Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00154-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00154-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00154-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
6 de febrero de 2025
Demandante: Stiven Araque Colorado
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00154-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00154-00
Demandante: STIVEN ARAQUE COLORADO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS
Tema: Tutela - derecho fundamental de petición.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El 15 de enero de 2025, el señor Stiven Araque Colorado, actuando en
nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados. Considera que la entidad
accionada vulneró sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y
al trabajo.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la presunta
falta de respuesta oportuna por parte de la accionada, frente a la solicitud de
expedición de un «certificado de trámite de expedición de la tarjeta profesional»,
que fue radicada el 18 de diciembre de 2024; y, respecto de la solicitud de
información enviada a la misma entidad, el 7 de enero de 2025, en la cual se
insistió en la petición mencionada, y se requirió información sobre la expedición
de los certificados de: i) sanciones disciplinarias, y ii) vigencia temporal.
1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Stiven Araque Colorado
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00154-00
1.2. Pretensión constitucional
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERA. Emitir, de manera inmediata y prioritaria, el certificado de trámite de
expedición de la tarjeta profesional o la tarjeta profesional con la anotación
pendiente sobre el examen establecido por la Ley 1905 de 2018 ya sea de
temporal o provisional.
SEGUNDA. Emitir una respuesta integral y de fondo a la solicitud radicada el 7
de enero de 2025, toda vez que se solicitó el certificado de tramite el certificado
de trámite de expedición de la tarjeta profesional tal como lo indicaron que lo
podían expedir en la respuesta del correo del 6 de diciembre de 2024
TERCERA. Implementar medidas administrativas que garanticen el respeto al
derecho de petición y el cumplimiento oportuno de las solicitudes presentadas. 2
1.3. Hechos
4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
5. El 18 de diciembre de 2024 el señor Stiven Araque Colorado, en calidad
de abogado titulado de la Universidad Católica Luis Amigó, realizó a través del
Sistema del Registro Nacional de Abogados -en adelante SIRNA- el trámite para
la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado.
6. Posteriormente, el 7 de enero de 2025 el actor radicó una petición ante la
Unidad de Registro Nacional de Abogados solicitando lo siguiente3:
Por medio de la presente, me permito solicitar la expedición de un certificado de
trámite de inscripción y expedición de tarjeta profesional de abogado, conforme
a lo señalado en la respuesta emitida por la URNA, en la cual se indica que,
“mientras obtiene el resultado del mencionado examen, puede solicitar el Trámite
de Inscripción y expedición de TARJETA PROFESIONAL, con el que se expide
una certificación de dicha inscripción y con la que puede desarrollar su profesión
en cualquier área, excepto en la representación de terceros.”
Actualmente, me encuentro inscrito para presentar el examen mencionado en el
periodo 2025-1, desde el 2 de enero de 2025. De igual manera, he radicado la
solicitud de inscripción de la tarjeta profesional a través del sistema SIRNA con
fecha del 18 de diciembre de 2024 con número de trámite 42714, cuyo estado
aparece como "Requerido", señalando que debo presentar el examen como
requisito.
Adicionalmente, solicito orientación sobre la obtención de los certificados de:
1. Sanciones disciplinarias: a efectos de verificar mi historial, ya que al intentar
generarlos con mi usuario de SIRNA, el sistema indica que no estoy registrado
como abogado.
2. Certificado de vigencia: u otros documentos que permitan acreditar mi
2
Transcrito directamente del escrito de tutela, con posibles errores ortográficos.
3
Radicada a las siguientes direcciones electrónicas: regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co,
csjsirnasoporte@deaj.ramajudicial.gov.co, consecant@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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idoneidad profesional para laborar en el sector público mientras se concluyen los
trámites relacionados con la expedición de la tarjeta profesional. (…)
1.4. Sustento de la vulneración
7. El accionante alegó que a la fecha de la presentación de esta acción de
tutela no existía una respuesta oportuna a las solicitudes elevadas y por tal motivo
considera vulnerados sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso
y al trabajo.
1.5. Trámite de la acción
8. Mediante auto del 16 de enero de 2025 se admitió la acción constitucional
de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados como autoridad
accionada.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados
9. Mediante el memorial allegado el 22 de enero de 2025, la autoridad solicitó
que se negara la petición de amparo al considerar que no ha vulnerado los
derechos fundamentales del actor.
