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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02740-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02740-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de 17 de julio de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02740-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

26 de septiembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02740-01
Demandante: Jhonny Carvajal Gaviria

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-02740-01
Demandante JHONNY CARVAJAL GAVIRIA
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Temas Acción de tutela. Tarjeta profesional de abogado provisional. Vigencia.
Sentencia SU-128 de 2024.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia contra la
sentencia de 17 de julio de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al trabajo y al libre desarrollo a la
profesión invocados por Jhonny Carvajal Gaviria, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que tome las medidas necesarias
para ampliar el término de la vigencia de la Tarjeta Profesional Provisional No. 426008,
expedida el 4 de abril de 2024 a nombre de Jhonny Carvajal Gaviria, hasta la publicación de
los resultados de la segunda prueba (Aplicación 2024-II) del examen de Estado de idoneidad
para el ejercicio de la profesión de abogado – Ley 1905 de 2018».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 29 de mayo de 2024 1, el señor Jhonny Carvajal Gaviria instauró acción de tutela,
en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, libre desarrollo de la profesión,
mínimo vital y dignidad humana, así como los principios de seguridad jurídica y
favorabilidad.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al trabajo, seguridad jurídica, libre
desarrollo de la profesión, mínimo vital y dignidad humana
SEGUNDO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, expedir en el menor tiempo
posible mi Tarjeta Profesional de abogado no provisional, dado que al momento de
presentación del examen exigido por ellos me era imposible presentarlo
TERCERO: Se tome como referentes las sentencias de tutela con números de radicados N°
128 del 18 de abril del 2024, la cual amparo derechos constitucionales vulnerados a otros
compañeros recién graduados por la misma situación de expedición de su tarjeta profesional,
por parte del Consejo Superior de la Judicatura».

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Índice 2 en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02740-01
Demandante: Jhonny Carvajal Gaviria

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Jhonny Carvajal Gaviria afirmó que en febrero de 2021 inició el
programa de derecho en la Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano.

2.2. Conforme al Acuerdo PCSJA23-12127 de 22 de diciembre de 2023, el 23 de
enero de 2024 se cerró el periodo para inscribirse en la primera jornada del
examen de Estado a realizar en el año 2024, dispuesto en la Ley 1905 de 2018
como requisito para ejercer la profesión de abogado.

2.3. El 8 de marzo de 2024, el señor Jhonny Carvajal Gaviria recibió su título
profesional de abogado y, el 14 de marzo de 2024 solicitó ante el Consejo
Superior de la Judicatura la expedición de su tarjeta profesional.

2.4. El 4 de abril de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura expidió la Tarjeta
Profesional de carácter provisional Nro. 426.008.

A su vez, en el Certificado de Vigencia Nro. 2345330 de 26 de mayo de 2024
expedido por dicha autoridad se dispuso que la tarjeta profesional otorgada
tendría una «vigencia provisional hasta la publicación de los resultados de la primera
prueba».

3. Fundamentos de la acción

El actor reprochó que la vigencia tarjeta profesional provisional se haya limitado
hasta la «publicación de los resultados de la primera prueba», pues no le fue posible
inscribirse a la primera jornada del examen de Estado (2024-I). Explicó que esa
imposibilidad se debió a que para la fecha en que se cerró el periodo de
inscripciones, es decir el 23 de enero de 2024, aún no había recibido su título de
derecho, solo hasta el 8 de marzo de 2024 se graduó como abogado. El
demandante afirmó: «cuando obtuve mi título ya se había cerrado la inscripción».

Indicó que la tarjeta otorgada tiene vigencia hasta la publicación de los resultados
del examen de Estado, es decir hasta el 1 de agosto de 2024. Sin embargo, el
próximo examen de Estado para la obtención de la tarjeta profesional está
programado para el mes de octubre de 2024, lo cual significa que quedará sin tarjeta
para ejercer su profesión hasta los resultados del segundo examen de Estado. Esta
circunstancia, a su juicio, restringe el ejercicio de su profesión.

Afirmó que la expectativa profesional y laboral se ve limitada, pues su tarjeta
quedará sin vigencia, lo cual genera una pérdida laboral para desarrollarse
profesionalmente y ganarse el sustento para su familia. Aseguró que es casado y
padre de familia de dos hijos menores de edad, uno de tres y otro de cinco años,
paga arriendo, lleva la responsabilidad de todos los gastos de su hogar y tiene
obligaciones económicas y ejecutivas por pagar.

Sostuvo que incluso en el supuesto de que el segundo examen de Estado sí se
realice en el mes de octubre de 2024, la limitación sobre la vigencia de las tarjetas
profesionales implica una desprotección para los egresados de la carrera de
derecho. Aproximadamente por un lapso de seis meses, sostuvo, los profesionales
no podrán ejercer funciones integrales como abogados.
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Finalmente, se refirió a la autonomía universitaria, al principio de la seguridad
jurídica, a la Sentencia T-701 de 2005 y al fallo de tutela de 4 de agosto de 2022
Nro. 11001-03-15-000-2022-03409-00.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 4 de junio de 2024, se admitió la acción de tutela interpuesta
por el señor Jhonny Carvajal Gaviria contra el Consejo Superior de la
Judicatura; se vinculó como tercero con interés a la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia; y se ordenó efectuar las
notificaciones pertinentes.

