Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04565-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04565-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-04565-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
24 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04565-01
Accionante: LEONARDO ALEXANDER TAMARA GÓMEZ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se modifica el fallo impugnado – el actor
dispone de otro mecanismo judicial para controvertir la Ley 1905 de
2018 y el Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 - el
límite temporal de la vigencia de la tarjeta de profesional provisional
no vulnera derechos fundamentales
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el tutelante en contra de la sentencia
de 7 de octubre de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El ciudadano Leonardo Alexander Tamara Gómez presentó acción de tutela con
miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales «[…] de igualdad,
trabajo, libre desarrollo a la profesión, equidad y principio de favorabilidad, al debido
proceso, al igual que el derecho estipulado en el art 43 donde se establece que la
mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades en el ámbito social,
económico y cultural […]», cuya vulneración le atribuyó a la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura, con ocasión de la falta de expedición de su tarjeta profesional de abogado
que solicitó el 2 de julio de 2022.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que el 28 de junio de 2022 se graduó de abogado.
2.2. Adujo
que, con fecha 2 de julio de 2022, presentó ante la accionada la
documentación requerida para expedición de su tarjeta profesional de abogado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04565-01
Accionante: Leonardo Alexander Tamara Gómez
2.3. Señaló que: «[…] tanto la información proporcionada por el CSJ en la página web
como en el procedimiento se informa de manera clara y expresa que debo remitir al
correo mencionada anteriormente los documentos o requisitos exigidos para
generar la respectiva tarjeta (Formulario único con firma y huella, acta de grado,
fotocopia de cedula, fotografías y consignación por un valor de $ 50.000), y en
ningún momento se indica requisito alguno al respecto del articulo 2 Ley 1905
del año 2018 […]».
2.4. Comentó que, pese a que ya ha transcurrido 48 días desde que radicó su
solicitud, la entidad peticionada no la ha respondido de fondo.
2.5. Expuso que: «[…] en vista de que no obtenía respuesta y que ya estábamos en
el mes de agosto de 2022, me reuní con algunos compañeros que estaban en la
misma situación y al conocer una respuesta dada acerca del caso de un compañero
de la UGC […]; en el que el Consejo Superior de la Judicatura determinó que “no
puede expedir la referida Tarjeta Profesional de Abogado hasta tanto presente,
apruebe y obtenga la certificación de aprobación del examen de estado,
exigido en la Ley 1905, de 2018”, decidimos solicitar una mesa de trabajo (el día
03 de agosto de 2022) con la dirección de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia Dra. Martha Esperanza Cuevas Meléndez en
búsqueda de soluciones, esta solicitud fue respondida el 10 de agosto de 2022 y
fue programada reunión para el 19 de agosto de 2022 […]».
2.6. Puntualizóque, en dicha reunión, la magistrada del Consejo Superior de la
Judicatura, doctora Gloria Stella López Jaramillo, explicó que la presentación del
examen de Estado estaba programada para el año 2024 y la alternativa que se les
ofreció a los abogados destinatarios de la Ley 1905 de 2018 consiste en expedirles
una tarjeta profesional con una duración definida en el tiempo, ante lo cual «[…]
todos los egresados manifestamos total desacuerdo con dicha decisión, intentamos
explicar que nos afectaba porque a nosotros como profesionales no solo nos limita
en tiempo, sino que nos limita el ejercicio de la profesión […]».
2.7. Aseveró que la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales, toda
vez que, para la fecha en que presentó el mecanismo de amparo, no se le había
otorgado una respuesta de fondo respecto del trámite de expedición de su tarjeta
profesional de abogado.
2.8. Afirmó que, por la restricción temporal de la vigencia de su tarjeta profesional de
abogado, no podría comprometerse a futuro con litigios o procesos, como tampoco
postularse a cargos públicos o privados en la medida en que no podría representar
a otra persona, por lo que es clara la limitación del derecho fundamental a la libre
escogencia y ejercicio de la profesión.
2.9. Manifestó que hay personas en su misma situación a las que se les expidió la
tarjeta profesional sin ninguna restricción temporal y otras a las que se les concedió
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Accionante: Leonardo Alexander Tamara Gómez
ese tipo de documento como resultado de fallos de tutela, lo que inexorablemente
implica un trato desigual.
2.10. Advirtió que la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante fallos de tutela
dictados dentro de los expedientes con radicados 11001-03-15-000-2022-03847-
007 y 11001-03-15-000-2022-03409-008 ha ordenado a la autoridad aquí accionada
a proceder con la expedición de tarjetas profesionales de abogado, sin la
presentación del examen de Estado de que trata la Ley 1905 de 2018, y sin el
carácter temporal antes referido.
II.1. Del escrito allegado por el actor con posterioridad a la presentación de la
acción de tutela
3. Mediante memorial allegado por correo electrónico el 7 de septiembre de 2022, el
accionante manifestó que le daba alcance a su escrito inicial de tutela en atención
a las actuaciones desplegadas por la accionada. En tal sentido, expuso, en síntesis,
lo siguiente:
3.1. Manifestóque la autoridad accionada, en efecto, le remitió el certificado de
vigencia No. 506392, que registra la calidad de abogado, sin observación alguna.
