Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04543-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04543-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04543-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
27 de octubre de 2022
Demandante: Diana Patricia Martínez Malaver
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional
De Abogados y Auxiliares de la Justica
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04543-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04543-01
Demandante: DIANA PATRICIA MARTÍNEZ MALAVER
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Temas: Tarjeta profesional con carácter provisional – Ley 1905 de 20181.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del 16 de
septiembre de 2022, a través del cual el Consejo de Estado, Sección Primera, negó
el mecanismo constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. La señora Diana Patricia Martínez Malaver, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela2 contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. Con la solicitud de amparo
constitucional pretende que le sean amparados sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, de petición y al trabajo.
2. La accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la dilación injustificada de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura en dar respuesta a la
petición que elevó el 29 de junio de 2022, mediante la cual solicitó la expedición de
su tarjeta profesional de abogada.
1 Exp. 11001-03-15-000-2022-04681-00. C.P: Rocío Araújo Oñate.
2 El 28 de agosto del año 2022, a través de la ventanilla virtual.
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Demandante: Diana Patricia Martínez Malaver
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional
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3. Asimismo, reprochó que para la expedición de tarjetas profesionales se esté
exigiendo la certificación de aprobación del Examen de Estado establecido en la Ley
1905 de 2018, cuando el mismo no ha sido implementado.
1.2. Pretensiones
4. La accionante solicitó al juez constitucional lo siguiente:
PRIMERO: Tutelar los derechos a la igualdad, al trabajo, al libre desarrollo a la
profesión y al debido proceso.
SEGUNDO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que con plazo 72
horas se expida mi Tarjeta Profesional de abogado a la cual tengo derecho por
haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la página SIRNA - Rama
Judicial Consejo Superior de la Judicatura, y de esta manera impedir y prevenir
que se siga vulnerando mis derechos fundamentales.
1.3. Hechos
A continuación, se presentan los supuestos fácticos en los que se fundamenta la
acción constitucional:
5. La señora Martínez Malaver solicitó, el 29 de junio de 2022 vía correo
electrónico, al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia la inscripción y expedición de su tarjeta
profesional de abogada. Para el efecto, remitió el formulario único con firma y huella,
la fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, fotografías, acta de grado, recibo de
consignación. Todo lo anterior, como requisitos establecidos según la página SIRNA
de la Rama Judicial.
6. El 13 de julio de 2022, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia acusó recibo de la solicitud y su correspondiente
documentación e informó que el requerimiento había sido transferido al personal
encargado del trámite.
7. Indicó que, el 3 de agosto de 2022, ante la falta de respuesta a su petición y
luego de conocer que la autoridad accionada no expidió la tarjeta profesional de
abogado solicitada por un compañero, con fundamento en que no certificó la
aprobación del examen de Estado establecido en la Ley 1905 de 2018, solicitó junto
a otras personas la realización de una mesa de trabajo con la dirección de la Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
8. Refirió que el 5 de agosto de 2022 tuvo conocimiento de los fallos proferidos
por esta Sección del Consejo de Estado al interior de procesos de tutela 3 en los que,
3 Radicados: 11001-03-15-000- 2022-03847-00 y 11001-03-15-000- 2022-03409-00.
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en casos análogos al suyo, se ampararon los derechos invocados por las
accionantes a quienes se les había negado la expedición de la tarjeta profesional con
fundamento en el incumplimiento del requisito del examen de Estado.
9. Por lo anterior, presentó petición ante el Consejo Superior de la Judicatura –
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia en la que solicitó la
expedición de su tarjeta profesional invocando el derecho a la igualdad. Ello, debido
a que consideró encontrarse en igual situación fáctica que las demandantes de las
decisiones referidas.
10. Precisó que dicha petición fue contestada el 18 de agosto de 2022, sin que se
hiciera alusión al derecho a la igualdad conforme se solicitó, sino que se le manifestó
que había iniciado su carrera de derecho en la Universidad la Gran Colombia el 28
de enero de 2019, y se hizo alusión nuevamente a lo establecido en el artículo 1° de
la Ley 1905 de 2018, respecto al examen de Estado.
11. En consecuencia, acudió el 19 de agosto de 2022 a la reunión de trabajo que
fuera adelantada con la autoridad accionada y en la que refirió la imposición de la
carga lesiva en la se encontraban los egresados en la actualidad. Esto, en la medida
en que se les obligaba a lo imposible puesto que que a la fecha no hay posibilidad de
presentar el examen requerido por la ley.
1.4. Fundamentos de la vulneración
12. Adujo que, a la fecha de interposición de la acción de tutela, la autoridad
accionada no ha expedido su tarjeta profesional de abogada, pese a que lo solicitó
desde el 29 de junio del año en curso.
13. La actora puso de presente que en la información proporcionada por el
Consejo Superior de la Judicatura en su página web en ningún momento se hace
alusión al examen de Estado de que trata la Ley 1905 de 2018, para efectos de
inscripción y expedición de la tarjeta profesional.
14. Añadió que el Consejo Superior de la Judicatura ha expedido tarjetas
profesionales sin la imposición de tal requisito respecto de otros egresados con los
que comparte la misma situación fáctica. Concretamente, en lo referido a la fecha de
ingreso, de terminación de materias, de grado, etc. En su concepto, ello apareja la
transgresión de su derecho fundamental a la igualdad.