4.2. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia explicó que según la Ley 1905 de 2018
«(…) Para ser representante de una persona natural o jurídica para cualquier trámite que
requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional de abogado, que
solo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen». En armonía con tal precepto,
en la Sentencia C-594 de 2019 la Corte Constitucional explicó que deberán
acreditar la presentación y aprobación el examen de Estado de idoneidad, los
abogados que hayan solicitado el trámite de expedición de tarjeta profesional
e iniciado la carrera de derecho después del 28 de junio de 2018.

Indicó que para iniciar el proceso de implementación de la Ley 1905 de 2018
el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-11985 de
2022, en el cual se dispuso que los destinatarios de esta ley «podrán solicitar,
sin la acreditación del certificado de aprobación del examen, su inscripción en el Registro
Nacional de Abogados y la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá
vigencia provisional hasta la publicación de los resultados de la primera prueba».

Adicionalmente, en el parágrafo transitorio 2 del artículo 2º se estableció que
las «Tarjetas Profesionales de Abogados que se expidan bajo las condiciones del
parágrafo anterior, contendrán la denominación “Provisional”». A su vez, el parágrafo
transitorio 3 del citado artículo preceptuó que las personas que obtengan la
tarjeta profesional de abogado provisional deberán presentar el examen de
Estado y acreditar su aprobación con el fin de que les sea expedida la tarjeta
profesional de abogado con vigencia definitiva.

Seguido, sostuvo que el referido acto administrativo fue derogado por el
Acuerdo Nro. PCSJA24-12162 del 9 de abril de 2024. Sin embargo, este último
reiteró los lineamientos dispuestos frente a las tarjetas profesionales de
abogado con vigencia provisional y estableció que (i) para poder ejercer la
profesión de abogado se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de
Abogados; y (ii) para ejercer la representación de terceros se debe solicitar la
expedición de la tarjeta profesional de abogado.

Asimismo, indicó que en virtud de la Sentencia SU-128 de 2024 se están
expidiendo tarjetas profesionales de abogado con carácter definitivo (i) a los
abogados graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018, a quienes el
Consejo Superior de la Judicatura les expidió previamente la tarjeta profesional
con vigencia provisional y que presentaron la solicitud antes de las cero horas
(0:00) del 26 de diciembre de 2023; y (ii) a todas las personas graduadas del
pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron
la solicitud de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del 26 de

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diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes
para la expedición de la tarjeta profesional.

Informó que el 22 de diciembre de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura
expidió el Acuerdo PCSJA23-12127, por el cual se dio apertura a la etapa de
inscripciones para la presentación del examen de Estado de la Ley 1905 de
2018, cuya convocatoria se llevó a cabo desde el 26 de diciembre de 2023
hasta el 23 de enero de 2024. También informó que mediante Resolución Nro.
URNAR24-18 del 16 de febrero de 2024 publicó la lista de admitidos e
inadmitidos a presentar el examen de Estado 2024-I, que se llevó a cabo el 26
de mayo de 2024.

Explicado lo anterior, manifestó que el 14 de marzo de 2024, el señor Jhonny
Carvajal Gaviria realizó la preinscripción del trámite de inscripción y expedición
de la tarjeta profesional de abogado en el Sistema de Información del Registro
Nacional de Abogados (SIRNA); y que mediante correo electrónico de la
misma fecha allegó los documentos requeridos para la gestión del trámite.

Aseguró que el 1 de abril de 2024, la Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano le suministró la información de fecha de grado y fecha de
inicio de la carrera de derecho del señor Jhonny Carvajal Gaviria; y que con la
documentación otorgada por el accionante y la información reportada por dicha
institución universitaria, mediante Acta Nro. 33012 de 4 de abril de 2024, se
realizó la inscripción en el Registro Nacional de Abogados y se le asignó la
tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional Nro. 426.008.

Con fundamento en lo anterior, como el accionante realizó la solicitud de
inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado el 14 de marzo
de 2024, aquel no hace parte de los usuarios amparados por el fallo
constitucional. Por tanto, concluyó que atendiendo a los lineamientos de la
Sentencia SU-128 de 2024 no es posible acceder a la pretensión de expedir
la tarjeta profesional con vigencia definitiva al señor Jhonny Carvajal Gaviria.

5. Sentencia impugnada

Mediante sentencia de 17 de julio de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B amparó los derechos fundamentales al trabajo y al libre desarrollo a
la profesión del señor Jhonny Carvajal Gaviria.

En primer lugar, encontró acreditado que (i) el 1 de febrero de 2021, el señor Jhonny
Carvajal Gaviria inició sus estudios de pregrado en el programa de derecho de la
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano: (ii) recibió su título profesional
de abogado el 8 de marzo de 2024; (iii) el 14 de marzo de 2024, el señor Carvajal
Gaviria solicitó ante el Consejo Superior de la Judicatura la expedición de su tarjeta
profesional; y (iv) el 4 de abril de 2024, se expidió al señor Carvajal Gaviria la Tarjeta
Profesional Nro. 426.008 de carácter provisional, con vigencia hasta «la publicación
de los resultados de la primera prueba».

En segundo lugar, explicó que la Ley 1905 de 2018 estableció que para el ejercicio
de la profesión de abogado se deberá acreditar certificación de aprobación del
examen de Estado realizado por el Consejo Superior de la Judicatura (artículo 1).
Dicha certificación, a su turno, será requisito para la expedición de la respectiva
tarjeta profesional de abogado (parágrafo 2, artículo 1). Exigencia que aplica a quienes

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iniciaron la carrera de derecho luego de la promulgación de la ley, es decir del 28
de junio de 2018 (artículo 2).

