Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03695-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03695-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03695-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
6 de agosto de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, seis (6) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03695-00
Demandante: JESÚS ANDRÉS OROZCO RUBIANO
Demandado: UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA
Asunto: VIGENCIA DE TARJETAS PROVISIONALES DE
ESTUDIANTES DE DERECHOS NO GRADUADOS.
ACCEDE AL AMPARO
Síntesis del caso: el actor reclamó la protección de sus derechos fundamentales porque su tarjeta
provisional de abogado perdió vigencia, sin tenerse en cuenta que obtuvo su título profesional
con posterioridad a la fecha de inscripción a la primera prueba de implementación del examen de
Estado para el ejercicio de la profesión de abogado (Ley 1905 de 2018), el cual era un requisito
necesario para la postulación.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el señor Jesús Andrés Orozco Rubiano
en contra de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura para la protección de sus derechos fundamentales al
libre desarrollo y al trabajo consagrados en los artículos 16 y 25 de la Constitución
Política, presuntamente vulnerados por haberse vencido la vigencia de su tarjeta
provisional de abogado sin presentar el examen de Estado.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
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Mediante escrito radicado el 17 de julio de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03695-00
Actor: Jesús Andrés Orozco Rubiano
Acción de tutela
1) Inició sus estudios de derecho en la Corporación Universitaria Republicana en el primer
periodo académico del 2019 y los culminó el 30 de noviembre de 2023, motivo por el cual
debe presentar el examen de idoneidad previsto en la Ley 1905 de 2018.
2) El Consejo Superior de la Judicatura abrió el proceso de inscripción del examen de
Estado antes aludido, desde las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023 hasta las
veinticuatro horas (24:00) del 23 de enero de 2024, de conformidad con el Acuerdo
PCSJA23-12127 de 22 de diciembre de 2023, convocatoria únicamente para abogados,
motivo por el cual no se pudo inscribir debido a que para la fecha límite allí prevista no se
había graduado, pues, recibió el título de abogado 24 días después, esto es, el 16 de
febrero de 2024.
3) Con fundamento en el Acuerdo PCSJA22-11985 de fecha 29 de agosto de 2022,
solicitó la expedición de la tarjeta profesional de abogado provisional, la cual fue otorgada
el 29 de febrero de 2024, con número 424.612 y gozaba de vigencia hasta la publicación
de los resultados de la primera prueba -18 de julio de 2024-.
4) Posteriormente, solicitó información al Registro Nacional de Abogados del Consejo
Superior de la Judicatura con el fin de que se aclarara cómo opera la vigencia de la tarjeta
profesional de abogado provisional en los casos en que no se presentó el examen por no
tener el título profesional.
5) El 10 de abril siguiente, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura le respondió que el Alto Tribunal
Constitucional ha manifestado que la profesión de abogado no se ejerce únicamente en
el litigio, sino que también se ejerce de una manera extraprocesal en el ejercicio de
funciones judiciales, cátedra universitaria y otras como ser notario entre otras como
asesoría, asimismo, que “conforme lo dicho en el parágrafo transitorio 1 del artículo 2 del
Acuerdo PSCJA22- 11985 de 2022, quienes teniendo tarjeta profesional de abogado con
vigencia provisional no aprueben el examen, perderán la vigencia de la misma al
momento de publicación de los resultados definitivos de la prueba; quienes conforme al
parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 1905 de 2018, podrán volver a presentarla hasta tanto
aprueben el examen”.
6) Por otra parte, le respondió que, una vez se publiquen los resultados definitivos del
primer examen, quienes no lo aprueben sus tarjetas profesionales provisionales también
perderán vigencia, así como las de aquellos que no hayan realizado la solicitud de
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03695-00
Actor: Jesús Andrés Orozco Rubiano
Acción de tutela
expedición y sean sujetos de la Ley 1095 de 2018; sin embargo, aclaró que aunque no
podrán ejercer la profesión en representación de terceros, sí podrán hacerlo en los demás
ámbitos.
7) Por tercera vez solicitó que se le brindara la información de manera más precisa frente
a su caso puntual, en los mismos términos de la segunda petición.
8) No obstante, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
del Consejo Superior de la Judicatura le reiteró las razones expuesta en la respuesta del
10 de abril de 2024.