15. Además, refirió que no podía pasar desapercibido que la Ley 1905 de 2018
tenía más de cuatro años de promulgada sin que el Consejo Superior de la
Judicatura hubiera dado cumplimiento a sus prerrogativas en lo relacionado al
examen estatal, sino que, por el contrario, no existía certeza en torno a la
implementación y presentación de dicha prueba.
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16. Esgrimió que dicha situación representa “una pérdida de oportunidades
laborales, incertidumbre, tristeza al saber que la inversión de tiempo y dinero, el
esfuerzo que una persona mayor como yo dedica para sacar adelante su carrera
profesional, se vea truncado por imposibilidad de recibir la tarjeta profesional que me
permitiría ejercer de manera plena mi profesión”.
17. Precisó que dicha situación resulta atribuible exclusivamente al Estado si se
tiene en cuenta que en la actualidad no se cuenta con el examen requerido y la
expectativa es el año 2024, tiempo que considera extremadamente largo y que
dificulta sus perspectivas, oportunidades laborales y plan de vida
18. Adujo que el Consejo de Estado mediante las sentencias del 4 de agosto de
2022 con radicados 11001-03-15-000-2022-03409-004 y 11001-03-15-000-2022-
03847-005 amparó los derechos fundamentales de dos personas con las que
comparte identidad fáctica y jurídica. Resaltó que en dichas providencias se ordenó
la expedición de las tarjetas profesionales, y además, se exhortó al Consejo Superior
de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia a que, se abstengan de exigir requisitos inexistentes por no estar
reglamentados.
1.5. Trámite de la acción de tutela
1.5.1. Auto admisorio
19. Mediante auto del 25 de agosto de 2022 el magistrado ponente de primera
instancia admitió la presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a
la parte actora y al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia. Así mismo, vinculó como tercero con interés
a la Universidad la Gran Colombia – Sede Bogotá como Institución de Educación
Superior en la que realizó sus estudios la señora Martínez Malaver.
1.5.2. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.2.1. Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
20. Solicitó que no se accediera las pretensiones del escrito tutelar al considerar
que no se vulneró derecho fundamental alguno. Frente al tema general, adujo lo
siguiente:
4 M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
5 M.P. Luis Alberto Parra Álvarez.
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“[…] La Ley 1905 de 2018 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con
el ejercicio de la profesión de abogado”, en su Artículo 1° señala que “(…) Para
ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas
legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación
del Examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la
Judicatura.
4.- El artículo 2, dispone “El requisito de idoneidad para el ejercicio de la
profesión de abogado establecido en la presente ley se aplicará a quienes
inicien la carrera de derecho después de su promulgación.”; es decir con
posterioridad al 28 de junio de 2018.
5.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo preceptuado en la referida Ley, el
Consejo Superior de la Judicatura autorizó al Director Ejecutivo de Administración
Judicial, la suscripción de un Convenio Interadministrativo con el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, con el objeto de definir,
construir y validar el marco de referencia para la implementación del examen
para ejercer la profesión de abogado.
El Convenio Interadministrativo para la Fase I, tiene un plazo de ejecución que
corresponde a 11 meses y las actividades que serán ejecutadas, son las
siguientes
(…)
La Fase II: denominada “Construcción de la prueba y definición del modelo
operativo de aplicación (año 2023)”, comprenderá los siguientes productos
(…)
La Fase III que desarrollará la Implementación de la prueba para vigencia del año
2024, y contará con los siguientes productos a saber
(…)
El Consejo Superior de la Judicatura, expidió el Acuerdo No. PSCJA22-11985
del 29 de agosto de 2022, “por medio del cual se establecen normas para la
expedición de tarjetas profesionales de abogados y se dictan otras
disposiciones”, dentro de las cuales, para los graduados destinatarios de la
Ley 1905 de 2018 que aún no presentan el examen de Estado, podrán
solicitar sin la acreditación del certificado de aprobación del examen, su
inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de una
Tarjeta Profesional de Abogado, que tendrá carácter provisional con
vigencia hasta la publicación de los resultados de la primera prueba (…)”.
(Resaltado del texto original)
21. Frente al caso concreto de la parte actora, adujo que la Universidad la Gran
Colombia mediante oficio del 6 de julio de 2022 informó que la accionante inició la
carrera de derecho el 28 de enero de 2019, es decir, después de haber sido
promulgada la Ley 1905 de 2018, y finalizó el 28 de junio de 2022.
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22. Refirió que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. PSCJA22-
11985 del 29 de agosto de 2022, inscribió en el registro de abogados a la accionante,
asignándole la tarjeta profesional provisional de abogada No. 390.042, mediante el
Acta N° 17817 de 2022, cuya copia acompañó.
23. Además, indicó que la tarjeta fue enviada al contratista para la elaboración del
plástico y que el mismo sería remitido al domicilio de la accionante a través del
servicio de correo certificado de 4-72.
24. También señaló que la demandante podrá acceder a la certificación de
vigencia de la tarjeta profesional de abogado, que puede ser descargada o
consultada desde la página web de la Rama Judicial o en el link https:
//sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx6, escogiendo la calidad de
“Abogado”.
25. Así mismo, remitió copia del oficio mediante el cual le informó a la accionante
sobre el trámite y expedición de su tarjeta profesional provisional de abogada.
