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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04681-00

Fecha
20 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04681-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la petición elevada el 1° de julio de 2022 ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por las razones expuestas. SEGUNDO: NEGAR el cargo referente a la vulneración al derecho fundamental al trabajo por otorgarle el señor José Luis Mena Martínez su tarjeta profesional con carácter provisional, de conformidad con la parte considerativa. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-04681-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

20 de octubre de 2022

Demandante: José Luis Mena Martínez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Registro Nacional
De Abogados y Auxiliares de la Justica
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04681-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04681-00
Demandante: JOSÉ LUIS MENA MARTÍNEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA

Temas: Tutela por violación al derecho fundamental de petición y al trabajo
– tarjeta profesional con carácter provisional – Ley 1905 de 2018

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor José Luis
Mena Martínez, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, al trabajo, mínimo vital, igualdad, derecho de petición, libertad de escoger
profesión u oficio y debido proceso administrativo”.

Lo anterior, por la dilación injustificada de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura en dar
respuesta a la petición que elevó el 1º de julio de 2022, mediante la cual solicitó que
se expidiera su tarjeta profesional de abogado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 29 de agosto de 2022 el señor José Luis Mena
Martínez, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales “ a la
dignidad humana, al trabajo, mínimo vital, igualdad, derecho de petición, libertad de escoger
profesión u oficio y debido proceso administrativo”.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Luis Mena Martínez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Registro Nacional
De Abogados y Auxiliares de la Justica
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04681-00

2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión
de la dilación injustificada de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura en dar respuesta a la
petición que elevó el 1º de julio de 2022, mediante la cual solicitó expedir su tarjeta
profesional de abogado. Agregó que, “Si bien es cierto que el congreso de la República
de Colombia mediante la ley 1905 del 28 de junio del año 2018, estipuló que aquellos
estudiantes que iniciaran la carrera de derecho después de promulgada la presente ley, les
correspondería presentar y aprobar para ejercer la profesión de abogado un examen de
Estado, en la actualidad el Honorable Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Registro
Nacional de abogados y auxiliares de la justicia, no se ha terminado de implementar las
fases para la presentación del examen de estado y solo hay una tentativa que el examen se
realizaría en el año 2024. Por lo que me resulta imposible cumplir el requisito exigido y, en
consecuencia, la vulneración a mis derechos fundamentales invocados en la presente
demanda de tutela.” (Sic para toda la cita).

3. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, como
consecuencia, pidió:

“Segunda. ORDENAR al accionado que, una vez notificado el fallo y en el
término de cuarenta y ocho (48) horas expedirme la tarjeta profesional de
abogado.

Tercera. Las demás medidas y ordenes que el Juez de tutela considere
conducentes, pertinente y útil en aras del amparo de mis derechos
fundamentales solicitados.”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor José Luis Mena Martínez solicitó vía correo electrónico el 1° de julio de
2022 ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, la inscripción y expedición de su tarjeta
profesional de abogado.

5. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia con todos
los documentos aportados, inscribió en el registro de abogados al accionante,
asignándole la tarjeta profesional N° 390.552 notificándole dicha decisión mediante
acta N° 18360 8 del septiembre de 2022, la cual le fue entregada al actor en la
ventanilla de las instalaciones de la unidad en Bogotá, “tal como lo acredita el acta de
entrega de fecha del 20 de septiembre de 2022 que se adjunta.” , a saber:

2

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Demandante: José Luis Mena Martínez
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6. Posteriormente, dicha unidad expidió la tarjeta profesional de abogado del actor,
pero con carácter provisional, con N.° 390.552, con fecha de expedición del 6 de
septiembre de 2022 y vigente hasta el 30 de abril de 2024, fecha en la cual la Unidad
prevé la publicación de los resultados de la primera prueba de dicho examen, como
se observa:

3

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Demandante: José Luis Mena Martínez
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1.3. Fundamentos de la vulneración

7. Adujo que a la fecha de interposición de la presente acción de tutela han
trascurrido más 31 días desde la fecha de recibido de la solicitud de la expedición de
su tarjeta profesional de abogado, sin obtener respuesta alguna. Agregó que, por el
contrario a sus compañeros graduados de la misma fecha de la Institución de
Educación Superior -Universitaria de Colombia que realizaron la misma solicitud en
fechas posteriores a la suya, ya se les entregó la tarjeta profesional de abogado.

