Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04651-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04651-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04651-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
26 de septiembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04651-00
Accionante: Jonathan Arcila Vasco
Concede el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04651-00
Accionante: Jonathan Arcila Vasco
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia
Temas: Acción de tutela por acción u omisión de autoridad judicial / Vigencia de la tarjeta profesional
provisional / Se concede el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la sala a resolver la acción de tutela presentada por Jonathan Arcila Vasco contra
la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior
de la Judicatura. El actor considera que esas autoridades vulneraron sus derechos
fundamentales al trabajo y mínimo vital al suspender la vigencia de su tarjeta profesional
provisional de abogado.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y en el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- Jonathan Arcila Vasco interpuso acción de tutela contra la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura con el
propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo y mínimo vital. A
su juicio, la autoridad accionada transgredió ese derecho al suspender la vigencia de su
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tarjeta profesional provisional de abogado.
2.- En la acción de tutela se formularon las pretensiones que se transcriben a continuación:
<<Primero: Tutelar los derechos al Trabajo al Mínimo Vital al Principio de Confianza
Legítima y Excepción de Inconstitucionalidad.
Segundo: En consecuencia, de lo anterior, Ordenarle, al Consejo Superior de la Judicatura
levantar la Suspensión de mi tarjeta Profesional y en efecto dejarla vigente de manera
provisional con la observación de: hasta que se publique[n] los resultados del examen de
idoneidad que se realizará el 20 de octubre del 2024”
Tercero: Conceder de manera ultra y extrapetita los derechos que se ajusten a mi situacion
fáctica señalada en los hechos>>.
3.- Mediante auto del 10 de septiembre de 2024, el despacho del magistrado ponente
admitió la acción de tutela y decretó la medida provisional solicitada por el accionante,
consistente en dejar sin efectos la suspensión de su tarjeta profesional provisional de
abogado –tarjeta 426.473– hasta que se profiera sentencia que resuelva su solicitud de
amparo.
B. Hechos
4.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
4.1.- El 22 de marzo de 2024 recibió su título profesional de abogado en la Corporación
Universitaria Americana - sede Medellín.
4.2.- El 22 de diciembre de 2023 se inscribió para presentar el examen de Estado de
abogados, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA23-12127 de esa misma
fecha. Sin embargo, en febrero de 2024 se le informó que no había sido admitido para
presentar el examen porque para la fecha no era un abogado graduado.
4.3.- El 11 de abril de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura expidió su tarjeta
profesional, con vigencia provisional. En el certificado de vigencia, expuso que, <<de
conformidad con la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo PCSJA22-11985>>, la tarjeta profesional
tendría vigencia <<hasta la publicación de los resultados de la primera prueba>>.
4.4.- El 22 de marzo de 2024 presentó una petición al Consejo Superior de la Judicatura,
en la cual expuso su inconformidad con la suspensión de la vigencia de su tarjeta
profesional tras la publicación de los resultados del examen al cual no fue admitido.
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4.5.- El 11 de junio de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura respondió su petición. Le
informó que <<no hay posibilidad de extender la vigencia de su tarjeta profesional
provisional; sin embargo, desde el 6 de junio de 2024 al 4 de julio de 2024 el Consejo
Superior de la Judicatura abrió la convocatoria para la inscripción al examen de Estado de
idoneidad para abogados de la Ley 1905 de 2018 - Aplicación 2024-II a través del link:
https://examenley1905.ramajudicial.gov.co>>.
4.6.- El 2 de septiembre de 2024 le fue notificada (i) su admisión para presentar el examen
de Estado que se realizaría el 20 de octubre de 2024 y (ii) la Resolución URNAR24-158,
por la cual se suspendió la vigencia de su tarjeta profesional debido a que no acreditó haber
aprobado el examen de Estado de la Ley 1905 de 2019.
C. Fundamentos de la vulneración
5.- El accionante afirma que con la suspensión de la vigencia de su tarjeta profesional de
abogado, la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales al trabajo y al mínimo
vital y el principio de confianza legítima. Alega que actualmente se desempeña como
abogado litigante y ese trabajo es su <<único medio laboral y de subsistencia>> para su
cuidado y el de su núcleo familiar, compuesto por su madre de 67 años y su hijo de 2 años
y 10 meses, <<personas de especial protección constitucional y que se encuentran en
riesgo inminente si [se queda] sin [su] fuente de ingresos>>. Sostiene que es ilógico que la
vigencia de su tarjeta profesional de abogado esté condicionada a la publicación de los
resultados de un examen al que no fue admitido.
D. Oposiciones e intervenciones
6.- La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia solicitó que se
negara el amparo por considerar que no existe una vulneración a los derechos
fundamentales del accionante. Afirmó que no ha recibido peticiones del accionante en las
que manifieste su inconformidad con el acto administrativo que suspendió la vigencia de su
tarjeta profesional y tampoco tiene conocimiento de que haya interpuesto un medio de
control para controvertir su legalidad, por lo que cuestiona que la acción supere el requisito
de subsidiariedad.
