Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04538-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04538-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-04538-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
5 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04538-01
Accionante: EDWIN BEKENBAWER MAHECHA CRUZ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES
DE LA JUSTICIA
Tema: Tutela por presunta mora en la expedición de la tarjeta
profesional / carencia actual por hecho superado
Acción de tutela - sentencia de segunda instancia
La Sala de Subsección decide la impugnación formulada por el
accionante en contra de la sentencia del 23 de septiembre de 2022,
mediante la cual la Sección Tercera, Subsección C de esta corporación
declaró carencia actual por hecho superado.
I. ANTECEDENTES
El accionante, actuando en nombre propio y en ejercicio del artículo 86
de la Constitución, interpuso acción de tutela en contra de la Unidad
Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura, por la presunta violación de los derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo y de petición.
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04538-01
Accionante: Edwin Bekenbawer Mahecha Cruz
1. HECHOS
1.1. El 29 de junio del año 2022, según el acta de grado n.º 5982 y
el registro calificado SNIES 101401, el accionante se graduó como
abogado de la Universitaria de Colombia.
1.2. El 30 de junio de 2022, se registró en la página oficial del SIRNA,
a fin de solicitar la tarjeta profesional como abogado.
1.3. En virtud de lo anterior, el 13 de agosto del presente año, la
Unidad de Registro Nacional de abogados y auxiliares de la justicia
Consejo Superior de la Judicatura le comunicó que la universidad no le
había enviado la información acerca de la fecha en que inició su carrera
de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1905 de 2018. En ese
contexto, hasta que la universidad no enviara la lista de graduados,
indicó que no continuaría con el trámite.
1.4. Estima el accionante que al no ser expedida la tarjeta profesional
de abogado, no ha podido acceder a oportunidades laborales para el
ejercicio de la profesión y de esta manera tener un empleo que le
permita a él y a su grupo familiar una vida digna.
2. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicita:
«PRIMERO: tutelar los derechos fundamentales de la igualdad, trabajo, libre
desarrollo a la profesión, equidad y principio de favorabilidad, al igual que el
derecho estipulado en el artículo 43 donde el hombre y la mujer tienen igualdad de
derechos y oportunidades en el ámbito profesional económico y culturar.
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Edwin Bekenbawer Mahecha Cruz
igualmente solicito que la decisión se tome conforme a los efectos inter pares con
los casos análogos:
1. Providencia del Consejo de Estado – Sala de lo contencioso
administrativo sección quinta, Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO
ÁLVAREZ PARRA, mediante sentencia radicado 11001-03-15-000-
2022- 03847-00
2. Providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sección quinta Magistrado Ponente Luis Alberto Álvarez,
caso No 11001031500020220384700, Elizabeth Jaramillo Rodríguez vs
consejo superior de la judicatura, es un caso análogo donde se concedió el
derecho según los siguientes argumentos:
La anterior aplicación se debe a los lineamientos de la sentencia de unificación
SU 359-2019, Por su parte, los efectos “inter pares” son aplicados por la Corte
Constitucional en aquellos eventos en los que ésta resuelve un problema jurídico
relacionado con la interpretación y/o aplicación de un marco normativo concreto,
en un contexto fáctico específico.
SEGUNDO: Se ordene al consejo superior de la judicatura que en un plazo de 72
horas se expida mi tarjeta profesional de abogado a la cual tengo derecho por haber
cumplido con todos los requisitos exigidos en la página SIRNA de la rama judicial
consejo superior de la judicatura, y de esta manera impedir se sigan vulnerando
mis derechos fundamentales.»
3. INTERVENCIONES
Mediante auto del 29 de agosto de 2022 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia como accionado.
3.1. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia informó que, el accionante solicitó a través del correo
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Accionante: Edwin Bekenbawer Mahecha Cruz
electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, su inscripción como
abogado, así como también la expedición de la tarjeta profesional.
Asimismo, que la institución Universitaria de Colombia, mediante oficio
del 11 de julio 2022, le indicó que el señor Mahecha Cruz inició la
carrera de derecho el 25 de enero de 2019, es decir, después de haber
sido promulgada la Ley 1905 de 2018.
Por lo anterior, señaló que de conformidad con el Acuerdo nº. PSCJA22-
11985 del 29 de agosto de 2022, inscribió en el registro de abogados
al demandante y le asignó la tarjeta profesional de abogado provisional
n°. 390.157, mediante el Acta n°. 17932 de 2022.