8. Puso de presente que los requisitos expuestos en el Acuerdo PCSJA19- 11354 29
de julio de 2019 “Por el cual se aprueba el formato de la tarjeta profesional de abogado y se
dictan normas sobre el Registro Nacional de Abogados” en ningún aparte se encuentra
relacionado como requisito para la expedición de la tarjeta profesional, el certificado
en el que se constate la fecha de inicio de la carrera de derecho, “por lo cual, es
improcedente que actualmente estén requiriendo tal documento para dar trámite a la
solicitud.”

9. Adujo que el Consejo de Estado mediante las sentencias del 4 de agosto de 2022
con radicado 11001-03-15-000-2022-03409-001 y otra del 4 de agosto de 2022 con
radicado 11001-03-15-000-2022-03847-002 exhortaron al Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia a
que, se abstengan de exigir requisitos inexistentes por no estar reglamentados.

10. Explicó que si bien era cierto que el Congreso de la República de Colombia
mediante la Ley 1905 del 28 de junio del año 2018, estipuló que aquellos estudiantes
que iniciaran la carrera de derecho después de promulgada la mentada ley les
correspondería presentar y aprobar para ejercer la profesión de abogado un examen
de Estado, en la actualidad el Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, no se ha terminado de implementar
las fases para la presentación del examen de estado y solo hay una tentativa que el
examen se realizaría en el año 2024.

11. Adujo que por lo anterior, le resulta imposible cumplir el requisito exigido “y, en
consecuencia, la vulneración a mis derechos fundamentales invocados en la presente
demanda de tutela.”

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

12. Mediante auto del 23 de septiembre de 2022 la magistrada ponente decidió, entre
otras cosas, admitir la demanda y notificar a la parte actora, al Consejo Superior de
1
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
2
M.P. Luis Alberto Parra Álvarez.

4

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Demandante: José Luis Mena Martínez
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la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
como parte accionada. Así mismo, vinculó como terceros con interés a la Institución
de Educación Superior - Universitaria de Colombia.

1.5. Intervenciones

13. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes:

1.5.1. Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

14. Solicitó negar las pretensiones de la demanda al considerar que no se vulneró
derecho fundamental alguno. Frente al tema general, adujo lo siguiente:

“[…] La Ley 1905 de 2018 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con
el ejercicio de la profesión de abogado”, en su Artículo 1° señala que “(…) Para
ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas
legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación
del Examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la
Judicatura.

4.- El artículo 2, dispone “El requisito de idoneidad para el ejercicio de la
profesión de abogado establecido en la presente ley se aplicará a quienes
inicien la carrera de derecho después de su promulgación.”; es decir con
posterioridad al 28 de junio de 2018.

5.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo preceptuado en la referida Ley, el
Consejo Superior de la Judicatura autorizó al Director Ejecutivo de Administración
Judicial, la suscripción de un Convenio Interadministrativo con el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, con el objeto de definir,
construir y validar el marco de referencia para la implementación del examen
para ejercer la profesión de abogado.

El Convenio Interadministrativo para la Fase I, tiene un plazo de ejecución que
corresponde a 11 meses y las actividades que serán ejecutadas, son las
siguientes

(…)

La Fase II: denominada “Construcción de la prueba y definición del modelo
operativo de aplicación (año 2023)”, comprenderá los siguientes productos

(…)

La Fase III que desarrollará la Implementación de la prueba para vigencia del año
2024, y contará con los siguientes productos a saber

(…)

El Consejo Superior de la Judicatura, expidió el Acuerdo No. PSCJA22-11985
del 29 de agosto de 2022, “por medio del cual se establecen normas para la
5

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expedición de tarjetas profesionales de abogados y se dictan otras
disposiciones”, dentro de las cuales, para los graduados destinatarios de la
Ley 1905 de 2018 que aún no presentan el examen de Estado, podrán
solicitar sin la acreditación del certificado de aprobación del examen, su
inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de una
Tarjeta Profesional de Abogado, que tendrá carácter provisional con
vigencia hasta la publicación de los resultados de la primera prueba (…)”.
(Resaltado del texto original)

15. Frente al caso concreto de la parte actora, adujo que la Institución Universitaria
de Colombia mediante oficio del 10 de agosto de 2022 informó que el accionante
inició la carrera de derecho del “15/02/2019”, es decir, después de haber sido
promulgada la Ley 1905, y finalizó el “29/06/2022”.