Seguido, indicó que mediante el Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022
el Consejo Superior de la Judicatura, entre otras, fijó reglas sobre la expedición de
las tarjetas profesionales de abogados y, concretamente, sobre aquellas personas
destinatarias de la Ley 1905 de 2018. A su vez, fijó que la etapa de inscripción para
el examen iría del 26 de diciembre de 2023 al 23 de enero de 2024.

En armonía con lo anterior, indicó que con los Acuerdos PCSJA24-1216211 y
PCSJA24-12163 de 9 de abril de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso
que (i) el abogado destinatario de la Ley 1905 de 2018 podrá solicitar, sin acreditar
la aprobación del examen de Estado, el registro y expedición de tarjeta profesional
provisional, cuya vigencia irá hasta la publicación final de los resultados de la prueba
aplicada el 26 de mayo de 2024; y (ii) para el 2024, se realizarían dos aplicaciones
del examen de Estado: una el 26 de mayo y la otra el 20 de octubre.

Luego, la autoridad judicial se refirió a la Sentencia SU-128 de 2024, en la cual la
Corte Constitucional ordenó la expedición de tarjetas profesionales de carácter
definitivo, sin necesidad del requisito del examen de Estado de la Ley 1905 de 2018,
para aquellos que presentaron la solicitud para obtener la tarjeta profesional antes
del 26 de diciembre de 2023. Precisó tal decisión buscó evitar que se restringiera el
ejercicio de la profesión de manera indefinida a los graduados del pregrado de
derecho, por no haber presentado un examen que aún no había sido implementado
y del que no se tenía fecha para su realización. Indicó que según el fallo de
unificación tal contexto denotaba una restricción injustificada a la libertad de ejercer
la profesión.

Con fundamento en lo expuesto, manifestó que el señor Jhonny Carvajal Gaviria
cumple con los presupuestos previstos en la Ley 1905 de 2024 y, en consecuencia,
le son exigibles tanto la aprobación del examen de Estado como la certificación de
esta para la expedición de una tarjeta profesional de abogado definitiva. Indicó que
para la fecha en el que la parte actora obtuvo el título de abogado (8 de marzo de 2024)
ya había cerrado la etapa de inscripciones para la primera prueba del año 2024-I.

Así las cosas, la autoridad judicial sostuvo que el señor Carvajal Gaviria se
encuentra en un supuesto de hecho diferente al de la Sentencia SU-128 de 2024,
pues al momento de solicitar la expedición de la tarjeta profesional de abogado ya
existía el reglamento que exigía la prueba. Precisó que «el hecho de que, para el momento
del grado de abogado de la parte actora, no estuvieran abiertas las inscripciones para aplicar al
examen de Estado, ello no lo exime del cumplimiento del requisito para obtener la tarjeta profesional
definitiva y mal sería reprocharle al Consejo Superior de la Judicatura haber expedido una tarjeta
provisional al accionante».

Manifestó que, entonces, el punto problemático no era la expedición de la tarjeta
provisional per se, sino la vigencia de esta última. Indicó que de conformidad con el
Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 del Consejo Superior de la
Judicatura, que fijó reglas sobre la expedición de las tarjetas profesionales de
abogados, la vigencia de las tarjetas provisionales sería hasta «la publicación de los
resultados de la primera prueba». Esto significa que dicha fecha no fue definida en tal
acto administrativo.

En consecuencia, la autoridad judicial aseguró que la norma sobre la vigencia se
aplicó a un supuesto fáctico no previsto, cuya extensión implica una vulneración de
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los derechos al trabajo y al libre desarrollo de la profesión, independientemente de
si se toma como fecha (i) el día anterior a que se abran las inscripciones a la
Aplicación 2024-II, es decir el 18 de julio de 2024; o (ii) el día anterior a la
presentación de la segunda prueba de 2024, es decir el 19 de octubre de 2024.

Explicó que mantener la vigencia de la tarjeta provisional hasta los resultados de la
primera prueba es desproporcionado, si se tiene en cuenta que la parte no tuvo la
posibilidad de presentarse a ese examen, dados los requisitos que se previeron en
el Acuerdo PCSJA23-12127 de 22 de diciembre de 2023, como el de contar el título
de abogado previo al cierre de inscripciones (23 de enero de 2024). Insistió que solo
hasta el 8 de marzo de 2024 el actor cumplió dicho requisito, pues en esa fecha
recibió su título profesional y, por tal razón, a partir de ese momento le asistía el
derecho a presentarse a la segunda jornada del examen 2024-II.

Por esa razón, se ordenó al Consejo Superior de la Judicatura tomar las medidas
necesarias para ampliar la vigencia de la tarjeta profesional provisional del
accionante hasta que sean publicados los resultados de la segunda prueba que se
realizará el 20 de octubre de 2024, independientemente de si el actor se inscribió o
no para esta.

6. Impugnación

El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia impugnó la decisión de primera instancia,
porque consideró equivocado tutelar los derechos del accionante.

Aseguró que ampliar la vigencia provisional de la tarjeta profesional del señor
Jhonny Carvajal Gaviria está en contravía a lo dispuesto por la Corte Constitucional.
De manera que el fallo desconoció el precedente jurisprudencial enmarcado dentro
del principio de cosa juzgada. Manifestó que se ha limitado a acatar a las órdenes
impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-128 de 2024 y que para
dar cumplimiento a la orden impugnada tuvo que extralimitar su competencia.

