Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05068-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05068-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05068-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
17 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05068-00
Demandante: Dagoberto Mayorquín Barrero
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05068-00
Demandante: DAGOBERTO MAYORQUÍN BARRERO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE
LA JUSTICIA
Temas: Tutela contra acto administrativo – Declara improcedencia por
contar con otros mecanismos judiciales1.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por el
señor Dagoberto Mayorquín Barrero contra el Consejo Superior de la Judicatura -
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de demanda
El señor Dagoberto Mayorquín Barrero, en nombre propio, con escrito enviado a
través de correo electrónico el 20 de septiembre de 2024, presentó acción de tutela
con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al libre
desarrollo de la personalidad, a la libertad de escoger profesión u oficio, al debido
proceso, a la seguridad social, al trabajo, a la estabilidad laboral y al mínimo vital.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas por la autoridad
demandada, con ocasión a que el 2 de septiembre de 2024 le fue notificada la
Resolución URNAR24-158 de 30 de agosto de 2024, en la que en su artículo
primero expuso: «SUSPENDER la vigencia de las tarjetas profesionales de los
abogados con anotación provisional, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del
Acuerdo PCSJA24-12162 DE 2024»2.
1
Ver al respecto: Sentencia de 29 de agosto de 2024, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Radicado:
11001-03-15-000-2024-04077-00.
2
En este punto, es importante precisar que el actor está inscrito para presentar el examen de Estado
para abogados, el cual se llevará a cabo el domingo 20 de octubre de 2024. Fue admitido a través
de la Resolución número URNAR24-123 de 30 de julio de 2024.
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Demandante: Dagoberto Mayorquín Barrero
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1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1. Se Tutela el Derecho Fundamental a la Igualdad que trata el Artículo 13 de la
Constitución Política, por cuanto se me impidió presentar el primer examen de
idoneidad de convocatoria 2024-I como inadmitido bajo los parámetros de no ser
abogado graduado con base en la sentencia C- 594 de 2019 pero cumplía con el
requisito de ser egresado. En la segunda convocatoria 2024-II se permitió ingresar y
admitir a los egresados de la carrera de derecho para presentarlo el 20 de octubre de
2024. Siendo una situación discriminatoria para mí. Considerando que tengo derecho
a tener la tarjeta profesional de abogado definitiva. De igual forma me fue cancelada
la vigencia de la tarjeta profesional provisional y la licencia temporal, dejándome en
condiciones desventajosas frente a quienes sí pudieron aprobar y presentar el
examen de idoneidad en la primera convocatoria 2024 -1.
2. Se Tutele el Derecho Fundamental al Libre Desarrollo de su Personalidad que trata
el Artículo 16 de la Constitución Política, teniendo como base que al no poder tener
la tarjeta profesional definitiva, se me limita el área del litigio al cual me prepare en la
academia para el ejercicio de mi profesión como abogado y no al de empleabilidad
en entidades privadas o públicas, precisamente porque por barreras administrativas
en los acuerdos del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE JUSTICIA, veo la
limitante de no haber podido presentar el examen de idoneidad en la primera
convocatoria 2024-I para representar a terceros. Generándome especialmente la
pérdida de la tarjeta profesional provisional y la licencia temporal.
3. Se me tutele el Derechos Fundamental que trata el Artículo 25 […].
4. Se Tutele el Derecho Fundamental a la libertad de escoger profesión u oficio que
trata el Artículo 26 de la Constitución Política, toda vez que, hay una limitante en la
aplicación al primer examen de idoneidad 2024-I, donde se me discrimino por parte
del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD REGISTRO NACIONAL
DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE JUSTICIA y en aplicación a la sentencia C- 594
de 2019 por no ser abogado graduado, pero se cumplía con el requisito de ser
egresado y en la segunda convocatoria 2024-II, no se tuvo el mismo parámetro al
momento de su aplicación. Fallando los debidos controles. Tanto así que en la primera
convocatoria 2024-I solo aprobaron 557 profesionales abogados graduados y en la
segunda convocatoria 2024-II Se admitieron 5511 entre abogados graduados y
egresados […].
