Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05068-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05068-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05068-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
12 de diciembre de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05068-01
Accionante: Dagoberto Mayorquín Barrero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05068-01
Accionante: Dagoberto Mayorquín Barrero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia
Tema: acción de tutela contra acción u omisión de autoridad pública Subtema 1.
Procedencia de la acción de tutela. Subtema 2: suspensión de la tarjeta profesional
provisional de abogado. Subtema 3: reglas fijadas por la sentencia SU-128 de 2024.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir la
impugnación que presentó Dagoberto Mayorquín Barrero, en contra de la sentencia
del 17 de octubre de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Dagoberto Mayorquín Barrero, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de Justicia, con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a
la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de escoger profesión u
oficio, al debido proceso, a la seguridad social, al trabajo, a la estabilidad laboral y al
mínimo vital que estimó vulnerados porque se suspendió la vigencia de su tarjeta
profesional provisional de abogado.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
El actor expuso, como fundamento de su solicitud, los hechos que se resumen a
continuación:
2.1.1. Dagoberto Mayorquín Barrero, en el mes de julio de 2023, solicitó bajo radicado
núm. 23039, la licencia temporal ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de Justicia, la cual le fue expedida el 11 de agosto siguiente con vigencia
hasta el 12 de mayo de 2025.
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Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia
2.1.2. El 5 de enero de 2024 se inscribió a la convocatoria para presentar el examen
de idoneidad que se realizaría en el mes de mayo de 2024, dado que cumplía con el
requisito de ser egresado de una institución educativa y esperaba obtener el título
como abogado el 30 de enero siguiente.
2.1.3. Mediante Resolución núm. URNAR24-18 del 16 de febrero de 2024 fue
inadmitido para presentar el examen de idoneidad por no contar con el título de
abogado. Inconforme con la decisión, interpuso recursos de reposición y en subsidio
apelación con miras a demostrar, en primer lugar, su calidad de egresado próximo a
graduarse y, en segundo lugar, que la demora en la obtención del título obedeció a los
tiempos establecidos por la institución educativa para realizar los grados.
2.1.4. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia mediante
la Resolución núm. URNAR24-2854 del 14 de marzo de 2024 confirmó la inadmisión
de Dagoberto Mayorquín Barrero, tras considerar que «Con la respuesta anterior esta
Unidad confirmó que, para el 23 de enero de 2024, momento del cierre de la inscripción
a la aplicación 2024-I, DAGOBERTO MAYORQUÍN BARRERO no se había graduado
como abogado y por tanto no cumplía con los requisitos exigidos para la presentación
de la prueba».
2.1.5. El 15 de abril de 2024 solicitó la expedición de una tarjeta profesional provisional,
la cual se expidió el 25 de abril siguiente con una vigencia condicionada a la
publicación de los resultados de la primera prueba. Dicha observación se realizó en la
resolución que resolvió los recursos, en los siguientes términos: «En caso de realizar
este trámite, se resalta que la tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional
no constituye ninguna limitante o impedimento para la vinculación laboral de sus
titulares en entidades públicas o privadas, teniendo en cuenta que, dicha condición
radica única y exclusivamente en el requisito de aprobar el examen de Estado, con el
que deben cumplir los graduados de las facultades de derecho del país que hayan
iniciado la carrera de derecho con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1905
de 28 de junio de 2018. Según el parágrafo transitorio 1 del artículo 2 del Acuerdo
PSCJA22-11985 de 2022, quienes con tarjeta profesional de abogado con
vigencia provisional no aprueben el examen perderán la vigencia (…)».
2.1.6. El 8 de junio de 2024 el señor Mayorquín Barrero se inscribió a la segunda
convocatoria, cuya lista de admitidos se expidió mediante la Resolución núm.
URNAR24-159 de 2024 de donde evidenció que se admitieron tanto a abogados
titulados como a egresados, con lo que, a su juicio, se fijaron lineamientos de
desigualdad en los acuerdos y convocatorias que le negaron oportunidades de acceso
a la presentación del examen y afectaron su salud mental porque el tiempo de espera
entre una y otra convocatoria es largo y realizan cambios en los requisitos.
