Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03409-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03409-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03409-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
4 de agosto de 2022
Demandante: Katya Marchela Álvarez Olivella
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2022-03409-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03409-00
Demandante: KATYA MARCHELA ÁLVAREZ OLIVELLA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Tema: Expedición de tarjeta profesional de abogado. Examen de Estado.
Efecto inter comunis de los fallos de tutela. Concede amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Katya
Marchela Álvarez Olivella contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Katya Marchela Álvarez Olivella, por medio de apoderada judicial, interpuso
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia1. Con la solicitud de amparo pretende
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, libre
desarrollo de la profesión, el principio de favorabilidad y al mínimo vital.
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales por
la omisión del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia – de inscribir y expedir su tarjeta profesional de
abogada.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora pidió:
1 El escrito fue radicado el 24 de junio de 2022 a través del aplicativo de tutelas y habeas corpus
dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura.
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Demandante: Katya Marchela Álvarez Olivella
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
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1. Por todo lo anterior, solicito respetuosamente se ordene al Consejo Superior de la
Judicatura que en la mayor brevedad posible expida la Tarjeta Profesional de abogado
a mi prohijada, la señora KATYA MARCHELA ALVAREZ OLIVELLA, en aras de impedir
que se siga vulnerando su derecho al trabajo, igualdad, libre desarrollo a la profesión,
equidad, principio de favorabilidad, y mínimo vital.
2. Ordene al Consejo Superior de la Judicatura que en la mayor brevedad fije
fecha y hora para la presentación del Examen de Estado, puesto que a la fecha
no lo ha hecho, teniendo en cuenta que han transcurrido cuatro (4) años posterior
a la expedición de la Ley 1905 del 2018, tiempo en que el Honorable Consejo
Superior de la Judicatura no realizó las coordinaciones, gestiones, ni planificaciones
adecuadas para la implementación de los exámenes de Estado, y que como se ha
demostrado ha vulnerado los derechos al trabajo, libre desarrollo de la profesión, la
igualdad, equidad, al otorgar la tarjeta profesional de abogado a tres de sus
compañeros y no expedir la misma a mi prohijada quien se encontraba en igualdad de
condiciones con sus compañeros de promoción toda vez que acreditaban los mismos
requisitos. (Negrillas de la Sala)
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala presenta los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son
relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
3. El 19 de abril del 2022 la accionante se graduó como abogada de la Institución
Universitaria Politécnico Grancolombiano.
4. El 6 de mayo del 2022, inició el procedimiento para la expedición de su tarjeta
profesional de abogada. El 9 del mismo mes y año, la autoridad accionada respondió
que su solicitud se encontraba en trámite.
5. El 3 de junio del 2022, en vista de que no había recibido más información sobre
su solicitud, presentó un escrito en el que pidió que fuera expedida su tarjeta
profesional, y para fundamentar su petición, alegó que a otros compañeros de su
promoción ya se lea había otorgado el documento profesional.
6. El 8 de junio del 2022, la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura contestó la petición y le indicó a la
accionante que no se había pronunciado respecto de su solicitud porque estaba
esperando la certificación de la universidad en la que constara la fecha en la que inició
el programa académico. Lo anterior para determinar si había cumplido con la exigencia
del examen de Estado establecido en la Ley 1905 del 2018.
7. En vista de lo anterior, como la entidad encontró que la actora inició su carrera
el 9 de febrero del 2019, es decir, luego de la expedición de la Ley 1905 del 2018, le
informó que no podía expedirle su tarjeta profesional, ya que no había superado el
examen de Estado establecido en esa norma, requisito necesario para poder expedir
ese documento.
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1.4. Fundamentos de la solicitud
8. La actora expresó que se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad
y al debido proceso al exigirle la presentación del examen de Estado para expedirle su
tarjeta profesional, cuando a algunos de sus compañeros de curso se les otorgó ese
documento sin requisito adicional al grado.
9. Afirmó que el examen de Estado fue consagrado en la Ley 1905 de 2018 y para
la fecha, es decir 4 años después, aún no se han hecho las gestiones para llevarlo a
cabo. Por tal motivo, consideró que no puede verse perjudicada por la demora del
Consejo Superior de la Judicatura en realizar esa prueba.
10. Manifestó que lo anterior configura una vulneración a su derecho a la igualdad,
pues la entidad le está exigiendo requisitos adicionales que no fueron solicitados a
personas que se encontraban en su misma situación.
11. Agregó que ello además implica una afrenta a la autonomía universitaria, en
tanto le fue otorgado el título de abogada por el cumplimiento de los requisitos, sin que
se le puedan hacer exigencias adicionales.
1.5. Trámite de la acción de tutela
12. El despacho ponente admitió la acción de tutela, mediante auto del 29 de junio
de 2022. En consecuencia, se ordenó notificar a la parte accionante, así como al
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia.
1.6. Intervención
13. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente digital de la acción de tutela, el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
se pronunció en los siguientes términos:
14. Puso de presente que según lo dispuesto en los artículos 1º y 2 de la Ley 1905 de
20182, para poder expedir la tarjeta profesional de abogado a aquellos que hayan
iniciado la carrera de derecho con posterioridad al 28 de junio de 2018, debe
acreditarse, además de los requisitos exigidos en la legislación vigente, aprobación del
examen de Estado.
15. Bajo este presupuesto, adujo que, mediante correo electrónico remitido por el
Registro y Control Académico de la Universidad Politécnico Grancolombiano, se
verificó que la actora inició su carrera de derecho el 9 de febrero del 2019.
2 Por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado.
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16. De esta manera, concluyó que según a la normativa vigente, la actora debe
presentar y obtener la certificación de aprobación del examen de Estado para que
pueda expedírsele su tarjeta profesional de abogada. Por lo tanto, sostuvo que la no
presentación de la prueba por parte de la actora permite entrever que la entidad no ha
trasgredido derecho fundamental alguno, dado que se limita a hacer cumplir un
requisito establecido por el legislador.