10. Respecto a la petición radicada por el accionante el 7 de enero de 2025,
afirmó que se dio una respuesta oportuna, por medio de los correos electrónicos
del 14 y 21 de enero de 2025.
11. Por otro lado, expresó que a través de la Resolución No. 106 del 9 de
enero de 20254 se negó la expedición de la tarjeta profesional de abogado al
señor Araque Colorado. Ello, teniendo en cuenta que el accionante es
destinatario de la Ley 1905 de 2018 por haber empezado la carrera de derecho
el 27 de enero de 2020.
12. Asimismo, sostuvo que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de
Estado han considerado que el Consejo Superior de la Judicatura no tenía
competencia para regular y expedir la tarjeta profesional con vigencia
provisional.
13. Afirmó que en la sentencia SU-128 de 2024, la Corte Constitucional
inaplicó por inconstitucional el artículo 11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-
12162 de 9 de abril de 2024, el cual estableció la tarjeta profesional con vigencia
provisional para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018. Agregó que tiene el
4
Notificada el 15 de enero de 2025 al correo electrónico stivenaraque44@gmail.com.
3
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deber de cumplir lo dispuesto en dicho fallo, por lo que no es posible acceder a
la pretensión de ampliar la vigencia provisional de la tarjeta profesional del actor.
14. En relación con la presunta vulneración del derecho al trabajo, sostuvo que
a partir de la Ley 1905 de 2018, la expedición de dicho documento guarda
estrecha relación con el ejercicio de la profesión, única y exclusivamente en lo
referente a la representación de terceros. Añadió que, por tanto, no podía
predicarse dicha transgresión, dado que existe un campo amplio que el
accionante puede desarrollar.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
15. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Registro Nacional de Abogados. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido por el Decreto No. 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
No. 1069 de 2015 modificado por el Decreto N.º 333 de 2021 y el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
16. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
17. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Stiven
Araque Colorado radicó las solicitudes ante la autoridad accionada5. Por tanto,
es titular del derecho fundamental de petición que reclama. En consecuencia,
goza de legitimación en la causa por activa.
18. Por otra parte, se evidencia que el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados tuvo conocimiento de las solicitudes
del 18 de diciembre de 2024 y 7 de enero de 2025. En virtud de lo anterior, se
concluye que la mencionada entidad está legitimada en la causa por pasiva, dado
que, por medio de la presente tutela el actor pretende que tal entidad responda
las peticiones ante ella radicadas.
2.3. Problema jurídico
19. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:
5
Radicadas a los correos electrónicos de la entidad y a través de la página web del SIRNA.
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• ¿La autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales de petición,
al debido proceso y al trabajo del señor Stiven Araque Colorado ante la presunta
falta de respuesta a las peticiones que radicó el 18 de diciembre de 2024 y el 7
de enero de 2025?
20. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; y, (iii) el
caso concreto.
2.4. Aclaración previa
21. En primer lugar, resulta pertinente aclarar que la Sala, en ocasiones
anteriores6, amparó los derechos fundamentales de personas cuyas tarjetas
profesionales fueron expedidas con provisionalidad hasta la aprobación del
examen de Estado que, en ese entonces, aún no se había implementado.
22. Lo anterior, bajo el entendido de que cumplían con los requisitos
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de 2024 para
encontrarse cobijados por la orden dictada en dicho fallo al Consejo Superior de
la Judicatura de expedir la tarjeta profesional con carácter definitivo y sin la
exigencia de probación del examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018.
En efecto, el alto tribunal estableció en dicha providencia que las siguientes
personas se verían beneficiadas con dicha medida:
(i) todas aquellas personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias
de la Ley 1905 de 2018 a quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere
expedido tarjeta profesional provisional y que presentaron la solicitud de tarjeta
antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, fecha en la cual dicha
entidad abrió las inscripciones para la primera aplicación del Examen de Estado,
y (ii) todas las personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de
la Ley 1905 de 2018 que presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de
las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan
los demás requisitos vigentes para la expedición de la tarjeta profesional.
