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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04521-00

Fecha
9 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04521-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Declárase improcedente el amparo invocado por la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04521-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

9 de septiembre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, nueve (9) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-04521-00
Demandante: EILEN MARGARITA CHICUÉ TORO Y OTROS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: NIVELACIÓN PLANTAS DE PERSONAL. CREACIÓN
DE CARGO DE SUSTANCIADOR EN UN JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.
SOBRECARGA LABORAL. LA ACCIÓN DE TUTELA
ES IMPROCEDENTE POR EL INCUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: los demandantes estimaron vulnerados sus derechos fundamentales
como consecuencia de la desigualdad en la planta de servidores judiciales de los juzgados
penales municipales con función de conocimiento de Villavicencio con relación a los demás
despachos judiciales del país, por lo cual, a su juicio, es procedente que se ordene a las
demandadas tomar las medidas pertinentes para trasladar o crear el cargo de oficial mayor
o sustanciador en el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Villavicencio.

La Sala procede a resolver el proceso de acción de tutela presentado por los
señores Eilen Margarita Chicué Toro, Daian Vanessa Rodríguez Moreno y Juan
Camilo García Silva en contra del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial para la protección de sus derechos
fundamentales del trabajo en condiciones dignas, vida e igualdad consagrados en
los artículos 25, 12 y 13 de la Carta Política.

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Demandante: Eilen Margarita Chicué Toro y otros
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda y fundamento de la vulneración

Como fundamento fáctico de la acción1 la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Mediante el Acuerdo PSAA16-10617 del 6 de diciembre de 2016 el Juzgado
Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías
de Villavicencio se transformó en el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función
de Conocimiento de Villavicencio.

2) A pesar de que por medio del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptó la planta de
personal de los juzgados penales municipales y dispuso que estarían conformados
por un juez, un cargo de secretario y dos cargos de sustanciadores, en el Juzgado
Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Villavicencio solo se
cuenta con un cargo de sustanciador.

3) El 19 de enero de 2022 el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta remitió al
presidente del Consejo Superior de la Judicatura el proyecto de reordenamiento
judicial 2022 del Distrito Judicial de Villavicencio, en el cual se consignaron las
necesidades de creación de cargos, traslados y transformación de despachos
judiciales en forma permanente, entre otros.

4) A través del Acuerdo PCSJA22-11975 del 28 de julio de 2022 el Consejo Superior
de la Judicatura creó unos cargos permanentes en tribunales y juzgados en el
territorio nacional y trasladó unos despachos judiciales y cargos de empleados en

1 La acción de tutela fue presentada el 17 de agosto de 2022.

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la jurisdicción ordinaria; sin embargo, la planta de personal solo fue igualada en
Ibagué y Manizales, pero no en el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función
de Conocimiento de Villavicencio.

5) En la tutela se alegó la desigualdad en la planta de servidores judiciales de los
juzgados penales municipales con función de conocimiento de Villavicencio con
relación a los demás despachos judiciales del país, lo cual ha incidido de manera
grave en su salud e integridad física, pues en varias oportunidades han sido
incapacitados por estrés laboral, al punto de que algunos de ellos han atentado
contra su vida.

6) Indicaron que la sobrecarga laboral y la falta de personal ha impedido el disfrute
de sus vacaciones, las cuales se han negado por la necesidad del servicio y ante la
falta de recursos para los reemplazos.

7) No existe ninguna razón para que unos juzgados tengan la planta de personal
completa y otros no, lo cual repercute en los derechos al trabajo en condiciones
dignas y pone en riesgo el derecho al descanso, por lo que es procedente que se
ordene a las demandadas tomar las medidas pertinentes para trasladar o crear el
cargo de oficial mayor o sustanciador en el Juzgado Séptimo Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Villavicencio.

2. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“1. Se tutelen los derechos fundamentales de igualdad, a la vida en
condiciones dignas, a la salud integridad personal y al trabajo en
condiciones dignas y justas, de los suscritos servidores judiciales del

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Despacho Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Villavicencio Meta.