5. Se Tutele el Derecho Fundamental al Debido Proceso que trata el Artículo 29 de la
Constitución Política […].
6. Se tutele el Derecho Fundamental que trata el Articulo 48 de la Carta Política de
Colombia, donde indica que la Seguridad Social es Irrenunciable, y se garantizara
está en todos los habitantes del Territorio Nacional, actualmente, al no tener la calidad
de abogado titulado con vigencia en la tarjeta profesional provisional, se me ha
limitado mis ingresos económicos, por cuanto no puedo emitir conceptos jurídicos y
tampoco he encontrado un trabajo de empleabilidad, porque no me fue avisado con
tiempo la perdida de vigencia de la tarjeta profesional provisional […].
7. Se tutelen los Derechos Fundamentales que trata el Artículo 53 de la Constitución
Política, Derecho al Trabajo, Mínimo Vital y a la estabilidad laboral […].
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8. Se tutele el derecho fundamental que trata el Articulo 15 de la Constitución Política,
ley habeas data, respecto a mi intimidad personal y en este caso que se guarde la
intimidad de mis datos personales en esta tutela.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
1.3.1. En el mes de junio de 2018, el tutelante se inscribió en la Institución
Universitaria Colegios de Colombia para desarrollar sus estudios en Derecho.
1.3.2. Expuso que terminó materias en mayo de 2023, y que el 5 de enero de 2024,
se inscribió a la primera convocatoria para presentar el examen de idoneidad del
que trata la Ley 1905 de 2018, sin embargo, el 16 de febrero de 2024 se expidió la
Resolución URNAR24-18 en la que se le informó al señor Mayorquín Barreto que
había sido inadmitido3.
Contra dicho acto administrativo, el actor interpuso recurso, y adjuntó copia de su
diploma, el acta de grado y otros certificados donde se evidenciaba que era abogado
titulado, por lo que tenía derecho a presentar el examen.
1.3.3. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia profirió la Resolución URNAR24-2854 de 14 de
marzo de 2024, en la que confirmó lo expuesto en el acto administrativo de 16 de
febrero de 2024, y explicó que, para el 23 de enero de 2024, el señor Mayorquín
Barrero no se había graduado como abogado, por lo que, no cumplía con los
requisitos establecidos en la Ley 1905 de 2018.
1.3.4. Adujo que el 25 de abril de 2024 le fue expedida la tarjeta profesional
provisional de abogado, la cual tenía la anotación «provisional».
1.3.5. Indicó que el 8 de junio de 2024, se inscribió a la segunda convocatoria para
la presentación del examen de idoneidad4, puesto que, ya cumplía con los requisitos
establecidos en la ley, y el 2 de septiembre de 2024, la parte accionada expidió la
Resolución URNAR24-159, por medio de la cual se publicó la lista definitiva de
admitidos e inadmitidos para presentar el examen de Estado 2024-II5.
A pesar de lo anterior, el actor manifestó que en ese acto administrativo se
evidenciaba que, presuntamente, se habían admitido tanto a egresados como a
graduados del programa de Derecho, razón por la cual, su garantía fundamental a
la igualdad le fue transgredida.
1.3.6. Finalmente, el señor Mayorquín Barrero dijo que el mismo 2 de septiembre
de 2024, le fue notificada la Resolución URNAR24-158 de 30 de agosto de 2024,
en la que se ordenó:
3
El tutelante se graduó como abogado el 30 de enero de 2024.
4
Convocado mediante Acuerdo PCSJA24-12188 de 30 de mayo de 2024.
5
El señor Dagoberto Mayorquín Barrero fue admitido.
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ARTICULO PRIMERO. SUSPENDER la vigencia de las tarjetas profesionales de los
abogados con anotación provisional, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del
Acuerdo PCSJA24-12162 DE 20246.