17. Además, hizo una exposición de las etapas que ha llevado a cabo la entidad para
poder realizar el examen de Estado. A tal efecto, indicó que, para cumplir el mandato
de implementar la prueba establecida por la Ley 1905 de 2018, esa entidad firmó un
convenio interadministrativo con el ICFES. Al respecto expresamente señaló que:
El Convenio Interadministrativo para la Fase I, tiene un plazo de ejecución que
corresponde a 11 meses y las actividades que serán ejecutadas, son las siguientes:
✓ Construcción y entrega del documento contentivo de los insumos, actividades, ruta
crítica y tiempos relevantes de la ejecución.
✓ Ejecución de las mesas de trabajo con expertos como insumo para la definición y
construcción del marco de referencia.
✓ Definición y construcción del marco de referencia.
✓ Socialización y validación del marco de referencia con actores clave del proceso.
✓ Entrega y presentación al Consejo Superior de la Judicatura de las
Fase II: denominada “Construcción de la prueba y definición del modelo operativo de
aplicación (año 2023)”, comprenderá́ los siguientes productos:
✓ Construcción de ítems (preguntas)
✓ Modelo de calificación.
✓ Plan operativo para la aplicación de la prueba
✓ Gestión y proceso de aplicación de una prueba piloto
Por último, el ICFES presentó al Consejo Superior de la Judicatura todo lo relativo a la
Fase III que desarrollará la Implementación de la prueba para vigencia del año 2024,
y contará con los siguientes productos a saber:
✓ Gestión y proceso de aplicación de la prueba oficial
✓ Procesamiento, calificación y publicación de resultados
✓ Atención al usuario y reclamaciones.
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18. Así las cosas, indicó que el primer examen de estado probablemente se llevaría a
cabo en el año 2024. Igualmente, manifestó que no planificó realizar este examen
antes porque le era imposible prever que algunas universidades modificaran sus
programas académicos para reducir los semestres de la carrera de derecho.
19. Con su contestación allegó soporte del oficio que le fue enviado a la actora el 5 de
julio de 2022, al correo electrónico kmao12@hotmail.com. En esta comunicación
informó el motivo por el cual no se ha podido tramitar su tarjeta profesional de abogada.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
20. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por Katya Marchela Álvarez Olivella. Esto con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral
8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019.
21. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
y le corresponde al Consejo de Estado o a la Corte Suprema de Justicia conocer a
prevención de las solicitudes de amparo que se presenten contra esa autoridad.
2.2. Legitimación en la causa
22. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
23. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19913, en los artículos 1º, 10, 46 y 49,
precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona que
encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a
través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa, cuando
el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su
defensa. También pueden interponer acción de tutela la defensoría del pueblo y los
personeros municipales4.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
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24. Con fundamento en el marco conceptual expuesto5, la Sala advierte que la
tutelante es la titular del derecho fundamental que reclama porque fue quien inició el
procedimiento para que le expidieran su tarjeta profesional de abogada. En
consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa.
25. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia está legitimado en la causa
por pasiva, por ser la autoridad judicial a la que corresponde pronunciarse sobre la
petición presentada por la accionante, a fin de que fuera expedida su tarjeta profesional
de abogada.
2.3. Problema jurídico
26. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y la
respectiva pretensión elevada, el material probatorio recaudado, el informe y
argumentos esgrimidos por el Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, corresponde a esta Sala resolver el
siguiente problema jurídico que subyace al caso en concreto:
• ¿El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró los derechos alegados por la
accionante ante la exigencia de la realización del examen de Estado como
requisito para expedir su tarjeta profesional de abogada?
27. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) la naturaleza de la acción de tutela;
(ii) procedencia de la acción de tutela en este asunto;
(iii) el derecho a la libertad de escoger profesión u oficio. La tarjeta profesional
como título de idoneidad y autenticidad para ejercer algunas profesiones;
(iv) la tarjeta profesional de abogado y el Examen de Estado como requisitos
constitucionalmente válidos para actuar como apoderado de otras personas;
(v) aunque el Examen de Estado es un requisito legal y constitucionalmente
válido, la demora en su realización no puede constituir un obstáculo para el
ejercicio pleno de la profesión;
(vi) caso concreto
5 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha
venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela
la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2019-05083-00.
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2.4. Naturaleza de la acción de tutela
28. La acción de tutela es un mecanismo constitucional, preferente y sumario,
establecido para protección inmediata de los derechos fundamentales. Según el
artículo 86, toda persona, sin necesidad de apoderado judicial, puede interponer esta
acción para reclamar ante cualquier juez la protección de sus derechos cuando
considere que estos se encuentran vulnerados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades o de particulares.
29. Tanto la Constitución, como el Decreto 2591 de 1991, establecen que la acción
de tutela es un mecanismo judicial residual, informal, autónomo y subsidiario. Sobre
esta última característica es importante precisar que la Carta Política condiciona el
ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial (idóneo y
eficaz), salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio
irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.
2.5. Procedencia de la acción de tutela en este asunto
30. Como se mencionó, el artículo 86 de la Constitución Política condiciona la
procedibilidad de toda acción de tutela a que: “Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como un
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Sobre este requisito y para el
caso concreto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en asuntos similares sobre
la procedencia de la acción de tutela como mecanismo idóneo para la protección del
derecho fundamental a la libre escogencia y ejercicio de la profesión cuando no se
expide la tarjeta profesional.
