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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00483-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00483-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves. SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 23 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 23001-23-33-000-2014-00483-01 (5573-2023) Demandante: Luz Neira Monsalve Ávila TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la señora Luz Neira Monsalve Ávila, a favor de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2014-00483-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil ventaseis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 23001-23-33-000-2014-00483-01 (5573-2023)
Demandante: Luz Neira Monsalve Ávila
Demandado: Nación – Rama Judicial

Tema: Salario y prestaciones sociales. Terminación de la
provisionalidad por nombramiento en propiedad de quien superó el
concurso de méritos. Vinculación por orden de tutela por razones
de salud.

Decisión: Confirmar la sentencia de primer grado.

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de primera instancia del 23 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El 20 de agosto de 2014, la señora Luz Neira Monsalve Ávila por conducto
de apoderado judicial, presentó demanda 1 en contra de la Nación – Rama Judicial,
con el fin de obtener la nulidad de la Resolución No. 1490 de 21 de agosto de 2013 2
y el acto administrativo ficto negativo producto de la no resolución de un recurso de
apelación, por medio de los cuales se negó el pago de los salarios y prestaciones
dejados de devengar entre el 29 de mayo de 2010 y el 3 de diciembre de 2012.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago
de los mencionados emolumentos laborales3.

1
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2
«Por la cual se resuelve un derecho de petición interpuesto por Luz Neira Monsalve Ávila el día 26
de julio de 2013».
3

Concepto Monto reclamado
Salarios $ 62.763.177 COP
Cesantías, intereses a las cesantías y primas de servicios $ 13.110.775 COP
Vacaciones $ 3.092.164 COP
Bonificación por servicios prestados, prima de productividad y prima de
$ 8.864.203 COP
vacaciones

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Radicación: 23001-23-33-000-2014-00483-01 (5573-2023)
Demandante: Luz Neira Monsalve Ávila

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, manifestó que ingresó a
laborar en la Rama Judicial el 3 de abril de 1997 en el cargo de citadora.
Posteriormente, ocupó los cargos de escribiente, oficial mayor y secretaria del
Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Montelíbano.

4. El 30 de agosto de 2006, le fue diagnosticado cáncer de cuello uterino y,
para atender su tratamiento, debió retirarse del servicio hasta marzo de 2007.

5. El 28 de mayo de 2010, se le desvinculó del cargo de secretaria con ocasión
de la designación en propiedad de la persona que superó el respectivo concurso de
mérito.

6. Frente a dicha situación, presentó una acción de tutela contra la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba 4. En primera
instancia, el Juzgado 1 Laboral de Circuito de Monteria, mediante sentencia de 7 de
septiembre de 2010, amparó sus derechos a la vida, seguridad social, mínimo vital,
trabajo, igualdad y dignidad humana y, en consecuencia, ordenó su reintegro al
cargo de secretaria.

7. Contra esta decisión, la parte accionada presentó impugnación y, por
sentencia de 12 de octubre de 2010, el Tribunal Superior de Montería revocó la
decisión de primer grado y negó el amparo.

8. En sede de revisión, la Corte Constitucional dictó la sentencia T-462 de
2011, en la que expresamente dispuso:

(i) Confirmar la decisión del Tribunal Superior de Montería;

(ii) Ordenar al Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Montelíbano vincular a la
señora Monsalve Ávila, en forma provisional 5, en el cargo de secretaria
de ese juzgado, siempre y cuando este se encontrara vacante y se
demostrara que al momento del nombramiento la continuidad en la
afectación a su salud como consecuencia del cáncer de cérvix que
padecía para la época de su desvinculación; y

(iii) En caso de no estar vacante el cargo, ordenar a la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba que iniciara las
actuaciones necesarias para vincular a la demandante al sistema de
seguridad social en salud, de tal suerte que se le permitiera acceder al
tratamiento integral que requiere para la recuperación de su estado de

4
Rad. 23001-31-05-001-2010-00288-00/01.
5
«Se precisa que de vincularse nuevamente a la señora Monsalve Ávila en las condiciones antes
anotadas, su permanencia en provisionalidad en sus labores estará supeditado a que el cargo que
llegue a ocupar sea provisto en propiedad mediante sistema de carrera o su desvinculación cumpla
los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional, contenidos, entre otras, en la sentencia
SU-917 de 2010, o al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez o de jubilación, según el
caso».