16. Por lo anterior, estimó que el señor Mena Martínez era destinatario de la Ley
1905 de 2018, por lo que la tarjeta profesional de abogado que se le expidiera
debiera tener vigencia provisional de conformidad con el parágrafo transitorio N.° 1
del artículo 2 del Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, sin embargo,
por un error de un ex servidor de dicha unidad en principio le fue expedida al señor
Mena Martínez una tarjeta profesional de abogado sin vigencia provisional.

17. Adujo que el 20 de septiembre de 2022 hizo entrega de la referida tarjeta
profesional con N.° 390.552 al actor en la ventanilla de las instalaciones de la unidad
en Bogotá, “tal como lo acredita el acta de entrega de fecha del 20 de septiembre de 2022
que se adjunta.”

18. Concluyó que, no obstante lo anterior, se evaluaría la posibilidad de comunicar a
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que de encontrarlo procedente
por observar que el señor Mena Martínez es destinatario de la Ley 1905 de 2018,
procedan a adelantar las acciones a las que hubiere lugar.

1.5.2. José Luis Mena Martínez

19. El 30 de septiembre de 2022 el actor radicó un memorial en el que solicitó que su
caso no sea tomado como un hecho superado. Adujo que teniendo en cuenta el
correo de la Unidad del 6 de septiembre de 2022 en el cual se le indicó que fue
inscrita su tarjeta profesional mediante acta N.° 18360 de fecha 8 de septiembre de
2022 y se le asignó el número 390.552, procedió a ingresar a la página SIRNA “en la
cual descargué un certificado de vigencia No. 515628 sin observaciones, como se observa:”

6

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20. Puso de presente que el “3 de septiembre” nuevamente ingresó a la página SIRNA
y descargó el certificado de vigencia y en observaciones tenía la siguiente anotación:
“De conformidad con el Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, esta Tarjeta
profesional provisional, tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2024”.

21. Adujo que el “9 de septiembre del presente año” le fue entregada la tarjeta
profesional provisional N.° 390552.

22. Concluyó que debido a lo anterior, se le vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso administrativo y el derecho a la igualdad al expedirles tarjetas
profesionales permanentes a otros abogados quienes al igual que él suscrito
iniciaron la carrera en fecha posterior a la vigencia de Ley 1905 de 2018.3

23. Los demás sujetos pese a ser notificados en debida forma, no rindieron informe
alguno.

3
“KATYA MARCHELA ALVAREZ OLIVELLA Identificada con cédula de ciudadanía No.
1082900038.//ELIZABETH JARAMILLO RODRIGUEZIdentificada con la cédula de ciudadanía No. 215
49237.//JOSE URBANO RENTERIA VALOY Identificadocon la cédula de ciudadanía No. 1077445253.
//CARLOS ALBERTO MORENO PEÑA.Identificado con la cédula de ciudadanía No. 1030539825.//MA
RY ISABEL ROJAS RUIZIdentificada con la cédula de ciudadanía No. 1090458217.//JENNIFER AND
REASANCHEZ SANCHEZ Identificada con la cédula de ciudadanía No. 1032439865.//EDWIN GUILL
ERMO LORA LOPEZ.Identificado con la cédula de ciudadanía No. 15488805.//VICTOR MANUEL MO
SCOSO ZAPATA.Identificado con la cédula de ciudadanía No. 71314887.//CESAR AUGUSTOCASTRI
LLONJIMENEZ Identificado con la cédula de ciudadanía No. 70255619.”

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

24. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor José Luis Mena Martínez, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto una de las autoridades contra las que
se dirige la acción de tutela es el Consejo Superior de la Judicatura y, en tal sentido,
le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a esta Corporación conocer de las
solicitudes de amparo que se promuevan contra la referida entidad.

2.2. Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿El Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia vulneró el derecho fundamental de petición del actor debido a la dilación
injustificada dar respuesta a la petición del 1° de julio de 2022, mediante la cual
solicitó la expedición de su tarjeta profesional de abogado?, para lo cual se deberá
resolver el siguiente problema jurídico:

¿Se configura en el presente caso el fenómeno de la carencia actual de objeto
por hecho superado?