2.1.7. Mediante Resolución núm. URNAR24-158 del 30 de agosto de 2024, la Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia suspendió la vigencia de
las tarjetas profesionales de los abogados con anotación provisional, luego de haber
notificado los resultados de la primera prueba; decisión con la que consideró vulnerado
el debido proceso comoquiera que él no tuvo oportunidad de presentar el primer
examen de idoneidad 2024-I, toda vez que no cumplía con el requisito de ser abogado
graduado. Por lo anterior, consideró que no podía quitársele la vigencia de la tarjeta a
diferencia de quienes sí lo presentaron y lo perdieron. Afirmó que las reglas de las
convocatorias 2024-I y 2024-II fueron desiguales para los abogados graduados que no
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han podido presentar el examen de idoneidad en la primera convocatoria 2024-I y,
además, se establece una limitante a quien le apasiona el litigio, pues se le obliga a
trabajar en entidades privadas o públicas, ya que la información que reposa en el
Registro Nacional de Abogados genera desconfianza para cualquier persona.
2.1.8. Concluyó que con la variación de las condiciones de una convocatoria a otra se
le vulneraron los derechos a la igualdad, al debido proceso, «limitante al trabajo», la
estabilidad laboral, la seguridad social, el mínimo vital, el trato igualitario, pues lo que
se presentó fue un trato discriminatorio y desigual de cara a los abogados que sí
pudieron presentar el primer examen de idoneidad 2024-I.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
«Primero: tutelar los derechos a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la
libertad de escoger profesión u oficio, el debido proceso, la seguridad social, el trabajo,
la estabilidad laboral, el mínimo vital y el habeas data.
Segundo: … se sirva Ordenar, La vigencia de la Tarjeta Profesional de Abogado número
427282,de manera permanente ya que no he presentado el primer examen de idoneidad
por cuanto, a la fecha de la primera convocatoria 2024-I se me discrimino por no ser
abogado titulado de acuerdo a la sentencia C- 594 de 2019 donde se destacó: “el
requisito del examen se exija a los abogados graduados, no a los estudiantes y que en
la segunda convocatoria 2024-II se permitió a los egresados ser admitidos para la
presentación del examen de idoneidad, desechando lo dicho como fundamento por la
Corte Constitucional. Trato que es discriminatorio para los que éramos egresados en ese
entonces, generando barrera administrativa y dilataciones para ejercer la profesión de
abogado».
Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora citó las normas que contienen
los derechos que encuentra vulnerados como el derecho a la igualdad, en relación con
el cual manifestó que se configuró una situación discriminatoria, por cuanto no se le
permitió presentar el primer examen de calidad y porque además le cancelaron la
tarjeta profesional provisional y la licencia temporal poniéndolo en condiciones de
desventaja respecto de quienes sí pudieron realizar el examen en la primera
convocatoria.
De la misma manera manifestó que se vulneraron sus derechos al libre desarrollo de
la personalidad, al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio, pues la
imposibilidad de acceder a la tarjeta profesional de abogado le impide el ejercicio del
litigio para lo cual se preparó como abogado, con lo que se afectaron sus intereses
toda vez que es un abogado titulado con tarjeta profesional sin vigencia, que no puede
ejercer legalmente su profesión por cuenta de la suspensión que realizó la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Por otra parte, manifestó que se vulneró el debido proceso toda vez que la primera
convocatoria fue discriminatoria y excluyó a los egresados como habilitados para
presentar el examen, no obstante, se le dejó sin vigencia la tarjeta profesional con
vigencia provisional.
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2.3. Trámite procesal
La tutela correspondió en reparto en primera instancia a la Sección Quinta, que a
través de auto del 23 de septiembre de 2024 admitió la acción de tutela; tuvo como
prueba los documentos aportados con la demanda; ordenó la publicación del proceso
en la página web y mantener el expediente en la secretaría hasta que se allegaran las
pruebas y requerimientos.
2.4. Intervenciones
El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia mediante memorial del 27 de septiembre de 20241 manifestó
que el requisito únicamente se exigirá a quienes hayan iniciado la carrera de derecho
con posterioridad a la promulgación de la norma; así las cosas, comoquiera que el
accionante inició el 30 de julio de 2018, es destinatario de las obligaciones contenidas
en la Ley 1905 de 2018.