En otro memorial, sostuvo que cumplió la orden impartida en el fallo de primera
instancia, pues «expidió aclaración del acta de registro No. 33012, por medio de la cual se
corrigió la tarjeta profesional No. 426.008 con vigencia provisional, en el sentido de prorrogar su
vigencia hasta tanto queden en firme los resultados del examen de Estado correspondiente al
período 2024-II». E informó que mediante oficio del 13 de agosto de 2024 puso en
conocimiento del señor Carvajal Gaviria la extensión de la vigencia de su tarjeta
profesional, de conformidad con lo ordenado en el mencionado fallo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades,
o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es
subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

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2. Planteamiento del problema jurídico

De los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si le asistió
razón al juez de primera instancia al amparar los derechos al trabajo y al libre
desarrollo a la profesión del señor Jhonny Carvajal Gaviria, por considerar
desproporcionado que la vigencia de la tarjeta profesional provisional se haya
limitado «hasta la publicación de los resultados de la primera prueba».

Lo anterior teniendo en cuenta que el actor no pudo inscribirse a la primera jornada
del examen de Estado del 2024 por no cumplir con la totalidad de requisitos para la
inscripción a la prueba, puntualmente por no contar con el título de abogado para la
fecha en que se cerraron las referidas inscripciones.

3. Tarjeta profesional de abogado de carácter provisional para destinatarios
de la Ley 1905 de 2018. Sentencia SU-128 de 2024

3.1. En la Sentencia SU-128 de 2024, la Corte Constitucional estudió varias
acciones de tutela relacionadas con la expedición de la tarjeta profesional
provisional de abogado a destinatarios de la Ley 1905 de 2018 (por la cual se
dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado) . En dicha
decisión, se precisaron varias subreglas que deben ser aplicadas a casos
similares.

En primer término, la Corte Constitucional se pronunció sobre la procedencia
de la acción de tutela para ordenar la expedición de una tarjeta profesional de
carácter definitivo y no provisional. Al respecto, trajo a consideración lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, para reiterar que la acción de tutela es un mecanismo
residual y subsidiario, cuyo fin es resolver controversias en las que se
encuentren involucrados derechos fundamentales. Esta solo resulta
procedente cuando no exista otro mecanismo de defensa ante el juez natural.

En ese orden de ideas, encontró superado el requisito de subsidiariedad pues,
aunque en principio podría establecerse que los medios de control de nulidad
simple y nulidad y restablecimiento del derecho eran idóneos y eficaces, estos
no permiten otorgar una respuesta a la controversia propuesta, pues de llegar
a anularse tanto los acuerdos como las actas de registro el examen de Estado
seguiría siendo exigible conforme con lo dispuesto en la Ley 1905 de 2018. De
ahí que no se valorarían los efectos de la omisión en la realización oportuna
de la prueba. Por tales consideraciones, señaló que se satisfacían las
exigencias desarrolladas por la jurisprudencia para habilitar un
pronunciamiento de fondo.

Sobre la relevancia del examen de Estado para mejorar la calidad en el
ejercicio de la abogacía, la Corte Constitucional indicó que la Ley 1905 de 2018
creó dicho examen como un requisito adicional para el ejercicio de la profesión
de abogado.

Al respecto, resaltó que del artículo 229 de la Constitución Política se
desprende que, por regla general, se accede a la administración de justicia
mediante la representación de un abogado. De modo que la abogacía tiene
una importante función social y que su ejercicio implica un alto riesgo. En

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consecuencia, el Tribunal Constitucional sostuvo que «a mayor entidad del riesgo
del ejercicio de la profesión, mayor será también la exigencia en su regulación».

Sostuvo que la abogacía es la profesión que más incidencia tiene en la calidad
de las instituciones estatales e incide en un debido funcionamiento del Estado
de Derecho y que «el 44 % de los programas de Derecho en Colombia no cuentan con
acreditación de alta calidad en ningún nivel, ni del pregrado ni institucional» . Esto
sumado a que según los datos recopilados para el 2022, Colombia cuenta con
un total 728 abogados por cada 100 mil habitantes.

De ahí que la presentación del examen de Estado se justifique para mejorar la
calidad en el ejercicio de la abogacía y en el acceso a la administración de
justicia. Señaló que el examen de Estado verifica, con criterios objetivos e
imparciales, la idoneidad profesional de los graduados en derecho asegura un
estándar mínimo de calidad y contribuye a mejorar la formación de los
estudiantes. También garantiza la idoneidad técnica y ética de quienes ejercen
la abogacía, promoviendo una cultura jurídica que enaltece la importancia de
lo público y la dignidad de la profesión.

Por ello, la Corte sostuvo que el examen de Estado creado por la Ley 1905 de
2018, previsto como requisito para obtener la tarjeta profesional de abogado,
encuentra justificación en la relevancia social de la profesión y el riesgo que
implica su ejercicio.

En cuanto al derecho a escoger libremente y ejercer profesión u oficio, la Corte
Constitucional resaltó que puede entenderse desde dos dimensiones, así: (i)
la primera, referida a la elección de una profesión u oficio, en la que la
injerencia del legislador es mínima y los límites están dados por la legalidad
de la actividad que se elige desarrollar; (ii) la segunda, se refiere al derecho a
ejercer la actividad elegida; sin embargo, como el ejercicio de la profesión
incide en los derechos de los demás y en la tutela del interés general, es
admisible la imposición de límites por medio de tres vías: (a) la exigencia de
títulos de idoneidad, (b) la inspección del ejercicio y (c) la vigilancia sobre el
ejercicio de la actividad.