ARTICULO 2. RELIZAR las anotaciones pertinentes en el sistema de información
del Registro Nacional de Abogados (SIRNA).
1.3.7. De manera que, la tarjeta profesional del actor perdió vigencia, pues al
ingresar a la plataforma SIRNA, registra como «no vigente».
1.4. Fundamento de la solicitud
El tutelante aseguró que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia transgredió sus derechos
fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de
escoger profesión u oficio, al debido proceso, a la seguridad social, al trabajo, a la
estabilidad laboral y al mínimo vital.
Lo anterior, con fundamento en que no puede ejercer la profesión de abogado,
puesto que, su licencia temporal perdió vigencia conforme la Resolución URNAR24-
158 de 30 de agosto de 2024, en la que se ordenó «SUSPENDER la vigencia de
las tarjetas profesionales de los abogados con anotación provisional, conforme lo
dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024».
Adujo que «cualquier egresado si puede tener vigente para representar a terceros,
dejando a los abogados graduados sin la oportunidad de tener la tarjeta profesional
provisional vigente o un certificado que si es abogado».
Por lo anterior, su salud mental está siendo afectada y se le está desconociendo el
derecho fundamental a la igualdad y al trabajo, dado que su «campo de acción es
el litigio y asesoramiento a personas, donde necesit[a] la tarjeta profesional para
representar a terceros».
1.5. Trámite de la acción de tutela
El magistrado ponente de esta sentencia, mediante auto de 23 de septiembre de
2024 admitió la tutela, ordenó notificar a la parte actora, así como al Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia como autoridad demandada.
Adicionalmente, ordenó vincular como tercera con interés a la Institución
Universitaria Colegios de Colombia [centro educativo en el que el tutelante cursó sus
estudios en Derecho], para que, si lo consideraba del caso, interviniera en el presente
trámite tutelar.
6
En ese artículo se dispuso que las tarjetas profesionales de abogado que contienen la
denominación provisional «tendrán vigencia hasta la publicación final de los resultados de la prueba
aplicada el 26 de mayo de 2024».
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1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentó la
siguiente intervención:
1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia
Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 27 de septiembre de 2024 al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el director de la Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia hizo un recuento de
los antecedentes normativos relacionados con la expedición de las tarjetas
profesionales de abogados.
Expuso que el 22 de diciembre de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura expidió
el Acuerdo PCSJA23-12127, por el cual se dio apertura a la etapa de inscripciones
para la presentación del examen de Estado de la Ley 1905 de 2018, cuya
convocatoria se llevó a cabo desde el 26 de diciembre de 2023 hasta el 23 de enero
de 2024.
Manifestó que mediante la Resolución URNAR24-18 de 16 de febrero de 2024, la
Unidad del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior Judicatura publicó la lista de admitidos e inadmitidos a presentar el examen
de Estado 2024-I, que se llevó a cabo el 26 de mayo de la presente anualidad.
Asimismo, indicó que el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024, mediante el cual derogó el Acuerdo
PCSJA22-11985 de 20227 y, además, estableció que: (i) para poder ejercer la
profesión de abogado se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de
Abogados, y (ii) para ejercer la representación de terceros, se debe solicitar la
expedición de la tarjeta profesional de abogado.
Adujo que el 21 de mayo de 2024, a las 3:40 p.m., el Consejo Superior de la
Judicatura recibió el oficio No. STC-150/2024, remitido por la Sala de Revisión C de
la Corte Constitucional, mediante el cual, en cumplimiento del artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, pone en conocimiento la sentencia SU-128 de 18 de abril de
2024, en la que se dispuso:
Sexto. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que en el término de dos (2)
meses contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a expedir a
los señores Gustavo Adolfo Grajales Granada, Giovanni López Giraldo y José
Humberto Gómez Herrera la tarjeta profesional de abogado con carácter definitivo y
sin la exigencia de aprobación del Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de
2018, conforme a lo dispuesto en esta providencia. Adicionalmente, la entidad
accionada deberá eliminar cualquier referencia al carácter provisional de la tarjeta
7
En el que se «estableció que, los destinarios de esta ley “podrán solicitar, sin la acreditación del
certificado de aprobación del examen, su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la
expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta la publicación
de los resultados de la primera prueba».