Advirtió que la acción de tutela no es la vía para controvertir la legalidad de los actos
administrativos, dada su naturaleza de residual y subsidiaria, lo que impone la carga a
los ciudadanos de agotar los medios de control dispuestos en la ley. En el presente
asunto no se recibió en sede administrativa petición que manifestara inconformidad en
contra del acto, ni se tiene noticia de la presentación de alguna demanda.
Señaló que la modificación de los requisitos de la convocatoria para presentar el
examen de calidad se dio en virtud de una exhortación que hizo la Corte Constitucional
en la sentencia de unificación SU-128 de 2024, pues en la Ley 1905 de 2018, con base
en la cual se realizó la primera convocatoria, la admisión para la presentación de la
prueba se limitaba a quienes ostentaran la calidad de abogado, por lo que fue la Corte
Constitucional la que extendió ese derecho a los egresados.
Afirmó que no se le ha vulnerado ningún derecho al tutelante, pues la exigencia de la
presentación del mencionado examen es legal y la entidad simplemente cumple su rol
para la materialización.
Adujo que la expedición de la tarjeta profesional guarda relación con el ejercicio de la
profesión, única y exclusivamente en lo relacionado con la representación de terceros,
por lo que no pude alegarse una vulneración generalizada de ese derecho, pues existe
un amplio campo en el que el accionante puede ejercer su profesión con la inscripción
en el Registro Nacional de Abogados, la cual se evidencia desde 24 de abril de 2024.
2.5. Sentencia de primera instancia
La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia el 17
de octubre de 20242, en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela, pues
al recaer los reproches sobre el acto administrativo que suspendió la tarjeta profesional
provisional, este mecanismo constitucional no es la vía idónea para discutir la validez,
toda vez que el accionante tiene a su alcance el medio de control de nulidad simple, el
1
Sama. Índice 9, gestión otros despachos, archivo
25_RECIBEMEMORIAL_Memorial_InformetutelaSrDagob_13_20241001164316504.
2 Samai, índice 11, gestión otros despachos, expediente 11001-03-15-000-2024-05068-00, archivo
27_Sentencia_DECLARAIM_Samai20240506800DAGO_0_20241017155539021.
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cual resulta idóneo y eficaz para dejar sin efecto la decisión enjuiciada y proteger los
derechos fundamentales que considera en riesgo en el marco del cual el juez ordinario
cuenta con la posibilidad de decretar medidas cautelares que también resultan aptas
para la protección de los derechos fundamentales.
Advirtió que el actor no demostró haber acudido ante la autoridad demandada en
ejercicio de los mecanismos otorgados por el procedimiento administrativo para
solicitar la extensión de la vigencia provisional de su tarjeta profesional y «contra el
pronunciamiento que brinde el Consejo Superior de la Judicatura, contará con la
posibilidad de promover los mecanismos judiciales respectivos. Esto, en caso de que
la respuesta otorgada sea desfavorable a sus intereses».
Con lo expuesto consideró que, al no haberse superado el requisito de subsidiariedad,
dada la previsión en el ordenamiento de otro instrumento idóneo para cuestionar la
legalidad de los actos administrativos ya referidos, el mecanismo constitucional resulta
improcedente. «Se añade que, si bien Dagoberto Mayorquín Barrero dijo que su salud
mental se ha visto afectada, lo cierto es que no se demostró la configuración de un
perjuicio irremediable el cual, en todo caso, puede ser sustento de una medida cautelar
dentro del medio de control que se presente.
Afirmó que en ocasiones anteriores se ampararon los derechos fundamentales de
personas cuyas tarjetas profesionales fueron expedidas con provisionalidad hasta la
aprobación del examen de Estado que, en ese entonces, aún no se había
implementado; lo anterior, «bajo el entendido de que cumplían con los requisitos
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de 2024 para
encontrarse cobijados por la orden dictada en el fallo al Consejo Superior de la
Judicatura de expedir la tarjeta profesional con carácter definitivo y sin la exigencia de
[a]probación del examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018».
2.6. Impugnación
Dagoberto Mayorquín Barrero impugnó la sentencia del 17 de octubre de 20243, tras
considerar que la providencia limitó su análisis a la verificación de la vulneración de
los derechos fundamentales invocados con la expedición de la resolución que ordenó
la suspensión de la tarjeta provisional, dejando de lado que se trata de una serie de
interpretaciones jurídicas que han generado barreras en la obtención de la tarjeta
profesional permanente, soportadas en las acciones y omisiones de las demandadas.