31. En las sentencias T-554 de 1995 y T-140 de 1996 se estudiaron dos asuntos
en los que el Consejo Profesional de Administración de Empresas se negó a expedir
las tarjetas profesionales de unos graduados por haberse hecho la solicitud de manera
extemporánea. En ese momento se dijo que la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho no era un mecanismo idóneo, en los siguientes términos:
(…) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho resulta inadecuada para
satisfacer las justas pretensiones del actor, porque éste no alega un daño imputable a
la administración y resarcible a través del pago de una indemnización, y porque la
nulidad del acto que le niega el trámite de su tarjeta profesional, deja desprotegido su
derecho a ejercer la profesión, para cuyo desempeño obtuvo el título de idoneidad. El
fallo del juez contencioso no afecta la vigencia de las Leyes 60 de 1981 y 13 de 1989,
ni puede ordenar al Consejo Profesional que las inaplique. Por tanto, es claro que el
peticionario no puede obtener por la vía ordinaria la protección que puede y debe
otorgar el juez constitucional, al derecho fundamental que se le está desconociendo.
32. Como se puede apreciar, la negativa en la expedición de la tarjeta profesional
es una situación que deja al profesional graduado en una situación de vulneración que
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afecta su derecho al ejercicio de la profesión, aún a pesar de haber obtenido el título
respectivo.
33. En el presente caso, en principio, se podría sostener que, contra la decisión de
la entidad accionada de no expedir la tarjeta profesional, la actora cuenta con los
medios de control establecidos en el CPACA. Sin embargo, para la Sala en el presente
asunto esos medios no son idóneos porque la decisión de no otorgar la tarjeta
profesional de abogada se sustentó por la falta de cumplimiento de un requisito
establecido en la Ley 1905 de 2018. Por ende, a primera vista, la decisión del Consejo
Superior de Judicatura no desconoce las normas de rango legal que regulan la
expedición de la tarjeta profesional de abogado.
34. No obstante, la actora no controvierte ni cuestiona como tal la existencia del
examen de Estado como requisito legal, sino la imposibilidad de realizar esta prueba
por culpa exclusiva de la entidad que debe llevarla a cabo, que además es la misma
que le negó expedición de la tarjeta profesional. En este orden de ideas, siguiendo la
posición de la Corte Constitucional, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para
determinar si la negativa de la expedición de la tarjeta profesional por la falta de
cumplimiento de un requisito legal, actualmente imposible de cumplir, vulnera el
derecho fundamental a la libertad de escogencia y ejercicio de profesión de la actora
(Artículo 26 CP).
35. Por otra parte, tampoco es procedente la acción de cumplimiento porque la
actora no está solicitando que el Consejo Superior de la Judicatura que cumpla con el
mandato de realizar el examen de Estado. La Sala reitera que la presente acción de
tutela se interpuso solicitando la protección del derecho de ejercer profesión u oficio.
Por lo tanto, la actora pretende que se le expida su tarjeta profesional de abogada.
36. En este sentido, según el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, la acción de
cumplimiento no es procedente cuando se pretenda la protección de derechos que
puedan ser garantizados a través de la acción de tutela, por lo que tampoco sería un
mecanismo eficaz para proteger los derechos alegados:
ARTICULO 9o. IMPROCEDIBILIDAD. La Acción de Cumplimiento no procederá para
la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela.
En estos eventos, el Juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho
de Tutela.
37. Así las cosas, la Sala concluye que en el presente caso la tutela es el
mecanismo idóneo y eficaz para proteger el derecho de libertad y escogencia de la
profesión de la accionante, pues es una garantía constitucional que se ve a primera
vista amenazada por la negativa de la entidad de expedirle su tarjeta profesional.
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2.6. El derecho a la libertad de escoger profesión u oficio. La tarjeta profesional
como título de idoneidad y autenticidad para ejercer algunas profesiones.
38. El artículo 26 de la Constitución Política consagra el derecho a la libertad de
escoger la profesión y oficio en los siguientes términos:
ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir
títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el
ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación
académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.
(…)
39. Para la Sala es importante resaltar que el alcance y contenido de este derecho
no solo implica la potestad de escoger profesión, sino también la posibilidad real de
ejercer la labor u oficio para la cual la persona se ha preparado. Los fundamentos
de esta garantía constitucional son los derechos fundamentales al trabajo, al libre
desarrollo de la personalidad y a la igualdad. Así se pronunció la Corte Constitucional
al declarar exequibles las disposiciones que regulan la licencia profesional para los
topógrafos:
El derecho a escoger profesión u oficio es una derivación directa del derecho al trabajo.
Por ende, el razonamiento expuesto se aplica también al derecho consagrado en el
artículo 26 de la Carta. Se trata tanto de un elemento estructural del sistema
constitucional, como de un derecho subjetivo que despliega una especial eficacia
vinculante frente al poder público. De otra parte, si bien la Constitución garantiza el
derecho a escoger profesión u oficio, lo cierto es que tal derecho se vería
lesionado si de él no se dedujera el derecho a ejercer la profesión u oficio
escogido, en condiciones de libertad e igualdad, dentro de los parámetros de la
Constitución6. (Negrillas de esta Sala)
40. En similar sentido, el Tribunal Constitucional determinó lo siguiente al estudiar
una tutela presentada por la Universidad Nacional de Colombia contra el Consejo
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en vista de que no les estaba
expidiendo la licencia profesional a sus egresados:
Como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades la jurisprudencia de esta
Corporación, la libertad de escoger profesión u oficio, reconocida en el artículo 26 de
la Carta, se sitúa en el marco del derecho al trabajo, en relación directa con otros
derechos como el libre desarrollo de la personalidad o la igualdad. Y no sólo
comprende el ámbito volitivo que supone la liberalidad en la escogencia, sino
que se proyecta, como es apenas lógico, en la facultad de ejercer la actividad en
la que se ha recibido formación7. (Negrillas de esta Sala)
41. De las anteriores citas jurisprudenciales se puede advertir que el derecho a
escoger profesión u oficio comprende dentro de su contenido mínimo la potestad de
elegir la actividad económica a la que la persona se quiere dedicar para lograr los
6 Corte Constitucional, sentencia C-606 de 1992.
7 Corte Constitucional, sentencia T-701 de 2005.
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objetivos de su proyecto de vida, sino también la posibilidad real de ejercer y practicar
dicha actividad.