26. Igualmente corresponde a la Sala determinar si ¿el hecho de que la Unidad haya
expedido una tarjeta profesional con carácter provisional y no definitiva vulnera los
derechos fundamentales de la parte actora?

27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela (ii) procedimiento administrativo reglado; (iii)
generalidades del derecho de petición; (iv) análisis del caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

28. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente,
de particulares.

29. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la

8

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consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

30. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda
la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse
en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

31. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que podría
desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de
contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.4. Procedimiento administrativo reglado

32. A través del Acuerdo PCSJA19-11354 del 29 de julio de 20194, el Consejo
Superior de la Judicatura aprobó el formato de la tarjeta profesional de abogado y
dictó otras normas relacionadas con el Registro Nacional de Abogados.

33. En dicho cuerpo normativo estableció que para la inscripción y expedición de la
tarjeta profesional, el interesado debía presentar ante el Consejo Seccional de la
Judicatura el formulario único para múltiples trámites completamente diligenciado,
mediante el proceso de preinscripción en línea dispuesto en el portal web
https://sirna.ramajudicial.gov.co, a lo cual se debe anexar i) la fotocopia legible y
ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía o de extranjería vigente; ii) dos
fotografías recientes de fondo azul, tamaño 3x4; iii) copia o fotocopia del acta de
grado y, en caso de que el título haya sido otorgado por una universidad extranjera,
se requiere un documento que acredite la convalidación por el Ministerio de
Educación Nacional y; finalmente, iv) el recibo de consignación por el valor vigente
establecido.

34. Si bien la solicitud de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado es un trámite administrativo reglado por el Consejo Superior de la
Judicatura, lo cierto es que en los decretos y acuerdos que lo regulan no se
estableció un plazo para su realización, razón por la cual debe integrarse con las
reglas generales del derecho de petición.

4
El Decreto entró en vigencia a partir del 29 de julio de 2019 y derogó el Acuerdo 180 de 1996, el
parágrafo del artículo 2º del Acuerdo 366 de 1998 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
9

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2.5. Generalidades del derecho de petición

35. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución”5. El mismo artículo superior precisa que el Legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.

36. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, dispuso algunos
parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: “El núcleo esencial
del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría
la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo
decidido”. 6

37. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para resolver la misma, de no
ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

38. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición debe
versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto
principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre
de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello
implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y
coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses
del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta
dada.”7

39. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación
(…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la
entidad sea conocida a plenitud por el solicitante.”8

40. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

5
Corte Constitucional. C-510-04. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis
6
Sentencia T-332-15, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.
7
Sentencia T-149-13, Magistrado Ponente Luis Guillermo Pérez Pérez.
8
Ibídem.
10

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“i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes
elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de
tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone
que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su
competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena
correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o
elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de
que su sentido sea positivo o negativo”9.

41. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca10.

42. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota en la
solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no
del derecho subjetivo.

2.6. Caso concreto

2.6.1. Respecto de la falta de respuesta a la petición del 1° de julio de 2022
(vulneración al fundamental de derecho de petición)

43. Del escrito de tutela se desprende que la parte actora solicitó que la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura le dé respuesta a la petición que elevó el 1° de julio de 2022, mediante la
cual requirió se expidiera su tarjeta profesional de abogado.

44. La Sala encuentra que, del informe allegado con la contestación de la tutela por
la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura, en el presente asunto se encuentra configurada la carencia
actual de objeto por hecho superado, en razón a que lo pretendido en la acción de
tutela ya fue cumplido, pues ya se efectuó la inscripción como abogado del señor
Mena Martínez, y como consecuencia de lo anterior, se le asignó la tarjeta

9
Corte Constitucional, sentencia T-161 de 10 de marzo de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Sobre el tema, ver sentencia de 22 de marzo de 2012, Radicación: 25000-23-25-000-2012-00150-
01, Actor: Robert Wilson Molina Sambony M.P. Susana Buitrago Valencia.
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Demandante: José Luis Mena Martínez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Registro Nacional
De Abogados y Auxiliares de la Justica
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04681-00

profesional N.° 390.552, la cual le fue entregada al actor en la ventanilla de las
instalaciones de la unidad en Bogotá, como se acreditó en el acta de entrega del 20
de septiembre de 2022.