Sin embargo, con posterioridad emitió un nuevo certificado de vigencia que refleja
la siguiente observación:
«[…] De conformidad con la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo PCSJA2211985 de
2022, esta Tarjeta Profesional Provisional tendrá vigencia hasta el 30 de abril
de 2024 […]».
3.2. Consideró que la doble expedición de certificados de vigencia tiene como objeto
que el juez constitucional declare la carencia actual de objeto por hecho superado,
pese a que la accionada continúa «[…] manteniendo su decisión arbitraria de
conceder una tarjeta con restricciones y limitación en el tiempo para ejercer nuestra
profesión libremente […]».
3.3. Enfatizó en que limitar en el tiempo la vigencia de su tarjeta profesional, implica
la afectación a su derecho a la igualdad, habida cuenta de que cumplió con todos
los requisitos exigidos para la época y su situación fáctica es idéntica a la de quienes
les otorgaron dicho documento público a través de los fallos de tutela ya
mencionados.
3.4. Expuso que la vigencia hasta el 30 de abril de 2024 de su tarjeta profesional
supone la existencia de una limitante en el ejercicio de la profesión.
3.5. Añadió que el Consejo Superior de la Judicatura actúa arbitrariamente para
justificar la ausencia de planeación y coordinación respecto del examen de Estado,
el cual tuvo que estar reglado desde la entrada en vigor de la Ley 1905 de 2018, por
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Accionante: Leonardo Alexander Tamara Gómez
lo que no se le puede trasladar esa omisión, ya que “nadie está obligado a lo
imposible”.
3.6. Señaló que, con ocasión de la expedición del Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de
agosto de 2022, la autoridad accionada trató de enmendar su falta de planeación
en la realización del examen de Estado. Sin embargo, en su criterio, dicha
regulación debe ser aplicada a los abogados graduados con posterioridad a la fecha
de la publicación del referido acuerdo. En tal sentido, explicó lo siguiente:
«[…] si se pretende aplicar el ACUERDO PCSJA22-11985 que emitió el
Consejo Superior de la Judicatura, considero que este se debe aplicar a los
profesionales graduados posterior a la fecha de publicación que fue el 30 de
agosto de 2022, pues como es claro mi solicitud de expedición de la tarjeta
profesional de abogado fue de fecha 2 de julio de 2022, anterior a dicho
acuerdo. Quiere decir, que para estos casos como el mío se les debería aplicar
las decisiones de los jueces, pues para que sean eficaces, es necesario que la
entidad accionada ejecuten lo que resolvió las sentencias cuyo radicado son:
11001-03-15-000-2022-03847-00 y 11001-03-15-000-2022-03409-00, pues son
fallos ciertos, vinculantes y obligatorios, es decir, que su existencia no debe ser
cuestionada, que su acatamiento debe ser forzoso y que en caso de que no
sean obedecidas voluntariamente, puedan ser exigibles de manera coactiva, de
aquí se desprende la seguridad jurídica […]».
III. PRETENSIONES
4. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales de igualdad, trabajo, libre
desarrollo a la profesión, equidad y principio de favorabilidad, al debido proceso,
al igual que el derecho estipulado en el art 43 donde se establece que la mujer
y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades en el ámbito social,
económico y cultural.
SEGUNDO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que con plazo 48
horas se expida mi Tarjeta Profesional de abogado a la cual tengo derecho por
haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la página SIRNA - Rama
Judicial Consejo Superior de la Judicatura, y de esta manera impedir y prevenir
que se siga vulnerando mis derechos fundamentales […].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
5. El
magistrado de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 30 de agosto de
2022, admitió la presente acción de tutela.
V. INTERVENCIONES
6. La directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura rindió informe en los siguientes
términos:
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04565-01
Accionante: Leonardo Alexander Tamara Gómez
6.1. En primer lugar, señaló que: «[…] el Consejo Superior de la Judicatura expidió el
Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, “por medio del cual se
establecen normas para la expedición de tarjetas profesionales de abogados y se
dictan otras disposiciones”, dentro de las cuales, para los graduados destinatarios
de la Ley 1905 de 2018 que aún no presentan el examen de Estado, podrán solicitar
sin la acreditación del certificado de aprobación del examen, su inscripción en el
Registro Nacional de Abogados y la expedición de una Tarjeta Profesional de
Abogado, que tendrá carácter provisional con vigencia hasta la publicación de los
resultados de la primera prueba […].
6.2. Seguidamente, indicó que el actor es destinatario de la Ley 1905 de 2018, razón
por la cual, en aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29
de agosto de 2022, le expidió su tarjeta profesional de abogado, pero de manera
provisional hasta tanto se publiquen los resultados del examen de Estado.
