Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04661-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04661-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-04661-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
15 de septiembre de 2022
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04661-00
Demandante: Walter John Martínez Cruz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04661-00
Demandante: Walter John Martínez Cruz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia
Temas: Solicitud de expedición de tarjeta profesional de abogado.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por Walter John Martínez Cruz contra
el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia (URNA).
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, Walter John Martínez Cruz, quien actúa en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, a la
equidad, al trabajo y al libre desarrollo de la profesión, así como al principio de
favorabilidad.
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Demandante: Walter John Martínez Cruz
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene al Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, que
dentro del término de las setenta y dos horas siguientes a la notificación del fallo de
tutela proceda a emitir la respectiva tarjeta profesional.
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) El 1 de julio de 2022, al ingresar a la página web de la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), para realizar la preinscripción de la
tarjeta profesional de abogado, se encontró con que ya estaba registrado.
ii) Dado lo anterior, solicitó a la URNA que borrara la información que estaba en el
sistema a fin de poder realizar el correcto trámite de preinscripción.
iii) El 4 de julio de 2022, recibió en su cuenta de correo electrónico el siguiente
comunicado:
En relación con su solicitud, me permito informarle que: se envía el formulario
correspondiente, favor firmarlo, colocarle huella y foto fondo azul 3*4 con buena
resolución y enviar nuevamente toda la documentación escaneada a la cuenta de
correo: regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co y csjsirnasoporte@deaj.ramajudicial.gov.co,
para darle pronta solución a su trámite.
REQUISITOS:
· Para la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado, el interesado
deberá presentar el formulario único para múltiples trámites totalmente diligenciado, a
través del proceso de preinscripción en línea desde la página web
https://sirna.ramajudicial.gov.co junto con los siguientes documentos:
· Fotocopia legible por ambas caras, de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería
vigente.
· Dos (2) fotografías recientes, fondo azul, tamaño 3X4. (Una para el formulario y otra
digital en formato JPG).
· Copia o fotocopia del acta de grado. Cuando el título haya sido otorgado por
universidades extranjeras, se requiere de un documento que acredite la convalidación
expedida por del Ministerio de Educación Nacional.
Recibo de consignación por el valor establecido y vigente para la tarjeta profesional de
abogado. Banco BBVA, cuenta Ahorros Nacional n°. 00130034290200462655, nombre
DTN RAMA JUDICIAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y valor $50.000
Cordialmente csjsirnasoporte@deaj.ramajudicial.gov.co
Unidad de Registro Nacional de Abogados Y Auxiliares de la Justicia C.S.J.”
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Demandante: Walter John Martínez Cruz
iv) El 13 de julio del año 2022, al no recibir respuesta del radicado de los
documentos, se comunicó a la URNA para pedir información del trámite, la cual le
indicó que la documentación radicada se enviaría a revisión y que, por tanto, debía
estar pendiente del correo electrónico registrado.
v) Al revisar el correo electrónico se encontró con que enviaron la misma información
del pasado 4 de julio de 2022, es decir, sin que se pidiera ninguna modificación o
documento que en la primera oportunidad hubiese faltado — como lo es el certificado
de la fecha de ingreso a la universidad—, por lo que procedió a remitir nuevamente la
documentación, según orden y formatos solicitados.
vi) El 26 de julio de 2022, recibió un correo de la URNA, en el que se confirmó el
recibido de la petición y se le informó que esta había sido transferida al personal
encargado para su correspondiente trámite.
vii) El 27 de julio de 2022, recibió otro correo de la URNA, en el que se le comunicó de
lo siguiente:
El trámite para la expedición de la tarjeta profesional de abogado se está demorando
alrededor de 15 días hábiles a partir de la recepción de la totalidad de la
documentación. De igual manera se informa que las tarjetas profesionales de abogado
son remitidas a través del servicio de correo certificado 4-72 al domicilio registrado por
los usuarios al momento de realizar la preinscripción en el sistema de información
SIRNA.
viii) Hasta la fecha de presentación de la acción de tutela, 26 de agosto de 2022, aún
no ha recibido una respuesta clara, concreta, oportuna y de fondo a su solicitud, ni
tampoco se le ha hecho entrega de la tarjeta profesional.
ix) Revisado los requisitos mostrados en la página web, en ningún aparte se
encuentra relacionado como requisito para la expedición de la tarjeta profesional el
certificado en el que se constate la fecha de ingreso a la universidad, por lo cual, es
improcedente que actualmente se esté requiriendo tal documento para dar trámite a
la solicitud.