45. En ese orden, en atención a que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia ya respondió la petición
y adelantó el trámite de la tarjeta profesional de abogado del tutelante y lo notificó en
debida forma, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de esta pretensión toda vez que desapareció la circunstancia que podía originar
algún quebranto de los derechos fundamentales del demandante, de ahí que
cualquier orden que se imparta por parte de esta Sala resultaría inane debido a que
la posible vulneración cesó con la actuación de la autoridad enjuiciada.

2.6.2. Respecto de la inconformidad del actor en cuanto al carácter provisional
de su tarjeta profesional -vulneración al derecho fundamental “al trabajo,
dignidad humana, mínimo vital, igualdad, libertad de escoger profesión u oficio y
debido proceso administrativo”-

46. Ahora bien, no escapa la atención de la Sala que si bien en un principio el actor
solicitaba que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
del Consejo Superior de la Judicatura le diera respuesta a la petición que elevó el 1º
de julio de 2022, lo cierto es que mediante un informe allegado el 30 de septiembre
de 2022 requirió que su caso no fuera resuelto como un hecho superado en razón a
que si bien, ya se le había expedido su tarjeta profesional de abogado esta no
tenía carácter de permanente, como a otros de sus compañeros, sino provisional al
considerar que era destinatario de la Ley 1905 de 2018, de conformidad con el
parágrafo transitorio N.° 1 del artículo 2 del Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de
agosto de 2022.

47. Para verificar lo anterior, esta Sala de Decisión accedió al portal web
https://sirna.ramajudicial.gov.co para verificar la vigencia de dicha tarjeta profesional
y en efecto se indica que tiene la siguiente anotación: “De conformidad con el Acuerdo
PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, esta Tarjeta profesional provisional, tendrá
vigencia hasta el 30 de abril de 2024”, como se corrobora en la siguiente imagen:

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48. La Sala encuentra que, del informe allegado con la contestación de la tutela por
la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura, efectivamente dicha entidad inscribió en el registro de
abogados al accionante, asignándole la tarjeta profesional N° 390.552. No obstante
lo anterior, adujo que esto obedeció a un error involuntario de uno de los
funcionarios, por lo que evaluaría la posibilidad de comunicar a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial para que de encontrarlo procedente, por observar que el
señor Mena Martínez es destinatario de la Ley 1905 de 2018, adelantar las
actuaciones administrativa a que hubiere lugar.

49. Igualmente, obra en el expediente copia de la tarjeta profesional provisional de
abogado del señor Mena Martínez con N.° 390.552, con fecha de expedición del 6 de
septiembre de 2022 y vigente hasta el 30 de abril de 2024, como se observa en el
numeral 6 de esta providencia.

50. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura manifestó que, con el propósito de dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1905 de 28 de junio de 2018, se suscribió un
Convenio Interadministrativo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación – ICFES, con el objeto de definir, construir y validar el marco de referencia
para la implementación del examen para ejercer la profesión de abogado; proceso
que consta de 3 fases para que su implementación se realice en el año 2024.

51. Al respecto, la Unidad precisó que “(…) El Consejo Superior de la Judicatura, expidió
el Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, “por medio del cual se establecen
normas para la expedición de tarjetas profesionales de abogados y se dictan otras
disposiciones”, dentro de las cuales, para los graduados destinatarios de la Ley 1905 de
2018 que aún no presentan el examen de Estado, podrán solicitar sin la acreditación
del certificado de aprobación del examen, su inscripción en el Registro Nacional de
Abogados y la expedición de una Tarjeta Profesional de Abogado, que tendrá carácter
provisional con vigencia hasta la publicación de los resultados de la primera prueba
(…)”. (Resaltado del texto original)

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52. Frente al caso concreto, la Unidad señaló que a la parte actora le era exigible
acreditar el examen establecido en la Ley 1905 de 28 de junio de 2018 para la
expedición de su tarjeta profesional de abogado, en la medida en que, según informó
la Institución de Educación Superior - Universitaria de Colombia, el actor inició la
carrera de derecho el 15 de enero de 2019.