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Demandante: Luz Neira Monsalve Ávila

salud, hasta tanto ella pudiera acceder al reconocimiento y pago de una
pensión de invalidez o jubilación, según fuera el caso.

9. Mediante Resolución No. 014 de 30 de noviembre de 2012 6, se nombró a
la señora Monsalve Ávila en el cargo de secretaria en provisionalidad en el Juzgado
1 Promiscuo Municipal de Montelíbano, del cual tomó posesión el 3 de diciembre
del mismo año.

10. El 26 de julio de 2013, presentó una reclamación administrativa para que le
fueran reconocidos y pagados las acreencias laborales dejadas de percibir durante
su desvinculación.

11. A través de Resolución No. 1490 de 21 de agosto de 2013, la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Montería negó la solicitud anterior. Contra
esa decisión se presentó recurso de apelación el 20 de noviembre de 2013, sin
embargo, no se obtuvo respuesta del mismo.

12. Como fundamento de la vulneración7, señaló que de conformidad con el
artículo 53 de la Constitución Política, los trabajadores no pueden renunciar a sus
beneficios mínimos laborales entre los que se encuentran el salario y las
prestaciones sociales. En ese sentido, la declaratoria de insubsistencia sin
consideración del estado de salud de la demandante, aparejado de la omisión por
parte de la demandada a reconocer y pagar aquello, configuró un daño antijurídico
susceptible de reparación. Más si se tiene en cuenta que la vulneración de derechos
fue reconocida por la Corte Constitucional y ello dio lugar a la orden de reintegro
inmediato.

Contestación de la demanda

13. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
tras hacer algunas consideraciones sobre el alcance constitucional y legal del
sistema de carrera judicial, adujo que la desvinculación de la demandante se dio
como consecuencia de la provisión del cargo a través del sistema de concurso y, en
todo caso, el nombramiento en provisionalidad de aquella no le otorgaba la
estabilidad propia de los derechos de carrera.

14. En ese orden, sostuvo que dicha desvinculación se dio por una justa causa
objetiva y constitucionalmente justificada. Agregó que la señora Monsalve Ávila no
demostró que declaratoria de insubsistencia le hubiese producido un daño
antijurídico o menoscabo subjetivo susceptible de ser reparado.

15. Alegó que, de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional como
medida afirmativa, no se desprendía el reconocimiento y pago de las acreencias
reclamadas.

6
«Por medio de la cual se hace un nombramiento en provisionalidad».
7
Como normas violadas se invocaron los artículos 2, 4, 11, 25, 53 y 90 de la Constitución Política;
27 del Código Sustantivo del Trabajo; «Convenio de la OIT».

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Demandante: Luz Neira Monsalve Ávila

16. Señaló que el recurso de apelación contra la Resolución No. 1490 de 21 de
agosto de 2013 fue resuelto a través de la resolución No. 5616 de 29 de diciembre
de 20148.

17. Invocó como excepción la de «inexistencia en la producción del daño», pues
la demandante no probó de manera suficiente la existencia de los presupuestos de
la responsabilidad patrimonial del Estado.

Sentencia apelada

18. Mediante sentencia de 23 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Córdoba negó las pretensiones de la demanda.

19. Una vez revisadas las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la
sentencia T-462 de 2011, advirtió que dicha autoridad judicial no dispuso pago
salarial o prestacional alguno para el periodo comprendido entre el 29 de mayo de
2010 y el 3 de diciembre de 2012, pues incluso se calificó como razonable la
desvinculación de la hoy demandante y no respondió al uso abusivo o arbitrario de
facultades legales para discriminarla por su condición de salud.

20. Indicó que la orden de vinculación de la señora Monsalve Ávila se dio como
medida afirmativa supeditada a que el cargo de secretaria se encontrara vacante,
pues, en caso de no estarlo, el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
debía afiliarla al sistema de seguridad social en salud hasta tanto se le reconociera
y pagara una pensión de invalidez o de jubilación. No obstante, de ella, entiéndase
la medida, no derivó una obligación de pago sobre el periodo de desvinculación.

