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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00400-00

Fecha
3 de marzo de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00400-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-00400-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

3 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., marzo tres (03) de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00400-00
Demandante: Carlos Adolfo Gómez Higuita
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Carlos Adolfo Gómez Higuita1, de conformidad con el
Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 30 de enero de 2023, el señor Carlos Adolfo Gómez Higuita, por conducto de
apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo y al libre desarrollo de la profesión.

2. Hechos relevantes

En el año 2022 el señor Carlos Adolfo Gómez Higuita se graduó como abogado de
la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, sede Medellín.

En octubre de la misma anualidad, elevó solicitud de expedición de la tarjeta
profesional de abogado, bajo el radicado No. 33818.

El 17 de noviembre de 2022, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura expidió la tarjeta

1
Que ingresó para fallo el 10 de febrero de 2023.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00400-00
Accionante: Carlos Adolfo Gómez Higuita
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

provisional No. 395.960 con vigencia hasta el 30 de abril de 2024, por cuanto el
ahora tutelante debía acreditar el requisito del examen del Estado, previsto en la
Ley 1905 de 2018 y en el Acuerdo PCSJA-2211985 de 2022.

El 16 de diciembre de 2022, el accionante presentó derecho de petición ante el
Consejo Superior de la Judicatura, en el cual solicitó la expedición de la tarjeta
profesional definitiva, pues a sus compañeros se les expidió sin ningún tipo de
limitación temporal, aun cuando iniciaron sus estudios con posterioridad a la Ley
1905 de 2018.

El Consejo Superior de la Judicatura indicó que, en la medida en que el señor
Gómez Higuita inició sus estudios en el 2019, lo procedente es la expedición de la
tarjeta profesional de forma provisional.

3. Fundamentos de la demanda de tutela

La parte actora alegó que la entidad accionada incurrió en una vulneración de sus
derechos fundamentales, por cuanto se le exige la presentación del examen de
Estado para expedirle su tarjeta profesional, cuando a algunos de sus
compañeros de curso se les otorgó ese documento sin requisito adicional al grado
y sin ninguna limitación temporal.

Afirmó que se trata de un requisito irrazonable y desproporcionado en la medida
en que en la actualidad no se han establecido fechas para la presentación del
examen de Estado, de ahí que se trata de un mandato legal que no se ha
implementado por la inoperancia de la entidad y no por negligencia o negativa del
ahora demandante.

Solicitó que se aplicara el fallo de tutela 11001-03-15-000-2022-03409-00, a través
del cual la Sección Quinta del Consejo de Estado amparó los derechos de la
señora Katya Marchela Álvarez Olivella y exhortó al Consejo Superior de la
Judicatura a abstenerse de solicitar el requisito del examen hasta tanto se
desarrollaran las condiciones para su materialización.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

Mediante providencia del 2 de febrero de 2023, se admitió la demanda de tutela y

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00400-00
Accionante: Carlos Adolfo Gómez Higuita
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

se ordenó notificar a la autoridad accionada, la cual solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda de tutela porque no existe vulneración de un derecho
fundamental del señor Carlos Adolfo Gómez Higuita.

Afirmó que según lo dispuesto en los artículos 1º y 2 de la Ley 1905 de 2018, para
expedir la tarjeta profesional de abogado a aquellas personas que iniciaron la
carrera de derecho con posterioridad al 28 de junio de 2018, debe acreditarse,
además de los requisitos exigidos en la legislación vigente, la aprobación del
examen de Estado, el cual se encuentra programado para implementarse en el
año 2024.

Sostuvo que una vez se confirmó con la Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano que el señor Gómez Higuita inició la carrera de derecho el 4 de
febrero de 2019, es decir, luego de la promulgación de la Ley 1905, procedió a
desplegar las acciones que correspondían bajo la normativa vigente, para lo cual
le expidió la tarjeta profesional con vigencia provisional No. 395960.