53. Ahora bien, corresponde a la Sala determinar si el hecho de que la Unidad haya
expedido una tarjeta profesional con carácter provisional y no definitiva vulnera las
garantías fundamentales del señor Mena Martínez, puesto que, a juicio, “este tipo de
tarjetas vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo y el derecho a
la igualdad al expedirles tarjetas profesionales permanentes a otros abogados quienes al
igual que él suscrito iniciaron la carrera en fecha posterior a la vigencia de Ley 1905 de
2018”

54. Al respecto, la Sala precisa que, teniendo en cuenta que dentro de los
argumentos expuestos por el señor Mena Martínez se encuentra aquel según el cual,
en dos casos similares al suyo, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió
amparar los derechos de las tutelantes y ordenó a la Unidad que expidiera sus
tarjetas profesionales con carácter definitivo; la Sala considera que dichas
providencias no comparten identidad fáctica y jurídica, en la medida en que, i) a la
fecha en que se resuelve el caso objeto de estudio, la Unidad ya adoptó medidas
para que la falta de implementación del Examen de Estado establecido en la Ley
1905 de 28 de junio de 2018, no implique la vulneración de los derechos
fundamentales de quienes solicitan su tarjeta profesional de abogado y les es
exigible el examen previsto en dicha ley, ii) mientras que en los dos casos que adujo
la tutelante la Unidad no había adoptado medida alguna al respecto, por lo que se
concluyó que la exigencia de un Examen de Estado que no existía implicaba una
barrera para el ejercicio de la profesión.

55. En efecto, de conformidad con el informe rendido por la Unidad, la Sala advierte
que el Consejo Superior de la Judicatura, expidió el Acuerdo núm. PSCJA22-11985
de 29 de agosto de 2022, “por medio del cual se establecen normas para la expedición de
tarjetas profesionales de abogados y se dictan otras disposiciones ”, dentro de las cuales,
para los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018 que aún no presentan el
examen de Estado, se previó que pueden solicitar, sin la acreditación del certificado
de aprobación de dicho examen, su inscripción en el Registro Nacional de Abogados
y la expedición de una Tarjeta Profesional de Abogado, que tendrá carácter
provisional con vigencia hasta que se publiquen los resultados de la primera prueba
que se haga del examen que se está implementando.

56. La Unidad mediante Acuerdo núm. PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022
reguló lo siguiente para los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018:

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“(…) Que en tanto se desarrollan las fases previstas para la implementación de la
Ley 1905 de 2018 y se materializa la presentación del Examen de Estado, los
destinatarios de la mencionada ley, podrán tramitar la solicitud de inscripción y
expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado, con vigencia provisional
hasta la publicación de los resultados de la primera prueba realizada.

Que de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 1905 de 2018, el
Examen de Estado es una exigencia razonable fijada por el legislador para
aquellas personas que pretendan ejercer la representación de una persona
natural o jurídica; sin embargo, como a la fecha no es posible acreditar el
certificado de aprobación del examen consagrado en la citada ley, se expedirá la
Tarjeta Profesional de Abogado con vigencia provisional.

(…)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1°. Mientras se desarrollan las fases necesarias
para la implementación del Examen de Estado, los destinatarios de la Ley 1905
de 2018, podrán solicitar, sin la acreditación del certificado de aprobación del
examen, sub inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de
la Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta la
publicación de los resultados de la primera prueba.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2°. Las Tarjetas Profesionales de Abogados que
se expidan bajo las condiciones del parágrafo anterior, contendrán la
denominación "Provisional".

PARÁGRAFO TRANSITORIO 3.° Quienes obtengan la Tarjeta Profesional de
Abogado con vigencia provisional, en los términos del presente Acuerdo, una vez
sea dispuesta la aplicación del Examen del Estado, deberán presentarlo y
acreditar su aprobación, para efectos de que les sean expedidas las respectivas
tarjetas profesionales de abogado …”. (Resaltado por la Sala)

57. De lo anterior, se extrae que la vigencia de esas tarjetas profesionales previstas
para los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018, tienen una vigencia
condicionada a la publicación de los resultados de la primera prueba, que según el
mismo Acuerdo tiene fecha de implementación en el año 2024; es decir que, se
entiende que para la fecha de vencimiento de la tarjeta profesional de la parte actora,
a saber, 30 de abril de 2024, ya debe estar disponible el acceso al Examen de
Estado, el cual el actor requiere acreditar para que le sea expedida su tarjeta
profesional de abogado con carácter definitivo.

