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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06749-00

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06749-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor Fredy Alberto Walteros Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 7 Radicación: 11001-03-15-000-2023-06749-00 Accionante: Fredy Alberto Walteros Rodríguez Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06749-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06749-00
Accionante: Fredy Alberto Walteros Rodríguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Niega amparo – ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales invocados – tarjeta profesional de abogado de carácter
provisional prevista en el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por el señor Fredy Alberto Walteros
Rodríguez contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El señor Fredy Alberto Walteros Rodríguez instauró demanda de tutela, con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, igualdad, libre
desarrollo de la personalidad y libertad de escoger profesión u oficio, presuntamente
vulnerados, ante la omisión en la reglamentación e implementación del examen de
Estado previsto en la Ley 1905 de 20182, como requisito para ejercer la profesión de
abogado.

2.- Según su relato, el 26 de agosto de 2019 inició la carrera de Derecho en la
Institución Universitaria de Colombia y el 1° de diciembre de 2022 se graduó como
abogado titulado de la referida institución.

3.- El 20 de enero del año en curso, a través de correo electrónico, solicitó a la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado.”

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06749-00
Accionante: Fredy Alberto Walteros Rodríguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Superior de la Judicatura que expidiera su tarjeta profesional de abogado,
adjuntando la documentación requerida para tales efectos.

4.- En virtud de lo anterior, mediante Acta 6608 del 28 de marzo de 2023, la Unidad
en mención inscribió como abogado al señor Fredy Alberto Walteros Rodríguez y le
asignó el número de tarjeta profesional 403.775, pero con la anotación de vigencia
provisional, en atención a lo previsto en el parágrafo transitorio 1° 3 del Acuerdo
PCSJA22-11985 de 20224.

5.- El 5 de septiembre de 2023, por medio de correo electrónico, el accionante le
solicitó al ente accionado la expedición de su tarjeta profesional de abogado de
manera definitiva, bajo el argumento de que para ese momento no existía fecha de
presentación del examen de Estado contemplado en la Ley 1905 de 2018.

6.- En respuesta a dicha solicitud, el 22 de septiembre de 2023 la aludida Unidad le
informó que conforme a la información suministrada por la Institución Universitaria
de Colombia, lo procedente en su caso era expedir la tarjeta profesional de forma
provisional, toda vez que la fecha de inicio de sus estudios fue posterior al 28 de
junio de 2018, por lo que para expedir su tarjeta profesional de abogado definitiva
debía acreditar la aprobación del examen de Estado ya referido, el cual se prevé que
se realizará a partir del año 2024.

7.- Cuestionó que, para el momento en que presentó la demanda de tutela, todavía
no se había publicado algún documento en que se determinara la fecha de
implementación, reglamentación, contrato o convenio para la realización de la
prueba en comento, pese a que en el oficio del 22 de septiembre de 2023 se le indicó
que la misma se realizaría a partir del año 2024.

8.- Adujo que la imposibilidad de obtener su tarjeta profesional de abogado de
manera definitiva constituye una vulneración a los derechos fundamentales
invocados, pues restringe su imagen como profesional del derecho, ya que lo pone
en una situación de desventaja frente a los abogados que tienen su tarjeta
profesional sin ninguna restricción temporal, igualmente supone una limitación en el
acceso a empleos. De esta manera, aseveró que la omisión en la reglamentación e
implementación del examen de Estado le ha causado un perjuicio irremediable, que
no está en la obligación de soportar.

9.- Además, reprochó que algunas personas, como Yineth Acosta Gutiérrez y Omar
Ferney Buitrago Perilla, ingresaron a cursar programas de derecho en diferentes

3 “Mientras se desarrollan las fases necesarias para la implementación del Examen de Estado, los destinatarios

de la Ley 1905 de 2018, podría solicitar, sin la acreditación del certificado de aprobación del examen, su
inscripción en el Registro Nacional de Abogado y la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá
vigencia provisional hasta la publicación de los resultados de la primera prueba”.
4 “Por el cual se establecen normas para la expedición de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras

disposiciones”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06749-00
Accionante: Fredy Alberto Walteros Rodríguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

universidades con posterioridad a la fecha de publicación de la Ley 1905 de 2018 y
cuentan con su tarjeta profesional de abogado definitiva, lo que comporta una
transgresión a su derecho fundamental a la igualdad.