6.3. Al respecto, anexó copia del oficio enviado al accionante, mediante el cual se le
informa respecto del trámite y expedición de su tarjeta profesional de abogado.
6.4. Por todo lo anterior, solicitó negar el amparo deprecado por el accionante al
configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
7. Mediante fallo de tutela de 7 de octubre de 2022, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado resolvió: «[…] DECLARAR la improcedencia de
la tutela por configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado […]».
8. Como sustento de su decisión, en primera medida, el juez de primera instancia
señaló que: «[…] en el caso objeto de estudio se presenta una carencia actual de
objeto por hecho superado, por cuanto los supuestos de hecho y pretensiones que
motivaron la interposición de la demanda de tutela desaparecieron, toda vez que la
autoridad accionada expidió el documento que había sido solicitado por el
accionante desde el 2 de julio de 2022 […]».
9. De otra parte, advirtió que dado que: «[…] algunas de las manifestaciones del
actor en el amparo formulado y el memorial allegado están encaminadas a debatir,
por un lado, el contenido de la Ley 1905 de 2018 y del Acuerdo PCSJA22-11985
del 29 de agosto de 2022 y, […] la vigencia temporal de las tarjetas profesionales
que expide la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
[…]», el mecanismo de amparo no cumplía el requisito de la subsidiariedad frente a
esos motivos de inconformidad.
10. Finalmente, señaló que: «[…] pese a que el señor Tamara Gómez refiere algunas
sentencias proferidas, en sede de tutela, por la Sección Quinta de esta Corporación,
radicados No. 11001-03-15-000-2022-03847-00 y 11001-03-15-000-2022-03409-
00, la Sala debe advertir que, salvo casos altamente excepcionales, las decisiones
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Accionante: Leonardo Alexander Tamara Gómez
y órdenes plasmadas en la parte resolutiva de las sentencias de tutela tienen efectos
inter partes, sin que puedan trasladarse automáticamente sus consecuencias a
procesos judiciales distintos […]».
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
11. El accionante impugnó la sentencia de primera instancia, reiteranto, en términos
generales, los argumentos expuestos tanto en su escrito inicial de tutela como en el
memorial allegado por correo electrónico el 7 de septiembre de 2022.
12. Adicionalmente, consideró que el juez de primera instancia erró al declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado, ya que no se tuvo en cuenta que:
«[...] la expedición de la tarjeta profesional de abogado se solicitaba sin restricción
y limitación alguna [...]».
13. Igualemente, advirtió que:
«[…] la sentencia proferida carece de la debida motivación, desconoce los
derechos invocados, al proferir una decisión que claramente no se ajusta a
derecho y que no cumple con las condiciones necesarias de valoración de
tiempo y modo, lo anterior teniendo en cuenta que:
1. No se ajusta específicamente los hechos, fechas de ocurrencia y
antecedentes que motivaron la tutela.
2. Incurre el fallador en error al no examinar de manera suficiente los
argumentos, y al no haber tenido en cuenta lo descrito en el memorial radicado
de manera oportuna en el proceso.
3. Se niega a conceder los derechos tutelados y por ende no garantiza el pleno
goce de mis derechos, como lo establece la carta magna. […]»
14. Destacó que, aunque la accionada sí emitió respuesta a su solicitud, esta no fue
de fondo «[...] porque la petición estaba enfocada en la aplicación del principio y
derecho a la igualdad frente a dos casos donde otorgaron la tarjeta definitiva sin
ningún tipo de novedad o provisionalidad, casos en los que se conserva la identidad
fáctica y jurídica, tema del cual no hubo pronunciamiento alguno [...]».
15. Reiteró que la limitación temporal de su tarjeta profesional de abogado afecta el
ejercicio de su profesión, habida cuenta que eventualmente no se puede
comprometer «[...] con litigios, procesos, postularnos a cargos privados o públicos
en los cuales desarrollemos la profesión de abogado por medio de representación
de otras personas (abogacía en estricto sentido); pues cuando se cumpla dicho
plazo perderemos toda competencia, volveremos al estado original como si de nada
valiera cumplir con los requisitos académicos fijados por las universidades, obtener
título y cumplir a cabalidad con los requisitos definidos por el mismo CSJ en sus
trámites, nuevamente estaríamos los egresados desprotegidos y con la posibilidad
de vernos involucrados en una falta disciplinaria grave que acarrea sanciones tales
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04565-01
Accionante: Leonardo Alexander Tamara Gómez
como multas, exclusión, prohibición para ejercer la abogacía y la censura como
reprobación pública que se hace al infractor por la falta cometida [...]».
16. La anterior circunstancia, a juicio del impugnante, «[...] implica un límite
desproporcionado que impone el Consejo Superior de la Judicatura para el derecho
fundamental a la libre escogencia y ejercicio de la profesión, sin mencionar que
persiste la desigualdad frente a los profesionales que ya obtuvieron la tarjeta
profesional sin ningún tipo de limitación o restricción del ejercicio de la profesión
[...]»