21. Agregó que, en todo caso, durante dicho tiempo, la demandante ocupó
varios cargos en la Rama Judicial, razón por la cual, en gracia de discusión, no
podría llegar a devengar 2 asignaciones del tesoro.

22. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas, tras considerar que la
demanda no fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal.

Recurso de apelación

23. La señora Monsalve Ávila sostuvo que la Nación – Rama Judicial le
ocasionó un daño antijurídico, ya que, al haberla declarado insubsistente, aun en
acatamiento de las normas de carrera, debió prever y tomar en consideración el
estado de salud para adoptar las medidas afirmativas y así evitar la lesión de sus
garantías constitucionales.

24. Expuso que la Corte Constitucional ordenó el reintegro para protegerla ante
su desvinculación, pues la orden de garantizar la estabilidad en la afiliación al

8
«Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación».

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Demandante: Luz Neira Monsalve Ávila

sistema de seguridad social en salud se presentó como sucedánea y no principal.
Por lo tanto, resultaban procedentes los pagos salariales y prestacionales dejados
de percibir.

25. Señaló que el tribunal desconoció la máxima de irrenunciabilidad de los
beneficios mínimos establecidos en la ley laboral de que trata el artículo 53 de la
Constitución Política.

26. Para soportar su tesis, citó las sentencias T-1117 de 2005 y T-656 de 2011
de la Corte Constitucional e indicó que en ellas se ordenó el restablecimiento de la
relación laboral, esto es, el pago de todos los salarios y prestaciones que los
servidores públicos dejaron de percibir durante su desvinculación, como si la misma
no hubiere ocurrido.

27. Argumentó que no podía exigirse la carga de comunicar al empleador que
desempeñó otros cargos, pues estos fueron en la misma Rama Judicial.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

28. Mediante auto de 11 de diciembre de 2023, se admitió el recurso de
apelación.

29. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
luego de hacer un recuento de la demanda y la sentencia de primera instancia, adujo
que la señora Monsalve Ávila se vinculó a la Rama Judicial el 3 de abril de 1997 y,
a partir del 1 de mayo de 2002, ostentó en provisionalidad el cargo de secretaria del
Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Montelíbano hasta el 15 de junio de 2010 y no
el 28 de mayo de 2010, como lo afirmó la demandante.

30. Aclaró que el nombramiento en provisionalidad no le otorga al funcionario
derechos de carrera respecto el cargo que ocupa. El empleado goza de estabilidad
relativa y ello se manifiesta en que su desvinculación debe tener una motivación
acorde a los postulados del Estado social de derecho.

31. Explicó que la razón que motivó la declaratoria de insubsistencia de la
demandante fue una justa causa, pues se trató del nombramiento en propiedad de
quien había superado el concurso de méritos.

32. Alegó que no le asiste razón a la señora Monsalve Ávila en reclamar el pago
de salarios y prestaciones, ya que, de la orden del juez de tutela, ello no se
desprende.

33. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa.

III. CONSIDERACIONES

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Demandante: Luz Neira Monsalve Ávila

Cuestión previa: de la manifestación de impedimento del consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves

34. El consejero Luis Eduardo Mesa Nieves manifestó su impedimento para
conocer del asunto, con fundamento en la causal prevista en el numeral 2 del
artículo 141 de la Ley 1564 de 2012, por cuanto suscribió la sentencia objeto del
recurso de apelación.

35. En ese orden de ideas, la Sala Mayoritaria de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado estima se cumplió el supuesto de hecho de la
norma y, en consecuencia, declarará fundado el impedimento. Debe precisarse que,
en tanto no se ve afectado el cuórum decisorio de la Sala, no es necesario hacer
sorteo de conjueces.

Competencia

36. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.