42. No obstante, es importante resaltar que el mismo artículo 26 de la Constitución
también establece que la ley puede exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de
ciertas profesiones. El fundamento de esta exigencia no es otra cosa que reconocer
que el ejercicio de algunas actividades profesionales implica un riesgo social. Por tal
motivo, es necesario que el Estado pueda constatar que las personas que las ejercen
son idóneas para prestar estos servicios a la comunidad.
43. Esa situación fue expuesta en la sentencia C-087 de 1998, en la que la Corte
Constitucional analizó una ley que dispuso unos requisitos específicos para ejercer la
labor de periodista. En esta providencia la Corte aclaró que existen ciertas profesiones
que tienen un riesgo social a las que sí es válido exigirles títulos de idoneidad como lo
dice el artículo 26 de la Constitución:
Se desprende entonces, sin dificultad alguna, que el ejercicio de un arte, oficio o
profesión, no está condicionado por la posesión de un título académico sino cuando lo
exige la ley, y que ésta sólo puede exigirlo para precaver un riesgo social.
Inevitable pensar, a modo de ejemplos que ilustran casos en que la restricción parece
pertinente, en prácticas profesionales como la ingeniería y la medicina. Es claro que un
puente mal construido o un edificio torpemente calculado constituyen un riesgo social. Y
ni qué decir del tratamiento clínico o quirúrgico de un paciente, por quien carece de
conocimientos médicos. El legislador, entonces, no sólo puede sino debe exigir títulos de
idoneidad académica a quienes vayan a dedicarse al ejercicio de esas profesiones.
44. Sin embargo, sobre la idoneidad para el ejercicio de la labor de periodista, como
persona que divulga e informa, manifestó que no debía exigirse un título, ya que esa
labor está íntimamente relacionada con el derecho a la opinión y a la divulgación de
información, y por lo tanto lo puede ejercer cualquier persona, aunque cuente con otra
profesión. Así, en sentir de la Corte, el periodismo no es una labor que lleve
íntimamente un riesgo social, como sí ocurre con las profesiones de ingeniería y
medicina. La Sala agrega, tal como se verá en esta providencia, que la profesión de
abogado también lleva implícito este riesgo.
45. De ese modo, la Corte Constitucional ha señalado que la idoneidad para ejercer
ciertas labores se puede cumplir por medio dos formas: la exigencia de un título
profesional y la acreditación mediante tarjeta profesional. Así se pronunció la Alta
Corporación en la sentencia T-701 del 2005, citada con anterioridad:
De las diversas formas de acreditar esa idoneidad se destacan dos que no son
excluyentes sino, por lo general, complementarias: la exigencia de un título profesional
y la acreditación mediante la respectiva tarjeta profesional. La primera es una forma de
“hacer pública la aptitud adquirida merced a la formación académica”, en tanto que la
segunda tiene como objeto permitir su ejercicio bajo la especial vigilancia del Estado.
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46. En esa misma óptica se pronunció en la sentencia C-594 del 2019, al analizar
el requisito de examen de Estado sobre el cual gira esta controversia. En esta
providencia el Tribunal Constitucional precisó que la exigencia de títulos de idoneidad
para ejercer las profesiones tiene 2 componentes: i) la formación profesional y ii) la
certificación sobre la idoneidad. El primero comprueba que la persona ha adquirido los
conocimientos para ejercer la labor y el segundo hace alusión a la posibilidad de
verificar que la persona conoce la labor y, por lo tanto, tiene un título que así lo acredita:
4.4.2. La exigencia de títulos de idoneidad tiene, pues, dos componentes: 1) el relativo
a la formación profesional y 2) el que corresponde a la certificación sobre la idoneidad.
El primero implica el suministro y la adquisición de los saberes propios que habilitan a
una persona para ejercer una profesión. Esta tarea, en principio, se confía o defiere a
instituciones especializadas, pero en todo caso el Estado se reserva la fijación de las
condiciones en las que dichas instituciones pueden constituirse y ejercer esta tarea. El
segundo alude a la verificación de que la persona ha cumplido los requisitos del
programa de formación y, por consiguiente, es acreedora de un título de idoneidad que
permita el ejercicio de la profesión.
47. Ahondando un poco más en la tarjeta profesional, se tiene que la Corte
Constitucional también ha dicho que es un mecanismo que ofrece autenticidad de los
títulos que se han obtenido. En ese orden, la tarjeta profesional es la que da fe en
cuanto una persona ha obtenido un título por parte de una institución apta. El Tribunal
Constitucional, al estudiar una ley que estableció un término específico para expedir la
tarjeta profesional de administrador de empresas, dijo lo siguiente:
Establecer el requisito de la matrícula profesional tiene como único fin dar fe de la
autenticidad de los títulos que se requieren para ejercer ciertas actividades que
comprometen el interés social y demostrar que fueron expedidos por instituciones
aptas para hacerlo; de esta manera, las autoridades cumplen con la función de
inspeccionar y vigilar el ejercicio de las diferentes carreras técnicas o universitarias, lo
cual ha sido encomendado por la Constitución, de conformidad con el desarrollo legal
pertinente8.
48. Son varias profesiones en las que se expiden las tarjetas profesionales y se
certifica la autenticidad del título obtenido. Algunos ejemplos son: medicina9,
topografía10, arquitectura11, las ingenierías12, administración de empresas13,
contaduría pública14 y enfermería15. En cada una de las normas que regulan la tarjeta
o matrícula profesional se destaca que es un documento que acredita la calidad de
profesional en el área respectiva.
8 Sentencia C-660 de 1997.
9 Ver Ley 23 de 1981 reglamentada por el Decreto 1465 de 1992.
10 Ver Ley 70 de 1979.
11 Ver Ley 435 de 1998.
12 Ver Ley 842 del 2003.
13 Ver Ley 60 de 1981.
14 Ver Ley 43 de 1990.
15 Ver Ley 266 de 1996.
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49. En ese orden de ideas, se tiene que la tarjeta profesional es el documento por
medio del cual se reconoce que una persona tiene la calidad de profesional en un área
del conocimiento y que está capacitada para desarrollarla. Además, este documento
es expedido luego de verificar que la persona cuenta con título idoneidad para prestar
sus servicios a la sociedad en el respectivo campo. En definitiva, las tarjetas
profesionales sirven como título de idoneidad y autenticidad para el ejercicio de la
profesión.