3.2. Explicado lo anterior, la Corte Constitucional indicó que la Ley 1905 de 2018
(por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado)
estableció la aprobación del examen de Estado, como requisito para ejercer la
abogacía, cuya realización se encomendó al Consejo Superior de la
Judicatura. Este examen es obligatorio para aquellos que inicien la carrera de
derecho después del 28 de junio de 2018 y su aprobación es necesaria para
la expedición de la tarjeta profesional de abogado.

En virtud de tal norma, mediante el Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto
de 2022 el Consejo Superior de la Judicatura modificó los requisitos para la
expedición de la tarjeta profesional, para incluir la certificación de la aprobación
del examen de Estado ordenado por la Ley 1905 de 2018. El parágrafo
transitorio 1 del artículo 2 de tal Acuerdo permitió que los destinatarios de la
Ley 1905 de 2018 pudieran solicitar la inscripción en el Registro Nacional de
Abogados y la expedición de una tarjeta profesional provisional, pese a no
haber realizado la mencionada prueba; y precisó que la vigencia de la tarjeta
provisional otorgada iría hasta la publicación de los resultados de la primera
prueba del examen.

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Demandante: Jhonny Carvajal Gaviria

La Corte Constitucional sostuvo que mediante el Acuerdo PCSJA24-12162 de
9 de abril de 2024 el Consejo Superior de la Judicatura derogó los acuerdos
previos y estableció nuevas regulaciones para la tarjeta profesional
provisional. Nuevamente, el artículo 11 transitorio permitió a los graduados
solicitar la tarjeta provisional pese a no contar con la certificación del examen
y dispuso que dicha tarjeta profesional tendría vigencia hasta la publicación de
los resultados de la primera prueba. Lo anterior, con el fin de remediar la
situación de los graduados cobijados por la Ley 1905 de 2018, quienes aún no
podían presentar ni aprobar el examen de Estado.

Explicado el anterior contexto normativo, la Corte Constitucional indicó que
desde el primer semestre de 2022 se negaron solicitudes de expedición de la
tarjeta profesional, bajo el argumento de que no se cumplía con el requisito de
aprobar el examen de Estado. La Corte Constitucional subrayó que a la fecha
de expedición de la Sentencia SU-128 de 2024 aún no se había practicado la
primera prueba del examen y que esta fue programada para el 26 de mayo de
2024, según el artículo 14 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12163 del 9 de
abril de 2024. En razón a lo anterior, y ante las solicitudes de expedición de la
tarjeta profesional, el Consejo Superior de la Judicatura emitió inicialmente una
tarjeta profesional provisional con vigencia hasta la publicación de los
resultados de la primera jornada del examen.

En este contexto, la Corte Constitucional sostuvo que existió vulneración del
derecho fundamental a escoger libremente y ejercer la profesión u oficio y al
principio de confianza legítima, debido a la falta de implementación oportuna
del examen de Estado para los graduados después de la entrada en vigor de
la Ley 1905 de 2018. Explicó que pasaron cerca de tres años y medio para
contratar la fase I de elaboración del examen, sin prever que habría graduados
antes del primer semestre de 2024 y que «la fecha prevista para la aplicación de la
primera prueba del Examen de Estado, esto es, 26 de mayo de 2024, incluso sin tomar
en consideración las dos circunstancias mencionadas, resulta a todas luces demasiado
lejana con respecto a la fecha de promulgación de la ley (más de cinco años y medio
después), con lo que ya se configuraría un incumplimiento al deber legal de realización
del examen».

Asimismo, mencionó que el Consejo Superior de la Judicatura, en vigencia de
la Ley 1905 de 2018, publicó en la página web información sobre los requisitos
para la expedición de la tarjeta profesional que no incluía la aprobación del
examen de Estado. Esto contribuyó a que «los graduados destinatarios de la Ley
1905 de 2018 presentaron los documentos requeridos por la entidad y actuaron
amparados por el principio de confianza legítima, en tanto entendieron que, ante la
ausencia, para ese momento, del Examen de Estado y la consecuente imposibilidad de
satisfacer el requisito de su aprobación, la entidad accionada prescindiría de la exigencia
de tal condición».

El Tribunal Constitucional sostuvo que «el C.S. de la J. no actuó con la debida
diligencia para garantizar que algunos de los graduados, en principio destinatarios de la
Ley 1905 de 2018, pudieran acreditar el requisito de aprobación del Examen de Estado al
momento de solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición
de su tarjeta profesional», pues incumplió el deber legal de implementar a tiempo
el examen de Estado y esta falta de diligencia no puede convertirse en una
carga para los ciudadanos que no podían cumplir con un requisito imposible
de satisfacer en ese momento.

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Demandante: Jhonny Carvajal Gaviria

En consecuencia, concluyó que «la expedición de una tarjeta profesional con vigencia
hasta la publicación final de los resultados de la primera prueba del examen, y, con ello,
el hecho de que a los destinatarios de estas tarjetas se les habilitara el ejercicio de la
profesión de manera provisional y no definitiva, por no haber presentado un examen que
aún no había sido implementado, implicó, por una parte, (i) una extralimitación de las
competencias del C.S. de la J. y (ii) por otra, una restricción injustificada de la libertad de
ejercer la profesión, por lo demás con graves implicaciones para la seguridad jurídica, el
principio de confianza legítima y el acceso de la ciudadanía a la administración de
justicia».