Fundamentos de la vulneración
El actor señaló que culminó sus estudios de pregrado en derecho el 23 de enero de 2024,
esto es, antes de que se cerraran las inscripciones a la primera convocatoria para realizar
el examen habilitante para ejercer la profesión de abogado previsto en la Ley 1905 de
2018; no obstante, no pudo inscribirse a dicha convocatoria dado que obtuvo el título
profesional en una fecha posterior -16 de febrero de 2024- y ese era un requisito
necesario para inscribirse.
Por lo anterior, teniendo en cuenta que su tarjeta provisional de abogado tenía vigencia
hasta que se publicaran los resultados de la primera prueba -18 de julio de 2024-
consideró que se restringió el ejercicio de la profesión en desconocimiento de la
imposibilidad de presentar dicha prueba para obtener su tarjeta profesional definitiva, lo
cual le impide trabajar.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“PRIMERO: Se ordene a la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE
ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA que mantenga la vigencia de la tarjeta profesional provisional
número 424.612 hasta tanto se publiquen y queden en firme los resultados de
las segundas pruebas Ley 1905 de 2018 (2024-2), por ser esta la única
convocatoria a la que tuvo acceso este profesional del derecho.
SEGUNDO: Se ordene a la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE
ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA que regule mediante acuerdo la presente situación a efectos
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03695-00
Actor: Jesús Andrés Orozco Rubiano
Acción de tutela
de evitar lesión y/o amenaza de los derechos fundamentales constitucionales
aquí́ invocados para su protección.
TERCERO: Se ordene que la sentencia que resuelva favorablemente las
pretensiones de la presente demanda extienda efectos erga omnes, lo anterior
en procura de salvaguardar las garantías constitucionales de todos los
profesionales del derecho que presentan idéntica problemática en todo el
territorio nacional.
CUARTO: Las demás que considere su honorable despacho”.
Actuación procesal
Mediante auto de 22 de julio de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, así como la vinculación la Corporación
Universitaria Republicana, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.
Adicionalmente, se negó la medida cautelar solicitada sobre mantener vigente la tarjeta
provisional del actor, hasta tante de resuelva de fondo la acción de tutela de la referencia.
Intervenciones de las autoridades demandadas
La Corporación Universitaria Republicana confirmó los datos referentes a los estudios del
actor y solicitó que se niegue el amparo en lo que a esa institución refiere porque no ha
vulnerado sus derechos.
La Unidad del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia manifestó que
tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional se han pronunciado frente a la
expedición de tarjetas profesionales de abogado con vigencia provisional por parte del
Consejo Superior de la Judicatura.
Por un lado, la Corte Constitucional en sentencia SU-128 de 2024 sostuvo que “la
creación y expedición de una tarjeta profesional que habilitó para algunos abogados el
ejercicio de la profesión de manera provisional y no definitiva, por no haber presentado
un examen que aún no había sido implementado, es contraria a la Constitución en tanto
implica: (i) una extralimitación de las competencias del C. S. de la J. en un asunto que
tiene reserva de ley y (ii) una restricción injustificada a la libertad de ejercer la profesión,
por lo demás con graves implicaciones para la seguridad jurídica, el principio de confianza
legítima y el acceso de la ciudadaniza a la administración de justicia”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03695-00
Actor: Jesús Andrés Orozco Rubiano
Acción de tutela
Por su parte, la Subsección B de la Segunda del Consejo de Estado manifestó que “no
era posible para la entidad accionada crear o disponer modalidades de tarjeta profesional
de abogados, que no se encuentra expresamente reguladas en la ley, Maxime cuando
tal aspecto no fue previsto ni desarrollado por el legislador en la Ley 1905 de 2018, por
lo que resulta que conceder este tipo de documentos se convierte en una restricción para
el particular que carece de fundamento legal”.
De igual manera, mencionó que la Corte Constitucional como máxima entidad judicial
encargada de velar por los derechos fundamentales y salvaguardar la Carta Magna, en
sede de revisión, inaplicó por inconstitucional2 el artículo 11 transitorio del Acuerdo
PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024, el cual estableció́ la tarjeta profesional con
vigencia provisional para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018.