2.7. La tarjeta profesional de abogado y el examen de Estado como requisitos
constitucionalmente válidos para actuar como apoderado de otras
personas
50. El ejercicio de la profesión de abogado está regulado en el Decreto 196 de 1971
– Estatuto del Ejercicio de la Abogacía. El artículo 4 de ese cuerpo normativo
estableció que, para poder ejercer dicha labor, es necesario estar inscrito como tal16.
A su vez, el artículo 1517 del mencionado decreto ordena que luego de la inscripción
se debe expedir tarjeta profesional y el artículo 22 de la misma normativa establece
que esta se debe exhibir cuando se actúe como apoderado judicial18.
51. Es decir, en Colombia la tarjeta profesional de abogado tiene una marcada
relevancia, pues para el ejercicio de la labor de apoderado judicial es necesario que
quien pretenda actuar bajo esa calidad, exhiba ese documento, con el cual se acredita
la calidad y la autenticidad del título, como se explicó en el numeral anterior.
52. La exigencia del título profesional, acompañada de la inscripción y tarjeta
profesional para el ejercicio de la abogacía se explica porque la profesión jurídica es
de aquellas que conlleva un riesgo social, en términos del artículo 26 de la
Constitución. Lo dicho no es para menos si se tiene en cuenta que el profesional del
derecho puede ejercer de manera activa el litigio, por lo que gestiona la protección de
derechos de terceras personas.
53. Por lo tanto, en muchas situaciones, el abogado contratado por la persona titular
de los derechos e intereses en disputa tiene un papel fundamental. Por ejemplo, en la
garantía de los derechos fundamentales, el cumplimiento de los deberes, las
obligaciones en el ámbito familiar y la libertad física de las personas, entre otras.
16 ARTÍCULO 4°. Para ejercer la profesión se requiere estar inscrito como abogado, sin perjuicio de las
excepciones establecidas en este Decreto.
17 ARTÍCULO 15. En firme la providencia que decrete la inscripción se comunicará al Ministerio de
Justicia para que incluya al interesado en el Registro Nacional de Abogados, expida la Tarjeta
Profesional y publique la inscripción, a costa del interesado, en la Gaceta del Foro, o en su defecto, en
un periódico de circulación nacional.
18 ARTÍCULO 22. Quien actúe como abogado deberá exhibir su Tarjeta Profesional al iniciar la gestión,
de lo cual se dejará testimonio escrito en el respectivo expediente. Además, el abogado que obre como
tal, deberá indicar en todo memorial el número de su tarjeta. Sin el cumplimiento de estas formalidades
no se dará curso a la solicitud.
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54. Por este motivo, y en aras de aumentar los controles para garantizar la
idoneidad de los profesionales del derecho, fue que el legislador, mediante la Ley 1905
de 2018, estableció como nuevo requisito para poder expedir la tarjeta profesional de
abogado aprobar un examen de Estado que debe ser realizado por el Consejo Superior
de la Judicatura.
55. Al respecto, es importante tener en cuenta las siguientes disposiciones de la ley
1905 de 2018:
ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos
en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación
del Examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura
(CSJ) (…).
Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado supere la media del
puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual de cada examen, el
CSJ señalará la representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media nacional.
PARÁGRAFO 1. Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá presentar
en las siguientes convocatorias que señale el CSJ hasta tanto obtenga el porcentaje
mínimo exigido.
PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen de Estado será
exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus
veces para la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado. Para ser
representante de una persona natural o jurídica para cualquier trámite que requiera un
abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional de abogado, que solo se
otorgará a quienes hayan aprobado el examen. Para las demás actividades no se
requerirá tarjeta profesional.
(…) [Destacado por la Sala]
56. Como se puede apreciar, la norma estableció el examen de Estado como un
requisito adicional para poder representar a otras personas. De hecho, enfatizó en que,
si no se aprueba ese examen, no es posible expedir la tarjeta de abogado y, por lo
tanto, no es factible actuar como apoderado judicial.
57. Se pone de presente que la Corte Constitucional estudió dos demandadas de
inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley 1905 del 2018. Así, en la sentencia C-
138 del 2019, el Tribunal Constitucional consideró que el hecho de exigir la
presentación de un examen estatal a las personas que vayan a ejercer como abogados
no es una exigencia contraria a la Carta Política, debido a la trascendencia social del
ejercicio de dicha profesión a la que se ha hecho alusión en esta providencia. A tal
efecto, la Alta Corporación dijo lo siguiente:
(…). De esta forma, en desarrollo del artículo 26 Superior (libertad de escoger profesión
u oficio), en el caso de la abogacía le es dado al legislador exigir títulos de idoneidad,
toda vez que, dicha profesión implica un riesgo social. Ello es así, justamente, porque
la conducta individual del abogado se encuentra vinculada a la protección del interés
general o común, de manera que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la
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profesión, puede proyectarse negativamente sobre la efectividad de diversos derechos
fundamentales de terceros, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho a
la defensa y el acceso a la administración de justicia, así como también, poner en entre
dicho la vigencia de principios constitucionales de interés general, orientadores de la
función jurisdiccional, tales como la eficacia, la celeridad y la buena fe.