2. Se ordene a (sic) EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y A
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, se sirva
tomar las medidas pertinentes para trasladar o crear el cargo de OFICIAL
MAYOR O SUSTANCIADOR, que iguale la planta personal en el
JUZGADO SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONOCIMIENTO DE VILLAVICENCIO META, conforme a lo dispuesto
en el Acuerdo PSAA15-10402 y con el cual si cuentan los demás
despachos del país con mismas características y categoría; y disponer de
las apropiaciones presupuestales necesarias para el funcionamiento del
mencionado empleo.”. (archivo disponible en medio magnético a través
del aplicativo SAMAI – mayúsculas del original).

3. Actuación procesal

Mediante auto de 23 de agosto de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al director de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al presidente del Consejo Seccional
de la Judicatura del Meta y al director de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial Seccional de Villavicencio – Meta, con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

4. Actuación de las autoridades demandadas

El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que esa autoridad no es la
competente para tomar decisiones respecto a la creación o equiparación de los
cargos, pues cumple una labor netamente administrativa, lo cual sí le corresponde
al Consejo Superior de la Judicatura a través de la Unidad de Carrera Judicial o en
su defecto al Consejo Superior de la Judicatura Seccional de Villavicencio - Meta.

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La directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior
de la Judicatura sostuvo que la acción de tutela es improcedente por cuanto no es
el mecanismo previsto para solicitar la creación de cargos permanentes en la Rama
Judicial ni para invadir la órbita de las competencias que han sido asignadas al
Consejo Superior de la Judicatura por la Constitución Política y la Ley 270 de 1996,
máxime cuando la pretensión incoada implica una erogación y el Consejo Superior
de la Judicatura no puede establecerla con cargo al tesoro.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

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De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional al Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes referidos presuntamente vulnerados como consecuencia de la
desigualdad en la planta de servidores judiciales de los juzgados penales
municipales con función de conocimiento de Villavicencio con relación a los demás
despachos judiciales del país, pues solo cuentan con un cargo de sustanciador, por
lo cual, a su juicio, es procedente que se ordene a las demandadas tomar las
medidas pertinentes para trasladar o crear el cargo de oficial mayor o sustanciador
en el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Villavicencio.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela, por las razones que procederán a exponerse:

1) Frente a la posible afectación de los derechos a la igualdad y al trabajo alegados
por los demandantes en relación con la nivelación de las plantas de personal, la
Sala considera que la acción de tutela es improcedente para que se ordene a las
autoridades que administran la Rama Judicial la creación de cargos.

2) La Sala estima que la creación de las plantas de personal está mediada o
presidida por decisiones administrativas complejas que requieren un estudio
presupuestal y de planeación detallado, el cual no puede ser ordenado por el juez

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constitucional en el marco de un proceso de tutela, pues ello afectaría la libre
configuración de la política pública y la autonomía del Consejo Superior de la
Judicatura en su diseño, teniendo en cuenta que según los artículos 254, 255 y 256
de la Constitución Política le corresponde a dicha corporación la gestión de la Rama
Judicial con el fin de afianzar la autonomía administrativa de la función pública de
impartir justicia, para lo cual se le atribuyó funciones de división del territorio para
efectos judiciales, redistribución de los despachos, la competencia para la creación,
supresión y fusión de cargos, así como la potestad reglamentaria concerniente a
los trámites judiciales no previstos por el legislador y la iniciativa legislativa relativa
a la administración de justicia, entre otros.

3) Así pues, si bien el demandante alegó la vulneración del derecho a la igualdad
en relación con la nivelación de las plantas de personal, para la Sala resulta claro
que esta se predica respecto de derechos individuales y fundamentales y no sobre
políticas públicas.

4) Al respecto el Consejo Superior de la Judicatura en su escrito de contestación de
la acción señaló:

“Los juzgados penales municipales con función de conocimiento de
Villavicencio, en el periodo de enero a junio de 2022, presentan ingresos
efectivos de 561 asuntos, lo que corresponde a un promedio por despacho
de 140 asuntos, 23 en promedio mensual. Respecto a los egresos se
evacuaron 277 asuntos, promedio por despachos de 69 asuntos, es decir,
12 asuntos en promedio mensual y en su inventario final registran 2.273
asuntos, en promedio por despacho 568. Al comparar esta gestión con sus
homólogos a nivel nacional se evidencia que los ingresos son superiores
en un 23%, egresos inferiores en un 18% y un inventario final superior en
27%.