Advirtió que su inconformidad radicó en que el proceso de convocatoria fue
discriminatorio porque el Consejo Superior de la Judicatura no previó un reglamento
igualitario de aplicación del examen de idoneidad. «[l]as dos convocatorias están
totalmente alejadas en los requisitos y acuerdos, generando diferencias de cargas, lo
cual me afect[ó] directamente como egresado y profesional del derecho, frete a todos
los egresados que presentaron el examen el día 20 de octubre de 2024».
Afirmó que para la Sala el medio de control constitucional es improcedente porque
sugiere que existen otros mecanismos legales; lo anterior, porque solo analizó un
problema jurídico, pero omitió los acuerdos y resoluciones que afectaron el debido
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04651-00, índice 21, archivo
31_RECIBEMEMORIAL_Memorial_ImpugnaciondeTutelaD_1_20241028071056792.
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proceso frente a la cancelación del examen de idoneidad y la cancelación de la
vigencia de la tarjeta provisional.
Concluyó que el medio de control de nulidad simple no abarca toda la dimensión
constitucional de la controversia porque los derechos fundamentales fueron
vulnerados por una cadena de acciones y omisiones que impidieron tener la tarjeta
profesional definitiva y ello se presentó porque no existe un único acuerdo, en garantía
de la igualdad. A partir de lo anterior afirmó que existe una incompatibilidad en lo
regulado en las convocatorias, lo cual generó un trato discriminatorio entre quienes
ostentaban la calidad de egresados en la primera y en la segunda, y en el caso
particular le restringió las oportunidades, al punto que le suspendieron los efectos
provisionales de su tarjeta profesional y dejaron sin vigencia la licencia temporal,
situación que le ha generado afectación pues «el examen de idoneidad es muy
demorado en el tiempo, ya que solo se puede presentar dos veces al año y sus
resultados se demoran más o menos dos meses. Lo que hace difícil alcanzar la
obtención de la tarjeta, si hubiese tenido la oportunidad de presentar el examen de
idoneidad en la primera convocatoria 2024-I como egresado y repito graduado para el
30 de enero de 2024, seguramente no tendría afectación en mi salud mental, y ya
tendría mi tarjeta profesional definitiva. Acto que fue muy discriminatorio frente a los
egresados de la segunda convocatoria, que sí pudieron presentar el examen 2024-II,
claramente, en dos actos desiguales».
Finalmente solicitó: i) que se declare la vulneración a los derechos fundamentales; ii)
que se ordene de manera inmediata la vigencia de la tarjeta profesional 427202 de
manera permanente; iii) que se tutele el derecho al habeas data.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación interpuesto en contra de la sentencia
del 17 de octubre de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa por activa de Dagoberto Mayorquín Barrero se
encuentra acreditada, por cuanto, fue quien solicitó la tarjeta profesional con vigencia
provisional y le fue suspendida por la entidad accionada.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
porque fue la entidad que suspendió su tarjeta profesional con vigencia provisional.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona
cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la acción o
la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley. Este
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mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la subsidiariedad y la
inmediatez4.
El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable5; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»6.
3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
La Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida en que la
resolución a través de la cual se ordenó la suspensión de las tarjetas profesionales
con vigencia provisional fue expedida el 30 de agosto de 2024 y notificada el 2 de
septiembre siguiente, según se afirmó en la demanda y la acción de tutela fue
presentada el 20 de septiembre de la misma anualidad7.
En relación con el presupuesto de subsidiariedad, la Sala advierte que se encuentra
satisfecho, dado que la parte actora no contaba con mecanismos en sede
administrativa para discutir la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad,
al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de escoger profesión u oficio, al
debido proceso, a la seguridad social, al trabajo, a la estabilidad laboral y al mínimo
vital ante la suspensión de la tarjeta profesional provisional por parte de la entidad
responsable8, pues la Resolución núm. URNAR24-158 no dispuso la procedencia de
ningún recurso, en tanto que consignó una orden general de suspensión de todas las
tarjetas con vigencia provisional en cumplimiento de la condición prevista en el artículo
11 del Acuerdo núm. PCSJA24-12162 de 2024, y además, por cuanto los efectos inter
pares que extendió la sentencia de unificación SU-128 de 2024 no cobijó su situación,
comoquiera la solicitud de expedición de la tarjeta la presentó en el mes de abril de
2024 y el reconocimiento del derecho que realizó la Corte Constitucional involucró a
las personas inscritas en la convocatoria para presentar el primer examen de idoneidad
y que hubieran solicitado la expedición de la tarjeta profesional antes del 26 de
diciembre de 2023.