10.- A su vez, hizo alusión algunos pronunciamientos proferidos por el Consejo de
Estado y la Corte Suprema de Justicia en el marco de unas acciones de tutela en las
que se ordenó a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia
la expedición de la tarjeta profesional de abogado de manera definitiva a los actores.

11.- Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se ordene a la autoridad accionada
expedir su tarjeta profesional de abogado de manera definitiva, comoquiera que no
está en la obligación de soportar la omisión alegada.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

12.- Mediante auto del 9 de noviembre de 2023, se dispuso admitir la acción de
tutela, notificar de su presentación a la entidad accionada y comunicar la decisión a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para lo de su cargo.

(i) Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura5

13.- La accionada solicitó negar el amparo deprecado en la demanda, toda vez que
no vulneró en forma alguna los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, teniendo en cuenta que la solicitud de expedición de tarjeta profesional de
abogado incoada por el demandante fue resuelta con fundamento en la información
suministrada por la institución educativa en la que cursó sus estudios, conforme a lo
dispuesto en la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022.

14.- Por otra parte, precisó que la asignación de la tarjeta profesional de abogado de
forma provisional no comporta una limitación al ejercicio integral de la profesión, sino
que únicamente condiciona la vigencia de la misma al cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 1905 de 2018, en la que se previó como requisito para la expedición de la
tarjeta profesional de abogado la aprobación del examen de Estado, siempre que la
carrera de derecho se hubiera iniciado con posterioridad a la entrada en vigencia de
la citada normatividad, como es el caso del demandante.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

5 Intervención digital contenida en 6 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06749-00
Accionante: Fredy Alberto Walteros Rodríguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

15.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales a la autoridad accionada al entregarle una tarjeta
profesional de abogado de carácter provisional con fundamento en la falta de
implementación del examen de Estado contemplado en la Ley 1905 de 2018.

16.- La Sala anticipa que negará el amparo deprecado en la demanda, pues, de
acuerdo a la tesis que ha sostenido esta Subsección en casos similares6, el hecho
de que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia le
hubiese expedido una tarjeta profesional de abogado de carácter provisional no
deriva en una transgresión a los derechos fundamentales invocados por el
demandante.

17.- De conformidad con la Ley 1905 de 2018, además de los requisitos previstos
en otras disposiciones legales vigentes, para ejercer la profesión de abogado se
requiere acreditar la aprobación del examen de Estado que realice el Consejo
Superior de la Judicatura, directamente o por medio de una Institución de Educación
Superior acreditada en alta calidad, que se contrate para esos efectos. De esta
manera, para la expedición de la tarjeta profesional de abogado, también se exigirá
la certificación de aprobación de la prueba en comento.

18.- En su artículo 2, la citada normatividad prevé que ese requisito de idoneidad
únicamente se exigirá a quienes iniciaron la carrera de derecho después de la fecha
de su promulgación, es decir, con posterioridad al 28 de junio de 2018.

19.- Al estudiar la constitucionalidad de la disposición en comento, la Corte
Constitucional consideró que la misma se encuentra ajustada al mandato superior,
por cuanto se orienta a conseguir un propósito constitucionalmente importante y el
medio elegido por el legislador es efectivamente conducente para alcanzar ese fin,
pues el examen de estado es un mecanismo que permite evaluar y verificar las
aptitudes académicas del futuro profesional del derecho, asegurando con ello unos
conocimientos trasversales a la formación profesional de los abogados y con base
en estos, permite habilitar el ejercicio profesional. Al respecto, sostuvo que:

<< (…) en desarrollo del artículo 26 Superior (libertad de escoger profesión u
oficio), en el caso de la abogacía le es dado al legislador exigir títulos de
idoneidad, toda vez que, dicha profesión implica un riesgo social. Ello es así,
justamente, porque la conducta individual del abogado se encuentra vinculada
a la protección del interés general o común, de manera que el ejercicio
inadecuado o irresponsable de la profesión, puede proyectarse negativamente
sobre la efectividad de diversos derechos fundamentales de terceros, como la
honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho a la defensa y el acceso a la
administración de justicia, así como también, poner en entre dicho la vigencia

6 Ver entre otras, las sentencias proferidas el 5 de diciembre de 2022 (exp. 11001-03-15-000-2022-04376-01) y

el 3 de marzo de 2023 (exp. 11001-03-15-000-2023-00400-00).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06749-00
Accionante: Fredy Alberto Walteros Rodríguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de principios constitucionales de interés general, orientadores de la función
jurisdiccional, tales como la eficacia, la celeridad y la buena fe.>>7

20.- De esta manera, es posible concluir que con el propósito de garantizar la
idoneidad de los profesionales del derecho, el legislador estableció la aprobación de
un examen de Estado como requisito para ejercer la profesión. Con el objeto de
estructurar e implementar dicha prueba, el Consejo Superior de la Judicatura autorizó
al Director Ejecutivo de Administración Judicial la celebración de un convenio
interadministrativo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación,
el cual cuenta con tres fases, cuyo plazo de ejecución se tiene previsto para el año
2024.

21.- Por ende, mientras se desarrollan las fases previstas para la implementación
del referido examen, mediante Acuerdo PSCJA22-11985 de 2022 el Consejo
Superior de la Judicatura dispuso que los destinatarios de la norma en comento
podían tramitar la solicitud de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado con vigencia provisional hasta que se publiquen los resultados de la primera
prueba que se realice.

22.- Descendiendo al caso concreto, se observa que el actor inició sus estudios de
derecho el 26 de agosto de 2019 en la Institución Universitaria de Colombia, es decir,
con posterioridad a que entrara en vigencia la Ley 1905 de 2018, por lo que se
encuentra cobijado por la citada normatividad. En esa medida, es necesario que el
accionante acredite la aprobación del examen, como requisito exigido en la norma
en comento para que obtenga su tarjeta profesional de abogado de manera definitiva.

23.- En las condiciones anotadas, para la Sala el hecho de que la Unidad accionada
no expida una tarjeta profesional de carácter definitivo al accionante, no implica per
se una vulneración a sus derechos fundamentales, comoquiera que para acceder a
la misma, el demandante debe cumplir con el requisito previsto en la Ley 1905 de
2018 y aunque el examen allí contemplado aún no se ha realizado, lo cierto es que
el Consejo Superior de la Judicatura garantiza que los destinatarios de la norma
puedan ejercer su profesión hasta que sea posible acreditar esa exigencia.

24.- Por consiguiente, la Sala concluye que el proceder de la accionada se dio en
estricto acatamiento a la normatividad vigente, desplegando las actuaciones que en
derecho correspondían, por lo que no es posible predicar vulneración alguna a los
derechos fundamentales invocados por el accionante.

25.- En este punto, es importante precisar que si bien la provisionalidad de la tarjeta
profesional conlleva una limitación temporal, lo cierto es que ello no supone una
restricción material que impida el ejercicio de la profesión o que condicione la facultad

7 Sentencia C-138 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06749-00
Accionante: Fredy Alberto Walteros Rodríguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de representación, de ahí que no se evidencie vulneración alguna a los derechos
fundamentales al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio alegados por el
demandante, pues aquel cuenta con plena facultad para desempeñarse como
abogado, hasta que se realice la prueba en cuestión. Otra cosa es que se le
impidiera ejercer su profesión con fundamento en la falta de acreditación de un
requisito que es imposible de cumplir porque no se ha implementado el examen que
se debe aprobar para atender esa exigencia, pero ello no ocurre en el presente
asunto.