58. Luego, en la sentencia C-594 del 2019 la Corte declaró la exequibilidad
condicionada de inciso 1º y los parágrafos 1 y 2 del artículo 1º de la Ley 1905 del 2018
en el entendido de que el requisito de aprobar el examen de Estado es exigible
únicamente al graduado que pretenda desarrollar la profesión por medio de
representación de otras personas (abogacía en estricto sentido). Es decir, cuando se
vayan a realizar otro tipo de actuaciones (consultoría, asesoría, cátedra), no es exigible
la realización del examen de Estado, ni la tarjeta profesional. Para el Tribunal
Constitucional en estos eventos basta con el título de abogado, el cual se reitera,
acredita que se tienen unos mínimos conocimientos de la profesión. Así se pronunció
en el fallo mencionado:
Las actividades que no conllevan la representación de otras personas en cualquier
trámite que requiera de abogado, no tienen el mismo riesgo social de las que sí lo
conllevan, ya que su ejercicio no afecta ni el acceso a la justicia, ni al sistema judicial
y, por tanto, no compromete los derechos de las personas que acuden al profesional.
Así, pues, el considerar que incluso este tipo de ejercicio profesional no puede darse,
pese ha haberse cumplido con una formación universitaria y a haber obtenido un título
profesional, valga decir, el vaciar de contenido la competencia de las universidades
para desarrollar dicha formación y expedir títulos de idoneidad, que en la práctica
serían inútiles, resulta para este tribunal incompatible con la garantía de la autonomía
universitaria. Y, al tratar igual a todos los abogados, sin considerar el diverso riesgo
social que tiene el ejercicio de su profesión, resulta incompatible con el principio de
igualdad.
(…) al graduado en una universidad, que ha obtenido un título de idoneidad, no se le
impide por completo el ejercicio de su profesión, ya que este podría realizarse en
cualquier actividad profesional que no conlleve la representación de otras personas en
cualquier trámite que requiera de abogado, con lo cual la competencia de las
universidades y la garantía de la autonomía universitaria se preservaría de manera
razonable. Y, también se sigue, que se preserva el riesgo social más alto y significativo
del ejercicio de la profesión de abogado, que se presenta cuando éste representa a
otra persona en cualquier trámite que requiera de abogado.
59. En ese orden de ideas, se observa que el requisito del examen de Estado es
una exigencia razonable fijada por el legislador para aquellas personas que pretendan
desempeñarse como apoderados de otras personas. Esta labor implica la gestión y
garantía de derechos ajenos, por lo que es una actividad que involucra un riesgo social.
Por ende, el Estado puede exigir títulos de idoneidad, como lo establece el artículo 26
de la Constitución, y condicionar el ejercicio efectivo de algunas actividades de la
profesión a la obtención de una tarjeta profesional.
60. Se recalca que aquellos graduados de derecho que vayan a desempeñar
labores distintas a la representación de personas como, por ejemplo, la consultoría,
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asesoría o la cátedra, el examen de Estado no es exigible para el ejercicio de estas
actividades jurídicas. Son labores que no constituyen un riesgo social tan alto como la
gestión de derechos ajenos, por lo que Corte Constitucional determinó que basta el
título académico de abogado para poder ejercerlas.
61. De conformidad con lo expuesto, se observa que la Ley 1905 del 2018 dispuso
que los abogados deben aprobar un examen de Estado para obtener la tarjeta
profesional y así poder actuar como apoderados de otras personas. Para la Sala, de
conformidad con la postura de la Corte Constitucional, dicha exigencia es
constitucionalmente válida, en tanto responde al riesgo social que implica la gestión
de derechos ajenos. Por lo tanto, el Estado puede solicitar de manera concurrente el
título y la expedición de la tarjeta profesional para ejercer la referida actividad.
2.8. Aunque el Examen de Estado es un requisito legal y constitucionalmente
válido, la demora en su realización no puede constituir un obstáculo para
el ejercicio pleno de la profesión
62. La Ley 1905 del 2018 fue muy clara al establecer que el requisito del examen
de Estado es una exigencia aplicable a quienes iniciaran la carrera luego de su
promulgación (28 de junio del 2018). Así lo estableció el artículo 2:
Artículo 2°. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado
establecido en la presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho
después de su promulgación.
63. Es importante poner de presente que, de conformidad con el artículo 1º de la
citada ley, el examen debe ser realizado por el Consejo Superior de la Judicatura.
Justamente esa entidad, en el informe que rindió para este proceso, advirtió que la
implementación del examen se ha venido desarrollando por etapas. A tal efecto,
manifestó que suscribió un convenio interadministrativo con el Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación – ICFES, en el cual se han establecido las fases
para aplicar la prueba.
64. Así, indicó que en la Fase I se desarrollará el marco de referencia de la prueba.
En la Fase II se construirán las preguntas y el método de calificación; en la Fase III se
implementará la prueba. Se recalca que, según las proyecciones del Consejo
Superior de la Judicatura, este proceso culminará en el año 2024. Por lo tanto, se
espera que para ese año se realicen las primeras pruebas.
65. Para la Sala es importante resaltar que la autoridad accionada manifestó que
no fue le posible prever que algunas universidades acortarían el periodo académico
de la carrera de derecho, por lo que existen personas como la actora, que a la fecha
no han podido presentar el examen.
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66. De lo dicho se tiene que, si bien existe el requisito legal del examen de Estado
para poder obtener la tarjeta de abogado y que esta última es necesaria para ejercer
como apoderado judicial, lo cierto es que actualmente es una exigencia que no se
puede cumplir. Para la Sala la imposibilidad fáctica de los recientes graduados de la
carrera de derecho de no poder presentar el examen configura un obstáculo grave
para el ejercicio pleno de la profesión jurídica.
67. Ello es así, pues pese a cumplir con los requisitos académicos fijados por las
universidades, ven limitadas las posibilidades en las que podrían desempeñarse
profesionalmente, justamente por la demora en la implementación de la prueba por
parte de la autoridad que legalmente debe realizarla.