Problema jurídico

37. Corresponde a la Sala determinar si, dadas las órdenes impartidas en la
sentencia T-462 de 2011 de la Corte Constitucional, la señora Luz Neira Monsalve
Ávila tiene derecho al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales
dejadas de percibir durante su desvinculación del cargo de secretaria del Juzgado
1 Promiscuo Municipal de Montelíbano.

Análisis del problema jurídico

38. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 23 de junio de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por las razones que pasan a
explicarse.

39. Sea lo primero indicar que la señora Luz Neira Monsalve Ávila no cuestionó
en este proceso la legalidad del acto de desvinculación ni la falla en el servicio por
la presunta omisión de la Administración en considerar su estado de salud a la hora
de dar por terminado su nombramiento en provisionalidad. Lo que aquí se enjuició
fueron los actos por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago del
retroactivo salarial y prestacional al que alega tener derecho la demandante, con
ocasión de su vinculación al cargo por orden de tutela.

40. En ese sentido, cobra especial relevancia analizar el alcance de las órdenes
impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-462 de 2011. En dicha

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Demandante: Luz Neira Monsalve Ávila

providencia, la Corte, tras encontrar procedente la acción de tutela, consideró que
la desvinculación de la demandante del cargo de secretaria en provisionalidad del
Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Montelíbano, dado el nombramiento en
propiedad de quien superó el concurso de méritos, había sido razonable y no
representaba un ejercicio ilegítimo, abusivo o desproporcionado de las facultades
legales del nominador, frente a la enfermedad padecida por la señora Monsalve
Ávila. Por tal razón, confirmó la decisión de tutela de segunda instancia de negar el
amparo deprecado.

41. Sin embargo, en aras de salvaguardar las garantías constitucionales de la
demandante y en atención a las subreglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia
SU-446 de 2011 de la misma corporación, ordenó, como medida afirmativa, su
vinculación, igualmente provisional, al cargo de secretaria del juzgado o a uno de
igual o superior jerarquía, mientras el mismo estuviera vacante y se acreditara la
continuidad en la afectación a su salud. Agregó que la permanencia en este estaría
supeditada a que el mismo no fuera provisto en propiedad o se configuraran los
presupuestos jurisprudenciales para dar por terminado el nombramiento en
provisionalidad.

42. En el evento en el que no estuviera vacante el cargo, estableció que debían
iniciarse las gestiones administrativas necesarias para garantizar la afiliación al
sistema de seguridad social en salud, de tal suerte que se le permita acceder al
tratamiento integral que requiere, hasta que pueda acceder a una pensión de
invalidez o jubilación, según fuera el caso.

43. De lo anterior, se evidencia que de las órdenes impartidas por la Corte
Constitucional no se deriva obligación para la hoy demandada de reconocer y pagar
los emolumentos laborales que se habrían causado durante la desvinculación de la
señora Monsalve Ávila. Dicha corporación no hizo referencia a un reintegro sin
solución de continuidad, sino que indicó expresamente que, a título de medida
afirmativa y en virtud de los principios de igualdad y solidaridad social, debía
vincularse a la demandante en provisionalidad en un cargo igual o superior 9.

44. En otras palabras, las órdenes de tutela expresamente se refieren a una
vinculación en provisionalidad de la cual no se deriva de forma automática el pago
de lo reclamado por la demandante, pues la medida afirmativa tuvo un efecto

9
En un asunto similar al de la referencia, la Sala sostuvo: «54. Considera la Sala que el derecho que
reclama el actor no está amparado en una norma jurídica como tal, puesto que lo fundamenta en la
sentencia T-254 de 2006, en la que la Corte Constitucional, en ninguno de sus apartes le reconoció
el pago de los salarios y prestaciones sociales reclamados. […] 59. De lo anterior se desprende que
en aquel momento la Corte optó por no emitir orden alguna sobre la solicitud de pago de salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir entre el 03 de enero de 2000 ―fecha de retiro― y el 20
de septiembre de 2009 ―fecha de reintegro―. // 60. En conclusión, no es cierto que la fuente del
reconocimiento reclamado sea la sentencia de tutela mencionada y, además, ni en el concepto de
violación ni en el recurso de alzada, se advierte norma jurídica alguna que, habiéndose acusado
como violada, sirva de fuente para acceder al reconocimiento del derecho del actor a ser
indemnizado con el pago de salarios y prestaciones sociales que reclama, atendiendo las
circunstancias particulares del caso.» Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia de 28 de noviembre de 2025, Rad. 25000-23-25-000-2010-00152-03 (2889-2020).