26.- De modo que el accionante no puede pretender usar este mecanismo
constitucional para sustraerse del cumplimiento de una obligación legal, so pretexto
de un perjuicio que no se acreditó, pues la expedición de su tarjeta profesional de
abogado de carácter provisional no implica alguna restricción al ejercicio de su
profesión que afecte su desarrollo en condiciones normales o que lo ponga en
desventaja frente a otros profesionales, más allá de una simple temporalidad que en
últimas se sustenta en un acto administrativo que se presume legal, ya que no ha
sido suspendido ni anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

27.- Sumado a lo anterior, tampoco se evidencia alguna afectación al derecho a la
igualdad invocado por el demandante, pues para sustentar la vulneración alegada
se limitó a afirmar que otros egresados de distintas universidades que iniciaron sus
estudios con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1905 de 2018
supuestamente obtuvieron la tarjeta profesional de abogado de manera definitiva,
pero no allegó ninguna prueba que dé cuenta de ello, situación que impide al juez
constitucional verificar la existencia de una conducta discriminatoria que derive en
una vulneración a su derecho a la igualdad.

28.- Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional8 ha precisado que, a efectos
de realizar un juicio de igualdad, es necesario examinar, entre otras cosas, que los
sujetos que se traen como referentes se encuentren en la misma situación fáctica
respecto de quien alega la afectación del derecho. De manera que, cuando no es
posible verificar esto último, tampoco se puede determinar si el trato desigual está
fundado en criterios razonables y válidos, tal como acontece en el caso que nos
ocupa, pues no obra ninguna prueba en el plenario que permita constatar que el actor
se encontraba en circunstancias fácticas y jurídicas identidades frente a quienes,
según aduce, les otorgaron una tarjeta profesional de manera definitiva sin haber
acreditado el cumplimiento del requisito previsto en la Ley 1905 de 2018.

29.- Por otra parte, es menester resaltar que las sentencias que trajo a colación el
accionante en su escrito de tutela no constituyen un precedente aplicable al caso
objeto de estudio, debido a que tal y como lo ha reiterado esta Subsección en
múltiples ocasiones, en el caso de los fallos proferidos en los trámites de tutela sólo

8 Corte Constitucional, sentencia T-587 de 2016.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06749-00
Accionante: Fredy Alberto Walteros Rodríguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

es posible considerar como precedentes aquellos emitidos por la Corte
Constitucional en sentencias de constitucionalidad o de unificación, los cuales
contienen una regla o subregla de derecho y que son proferidos por la Sala Plena de
dicha Corporación, habida cuenta de que es el órgano de cierre en la materia, razón
por la cual, las decisiones referidas solo producen efectos inter partes, por lo que al
contar con un alcance personal y concreto solo pueden ser tenidas como un criterio
auxiliar de interpretación y no como un precedente vinculante. Sin perjuicio de ello,
cabe precisar que si bien en dichos pronunciamientos se ordenó a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia que expidiera la tarjeta
profesional de abogado con carácter definitivo a los allí actores, lo cierto es que para
el momento en que se profirieron no se había emitido el Acuerdo PSCJA22-11985
de 2022, que reglamentó lo relativo a la tarjeta profesional de carácter provisional
para casos como el que nos ocupa.

30.- Con todo, no sobra destacar que si la inconformidad del accionante está
orientada a cuestionar la reglamentación dispuesta en el acuerdo ya referido, lo cierto
es que éste tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para debatir la legalidad del acto administrativo y obtener su remoción
del ordenamiento jurídico, comoquiera que, en virtud de su carácter subsidiario, la
acción de tutela no resulta ser el mecanismo idóneo para ventilar este tipo de
asuntos, pues ello supondría invadir la órbita de competencia del juez natural,
máxime cuando no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite
la intervención del juez constitucional, pues se insiste, aunque la tarjeta profesional
otorgada el accionante es de carácter provisional, la misma no constituye alguna
limitante para que pueda ejercer su profesión en condiciones normales.

31.- Por lo reseñado anteriormente, la Sala negará la solicitud de amparo ante la
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

32.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor Fredy Alberto
Walteros Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06749-00
Accionante: Fredy Alberto Walteros Rodríguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

9 VF

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