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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-06753-00

Fecha
1 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-06753-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 5 “ARTÍCULO 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. (…)”. 6 Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06753-00 Accionante: Lina Marcela Martínez Galindo Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (primera instancia) TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-06753-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

1 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06753-00
Demandante: Lina Marcela Martínez Galindo
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por la señora Lina Marcela Martínez Galindo1, de conformidad con el Decreto 333
de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 3 de noviembre de 2023, la señora Lina Marcela Martínez Galindo, por conducto
de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo y al libre desarrollo de la profesión.

2. Hechos relevantes

En 2022, la señora Lina Marcela Martínez Galindo se graduó como abogada de la
Institución Universitaria de Colombia, sede Bogotá.

En enero de 2023 elevó solicitud de expedición de su tarjeta profesional de
abogado, al correo dispuesto para ello.

Con fecha del 30 de junio de 2023, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura expidió la tarjeta

1
Que ingresó para fallo el 24 de noviembre de 2023.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06753-00
Accionante: Lina Marcela Martínez Galindo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

provisional No. 408.643, por cuanto la ahora tutelante debía acreditar el requisito
del examen del Estado, previsto en la Ley 1905 de 2018 y en el Acuerdo
PCSJA2211985 de 2022.

El 5 de septiembre de 2023, la accionante presentó derecho de petición ante el
Consejo Superior de la Judicatura, en el cual solicitó la expedición de la tarjeta
profesional definitiva, pues a sus compañeros se les expidió sin ningún tipo de
limitación temporal, aun cuando iniciaron sus estudios con posterioridad a la Ley
1905 de 2018.

El Consejo Superior de la Judicatura indicó que, en la medida en que la señora
Martínez Galindo inició sus estudios en el 2019, lo procedente era la expedición de
la tarjeta profesional de forma provisional.

3. Fundamentos de la demanda de tutela

La parte actora alegó que la entidad accionada incurrió en una vulneración de sus
derechos fundamentales, por cuanto se le exige la presentación del examen de
Estado para expedir su tarjeta profesional, cuando a algunos egresados de otras
universidades se les otorgó ese documento sin requisito adicional al grado y sin
ninguna limitación temporal.

Afirmó que se trata de un requisito irrazonable y desproporcionado en la medida en
que en la actualidad no se han establecido fechas para la presentación del examen
de Estado, de ahí que se trata de un mandato legal que no se ha implementado por
la inoperancia de la entidad y no por negligencia o negativa de la ahora demandante.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

Mediante providencia del 8 de noviembre de 2023, se admitió la demanda de tutela
y se ordenó notificar a la autoridad accionada, la cual solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda de tutela porque no existe vulneración de un derecho
fundamental a la señora Lina Marcela Martínez Galindo.

Afirmó que según lo dispuesto en los artículos 1º y 2 de la Ley 1905 de 2018, para
expedir la tarjeta profesional de abogado a aquellas personas que iniciaron la
carrera de derecho con posterioridad al 28 de junio de 2018, debe acreditarse,

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06753-00
Accionante: Lina Marcela Martínez Galindo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

además de los requisitos exigidos en la legislación vigente, la aprobación del
examen de Estado, el cual se encuentra programado para implementarse el año
entrante.

Sostuvo que una vez se confirmó con la Institución Universitaria de Colombia que
la señora Martínez Galindo inició la carrera de derecho el 26 de junio de 2019, es
decir, luego de la promulgación de la Ley 1905, procedió a desplegar las acciones
que correspondían bajo la normativa vigente, para lo cual le expidió la tarjeta
profesional con vigencia provisional No. 408.643.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

La Subsección, como ya lo ha establecido en casos similares2, considera en este
caso no hay lugar a predicar la vulneración de los derechos fundamentales de la
demandante, pues no se evidencia una afectación a las garantías constitucionales
por el hecho de que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura haya emitido una tarjeta profesional
de carácter provisional.

La accionante es destinataria de la Ley 1905 de 2018, pues ingresó a la universidad
a cursar la carrera de derecho el 26 de junio 2019, con posterioridad al 28 de junio
de 2018, fecha de publicación de la normativa mencionada, la cual establece, en
sus artículos 1° y 2, lo siguiente:

Artículo 1°. Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos
exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar
certificación de aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice el
Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), directamente o a través de una
Institución de Educación Superior acreditada en Alta Calidad que se contrate
para tal fin.

Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado supere la
media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual
de cada examen, el CSJ señalará la representación porcentual del puntaje
obtenido sobre la media nacional.

PARÁGRAFO 1. Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá
presentar en las siguientes convocatorias que señale el CSJ hasta tanto
obtenga el porcentaje mínimo exigido.

2
Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 5 de diciembre de 2022, exp. 11001-03-15-000-2022-04376-01, M.P. María Adriana
Marín, reiterado en sentencia de 3 de marzo de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-00400-00, M.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06753-00
Accionante: Lina Marcela Martínez Galindo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen de Estado será
exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus
veces para la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado. Para ser
representante de una persona natural o jurídica para cualquier trámite que
requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional de
abogado, que solo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen. Para las
demás actividades no se requerirá tarjeta profesional.

Artículo 2. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado
establecido en la presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho
después de su promulgación.

El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo No. PSCJA22-11985 de
29 de agosto de 2022, estableció que debido a que el examen de Estado se
encuentra en fase de implementación, las personas a las que les resulten aplicables
las disposiciones de la Ley 1905 de 2018, están facultadas para obtener su tarjeta
profesional de manera provisional, hasta tanto se lleve a cabo y se publiquen los
resultados de la primera prueba3.