23. En tal sentido, se resalta que el señor Stiven Araque Colorado obtuvo su
grado de Derecho el 17 de diciembre de 2024 y presentó su solicitud de
expedición de tarjeta profesional de abogado el 18 de diciembre del mismo año.
Por tanto, para la sala es claro que su situación no está cobijada por la orden
dictada por la Corte Constitucional al Consejo Superior de la Judicatura.
24. Finalmente, es necesario resaltar que, en dicha sentencia de unificación,
la Corte Constitucional estableció que el Consejo Superior de la Judicatura no
6
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 23.05.24. M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil. Radicado: 11001-03-15-000-2024-02054-00; Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 06.06.24. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Radicado: 11001-03-15-000-2024-02313-
00.
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podía expedir tarjetas profesionales provisionales porque dicha modalidad no
estuvo contemplada por el legislador cuando reguló la materia.
2.5. Naturaleza de la acción de tutela
25. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
26. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
2.6. Del derecho de petición
27. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución”7. El mismo artículo superior
precisa que el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.
28. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho: “El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse
a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”8.
29. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la
contestación de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general
a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para
resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el
cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del
término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de
dificultad o la complejidad de la solicitud.
30. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de
7
Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
6
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petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema
semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la
solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas
ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello
implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de
manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información
adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta
puede significar una aclaración plena de la respuesta dada”9.
31. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante”10.
32. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse
cuando consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente.
En palabras de la Corte Constitucional:
“(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad
e informar sobre la remisión a la entidad encargada”11.
33. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de
petición, la Corte Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre
la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido
sea positivo o negativo12.
34. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en
orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
9
Sentencia T-149 de 2013.
10
Ibídem.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.
7
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además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
35. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y
agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el
reconocimiento o no del derecho subjetivo.
2.7. Análisis del caso concreto
36. Para el estudio del caso, la Sala analizará si el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados efectivamente brindó una
respuesta a lo solicitado por el señor Stiven Araque Colorado.
37. En este orden, la autoridad accionada acreditó que la solicitud del 18 de
diciembre de 2024, referente a la certificación y expedición de la tarjeta
profesional de abogado, fue respondida mediante la Resolución No. 106 del 9
de enero de 202513.
38. En dicha ocasión, la autoridad decidió negar la expedición de la tarjeta
profesional. En concreto, se le indicó lo siguiente:
Que Stiven Araque Colorado, con cédula de ciudadanía No. 1000654809 el día
18 de diciembre de 2024, solicitó la expedición de la tarjeta profesional de
abogado y aportó los documentos correspondientes para dicho trámite.
Que esta Unidad, al efectuar el proceso de verificación y cotejo de los
documentos adjuntados, con la información reportada por la institución de
educación superior de grado en el sistema de información del Registro Nacional
de Abogados –SIRNA–, evidenció que Stiven Araque Colorado inició la carrera
de derecho el 27 de enero de 2020, por lo cual, es destinatario de la Ley 1905 de
2018.
Que se constató que Stiven Araque Colorado, no ha presentado el examen de
Estado dispuesto por la Ley 1905 de 2018 (Aplicación 2024 – I y II).
En virtud de lo expuesto, no es procedente la expedición de la tarjeta profesional
de abogado, por cuanto, la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo PCSJA24-12162 de
2024 establecen como requisito la aprobación del examen de Estado, el cual no
se cumplió en el caso en concreto.
39. Así las cosas, la Sala concluye que el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados respondió la solicitud del señor
Araque Colorado. Concretamente, se le explicó que, al no cumplir con uno de
los requisitos establecidos en la Ley 1905 de 2018 y en el Acuerdo PCSJA24-
12162 de 2024, no se podría expedir su tarjeta profesional.
13
Notificada el 15 de enero de 2025 al correo electrónico stivenaraque44@gmail.com. Índice 8
del aplicativo SAMAI.
