Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02313-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02313-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02313-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
6 de junio de 2024
Demandante: Diofanor Salgado León
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02313-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02313-00
Demandante: DIOFANOR SALGADO LEÓN
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Temas: Tarjeta profesional de abogado con carácter provisional – Ley
1905 de 2018. Concede amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la Sala, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por el señor
Diofanor Salgado León contra el Consejo Superior de la Judicatura.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El señor Diofanor Salgado León, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura1, porque considera
que le fue vulnerado su derecho fundamental de petición. En su sentir, la
trasgresión de la citada garantía constitucional se configuró en la omisión de la
autoridad accionada de expedirle la tarjeta profesional de abogado de manera
definitiva.
1.2. Pretensiones
2. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó que la respuesta que le
proporcione el Consejo Superior de la Judicatura esté en armonía con lo
dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia SU-128 de 2024 y por tanto,
se le expida su tarjeta profesional de abogado con carácter definitivo y se le exima
de la presentación del examen de Estado.
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La solicitud de amparo fue radicada el 9 de mayo de 2024 a través de correo electrónico.
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Demandante: Diofanor Salgado León
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1.3. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:
3. El 26 de agosto de 2023 el señor Diofanor Salgado León obtuvo el título
de abogado, expedido por la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo.
4. Como consecuencia de lo anterior, el 28 de agosto de 2023 el accionante
inició el trámite tendiente a obtener su tarjeta profesional como abogado. Puso
de presente que el 25 de septiembre de 2023 el Consejo Superior de la Judicatura
le expidió la tarjeta profesional con carácter provisional.
5. El 25 de abril de 2024 el señor Salgado León instauró derecho de petición
ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura, solicitando la aplicación de los efectos de la
sentencia SU-128 de 2024 de la Corte Constitucional.
6. Mediante oficio del 8 de mayo de 2024, la autoridad accionada dio trámite
a la solicitud referida en el numeral anterior, en el sentido de señalar que la
sentencia no le había sido notificada. De ahí que, el comunicado de prensa que
puso en conocimiento del público el contenido de la decisión no tenía fuerza
vinculante de ninguna índole.
1.4. Sustento de la vulneración
7. A juicio del accionante, la negativa de la accionada de dar aplicación de
los efectos de la Sentencia SU-128 de 2024 vulnera su derecho fundamental de
petición. Cuestionó que la parte actora fuera renuente a dar cumplimiento a las
órdenes impartidas por la Corte Constitucional, pese a que la misma era un hecho
notorio y de público conocimiento.
1.5. Trámite de la acción
8. Por auto de 10 de mayo de 2024, se admitió la acción constitucional de la
referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como accionado al Consejo
Superior de la Judicatura. Asimismo, se ordenó la vinculación de la Agencia
Nacional de Defesa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del CGP.
1.6. Intervenciones
9. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se rindió el
siguiente informe:
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1.6. 1. Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia - Consejo
Seccional de la Judicatura
10. Expuso que es la autoridad a cargo de la inscripción y expedición de la
tarjeta profesional de abogado, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo
002 de 1996 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
11. En ese orden, efectúo un recuento normativo y jurisprudencial sobre la
materia, partiendo del Decreto Ley 196 de 1971, la Ley 270 de 1996, la Ley 1905
de 2018 y la sentencia C-594 de 2019, todos ellos relacionados con los requisitos
para la expedición de la tarjeta profesional de abogado y la exigencia de la
presentación de un examen de Estado.
12. Con base en ello, indicó que mediante Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022,
dicha autoridad dispuso que los destinatarios de la Ley 1905 de 2018 «podrán
solicitar, sin la acreditación del certificado de aprobación del examen, su
inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de la Tarjeta
Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta la publicación de
los resultados de la primera prueba».
13. Adicionalmente, el parágrafo transitorio 2 del artículo segundo señaló que,
«[l]as Tarjetas Profesionales de Abogados que se expidan bajo las condiciones
del parágrafo anterior, contendrán la denominación «Provisional» y en todo caso,
los que la obtengan deben presentar el examen de Estado y acreditar su
aprobación, con el fin de que se le expida la tarjeta profesional definitiva.
14. Mencionó que se profirió el Acuerdo PCSJA23-12127 del 22 de diciembre
de 2023. En dicho acto se dispuso la apertura de la etapa de inscripciones para
la presentación del examen de Estado, del 26 de diciembre de 2023 hasta el 23
de enero de 2024.
15. Agregó que mediante Resolución URNAR24-18 del 16 de febrero de 2024
dicha Unidad publicó la lista de admitidos e inadmitidos para presentar el examen
de Estado 2024-I convocado mediante el Acuerdo anteriormente señalado.