Precisó que «si para el momento en que una persona, en principio destinataria de la Ley
1905 de 2018, obtuvo su título de abogado y solicitó la tarjeta profesional no existía
siquiera la posibilidad de inscribirse a la presentación del Examen de Estado, la
norma que dispone el requisito de aprobación de la prueba no era susceptible de
producir efectos jurídicos y, en esa medida, era inexigible e ineficaz, en aplicación
del principio general del derecho según el cual nadie está obligado a lo imposible. Esta
posibilidad de inscripción al Examen de Estado sólo se habilitó a partir del 26 de diciembre
de 2023». Además, la Corte indicó que «la conducta del C.S. de la J. se sumó a la
falta de previsión legislativa de presupuestos o reglas suficientes para la implementación
del Examen de Estado, lo que contribuyó a que el requisito dispuesto en la Ley 1905 de
2018 no fuera susceptible de cumplir con anterioridad al 26 de diciembre de 2023. Esa
falta de previsión legislativa generó, además, incertidumbre y poca claridad sobre cómo
se aplicaría el Examen de Estado, y afectó también con ello la confianza legítima de los
destinatarios de la mencionada ley». En este contexto, distinguió los dos
escenarios:
(i) Por un lado, se encontraban las personas que no pudieron satisfacer el
requisito de aprobación del examen para el ejercicio de la profesión de
abogado, pues este no se encontraba reglamentado y tampoco había
sido adelantada la inscripción. A lo anterior se suma la carga
desproporcionada sobre este grupo de personas, pues se le impuso una
anotación sobre la vigencia de su tarjeta profesional, pese a que el
examen de Estado no les fue practicado al obtener su título profesional y
solicitar la tarjeta, sin que esta última circunstancia les fuera atribuible.
(ii) Por otro lado, aquellos destinatarios de la Ley 1905 de 2018 que
presentaron su solicitud de tarjeta profesional a partir del 26 de diciembre
de 2023, es decir cuando el Consejo Superior de la Judicatura permitió la
inscripción a la prueba; para este grupo de personas la norma que
dispone el requisito de aprobación de la prueba sí tiene eficacia jurídica
o aplicabilidad y en esa medida dicho requisito les es exigible.

A partir de lo anterior, se puede establecer lo siguiente:
(i) La Ley 1905 de 2018 creó la aplicación del examen de Estado como requisito
para ejercer la profesión de abogado, competencia que se defirió a la autoridad
administrativa.

(ii) Ante la falta de implementación de la prueba en comento, el Consejo Superior
de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA19-11354 de 29 de julio de 2019, sin
incluir como requisito para la expedición de la tarjeta profesional la presentación
del examen.

(iii) El Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022 en los parágrafos
transitorios 1°, 2° y 3° del artículo 2° creó una tarjeta profesional provisional, con
vigencia hasta la publicación final de los resultados de la primera prueba de
Estado.

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(iv) Por medio del contrato Nro. 196 de 2023 se acordó la realización del examen
de Estado. En consecuencia, se expidió el Acuerdo PCSJA23-12127 de 22 de
diciembre de 2023 que dio apertura a la etapa de inscripciones a partir del 26
de diciembre de 2023.

(v) El Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024 derogó el Acuerdo PCSJA22-
11985 de 2022 y confirmó que la primera prueba tendría lugar el 26 de mayo de
2024, sin que existiera certeza sobre la publicación de los resultados finales de
esta.

(vi) El requisito de presentar la prueba de Estado para obtener la tarjeta profesional
definitiva, para quienes no lo podían presentar ante su falta de implementación
es una restricción a la libertad de ejercer la profesión. En consecuencia, para
tales casos los requisitos eficaces y factibles de satisfacer eran los previstos
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1905 de 2018.

(vii) La presentación del examen de Estado como requisito para adquirir la tarjeta
profesional definitiva aplicará a quienes sean destinatarios de la Ley 1905 de
2018, hubiesen obtenido el título profesional y hayan solicitado la tarjeta
profesional con posterioridad al 26 de diciembre de 2023.