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profesional de los accionantes en las respectivas actas de registro y certificados de
vigencia. En virtud de los efectos inter pares de esta providencia, las mismas órdenes
deberán cumplirse frente a (i) todas aquellas personas graduadas del pregrado en
Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018, a quienes el Consejo Superior de la
Judicatura hubiere expedido tarjeta profesional provisional, y que presentaron la
solicitud antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023 y (ii) todas las
personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018
que presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del
26 de diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes
para la expedición de la tarjeta profesional.
El 30 de mayo de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA24-12188, «por el cual se da apertura a la etapa de inscripciones para la
presentación del examen de Estado señalado en la Ley 1905 de 2018 – Aplicación
2024-II», cuya convocatoria se llevó a cabo desde el 6 de junio hasta el 4 de julio
de 2024.
Mediante la Resolución URNAR24-123 de 30 de julio de 2024, la Unidad del
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior
Judicatura publicó la lista de admitidos e inadmitidos a presentar el examen de
Estado 2024-II, que se llevará a cabo el 20 de octubre de la presente anualidad.
Descendió al caso concreto y manifestó que el 19 de enero y 5 de febrero de 2024,
requirió a la Institución Universitaria Colegios de Colombia, información de fecha de
grado y de inicio, incluyendo procesos de homologación, transferencia interna o
externa del señor Dagoberto Mayorquín Barrero.
Adujo que el 7 de febrero de 2024, la Institución Universitaria Colegios de Colombia,
mediante correo electrónico reportó a la Unidad la información de fecha de grado y
fecha de inicio de la carrera de derecho del tutelante, incluyendo datos de los
procesos de homologación o transferencia interna o externa, que tuvieron incidencia
en la fecha de inicio del programa académico.
De manera que, el 10 de abril de 2024, el señor Dagoberto Mayorquín Barrero
realizó la preinscripción del trámite de inscripción y expedición de la tarjeta
profesional de abogado, a través del Sistema del Registro Nacional de Abogados -
SIRNA; adicionalmente, mediante correo electrónico del 12 de abril siguiente, allegó
la documentación requerida para adelantar el trámite.
Y con base en la documentación suministrada por el accionante y la información
reportada por la Institución Universitaria Colegios de Colombia, la Unidad mediante
Acta 34514 de 24 de abril 2024, realizó la inscripción en el Registro Nacional de
Abogados y le asignó la tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional
número 427.282.
Indicó que el 8 de junio de 2024, el accionante realizó la inscripción para la
presentación del examen de Estado de que trata la Ley 1905 de 2018 en el período
2024-II, y se le asignó el número de registro 869, y que a través de la Resolución
URNAR24-123 de 30 de julio de 2024, se resolvió admitir al accionante para la
aplicación del mencionado examen, al cumplir con los requisitos señalados en la
Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo PCSJA24-12188 de 2024.
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Arguyó que por medio de la Resolución número URNAR24-158 de 30 de agosto de
2024, la Unidad dispuso suspender la vigencia de las tarjetas profesionales de
abogado con anotación provisional, entre ellas, la del accionante.
Mencionó que el actor en su escrito tutelar indicó que su derecho fundamental a la
igualdad se le transgredió con ocasión a que no se le permitió inscribirse en la
primera convocatoria para aplicar el examen de Estado, no obstante, eso sucedió,
dado que, en ese momento no se había graduado8, y aclaró que la convocatoria
para la aplicación del examen en el periodo 2024-II incluyó la posibilidad a los
egresados de inscribirse, en virtud a la exhortación que realizó la Corte
Constitucional al Consejo Superior de la Judicatura, en la sentencia de unificación
128 de 2024.