16. En lo que respecta al señor Diofanor Salgado León, expuso que el 28 de
agosto de 2023 realizó la preinscripción del trámite de expedición de la tarjeta
profesional y, el 7 de septiembre de 2023 la Corporación Universitaria de Ciencia
y Desarrollo le reportó la información relacionada con su programa académico.
17. Por ello, mediante acta 18764 del 25 de septiembre de 2023 le expidió la
tarjeta profesional de abogado provisional, al haber iniciado la carrera de derecho
después del 28 de junio de 2018 y, por tanto, ser destinatario de la Ley 1905 de
2018.
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18. Señaló que, el 26 de diciembre de 2023 el accionante realizó su inscripción
para la presentación del examen, y fue admitido para la presentación de este
mediante la Resolución previamente aludida.
19. De otro lado, hizo referencia a la presunta vulneración del derecho de
petición aludido por el accionante. Para el efecto, expuso que la respuesta fue
clara y concreta en punto a los interrogantes, y por ello se le indicó que no era
posible atender de manera favorable las peticiones planteadas, comoquiera que
el comunicado de prensa de la Corte Constitucional en relación con la Sentencia
SU-128 de 2024 no era vinculante.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
20. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por el señor Diofanor Salgado León. Esto, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991 y el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
21. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
22. De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que el señor Diofanor
Salgado León fue quien solicitó la expedición de su tarjeta profesional de
abogado de manera definitiva ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura. Por tanto, está
legitimado en la causa por activa.
23. De otro lado, la Sala evidencia que el Consejo Superior de la Judicatura
está legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la autoridad a la que
le corresponde pronunciarse sobre el trámite y la solicitud de expedición de la
tarjeta profesional con carácter definitivo.
2.3. Problema jurídico
24. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y el informe presentado, el problema jurídico a
resolver en este caso concreto es el siguiente:
● ¿La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
del Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos fundamentales a la
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igualdad y al libre ejercicio de la profesión del señor Diofanor Salgado León al
expedirle la tarjeta profesional de abogado con carácter provisional y exigirle la
presentación del examen de Estado como requisito para la expedición de la
licencia definitiva?
25. En este punto, conviene resaltar que, aunque la parte actora invocó la
protección de su derecho fundamental de petición, lo que advierte la sala es que
la solicitud de amparo está dirigida a la salvaguarda de los derechos a la igualdad
y al libre ejercicio de la profesión. Esto, porque lo pretendido por la parte actora
en realidad es que se le permita acceder, sin dilaciones injustificadas, a los
documentos que le permiten el desarrollo integral de su carrera profesional.
26. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) del derecho a la libertad de
escoger profesión u oficio, (iii) del trámite de inscripción y expedición de la tarjeta
profesional de abogado, y; (iv) el caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
27. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por
la acción u omisión de las autoridades o de los particulares, en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
28. Es importante precisar que, esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental. Con la salvedad de que, en caso de que
el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable,
procede la tutela como mecanismo transitorio.
2.4.1. Subsidiariedad
29. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial». Dicho precepto fue reglamentado por el numeral 1.º del artículo
6 del Decreto 2591 de 1991.
30. En el presente caso, en principio, se podría sostener que, contra la
decisión de la entidad accionada de no expedir la tarjeta profesional, la actora
cuenta con los medios de control establecidos en el CPACA. Sin embargo, para
la Sala en el presente asunto esos medios no son idóneos porque la decisión de
no otorgar la tarjeta profesional de abogado con carácter definitivo se sustentó
por la falta de cumplimiento de un requisito establecido en la Ley 1905 de 2018.
Por ende, a primera vista, la decisión del Consejo Superior de Judicatura no
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desconoce las normas de rango legal que regulan la expedición de la tarjeta
profesional de abogado.
31. No obstante, la actora no controvierte ni cuestiona la existencia del
examen de Estado como requisito legal, sino la imposibilidad de realizar esta
prueba por culpa exclusiva de la entidad que debe llevarla a cabo dio lugar a la
expedición de una tarjeta profesional provisional en vez de una defintiva. En este
orden de ideas, siguiendo la posición de la Corte Constitucional, la acción de
tutela es el mecanismo idóneo para determinar si la negativa de la expedición de
la tarjeta profesional definitiva por la falta de cumplimiento de un requisito legal,
que no ha sido cumplido por omision de la entidad accionada vulnera los
derechos fundamentales a la igualdad y a la libertad de escogencia y ejercicio de
profesión de la actora.