Indicó que la entidad ha cumplido con el fallo proferido el 24 de agosto de 2022
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la medida en que a las personas
que iniciaron su pregrado con posterioridad a la fecha referida, no se les ha
exigido acreditar el cumplimiento del examen, sino que se les ha expedido la
tarjeta profesional de abogado con una vigencia provisional, hasta tanto se pueda
materializar la presentación del requisito de la prueba del Estado, según el
mandato contenido en la Ley 1905 de 2018.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

La Subsección, como ya lo ha establecido en casos similares2, considera en este
caso no hay lugar a predicar la vulneración de los derechos fundamentales del
actor, pues no se evidencia una afectación a las garantías constitucionales por el
hecho de que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura haya emitido una tarjeta provisional.

2
Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 5 de diciembre de 2022, exp. 11001-03-15-000-2022-04376-01, M.P. María Adriana
Marín, entre otras decisiones de la Sala.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00400-00
Accionante: Carlos Adolfo Gómez Higuita
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

El accionante es destinatario de la Ley 1905 de 2018, pues ingresó a la
universidad a cursar la carrera de derecho el 4 de febrero 2019, con posterioridad
al 28 de junio de 2018, fecha de publicación de la normativa mencionada, la cual
establece en sus artículos 1° y 2 lo siguiente:

Artículo 1°. Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos
exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar
certificación de aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice el
Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), directamente o a través de una
Institución de Educación Superior acreditada en Alta Calidad que se contrate
para tal fin.

Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado supere la
media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual
de cada examen, el CSJ señalará la representación porcentual del puntaje
obtenido sobre la media nacional.

PARÁGRAFO 1. Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá
presentar en las siguientes convocatorias que señale el CSJ hasta tanto
obtenga el porcentaje mínimo exigido.

PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen de Estado será
exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus
veces para la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado. Para ser
representante de una persona natural o jurídica para cualquier trámite que
requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional de
abogado, que solo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen. Para las
demás actividades no se requerirá tarjeta profesional.

Artículo 2. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de
abogado establecido en la presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera
de derecho después de su promulgación.

El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo No. PSCJA22-11985
de 29 de agosto de 2022, estableció que debido a que el examen de Estado se
encuentra en fase de implementación, las personas a las que les resulten
aplicables las disposiciones de la Ley 1905 de 2018, están facultadas para obtener
su tarjeta profesional de manera provisional, hasta tanto se lleve a cabo y se
publiquen los resultados de la primera prueba3.
3
Acuerdo No. PSCJA22-11985 de 2019:
Artículo 2.
(…)
Parágrafo transitorio 1°. Mientras se desarrollan las fases necesarias para la implementación del
Examen de Estado, los destinatarios de la Ley 1905 de 2018, podrán solicitar, sin la acreditación
del certificado de aprobación del examen, su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la
expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta la
publicación de los resultados de la primera prueba.
Parágrafo transitorio 2°. Las Tarjetas Profesionales de Abogados que se expidan bajo las
condiciones del parágrafo anterior, contendrán la denominación "Provisional".
Parágrafo transitorio 3.° Quienes obtengan la Tarjeta Profesional de Abogado con vigencia
provisional, en los términos del presente Acuerdo, una vez sea dispuesta la aplicación del Examen

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00400-00
Accionante: Carlos Adolfo Gómez Higuita
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

En ese sentido, la provisionalidad de la tarjeta profesional es una limitación
temporal, que se fundamenta en la obligación legal referida, mas no una
restricción material que implique el condicionamiento de la facultad de
representación o que impida el ejercicio de la profesión, motivo por el cual, no
existe una vulneración de los derechos al trabajo y al libre desarrollo de la
profesión alegados por el accionante, por cuanto este último puede desempeñarse
como abogado, hasta tanto se aplique la prueba referida.

Sobre este punto conviene precisar que la tarjeta profesional con carácter
provisional no se asimila a la licencia temporal regulada en el Decreto 196 de 12
de febrero de 1971, toda vez que mientras la primera de ellas se otorga a quienes
ya obtuvieron el título de abogado y solo tiene un condicionamiento de vigencia
fijado por el Consejo Superior de la Judicatura, la segunda sí tiene limitaciones
para el ejercicio como abogado, pues se expide a la persona que haya terminado
y aprobado los estudios reglamentarios, sin haber obtenido el título respectivo,
hasta por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus
estudios.