26. Puso de presente que en atención al hecho que la pretensión principal de la
actora recaía sobre la expedición de la tarjeta profesional de abogada y que ya se
procedió en tal sentido, dada la expedición de dicho documento en los términos del
Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, debía declararse la carencia
actual de objeto por hecho superado.
1.6.2.2. La Universidad la Gran Colombia
27. La Institución de Educación Superior solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional por considerar no tener competencia en torno a las
pretensiones formuladas por la accionante.
1.6.2.3. Diana Patricia Martínez Malaver
28. El 1° de septiembre de 2022 la actora radicó un memorial en el que informó
acerca de lo que consideró “irregularidades” ejecutadas por la autoridad accionada
con el propósito de encaminar el curso del fallo a efectos de que se declarara que en
el caso concreto se presentaba un hecho superado.
29. Concretamente, reprochó que la Unidad emitiera en primer lugar un certificado
correspondiente a la tarjeta profesional sin observaciones, y luego de ello, otro en el
que se especifica que “la tarjeta se entregará con la limitación y restricción del
ejercicio de la profesión”, toda vez que se especificó que “De conformidad con el
6 A través del servicio de “Certificado de Vigencia Provisional”, al que podrá acceder cualquier
ciudadano o funcionario.
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Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, esta Tarjeta profesional provisional,
tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2024”.
30. Indicó que el Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 fue la forma
que encontró el Consejo Superior de la Judicatura para intentar enmendar una falla
que le resulta atribuible y dicha carga no debe ser soportada por el abogado que hoy
no recibe a satisfacción la tarjeta profesional y se le entrega una tarjeta con limitación
en el ejercicio de la profesión.
31. Además, señaló que si se pretende tener en cuenta el referido Acuerdo sus
efectos deberían aplicarse respecto de los profesionales graduados posterior a su
fecha de publicación, esto es, el 30 de agosto de 2022. Al efecto, precisó que su
solicitud de expedición de la tarjeta profesional de abogada fue con anterioridad a
dicho acuerdo, puntualmente, el 29 de junio del año en curso.
32. Insistió en la vulneración de sus derechos fundamentales como consecuencia
de la expedición de tarjetas profesionales permanentes a otros abogados quienes al
igual que la accionante iniciaron la carrera en fecha posterior a la vigencia de Ley
1905 de 2018.
33. En consecuencia, puso de presente que persistía en su pretensión de que se
ordenara a la autoridad demandada que procediera con la expedición de su tarjeta
profesional de abogada “sin ningún tipo de vigencia, restricción, limitación y otra, del
ejercicio de la profesión”.
1.7. Sentencia de primera instancia
34. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 16 de
septiembre de 2022, no accedió a la solicitud de desvinculación presentada por la
Universidad la Gran Colombia y negó la acción de tutela.
35. Concretamente, precisó que, contrario a lo sucedido en los casos decididos
por esta Sección el 4 de agosto del año que avanza, i) la Unidad adoptó como
medida la expedición de una tarjeta profesional con carácter provisional mientras se
implementa el examen al cual hace referencia la Ley 1905 de 2018, y ii) ello fue
aplicado al caso de la solicitud presentada por la actora.
36. Además, consideró que el hecho de que no se expida una tarjeta profesional
con carácter definitivo no implica la vulneración de los derechos fundamentales de la
actora. Ello, en la medida en que para que se acceda a esa tipología de tarjeta debe
cumplirse con el requisito exigido en la Ley 1905 de 2018, el cual corresponde a un
mandato legal que no puede ser eludido por sus destinatarios.
37. A lo anterior, añadió que el Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022
no estableció que la tarjeta profesional provisional representara alguna limitación
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para el ejercicio de la profesión. Ello, en la medida que no se condiciona de ningún
modo la facultad de representación que otorga dicho documento, sin que se
advirtiera vulneración alguna de los derechos fundamentales de la actora, quien, en
todo caso, ya puede ejercer como abogada.
1.8. Impugnación
38. La actora consideró que la decisión proferida por el a quo no se ajustó a los
hechos, fechas de ocurrencia y antecedentes que motivaron la tutela. Asimismo, que
el juez constitucional de primera instancia no examinó de manera suficiente los
argumentos propuestos, pues no tuvo en cuenta el memorial que radicó de manera
posterior a la admisión del mecanismo de amparo.
39. En específico, expuso que la sentencia de primera instancia no realizó un
análisis y valoración frente a la vulneración de los derechos y principios
fundamentales invocados en el caso concreto y tampoco valoró en su totalidad los
elementos de convicción que obraban en el plenario.
40. Reprochó que solo se haya determinado si se expidió su tarjeta profesional de
abogada, más no el hecho que, por igualdad, le solicitó a la accionada procediera en
el sentido que esta Sección le ordenó en los fallos del 4 de agosto de 2022, esto es,
emitiendo dicho documento, pero sin ningún tipo de vigencia.
41. Reiteró los argumentos expuestos en el memorial de alcance presentado el 1°
de septiembre de 2022, relacionados con la expedición de su tarjeta profesional de
manera provisional, así como sus reparos en torno al Acuerdo PCSJA22-11985 de
29 de agosto de 2022. Frente a ese último punto, insistió en la necesidad de que sus
disposiciones en torno a la vigencia de la tarjeta profesional sean aplicadas a las
personas que se gradúan y solicitan dicho documento con posterioridad a la fecha en
que tal acuerdo fue publicado.