En relación con el trámite de acciones de tutela, se reportaron ingresos
efectivos de 585 acciones, que corresponden a 146 por despacho, 24 en
promedio mensual; egresos de 545 acciones, que corresponden a 136 por
despacho, 23 en promedio mensual y un inventario final de 35 acciones de
tutela al finalizar el periodo, que corresponden a 9 por despacho, lo cual
equivale a que la gestión de tutelas represente ingresos superiores en 43%,
mientras que sus inventarios finales son inferiores en 12%.

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Al revisar la gestión del Juzgado 007 Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Villavicencio, se observa que presenta ingresos efectivos
de 150 procesos, lo que corresponde a 25 en promedio mensual, un egreso
efectivo de 107 asuntos, que corresponde a 18 en promedio mensual y en
un inventario final de 438 procesos.

En el año 2022, debieron priorizarse aquellos despachos judiciales que
presentaban las necesidades más apremiantes y urgentes, sin que fuera
posible adoptar medidas para los juzgados penales municipales de
Villavicencio; sin embargo, en el anteproyecto de presupuesto para el año
2023, se incluyó la necesidad para fortalecer la especialidad penal en
Villavicencio, donde se contabilizaron tres juzgados penales municipales
con función de conocimiento, y la necesidad de crear un cargo de
sustanciador adicional para los Juzgados Tercero, Séptimo y Octavo Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Villavicencio, con lo cual se
aumentan sus plantas de personal, con el fin de mejorar la prestación del
servicio.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI).

5) De lo anterior, se colige que, a través de la acción de tutela no puede disponerse
la creación de cargos o nivelación de las plantas de personal de los juzgados
penales municipales con función de conocimiento de Villavicencio, pues ello
supondría una invasión de las competencias administrativas y generaría un gasto
no planeado en el respectivo presupuesto de la Rama Judicial.

6) Sobre el particular la Corte Constitucional ha señalado que “mediante la acción
de tutela no es posible sustituir al Gobierno Nacional en su gestión de formular y
aplicar la política fiscal del Estado, como tampoco resulta procedente, con el
propósito por demás loable de proteger los derechos fundamentales, cuestionar las
decisiones que con respecto a ésta facultad se tomen, porque de ser posibles la
sustitución y la disputa, tendríamos que concluir que el constituyente le confió al
juez constitucional, por vía de tutela, el poder omnímodo de decidir en todos los
asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado lo cual, además de
impertinente, contradice abiertamente la Constitución Política.2”.

2 Corte Constitucional, sentencia SU – 1052 de 2000.

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7) En ese orden, la pretensión de nivelación de plantas de personal de los
Juzgados penales municipales con función de conocimiento de Villavicencio será
declarada improcedente porque el juez de tutela no puede invadir las competencias
administrativas y generar un gasto no planeado en el respectivo presupuesto de la
Rama Judicial.

8) Por último, la Sala encuentra que no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio,
pues del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que los
demandantes se encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique
adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales, por cuanto, a pesar de que realizaron algunas
afirmaciones generales sobre la afectación al derecho a la salud, lo cierto es que
no se aportaron argumentos específicos que acreditaran los presupuestos del
perjuicio irremediable ni se aportaron pruebas que permitieran establecer su
configuración.

9) En el mismo sentido, se tiene que esta misma Subsección en sentencia del 6 de
junio de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-04628-01(AC) y la Sección
Primera de esta Corporación, en sentencia de 18 de marzo de 2021, radicación
11001-03-15-000-2021-00765-00(AC), se han pronunciado al respecto y declararon
improcedente la acción de tutela en unos casos con similares contornos fácticos al
de la referencia, por cuanto consideraron que la creación de nuevos cargos era una
función administrativa del resorte exclusivo del Consejo Superior de la Judicatura,
que escapaba de la órbita competencial del juez constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,

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administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA

1º) Declárase improcedente el amparo invocado por la parte demandante, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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