68. En este punto, la Sala pone de presente que el artículo 26 constitucional admite
que se soliciten de títulos de idoneidad para el ejercicio de algunas profesiones. Sin
embargo, el Estado debe fijar los mecanismos y las condiciones para que se puedan
cumplir con esas exigencias, ya que de otra manera implicaría un límite
desproporcionado para el derecho fundamental a la libre escogencia y ejercicio de la
profesión. Así se pronunció la Corte en la sentencia T-701 del 2005, que se ha citado
varias veces en esta providencia:
No obstante, es importante anotar que el derecho mencionado no existe ni subsiste por
sí solo, sino que conlleva una obligación correlativa por parte del Estado, (sic) cual es
la de crear los mecanismos y las condiciones que hagan factible el libre ejercicio del
derecho, pues de nada valdría tener el derecho si no puede hacerse efectivo su goce
y ejercicio. Por ello, el Estado debe desarrollar los medios que hagan realizable su
práctica.
En el caso específico en que se crea una profesión y a ella se le impone como requisito
para su ejercicio obtener un título de idoneidad, el Estado debe ofrecer las garantías y
los medios necesarios para que quien termine la profesión de que se trate pueda
ejercerla libremente. De nada valdría obtener el título si por falta de una licencia o
matrícula que el mismo legislador ha impuesto como condición para su ejercicio no se
ejerce la profesión ni se desempeñan las funciones que ella demanda.
69. Como lo anotó el Tribunal Constitucional en la providencia transcrita, es cierto
que el legislador puede imponer requisitos adicionales para el ejercicio de la profesión,
en especial cuando se trate de aquellas que tienen una importante repercusión social
como en el caso de la profesión jurídica. Sin embargo, la Corte también estableció, en
la sentencia C-594 del 2019 ya citada, que esos requisitos no pueden tornarse en
condiciones imposibles de cumplir, de suerte que anule el real ejercicio de la
profesión19.
19 Corte Constitucional, Sentencia C-594 de 2019: «4.4.3. La competencia del legislador para exigir
títulos de idoneidad no puede ejercerse de manera tal que conlleve imponer condiciones exageradas o
poco razonables, de suerte que se anule el derecho a ejercer una profesión y, por ende, el derecho al
trabajo. Si una persona cumple con su proceso de formación universitaria y, además, satisface la
verificación de su idoneidad, tiene derecho a ejercer su profesión».
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70. Por lo tanto, si una persona cumple con su proceso de formación universitaria
y el registro de la profesión no se ha realizado por problemas logísticos del propio
Estado, vería limitado el ejercicio de su profesión. Aceptar lo contrario implicaría poner
al profesional en un estado de indefensión grave, pues el ejercicio de su derecho
fundamental dependería de que el Estado cumpla algún día con su obligación.
71. En ese orden de ideas, la Sala advierte que las personas que iniciaron la carrera
de derecho después de la entrada en vigor de la Ley 1905 de 2018 (24 de junio), que
han superado todos los requisitos académicos establecidos por su respectiva
universidad y que han obtenido el título de abogado, se están enfrentando a un estado
de cosas que afecta gravemente su derecho fundamental de ejercer se profesión.
72. En efecto, estas personas no podrán ejercer su profesión en la modalidad de
litigantes, porque el Estado – Consejo Superior de Judicatura – no ha cumplido con el
deber legar de implementar el examen de Estado que creó la Ley 1905 de 2018. Es
decir, por un hecho ajeno a su voluntad verían seriamente limitado su derecho al
ejercer la profesión para la cual se han preparado.
73. En este caso la actora, y las demás personas que se encuentran en una
situación similar, encuentran limitado el ejercicio de su derecho fundamental por la
omisión de una entidad pública en cumplir la ley. Estamos ante una situación límite en
que el Consejo Superior de la Judicatura le niega a una graduada en derecho la
expedición de su tarjeta profesional por no realizar un requisito que actualmente es
imposible cumplir, dado la negligencia de la misma entidad en implementar el examen
de Estado.
74. En sentir de la Sala, la omisión de las entidades públicas en cumplir los deberes
y funciones que le son propios no deben ser una causal válida para que se limite o
restrinja el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Aceptar que la
actora deba esperar como mínimo hasta el año 2024 para poder realizar el examen de
Estado implica desconocer la fuerza vinculante de la Constitución (artículo 4) y la
eficacia de los derechos fundamentales.
75. Igualmente, para la Sala es importante poner de presente que el Acuerdo
PCSJA19-11354 del 29 de julio del 2019, expedido con posterioridad a la Ley 1905 del
2018, regula el trámite de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado.
Como se puede ver, en esa normativa no se exige que para inscribirse como abogado
y obtener la tarjeta profesional, el graduado deba haber superado el examen de
Estado:
ARTÍCULO 3. Para la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado, el
interesado deberá presentar, ante el consejo seccional de la judicatura que elija,
preferiblemente el más cercano a su domicilio, el formulario único para múltiples tramites
totalmente diligenciado, a través del proceso de preinscripción en línea desde la página
web https://sirna.ramajudicial.gov.co junto con los siguientes documentos:
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1. Fotocopia legible y ampliada al 150%, por ambas caras, de la cédula de ciudadanía
o cédula de extranjería vigente.
2. Dos (2) fotografías recientes, fondo azul, tamaño 3X4.
3. Copia o fotocopia del acta de grado. Cuando el título haya sido otorgado por
universidades extranjeras, se requiere de un documento que acredite la convalidación
expedida por del Ministerio de Educación Nacional.
4. Recibo de consignación por el valor establecido y vigente para la tarjeta profesional
de abogado.
76. Lo anterior no es extraño, pues como el examen de Estado aún no ha podido
ser aplicado, mal haría la entidad en expedir una reglamentación para obtener la tarjeta
profesional en la que se exija la aprobación de dicha prueba.
77. En ese orden, se tiene que la accionante acudió ante la entidad para que le
fuera expedida su tarjeta profesional y acreditó el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el acuerdo citado. Por lo tanto, el hecho de que la entidad ahora pretenda
exigirle un requisito que, aunque se encuentra establecido en la ley, es imposible
cumplir por la desidia del propio Consejo Superior de la Judicatura, implica una
limitación desproporcionada al ejercicio de la profesión para la cual la actora se
preparó.