17. Afirmó que: «[...] no es cierto que al momento de interponer la demanda de tutela
me asistieran otros medios de defensa judicial como así lo quiere hacer ver la sala,
basta con analizar que al momento de realizar la solicitud de inscripción de la tarjeta
profesional de abogado que fue el día 14 de julio del 2022 y el momento en que
interponer pongo la demanda, que fue para el día 22 de agosto del 2022 no se había
promulgado el Acuerdo PCSJA22-11985 el cual se promulga el 29 de agosto de
2022 situación que claramente deja ver que al momento en que realice el tramite y
tutele mis derechos dicha norma no había nacido a la vida jurídica, por lo que resulta
desacertado por parte de la sala manifestar que me asistían otros medios de
defensa judicial [...]».
18. Igualmente, adujo lo siguiente:
«[…] es claro que si se guarda identidad fáctica y jurídica frente a los casos
resueltos en los dos (2) fallos de Tutela emitidos por el CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN QUINTA, del
cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022), con Radicación: 11001-03-
15-000-2022-03847-00 cuya demandante es la señora ELIZABETH
JARAMILLO RODRÍGUEZ y Radicación: 11001-03-15-000-2022-03409-00
cuya demandante es la señora KATYA MARCHELA ÁLVAREZ OLIVELLA en
contra del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA,
donde se concedió el amparo a los derecho tutelados configurándose igualdad
en los hechos fácticos y sustanciales, lo anterior porque la fecha de solicitud de
expedición de tarjeta profesional 29 de junio de 2022, la fecha de petición
realizada al Consejo Superior de la Judicatura 10 de agosto de 2022 y la fecha
de la interposición de acción de tutela 22 de agosto de 2022, son anteriores
a las medidas que adopto el Consejo Superior de la Judicatura mediante
acuerdo, esto se dio con posterioridad en fecha 29 de agosto de 2022.
Es entonces por lo que respetuosamente le solicito al juez, que la decisión no
debe ser tomada teniendo en cuenta la fecha de resolución de la sentencia sino
aplicarse el derecho de igualdad conforme los hechos cronológicamente
sustentados y el material probatorio aportado […]». (sic en toda la cita)
19. Añadió que aportaba «[...] copia de la actuación administrativa adelantada por la
secretaria de movilidad de Bogotá dentro del expediente 40025 dentro de la
audiencia pública por infracción C31la cual ce realizo el día 3 de octubre del 2022 a
las 5.45 de la tarde y en donde parece como defensor el señor JOSÉ HUMBERTO
GÓMEZ HERRERA portador de la tarjeta provisional numero 389895 del
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Accionante: Leonardo Alexander Tamara Gómez
concejo [sic] superior de la judicatura, y donde claramente se evidencia la manera
como a este colega que se encuentra en la misma situación que yo me encuentro
no le es reconocida la personería jurídica por el carácter temporal de su tarjeta
profesional de abogado, situación que se evidencia con claridad en el documento
que aporto como prueba, situación esta que deja al descubierto que la tarjeta
profesional otorgada por el CSJ no tiene ningún valor y no le permite a los abogados
con tarjeta temporal asistir actuaciones administrativas como defensores por tener
una tarjeta de carácter temporal, situación que claramente vulnera nuestros
derechos [...]».
20. Con fundamento en los anteriores argumentos, solicitó revocar el fallo impugnado
y que, como consecuencia de ello, se ordene a la accionada expedir su trajeta
profesional de abogado definitiva «[...] sin ningún tipo de limitación o restricción del
ejercicio de la profesión, ni provisionalidad, a la cual tengo derecho por haber
cumplido con todos los requisitos exigidos en la página SIRNA - Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura, y por conservar identidad fáctica y jurídica con
los casos concretos mencionados, de esta manera impedir y prevenir que se siga
vulnerando mis derechos fundamentales [...]».
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
21. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.
VIII.2. Problemas jurídicos
22. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer:
A) Si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedencia.
B) Si ello es así, determinar si la entidad accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al expedir su tarjeta
profesional de abogado de manera provisional, y no definitiva.
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionante: Leonardo Alexander Tamara Gómez
VIII.3. El caso concreto
23. El ciudadano Leonardo Alexander Tamara Gómez presentó acción de tutela
con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales «[…] de igualdad,
trabajo, libre desarrollo a la profesión, equidad y principio de favorabilidad, al debido
proceso, al igual que el derecho estipulado en el art 43 donde se establece que la
mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades en el ámbito social,
económico y cultural […]», cuya vulneración le atribuyó a la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura, con ocasión de la falta de expedición de su tarjeta profesional de abogado
que solicitó el 2 de julio de 2022.
VIII.3.1. De la improcedencia de la acción de tutela en relación con los
argumentos dirigidos a controvertir la Ley 1905 de 2018 y del Acuerdo No.
PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022
24. En este punto es preciso indicar que, tal como lo consideró el juez de primera
instancia, de los múltiples argumentos expuestos por el actor se advierten que
algunos de ellos se encuentran dirigidos a controvertir el contenido de la Ley 1905
de 2018 y del Acuerdo No. PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura.
25. Frente a esos motivos de inconformidad, la Sala advierte que el mecanismo de
amparo deviene en improcedente por incumplimiento del requisito de la
subsidiariedad, tal como pasa a explicarse a continuación:
26. En primer lugar, debe señalarse que frente a los reparos en contra de la Ley 1905
de 2018, el actor cuenta con la acción pública de inconstitucionalidad, por lo que,
tal como se consideró en primera instancia, él sí dispone de otro medio de defensa
judicial en cuanto a este aspecto se refiere.
27. Respecto de los argumentos tendientes a controvertir el Acuerdo No. PSCJA22-
11985 de 29 de agosto de 2022 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
la Sala señala que tal acto administrativo es pasible de control judicial, razón por la
que contra el mismo procede el medio de control de nulidad previsto en el artículo
137 de la Ley 1437 de 2011.
28. Significa lo anterior que el actor sí dispone de otro medio de defensa judicial
para controvertir la presunta ilegalidad del Acuerdo No. PSCJA22-11985 de 29 de
agosto de 2022, resaltándose que dicho mecanismo es idóneo para solicitar la
anulación y la suspensión del referido acto y es eficaz porque en el interior de ese
proceso podrá solicitar medidas cautelares.
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Accionante: Leonardo Alexander Tamara Gómez
29. Nótese que la jurisprudencia tanto de esta Corporación5 como de la Corte
Constitucional6 han sido enfáticas en sostener que las medidas cautelares previstas
en los artículos 229 y s.s. de la Ley 1437 de 2011 resultan ser un medio de defensa
idóneo y eficaz para obtener la suspensión provisional de los actos administrativos
que se cuestionen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que
ya no es de recibo el argumento según el cual los medios de control no son
eficaces ni oportunos para la salvaguarda de las garantías fundamentales.
30. Ahorabien, para la Sala carece de sustento el argumento del impugnante
asociado a que, para la fecha en que radicó el presente mecanismo de amparo, no
disponía de otro medio de defensa judicial, en tanto que el referido acuerdo no se
había expedido para esa época.
31. En tal sentido se debe aclarar al respecto es que, en el escrito inicial de tutela, el
actor no hizo alusión a la supuesta arbitrariedad en que incurrió el Consejo Superior
de la Judicatura al expedir el Acuerdo No. PSCJA22-11985 de 29 de agosto de
2022; sin embargo, dicho argumento si fue planteado e incorporado a la litis de este
proceso constitucional, mediante el escrito de 7 de septiembre de 2022, por medio
del cual el aquí tutelante le dio alcance a su solicitud de amparo, por lo que es claro
que para esa época tal acto administrativo sí estaba surtiendo efectos y, por tanto,
era deber del señor Tamara Gómez acudir a los mecanismos judiciales ordinarios
antes de plantear cualquier inconformidad ante el juez de tutela.
32. Deallí que tal argumento del impugnante no tiene vocación de prosperidad,
habida cuenta que sí dispuso y aún dispone de otro medio de defensa para
pretender la salvaguarda de los derechos fundamentales que estima vulnerados,
con ocasión del citado Acuerdo No. PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022.
33. En atención a las anteriores consideraciones y comoquiera que no se evidencia
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, la Sala concluye que los argumentos
dirigidos a controvertir la legalidad de la Ley 1905 de 2018 y del Acuerdo No.
PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura no cumplen con el requisito de la subsidiariedad, tal como lo consideró
el juez de primera instancia.
VIII.3.2. De la supuesta vulneración por la expedición de la tarjeta profesional
de abogado con carácter provisional
34. Sobre el particular, el actor señaló que la petición que radicó ante la accionada
no ha sido atendida de fondo, porque la tarjeta profesional de abogado que le fue
expedida tiene una vigencia temporal, lo cual, a su juicio, implica una limitación al
ejercicio de la profesión.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de marzo de 2014, expediente número
25000-23-42-000-2013-06871-01(AC), C.P. Alfonso Vargas Rincón. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018, expediente 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth
García González.
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Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-355 de 11 de junio de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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35. En desarrollo de lo anterior, expuso que la falta de planeación por parte de la
autoridad accionada en la realización del examen de Estado de que trata la Ley
1905 de 2018 no puede ser asumida por él, porque no está obligado a lo imposible.
Asimismo manifestó que, por derecho de igualdad, se le debe expedir su tarjeta
profesional de abogado sin restricción alguna, tal como lo ordenó la Sección Quinta
de esta Corporación mediante los fallos de tutela en favor de personas que se
encontraban en su misma situación.
36. Por último, el impugnante consideró que la medida adoptada mediante el Acuerdo
No. PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 no le es aplicable porque se graduó
y radicó la solicitud de expedición de tarjeta profesional antes de que se expidiera
tal acto administrativo.