Aunado a lo anterior, para la Sala es claro que el ejercicio de los medios judiciales
dispuestos para cuestionar la legalidad del acto administrativo que suspendió los
efectos de las tarjetas con vigencia provisional no excluye la procedencia del medio
constitucional, pues los mismos no resultan suficientes para analizar el conjunto de
situaciones que han rodeado el proceso de implementación del examen de idoneidad,
con las que se han configurado vulneraciones que llevaron a la Corte Constitucional a
emitir unas reglas de unificación cuyo análisis resulta pertinente a efectos de
determinar si se vulneraron o no los derechos fundamentales del actor.
4 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
5 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
6 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
7 Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023.
«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del
derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la
tutela no es exigible de manera estricta».
8
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2024.
7
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Por lo anterior, para la Sala no es de recibo el argumento expuesto en la sentencia
impugnada respecto de la improcedencia de la acción por la existencia del medio de
control de nulidad y la procedencia de las medidas cautelares, pues los derechos
fundamentales cuyo amparo solicita justifican la idoneidad y eficacia de la acción de
tutela como el mecanismo transitorio para la salvaguarda y el amparo de los derechos
que estimó vulnerados como el mínimo vital, el derecho al trabajo y la libertad a
escoger la profesión u oficio los cuales demandan una actuar más expedito por parte
de la administración de justicia.
Teniendo claro lo anterior, procede el análisis de fondo el caso particular para
determinar si deben ampararse los derechos fundamentales invocados.
3.5. Problema jurídico
La Sala debe decidir si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró los derechos fundamentales
a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de escoger profesión
u oficio, al debido proceso, a la seguridad social, al trabajo, a la estabilidad laboral y al
mínimo vital de la parte actora. En particular, al tener en cuenta los argumentos de la
tutela, le corresponde establecer si podía suspender la tarjeta profesional de abogados
con vigencia provisional de una persona que no presentó el examen de estado de
idoneidad debido a que no fue admitido para la convocatoria 2024-I por no tener título
de abogado.
Para el efecto, se estudiarán: (i) reglas dispuestas por la sentencia SU-128 de 2024
para la expedición de la tarjeta profesional de carácter provisional para los
destinatarios de la Ley 1905 de 2018; y (ii) el caso concreto.
3.5.1. Reglas dispuestas en la sentencia SU-128 de 2024 en relación con la
expedición de la tarjeta profesional de carácter provisional para los destinatarios
de la Ley 1905 de 2018
En esta sentencia la Corte resalta el porqué de la creación del examen de Estado como
requisito para ejercer la abogacía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1905 de
2018, en relación con lo cual indicó que será obligatorio para estudiantes de derecho
que comiencen la carrera después del 28 de junio de 2018. Es por esto que el C.S. de
la J expidió el Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 en el que incluyó
como requisito para la expedición de la tarjeta profesional la aprobación del examen
de Estado, no obstante, mientras se surtían los trámites para dar cumplimiento a dicho
requisito se habilitó a los estudiantes de derecho a que, previa solicitud, se expidiera
tarjeta profesional provisional cuya vigencia se extendió hasta la publicación de los
resultados de la primera prueba del examen mediante el Acuerdo PCSJA24-12162 de
9 de abril de 2024.
De la misma manera se indicó que desde el primer semestre de 2022 se negó la
expedición de tarjetas profesionales definitivas, bajo el argumento de que los
solicitantes no cumplían con el requisito de aprobación del examen de Estado; sin
embargo, el mismo no se había implementado e inclusive después de proferida la
sentencia SU-128 de 2024 no se había practicado, razón por la cual el C. S. de la J.,
optó por la expedición de tarjetas profesionales provisionales cuya vigencia se
supeditó a la publicación de los resultados de la primera jornada del examen.