6.1.- Por otro lado, sostuvo que no se puede alegar la vulneración generalizada del derecho
al trabajo, toda vez que la expedición de la tarjeta profesional solo se requiere para la
representación de terceros y no para el ejercicio de la profesión en general.
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6.2.- Finalmente, en relación con el cumplimiento de la medida provisional decretada
mediante el auto del 10 de septiembre de 2024, afirmó que el 13 de septiembre de 2024
expidió la aclaración del acta de registro No. 33529, por medio de la cual se dejó sin efectos
la suspensión de la vigencia de la tarjeta profesional del accionante y se restableció su
vigencia hasta que se profiera el fallo en la presente acción de tutela. Envió copia de dicha
aclaración de acta y del oficio mediante el cual se puso en conocimiento del accionante.
II. CONSIDERACIONES
7.- La sala amparará los derechos fundamentales del accionante y –como lo ha hecho en
acciones de tutela similares1– ordenará a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura mantener la vigencia de la
tarjeta profesional provisional de abogado de Jonathan Arcila Vasco –tarjeta 426.473–
hasta la publicación de los resultados de la segunda prueba del examen de Estado de
idoneidad para abogados de la Ley 1905 de 2018 (Aplicación 2024-II), a la cual el
accionante fue admitido.
7.1. De acuerdo con la información enviada por el accionante y por la entidad accionada,
está probado que: (i) el accionante recibió su título profesional de abogado el 22 de marzo
de 2024; (ii) el 22 de diciembre de 2023, el accionante se inscribió al examen de Estado de
la Ley 1905 de 2018; sin embargo, no fue admitido por no ser abogado graduado, (iii) el 11
de abril de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura expidió su tarjeta profesional con
vigencia provisional <<hasta la publicación de los resultados de la primera prueba>>; y (iv)
el 30 de agosto, mediante la Resolución No. URNAR24-158, la entidad accionada
suspendió la vigencia de las tarjetas profesionales de los abogados con anotación
provisional –entre las cuales estaba la del accionante–.
7.2.- De lo anterior, resulta claro que el accionante es destinatario de la Ley 1905 de 2018
y, por lo tanto, debe cumplir con el requisito de presentación y aprobación del examen de
Estado de idoneidad para abogados para la expedición de su tarjeta profesional de
abogado. No obstante, no por ello es cierto que la vigencia de su tarjeta profesional
provisional esté condicionada a la aprobación de la primera prueba del examen de Estado,
toda vez que el accionante no fue admitido a esa prueba, pues aún no se había graduado,
y, en ese sentido, debía esperar para inscribirse en la nueva convocatoria.
1
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia 24 de julio de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-
02740-00 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia 5 de agosto de 2024, radicado 11001-03-15-
000-2024-03695-00.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04651-00
Accionante: Jonathan Arcila Vasco
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8.- La sala advierte que el objeto de la presente acción de tutela recae sobre la vigencia de
la tarjeta profesional provisional y la aplicación de una consecuencia jurídica –la suspensión
de esa vigencia tras la publicación de los resultados de la primera prueba del examen de
Estado– a un supuesto fáctico que no es el contemplado por la norma, a saber: una persona
a quien se le expidió la tarjeta profesional provisional pero no presentó el examen de Estado
porque no podía inscribirse porque no se había graduado.
8.1.- Para la sala, la aplicación de esa consecuencia al caso del accionante vulnera sus
derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital, por cuanto, como alega el actor en el
escrito de tutela, ejerce la profesión como abogado litigante y la suspensión de su tarjeta
profesional provisional, por una causa que no le es atribuible, le impide el ejercicio de la
representación de personas naturales o jurídicas.
8.2.- La vulneración de los derechos tiene su fuente en la suspensión de la vigencia de la
tarjeta profesional del accionante con la publicación de los resultados de la primera prueba
del examen de Estado, pues esa consecuencia jurídica está prevista para quienes
presentaron la prueba cuyos resultados ya fueron publicados. Para el caso del accionante,
esa consecuencia resulta desproporcionada si se tiene en cuenta que este no tuvo la
posibilidad de presentarse a la primera prueba, pues no cumplía con el requisito previsto
en el Acuerdo PCSJA23-12127 de 22 de diciembre de 2023, esto es, haber obtenido el
título de abogado antes del cierre de inscripciones (23 de enero de 2024).
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital de
Jonathan Arcila Vasco.
SEGUNDO: ORDÉNASE a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura que tome las medidas necesarias para
ampliar el término de la vigencia de la tarjeta profesional provisional de abogado de
Jonathan Arcila Vasco –tarjeta 426.473– hasta la publicación de los resultados de la
segunda prueba (Aplicación 2024-II) del examen de Estado de idoneidad para el ejercicio
de la profesión de abogado – Ley 1905 de 2018.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04651-00
Accionante: Jonathan Arcila Vasco
Concede el amparo
TERCERO: LEVÁNTASE la medida provisional decretada en el auto del 10 de septiembre
de 2024.
CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado este fallo, por Secretaría
ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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