8
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40. Por otro lado, frente a la petición radicada por el actor el 7 de enero de
2025, la entidad accionada sostuvo que a través de los correos electrónicos del
14 y 21 de enero de 2025 se brindó una respuesta oportuna y de fondo14. En ese
sentido, se analizará si se atendieron los diferentes puntos de la solicitud:
Pregunta / Petición Respuesta
«Por medio de la presente, me permito Mediante el correo electrónico del 14 de
solicitar la expedición de un certificado enero de 2025 remitido al accionante se
de trámite de inscripción y expedición sostuvo lo siguiente:
de tarjeta profesional de abogado,
conforme a lo señalado en la respuesta «De manera atenta se informa que primero
emitida por la URNA, en la cual se deberá realizar la preinscripción del trámite
indica que, “mientras obtiene el en la página web del Sistema de
resultado del mencionado examen, Información del Registro Nacional de
Abogados – SIRNA, así:
puede solicitar el Trámite de Inscripción
y expedición de TARJETA1. Ingresar al link:
PROFESIONAL, con el que se expide https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/In
una certificación de dicha inscripción y
icio.aspx, seleccionar la opción del tipo de
con la que puede desarrollar su trámite que requiere y diligenciar la
profesión en cualquier área, excepto eninformación que allí se solicita en el
la representación de terceros”». formulario.
2. Imprima (o edite) el formulario para
agregar su firma, huella y foto con fondo
azul, asegurándose de que todo sea
legible. Si su formulario no se descargó:
Revise las opciones de descarga de su
navegador, o descárguelo en la pestaña
"Reimprimir formulario".
3. Adjunte el formulario (diligenciado) junto
con los demás documentos, a través de la
opción "Cargue de documentos"».
«Adicionalmente, solicito orientación A través del correo electrónico del 21 de
sobre la obtención de los certificados enero de 2025 remitido al accionante se
de: respondió lo siguiente:
«En atención a la segunda parte de su
1. Sanciones disciplinarias: a efectos petición, nos permitimos informar que:
de verificar mi historial, ya que al
intentar generarlos con mi usuario de Para obtener el certificado de antecedentes
SIRNA, el sistema indica que no estoy disciplinarios puede ingresar a la página
registrado como abogado. web de la Comisión Nacional de Disciplina
2. Certificado de vigencia: u otros Judicial, o directamente en el siguiente link:
https://antecedentesdisciplinarios.cndj.gov.
documentos que permitan acreditar mi
co/
idoneidad profesional para laborar en el
sector público mientras se concluyen Ahora bien, para descargar los certificados
los trámites relacionados con la de idoneidad de la abogacía usted puede
expedición de la tarjeta profesional». ingresar al siguiente link:
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/C
ertificado.aspx, y escoger la calidad
14
Respuestas enviadas al correo electrónico stivenaraque44@gmail.com. Índice 8 del aplicativo
SAMAI.
9
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"ABOGADO" para quien tenga tarjeta
profesional de abogado, o calidad
"INSCRIPCIÓN" para quien cuente con
inscripción en el Registro Nacional de
Abogados. Sin embargo, en su caso,
revisada la información que reposa en el
SIRNA, usted no cuenta con ninguno de
estos trámites.
En este sentido, toda vez que usted es
sujeto de la Ley 1905 de 2018, conforme la
información reportada por su IES,
actualmente usted únicamente podría
adelantar el trámite de inscripción en el
Registro Nacional de Abogados (art. 2
Acuerdo 12162 de 2024); los requisitos
para adelantar este trámite pueden ser
consultados en el siguiente link:
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/R
equisitos.aspx».
41. De lo anterior, la Sala advierte que no le asiste razón al señor Araque
Colorado al considerar que no fue atendida su petición. Toda vez que la
accionada se pronunció frente a los dos puntos que propuso el accionante dentro
de un término menor a los 10 días establecidos por el numeral primero del
artículo 14 de la Ley 1755 de 201515.
42. Asimismo, de la revisión del expediente se puede constatar que la
Resolución No. 106 del 9 de enero de 2025 y las respuestas a la petición del 7
de enero de 2025, fueron notificadas al correo electrónico del accionante.
43. Igualmente, esta Colegiatura considera que mediante las respuestas
emitidas por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados se le ha dado claridad al accionante del porque no se puede
expedir a su favor una tarjeta profesional de abogado así sea con el título de
provisional.
44. En este sentido, se negará el amparo solicitado al no concretarse la
vulneración alegada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
15
«ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.
(…) 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10)
días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por
consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al
peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
(…)».
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Stiven Araque Colorado
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00154-00
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo pretendido por el señor Stiven Araque Colorado
en relación con las peticiones elevadas al Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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