3.3. Por las razones expuestas, la Corte Constitucional llamó la atención del
Consejo Superior de la Judicatura, pues la creación de una tarjeta profesional
provisional constituyó una extralimitación de sus competencias
constitucionales y legales, ya que la competencia para crear dicha tarjeta está
reservada al legislador.
De igual forma, resolvió inaplicar por inconstitucional el artículo 11 transitorio
del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024 que prevé la categoría de
tarjeta profesional provisional para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018,
toda vez que encontró imposible satisfacer los requisitos establecidos por la
ley, pues no estaba implementado el examen de Estado. En consecuencia, la
Corte Constitucional ordenó al Consejo Superior de la Judicatura expedir a los
accionantes la tarjeta profesional de abogado con carácter definitivo y sin la
exigencia de aprobación del Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de
2018. Dispuso, además, que mientras el Consejo Superior de la Judicatura
expidiera las tarjetas profesionales definitivas a los accionantes, se entenderá
que las tarjetas profesionales provisionales expedidas tienen el carácter de
permanentes.
Con el fin de proteger el derecho a la igualdad, la Corte Constitucional otorgó
efectos inter pares a la Sentencia SU-128 de 2024, frente a «(i) todas aquellas
personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 a
quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido tarjeta profesional
provisional y que presentaron la solicitud de tarjeta antes de las cero horas (0:00) del 26
de diciembre de 2023, fecha en la cual dicha entidad abrió las inscripciones para la
primera aplicación del Examen de Estado, y (ii) todas las personas graduadas del
pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron la solicitud
de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, siempre
y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes para la expedición de la tarjeta
profesional». La razón de otorgar efectos inter pares a estas personas consistió
en que dicho grupo solicitó la tarjeta profesional con el cumplimiento de todos
los requisitos aplicables en su momento. De ahí que tenían derecho a obtener
la tarjeta con carácter permanente y no bajo el entendido que era provisional
y condicionada a la presentación de un examen que aún no se había
implementado.
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Indicó que «la situación es distinta, en cambio, frente a las personas destinatarias de la
Ley 1905 que presentaron la solicitud de tarjeta profesional a partir del 26 de diciembre
de 2023», pues para esa fecha el Consejo Superior de la Judicatura habilitó la
inscripción para la primera convocatoria del examen de Estado para abogados,
activando la posibilidad de cumplimiento del requisito y con ello su exigibilidad.
Por último, la Corte Constitucional ordenó al Consejo Superior de la Judicatura
que «si al 30 de mayo de 2024 no se ha llevado a cabo la aplicación de la primera prueba
del Examen de Estado, deberá expedir la tarjeta profesional definitiva a todas las
personas admitidas como inscritas al examen, siempre y cuando satisfagan los demás
requisitos vigentes para la expedición de la tarjeta profesional. Esto, en el evento en que
la no realización del examen sea atribuible a las entidades a cargo de su aplicación».

4. Análisis del caso
4.1. De entrada, la Sala advierte que la acción de tutela cumple con el requisito de
subsidiariedad, conforme con el estudio realizado por la Corte Constitucional
en la Sentencia SU-128 de 2024 y los efectos inter pares que concedió en
dicha decisión. Lo anterior teniendo en cuenta que lo pretendido por el
demandante recae en la expedición de la tarjeta profesional con carácter
definitivo y no provisional.
Precisado lo anterior, de conformidad con las reglas establecidas en la
Sentencia SU-128 de 2024 la Sala encuentra que al actor no le resultan
aplicables los efectos inter pares allí dispuestos para otorgar la tarjeta
profesional con carácter definitivo, porque la solicitud de expedición de la
tarjeta profesional se realizó el 14 de marzo de 2024, es decir con posterioridad
a la habilitación para la presentación del examen de Estado, que ocurrió el 26
de diciembre de 2023.
Como se expuso anteriormente, la Corte Constitucional estableció que a las
personas destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron la solicitud de
la tarjeta profesional con posterioridad al 26 de diciembre de 2023 no les
resultaban aplicables los efectos inter pares dispuestos en la Sentencia SU-
128 de 2024, puesto que desde tal fecha se habilitó la inscripción a la primera
convocatoria del examen. Esto permitió que se activara la posibilidad de
inscribirse para cumplir el requisito consistente en la presentación del examen
de Estado y, consecuentemente, este se volvió exigible para la expedición de
la tarjeta profesional con carácter definitivo.
4.2. Ahora bien, como lo informó el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, el 14 de marzo de
2024 el señor Jhonny Carvajal Gaviria solicitó la expedición de su tarjeta
profesional, seis días después de haber recibido su título de abogado.

En virtud de la solicitud, mediante Acta Nro. 33012 de 4 de abril de 2024, dicha
autoridad realizó la inscripción en el Registro Nacional de Abogados y le
expidió la tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional Nro.
426.008.

4.3. No obstante, conforme se dejó consignado en el Certificado de Vigencia Nro.
2345330 la tarjeta profesional asignada al tutelante tendría una «vigencia
provisional hasta la publicación de los resultados de la primera prueba». Al respecto,
la Sala considera que la vigencia hasta la cual se concedió la tarjeta
profesional es problemática, puesto que el actor no tuvo la posibilidad de
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presentarse a la primera prueba del año 2024, debido a que para el momento
en que se graduó y obtuvo su título de abogado ya habían cerrado las
inscripciones para esa jornada del examen de Estado.

Se resalta que mediante Acuerdo PCSJA23-12127 de 22 de diciembre de
2023 el Consejo Superior de la Judicatura dio apertura a la etapa de
inscripciones para la presentación del examen de Estado 2024-I. Allí se
dispuso que el lapso de inscripción tendría lugar desde el día 26 de diciembre
de 2023 hasta el 23 de enero de 2024. A su vez, en el artículo 1 de dicho
Acuerdo se estableció que los interesados en el proceso de inscripción del
examen de Estado dispuesto en la Ley 1905 de 2018 deberían ser abogados
graduados que cumplieran alguno de los siguientes requisitos:
«a) Abogados graduados de una institución de educación superior reconocida
oficialmente, que iniciaron sus estudios de derecho después del 28 de junio de
2018.
b) Abogados que cuentan con tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional,
en los términos del Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022.
c) Abogados cuyo título haya sido otorgado por institución de educación superior
extranjera, que hayan iniciado su carrera después del 28 de junio de 2018. Para
inscribirse deberán contar con la resolución de convalidación, como abogado, del
Ministerio de Educación Nacional.
Parágrafo: Esta convocatoria es pública y abierta para los abogados que cumplan con
los requisitos señalados anteriormente, y por lo tanto, de perentorio cumplimiento tanto
para la administración como para los participantes, quienes con su inscripción, aceptan
las condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo» (Negrillas propias).