Manifestó que los respectivos documentos fueron enviados al
contratista para la elaboración del plástico de la tarjeta profesional de
abogado la cual una vez sea entregada a la unidad, se remitiría a través
del servicio de correo certificado de 472, al domicilio registrado por el
actor.
De igual manera, indicó que la accionante podrá acceder a la
certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado, que
puede ser descargada o consultada por la internet, a través del servicio
de “Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier ciudadano
o funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o en el link
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx,
escogiendo la calidad de “Abogado” y verificar así la titularidad y
vigencia del documento.
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En ese sentido, teniendo en cuenta que la pretensión se encontraba
subsanada con la expedición de la tarjeta profesional de abogado
provisional en los términos del Acuerdo nº. PSCJA22-11985 del 29 de
agosto de 2022, sostuvo que en el presente asunto se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado.
4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sección Tercera, Subsección C de esta corporación mediante
sentencia del 23 de septiembre de 2022, declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado.
Al efecto, indicó que mediante acta n°. 17932, la entidad accionada le
otorgó al señor Edwin Bekenbawer Mahecha Cruz la tarjeta profesional
provisional n°. 390.157, con fundamento en lo establecido en la Ley
1905 de 2018 y el Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de
2022, razón por la que en sentir del a quo lo pretendido con el amparo
ya se satisfizo.
5. IMPUGNACIÓN
El accionante recurrió el fallo de primera instancia, para lo cual indicó
que si bien la entidad accionada le expidió la tarjeta profesional como
abogado con una vigencia hasta el 30 de abril de 2024, lo cierto es que
lo hizo con la salvedad de que es provisional en virtud de lo dispuesto
en la Ley 1905 del 2018.
En esa medida, al no ser permanente, considera que los derechos
fundamentales siguen siendo vulnerados, máxime cuando el Consejo
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Superior de la Judicatura ni siquiera había preparado el aludido
examen.
Por otra parte, aduce que se ha transgredido el derecho a la igualdad,
pues a la accionante Katya Marchela Álvarez Olivella dentro del proceso
con radicado n° 11001-03-15-000-2022- 03409-00 se le ampararon
sus derechos fundamentales y en consecuencia se ordenó expedir la
tarjeta profesional sin ningún tipo de la observación o exclusión de ser
provisional, pese a que se encontraban en igualdad de condiciones,
porque él ingresó a la universidad 25 de enero de 2019 y la allí
demandante empezó a estudiar el 4 de febrero del mismo año.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad, trabajo y de petición del
accionante, al no resolver la solicitud de inscripción de la tarjeta
profesional formulada desde el 30 de junio de 2022?
2. Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda
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persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto”.
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.
3. Tarjeta profesional de abogado. Trámite de inscripción y
registro.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 85 de la
Ley 270 de 1996, la función de inscripción y registro de la tarjeta
profesional de abogado recae en cabeza del Consejo Superior de la
Judicatura, trámite que es requisito indispensable para ejercer la
abogacía.
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Al respecto, el numeral 1.° del artículo 5.º del Acuerdo 1389 de 2002,
dentro de las funciones asignadas a la Unidad de Registro Nacional de
Abogados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, señala la de organizar y llevar el Registro Nacional de
Abogados y expedir la correspondiente tarjeta profesional, de
conformidad con los reglamentos proferidos para tal efecto por la
autoridad competente.
En ese sentido, esta Sala de Subsección1 ha señalado que como no
existe norma especial que establezca el trámite y el término en el cual
se debe realizar la inscripción y hacer entrega de la tarjeta profesional,
su trámite debe regirse por las reglas del procedimiento administrativo
general establecidas en los artículos 34 y siguientes de la Ley 1437 de
2011, y el incumplimiento de este puede suponer una vulneración del
derecho fundamental al debido proceso administrativo.
4. Caso concreto
En el presente asunto, el señor Edwin Bekenbawer Mahecha Cruz
invoca la protección de los derechos fundamentales a la igualdad,
petición y al trabajo, que considera vulnerados por la entidad
accionada, toda vez que a la fecha de presentación de la acción de
tutela no le había sido expedida la tarjeta profesional de abogado
solicitada desde el 30 de junio de 2022.
Por su parte, la Sección Tercera, Subsección C de esta corporación
mediante sentencia del 23 de septiembre de 2022, declaró la carencia
1
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 4 de marzo de 2021. Radicado No.
11001-03-15-000-2021-00365-00. Demandante: Juan José Cardona López.