Dicho lo anterior, expuso que la situación fáctica entre la primera y segunda
convocatoria, guarda diferencias sustanciales, entre ellas, las disposiciones y
directrices de la providencia enunciada, emitida por la Corte Constitucional.
Adicionalmente, anotó que «al tutelante, no se le está negando el derecho a la
expedición definitiva de su tarjeta profesional, únicamente, se le exige el requisito
consagrado en la Ley 1905 de 2018».
Manifestó que diferente a lo dicho por el señor Mayorquín Barrero, hasta el momento
han existido barreras administrativas generadas por los actos administrativos
expedidos, puesto que solamente se ha cumplido a cabalidad lo consagrado en la
Ley 1905 de 2018, que determinó que «para ejercer la profesión de abogado,
además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado
deberá acreditar certificación de aprobación del Examen de Estado que para el
efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura».
Mencionó que no es cierto que «el Consejo Superior de la Judicatura vulnera los
derechos fundamentales del tutelante, ya que, la exigencia de la presentación del
mencionado examen, para obtener la expedición de la tarjeta profesional y así
ejercer la representación de terceros, es una disposición legal establecida por la
mencionada ley, frente a la cual, esta Corporación, únicamente, cumple un rol para
su materialización».
En consecuencia, consideró que al señor Dagoberto Mayorquín Barrero no se le
están transgrediendo sus derechos fundamentales a la igualdad, el libre desarrollo
de la personalidad, la libertad de escoger profesión u oficio, al debido proceso, a la
seguridad social, al trabajo, a la estabilidad laboral y al mínimo vital.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
el señor Dagoberto Mayorquín Barrero contra el Consejo Superior de la Judicatura
• Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de
8
Se le dio aplicación taxativa a lo señalado por la Ley 1905 de 2018.
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conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Problema jurídico
Tomando en consideración los hechos expuestos, las pretensiones elevadas por el
demandante, el material probatorio recaudado y los informes allegados por las
entidades accionadas, corresponde a esta Sala resolver si la parte accionada
transgredió los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad, a la libertad de escoger profesión u oficio, al debido proceso, a la
seguridad social, al trabajo, a la estabilidad laboral y al mínimo vital del señor
Dagoberto Mayorquín Barrero, al expedir la Resolución URNAR24-158 de 30 de
agosto de 2024, en la que se ordenó «SUSPENDER la vigencia de las tarjetas
profesionales de los abogados con anotación provisional, conforme lo dispuesto en
el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024».
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela, (ii) naturaleza subsidiaria de la acción de tutela
e improcedencia de esta cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces,
(iii) procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos, y
(iv) el caso concreto.
2.3. Aclaración previa
En primer lugar, resulta pertinente aclarar que esta Sala, en ocasiones anteriores9,
amparó los derechos fundamentales de personas cuyas tarjetas profesionales
fueron expedidas con provisionalidad hasta la aprobación del examen de Estado
que, en ese entonces, aún no se había implementado.
Lo anterior, bajo el entendido de que cumplían con los requisitos establecidos por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de 2024 para encontrarse cobijados
por la orden dictada en el fallo al Consejo Superior de la Judicatura de expedir la
tarjeta profesional con carácter definitivo y sin la exigencia de probación del examen
de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018. En efecto, el alto tribunal estableció en
dicha providencia que las siguientes personas se verían beneficiadas con esa
medida:
(i) todas aquellas personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la
Ley 1905 de 2018 a quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido
tarjeta profesional provisional y que presentaron la solicitud de tarjeta antes de las
cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, fecha en la cual dicha entidad abrió
las inscripciones para la primera aplicación del Examen de Estado, y (ii) todas las
personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018
que presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del
9
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 23.05.24. M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil. Radicado: 11001-03-15-000-2024-02054-00; Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 06.06.24. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Radicado: 11001-03-15-000-2024-02313-
00.