32. Así las cosas, la Sala concluye que en el presente caso la tutela es
procedente para proteger el derecho de libertad y escogencia de la profesión del
accionante, pues es una garantía constitucional que se ve a primera vista
amenazada por la negativa de la entidad de expedirle su tarjeta profesional por
falta de regulación oportuna de la materia y contra la cual no proceso recurso
ordinario alguno.
2.4.2. Inmediatez
33. Si bien el accionante recibió la tarjeta profesional provisional de abogado
en septiembre de 2023, lo cierto es que actualmente sigue sin obtener el
documento de carácter definitivo, situación que le podría estar generando
repercusiones a nivel profesional. Aunado a lo anterior, el 25 de abril de 2024 el
señor Salgado León instauró derecho de petición ante la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura solicitando la aplicación de los efectos de la sentencia SU-128 de 2024
de la Corte Constitucional.
34. Por ende, la Sala considera que la acción de tutela se presenta
oportunamente, teniendo en cuenta que el hecho que motivó la promoción del
mecanismo sigue latente.
2.4.3. Tras haberse superado los presupuestos de procedibilidad de la acción de
tutela, se proseguirá con la caracterización de los derechos y principios que se
considera necesario abordar previo a analizar el caso concreto.
2.5. Del derecho a la libertad de escoger profesión u oficio
35. El artículo 26 de la Constitución Política consagra el derecho a la libertad
de escoger la profesión y oficio en los siguientes términos:
ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley
podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes
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inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones,
artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio,
salvo aquellas que impliquen un riesgo social.
36. Para la Sala es importante resaltar que el alcance y contenido de este
derecho no solo implica la potestad de escoger profesión, sino también la
posibilidad real de ejercer la labor u oficio para la cual la persona se ha
preparado. Los fundamentos de esta garantía constitucional son los derechos
fundamentales al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad.
Así se pronunció la Corte Constitucional al declarar exequibles las disposiciones
que regulan la licencia profesional para los topógrafos:
El derecho a escoger profesión u oficio es una derivación directa del derecho al
trabajo. Por ende, el razonamiento expuesto se aplica también al derecho
consagrado en el artículo 26 de la Carta. Se trata tanto de un elemento estructural
del sistema constitucional, como de un derecho subjetivo que despliega una
especial eficacia vinculante frente al poder público. De otra parte, si bien la
Constitución garantiza el derecho a escoger profesión u oficio, lo cierto es
que tal derecho se vería lesionado si de él no se dedujera el derecho a
ejercer la profesión u oficio escogido, en condiciones de libertad e
igualdad, dentro de los parámetros de la Constitución2 [Negrillas de esta
Sala].
37. En similar sentido, el Tribunal Constitucional determinó lo siguiente al
estudiar una tutela presentada por la Universidad Nacional de Colombia contra
el Consejo Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en vista de que
no les estaba expidiendo la licencia profesional a sus egresados:
[...]Como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades la jurisprudencia de esta
Corporación, la libertad de escoger profesión u oficio, reconocida en el artículo
26 de la Carta, se sitúa en el marco del derecho al trabajo, en relación directa
con otros derechos como el libre desarrollo de la personalidad o la igualdad. Y
no sólo comprende el ámbito volitivo que supone la liberalidad en la
escogencia, sino que se proyecta, como es apenas lógico, en la facultad de
ejercer la actividad en la que se ha recibido formación3. (Negrillas de esta
Sala)
38. De las anteriores citas jurisprudenciales se puede advertir que el derecho
a escoger profesión u oficio comprende dentro de su contenido mínimo la
potestad de elegir la actividad económica a la que la persona se quiere dedicar
para lograr los objetivos de su proyecto de vida, sino también la posibilidad real
de ejercer y practicar dicha actividad.
39. En esa misma línea ha señado la Corte Constitucional lo siguiente:
Para este Tribunal, el derecho a elegir profesión u oficio puede entenderse
desde las dos dimensiones que lo componen: la de la elección y la del
ejercicio. En la primera de estas dimensiones, referida a la elección de una
2
Corte Constitucional, sentencia C-606 de 1992.
3
Corte Constitucional, sentencia T-701 de 2005.
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profesión u oficio, la injerencia del Legislador es mínima y los límites vienen
dados por la legalidad de la actividad que se elige desarrollar. Esto refleja la
vinculación estrecha del derecho con otros como la autonomía personal, el
libre desarrollo de la personalidad, el derecho al trabajo e incluso la libertad
económica y de empresa.