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Sobre el particular la Corte Constitucional consideró que dicha actuación además de
evidenciar una extralimitación de competencias en asuntos con reserva de ley,
constituyó una restricción injustificada al derecho de elegir y ejercer libremente la
profesión u oficio, en los siguientes términos:
«la expedición de una tarjeta profesional con vigencia hasta la publicación final de los
resultados de la primera prueba del examen, y, con ello, el hecho de que a los
destinatarios de estas tarjetas se les habilitara el ejercicio de la profesión de manera
provisional y no definitiva, por no haber presentado un examen que aún no había sido
implementado, implicó, por una parte, (i) una extralimitación de las competencias del
C.S. de la J. y (ii) por otra, una restricción injustificada de la libertad de ejercer la
profesión, por lo demás con graves implicaciones para la seguridad jurídica, el principio
de confianza legítima y el acceso de la ciudadanía a la administración de justicia»9
Así las cosas, la Corte Constitucional concluyó que la falta de diligencia del C. S. de la
J., creó dos situaciones a saber: en primer lugar, la de quienes no pudieron satisfacer
el requisito de aprobación del examen porque aún no estaba reglamentado, ni
implementado y en consecuencia no podían inscribirse para presentarlo, circunstancia
que impuso a los destinatarios de la Ley 1905 de 2018 una carga que no debían
soportar, pues el examen de Estado no había sido convocado al momento de obtener
el título de abogado, lo que les impedía solicitar la tarjeta profesional permanente; y,
en segundo lugar, la de aquellos destinatarios de la Ley 1905 de 2018 que presentaron
la solicitud a partir del 26 de diciembre de 2023, esto es, cuando se convocó para la
presentación de la prueba y se permitió la inscripción, caso en el que sí procede el
requisito de aprobación del examen a efectos de obtener la tarjeta profesional
permanente. Al respecto la Corte manifestó:
«Para el momento en que una persona, en principio destinataria de la Ley 1905 de
2018, obtuvo su título de abogado y solicitó la tarjeta profesional no existía siquiera la
posibilidad de inscribirse a la presentación del Examen de Estado, la norma que
dispone el requisito de aprobación de la prueba no era susceptible de producir efectos
jurídicos y, en esa medida, era inexigible e ineficaz, en aplicación del principio general
del derecho según el cual nadie está obligado a lo imposible. Esta posibilidad de
inscripción al Examen de Estado sólo se habilitó a partir del 26 de diciembre de 2023
[…]
la conducta del C.S. de la J. se sumó a la falta de previsión legislativa de presupuestos
o reglas suficientes para la implementación del Examen de Estado, lo que contribuyó a
que el requisito dispuesto en la Ley 1905 de 2018 no fuera susceptible de cumplir con
anterioridad al 26 de diciembre de 2023. Esa falta de previsión legislativa generó,
además, incertidumbre y poca claridad sobre cómo se aplicaría el Examen de Estado,
y afectó también con ello la confianza legítima de los destinatarios de la mencionada
ley»10
En síntesis, el reproche de la Corte que condujo a otorgar efectos inter pares a la
sentencia de unificación encontró sustento en la expedición de tarjetas profesionales
de carácter provisional, ante un incumplimiento que no provino de los destinatarios de
la Ley 1905 de 2018, por lo menos no de quienes a partir del año 2022 empezaron a
9
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2024.
10
Ibidem.
9
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05068-01
Accionante: Dagoberto Mayorquín Barrero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia
solicitar la expedición de las mismas y a los que se les negó por cuenta de no haber
satisfecho el requisito de aprobar el examen de Estado cuya implementación y
realización ni siquiera dependía de ellos. Lo que motivó la inaplicación por
inconstitucionalidad del artículo 11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de
abril de 2024, que previó la categoría de tarjeta profesional provisional y su vigencia,
para que se les expidiera la tarjeta profesional definitiva a quienes ante la imposibilidad
a la que los sometió el Consejo Superior de la Judicatura, no habían podido acceder a
ella, así:
«(i) todas aquellas personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la
Ley 1905 de 2018 a quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido
tarjeta profesional provisional y que presentaron la solicitud de tarjeta antes de las cero
horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, fecha en la cual dicha entidad abrió las
inscripciones para la primera aplicación del Examen de Estado, y (ii) todas las personas
graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que
presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del 26 de
diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes para la
expedición de la tarjeta profesional»11
3.6. Caso concreto
En el asunto bajo estudio, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados, URNA, suspendió la vigencia de la tarjeta profesional
provisional de Dagoberto Mayorquín Barrero en aplicación del artículo 11 del Acuerdo
PCSJA24-12162 de 2024, que supeditó la vigencia a la publicación final de los
resultados de la prueba aplicada el 26 de mayo de 2024.
