Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04077-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04077-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04077-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
29 de agosto de 2024
Demandante: Yesika Paola Acevedo Hernández
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2024-04077-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04077-00
Accionante: YESIKA PAOLA ACEVEDO HERNÁNDEZ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Tema: Improcedencia por contar con otros mecanismos judiciales
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Yesika Paola Acevedo Hernández, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura. Con la
solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo, a la libre escogencia de profesión u oficio y al mínimo vital.
2. Las garantías mencionadas las considera vulneradas por los acuerdos
proferidos por la autoridad demandada referentes al cumplimiento de lo estipulado
por la Ley 1905 de 20182.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
Que se ordene al consejo superior de la judicatura extender la vigencia de mi tarjeta
profesional provisional N°429022 hasta la publicación de los resultados de la segunda
prueba de examen de estado.
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 Ley que dispone que: "Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en
las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del Examen
de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura.
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Demandante: Yesika Paola Acevedo Hernández
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
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1.3. Hechos
4. A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la presente sentencia:
5. El 18 de noviembre de 2023, la señora Acevedo Hernández terminó las
asignaturas correspondientes al programa de Derecho que cursaba en la
Corporación Universitaria Remington.
6. El 22 de diciembre de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el
Acuerdo PCSJA23-12127, por medio del cual se dio apertura a la etapa de
inscripciones para la presentación del examen de Estado estipulado en la Ley 1905
de 2018, cuya convocatoria se llevó a cabo desde el 26 de diciembre de 2023 hasta
el 23 de enero de 2024.
7. Dicho acto establecía que los abogados interesados en la inscripción para la
presentación del examen de Estado deberían cumplir alguno de los siguientes
requisitos:
a) Abogados graduados de una institución de educación superior reconocida
oficialmente, que iniciaron sus estudios de derecho después del 28 de junio de 2018.
b) Abogados que cuentan con tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional,
en los términos del Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022.
c) Abogados cuyo título haya sido otorgado por institución de educación superior
extranjera, que hayan iniciado su carrera después del 28 de junio de 2018. Para
inscribirse deberán contar con la resolución de convalidación, como abogado, del
Ministerio de Educación Nacional.
8. Mediante la Resolución URNAR24-18 del 16 de febrero de 2024, la Unidad
del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior
Judicatura publicó la lista de admitidos e inadmitidos a presentar el primer examen
de Estado 2024-I, que se llevó a cabo el 26 de mayo del mismo año.
9. El 29 de febrero de 2024, la actora se graduó del programa que cursaba. El
5 de marzo de 2024, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Corporación
Universitaria Remington reportó a la Unidad del Registro Nacional de Abogados la
fecha de inicio de materias y de grado de la tutelante.
10. El 24 de abril de 2024, la señora Acevedo Hernández realizó la preinscripción
del trámite de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado en el
Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados SIRNA.
Adicionalmente, mediante correo electrónico enviado el mismo día, allegó los
documentos requeridos para ello.
11. Mediante Acta 36610 del 28 de mayo de 2024, la autoridad demandada
realizó la respectiva inscripción de la tutelante en el Registro Nacional de Abogados
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y le asignó la tarjeta profesional de abogada 429.022 con la siguiente anotación:
«De conformidad con la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo PCSJA2412162 de 2024,
esta tarjeta profesional tendrá vigencia provisional hasta la publicación de los
resultados de la primera prueba».
12. El 30 de mayo de 2024, la accionada profirió el Acuerdo PCSJA24-12188,
por medio del cual se dio apertura a la etapa de inscripciones para la presentación
del examen de Estado señalado en la Ley 1905 de 2018, aplicación 2024-II, cuya
convocatoria se llevó a cabo desde el 6 de junio hasta el 4 de julio del mismo año.