De conformidad con lo anterior, tiene deber legal de cumplir lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-128 de 18 de abril de 2024, por tanto, no era posible
acceder a la pretensión de ampliar la vigencia provisional de la tarjeta profesional al señor
Orozco Rubiano, dado que no se cuenta con sustento normativo para ello.
Aclaró que la fecha de publicación de los resultados finales de la aplicación al examen
de Estado del período 2024-I es el 1 de agosto de la presente anualidad, por tanto, no es
cierto que la vigencia de las tarjetas profesionales provisionales expiró el 18 de julio de
2024.
Por otra parte, aseveró que, a partir de la vigencia de la Ley 1905 de 2018, el actor puede
ejercer otras actividades sin necesidad de contar con la tarjeta profesional y por último,
señaló que el actor se encuentra inscrito para presentar el examen de Estado el próximo
20 de octubre de 2024.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
2
Mediante sentencia de unificación 128 de 2024, con base en el proceso de revisión en los expedientes T-
9.201.808, T- 9.286.215 y T-9.374.174.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03695-00
Actor: Jesús Andrés Orozco Rubiano
Acción de tutela
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del
debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por
haberse vencido la vigencia de su tarjeta provisional de abogado sin haber tenido la
posibilidad de presentar el examen de Estado.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala amparará los derechos
fundamentales del actor en el sentido de ordenar ampliar la vigencia de la licencia
provisional que ya le fue reconocida por las siguientes razones:
1) De conformidad con las pruebas que reposan en el expediente digital se tiene por
demostrado que i) el actor recibió su título profesional de abogado el 16 de febrero de
2024 y ii) el 29 de febrero de 2024 le fue expedida la tarjeta provisional de abogado hasta
“la publicación de los resultados de la primera prueba”.
2) Sobre estos supuestos fácticos, es preciso recordar que la Ley 1905 de 2018
estableció que para el ejercicio de la profesión de abogado, además de los requisitos
exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de
aprobación del examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la
Judicatura (artículo 1), certificación que, a su turno, será requisito para la expedición de
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03695-00
Actor: Jesús Andrés Orozco Rubiano
Acción de tutela
la respectiva tarjeta profesional de abogado (parágrafo 2, artículo 1) y esta exigencia
aplica a quienes iniciaran la carrera de derecho luego de la promulgación de la ley, es
decir, el 28 de junio de 2018 (artículo 2) .
3) Ahora bien, mediante el Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, el Consejo
Superior de la Judicatura, entre otras, fijó reglas sobre la expedición de las tarjetas
profesionales de abogados y, concretamente, sobre el aquellas personas destinatarias
de la Ley 1905 de 2018 se señaló (se trascribe):
“Parágrafo transitorio 1. Mientras se desarrollan las fases necesarias para la
implementación del Examen de Estado, los destinatarios de la Ley 1905 de
2018, podrán solicitar, sin la acreditación del certificado de aprobación del
examen, su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de
la Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta la
publicación de los resultados de la primera prueba.
Parágrafo transitorio 2. Las Tarjetas Profesionales de Abogados que se expidan
bajo las condiciones del parágrafo anterior, contendrán la denominación
“Provisional”.
Parágrafo transitorio 3. Quienes obtengan la Tarjeta Profesional de Abogado
con vigencia provisional, en los términos del presente Acuerdo, una vez sea
dispuesta la aplicación del Examen del Estado, deberán presentarlo y acreditar
su aprobación, para efectos de que les sean expedidas las respectivas tarjetas
profesionales de abogado.”.
4) Luego, a través del Acuerdo PCSJA23-12127 de 22 de diciembre de 2023, se dio
apertura a la etapa de inscripciones para la presentación del examen de Estado señalado
en la Ley 1905 de 2018 (Aplicación 2024-I) y en dicho reglamento se indicó que los
interesados en la aplicación de la respectiva prueba debían cumplir alguno de los
siguientes requisitos (se trascribe):
“a) Abogados graduados de una institución de educación superior reconocida
oficialmente, que iniciaron sus estudios de derecho después del 28 de junio de
2018.
b) Abogados que cuentan con tarjeta profesional de abogado con vigencia
provisional, en los términos del Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de
2022.
c) Abogados cuyo título haya sido otorgado por institución de educación
superior extranjera, que hayan iniciado su carrera después del 28 de junio de
2018. Para inscribirse deberán contar con la resolución de convalidación, como
abogado, del Ministerio de Educación Nacional.”