La segunda dimensión hace referencia al derecho a ejercer la actividad “y
por esa vía satisfacer tanto las aspiraciones intelectuales y éticas como las
expectativas materiales trazadas”. Dado que el ejercicio de la profesión
incide en los derechos de los demás y en la tutela del interés general, admite
la imposición de límites, a través de tres vías: “(i) la exigencia de títulos de
idoneidad […]; (ii) la inspección del ejercicio; y (iii) la vigilancia sobre el
ejercicio de la actividad4.
40. Como lo aclaró la Corte Constitucional en la cita que se trascribió, el mismo
artículo 26 de la Constitución establece que la ley puede exigir títulos de
idoneidad para el ejercicio de ciertas profesiones. El fundamento de esta
exigencia no es otra cosa que reconocer que el ejercicio de algunas actividades
profesionales implica un riesgo social. Por tal motivo, es necesario que el Estado
pueda constatar que las personas que las ejercen son idóneas para prestar estos
servicios a la comunidad.
2.6. Del trámite de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado
41. Conviene destacar que el ejercicio de la profesión se encuentra regulado
en el Decreto 196 de 1971 – Estatuto del Ejercicio de la Abogacía. El artículo 4
de ese cuerpo normativo estableció que, para poder ejercer dicha labor, es
necesario estar inscrito como tal5. A su vez, el artículo 156 del mencionado
decreto ordena que luego de la inscripción se debe expedir tarjeta profesional y
el artículo 22 de la misma normativa establece que esta se debe exhibir cuando
se actúe como apoderado judicial7.
42. Es decir, en Colombia la tarjeta profesional de abogado tiene una
marcada relevancia, pues para el ejercicio de la labor de apoderado judicial es
necesario que quien pretenda actuar bajo esa calidad, exhiba ese documento,
con el cual se acredita la calidad y la autenticidad del título, como se explicó en
el numeral anterior.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2024.
5
«ARTÍCULO 4°. Para ejercer la profesión se requiere estar inscrito como abogado, sin perjuicio
de las excepciones establecidas en este Decreto».
6
«ARTÍCULO 15. En firme la providencia que decrete la inscripción se comunicará al Ministerio
de Justicia para que incluya al interesado en el Registro Nacional de Abogados, expida la Tarjeta
Profesional y publique la inscripción, a costa del interesado, en la Gaceta del Foro, o en su
defecto, en un periódico de circulación nacional».
7
«ARTÍCULO 22. Quien actúe como abogado deberá exhibir su Tarjeta Profesional al iniciar la
gestión, de lo cual se dejará testimonio escrito en el respectivo expediente. Además, el abogado
que obre como tal, deberá indicar en todo memorial el número de su tarjeta. Sin el cumplimiento
de estas formalidades no se dará curso a la solicitud».
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43. En este punto, conviene señalar que mediante la Ley 1905 de 2018, el
Congreso de la República expidió una serie de disposiciones relacionadas con el
ejercicio de la profesión de abogado. Así, en el artículo 1.° se señala lo siguiente:
ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos
exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar
certificación de aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice
el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).
Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado supere la
media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual de
cada examen, el CSJ señalará la representación porcentual del puntaje obtenido
sobre la media nacional.
PARÁGRAFO 1. Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá
presentar en las siguientes convocatorias que señale el CSJ hasta tanto obtenga
el porcentaje mínimo exigido.
PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen de Estado
será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que
haga sus veces para la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado.
Para ser representante de una persona natural o jurídica para cualquier trámite
que requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional de
abogado, que solo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen. Para las
demás actividades no se requerirá tarjeta profesional.
(…) [Énfasis propio].
44. Se pone de presente que la Corte Constitucional estudió dos demandas
de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley 1905 del 2018. Así, en la
sentencia C-138 del 2019, el Tribunal Constitucional consideró que el hecho de
exigir la presentación de un examen estatal a las personas que vayan a ejercer
como abogados no es una exigencia contraria a la Carta Política, debido a la
trascendencia social del ejercicio de dicha profesión a la que se ha hecho alusión
en esta providencia. A tal efecto, la Alta Corporación dijo lo siguiente:
[…] De esta forma, en desarrollo del artículo 26 Superior (libertad de escoger
profesión u oficio), en el caso de la abogacía le es dado al legislador exigir títulos
de idoneidad, toda vez que, dicha profesión implica un riesgo social. Ello es así,
justamente, porque la conducta individual del abogado se encuentra vinculada a
la protección del interés general o común, de manera que el ejercicio inadecuado
o irresponsable de la profesión, puede proyectarse negativamente sobre la
efectividad de diversos derechos fundamentales de terceros, como la honra, la
intimidad, el buen nombre, el derecho a la defensa y el acceso a la administración
de justicia, así como también, poner en entre dicho la vigencia de principios
constitucionales de interés general, orientadores de la función jurisdiccional, tales
como la eficacia, la celeridad y la buena fe.