Dicho acto estableció convocó a los egresados y abogados interesados en
presentar tal examen de estado que se llevaría a cabo el 20 de octubre de 2024 que
cumplieran con los siguientes requisitos:
a. Egresados que culminaron sus estudios de derecho siempre que hayan iniciado su
carrera de derecho después del 28 de junio de 2018.
b. Abogados que obtuvieron el título de una institución de educación superior
reconocida oficialmente, que iniciaron sus estudios de derecho después del 28 de
junio de 2018.
c. Abogados con tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional, cuya
solicitud de expedición de la misma, se haya realizado con posterioridad a las cero
horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023.
d. Abogados cuyo título haya sido otorgado por institución de educación superior
extranjera, que hayan iniciado su carrera después del 28 de junio de 2018. Para
inscribirse deberán contar con la resolución de convalidación, como abogado, del
Ministerio de Educación Nacional.
13. El 4 de julio de 2024, la señora Acevedo Hernández se inscribió para la
presentación del examen de Estado 2024-II. Mediante Resolución URNAR24-123
del 30 de julio de 2024 el Consejo Superior de la Judicatura admitió a la actora para
la aplicación de dicho examen.
1.4. Sustento de la vulneración
14. La tutelante sostuvo que a la fecha en que se expidió el Acuerdo PCSJA23-
12127 del 22 de diciembre de 2023, si bien ya había culminado con sus materias de
derecho, no contaba aún con el acta de grado. Agregó que, debido a los trámites
administrativos de la institución en la que cursó su carrera, pudo graduarse hasta
febrero de 2024.
15. Indicó que, por tal motivo, no cumplía con los requisitos para inscribirse en el
examen de Estado 2024-I, pues la respectiva convocatoria cerró el 23 de enero de
2024.
16. Sostuvo que mediante el Acuerdo PCSJA24-12188 del 30 de mayo de 2024,
la autoridad demandada agregó un requisito adicional mediante el cual se otorgaba
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la posibilidad a los egresados de inscribirse para presentar el examen de Estado en
su segunda fecha, esto es, el 20 de octubre de 2024. Agregó que únicamente
exigían que adjuntara el certificado de terminación de materias.
17. Argumentó que dicho acto vulneró su derecho a la igualdad, pues los
egresados que culminaron sus materias en el año 2023 no contaron con la
posibilidad de inscribirse a la presentación del examen sin haberse graduado. Indicó
que ello implicaba un trato discriminatorio y, a su vez, reflejaba una falta de
planeación por parte de la autoridad accionada.
18. Sostuvo que su tarjeta profesional no tendría vigencia después de la
publicación de los resultados del primer examen, lo que vulnera su derecho al
trabajo, a la libre elección de oficio y al mínimo vital. Esto, pues debe asumir la carga
de esperar hasta los resultados del examen 2024-II los cuales, a su juicio, podrían
ser publicados hasta finales del año 2024 o inicios del 2025.
1.5. Trámite de la acción
19. En auto del 6 de agosto de 2024, se admitió la acción de tutela de la
referencia y dispuso la notificación del Consejo Superior de la Judicatura y vinculó,
en calidad de tercero con interés, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia.
1.6. Intervención
1.6.1. Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
20. La autoridad sostuvo que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de
Estado han considerado que el Consejo Superior de la Judicatura no tenía
competencia para regular y expedir la tarjeta profesional con vigencia provisional.
21. Afirmó que en la sentencia SU-128 de 2024, la Corte Constitucional inaplicó
por inconstitucional el artículo 11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de
abril de 2024, el cual estableció la tarjeta profesional con vigencia provisional para
los destinatarios de la Ley 1905 de 2018. Agregó que tiene el deber de cumplir lo
dispuesto en dicho fallo, por lo que no es posible acceder a la pretensión de ampliar
la vigencia provisional de la tarjeta profesional de la actora.