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x) La actuación dilatoria de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia le ha generado graves afectaciones en materia laboral, pues requiere
de la tarjeta profesional de abogado para poder ejercer su profesión.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. Mediante auto del 31 de agosto de 2022, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se ordenó notificar del proveído al Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), como
accionado, se requirió a la URNA para que indicara si dio respuesta congruente y de
fondo a la solicitud del 1 de julio de 2022, presentada por el señor Walter John
Martínez Cruz, en relación con el trámite de expedición de su tarjeta profesional de
abogado, y, en caso de no haber dado contestación, señalara las razones, y se
ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a la parte accionada, para que dentro de
los tres días siguientes a la notificación de la providencia procediera a ejercer su
derecho de defensa, si a bien lo tenía, y a rendir el respectivo informe.
1.2.2. El 5 de septiembre de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estado
notificó del proveído al accionante y al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA).
1.3. Contestación de la demanda
El 6 de septiembre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), solicitó negar el
amparo deprecado, por existencia de un hecho superado, en razón a lo siguiente:
i) La Ley 1905 de 2018, por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el
ejercicio de la profesión de abogado, señala en su artículo 1° que «para ejercer la
profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales
vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del examen de
estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura»; y en su
artículo 2, que «el requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado
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[…] se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de su
promulgación», es decir, con posterioridad al 28 de junio de 2018.
ii) En cumplimiento de lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura autorizó al
director ejecutivo de administración judicial la suscripción de un convenio
interadministrativo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
(ICFES) —con el objeto de definir, construir y validar el marco de referencia para la
implementación del examen para ejercer la profesión de abogado—, que se
desarrollara en tres fases.
iii) En tal sentido, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PSCJA22-
11985 del 29 de agosto de 2022, por medio del cual estableció los requisitos para la
expedición de las tarjetas profesionales de abogados, y señaló que, los graduados
destinatarios de la Ley 1905 de 2018, podrían solicitar, sin la acreditación del
certificado de aprobación del examen, su inscripción en el Registro Nacional de
Abogados y la expedición de una tarjeta profesional de abogado, que tendrá carácter
provisional, con vigencia hasta la publicación de los resultados de la primera prueba.
iv) Para el caso en estudio, se tiene a) que el señor Walter John Martínez Cruz
solicitó a través del correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, su
inscripción como abogado y la expedición de la tarjeta profesional, como titulado por
la Institución Universitaria de Colombia; b) que 11 de julio de 2022, la coordinadora
de Registro y Control Académico de la universidad informó que el accionante inició la
carrera de derecho el 27 de febrero de 2019, es decir, después de haber sido
promulgada la Ley 1905 de 2018, y que la finalizó el 29 de junio de 2022; c) que de
conformidad con el Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, la URNA
inscribió en el registro de abogados al señor Walter John Martínez Cruz, asignándole
la tarjeta profesional de abogado provisional 390.477, mediante el Acta 18276 de
2022; y d) que los respectivos documentos fueron enviados al contratista para la
elaboración del plástico y una vez entregado se enviaría a través del servicio de
correo certificado de 472, al domicilio y/o residencia registrado por el peticionario.
v) El accionante y cualquier otro ciudadano o funcionario podrá acceder, para su
consulta o descarga, a la certificación de vigencia provisional de la tarjeta profesional
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de abogado, desde la página web de la Rama Judicial, y verificar así la titularidad y
vigencia del documento.
vi) Cabe precisar, que la Unidad adelanta las actuaciones pertinentes para evaluar la
posibilidad de comunicar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial —en
condición de representante legal de la Rama Judicial— para que, por su conducto, se
adelanten las acciones a que haya lugar, con el fin de propiciar un trato igual a los
usuarios a los que se les había expedido la tarjeta profesional de abogado sin
cumplir con el requisito de la presentación del examen de Estado, siendo obligatorio
para estos frente a aquellos a los que en virtud del artículo 2 de la Ley 1905 de 2018
se les había negado la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado.
vii) Teniendo en cuenta que la principal pretensión del accionante recae sobre la
expedición de la tarjeta profesional de abogado y que esta se encuentra subsanada
con la expedición de la tarjeta profesional de abogado provisional en los términos del
Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, se configura en el caso la
carencia actual de objeto por hecho superado.