5) Aunado a ello, fijó como fecha de inicio el 26 de diciembre de 2023 y como fecha de
cierre de la etapa de inscripción el 23 de enero de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03695-00
Actor: Jesús Andrés Orozco Rubiano
Acción de tutela
6) Con los Acuerdos PCSJA24-12162 y PCSJA24-12163 de 9 de abril de 2024, el
Consejo Superior de la Judicatura dispuso que i) el abogado destinatario de la Ley 1905
de 2018 podrá solicitar, sin acreditar la aprobación del examen de estado, el registro y
expedición de tarjeta profesional provisional, cuya vigencia irá hasta la publicación final
de los resultados de la prueba aplicada el 26 de mayo de 2024, y ii) para el 2024 se
realizarían 2 aplicaciones del examen de Estado: una el 26 de mayo y la otra el 20 de
octubre.
7) Por su parte, en la sentencia SU-128 de 2024, la Corte Constitucional, indicó sobre la
aplicación y exigibilidad de examen de Estado como requisito para obtener la tarjeta
profesional de abogado lo siguiente (se trascribe):
“246. En consecuencia, la Sala ordenará al C. S. de la J. expedirle a los
accionantes la tarjeta profesional de abogado con carácter definitivo y sin la
exigencia de aprobación del Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de
2018. Mientras el C. S. de la J. expide las tarjetas profesionales definitivas a los
accionantes y las personas cobijadas con los efectos inter pares de esta
providencia, se entenderá que las tarjetas profesionales provisionales que
actualmente portan tienen carácter de permanentes. Lo anterior, bajo el
entendido de que para estas personas, como ya se advirtió, los requisitos
eficaces y factibles de satisfacer al momento de hacer la solicitud de su tarjeta
profesional de abogados eran los previstos con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 1905 de 2018. En esta medida, cuando dichas personas
solicitaron su tarjeta profesional satisfacían todos los requisitos aplicables en
ese momento para obtener su tarjeta profesional de abogados con carácter
permanente. Esta decisión respeta, además, el acceso a la administración de
justicia y la confianza legítima de los ciudadanos que han sido o están siendo
representados por estos abogados.
247. Además, la Sala, con el fin de proteger el derecho a la igualdad, otorgará
efectos inter pares a esta decisión, y en virtud de ellos dispondrá que estas
mismas órdenes deberán cumplirse frente a: (i) todas aquellas personas
graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 a
quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido tarjeta
profesional provisional y que presentaron la solicitud de tarjeta antes de las cero
horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, fecha en la cual dicha entidad abrió
las inscripciones para la primera aplicación del Examen de Estado, y (ii) todas
las personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905
de 2018 que presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de las cero
horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan los
demás requisitos vigentes para la expedición de la tarjeta profesional.”
8) Lo anterior da cuenta de que la Corte ordenó la expedición de tarjetas profesionales
de carácter definitivo, sin necesidad del requisito del examen de Estado de la Ley 1905
de 2018, únicamente a aquellos que presentaron la solicitud para obtener la tarjeta
profesional antes del 26 de diciembre de 2023.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03695-00
Actor: Jesús Andrés Orozco Rubiano
Acción de tutela
9) Asimismo, en esa decisión la Corte explicó el alcance y los efectos de esa decisión,
así:
“248. Para extender los efectos de la decisión a las personas señaladas, la
Corte tiene en cuenta que estas, al igual que los accionantes, al momento de
graduarse del pregrado en Derecho y presentar su solicitud de tarjeta
profesional, estaban imposibilitadas para satisfacer el requisito de aprobación
del Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018, pero acreditaban todos
los demás requisitos vigentes. En efecto, como ya se indicó, antes del 26 de
diciembre de 2023, el C. S. de la J. no había habilitado la inscripción para la
primera prueba del examen, lo que implica que materialmente el requisito de
aprobación del mencionado examen era imposible de cumplir y, en esa medida,
inexigible, en aplicación del principio general del derecho según el cual nadie
está obligado a lo imposible.
