Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04376-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04376-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04376-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04376-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
5 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04376-01
Demandante: GUSTAVO ADOLFO GRAJALES GRANADA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
proferida el 6 de septiembre de 2022 por la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la demanda, al considerar que
se había configurado la carencia actual de objeto por hecho superado.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 11 de agosto de 20221, el señor Gustavo Adolfo Grajales Granada interpuso
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital2. Formuló las siguientes
pretensiones:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo,
libre desarrollo de la profesión y mínimo vital.
SEGUNDO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, expedir en el
menor tiempo posible mi Tarjeta Profesional de abogado, dado que he
cumplido con los requisitos propios de la formación académica como abogado
y a su vez los exigidos por el Consejo Superior Judicatura en su sitio web
oficial, en aras de adelantar plenamente mis funciones como abogado
titulado.
TERCERO: Se tome como referentes las sentencias de tutela con números
de radicados N° 11001-03-15-000-2022-03409-00 del 04/08/2022 y N° 11001-
03-15- 000-2022-03847-00 del 04/08/2022, las cuales ampararon derechos
1 Se advierte que, el 16 de noviembre de 2022, el proceso ingresó al despacho de la magistrada
ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 De igual forma, alegó como desconocidos el derecho al libre ejercicio de la profesión y al principio
de favorabilidad.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04376-01
Demandante: Gustavo Adolfo Grajales Granada
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
constitucionales vulnerados a otros compañeros recién graduados por la
misma situación de expedición de su tarjeta profesional, por parte del Consejo
Superior de la Judicatura.
1.2. Hechos y argumentos de la tutela
De la solicitud de tutela y del expediente digital se extraen los siguientes hechos:
Afirma el accionante que, en mayo de la presente anualidad, envió al correo
electrónico de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, los documentos exigidos para la expedición de la tarjeta profesional de
abogado, en la forma establecida en la página web de la entidad.
Manifiesta que, días después de haber radicado los documentos para el registro
de su tarjeta profesional, consultó el estado del trámite en la página del Consejo
Superior de la Judicatura el estado, y en este se señaló que se había requerido a
la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnico Grancolombiano para que
informara la fecha de grado y la fecha en que había iniciado el programa de
Derecho «con la finalidad de corroborar si se aplicaba o no el artículo 2 de la Ley
1905 de 2018».
Dicha solicitud fue atendida el 22 de junio de 2022 y en ella se le informó al
Consejo Superior de la Judicatura que el señor Grajales Granada inició sus
estudios el 1 de agosto de 2018, es decir, posterior a la promulgación de la Ley
1905 de 2018.
Menciona el actor que ha solicitado en reiteradas ocasiones información del
estado de su proceso y solo ha recibido como respuesta reiterativa que su trámite
se encuentra en estado «radicado» a la espera de corroborar si le aplica o no el
artículo 2 de la Ley 1905 de 2018.
Resalta que dicha condición no le fue exigida a los compañeros con quienes inició
la carrera y ya obtuvieron su tarjeta profesional.
Con fundamento en lo anterior, el señor Grajales Granada considera que la falta
de celeridad, equidad e imparcialidad para expedir su tarjeta profesional ha
derivado en la pérdida de diferentes ofertas y oportunidades laborales, lo que
vulnera sus derechos fundamentales.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04376-01
Demandante: Gustavo Adolfo Grajales Granada
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 17 de agosto de 2022, el despacho sustanciador de la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado admitió la solicitud de
amparo y ordenó que se notificara a la directora de la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
2.2. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia rindió
informe en el que manifestó que el Consejo Superior de la Judicatura autorizó al
Director Ejecutivo de Administración Judicial para la suscripción de un convenio
interadministrativo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
(ICFES), con el objeto de definir, construir y validar el marco de referencia para la
implementación del examen de estado exigido en la Ley 1905 de 2018, cuyo plazo
de ejecución se tiene previsto para el 2024; por tal razón, se expidió el Acuerdo
PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, mediante el cual se establecieron
normas para la expedición de tarjetas profesionales de abogados destinatarios de
la mencionada ley.
Expuso que, al señor Gustavo Adolfo Grajales Granada se le expidió la tarjeta
profesional de abogado provisional No. 278.905, la cual fue enviada al contratista
para la elaboración del plástico, por lo que, estima, debe declararse la carencia
actual de objeto por hecho superado.