42. Expuso que no resulta cierto que no exista identidad fáctica ni jurídica entre su
caso y los casos decididos por esta Sección, mediante las sentencias del 4 de agosto
de 2022 con radicados 11001-03-15-000-2022-03409-007 y 11001-03-15-000-2022-
03847-008.
43. Resaltó que el referido Acuerdo constituía una medida arbitraria por parte del
Consejo Superior de la Judicatura que no brinda seguridad jurídica y que tanto en el
presente como en el futuro vulnera los derechos fundamentales al trabajo, al libre
ejercicio de la profesión, al debido proceso, a la igualdad, el desconocimiento de los
principios de irretroactividad, seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe.
7 M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
8 M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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44. Por lo expuesto, solicitó que el fallo de primera instancia fuera revocado y en
su lugar se amparen los derechos fundamentales invocados. Asimismo, y como
consecuencia de lo anterior, que se ordenara a la entidad accionada expedir su
tarjeta profesional de abogada de manera definitiva.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
45. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 16 de
septiembre de 2022 por la Sección Primera de esta Corporación. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, en el numeral 8 del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
46. Frente a este punto, la Sala advierte que la señora Martínez Malaver está
legitimada en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991. Lo
anterior, en consideración a que fue quien elevó la petición que alegó como
desatendida por la autoridad accionada.
47. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia– está legitimado en la
causa por pasiva, por ser la autoridad judicial a la que corresponde pronunciarse
sobre la petición presentada por la accionante, a fin de que fuera expedida su tarjeta
profesional como abogada.
2.3. Problema jurídico
48. Corresponde en este caso determinar si de conformidad con la situación
fáctica expuesta, el material probatorio recaudado y los argumentos planteados en el
escrito de impugnación hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado que negó el
mecanismo de amparo promovido.
49. Para este fin, se deberán resolver los siguientes interrogantes:
¿Se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado en la presente
solicitud de amparo, teniendo en cuenta que en el trámite de la tutela el
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Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia – expidió y comunicó el acta por medio de
la cual se inscribió a la actora como abogada y en la que se le asignó el
número de tarjeta profesional?
¿Vulnera los derechos fundamentales de la actora que la Unidad le haya
expedido una tarjeta profesional con carácter provisional?
50. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela; (ii) generalidades del derecho de petición; (iii)
regulación del trámite de inscripción y expedición de tarjeta profesional de abogado;
(iv) análisis del caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
51. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
52. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a
la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión
del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
2.5. Generalidades del derecho de petición
53. El derecho fundamental de petición se presenta como un instrumento en
beneficio de los administrados, que más allá de vehiculizar el conjunto de derechos
plasmados en la Carta,9 permite la consecución de los fines esenciales del Estado
Social de Derecho,10 al potenciar “la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”11.
54. Es este carácter axiológico del derecho de petición el que explica la carga
obligacional que surge para las diversas ramas del poder público, luego de que es
empleado por los ciudadanos.
55. En efecto, los deberes de las autoridades van más allá de las meras formas,
pues el contenido mismo de la respuesta debe adecuarse a ciertos presupuestos
9 Corte Constitucional. Sentencia T-801 del 11 de octubre 2012.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2013.
11 Artículo 2º Constitucional.
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fijados por la jurisprudencia, lo que significa que no basta para su concreción que las
entidades públicas, e incluso los particulares, resuelvan, de manera vaga y
superficial, los pedimentos formulados.
56. Se requiere igualmente que la solución procurada satisfaga criterios de
claridad y congruencia en relación directa entre lo pedido y lo resuelto, lo que no
quiere decir que tenga que ser positiva frente a lo solicitado.
57. Cuenta de ello da no solamente el desarrollo normativo del artículo 23
constitucional sino a la vez su tratamiento jurisprudencial, en el que no se escatima
oportunidad para recordar el núcleo complejo que compone el derecho de petición.
58. Así, del derecho de toda persona a obtener pronta resolución de sus
peticiones, que se relaciona con los tiempos en que deben ser decididas (artículo 23
constitucional), se avanza, en el entendido de que además de oportunas, las
resoluciones deberán ser completas y de fondo (inciso 1º Artículo 13 Ley 1755 de
2015), en una especie de positivización del derecho fijado por la jurisprudencia
constitucional.
59. En términos de la Corte Constitucional, el contenido esencial del derecho de
petición comprende los siguientes elementos:12
a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante
las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b)
la respuesta oportuna dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico;
c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad
entre en el fondo de la materia propia de la solicitud, sobre la base de su
competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con
independencia de que su sentido sea positivo o negativo13.
60. Se colige del aparte trascrito que la respuesta de fondo o contestación
material de las peticiones implica, por contera, que la autoridad administrativa:
1. Se inmiscuya activamente en las materias propias de la solicitud.
2. Trate o desarrolle todos los asuntos planteados, de manera particular y precisa.
3. Conteste de forma congruente, es decir, que exista correspondencia entre la petición
y la respuesta.
4. Excluya de sus respuestas fórmulas o conceptos evasivos o elusivos.
5. Responda con base en su competencia, lo cual supone, por oposición lógica, que si
no lo es, informe inmediatamente al interesado y remita la petición a la autoridad
competente.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-161 de 10 de marzo de 2011.