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Demandante: Dagoberto Mayorquín Barrero
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26 de diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes
para la expedición de la tarjeta profesional.
En tal sentido, se resalta que el señor Mayorquín Barrero obtuvo su grado de
Derecho el 30 de enero de 2024, y el 25 de abril de 2024 le fue expedida la tarjeta
profesional provisional de abogado, la cual tenía la anotación «provisional». Por
tanto, para la Sala es claro que su situación no está cobijada por la orden dictada
por la Corte Constitucional al Consejo Superior de la Judicatura.
Finalmente, es necesario resaltar que, en la referida sentencia de unificación, la
Corte Constitucional estableció que el Consejo Superior de la Judicatura no podía
expedir tarjetas profesionales provisionales porque dicha modalidad no estuvo
contemplada por el legislador cuando reguló la materia.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo
preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones
u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.
Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa judicial
ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son idóneos
para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio se
habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de los
instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.
Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos procesales
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede decidir
sobre la controversia propuesta. Esto busca evitar que esta acción constitucional se
use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del
ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el
constituyente.
2.5. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de esta
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces
El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial». Dicho
precepto fue reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6 del Decreto 2591 de
1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.
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Demandante: Dagoberto Mayorquín Barrero
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro
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Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela. Todos los mecanismos judiciales
deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.
Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son la
esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2.º del
artículo 2.º de la Constitución. De ahí que, la garantía de los derechos
fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es
vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y
en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.
2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos
Con fundamento en lo dispuesto por las normas jurídicas anteriores, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de tutela
no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos.
Lo anterior, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo
constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente, a través de los
respectivos medios de control a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta
es la vía procesal idónea que el legislador ha diseñado para la garantía de los
derechos10.
Así las cosas, la Corte ha precisado que «conforme al carácter residual de la tutela,
no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir las
actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela
cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales
cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa
administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable (…)»11.
Tratándose de actos administrativos, en virtud de lo dispuesto por los artículos 137
y 138 de la Ley 1437 de 2011 proceden los medios de control de nulidad y nulidad
y restablecimiento del derecho. Al interior de este tipo de procesos es posible
recurrir a la solicitud de medidas cautelares, inclusive de urgencia, al tenor de lo
dispuesto en los artículos 229 y siguientes del referido ordenamiento.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2015.
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A partir de tales lineamientos, es claro que para cuestionar la legalidad de actos
administrativos se deben emplear los medios de control consagrados en la Ley 1437
de 2011, dada la naturaleza residual y subsidiaria del mecanismo de amparo, salvo
en el evento, se itera, en que se interponga para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable.
2.7. Caso concreto
Ahora bien, a juicio del señor Dagoberto Mayorquín, la trasgresión de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de
escoger profesión u oficio, al debido proceso, a la seguridad social, al trabajo, a la
estabilidad laboral y al mínimo vital, tiene origen en la Resolución URNAR24-158 de
30 de agosto de 2024.
Lo anterior, con ocasión a que, en dicho acto administrativo, el Consejo Superior de
la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
ordenó:
«SUSPENDER la vigencia de las tarjetas profesionales de los abogados con
anotación provisional, conforme lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-
12162 de 2024».
De modo que, tal documento no tendrá vigencia hasta que se publiquen las
calificaciones de la evaluación 2024-II, pues el actor presentará el examen de
idoneidad el domingo 20 de octubre de 2024, y esto, a su juicio, es desigual en
relación con los egresados que, en su misma situación, pudieron inscribirse a la
evaluación sin haberse graduado.
De conformidad con lo expuesto, esta Sección advierte que los reproches de la parte
actora recaen en cuestionamientos orientados a controvertir la Resolución
URNAR24-158 de 30 de agosto de 2024. Al respecto, se pone de presente que la
acción de tutela no es la vía idónea para discutir sobre la validez de tales actos
administrativos.