45. Luego, en la sentencia C-594 del 2019 la Corte declaró la exequibilidad
condicionada de inciso 1º y los parágrafos 1 y 2 del artículo 1º de la Ley 1905 del
2018 en el entendido de que el requisito de aprobar el examen de Estado es
exigible únicamente al graduado que pretenda desarrollar la profesión por medio
de representación de otras personas (abogacía en estricto sentido) y soliciten el
trámite de expedición de la tarjeta profesional.
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46. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura promulgó el Acuerdo
PCSJA19-11985 del 29 de julio del 2019, en el que se refirió al trámite de
inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado así:
ARTÍCULO 2°. REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA
PROFESIONAL DE ABOGADO. Para la inscripción y expedición de la Tarjeta
Profesional de Abogado, el interesado deberá presentar ante la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior
de la Judicatura, por los medios dispuestos para tal fin, el formulario único para
múltiples trámites totalmente diligenciado, a través del proceso de preinscripción
en línea desde la página web https://sirna.ramajudicial.gov.co junto con los
siguientes documentos:
[…]
e. Certificación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura que acredita la
aprobación del Examen de Estado ordenado por la Ley 1905 de 2018. [Énfasis
propio].
47. Del texto de las normas referidas se evidencia que, las personas que
iniciaron la carrera de derecho después de la entrada en vigor de la Ley 1905 de
2018 (24 de junio), que hayan superado todos los requisitos académicos
establecidos por su respectiva universidad y que hubieran obtenido el título de
abogado, deben superar la presentación del examen de Estado como requisito
adicional para obtener su tarjeta profesional de abogado y ejercer la profesión.
48. En todo caso, señala el mencionado compendio que mientras se
desarrollan las fases de implementación del examen del Estado, los destinatarios
de la ley pueden solicitar la expedición de la tarjeta profesional con vigencia hasta
la publicación de los resultados de la primera prueba, y con la denominación de
provisional8.
49. Ello incluso fue confirmado en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-12162
del 9 de abril de 2024 que a la letra señala:
Artículo 11 Transitorio. Tarjeta profesional con anotación de vigencia
provisional. El abogado destinatario de la Ley 1905 de 2018 podrá solicitar, sin
la acreditación de aprobación del Examen de Estado para Abogados, el trámite
de registro y expedición de la tarjeta profesional de abogado, la cual contendrá
la denominación “Provisional” y tendrá vigencia hasta la publicación final de los
resultados de la prueba aplicada el 26 de mayo de 2024.
50. Finalmente, se tiene que el Consejo Superior de la Judicatura mediante
Acuerdo PCSJA23-12127 del 2023 convocó a los abogados interesados en el
proceso de inscripción para la presentación del examen de Estado dispuesto en
la Ley 1905 de 2018, que se llevará a cabo en el mes de mayo del año 2024.
8
Véase: parágrafos transitorios 1° y 2° del artículo 2 del Acuerdo PCSJA19-11985 del 29 de julio
del 2019.
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Para ello definió los requisitos que debían reunir los candidatos a la presentación
de la prueba y el procedimiento para la inscripción.
2.7. Caso concreto
2.7.1. Del criterio de la Sala
51. En el presente caso se tiene que el accionante inició su carrera profesional
el 13 de agosto del 2019, es decir, le es exigible el requisito del examen de Estado
establecido por la Ley 1905 de 2018 para que se pueda expedir su tarjeta
profesional definitiva y así poder ejercer la profesión plenamente. También está
acreditado que obtuvo el título de abogado, expedido por la Corporación
Universitaria de Ciencia y Desarrollo.
52. De otro lado, se tiene que la autoridad accionada, mediante acta 18764
del 25 de septiembre de 2023, le expidió al actor la tarjeta profesional de abogado
con vigencia provisional por no haber presentado la referida prueba.
53. Ahora, aunque el legislador exija la aprobación del examen de Estado
como requisito para expedir la tarjeta profesional, lo cierto es que el Consejo
Superior de la Judicatura hasta el 22 de diciembre de 2023 y mediante Acuerdo
PCSJA23-12127 dio apertura a la etapa de inscripciones (del 26 de diciembre de
2023 hasta el 23 de enero de 2024) para la presentación del examen de Estado
introducido por la Ley 1905 de 2018.