22. En relación con la presunta vulneración del derecho al trabajo, sostuvo que
a partir de la Ley 1905 de 2018, la expedición de dicho documento guarda estrecha
relación con el ejercicio de la profesión, única y exclusivamente en lo referente a la
representación de terceros. Añadió que, por tanto, no podía predicarse dicha
transgresión, dado que existe un campo amplio que la accionante puede desarrollar
como inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
23. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra el Consejo Superior de la Judicatura. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
24. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
25. La Sala advierte que la señora Yesika Paola Acevedo Hernández está
legitimada en la causa por activa. Esto porque alega que el Consejo Superior de la
Judicatura, mediante los acuerdos PCSJA23-12127 del 22 de diciembre de 2023 y
PCSJA24-12188 del 30 de mayo de 2024, la excluyó de la posibilidad de inscribirse
al examen de Estado sin haber cumplido con el requisito de grado. Esto, a su juicio,
derivó en que su tarjeta profesional de abogada tuviera una vigencia provisional
hasta la publicación de los resultados del examen de Estado 2024-II contemplado
en la Ley 1905 de 2018.
26. Por otra parte, se advierte que el Consejo Superior de la Judicatura está
legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad que expidió los actos
administrativos que originan la transgresión alegada por la tutelante.
2.3. Problema jurídico
27. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y el informe presentado, el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:
28. Para ello, se deberá resolver si: ¿el Consejo Superior de la Judicatura vulneró
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante mediante la
expedición de los acuerdos PCSJA23-12127 del 22 de diciembre de 2023 y
PCSJA24-12188 del 30 de mayo de 2024 y al haber expedido su tarjeta profesional
de abogada con vigencia provisional hasta la publicación de los resultados del
examen de Estado 2024-I contemplado en la Ley 1905 de 2018?
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2.4. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) naturaleza subsidiaria de la
acción de tutela e improcedencia de esta cuando existen otras vías judiciales
disponibles y eficaces, (iii) procedencia excepcional de la acción de tutela contra
actos administrativos y; (iv) el caso concreto.
2.5. Aclaración previa
29. En primer lugar, resulta pertinente aclarar que la sala, en ocasiones
anteriores3, amparó los derechos fundamentales de personas cuyas tarjetas
profesionales fueron expedidas con provisionalidad hasta la aprobación del examen
de Estado que, en ese entonces, aún no se había implementado.
30. Lo anterior, bajo el entendido de que cumplían con los requisitos establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de 2024 para encontrarse
cobijados por la orden dictada en dicho fallo al Consejo Superior de la Judicatura de
expedir la tarjeta profesional con carácter definitivo y sin la exigencia de probación
del examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018. En efecto, el alto tribunal
estableció en dicha providencia que las siguientes personas se verían beneficiadas
con dicha medida:
(i) todas aquellas personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la
Ley 1905 de 2018 a quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido
tarjeta profesional provisional y que presentaron la solicitud de tarjeta antes de las
cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, fecha en la cual dicha entidad abrió
las inscripciones para la primera aplicación del Examen de Estado, y (ii) todas las
personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018
que presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del
26 de diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes
para la expedición de la tarjeta profesional.
31. En tal sentido, se resalta que la señora Acevedo Hernández obtuvo su grado
de Derecho el 29 de febrero de 2024 y presentó su solicitud de expedición de tarjeta
profesional de abogado el 24 de abril del mismo año. Por tanto, para la sala es claro
que su situación no está cobijada por la orden dictada por la Corte Constitucional al
Consejo Superior de la Judicatura.
32. Finalmente, es necesario resaltar que, en dicha sentencia de unificación, la
Corte Constitucional estableció que el Consejo Superior de la Judicatura no podía
expedir tarjetas profesionales provisionales porque dicha modalidad no estuvo
contemplada por el legislador cuando reguló la materia.
2.6. Generalidades de la acción de tutela
3 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 23.05.24. M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil. Radicado: 11001-03-15-000-2024-02054-00; Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 06.06.24. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Radicado: 11001-03-15-000-2024-02313-00.
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33. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares, en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
34. Es importante precisar que, esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental. Con la salvedad de que, en caso de que el
interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, procede
la tutela como mecanismo transitorio.
2.7. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de esta
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces
35. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial». Dicho precepto fue reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991.
36. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.
37. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia.
38. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela. Todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.
39. Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son
la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2.º del
artículo 2.º de la Constitución. De ahí que, la garantía de los derechos
fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es
vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y
en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.