37. Resumidos así los motivos de inconformidad, la Sala empieza por advertir que,
conforme al material probatorio obrante en el plenario, se tienen como probado lo
siguiente:
37.1. El aquí actor es destinatario de la Ley 1905 de 2018, por tanto, para que le sea
expedida la tarjeta profesional de abogado, debe, además de cumplir con los
requisitos legales para ello, contar con la certificación de aprobación del examen de
Estado previsto en dicha norma. Tal requisito es de creación legal y de obligatorio
cumplimiento.
37.2. Para el momento en que el actor se graduó y solicitó la expedición de su tarjeta
profesional de abogado, el Consejo Superior de la Judicatura no había
implementado, ni aún lo ha hecho, la prueba de examen de Estado prevista en la
Ley 1905 de 2018.
37.3. Ante la anterior circunstancia, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante
Acuerdo No. PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, implementó medidas
tendientes a que los abogados destinatarios de la Ley 1905 de 2018 le sean
expedidas las tarjetas profesionales de manera provisional hasta tanto se publiquen
los resultados del examen de Estado. Tal medida es del siguiente tenor:
«[…] PARÁGRAFO TRANSITORIO 1°. Mientras se desarrollan las fases
necesarias para la implementación del Examen de Estado, los destinatarios de
la Ley 1905 de 2018, podrán solicitar, sin la acreditación del certificado de
aprobación del examen, su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y
la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá vigencia
provisional hasta la publicación de los resultados de la primera prueba.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2°. Las Tarjetas Profesionales de Abogados que
se expidan bajo las condiciones del parágrafo anterior, contendrán la
denominación "Provisional".
PARÁGRAFO TRANSITORIO 3.° Quienes obtengan la Tarjeta Profesional de
Abogado con vigencia provisional, en los términos del presente Acuerdo, una
vez sea dispuesta la aplicación del Examen del Estado, deberán presentarlo y
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acreditar su aprobación, para efectos de que les sean expedidas las respectivas
tarjetas profesionales de abogado […]».
38. Visto todo lo anterior, para la Sala es claro que, aunque es cierto que el Consejo
Superior de la Judicatura no ha implementado el examen de Estado, como requisito
de expedición de la tarjeta profesional de los abogados destinatarios de la Ley 1905
de 2018, también es cierto que adoptó una medida tendiente a suplir de manera
provisional dicha omisión, medida que goza de presunción de legalidad y que
consiste en expedir provisionalmente la tarjeta profesional hasta tanto se publiquen
los resultados de la referida prueba.
39. De allí que la Sala advierte que, en este momento, la falta de implementación del
examen de Estado no implica que los abogados que se encuentran en la obligación
de realizarlo como requisito para obtener la expedición de la tarjeta profesional, se
encuentren sin dicho documento y, mucho menos, en la imposibilidad de ejercer la
profesión.
40. Es por lo anterior que, tal como lo consideró esta Sección en reciente
pronunciamiento de 16 de septiembre de 20227, reiterado en fallo de tutela del día
29 de ese mismo mes y año8, «[…] el hecho de que no se expida una tarjeta
profesional con carácter definitivo no implica la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora, puesto que para que la tutelante acceda a esa tipología
de tarjeta debe cumplir con el requisito exigido en la Ley 1905 de 2018, el cual
corresponde a un mandato legal cuyos destinatarios no pueden evadir su
cumplimiento […]».
41. Ello es así, porque, como bien lo precisó la Sección Quinta de esta Corporación9
[…] la tarjeta profesional provisional que se les concede a quienes hayan iniciado
sus estudios con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1905 de 2018 no
se asimila a la licencia temporal regulada en el Decreto 196 de 1971. Esto, dado
que la tarjeta profesional provisional se le otorga a quienes hayan obtenido su título
para que ejerzan como abogados […].
42. En este estado de cosas, valga mencionar que, en la citada sentencia de 16 de
septiembre de 2022, esta Sección al resolver una acción de tutela que guarda
supuestos fácticos y jurídicos a la de la referencia, negó el amparo deprecado por
el extremo accionante, con base en las siguientes consideraciones, que, por su
importancia para la resolución de este asunto, se prohíjan en su integridad. Veamos:
[…] la Sala precisa que, teniendo en cuenta que dentro de los argumentos
expuestos por la actora se encuentra aquel según el cual en dos casos similares
al suyo la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió amparar los derechos
de las tutelantes y ordenó a la Unidad que expidiera sus tarjetas profesionales
con carácter definitivo; la Sala considera que el caso de la tutelante y a los
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cuales hizo referencia no comparten identidad fáctica y jurídica, en la medida
en que, i) a la fecha en que se resuelve el caso objeto de estudio, la Unidad
ya adoptó medidas para que la falta de implementación del Examen de
Estado establecido en la Ley 1905 de 28 de junio de 2018 no implique la
vulneración de los derechos fundamentales de quienes solicitan su tarjeta
profesional de abogado y les es exigible el examen previsto en dicha ley,
ii) mientras que en los dos casos que adujo la tutelante la Unidad no había
adoptado medida alguna al respecto, por lo que se concluyó que la
exigencia de un Examen de Estado que no existía implicaba una barrera
para el ejercicio de la profesión.