Así las cosas, para el último día disponible de inscripción al examen, es decir
el 23 de enero de 2024, el señor Jhonny Carvajal Gaviria aún no se había
graduado como abogado, aquel obtuvo su título profesional el 8 de marzo de
2024.
Lo anterior significa que el actor no tenía la posibilidad de inscribirse a la
primera jornada del examen de Estado 2024-I ya que, se reitera, para el 23 de
enero de 2024 aún no contaba con su título de abogado. Y como se desprende
del artículo 1° transcrito solo podían inscribirse al examen quienes ya contaban
con el título de derecho, es decir solamente los abogados, mas no quienes
tuvieran pendiente la obtención del título profesional.
Esta circunstancia no se generó en la segunda convocatoria del examen de
Estado del año 2024. A diferencia de los requisitos establecidos en el Acuerdo
que convocó a la primera jornada del examen de Estado para el 2024, en el
Acuerdo PCSJA24-12188 de 30 de mayo de 2024, que dio apertura a la etapa
de inscripciones para la presentación del segundo examen de Estado del año
2024 (2024-II), sí se permitió la inscripción de egresados no graduados que
acreditaran la total aprobación del respectivo plan de estudio.
Tal acuerdo amplió el espectro de posibles aspirantes al examen. Veamos:
«Artículo 1: Convocatoria. Convocar a los egresados y abogados interesados en el
proceso de inscripción para la presentación del examen de Estado (2024-II) dispuesto en la
Ley 1905 de 2018, que se llevará a cabo el 20 de octubre de 2024, siempre que cumplan con
alguno de los siguientes requisitos: a. Egresados que culminaron sus estudios de derecho
siempre que hayan iniciado su carrera de derecho después del 28 de junio de 2018 (…)»
(Negrillas propias).

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Se evidencia, entonces, que el actor se encuentra en una situación de
desprotección que no tuvieron que afrontar ni quienes fueron cobijados por la
Sentencia SU-128 de 2024 ni las personas a las que sí se les permitió
inscribirse a la primera jornada del año del examen de Estado por reunir la
totalidad de requisitos.
En consecuencia, se considera que el Consejo Superior de la Judicatura
vulneró el derecho a ejercer libremente la profesión, en tanto que la vigencia
de la tarjeta profesional se condicionó a una fecha en la cual era imposible
para el actor contar con el requisito del examen de Estado. Se insiste, para el
momento en que se cerraron las inscripciones al primer examen aquel no
reunía la totalidad de los requisitos para inscribirse a la presentación de la
prueba.
La vigencia de la tarjeta condicionada a la publicación de los resultados de la
primera prueba no se relaciona con los límites admisibles señalados por la
Corte Constitucional, como sí lo son (i) la exigencia de títulos de idoneidad, (ii)
la inspección del ejercicio y (iii) la vigilancia sobre el ejercicio de la actividad.
De ahí que se considere que en el caso, tal limitación atenta contra el derecho
a ejercer la profesión, dada la imposibilidad del actor para inscribirse a la
prueba a falta, en su momento, del título de abogado.
Así las cosas, la Sala considera que dadas las condiciones particulares del
caso no había lugar a condicionar la vigencia de la tarjeta hasta la publicación
de los resultados de la primera prueba del año. Por lo tanto, se comparte lo
señalado por el juez de tutela de primera instancia y se desestima la
inconformidad expuesta en la impugnación de tal fallo.
Finalmente, se precisa que en otros casos relacionados con la tarjeta
profesional de abogado con carácter provisional esta Sala ha ordenado
estarse a lo resuelto en la Sentencia SU-128 de 2024 en lo relativo a los
efectos inter pares allí dispuestos y ha negado las pretensiones. En estos
casos, a diferencia del asunto bajo análisis, la obtención del título de abogado
se produjo con anterioridad al 26 de diciembre de 2023, fecha en la cual se dio
apertura a las inscripciones para el primer examen de Estado que se realizaría
en el 2024. Además, lo solicitado en tales oportunidades era la aplicación de
los efectos inter pares dispuestos en la Sentencia SU-128 de 2024.
Presupuestos fácticos que se distancian del caso del señor Jhonny Carvajal
Gaviria, pues ni se solicitó la aplicación de los efectos del fallo de unificación
mencionado ni la obtención del título de abogado se produjo antes de la fecha
de apertura a inscripciones o siquiera antes de que finalizara el plazo de
inscripciones.

En suma, se trataba de casos en los cuales se contó con la posibilidad de
inscribirse a la primera jornada del año en que se realizaría el examen de
Estado, lo cual no sucedió en el asunto ahora estudiado. Por lo tanto, no hay
lugar a emplear en este asunto la misma solución dispuesta en dichos casos.

5. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala concluye que el condicionamiento de la vigencia
de la tarjeta a una fecha para la cual el actor le era materialmente imposible cumplir

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con el requisito de haber prestado el examen de Estado sí supone un obstáculo
desproporcionado para su derecho al ejercicio libre de la profesión.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, en la cual se
le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura ampliar el término de la vigencia de
la Tarjeta Profesional Provisional Nro. 426008, expedida el 4 de abril de 2024 a
nombre de Jhonny Carvajal Gaviria, hasta la publicación de los resultados de la
segunda prueba del año 2024 (aplicación 2024-II) del examen de Estado.

Lo anterior independientemente de si el actor se inscribió o no para la segunda
jornada que se practicará el 20 de octubre del 2024, pues para la segunda
convocatoria del año no existía obstáculo para efectuar la inscripción.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de 17 de julio de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta decisión.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

15

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