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2.8. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos
40. Con fundamento en lo dispuesto por las normas jurídicas anteriores, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de tutela
no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos.
41. Lo anterior, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente, a
través de los respectivos medios de control a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Esta es la vía procesal idónea que el legislador ha diseñado para la
garantía de los derechos4.
42. Así las cosas, la Corte ha precisado que «conforme al carácter residual de la
tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir las
actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela
cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales
cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa
administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable (…)»5.
43. Tratándose de actos administrativos, en virtud de lo dispuesto por los
artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 proceden los medios de control de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. Al interior de este tipo de procesos
es posible recurrir a la solicitud de medidas cautelares, inclusive de urgencia, al
tenor de lo dispuesto en los artículos 229 y siguientes del referido ordenamiento.
44. A partir de tales lineamientos, es claro que para cuestionar la legalidad de
actos administrativos se deben emplear los medios de control consagrados en la
Ley 1437 de 2011, dada la naturaleza residual y subsidiaria del mecanismo de
amparo, salvo en el evento, se itera, en que se interponga para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
2.9. Análisis del requisito de subsidiariedad en el caso en concreto
45. Ahora bien, a juicio de la parte actora, la trasgresión de las garantías
constitucionales invocadas tiene origen en los acuerdos PCSJA23-12127 del 22 de
diciembre de 2023 y PCSJA24-12188 del 30 de mayo de 2024 expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura.
46. Lo anterior, pues el acto administrativo de mayo de 2024 contempló la
posibilidad de que los egresados que iniciaron su carrera de Derecho después del
4 Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 2018.
5 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2015.
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28 de junio de 2018 y que hubieran culminado sus materias, se pudieran inscribir
en el examen de Estado 2024-II. Sostuvo que dicha opción no estaba vigente con
el acuerdo del 22 de diciembre de 2023, motivo por el cual, si bien a esta fecha
había terminado sus asignaturas, debió esperar a cumplir con el requisito de grado
y así agotar las exigencias que este acto contemplaba para poder aplicar al proceso
de inscripción de dicha prueba.
47. Argumentó que ello derivó en que su tarjeta profesional de abogada tuviera
una vigencia provisional hasta que se publicaran los resultados del primer examen
de Estado. Agregó que, dado que no contó con la opción de inscribirse y presentar
dicha evaluación, tal documento no tendrá vigencia hasta que se publiquen las
calificaciones del examen 2024-II. Esto, a su juicio, es desigual en relación con los
egresados que, en su misma situación, pudieron inscribirse a la evaluación sin
haberse graduado.
48. De conformidad con lo expuesto, a juicio de la Sala, los reproches de la parte
actora recaen en cuestionamientos orientados a controvertir los acuerdos
PCSJA23-12127 del 22 de diciembre de 2023 y PCSJA24-12188 del 30 de mayo
de 2024. Al respecto, se advierte que la acción de tutela no es la vía idónea para
discutir sobre la validez de tales actos administrativos.
49. En este sentido, se tiene que la vulneración alegada de los derechos
fundamentales invocados parte de la premisa de discutir la presunción de legalidad
de los actos administrativos cuestionados. Esto es así porque la actora establece
que, mediante tales acuerdos, el Consejo Superior de la Judicatura discriminó
injustificadamente a los egresados de la carrera de Derecho que, como en su
situación, no contaron con la posibilidad de inscribirse para presentar el primer
examen de Estado estipulado en la Ley 1905 de 2018.
50. En efecto, la actora alegó que entre tales acuerdos existe una contradicción
normativa pues el acto administrativo del 30 de mayo de 2024 otorgó una garantía
adicional no contemplada en el acuerdo del 22 de diciembre de 2023, el cual reguló
su situación al momento de llevar a cabo la respectiva inscripción en la evaluación
de Estado.
51. Con tal precisión, la Sala considera que la petición de amparo es
improcedente porque para cuestionar las decisiones tomadas en los actos
administrativos, el ordenamiento jurídico tiene establecido varios medios de control.