249. La Sala encuentra que la situación es distinta, en cambio, frente a las
personas destinatarias de la Ley 1905 que presentaron la solicitud de tarjeta
profesional a partir del 26 de diciembre de 2023. Para la Corte, la habilitación
que el Consejo Superior de la Judicatura hizo de las inscripciones para la
primera convocatoria del examen, acompañada de la indicación de una fecha
determinada para la realización de esa primera aplicación de la prueba (26 de
mayo de 2024), activó la posibilidad del cumplimiento del requisito y, con ello,
su eficacia jurídica y exigibilidad. Eso explica por qué la Corte, en principio, no
extenderá a estas personas los efectos inter pares de esta decisión”.
10) Aunado a ello, conviene anotar que mediante el Acuerdo PCSJA24-12188 de 30 de
mayo de 2024 se dio apertura a la etapa de inscripciones para la presentación del examen
de Estado señalado en la Ley 1905 de 2018 (aplicación 2024-II – prueba de 20 de octubre
de 2024).
11) De este reglamento es importante resaltar que i) amplió los posibles aspirantes a
examen, pues, permitió inscribirse a egresados no graduados que hayan culminado y
aprobado satisfactoriamente la totalidad del plan de estudios del programa de derecho,
ii) fijó como periodo de inscripción para la prueba de 20 de octubre de 2024 hasta el 6 de
junio al 4 de julio de 2024, y iii) previó la posibilidad de que quienes no superaron el
puntaje de la media nacional en la Aplicación 2024-I pudieran volver a inscribirse, esta
vez para la aplicación 2024-II, entre el 19 y el 25 de julio de 2024.
12) Bajo este entendido, la Sala advierte que el actor es destinatario de la Ley 1905 de
2024 y, en consecuencia, le son exigibles tanto la aprobación del examen de Estado
como la certificación de la misma para la expedición de una tarjeta profesional de
abogado definitiva, a pesar de que para la fecha en que obtuvo el título de abogado (16
de febrero de 2024) ya había cerrado la etapa de inscripciones para la aplicación 2024-,
además, actualmente, ya pasó la etapa de inscripciones para la aplicación 2024-II y dicha
prueba está prevista para el 20 de octubre de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03695-00
Actor: Jesús Andrés Orozco Rubiano
Acción de tutela
13) En consecuencia, no hay duda que le son exigibles tales requisitos que están
dispuestos en la ley y que fueron declarados ajustados a la Constitución por el Alto
Tribunal Constitucional para hacerse acreedor de una tarjeta profesional definitiva, de
modo que le asiste razón a la entidad accionada en punto a que no es posible expedirle
una tarjeta profesional sin el pleno cumplimiento de tales requisitos.
14) Sin embargo, en este caso la controversia recae es sobre la vigencia de la tarjeta
provisional que le fue expedida al actor, puesto que, conformidad con los acuerdos antes
referenciados, la vigencia de tales tarjetas provisionales sería hasta (se trascribe) “la
publicación de los resultados de la primera prueba”, es decir, en dichos actos la fecha no
fue definida para quienes estuvieran en el supuesto del actor.
15) Así las cosas, bien sea que se tome el día anterior a que se habiliten las inscripciones
a la aplicación de la prueba para el periodo 2024-II para los aspirantes que no superaron
los puntajes requeridos en la aplicación 2024-I, esto es, el 18 de julio de 2024 o el día
anterior a la presentación de la segunda prueba de 2024, es decir, el 19 de octubre de
2024, en todo caso es forzoso concluir que la norma se aplicó a un supuesto fáctico no
previsto en los acuerdos y cuya extensión implica, sin duda alguna, una vulneración de
los derechos al trabajo y al libre desarrollo de la profesión para quien ya se graduó como
abogado.
16) Por tal razón y como lo ordenó recientemente esta misma Sala de Subsección en un
caso casi idéntico3,se ordenará al Consejo Superior de la Judicatura que adopte las
medidas necesarias para ampliar la vigencia de la tarjeta profesional provisional del
accionante hasta que sean publicados los resultados de la segunda prueba, esto es, de
la prueba que será llevada a cabo el 20 de octubre de 2024.