En este sentido, se tiene que la vulneración alegada de los derechos fundamentales
invocados parte de la premisa de discutir la presunción de legalidad del acto
administrativo cuestionado. Con tal precisión, la Sala considera que la petición de
amparo es improcedente porque para cuestionar la decisión tomada en el referido
acto administrativo, el ordenamiento jurídico tiene establecido varios medios de
control. En efecto, en este caso, para desvirtuar la presunción de legalidad de la
referida resolución, la parte actora tiene a su alcance el medio de control de simple
nulidad regulado en el artículo 137 de la Ley 1437 del 2011.
Se estima que este mecanismo resulta idóneo y eficaz para dejar sin efecto la
decisión enjuiciada y proteger los derechos fundamentales que considera en riesgo.
Nótese que el juez ordinario cuenta con la posibilidad de decretar medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011.
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A propósito de este último aspecto, recuérdese que esta corporación ha señalado
que las medidas cautelares establecidas en la Ley 1437 de 2011 también son
idóneas para la protección de derechos fundamentales, en la medida que las
mismas pueden ser:
(i) preventivas, cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa, o la
realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o
la agravación de sus efectos; (ii) conservativas, cuando el juez ordena que se
mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de
la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible; (iii)anticipativas, en el
evento que se ordene la adopción de una decisión administrativa o se imparta órdenes
o se le imponga a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer; (iv) suspensivas, cuando se ordene suspender un procedimiento o actuación
administrativa, inclusive de carácter contractual o se ordene suspender
provisionalmente los efectos de un acto administrativo .
A su vez, se pone de presente que el actor no acreditó que hubiera acudido ante la
autoridad demandada mediante los mecanismos otorgados por el procedimiento
administrativo y, con ello, solicitar que la vigencia provisional de su tarjeta
profesional se extendiera. En tal sentido, se advierte que el señor Mayorquín Barrero
puede elevar dicha solicitud y, contra el pronunciamiento que brinde el Consejo
Superior de la Judicatura, contará con la posibilidad de promover los mecanismos
judiciales respectivos. Esto, en caso de que la respuesta otorgada sea desfavorable
a sus intereses.
Por otra parte, de conformidad con la reiterada jurisprudencia constitucional la
acción de tutela es procedente, pese a existir otro medio de defensa judicial, cuando
el amparo se interpone para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En
este asunto, la Sala considera que no se configura tal evento pues la parte actora
no expuso que se encontrara en alguna situación cuya vulneración de garantías
constitucionales sea inminente y requiera, por tanto, de la intervención excepcional
del juez de tutela.
De manera que, no se vislumbran en esta causa presupuestos fácticos que permitan
corroborar la presencia de una situación de amenaza grave de los derechos
fundamentales del tutelante, que requieran la adopción de medidas de protección
transitorias e impostergables, que, a su vez, deban ser tomadas de forma inmediata
mediante este mecanismo de amparo.
Por consiguiente, es claro que la acción constitucional no supera el requisito de
subsidiariedad ante la consagración en el ordenamiento jurídico de otro instrumento
idóneo para cuestionar la legalidad de los actos administrativos ya referidos. Se
añade que, si bien el señor Dagoberto Mayorquín Barrero dijo que su salud mental
se ha visto afectada, lo cierto es que no se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable el cual, en todo caso, puede ser sustento de una medida cautelar
dentro del medio de control que se presente.
Con tales consideraciones, esta Sala no puede ocuparse de un tema que escapa
de la órbita constitucional y corresponde a la autoridad natural definir.
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Demandante: Dagoberto Mayorquín Barrero
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De conformidad con lo anterior, procede la Sala a declarar la improcedencia de la
acción de tutela elevada por el señor Dagoberto Mayorquín Barrero contra el
Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia. Lo anterior, dado que, para la protección de las garantías
invocadas, el actor tiene a su alcance el medio de control de nulidad simple y los
mecanismos judiciales procedentes, una vez agote el procedimiento administrativo
respectivo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor Dagoberto Mayorquín Barrero.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: de no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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