54. En el caso particular del señor Salgado León, se tiene que realizó su
inscripción el 26 de diciembre de 2023 y que le fue asignado el número de registro
262. Adicionalmente, en Resolución URNAR24-18 del 16 de febrero de 2024, el
Consejo Superior de la Judicatura lo admitió para la aplicación del examen, luego
de verificar que cumplía con los requisitos dispuestos por la Ley 1905 de 2019 y
el Acuerdo PCSJA23-12127 de 2023.
55. Asi las cosas, advierte esta sala de decisión que si bien existe el requisito
legal del examen de Estado para poder obtener la tarjeta de abogado y que esta
última es necesaria para ejercer como apoderado judicial, para el momento en el
cual el señor Salgado León se graduó como profesional en derecho y solicitó su
tarjeta profesional; esto es, el 26 y 28 de agosto de 2023 respectivamente, la
exigencia dispuesta por la Ley 1905 de 2016 no se podía cumplir, comoquiera
que la autoridad accionada no había expedido acto administrativo que convocara
a los interesados a la práctica de la prueba.
56. En este punto, la Sala pone de presente que el artículo 26 constitucional
admite que se soliciten de títulos de idoneidad para el ejercicio de algunas
profesiones. Sin embargo, el Estado debe fijar los mecanismos y las condiciones
para que se puedan cumplir con esas exigencias, ya que de otra manera
implicaría un límite desproporcionado para el derecho fundamental a la libre
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escogencia y ejercicio de la profesión. Así se pronunció la Corte en la sentencia
T-701 del 2005:
No obstante, es importante anotar que el derecho mencionado no existe ni
subsiste por sí solo, sino que conlleva una obligación correlativa por parte del
Estado, (sic) cual es la de crear los mecanismos y las condiciones que hagan
factible el libre ejercicio del derecho, pues de nada valdría tener el derecho si no
puede hacerse efectivo su goce y ejercicio. Por ello, el Estado debe desarrollar
los medios que hagan realizable su práctica.
En el caso específico en que se crea una profesión y a ella se le impone como
requisito para su ejercicio obtener un título de idoneidad, el Estado debe ofrecer
las garantías y los medios necesarios para que quien termine la profesión de que
se trate pueda ejercerla libremente. De nada valdría obtener el título si por falta
de una licencia o matrícula que el mismo legislador ha impuesto como condición
para su ejercicio no se ejerce la profesión ni se desempeñan las funciones que
ella demanda.
57. Como lo anotó el Tribunal Constitucional en la providencia transcrita, es
cierto que el legislador puede imponer requisitos adicionales para el ejercicio de
la profesión, en especial cuando se trate de aquellas que tienen una importante
repercusión social como en el caso de la profesión jurídica. Sin embargo, esos
requisitos no pueden tornarse en condiciones imposibles de cumplir, de suerte
que anule el real ejercicio de la actividad9.
58. Esta connotación adquiere todo el significado en el caso concreto pues
aunque no se discute que el señor Diofanor Salgado León es destinatario de la
ley que estableció la obligación de presentar el examen de Estado, lo cierto es
que sus aspiraciones y expectativas profesionales no pueden ser truncadas por
la misma omisión del Estado en el diseño, planificación y ejecución de la prueba.
59. Aunque en principio, el hecho de que la accionada hubiera efectuado la
primera convocatoria a la presentación del examen de Estado, que hubiera tenido
la posibilidad de inscribirse y que hubiere sido admitido, pueda dar lugar a pensar
que el señor Diofanor Salgado León cuenta con la posilidad fáctica de acreditar
los requisitos legales para obtener su tarjeta profesional en derecho con carácter
definitivo, la sala no puede ser indiferente al hecho que, para el momento mismo
de la solicitud de expedición de la tarjeta profesional, el actor estaba en
imposibilidad de cumplir con el requisito legal por una omisión adjudicada a la
autoridad accionada.
60. De admitirse que el accionante era mecedor de la tarjeta profesional con
carácter provisional debido a la falta de acreditación del requisito de presentar y
aprobar el examen del Estado, equivaldría a convalidar que la mora de la
programación de la referida prueba era adjudicable a él y, por tanto, debía
abstenerse a las consecuencias de tal dilación.
9
Corte Constitucional, Sentencia C-594 del 2019.