Aclarado lo anterior, la Sala considera que el hecho de que no se expida una
tarjeta profesional con carácter definitivo para el señor Gómez Higuita, no implica
per se la vulneración de sus derechos fundamentales, puesto que, para acceder a
esta tipología de tarjeta, el tutelante debe cumplir con el requisito exigido en la Ley
1905 de 2018.

Además, la Subsección no encuentra que exista una vulneración al derecho a la
igualdad del tutelante en relación con sus compañeros, respecto de quienes,
afirmó, les fue expedida la tarjeta profesional sin condicionamientos, pues si bien
se aportó copia de los certificados de vigencia profesional de doce personas4, lo
cierto es que no obra prueba que permita evidenciar que hubiesen iniciado los

del Estado, deberán presentarlo y acreditar su aprobación, para efectos de que les sean expedidas
las respectivas tarjetas profesionales de abogado (…)”.
4
Los certificados de tarjeta profesional se encuentran en los folios 7 a 18 de la carpeta del índice 8
de Samai y corresponden a las siguientes personas: Víctor Manuel Moscoso Zapata,
Hernán Eudiel Chavarría Muñoz, Elizabeth Jaramillo Rodríguez, Edwin Guillermo Lora López,
César Augusto Castrillón Jiménez, Carlos Andrés Sandoval Cuadros,
Andrés David Zapata González, Andrés Albeiro Soto Murillo, Katya Marchela Álvarez Olivella,
José Urbano Rentería Valoy, José Argemiro León González, Elmer Yeferson Valencia Hurtado.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00400-00
Accionante: Carlos Adolfo Gómez Higuita
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

estudios en la misma institución universitaria ni en la misma fecha que el señor
Gómez Higuita, por lo que la Sala carece de criterios para examinar la vulneración
del derecho a la igualdad, en los términos formulados en el escrito de tutela.

Téngase en cuenta que la Corte Constitucional5 ha establecido que, para acreditar
la existencia de una conducta discriminatoria es necesario verificar, entre otras
cosas, que la persona o grupo de personas que se traen como referente, se
encuentran en la misma situación fáctica de quien alega la afectación del derecho,
de ahí que, si no es posible verificar que los supuestos de hecho sean idénticos en
cada caso, tampoco puede determinarse si el trato desigual está fundado en
criterios razonables y válidos.

Dado que en el expediente de tutela no obran pruebas que permitan establecer
que el demandante se encontraba en circunstancias fácticas y jurídicas idénticas a
las de las personas que les habría sido expedida la tarjeta profesional sin
condicionamientos temporales, resulta imposible realizar un juicio de igualdad,
basado en la identidad fáctica y jurídica, de conformidad con lo establecido en la
jurisprudencia constitucional.

No obstante, si lo que acontece es que el señor Gómez Higuita se encuentra
inconforme con lo la reglamentación dispuesta mediante el Acuerdo
PCSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, se advierte que se trata de un acto
administrativo de carácter general, respecto del cual puede ejercer el medio de
control de nulidad, establecido en el artículo 137 de la Ley 1437 de 20116, para
obtener su remoción del ordenamiento jurídico, o hacer uso de otra vía judicial
para obtener el acceso al examen de estado, pero no es la acción de tutela, en
principio, el instrumento para exonerarlo de una condición establecida por el
legislador.

Finalmente, conviene señalar que, contrario a lo dicho por el actor, si bien en el
fallo de tutela del 4 de agosto de 2022, radicado 11001-03-15-000-2022-03409-00,
de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se accedió al amparo solicitado,
5
Sentencia T-587 de 2006. M.P. Jaime Araújo Rentería.
6
“ARTÍCULO 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que
se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
(…)”.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00400-00
Accionante: Carlos Adolfo Gómez Higuita
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

dicha decisión no constituye un precedente aplicable al caso bajo estudio, de un
lado, porque tiene efectos inter partes y no intercomunis, como se alegó en el
escrito de la demanda de tutela, y de otra parte, porque dicha decisión se adoptó
con anterioridad a que se dictara el Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de
2022, es decir, cuando no existía la reglamentación para expedir la tarjeta
profesional temporal, respecto de los casos como los del señor Carlos Adolfo
Gómez Higuita.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo, por las razones expuestas en
precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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