58. Así, esta Sala concluye que el hecho de que no se expida una tarjeta profesional
con carácter definitivo no implica la vulneración de los derechos fundamentales del
señor Mena Martínez, puesto que para que el tutelante acceda a esa tipología de
tarjeta debe cumplir con el requisito exigido en la Ley 1905 de 2018, el cual
corresponde a un mandato legal cuyos destinatarios no pueden evadir su
cumplimiento. Esto teniendo en cuenta que la Unidad ya adoptó como medida la
expedición de una tarjeta profesional con carácter provisional mientras se
implementa el examen al cual hace referencia la Ley 1905 de 2018, situación que le
era aplicable al actor por las razones expuestas.
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59. Al respecto, la Sala advierte que, de conformidad con el Acuerdo mencionado
anteriormente, la tarjeta profesional provisional no establece limitación alguna para el
ejercicio de la profesión, puesto que no se condiciona de manera alguna la facultad
de representación que con fundamento en dicho documento le asiste a la parte
actora, sin que se advierta vulneración alguna de sus derechos fundamentales, en la
medida en que, se insiste, el tutelante ya puede ejercer su profesión.

60. En ese orden de ideas, en tanto que se desarrolla e implementa la prueba (Ley
1905 de 2018) y se materializa la presentación de dicho Examen de Estado, la
Unidad expedirá la tarjeta profesional de abogado con fecha de vigencia hasta la
publicación de los resultados de la primera prueba; la cual, teniendo en cuenta que
en el acuerdo estudiado no establece limitación alguna, salvo el factor temporal,
tendrá un campo de acción igual que al de la tarjeta profesional de abogado
definitiva.

61. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que en la actualidad no se
están vulnerando los derechos fundamentales del demandante, en especial al
trabajo, pues éste ya cuenta con número de tarjeta profesional y certificado de
vigencia, que le permite ejercer la profesión de abogado sin limitación alguna.

62. Por último, se tiene que el actor alegó la vulneración a su derecho a la igualdad
porque a ciertos compañeros que se encontraban en la misma situación fáctica sí les
entregaron la tarjeta profesional, sin condicionarlos a un examen. Para el efecto
adjuntó los certificados de vigencia descargados de la página SIRNA en donde
consta que dichas tarjetas profesional fueron expedidas de carácter permanente.

63. Frente al punto, resulta importante destacar que la Corte Constitucional 11 ha
establecido que “el derecho a la igualdad no se puede aplicar automáticamente, pues no
solo exige tratar por igual a los iguales, sino tratar diferente a los desiguales. Eso quiere decir
que en cada caso se debe realizar un juicio de igualdad para determinar si el trato desigual
está fundado en criterios razonables y válidos.”

64. En este orden de ideas, no se advierte la vulneración de su derecho fundamental
a la igualdad, pues si bien en dichos certificados consta que a dichas personas les
expidieron las tarjetas profesionales sin ninguna anotación, lo cierto es que esta Sala
desconoce los supuestos fácticos que rodearon dichos casos y si las referidas
personas eran destinatarias de la Ley 1905 de 2018, la cual, se recuerda, solo rige
para los estudiantes de derecho que hayan iniciado sus estudios posterior al 28 de
junio de 2018, fecha en que entró en vigencia la mencionada norma, información que
no fue aportado por el actor, motivo por el cual será negado el cargo.

11
Sentencia C-1191 de 2001.

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2.7. Conclusión

65. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado pues en el
curso del trámite de la presente tutela la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura le dio respuesta a la
petición que elevó el 1° de julio de 2022, mediante la cual requirió se expidiera su
tarjeta profesional de abogado. Por otro lado, se negará el cargo referente al
otorgamiento de su tarjeta profesional con carácter provisional, toda vez que no se
advierte vulnerado sus derechos fundamentales “al trabajo, dignidad humana, mínimo
vital, igualdad, libertad de escoger profesión u oficio y debido proceso administrativo” pues
era destinatario de dicha ley, aunado a que en la actualidad no tiene alguna
limitación para ejercer su carrera.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la petición elevada el 1° de julio de 2022 ante la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NEGAR el cargo referente a la vulneración al derecho fundamental al
trabajo por otorgarle el señor José Luis Mena Martínez su tarjeta profesional con
carácter provisional, de conformidad con la parte considerativa.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
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Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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