En ese sentido, la provisionalidad de la tarjeta profesional es una limitación
temporal, que se fundamenta en la obligación legal referida, más no una restricción
material que implique el condicionamiento de la facultad de representación o que
impida el ejercicio de la profesión, motivo por el cual, no existe una vulneración de
los derechos al trabajo y al libre desarrollo de la profesión alegados por la parte
accionante, por cuanto esta última puede desempeñarse como abogada, hasta
tanto se aplique la prueba referida.

Sobre este punto conviene precisar que la tarjeta profesional con carácter
provisional no se asimila a la licencia temporal regulada en el Decreto 196 de 12 de
febrero de 1971, toda vez que mientras la primera de ellas se otorga a quienes ya
obtuvieron el título de abogado y solo tiene un condicionamiento de vigencia fijado

3
Acuerdo No. PSCJA22-11985 de 2019:
Artículo 2.
(…)
Parágrafo transitorio 1°. Mientras se desarrollan las fases necesarias para la implementación del
Examen de Estado, los destinatarios de la Ley 1905 de 2018, podrán solicitar, sin la acreditación del
certificado de aprobación del examen, su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la
expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta la publicación
de los resultados de la primera prueba.
Parágrafo transitorio 2°. Las Tarjetas Profesionales de Abogados que se expidan bajo las
condiciones del parágrafo anterior, contendrán la denominación "Provisional".
Parágrafo transitorio 3. ° Quienes obtengan la Tarjeta Profesional de Abogado con vigencia
provisional, en los términos del presente Acuerdo, una vez sea dispuesta la aplicación del Examen
del Estado, deberán presentarlo y acreditar su aprobación, para efectos de que les sean expedidas
las respectivas tarjetas profesionales de abogado (…)”.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06753-00
Accionante: Lina Marcela Martínez Galindo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

por el Consejo Superior de la Judicatura, la segunda sí tiene limitaciones para el
ejercicio como abogado, pues se expide a la persona que haya terminado y
aprobado los estudios reglamentarios, sin haber obtenido el título respectivo, hasta
por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios.

Aclarado lo anterior, la Sala considera que el hecho de que no se expida una tarjeta
profesional con carácter definitivo para la señora Martínez Galindo, no implica per
se la vulneración de sus derechos fundamentales, puesto que, para acceder a esta
tipología de tarjeta, la tutelante debe cumplir con el requisito exigido en la Ley 1905
de 2018.

Además, la Subsección no encuentra que exista una vulneración al derecho a la
igualdad en relación con otros egresados de distintas universidades, respecto de
quienes, se afirmó, les fue expedida la tarjeta profesional sin condicionamientos,
pues no obra prueba que permita evidenciar que hubiesen iniciado los estudios en
la misma fecha que la señora Martínez Galindo, por lo que la Sala carece de criterios
para examinar la vulneración del derecho a la igualdad, en los términos formulados
en el escrito de tutela.

Téngase en cuenta que la Corte Constitucional4 ha establecido que, para acreditar
la existencia de una conducta discriminatoria es necesario verificar, entre otras
cosas, que la persona o grupo de personas que se traen como referente, se
encuentran en la misma situación fáctica de quien alega la afectación del derecho,
de ahí que, si no es posible verificar que los supuestos de hecho sean idénticos en
cada caso, tampoco puede determinarse si el trato desigual está fundado en
criterios razonables y válidos.

Dado que en el expediente de tutela no obran pruebas que permitan establecer que
la demandante se encontraba en circunstancias fácticas y jurídicas idénticas a las
de las personas que les habría sido expedida la tarjeta profesional sin
condicionamientos temporales, resulta imposible realizar un juicio de igualdad,
basado en la identidad fáctica y jurídica, de conformidad con lo establecido en la
jurisprudencia constitucional.

4
Sentencia T-587 de 2006. M.P. Jaime Araújo Rentería.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06753-00
Accionante: Lina Marcela Martínez Galindo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

No obstante, si lo que acontece es que la señora Martinez Galindo se encuentra
inconforme con lo la reglamentación dispuesta mediante el Acuerdo PCSCJA22-
11985 del 29 de agosto de 2022, se advierte que se trata de un acto administrativo
de carácter general, respecto del cual puede ejercer el medio de control de nulidad,
establecido en el artículo 137 de la Ley 1437 de 20115, para obtener su remoción
del ordenamiento jurídico, o hacer uso de otra vía judicial para obtener el acceso al
examen de estado, pero no es la acción de tutela, en principio, el instrumento para
exonerarla de una condición establecida por el legislador.

Finalmente, conviene señalar que, contrario a lo dicho por la parte actora, si bien en
el fallo de tutela del 4 de agosto de 2022, radicado 11001-03-15-000-2022-03847-
00, de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se accedió al amparo solicitado,
dicha decisión no constituye un precedente aplicable al caso bajo estudio, de un
lado, porque tiene efectos inter partes y no inter comunis, como se alegó en el
escrito de la demanda de tutela, y de otra parte, porque dicha decisión se adoptó
con anterioridad a que se dictara el Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de
2022, es decir, cuando no existía la reglamentación para expedir la tarjeta
profesional temporal, respecto de los casos como el de la señora Lina Marcela
Martínez Galindo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo, por las razones expuestas en
precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

5
“ARTÍCULO 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que
se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
(…)”.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06753-00
Accionante: Lina Marcela Martínez Galindo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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