3. Fallo Impugnado
La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante providencia
del 6 de septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que se había configurado la carencia actual de objeto por hecho superado pues,
durante el trámite de primera instancia, esto es el 30 de agosto de 2022, se emitió
la tarjeta profesional del accionante, lo cual le fue comunicado al día siguiente a su
correo electrónico.
4. Impugnación
El accionante manifestó que la expedición de una tarjeta profesional con vigencia
provisional resultaba inadmisible, pues varios de sus compañeros con los que
ingresó a la carrera, adquirieron sus tarjetas profesionales sin ninguna limitación,
por lo cual, considera que se le impuso una carga desigual que vulnera sus
derechos fundamentales.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04376-01
Demandante: Gustavo Adolfo Grajales Granada
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
II. CONSIDERACIONES
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio, procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro
mecanismo de defensa judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho
que se considera vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como
medio principal de protección de los derechos fundamentales.
Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo
será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2. Problema jurídico
A partir de los argumentos expuestos en la impugnación, corresponde a la Sala
determinar si persiste la vulneración de los derechos que el demandante, Gustavo
Adolfo Grajales Granada, atribuye al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por la no expedición
de su tarjeta profesional de abogado o si, como lo señaló el fallo de primera
instancia, se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado, ante la
expedición de una tarjeta provisional de abogado de carácter provisional.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04376-01
Demandante: Gustavo Adolfo Grajales Granada
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
3. Análisis de la Sala y solución del problema jurídico
El señor Gustavo Adolfo Grajales Granada alega la vulneración de sus derechos
fundamentales, por la no expedición de su tarjeta profesional de abogado, pese a
que ha «cumplido con los requisitos propios de la formación académica como
abogado y a su vez los exigidos por el Consejo Superior de la judicatura».
En virtud del trámite de la tutela, la entidad accionada expidió la tarjeta profesional
de abogado de carácter provisional, razón por la cual el a quo negó la tutela por
carencia actual de objeto por hecho superado.
En el escrito de impugnación el demandante modificó el alcance del debate
constitucional para afirmar que la tarjeta profesional debe ser expedida sin
condicionamientos temporales, tal como le fue otorgada a sus compañeros; con
todo, ese no fue el objeto específico de la tutela, sino que se expidiera una tarjeta
profesional, circunstancia que ya dispuso la accionada en aplicación del Acuerdo
PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura.
Ahora bien, aun si el reclamo del accionante estuviera dirigido a que la tarjeta
profesional sea otorgada de manera definitiva, ocurre que, en su caso, no es
posible acceder por vía de tutela a esa solicitud, por cuanto no acredita que
hubiere iniciado sus estudios antes de la entrada en vigor de la Ley 1905 de 2018,
por lo que la Sala no tiene ninguna razón de orden constitucional para inobservar
el mandato contenido en el artículo 13 de la Ley 1905 de 2018.
Contrario a lo que pretende el actor, en principio, el mismo escrito de tutela da
cuenta de que sí le es exigible la presentación del examen de estado de que trata
la Ley 1905 de 2018, por cuanto inició sus estudios el 1º de agosto de 2018, es
3 ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las
normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del Examen de
Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), directamente o a
través de una Institución de Educación Superior acreditada en Alta Calidad que se contrate para tal
fin.
Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado supere la media del puntaje
nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual de cada examen, el CSJ señalará la
representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media nacional.
PARÁGRAFO 1. Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá presentar en las
siguientes convocatorias que señale el CSJ hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo exigido.
PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen de Estado será exigida por el
Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus veces para la expedición de la
Tarjeta Profesional de Abogado. Para ser representante de una persona natural o jurídica para
cualquier trámite que requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional de
abogado, que solo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen. Para las demás actividades
no se requerirá tarjeta profesional.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04376-01
Demandante: Gustavo Adolfo Grajales Granada
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
decir, con posterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, que fue promulgada el
28 de junio de 2018.
De modo que el señor Grajales Granada no puede pretender que se le exonere
del cumplimiento del requisito legal previsto en el artículo 24 de la Ley 1905 de
2018; mucho menos si, como acontece, ya le fue ordenada la expedición de la
tarjeta profesional provisional hasta tanto la entidad realice el examen ordenado.