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61. Esto, en total desconocimiento de la Ley 1905 de 2018 que introdujo el
requisito con la condición de que el Consejo Superior de la Judicatura lo
ejecutara:
ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos
exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar
certificación de aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice
el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), directamente o a través de una
Institución de Educación Superior acreditada en Alta Calidad que se contrate para
tal fin. [Énfasis propio]
62. En ese orden de ideas, la Sala considera que la exigencia del Consejo
Superior de la Judicatura para la expedición de la tarjeta profesional definitiva del
señor Diofanor Salgado León, al momento de recibir su solicitud, no fue razonable
en relación con el contexto que para aquel momento se tenía. Se itera, el
accionante no tenía la posibilidad de acreditar el requisito porque para la fecha
de solicitud y expedición de su tarjeta profesional, la autoridad accionada no
había impartido ninguna directriz en relación con la prueba.
63. Conviene resaltar que esta Sala de decisión en otras oportunidades
similares al presente ha accedido a la solicitud de amparo y ha ordenado expedir
a la parte actora tarjeta profesional de abogado de manera definitiva10. Para
fundamentar esta decisión, se ha determinado que la omisión del Consejo
Superior de la Judicatura en la planeación y puesta en marcha del examen de
Estado no le es imputable al profesional del derecho que superó
satisfactoriamente los requisitos que impone el programa universitario y lo demás
de ley.
64. En ese sentido, admitir la negativa de la autoridad en la expedición del
documento que los habilita para representar los derechos de terceros en un
trámite judicial, porque no han acreditado el requisito introducido en 2018, pese
a que no se le ha dado la oportunidad para que se inscriba al examen, claramente
constituye una limitación desproporcionada al ejercicio de la profesión que
amerita la intervención del juez constitucional.
2.7.2. De la sentencia SU-128 de 2024
65. Es menester señalar que lo expuesto en precedente de esa Sección
guarda consonancia con las consideraciones efectuadas por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-128 de 2024. En efecto, el alto tribunal en un
caso como el que aquí se estudia, dispuso que se les debía expedir licencia
profesional de abogado con carácter definitivo y sin la exigencia de aprobación
de la prueba de Estado a:
10
Véase: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia del 4 de agosto de 2022. Rad: 11001-03-15-000-2022-03409-00 y Sentencia del 23 de
mayo de 2024. Rad:11001-03-15-000-2024-02054-00.C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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[…] todas aquellas personas graduadas del pregrado en derecho destinatarias
de la Ley 1905 de 2019 a quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiera
expedido tarjeta provisional y que presentaron la solicitud de tarjeta antes de las
cero (0:00) horas del 26 de diciembre de 2023, fecha en la cual la autoridad abrió
las inscripciones para la primera aplicación del Examen de Estado 11.
66. En concreto, el alto tribunal revisó tres expedientes de tutela acumulados
de igual número personas graduadas de derecho, destinatarias de la Ley 1905
de 201812 y que en el año 2022 solicitaron la expedición de su tarjeta profesional.
67. Encontró que para ese momento, no estaba diseñada la aplicación del
examen por parte del Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, que dicha
autoridad, como solución temporal a la inexistencia de la prueba procedió a
expedirles a las tres personas tarjetas provisionales con fundamento en lo
señalado por el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril de 2024
del Consejo Superior de la Judicatura.
68. Adentrado en el problema jurídico, el máximo tribunal constitucional
consideró que la solución propuesta por el Consejo Superior de la Judicatura −
tarjetas profesionales provisionales − en realidad implicaba: (1) una
extralimitación de sus competencias y, (2) una restricción injustificada de la
libertad de ejercer la profesión.
69. Con relación al primer punto, señaló que dicha corporación habría
establecido una nueva categoría de tarjeta que aunque habilita a los
profesionales a la representación de personas en cualquier trámite, está
suplantando las competencias reservadas al legislador. En lo que atañe al
segundo aspecto, mencionó que la Ley 1905 condicionó la exigibilidad de la
aprobación del examen a que la autoridad efectivamente realizara el mismo.
70. Bajo tal paradigma, afirmó que, si para el momento en que un destinatario
de dicha exigencia obtuvo su título de abogado y solicitó la tarjeta profesional no
existía la posibilidad de inscribirse a la presentación del examen de Estado, el
requisito de aprobación de la primera era imposible de cumplir. Por lo tanto,
consideró que el supuesto se tornaba inexigible e ineficaz.
71. De ahí, la Corte inaplicó por inconstitucional el artículo 11 transitorio del
Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril de 2024 del Consejo Superior de la
Judicatura y estableció la siguiente regla, con efectos inter pares:
(i) todas aquellas personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias
de la Ley 1905 de 2018 a quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere
expedido tarjeta profesional provisional y que presentaron la solicitud de tarjeta
antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, fecha en la cual dicha
11
La anterior decisión fue puesta en conocimiento del publico mediante comunicado de prensa
número 16 del 17 y 18 de abril de 2024.