13 «Sentencia T-94/99 reiterada en la sentencia C-510 de 2004 entre muchas».
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61. De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución
efectiva, sino que, es necesario que ésta se dé a conocer al interesado. Al respecto,
la Corte Constitucional ha señalado:
“Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse su
sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la respuesta
trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en conocimiento del
peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que
el derecho ha sido observado cabalmente”14 (subrayado fuera del texto).
62. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, cualquier solicitud
que se inicie ante las autoridades se considera como derecho de petición, por lo que
no es necesario que el peticionario indique en su escrito que está ejerciendo el
derecho de petición previsto por el artículo 23 de la Constitución Política.
63. Esa misma norma previó que existen tres modalidades de derecho de petición:
(i) de carácter general, en cuyo caso el término de respuesta debe ser de quince (15)
días; (ii) peticiones de documentos e información, cuya respuesta debe ser
proporcionada en diez (10) días; y, finalmente, (iii) consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo, (30 días de respuesta); todos ellos, contados a
partir de la fecha en que se reciba la solicitud.
2.6. Regulación del trámite de inscripción y expedición de tarjeta profesional
de abogado
64. A través del Acuerdo PCSJA19-11354 del 29 de julio de 201915, el Consejo
Superior de la Judicatura aprobó el formato de la tarjeta profesional de abogado y
dictó otras normas relacionadas con el Registro Nacional de Abogados.
65. En dicho cuerpo normativo estableció que para la inscripción y expedición de
la tarjeta profesional, el interesado debía presentar ante el Consejo Seccional de la
Judicatura el formulario único para múltiples trámites completamente diligenciado,
mediante el proceso de preinscripción en línea dispuesto en el portal web
https://sirna.ramajudicial.gov.co, a lo cual se debe anexar i) la fotocopia legible y
ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía o de extranjería vigente; ii) dos
fotografías recientes de fondo azul, tamaño 3x4; iii) copia o fotocopia del acta de
grado y, en caso de que el título haya sido otorgado por una universidad extranjera,
se requiere un documento que acredite la convalidación por el Ministerio de
Educación Nacional y; finalmente, iv) el recibo de consignación por el valor vigente
establecido.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-529 de 1995.
15 El Decreto entró en vigencia a partir del 29 de julio de 2019 y derogó el Acuerdo 180 de 1996, el
parágrafo del artículo 2º del Acuerdo 366 de 1998 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
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66. De la revisión del mencionado Acuerdo, no se advierte que exista un término
especial para realizar la inscripción y la asignación de tarjeta profesional, motivo por
el cual se aplica el plazo general para resolver peticiones de la Ley 1755 de 2015.
67. De manera reciente, se expidió el Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29 de
agosto de 2022, “por medio del cual se establecen normas para la expedición de
tarjetas profesionales de abogados y se dictan otras disposiciones”.
68. En esta norma estableció para los graduados con posterioridad a la
expedición de la Ley 1905 de 2018, que podrán solicitar sin la acreditación del
certificado de aprobación del examen de Estado de que trata el artículo 1°, su
inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de una tarjeta
profesional de abogado, la cual tendrá carácter provisional con vigencia hasta la
publicación de los resultados de la primera prueba.
2.7. De la carencia actual de objeto
69. La Sala ha explicado en varias ocasiones16 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual
e inminente.
70. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
71. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos: i) hecho superado; ii) daño consumado y iii) una situación sobreviniente.
72. En palabras de la Corte Constitucional, el hecho superado, regulado en el
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto en el que, entre el
momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que,
como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los
derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea
por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección
16Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 16.06.22, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 2022-02840-00 y del 19.10.17., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.
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de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer
(…)”17.
73. Por su parte, el daño consumado se produce cuando la vulneración del
derecho fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional:
“la segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a
partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha
consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía
evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una
orden al respecto”.18
74. Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela,
pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño
consumado y hecho superado.
2.8. Caso concreto
75. Del escrito de tutela se advierte que la parte actora solicitó desde el 29 de
junio de 2022 a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura que expidiera su tarjeta profesional de
abogada.
76. Luego, mediante petición del 5 de agosto de 202219 y que fuera contestada
el día 18 del mismo mes y año, solicitó que, por igualdad, se expidiera su tarjeta
profesional de abogada de manera definitiva tal y como se dispuso en los casos
decididos por esta Sección mediante fallos del 4 de agosto del año en curso y que se
identificaron los números de radicado 11001-03-15-000- 2022-03847-00 y 11001-03-
15-000- 2022-03409-00.
77. Con tales precisiones, para la Sala es posible afirmar que en el presente
asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida
en que la petición presentada por la actora en torno a la expedición de su tarjeta
profesional de abogada por parte de la accionada ya fue cumplida. Lo anterior, al
17 Sentencia T-481 de 2016.
18 Sentencia T-030 de 2017.
19 En la que, por igualdad, solicitó a la autoridad accionada expedir su tarjeta profesional de abogada
de conformidad con lo resuelto por esta Sección al interior de los procesos de tutela identificados con
el Radicado 11001-03-15-000- 2022-03847-00 y 11001-03-15-000- 2022-03409-00.