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actual del objeto por hecho superado, toda vez que mediante acta n°.
17932 la entidad accionada le otorgó al accionante la tarjeta
profesional provisional n°. 390.157, con fundamento en lo establecido
en la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29 de
agosto de 2022.
En el escrito de impugnación, el demandante discrepó del hecho de que
la tarjeta profesional de abogado contara con una vigencia provisional
hasta el 30 de abril del 2024 en virtud de lo preceptuado en la Ley
1905 de 2018 y el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022.
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte
que:
i. El 30 de junio de 2022, el accionante solicitó ante el Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, la expedición y registro de su tarjeta
profesional de abogado; solicitud sobre la cual la entidad informó,
mediante correo electrónico del 13 de agosto de 2022, que estaba a la
espera del listado de graduados por parte de la universidad para
proceder con el respectivo trámite.
ii. El 11 de julio de 2022, la Unidad confirmó el recibido de la
información por parte de la universidad.
iii. El 1º de septiembre de 2022, la entidad la inscribió en el registro
de abogados y le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado n°. 390.157
de conformidad con el Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29 de agosto
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Accionante: Edwin Bekenbawer Mahecha Cruz
de 2022, mediante el Acta n°. 17932 de 2022 en la que se dispuso lo
siguiente:
«ACTA DE REGISTRO DE TARJETA PROFESIONAL No.17932
CON VIGENCIA PROVISIONAL
De conformidad con la Ley 1905 de 2018, el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022 y
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se procede a efectuar la inscripción
como abogado (a) en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, a nombre de:
EDWIN BEKENBAWER MAHECHA CRUZ
Identificado (a) con la cédula No. 79780198
Titulo obtenido por la Universidad INST. U. DE COLOMBIA
Según acta de grado de fecha 29 de junio del 2022.
Como consecuencia de lo anterior, se le asigna la Tarjeta Profesional Provisional
No.390157, con fecha de expedición el 1 de septiembre del 2022 y vigente hasta el 30 de
abril de 2024.
Bogotá, D.C.,1 de septiembre del 2022»
Ahora bien, la Ley 1905 de 20182 en su artículo 1º prevé:
«ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos
en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación
del Examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura
(CSJ), directamente o a través de una Institución de Educación Superior acreditada en
Alta Calidad que se contrate para tal fin.
Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado supere la media del
puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual de cada examen, el
CSJ señalará la representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media nacional.»
Con posterioridad, el Acuerdo nº. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de
2022 en su artículo 2º dispuso lo siguiente:
«ARTICULO 2º REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA
PROFESIONAL DE ABOGADO. para la inscripción y expedición de la tarjeta
profesional de abogado, el interesado deberá presentar ante la Unidad de Registro
2
Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado.
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Nacional de Abogados Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura por
los medios dispuestos para tal fin, el formulario único para múltiples trámites totalmente
diligenciado, a través del proceso de preinscripción en línea desde la página web
sirna.ramajudicial.gov.co junto con los siguientes documentos:
a. Copia legible, por ambas caras, de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería
vigente o permiso de protección temporal (PPT) vigente.
b. Una (1) fotografía digital reciente, fondo azul, preferiblemente en formato JPG, JPEG,
PNG o BMP.
c. Copia legible del acta de grado. Cuando el título haya sido otorgado por universidades
extranjeras, se requiere de un documento que acredite la convalidación expedida por del
Ministerio de Educación Nacional o la autoridad competente y la fecha de grado
corresponderá a la de expedición del documento de convalidación del título.
d. Recibo de consignación por el valor establecido y vigente para la expedición de la
tarjeta profesional de abogado.
e. Certificación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura que acredita la
aprobación del examen de estado ordenado por la Ley 1905 de 2018.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1º Mientras se desarrollan las fases necesarias para la
implementación del examen de estado, los destinatarios de la Ley 1905 de 2018, podrán
Solicitar sin la acreditación del certificado de aprobación de examen su inscripción en el
Registro Nacional de Abogados y la expedición de la tarjeta profesional de abogado que
tendrá vigencia provisional hasta la publicación de los resultados de la primera prueba.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2º las tarjetas profesionales de abogados que se expidan
bajo las condiciones del parágrafo anterior, contendrán la denominación “provisional”.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 3º Quienes obtengan la tarjeta profesional de abogado,
con vigencia provisional, en los términos del presente acuerdo una vez sea dispuesta la
aplicación del examen del estado deberán presentarlo y acreditar su aprobación para
efectos de que le sean expedidas las respectivas tarjetas profesionales de abogado.»