12
Como se ha señalado, estableció como requisito adicional para la obtención de la tarjeta
profesional de abogado la presentación del examen de Estado.
14
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entidad abrió las inscripciones para la primera aplicación del Examen de Estado,
y (ii) todas las personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de
la Ley 1905 de 2018 que presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de
las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan
los demás requisitos vigentes para la expedición de la tarjeta profesional.
72. Además, el alto tribunal dispuso en el numeral séptimo de la parte
resolutiva que:
[…] si al 30 de mayo de 2024 no se ha llevado a cabo la aplicación de la primera
prueba del Examen de Estado dispuesto en la Ley 1905 de 2018, la autoridad
debía expedir la tarjeta profesional definitiva a todas las personas que hayan sido
admitidas como inscritas al examen, de conformidad con la convocatoria
realizada mediante el Acuerdo PCSJA23-12127 del 22 de diciembre de 2023,
siempre y cuando satisfagan los demás requisitos para la expedición de la tarjeta
profesional.
73. Valga señalar que dicha decisión fue notificada al Consejo Superior de la
Judicatura el 21 de mayo de 2024 a las 3:40 p.m., conforme fue informado por
dicha corporación al público en su sitio web13, así como en demás medios de
amplia circulación:
74. En ese orden de ideas, estima la Sala de Decisión que en virtud de los
efectos inter pares de la decisión en estudio, por razones de congruencia y
seguridad jurídica, lo procedente es emitir una decisión armónica.
2.7.3. De las consideraciones finales
13
https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura/-/comunicado
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75. Vista la postura de la sala y la decisión adoptada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-128 de 2024 en la que se estudiaron similares
supuestos fácticos a los que motivaron la presentación de la acción de tutela de
la referencia, se procederá a amparar el derecho fundamental a la igualdad y a
la libertad de ejercicio de la profesión del accionante.
76. Lo anterior, teniendo como referencia que el ejercicio de este derecho no
solo implica que los profesionales están facultados para escoger de manera libre
su profesión sino también cuentan con la posibilidad real de ejercer la labor u
oficio.
77. En consecuencia, la expedición de la tarjeta profesional provisional
expedida al accionante, es trasgresora de tal libertad, comoquiera que su
fundamento tuvo origen en una omisión del Consejo Superior de la Judicatura, a
la planeación y realización del examen. Además, porque pretendía trasladarle al
interesado los efectos de su inacción al momento en el que presentó la solicitud
del documento sin darle la posibilidad de inscripción a la prueba.
78. Por ello, la Sala aplicará la regla establecida en el numeral 5 de la parte
resolutiva de la Sentencia SU-128 de 2024 que dispone:
Sexto. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que en el término de dos
(2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a
expedir a los señores Gustavo Adolfo Grajales Granada, Giovanni López Giraldo
y José Humberto Gómez Herrera la tarjeta profesional de abogado con carácter
definitivo y sin la exigencia de aprobación del Examen de Estado previsto en la
Ley 1905 de 2018, conforme a lo dispuesto en esta providencia. Adicionalmente,
la entidad accionada deberá eliminar cualquier referencia al carácter provisional
de la tarjeta profesional de los accionantes en las respectivas actas de registro y
certificados de vigencia. En virtud de los efectos inter pares de esta providencia,
las mismas órdenes deberán cumplirse frente a (i) todas aquellas personas
graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018, a
quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido tarjeta profesional
provisional, y que presentaron la solicitud antes de las cero horas (0:00) del 26
de diciembre de 2023 (ii) todas las personas graduadas del pregrado en Derecho
y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron la solicitud de tarjeta
profesional antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, siempre
y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes para la expedición de la tarjeta
profesional.
79. En consecuencia, se dispondrá que el Consejo Superior de la Judicatura
en el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de la presente
providencia, expida con carácter definitivo, la tarjeta profesional al señor Diofanor
Salgado León, sin el requisito de aprobación del examen de Estado y siempre
que se reúnan los demás requisitos por la Ley para tal fin. Lo anterior, luego de
evidenciar que el accionante se encuentra dentro de los supuestos definidos por
el alto tribunal.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad y al libre
ejercicio de la profesión del señor Diofanor Salgado León.
SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que en el término
de dos (2) meses siguientes a la notificación de esta providencia, expida la tarjeta
profesional definitiva de abogado al señor Diofanor Salgado León, siempre que
se reúnan los demás requisitos por la ley para tal fin.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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