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margen de que no se hubiera procedido en el sentido que pretendió la señora
Martínez Malaver.
78. En efecto, tal y como informó el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia en su contestación,
durante el presente trámite constitucional, se efectuó la inscripción de la accionante
como abogada mediante el Acta N° 17817 de 2022, asignándole la tarjeta profesional
provisional No. 390.042.
79. Bajo tal orientación, y atendiendo al hecho que el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia ya
respondió la petición y adelantó el trámite de la tarjeta profesional de abogada de la
tutelante y la notificó en debida forma, cualquier orden que se imparta por parte de
esta Sala en este sentido resultaría inane debido a que la posible vulneración cesó
con la actuación de la autoridad enjuiciada.
80. Dicho lo anterior, corresponde a la Sala determinar si el hecho de que la
Unidad haya expedido una tarjeta profesional con carácter provisional y no definitiva
por ser destinataria de la Ley 1905 de 2018, en la medida que inició sus estudios con
posterioridad a su promulgación, vulnera las garantías fundamentales de la señora
Martínez Malaver. Esto, en la medida en que en su concepto a otras personas con
las que advirtió comparte supuestos fácticos y jurídicos, si les fue reconocida su
tarjeta profesional de carácter permanente. Además, porque aseguró este tipo de
reconocimiento limita el ejercicio de la profesión.
81. Tal y como se ha puesto de presente, la accionante esgrimió que esta
Sección, en dos casos similares al suyo, dispuso amparar los derechos de las
tutelantes y, como consecuencia de ello, ordenó a la Unidad que expidiera sus
tarjetas profesionales con carácter definitivo.
82. Al respecto la Sala considera necesario precisar que tales sentencias no
comparten identidad fáctica y jurídica, en la medida en que:
i) En aquellos casos, contrario a lo que sucede en la presente oportunidad, la
autoridad demandada se abstuvo de expedir las tarjetas profesionales porque las
tutelantes no habían presentado el examen de Estado que exige la Ley 1905 de
2018.
ii) A la fecha en que se resuelve el caso objeto de estudio, la autoridad accionada ya
adoptó medidas para que la imposibilidad para que se acredite el cumplimiento del
requisito relacionado con el examen de Estado, dada su falta de implementación, no
implique, como sucedía en los casos resueltos por esta Sección, que la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia se abstenga de expedir
tarjetas profesionales de abogado(a).
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83. Ciertamente, en los casos decididos por esta Sección en los cuales se amparó
el derecho de las actoras, se advirtió que la exigencia de un requisito para efectos de
expedir la tarjeta profesional de abogado(a) que no había sido implementado
implicaba una barrera para el ejercicio de la profesión. Así, se concluyó que hasta
tanto la Unidad no adoptara medida alguna al respecto, no podía desconocer la
situación de aquellas personas que habían cumplido con el resto de las exigencias
para poder ejercer como profesionales del derecho.
84. Con tales aclaraciones, se tiene que, de manera posterior a los fallos
proferidos por esta Sección, el Consejo Superior de la Judicatura, expidió el Acuerdo
N.º PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, “por medio del cual se establecen normas
para la expedición de tarjetas profesionales de abogados y se dictan otras disposiciones”.
85. En el mismo, previó para los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018
que aún no presentan el examen de Estado, la posibilidad de solicitar, sin la
acreditación del certificado de aprobación de dicho examen, su inscripción en el
Registro Nacional de Abogados y la expedición de una tarjeta profesional de
abogado, precisando que la misma tendrá carácter provisional con vigencia hasta
que se publiquen los resultados de la primera prueba que se haga del examen, que
se está implementando. En el referido acuerdo expresamente se estableció lo
siguiente:
“(…) Que en tanto se desarrollan las fases previstas para la implementación de
la Ley 1905 de 2018 y se materializa la presentación del Examen de Estado, los
destinatarios de la mencionada ley, podrán tramitar la solicitud de inscripción y
expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado, con vigencia provisional
hasta la publicación de los resultados de la primera prueba realizada.
Que de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 1905 de 2018, el
Examen de Estado es una exigencia razonable fijada por el legislador para
aquellas personas que pretendan ejercer la representación de una persona
natural o jurídica; sin embargo, como a la fecha no es posible acreditar el
certificado de aprobación del examen consagrado en la citada ley, se expedirá
la Tarjeta Profesional de Abogado con vigencia provisional.
(…)
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1°. Mientras se desarrollan las fases necesarias
para la implementación del Examen de Estado, los destinatarios de la Ley 1905
de 2018, podrán solicitar, sin la acreditación del certificado de aprobación del
examen, sub inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición
de la Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta
la publicación de los resultados de la primera prueba.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2°. Las Tarjetas Profesionales de Abogados que
se expidan bajo las condiciones del parágrafo anterior, contendrán la
denominación "Provisional".
16
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PARÁGRAFO TRANSITORIO 3.° Quienes obtengan la Tarjeta Profesional de
Abogado con vigencia provisional, en los términos del presente Acuerdo, una
vez sea dispuesta la aplicación del Examen del Estado, deberán presentarlo y
acreditar su aprobación, para efectos de que les sean expedidas las respectivas
tarjetas profesionales de abogado …”. (Resaltado por la Sala)
86. Como se observa, la vigencia de esas tarjetas profesionales previstas para los
graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018 y que en la actualidad no pueden
acreditar el cumplimiento del requisito del examen estatal en la medida que el mismo
no se ha implementado, está condicionada a la publicación de los resultados de la
primera prueba, que según el mismo Acuerdo tiene fecha de implementación en el
año 2024.