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prospectivo de la protección de derechos fundamentales, pero no retroactivo de
carácter pecuniario y, por ende, no podría concluirse que hay un derecho automático
al pago de los salarios y prestaciones sociales que presuntamente se causaron.

45. Sobre esta base, puede afirmarse entonces que la Administración, a través
del Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Montelíbano, dio cumplimiento a lo ordenado
por el juez de tutela, pues mediante Resolución No. 014 de 30 de noviembre de
2012 procedió a nombrar a la señora Luz Neira Monsalve Ávila como secretaria en
provisionalidad de dicho despacho.

46. En ese sentido, el reparo sobre el alcance meramente sucedáneo del pago
de seguridad social en salud no desvirtúa el hecho de que la obligación impuesta
por vía judicial a la Administración fue satisfecha, como se indicó, con la vinculación
en provisionalidad hecha a la demandante a través de la Resolución No. 014 de 30
de noviembre de 2012.

47. Aunado a lo anterior, la Sala estima que, pese a que los reparos planteados
en la demanda y reiterados en el recurso de apelación contra los actos
administrativos enjuiciados giran en torno al presunto daño que sufrió por la falta de
consideración de su estado de salud a la hora de su desvinculación, en todo caso
la señora Monsalve Ávila no probó con suficiencia dicho daño ni los perjuicios que
de él presuntamente se derivaron. La mera enunciación de la existencia del daño
no permite al juez de lo contencioso administrativo tenerlo por probado, ni releva a
la parte demandante de cumplir con su respectiva carga procesal.

48. No se comparte el argumento relativo al desconocimiento del artículo 53 de
la Constitución Política, toda vez que la irrenunciabilidad de garantías laborales
mínimas, para el presente caso, no es fuente de acreencias salariales y
prestacionales sobre periodos en los que no existió vínculo laboral, dada una
desvinculación cuya legalidad no se cuestionó y mucho menos se desvirtuó, ni hubo
orden judicial que dispusiera su pago retroactivo.

49. En lo que respecta al presunto desconocimiento del precedente contenido
en las sentencias T-1117 de 2005 y T-656 de 2011 de la Corte Constitucional y,
consecuencialmente, la vulneración al principio de igualdad por parte del Tribunal
Administrativo de Córdoba debe señalarse que, a partir de los hechos materiales de
cada caso10 y las pruebas que en ellos fueron arrimadas, se ordenó expresamente
el pago de salarios y prestaciones, lo cual no ocurrió en el asunto de la referencia.
Es decir, no existe identidad fáctica y jurídica que hiciere aplicable las reglas
definidas en dichas providencias.

10
La sentencia T-1117 de 2005 se refiere a un caso de una madre cabeza de familia que fue
desvinculada de un cargo en provisionalidad, en donde la acción de tutela fungió como mecanismo
transitorio. Por su parte, la sentencia T-656 de 2011 resolvió una acción de tutela contra providencia
judicial sobre desconocimiento del precedente en un caso relacionado en la terminación de la
provisionalidad de un empleado de la Fiscalía General de la Nación y el deber de motivación de los
actos administrativos.

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50. Finalmente, frente a la carga de informar sobre el desempeño de otros
cargos en la Rama Judicial durante el periodo de desvinculación, es preciso aclarar
que esta no resulta desproporcionada si se tiene en cuenta que ello no se exigía
respecto de la Administración sino frente al juez de lo contencioso administrativo y,
ante un eventual restablecimiento del derecho, ello hubiera resultado relevante para
desatar la litis.

Condena en costas

51. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos.

53. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirán conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

54. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero
de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 23 de junio de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 23001-23-33-000-2014-00483-01 (5573-2023)
Demandante: Luz Neira Monsalve Ávila

TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la señora Luz Neira
Monsalve Ávila, a favor de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por
el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Impedido

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia

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