[…]
66. Ahora bien, atendiendo a que i) la Unidad adoptó como medida la expedición
de una tarjeta profesional con carácter provisional mientras se implementa el
examen al cual hace referencia la Ley 1905 de 2018, y ii) dicha medida fue
aplicada al caso de la solicitud presentada por la actora; la Sala considera que
el hecho de que no se expida una tarjeta profesional con carácter definitivo
no implica la vulneración de los derechos fundamentales de la actora,
puesto que para que la tutelante acceda a esa tipología de tarjeta debe
cumplir con el requisito exigido en la Ley 1905 de 2018, el cual
corresponde a un mandato legal cuyos destinatarios no pueden evadir su
cumplimiento.
67. Al respecto, la Sala precisa que esta tarjeta profesional con carácter
provisional no se asimila a la licencia temporal regulada en el Decreto 196
de 12 de febrero de 197118, puesto que, mientras la primera de ellas se
otorga a quienes ya obtuvieron el título de abogado y solo tiene una
limitación temporal que corresponde a la vigencia establecida por la
Unidad, la segunda si tiene limitaciones para el ejercicio de la profesión y se
otorga a “[…] La persona que haya terminado y aprobado los estudios
reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida podrá
ejercer la profesión de abogado, sin haber obtenido el título respectivo, hasta
por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios
[…]”. (Resaltado por la Sala)
68. Al respecto, la Sala advierte que, de conformidad con el Acuerdo
mencionado supra, la tarjeta profesional provisional no establece limitación
alguna para el ejercicio de la profesión, puesto que no se condiciona de
manera alguna la facultad de representación que con fundamento en dicho
documento le asiste a la actora, sin que se advierta vulneración alguna de
sus derechos fundamentales, en la medida en que, se insiste, la tutelante ya
puede ejercer su profesión.
69. En ese orden de ideas, en tanto que se desarrolla e implementa la prueba
(Ley 1905 de 2018) y se materializa la presentación de dicho Examen de
Estado, la Unidad expedirá la tarjeta profesional de abogado con fecha de
vigencia hasta la publicación de los resultados de la primera prueba; la cual,
teniendo en cuenta que en el acuerdo estudiado no establece limitación
alguna, salvo el factor temporal, tendrá un campo de acción igual que al
de la tarjeta profesional de abogado definitiva. […] (negrillas por fuera del texto
original)
43. La anterior decisión fue confirmada por la Sección Quinta de esta Corporación,
mediante fallo de tutela de 27 de octubre de 202210, luego de considerar que los
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fallos proferidos por esa Sala de Decisión, y a los que el actor también alude en este
caso, no compartían identidad fáctica y jurídica al nuevo asunto objeto de estudio,
por las siguientes razones:
«[…] i) En aquellos casos, contrario a lo que sucede en la presente oportunidad,
la autoridad demandada se abstuvo de expedir las tarjetas profesionales
porque las tutelantes no habían presentado el examen de Estado que exige la
Ley 1905 de 2018.
ii) A la fecha en que se resuelve el caso objeto de estudio, la autoridad
accionada ya adoptó medidas para que la imposibilidad para que se acredite
el cumplimiento del requisito relacionado con el examen de Estado, dada su
falta de implementación, no implique, como sucedía en los casos resueltos por
esta Sección, que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia se abstenga de expedir tarjetas profesionales de abogado(a).
83. Ciertamente, en los casos decididos por esta Sección en los cuales se
amparó el derecho de las actoras, se advirtió que la exigencia de un requisito
para efectos de expedir la tarjeta profesional de abogado(a) que no había sido
implementado implicaba una barrera para el ejercicio de la profesión. Así, se
concluyó que hasta tanto la Unidad no adoptara medida alguna al respecto, no
podía desconocer la situación de aquellas personas que habían cumplido con
el resto de las exigencias para poder ejercer como profesionales del derecho.
[…]». (Subrayas por fuera del texto)
44. En esa misma decisión, la Sección Quinta de esta Corporación señaló que el
carácter provisional de la tarjeta profesional de los abogados destinatarios de la Ley
1905 de 2018 «[…] trata exclusivamente de una limitación temporal, pero no
material comoquiera que en manera alguna condiciona la facultad de representación
[…]».
45. Con fundamento en los anteriores pronunciamientos, la Sala considera que el
argumento del accionante según el cual el carácter provisional de su tarjeta pone
en riesgo el ejercicio de su profesión, carece de vocación prosperidad.
46. Ahora bien, contrario a lo que manifiesta el impugnante, en ningún momento se
le está trasladando la omisión en la que pudo incurrir la accionada en la planeación
e implementación del examen de Estado de que trata la Ley 1905 de 2018, en tanto
que actualmente no se ve afectado por esa circunstancia, se reitera, puede ejercer
la profesión sin limitación distinta a la temporalidad.