En efecto, en este caso, para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
mencionados, la parte actora tiene a su alcance el medio de control de simple
nulidad regulado en el artículo 137 de la Ley 1437 del 2011.
52. Se estima que este mecanismo resulta idóneo y eficaz para dejar sin efecto
las decisiones enjuiciadas y proteger los derechos fundamentales que considera en
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riesgo. Nótese que el juez ordinario cuenta con la posibilidad de decretar medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011.6
53. A propósito de este último aspecto, recuérdese que esta corporación ha
señalado que las medidas cautelares establecidas en la Ley 1437 de 2011 también
son idóneas para la protección de derechos fundamentales, en la medida que las
mismas pueden ser:
(i) preventivas, cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa, o la
realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio
o la agravación de sus efectos; (ii) conservativas, cuando el juez ordena que se
mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes
de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible; (iii)anticipativas, en
el evento que se ordene la adopción de una decisión administrativa o se imparta
órdenes o se le imponga a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de
hacer o no hacer; (iv) suspensivas, cuando se ordene suspender un procedimiento
6 «Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en
cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o
Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección
de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas
de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán
ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y
necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá
decretar una o varias de las siguientes medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes
de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta
medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o
superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez
o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte
demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con
el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de
índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la
adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del
plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo
a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un
acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando
tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores
invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando
adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá
probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.»
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Demandante: Yesika Paola Acevedo Hernández
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2024-04077-00
o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual o se ordene suspender
provisionalmente los efectos de un acto administrativo7.
54. A su vez, se pone de presente que la actora no acreditó que hubiera acudido
ante la autoridad demandada mediante los mecanismos otorgados por el
procedimiento administrativo y, con ello, solicitar que la vigencia provisional de su
tarjeta profesional se extendiera. En tal sentido, se advierte que la demandante
puede elevar dicha solicitud y, contra el pronunciamiento que brinde el Consejo
Superior de la Judicatura, contará con la posibilidad de promover los mecanismos
judiciales respectivos. Esto, en caso de que la respuesta otorgada sea desfavorable
a sus intereses.
55. Por otra parte, de conformidad con la reiterada jurisprudencia constitucional
la acción de tutela es procedente, pese a existir otro medio de defensa judicial,
cuando el amparo se interpone para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En este asunto, la Sala considera que no se configura tal evento pues la señora
Acevedo Hernández no expuso que se encontrara en alguna situación cuya
vulneración de garantías constitucionales sea inminente y requiera, por tanto, de la
intervención excepcional del juez de tutela.
56. De manera que, no se vislumbran en esta causa presupuestos fácticos que
permitan corroborar la presencia de una situación de amenaza grave de los
derechos fundamentales de la señora Acevedo Hernández, que requieran la
adopción de medidas de protección transitorias e impostergables, que, a su vez,
deban ser tomadas de forma inmediata mediante este mecanismo de amparo.
57. Por consiguiente, es claro que la acción constitucional no supera el requisito
de subsidiariedad ante la consagración en el ordenamiento jurídico de otro
instrumento idóneo para cuestionar la legalidad de los actos administrativos ya
referido. Se añade el hecho de que no se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable el cual, en todo caso, puede ser sustento de una medida cautelar
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se
presente.
58. Con tales consideraciones, esta sala no puede ocuparse de un tema que
escapa de la órbita constitucional y corresponde a la autoridad natural definir.
59. De conformidad con lo anterior, procede la sala a declarar la improcedencia
de la acción de tutela elevada por la señora Acevedo Hernández contra el Consejo
Superior de la Judicatura. Lo anterior, dado que para la protección de las garantías
invocadas, la actora tiene a su alcance el medio de control de nulidad simple y los
mecanismos judiciales procedentes, una vez agote el procedimiento administrativo
respectivo.
7 Corte Constitucional, sentencia T-733 de 2014.
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Demandante: Yesika Paola Acevedo Hernández
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2024-04077-00
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela elevada por la señora
Yesika Paola Acevedo Hernández contra el Consejo Superior de la Judicatura por
no superar el requisito de subsidiariedad.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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