Luego de analizar los antecedentes del caso, el fundamento jurídico y los medios de
prueba allegados al expediente, la Sala advierte que hay lugar a amparar los derechos
fundamentales que el accionante consideró vulnerados, en tanto que la accionada con
su actuar transgredió el derecho a la igualdad, al trabajo, a la libre escogencia de la
profesión u oficio y al mínimo vital, por las razones que pasan a exponerse:
(i) Dagoberto Mayorquín Barrero inició sus estudios de derecho en la
Institución Universitaria Colegios de Colombia, UNINOC, el 30 de junio
de 201812, por lo que es destinatario de la Ley 1905 de 2018, en especial,
de la obligación de presentar el examen de Estado para acceder a la
tarjeta profesional que lo habilita para la representación de terceros en
su calidad de abogado.
(ii) En cumplimiento de dicha reglamentación, el accionante se inscribió para
la presentación del examen de idoneidad en la convocatoria 2024-I, el
día 5 de enero de 2024, esto es, cuando todavía no ostentaba la calidad
de egresado, pues su título de abogado lo obtuvo solo hasta el 30 de
enero de 202413.
11 Ibidem.
12Samai, índice 2, gestión otros despachos, archivo
5_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_19_9_20242_03_2_20240920110418085, folio 54.
13
Samai, índice 2, gestión otros despachos, archivo
5_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_19_9_20242_03_2_20240920110418085, folio 3.
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Accionante: Dagoberto Mayorquín Barrero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia
(iii) Mediante el anexo 2 de la Resolución núm. URNAR24 – 1814 se expidió
la lista de inadmitidos para la presentación del examen de Estado,
aplicación 2024-I, en la que se relacionó al accionante con la causal de
inadmisión del acuerdo PCSJA23-12127: «ARTÍCULO 1, NO ES
ABOGADO GRADUADO».
(iv) Inconforme con la decisión, Dagoberto Mayorquín Barrero interpuso
recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron
resueltos mediante la Resolución núm URNAR24-2854 del 14 de marzo
de 2024, a través de la cual se confirmó la inadmisión y se argumentó en
relación con la tarjeta provisional que «En caso de realizar este trámite, se
resalta que la tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional no
constituye ninguna limitante o impedimento para la vinculación laboral de sus
titulares en entidades públicas o privadas, teniendo en cuenta que, dicha
condición radica única y exclusivamente en el requisito de aprobar el examen
de Estado, con el que deben cumplir los graduados de las facultades de derecho
del país que hayan iniciado la carrera de derecho con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 1905 de 28 de junio de 2018. Según el parágrafo
transitorio 1 del artículo 2 del Acuerdo PSCJA22-11985 de 2022, quienes con
tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional no aprueben el examen
perderán la vigencia al publicarse los resultados definitivos de la prueba;
quienes conforme al parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 1905 de 2018 podrán
volver a presentarla hasta tanto aprueben el examen».
(v) El demandante presentó solicitud de expedición de tarjeta profesional de
abogado el día 15 de abril de 2024, la cual fue expedida el día 25 de abril
siguiente; no obstante, su vigencia estaba condicionada a la publicación
de los resultados de la primera prueba, tal como se advirtió en la
resolución que resolvió los recursos de reposición y apelación
interpuestos por el accionante.
(vi) El actor se inscribió para la presentación del examen 2024-II el 8 de junio
de 2024 y fue admitido mediante la Resolución núm. URNAR24-159 del
30 de agosto de 2024, en esta oportunidad se admitieron tanto a
abogados titulados como a egresados.
(vii) El 30 de agosto de 2024, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de Justicia suspendió los efectos de la tarjeta provisional de
abogado que le había sido expedida al actor, para dar cumplimiento a la
condición establecida en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-12162 de
2024 y en consecuencia no se encuentra vigente para el ejercicio de la
abogacía, específicamente, para la representación de terceros.