87. Bajo tal orientación, para el 30 de abril de 2024, fecha de vencimiento de la
tarjeta profesional de la parte actora, el acceso al examen de Estado ya debe estar
disponible, el cual debe ser aprobado por todas aquellas personas en la misma
condición que la tutelante, para que, con carácter definitivo, sea expedida la
correspondiente tarjeta profesional de abogado(a).
88. Tal y como puso de presente el juez constitucional de primera instancia, el
Acuerdo PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 no establece que la tarjeta
profesional provisional tenga limitación alguna para el ejercicio de la profesión.
89. Precisamente, respecto a la afirmación de la parte actora, consistente en que
con el carácter provisional que se le otorgó a su tarjeta profesional se le vulneran sus
derechos al trabajo y a la libertad de ejercer su profesión, la Sala considera que tal
trasgresión no se concreta. Lo anterior, teniendo en cuenta que, tal y como advirtió el
a quo, puede desempeñarse como abogada sin ninguna limitación dentro de la
vigencia del documento.
90. Para ello, resulta importante destacar que la tarjeta profesional provisional que
se les concede a quienes hayan iniciado sus estudios con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 1905 de 2018 no se asimila a la licencia temporal regulada en
el Decreto 196 de 1971. Esto, dado que la tarjeta profesional provisional se le otorga
a quienes hayan obtenido su título para que ejerzan como abogados.
91. Por el contrario, la licencia temporal se le concede a los estudiantes de
derecho que sin haber obtenido el título, culminaron y aprobaron la totalidad de
materias. Sin embargo, solamente pueden representar los derechos de otros en los
casos estrictamente señalados en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971. Así, por
ejemplo, esta norma no contempla la posibilidad de que quienes cuenten con la
licencia temporal actúen como apoderados en el marco de procesos disciplinarios.
92. En este sentido, la provisionalidad del documento reconocido a la accionante
se trata exclusivamente de una limitación temporal, pero no material comoquiera que
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en manera alguna condiciona la facultad de representación que con fundamento en
dicho documento le asiste a la parte actora, tal y como se asevera.
93. De tal suerte, la Sala coincide con lo resuelto por el a quo constitucional en el
sentido que el hecho de que no se haya expedido una tarjeta profesional con
carácter definitivo respecto de la tutelante no implica la vulneración de sus derechos
fundamentales.
94. Ciertamente, para acceder a esa tipología de tarjeta debe cumplirse, además
de las exigencias que ya acreditó, con el requisito exigido en la Ley 1905 de 2018, el
cual corresponde a un mandato legal cuyos destinatarios no pueden evadir su
cumplimiento.
95. Al respecto, debe mencionarse que lo contrario apareja la inaplicación de un
requisito contenido en la Ley 1905 del 2018, la cual fue declarada exequible por la
Corte Constitucional en las sentencias C-138 del 2019 y C-594 del 2019,
oportunidades en las cuales el Alto Tribunal recalcó la importancia de la aprobación
del examen de Estado, como una medida para comprobar la calidad de los
profesionales que fuesen a desempeñarse como abogados, pues ésta es una labor
que comporta un riesgo social si se tiene en cuenta que el profesional del derecho
gestiona la protección de derechos de terceras personas.
96. Precisamente, la Corte Constitucional en la sentencia C138 del 2019, al
conocer de una acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 1905 del 2018,
consideró que, debido a la trascendencia social del ejercicio de la abogacía, la
exigencia en torno a la presentación de un examen estatal a las personas que vayan
a ejercer esta profesión no resulta contraria a la Carta Política. En palabras del Alto
Tribunal:
(…) De esta forma, en desarrollo del artículo 26 Superior (libertad de escoger
profesión u oficio), en el caso de la abogacía le es dado al legislador exigir
títulos de idoneidad, toda vez que, dicha profesión implica un riesgo social.
Ello es así, justamente, porque la conducta individual del abogado se
encuentra vinculada a la protección del interés general o común, de manera
que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, puede proyectarse
negativamente sobre la efectividad de diversos derechos fundamentales de
terceros, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho a la defensa
y el acceso a la administración de justicia, así como también, poner en entre
dicho la vigencia de principios constitucionales de interés general,
orientadores de la función jurisdiccional, tales como la eficacia, la celeridad y
la buena fe.
97. Por su parte, en la sentencia C-594 de 2019, al analizar el requisito de examen
de Estado en torno al cual se circunscribe la presente controversia, el Alto Tribunal
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especificó que la exigencia de títulos de idoneidad para ejercer las profesiones tiene
2 componentes: i) la formación profesional y, de otra, ii) la certificación sobre la
idoneidad.