78. La Sala no desconoce que el propósito del legislador con la Ley 1905 de 2018
fue elevar los estándares para el ejercicio de la profesión jurídica cuando se gestionan
derechos ajenos. Esta intención, como lo sostuvo la Corte Constitucional en las
pluricitadas sentencias de constitucionalidad, es válida y se ajusta al marco
constitucional, en especial al artículo 26 de la Carta Superior. No obstante, existe un
problema en la implementación de la ley que es la imposibilidad de poder presentar el
examen del Estado, al menos como mínimo hasta el año 2024.
79. Bajo esa óptica, ordenar a los profesionales del derecho que esperen hasta el
año 2024 para poder litigar, implicaría graves efectos para sus proyectos de vida, en
especial los proyectos económicos con los cuales vayan a satisfacer las necesidades
que exige una sociedad de mercado como la establecida por la Constitución de 1991.
80. Así las cosas, aunque la aprobación del examen sea un requisito legal y
constitucionalmente válido que responde al deber del Estado de exigir títulos de
idoneidad, lo cierto es que actualmente esa prueba no se ha podido realizar por
demora del Consejo Superior de la Judicatura. Esta omisión convierte al requisito de
examen del Estado en algo imposible de cumplir en la actualidad, y en ese orden,
constituye un límite desproporcionado al ejercicio de la profesión jurídica en su
modalidad de litigio.
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2.9. Caso concreto
81. En el presente caso se tiene probado que la accionante inició su carrera
profesional el 9 de febrero del 2019, es decir, le es exigible el requisito del examen de
Estado para que se pueda expedir su tarjeta profesional y así poder ejercer su
profesión plenamente. También está acreditado que obtuvo el título de abogada,
expedido por la Institución Politécnico Grancolombiano.
82. Ahora, aunque actualmente el legislador exija la aprobación del examen de
Estado como requisito para expedir la tarjeta profesional, lo cierto es que según lo
informó el Consejo Superior de la Judicatura al contestar la tutela, esa prueba aún no
se ha podido realizar y probablemente el primer examen se realice hasta el año 2024.
83. Esto quiere decir que la accionante quedaría en un limbo en el cual no podría
ejercer de manera plena su profesión por la negligencia de la entidad accionada en el
diseño e implementación del examen de Estado.
84. En ese sentido, bajo la perspectiva de la Sala, los graduados de derecho no
pueden verse perjudicados por la demora de la entidad en la realización de la prueba,
pues esto implicaría permitir que cualquier negligencia de una autoridad afecte el goce
de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular, el ejercicio
libre de la profesión.
85. Se recalca que la accionante radicó ante la entidad los documentos que exige
el Acuerdo PCSJA19-11354 del 29 de julio del 2019 y que se encuentran plasmados
en el portal SIRNA para expedir la tarjeta profesional, dentro de los cuales, se reitera,
no se exige haber aprobado el examen de Estado. Lo anterior es lógico, pues la
autoridad demandada no puede exigir un requisito que aún no es posible de cumplir,
debido al retardo en la implementación de la prueba.
86. Así las cosas, la Sala considera que como el requisito del examen de Estado
no ha podido realizarse por negligencia del Consejo Superior de la Judicatura, el hecho
de que esta entidad lo exija para expedir la tarjeta profesional constituye un requisito
irrazonable y desproporcionado para el ejercicio libre de la profesión de la actora.
87. Se recalca que la tutelante obtuvo su título profesional de abogada según los
requerimientos fijados por la universidad en la que estudió y aportó los documentos
que según la misma entidad eran necesarios para expedir la tarjeta profesional. Por
ese motivo, para la Sala sus derechos fundamentales a la igualdad y la escogencia y
ejercicio de la profesión no puede verse limitado por la existencia de un requisito que
en la actualidad es imposible de cumplir.
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88. En ese orden de ideas, se ordenará a la entidad demandada que expida la
tarjeta profesional de abogada a la señora Katya Marchela Álvarez Olivella. Esto con
la finalidad que pueda ejercer su profesión de manera plena como representante de
otras personas.
89. Adicionalmente: (i) se exhortará al Consejo Superior de la Judicatura, para que
en el portal SIRNA actualice el requisito indicado por la Ley 1905 de 2018, en el sentido
de precisar que se deberá acreditar una vez se superen las tres fases del convenio
interadministrativo con el ICFES y sea implementado el “examen de Estado”, dado que
exigirlo actualmente sin tal proceder, conlleva a imponer una carga lesiva a los
egresados y va en contravía del postulado referido a que nadie está obligado a lo
imposible; y (ii) se prevendrá a la parte demandada para que en lo sucesivo se
abstenga de exigir el requisito consagrado en la Ley 1905 de 2018, hasta tanto, se
pueda materializar la presentación del examen de la conforme a las consideraciones
expresadas en el proyecto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
3. FALLA
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al libre ejercicio de la profesión,
trabajo, libre desarrollo de la personalidad e igualdad de la señora Katya Marchela
Álvarez Olivella.
SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura – Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia que, en el término de diez días siguientes a la
notificación de esta providencia, expida la tarjeta profesional de abogada a la señora
Katya Marchela Álvarez Olivella.
TERCERO: PREVENIR al Consejo Superior de la Judicatura para que en lo sucesivo
se abstenga de exigir el requisito consagrado en la Ley 1905 de 2018, hasta tanto se
pueda materializar la presentación del examen de la conforme a las consideraciones
expresadas en el proyecto.
CUARTO: EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura para que en el portal
SIRNA actualice el requisito indicado por la Ley 1905 de 2018, únicamente hasta que
se cumplan las fases de implementación del “examen de Estado”, dado que exigirlo
sin tal proceder conlleva a imponer una carga lesiva a los egresados.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Demandante: Katya Marchela Álvarez Olivella
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2022-03409-00
SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente el
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Aclara voto)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Aclara voto)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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