De lo anterior se colige que para efectos de la inscripción en el Registro
Nacional de Abogados y la correspondiente expedición de la tarjeta
profesional, la aprobación del examen de estado es un requisito de
obligatorio cumplimiento para el graduado en derecho, disposiciones
normativas que además fueron declaradas exequibles por la Corte
Constitucional en las sentencias C-138 de 2019 y C-594 de 2019.
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Accionante: Edwin Bekenbawer Mahecha Cruz
En ese contexto, como lo ha sostenido la Sala en oportunidades
anteriores3, la expedición de la tarjeta profesional provisional no
quebranta el derecho fundamental a la igualdad, toda vez que el actor
ingresó a estudiar la carrera de derecho el 25 de enero de 2019, es
decir, después de haber sido promulgada la Ley 1905 de 2018.
Tampoco es viable el argumento del accionante cuando manifiesta que
debe aplicarse lo dispuesto por la Sección Quinta de esta corporación
en la sentencia del 4 de agosto de 20224, en la que ordenó el Consejo
Superior de la Judicatura abstenerse de exigir el requisito previsto en
la Ley 1905 de 2018, hasta tanto se materializara la presentación del
examen de estado, en primera medida porque no constituye un
precedente jurisprudencial, teniendo en cuenta que sus efectos son
inter partes, y porque, además, para esa fecha aún no se había
expedido el Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, sino
que se encontraba vigente Acuerdo PCSJA19-11354 del 29 de julio del
2019, en el que no se había contemplado el cumplimiento del requisito
de aprobación del examen de estado, lo que torna diferente de la
presente acción de tutela.
Es necesario aclarar que si bien el accionante presentó la solicitud el
30 de junio de 2022, fecha para la cual aún no se había publicado el
Acuerdo nº. PSCJA22-11985 - lo cual ocurrió el 29 de agosto de 2022
–, lo cierto es que para la data en que se resolvió dicha petición, esto
es, el 1.º de septiembre de este año, ya se había expedido dicho
acuerdo y, en esa medida, la entidad accionada se encontraba en la
obligación de aplicar lo allí dispuesto.
3
Ver, entre otras, la sentencia del 15 de septiembre de 2022 dentro del proceso con radicado n.º 11001-
03-15-000-2022-04661-00.
4
Ver proceso de tutela n° 11001-03-15-000-2022- 03409-00
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Así las cosas, la Subsección colige que la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia a la fecha, ya resolvió de fondo
la solicitud formulada por el accionante, pues como quedó demostrado,
lo inscribió en el Registro Nacional de Abogados, a través del Acta n°.
17932 de 2022 y se le expidió la tarjeta profesional provisional n°.
390.157, lo que evidencia que la causa que originó la presentación de
esta acción de tutela ha sido superada.
De importancia resulta indicar que la carencia actual de objeto por
hecho superado puede presentarse cuando la circunstancia que reporta
la conculcación del derecho desaparece, situación frente a la cual,
cualquier medida que adopte el juez de tutela carece de efecto, pues
nada contrariaría más la lógica, que proferir una orden frente a una
circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o
contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias
diferentes a la del juez constitucional.
En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los
siguientes términos:
«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución
Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a
la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo,
es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto,
profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con
sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.
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No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del
derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de
ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la
decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua,
y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción»5.
Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los que aunque las
pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que en apariencia
el hecho generador de la acción ha sido superado, en el fondo este se
encuentra aún vulnerado o no totalmente agotado, a la luz de las
garantías constitucionales, de acuerdo con la interpretación que en
derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto y su
«posible superación».
Teniendo en cuenta, entonces, que se ha demostrado la inscripción y
expedición de la tarjeta profesional del interesado, cualquier decisión
que esta Sala de Decisión dicte resultaría inane, toda vez que la Unidad
de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia, tramitó y notificó
la respuesta a la solicitud objeto de la petición, lo que impone a
confirmar la decisión de primera instancia en la que se declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado.
En ese contexto, procede la Sala a confirmar la decisión del 23 de
septiembre de 2022, por las consideraciones anteriormente expuestas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
5
Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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Accionante: Edwin Bekenbawer Mahecha Cruz
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de septiembre de 2022
mediante la cual la Sección Tercera Subsección C,
declaró carencia actual de objeto por hecho superado.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 15
Bogotá D.C. – Colombia
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