98. Así, mientras que el primero comprueba que la persona ha adquirido los
conocimientos para ejercer la labor, el segundo se refiere a la posibilidad de verificar
que se conoce la labor y, por lo tanto, tiene un título que así lo acredita. En palabras
del Alto Tribunal:
4.4.2. La exigencia de títulos de idoneidad tiene, pues, dos componentes: 1) el
relativo a la formación profesional y 2) el que corresponde a la certificación sobre la
idoneidad. El primero implica el suministro y la adquisición de los saberes propios que
habilitan a una persona para ejercer una profesión. Esta tarea, en principio, se confía
o defiere a instituciones especializadas, pero en todo caso el Estado se reserva la
fijación de las condiciones en las que dichas instituciones pueden constituirse y
ejercer esta tarea. El segundo alude a la verificación de que la persona ha cumplido
los requisitos del programa de formación y, por consiguiente, es acreedora de un
título de idoneidad que permita el ejercicio de la profesión20.
99. Como ya ha señalado esta Sección21, la tarjeta profesional de abogado tiene
una marcada relevancia si se tiene en cuenta que quienes ejercen esta profesión
propugnan por la garantía de los derechos fundamentales de sus contratantes, por el
cumplimiento de los deberes, las obligaciones en el ámbito familiar y la libertad física
de las personas, entre otras.
100. Ciertamente, se trata de un documento que se expide, al igual que en otras
profesiones22, luego de verificar que la persona cuenta con título idoneidad para
prestar sus servicios a la sociedad en el respectivo campo.
101. Así, se trata de un documento mediante el cual se reconoce que una persona
tiene la calidad de profesional en un área del conocimiento y que está capacitada
para desarrollarla, de manera que se trata de un título de idoneidad y autenticidad
para el ejercicio de la profesión.
102. Fue justamente por el riesgo social que comporta la profesión de abogado,
que el legislador, mediante la Ley 1905 de 2018, estableció como nuevo requisito
para poder expedir la tarjeta profesional la aprobación de un examen de Estado. Lo
anterior, con el propósito de aumentar los controles para garantizar la idoneidad de
20 Sentencia C-594 del 2019.
21En fallo del 4 de agosto de 2022. Radicado. 11001-03-15-000-2022-03409-00. C.P: Pedro Pablo
Vanegas Gil.
22 Como medicina, topografía, arquitectura, las ingenierías, administración de empresas, contaduría
pública y enfermería.
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quienes, como profesionales del derecho, representan los intereses de otras
personas.
103. En suma, y atendiendo al hecho que la profesión de abogado implica una
labor de gestión y garantía de derechos ajenos que apareja un riesgo social, el
requisito del examen de Estado es una exigencia razonable y constitucionalmente
válida.
104. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que el proceder de la
autoridad accionada no atenta contra los derechos fundamentales de la demandante,
comoquiera que la misma ya está inscrita y cuenta con número de tarjeta profesional
y certificado de vigencia, que le permite ejercer la profesión de abogada sin limitación
material alguna.
105. Finalmente, para la Sala no pasa desapercibido el hecho que la accionante se
refirió a la transgresión de su derecho fundamental a la igualdad representado en
que a otras personas que se encontraban en la misma situación fáctica sí les fue
expedida la tarjeta profesional de carácter permanente, esto es, sin ningún tipo de
condicionamiento en torno al cumplimiento del examen estatal, para lo cual adjuntó
un conjunto de certificados de vigencia descargados de la página SIRNA.
106. Al respecto, debe ponerse de presente tal y como lo hizo de manera reciente
esta Sección en fallo del 20 de octubre del año que avanza 23, la Corte Constitucional
ha establecido en torno al derecho a la igualdad que dicha garantía no es de
aplicación automática que implica tratar igual a los iguales y diferente a los
desiguales, sino que, en cada caso, debe llevarse a cabo “un juicio de igualdad para
determinar si el trato desigual está fundado en criterios razonables y válidos ” 24.
107. En aplicación de lo anterior, debe ponerse de presente que los certificados
incluidos en el escrito tutelar en los que se evidencia el reconocimiento de tarjetas
profesionales sin ninguna limitación temporal, fueron expedidos con antelación al
Acuerdo N.º PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 del Consejo Superior de la
Judicatura, con lo cual se trata de supuestos fácticos que difieren al de la accionante.
108. En consecuencia, este cargo de la acción constitucional también será resuelto
de manera negativa.
2.8. Conclusión
109. Por una parte, la Sala modificará la decisión de primera instancia y declarará
la carencia actual de objeto por hecho superado, pues en el curso del trámite de la
presente tutela la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
23 Exp. 11001-03-15-000-2022-04681-00. C.P: Rocío Araújo Oñate.
24 Sentencia C-1191 de 2001.
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Demandante: Diana Patricia Martínez Malaver
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional
De Abogados y Auxiliares de la Justica
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04543-01
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura le dio respuesta a la petición
presentada por la actora el 29 de junio de 2022, mediante la cual requirió se
expidiera su tarjeta profesional de abogada.
110. Por otro lado, confirmará la negativa referente al otorgamiento de la tarjeta
profesional con carácter provisional, toda vez que no se advierte la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la accionante, pues es destinataria de la Ley
1905 de 2018, aunado a que el reconocimiento de dicho documento en tales
condiciones no representa limitación alguna para ejercer su carrera.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 16 de septiembre de 2022, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, para en su lugar, DECLARAR la carencia
actual de objeto por hecho superado respecto de la petición elevada el 29 de junio de
2022 ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
por las razones expuestas.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, lo resuelto en la sentencia impugnada.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
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Demandante: Diana Patricia Martínez Malaver
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional
De Abogados y Auxiliares de la Justica
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04543-01
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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