que adoptó el a quo frente al
reconocimiento y pago de los salarios y las prestaciones dejados de percibir por el señor
Acosta Tarazona.

62. Pese a que el accionante insistió en el desconocimiento del precedente
constitucional, particularmente, frente a las sentencias SU-917 de 2010 y SU-556 de
2014, cabe resaltar que si bien las providencias, en la parte motiva, señalan los efectos
de la nulidad de los actos de retiro frente a un funcionario vinculado en provisionalidad

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08223-01
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sin motivación, también se indicó:

Posteriormente, frente al mismo supuesto de hecho, la decisión estuvo enfocada a
ordenarle a la autoridad respectiva la motivación del acto de desvinculación, con el
doble propósito de garantizar, por un lado, al servidor público su debido proceso y
la posibilidad de demandar el acto ante la jurisdicción contenciosa, previo
conocimiento de las causas de la desvinculación, y, por otro, que la desvinculación
solo se produjese en razón a la existencia de causas objetivas. De acuerdo con ello,
en los distintos casos, la Corte dispuso que sólo habría lugar al reintegro del servidor
público cuando la autoridad demandada no procediera a motivar el respectivo acto
de desvinculación.

63. Razón por la cual, se advierte que la decisión que adoptó la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado estuvo sustentada en concordancia con las
resultas del trámite de tutela núm. 2025-04284-00, la sentencia T-254 de 2006 de la
Corte Constitucional y la jurisprudencia constitucional aplicable al caso concreto.

64. Así, si bien el accionante se refirió a la configuración de los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución como requisito de
procedibilidad de la demanda de tutela contra providencias judiciales, tales argumentos
no son suficientes para superar el requisito de relevancia constitucional, pues no se
demuestra de qué manera la discusión propuesta afecta las garantías iusfundamentales
del accionante, por el contrario, se limita a un asunto económico en el cual, más que la
protección de los derechos fundamentales, se persigue el reconocimiento y pago de los
emolumentos que se dejaron de percibir con ocasión de la declaración de insubsistencia
del cargo, asunto que, se reitera, ya fue resuelto en el proceso ordinario y excede la
órbita constitucional.

65. Considera la Sala que no se advirtió que la decisión del 28 de noviembre de 2025
se haya adoptado a partir de un criterio arbitrario o caprichoso, por lo cual no se justifica
la intervención de fondo por parte del juez de tutela.

66. De tal modo, la Sala confirmara la improcedencia de la demanda de tutela, toda vez
que la solicitud de amparo que presentó el accionante corresponde a un asunto de mera
legalidad, persigue un fin económico y se refiere a un asunto que ya fue analizado y
resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 5 de febrero de
2026, por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante la cual se declaró la
improcedencia de la demanda de tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08223-01
Accionante: Severo Acosta Tarazona
Se confirma la improcedencia de la demanda

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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