(viii) Para la Sala la decisión de suspensión que expidió la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia resulta a todas luces
desproporcionada e injusta, pues le impone la carga al actor de soportar
una consecuencia establecida para quienes habiendo presentado el
examen de Estado no lo aprobaron y en consecuencia no pueden
acceder a la tarjeta definitiva; no tanto así, para quien no ha tenido la
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Samai, índice 2, gestión otros despachos, archivo
5_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_19_9_20242_03_2_20240920110418085, folios 4 a 49.
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posibilidad de presentarlo; circunstancia que no se previó ni en los
acuerdos del C. S. de la J., ni en la sentencia de unificación mencionada,
pues justamente en aplicación del principio según el cual nadie está
obligado a lo imposible, no podía exigírsele al actor acreditar el requisito
de aprobar una prueba para la que no fue admitido. Así las cosas, la Sala
considera que la condición de vigencia de la tarjeta provisional resulta
contradictoria, pues el actor no tuvo la oportunidad de presentarse al
primer examen ya que no se había graduado, por lo cual no fue admitido
y cuando obtuvo el título ya se habían cerrado las inscripciones para la
práctica de este. Por lo anterior, no es claro por qué aun cuando ya había
sido negada su admisión a la primera prueba, le expidieron una tarjeta
con la condición de vigencia de la publicación de los primeros resultados,
siendo que él no la había presentado.
(ix) Para el caso concreto el actor no se ubica ni en los efectos inter pares de
la sentencia SU-128 de 2024, ya que no presentó su solicitud con
anterioridad al 26 de diciembre de 2023, ni en el argumento expuesto
para excluirlos15, por cuanto el mismo parte del supuesto de que todos
los portadores de una tarjeta provisional con posterioridad a la citada
fecha tuvieron la posibilidad de presentar el examen, lo cual no ocurrió
frente a la convocatoria 2024-I, pues para su admisión se exigía ser
abogado titulado, calidad que no ostentaba el accionante y que tampoco
debía ponerlo en una condición de desventaja, por lo que correspondía
al C. S. de la J. prever esa situación en los acuerdos que regulaban la
prueba y su implementación, toda vez que sí estableció las
consecuencias de no acreditar su aprobación haciéndolas extensivas,
inclusive, a una situación que quedó en el limbo, como lo es la de los
egresados inadmitidos por no haberse graduado y que luego fue
modificada para la segunda convocatoria, actuaciones que claramente
vulneran los derechos fundamentales del accionante.
(x) Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala el actor no se encontraba
dentro del supuesto de hecho exigido en el Acuerdo PCSJA24-12162 de
2024 para que se le suspendiera su tarjeta profesional provisional, por lo
que la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo y al mínimo vital.
IV. CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia del 17 de octubre de 2024 que
profirió la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la medida en que declaró
15
«249. La Sala encuentra que la situación es distinta, en cambio, frente a las personas destinatarias de la Ley
1905 que presentaron la solicitud de tarjeta profesional a partir del 26 de diciembre de 2023. Para la Corte, la
habilitación que el Consejo Superior de la Judicatura hizo de las inscripciones para la primera convocatoria
del examen, acompañada de la indicación de una fecha determinada para la realización de esa primera
aplicación de la prueba (26 de mayo de 2024), activó la posibilidad del cumplimiento del requisito y, con
ello, su eficacia jurídica y exigibilidad. Eso explica por qué la Corte, en principio, no extenderá a estas
personas los efectos inter pares de esta decisión» (Negrillas fuera del texto original).
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05068-01
Accionante: Dagoberto Mayorquín Barrero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia
improcedente la acción de tutela por no haberse superado el requisito de
subsidiariedad.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 17 de octubre de 2024 que profirió el Consejo
de Estado, Sección Quinta por las razones consignadas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al
mínimo vital de Dagoberto Mayorquín Barrero.
TERCERO: ORDENAR a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura que amplíe la vigencia de la tarjeta
profesional provisional de abogado No. 427.282 cuyo titular es Dagoberto Mayorquín
Barrero hasta la publicación de los resultados de la segunda prueba del examen de
Estado de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado, establecido en la
Ley 1905 de 2018, a la que aplicó el accionante en virtud de la convocatoria 2024-II.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
PAPB/SEJV
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