No es de recibo el argumento de que se vulnera su derecho a la igualdad en
relación con sus compañeros, a quienes, afirma, les fue expedida la tarjeta
profesional sin condicionamientos, pues aun cuando se aportó copia de los
certificados de vigencia profesional de los señores Elvis Moreno Osorio, Javier
Darío Ciro Posso, Paula Andrea Buitrago García, Zully Stephanie Cardona Osorio
y Carlos Stiven Castillo Rojas, lo cierto es que no demostró que estos hubieran
iniciado los estudios en la misma institución académica ni en la misma fecha que
él, por lo que la Sala carece de parámetros para examinar la vulneración del
derecho a la igualdad, en los términos planteados en la demanda.
Cabe anotar que la igualdad consiste en el derecho que tienen las personas a que
no existan privilegios arbitrarios o caprichosos que los excluyan de lo que se
concede a otras que se encuentran en idénticas circunstancias. El derecho a la
igualdad implica, en suma, un veto constitucional al trato desigual frente a
situaciones idénticas. Como se sabe, el artículo 135 de la Constitución Política
establece el derecho a la igualdad ante la ley, a la igualdad de trato y a la igualdad
de oportunidades.
La Corte Constitucional ha explicado que el derecho a la igualdad no se puede
aplicar automáticamente, pues no solo exige tratar por igual a los iguales, sino
tratar diferente a los desiguales6. Eso quiere decir que en cada caso se debe
realizar un juicio de igualdad para determinar si el trato desigual está fundado en
criterios razonables y válidos, lo cual solo es posible cuando se cuenta con los
suficientes soportes probatorios. Textualmente, esto ha dicho la Corte sobre lo que
acaba de mencionarse:
4 ARTÍCULO 2. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado establecido
en la presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación.
5 “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas
en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos
que contra ellas se cometan”.
6 Sentencia T-500 de 2002.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04376-01
Demandante: Gustavo Adolfo Grajales Granada
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
La diferencia de trato resulta insuficiente, per se, para predicar la vulneración
del derecho a la igualdad, pues para acreditar la existencia de una conducta
discriminatoria es necesario verificar, entre otras cosas, que la persona o
grupo de personas que se traen como referente se encuentran en la misma
situación fáctica de quien alega la afectación del derecho. Si no es así, en el
evento en que no pueda constatarse esta última circunstancia, estaríamos en
ausencia de la primera condición exigida por la jurisprudencia constitucional
para la vulneración del derecho a la igualdad, esto es: la igualdad de los
supuestos de hecho en los cuales se deben encontrar, tanto quien alega la
vulneración del derecho, como sus referentes. Se entiende así mismo, de
manera lógica, que el trato desigual en situaciones fácticas distintas no es
violatorio del derecho a la igualdad7.
En suma, dado que en el expediente de tutela no obra ninguna prueba que
permita establecer que el demandante se encontraba en circunstancias fácticas y
jurídicas idénticas a las de las personas que, según afirmó, les fue expedida la
tarjeta profesional sin condicionamientos, resulta imposible realizar un juicio de
igualdad, basado en la identidad fáctica y jurídica, conforme a lo establecido en la
jurisprudencia constitucional.
Ahora bien, si lo que acontece es que el señor Grajales Granada se encuentra
inconforme con el condicionamiento establecido mediante el Acuerdo PCSCJA22-
11985 del 29 de agosto de 2022, se advierte que se trata de un acto administrativo
de carácter general –reglamento–, respecto del cual puede ejercer el medio de
control de nulidad, establecido en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 8, para
obtener su remoción del ordenamiento jurídico, o hacer uso de otra vía judicial
para obtener el acceso al examen de estado, pero no es la tutela, en principio, el
instrumento para exonerarlo de una condición establecida por el legislador.
Cabe recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé
mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales. De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control,
puede pedir la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto
administrativo en cuestión, medida cautelar que es un medio de defensa ágil y
efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia.
Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la
protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación consideró:
7 Sentencia T-587 de 2006.
8 «ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante,
que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
(…)».
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04376-01
Demandante: Gustavo Adolfo Grajales Granada
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la
acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad
y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el
proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la
contradicción que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene
el rigor y la exigencia del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede
hacer un estudio complejo para concluirlo9.
Bajo las anteriores consideraciones, se impone confirmar la sentencia de primera
instancia, que negó la tutela por la carencia actual de objeto por hecho superado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 6 de septiembre de 2022, proferida por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, de conformidad con lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
9 Consejo de Estado, Sala Plena. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente No. 25000-23-42-
000-2013-06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.