47. Así pues, cabe aclarar que el hecho de que no se haya implementado aún el
examen de Estado no implica de ninguna manera que los abogados que se
encuentran en la obligación de realizarlo sean relevados o eximidos de su
presentación y aprobación, porque tal circunstancia conllevaría a eludir el
mandato contenido en la Ley 1905 de 2018, máxime cuando la finalidad de la
prueba consiste en comprobar la calidad e idoneidad de los profesionales que van
a desempeñarse como abogados, teniendo en cuenta la trascendencia social del
ejercicio de la abogacía.
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48. Por tanto, admitir la tesis que sostiene e insiste el actor, es abrir paso a que se
evada el cumplimiento de aprobar el examen de Estado para obtener la
expedición de la tarjeta profesional de derecho, requisito que, se itera, es de
creación legal y de obligatorio cumplimiento para todos los profesionales que
iniciaron la carrera de derecho después de la promulgación de la Ley 1905 de 2018,
sin excepción alguna, tal como lo indica el artículo 2° de dicha normativa11.
49. Es en razón a lo anterior que las circunstancias expuestas por el actor, orientadas
a que el juez de tutela ordene la expedición de su tarjeta profesional de abogado de
carácter definitivo no son de recibo porque, además de que no se advierte ninguna
vulneración por las razones ampliamente explicadas líneas atrás, ello conllevaría
a que se evada el cumplimiento de un requisito legal, máxime cuando se
advierte que, tal como lo consideró esta Sección en la ya mencionada sentencia de
29 de septiembre de 2022, «[…] las entidades accionadas en aplicación del
ordenamiento legal han implementado alternativas a fin de garantizar el ejercicio de
la abogacía a los destinatarios de la Ley 1905 de 2018, en tanto se lleva a cabo la
presentación de la prueba de estado como requisito de idoneidad para el ejercicio
de la profesión […]».
50. Aunado a lo anterior, debe resaltarse que, contrario a lo considerado por el
accionante, no existe la vulneración del derecho de igualdad, porque pese a que la
Sección Quinta de esta Corporación, en su momento, ordenó expedir las tarjetas
profesionales de abogado a las accionantes, el escenario fáctico de esos casos
difiere del que ahora nos ocupa, ya que en aquellas oportunidades la accionada se
abstuvo de expedir las tarjetas profesionales bajo el argumento que no se había
realizado el examen de Estado, mientras que en el asunto de la referencia se
procedió con la expedición de la tarjeta profesional y la inconformidad recae en el
límite temporal de la misma.
51. Adicionalmente, y tal como lo consideró el juez de primera instancia, «[…] salvo
casos altamente excepcionales, las decisiones y órdenes plasmadas en la parte
resolutiva de las sentencias de tutela tienen efectos inter partes 24, sin que puedan
trasladarse automáticamente sus consecuencias a procesos judiciales distintos
[…]».
52. Igualmente, debe resaltarse que no resulta admisible afirmar, como erradamente
lo sostiene el impugnante, que la medida adoptada mediante el Acuerdo No.
PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 no le es aplicable por el simple hecho de
que se graduó y radicó la solicitud de expedición de tarjeta profesional antes de que
se expidiera tal acto administrativo, en tanto que tales circunstancias no son las que
determinan si el graduado debe o no presentar y aprobar el examen de Estado de
que trata la Ley 1905 de 2018.
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“ARTÍCULO 2. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado establecido en la presente ley se
aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación”.
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53. Aunado ello a que, a través del Acuerdo No. PSCJA22-11985 de 29 de agosto de
2022, se procedió a adoptar una medida con el fin de que los abogados no
resultaran afectados ante la ausencia de implementación del examen de Estado,
encontrándose el actor dentro de ese grupo de profesionales, por lo que sí le es
aplicable.
54. Lasanteriores consideraciones son suficientes para concluir que el límite
temporal de la tarjeta profesional que le fue expedida al aquí actor no transgrede
sus derechos fundamentales.
55. En razón a lo anterior, y comoquiera que el objeto del mecanismo de amparo era
que se ordenara expedir la tarjeta profesional de abogado de carácter definitiva, y
no provisional, la Sala considera que no habría lugar a concluir que se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado. Por tanto, se modificará el fallo
impugnado, para en su lugar, negar la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 7 de octubre de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará así:
DECLARAR IMPROCEDENTE el mecanismo de amparo respecto de los
motivos de inconformidad dirigidos a controvertir la Ley 1905 de 2018 y el
Acuerdo No. PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura.
NEGAR el mecanismo de amparo en relación con el argumento asociado con
que la temporalidad de la vigencia de la tarjeta de profesional de abogado
vulnera los derechos fundamentales del actor.
SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
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Accionante: Leonardo Alexander Tamara Gómez
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. P(18)
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