17) Lo anterior, por cuanto la decisión de mantener la vigencia de la tarjeta profesional
únicamente hasta los resultados de la primera prueba resulta ser desproporcionada, si
se tiene en cuenta que la parte actora no tuvo la posibilidad de presentarse a la misma,
dados los requisitos que se previeron para aquella en el Acuerdo PCSJA23-12127 de 22
de diciembre de 2023, esto es, haber obtenido el título previo cierre de inscripciones (23
de enero de 2024).
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia 24 de julio de 2024, rad. 11001-03-15-
000-2024-02740-00.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03695-00
Actor: Jesús Andrés Orozco Rubiano
Acción de tutela
18) Lo anterior, en la medida que solo hasta el 26 de febrero de 2024 fue que el señor
Orozco Rubiano cumplió tal requisito y, por tal razón, fue a partir de ese momento que le
asistía el derecho a presentarse a la aplicación 2024-II del examen de idoneidad,
situación distinta es que mismo reglamento de la aplicación 2024-II, es decir, el Acuerdo
PCSJA24-12188 de 30 de mayo de 2024, permitió que aplicaran a la segunda prueba
egresados no graduados pero con el respectivo plan de estudio aprobado en su totalidad.
19) Ahora bien, se recuerda que la autoridad demandada en la contestación señaló que
no está facultada para expedir más tarjetas provisionales debido a que mediante
sentencia SU-128 de 2024 la Corte Constitucional inaplicó por inconstitucional el artículo
11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024 del Consejo Superior
de la Judicatura que prevé la categoría de tarjeta profesional provisional para los
destinatarios de la Ley 1905 de 2018, por tanto, no puede ampliar la vigencia de la que
previamente le había expedido al accionante.
20) No obstante, debe precisarse que la razón de esa inaplicación encuentra asidero en
que algunos egresados obtuvieron el título de abogado y solicitaron la expedición de la
tarjeta profesional, no obstante, se le expidió la tarjeta provisional hasta tanto aprobaran
la primera prueba del examen de Estado, el cual ni siquiera estaba habilitado, de modo
que la Corte consideró que el artículo 11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de
abril de 2024 del Consejo Superior de la Judicatura que prevé la categoría de tarjeta
profesional provisional hasta la aprobación del examen era inexigible e ineficaz para esas
personas, ya que la posibilidad de inscripción al Examen de Estado era atribuible
únicamente a dicha autoridad, por tanto, debía expedir con carácter definitivo las tarjetas
profesionales de las personas que se encontraran en esa situación.
21) Conforme con lo expuesto, no es cierto que la autoridad demanda no esté facultada
para expedir tarjetas provisionales cuando se cumplan los requisitos de ley o, para
ampliar la vigencia de la que previamente le había expedido al actor, pues, la
extralimitación a la que se hace referencia en la sentencia de unificación, está relacionada
con la exigencia del Consejo Superior de la Judicatura en el cumplimiento de una
condición sin existir si quiera la posibilidad de llevarla a cabo, de ahí que en esos casos,
no podía expedir más tarjetas provisionales, sino definitivas.
22) Así las cosas, con fundamento en las razones expuestas, la Sala amparará los
derechos fundamentales al trabajo y libre desarrollo a la profesión del actor y, en
consecuencia, ordenará al Consejo Superior de la Judicatura que amplíe el término de la
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-03695-00
Actor: Jesús Andrés Orozco Rubiano
Acción de tutela
vigencia de la Tarjeta profesional provisional no. 424.612, hasta que se publiquen los
resultados de la segunda prueba.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Amparánse los derechos fundamentales al trabajo y al libre desarrollo a la profesión
invocados por el señor Jesús Andrés Orozco Rubiano, por las razones expuestas en esta
providencia.
2º) Órdénase al Consejo Superior de la Judicatura que tome las medidas necesarias
para ampliar el término de la vigencia de la Tarjeta Profesional Provisional no. 424.612,
expedida el 4 de abril del 2024 a nombre del señor Jesús Andrés Orozco Rubiano, hasta
la publicación de los resultados de la segunda prueba (aplicación 2024-II) del examen de
Estado de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado – Ley 1905 de 2018.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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