1.4. Otras actuaciones
El 9 de septiembre de 2022, el accionante, señor Walter John Martínez Cruz,
manifiesta estar en desacuerdo con los términos de expedición de la tarjeta
profesional de abogado, esto es, con vigencia provisional hasta el 30 de abril de
2024, en atención a los siguientes argumentos:
i) Con la expedición de la tarjeta profesional de abogado, sujeto a una vigencia, se le
está vulnerando no solo su derecho al libre desarrollo de la profesión escogida, sino
también su derecho a la igualdad frente a los demás abogados a quienes sí se les
expidió la tarjeta profesional sin ningún tipo condicionamiento, pese a que ingresaron
a estudiar su carrera de derecho con posterioridad a la promulgación de la Ley 1905
de 2018, y hoy por hoy ejercen a cabalidad, sin limitaciones, sin provisionalidades y
sin vigencias la profesión escogida.
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ii) Para el 1 de julio de 2022, fecha en la que se radicaron los documentos señalados
en el SIRNA para la obtención de la tarjeta profesional de abogado, la URNA no advirtió
del cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 1905 de 2018, ni tampoco
mencionó que la tarjeta profesional sería emitida de forma provisional.
iii) Además, tanto la solicitud de inscripción de la tarjeta profesional como la acción
de tutela se presentaron con anterioridad a la expedición del Acuerdo PCSJA22-11985
del 29 de agosto de 2022 «por el cual se establecen normas para la expedición de la
tarjeta profesional de abogado» y, en tal sentido, este no le es aplicable en su caso;
sin embargo la accionada lo está aplicando con efectos retroactivos, desconociendo
que es un principio del derecho que las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y
acuerdos no tienen efectos retroactivos.
iv) En sentencia de tutela del 4 de agosto de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Quinta, en un caso con circunstancias fácticas iguales al presente, le ordenó el
Consejo Superior de la Judicatura que, en lo sucesivo, se abstuviera de exigir el
requisito previsto en la Ley 1905 de 2018 hasta tanto se materializara la presentación
del examen de Estado.
v) En este orden de ideas, se tiene que el Consejo Superior de la Judicatura dio por
sentado un examen que no existe en la actualidad, que no tiene fecha específica
para su desarrollo y del que no existe estructuración, y sí indica fecha cierta de
vigencia de la tarjeta profesional provisional de abogado, limitando el ejercicio de la
profesión con una palabra tan abstracta como lo es la provisionalidad.
vi) Por tanto, es del caso que en la sentencia se ordene al Consejo Superior de la
Judicatura retirar de forma permanente la observación del certificado de vigencia de
su tarjeta profesional de abogado 390.477 y se expida su tarjeta profesional de
abogado sin la anotación: «provisional con vigencia hasta el 30 de abril de 2024».
2. Consideraciones
2.1. Competencia
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De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por
la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es
competente para conocer del presente asunto.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, vulneró el derecho
fundamental al debido proceso administrativo del señor Walter John Martínez Cruz,
al tramitar la expedición de su tarjeta profesional de abogado con carácter
provisional.
2.3. El debido proceso administrativo
El derecho al debido proceso administrativo se encuentra recogido en el artículo 29
de la Constitución Política, donde se determina que su aplicación se extiende a «toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas». De igual manera, el artículo 209
ejusdem y el numeral 1 del artículo 3.º de la Ley 1437 de 2011, incluyen al debido
proceso como principio fundamental de la función administrativa.
Por su parte, en Sentencia C-980 de 2010, la Corte Constitucional señaló que el
debido proceso administrativo debe entenderse como: «i) el conjunto complejo de
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, ii)
que guarda relación directa o indirecta entre sí, y iii) cuyo fin está previamente
determinado de manera constitucional y legal». Así mismo, ha precisado que con
dicha garantía se busca «i) asegurar el ordenado funcionamiento de la
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administración, ii) la validez de sus propias actuaciones y, iii) resguardar el derecho a
la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados».1
En esa lógica, en lo que respecta a la administración, el debido proceso
administrativo implica una limitación al ejercicio de sus funciones, puesto que en todo
proceso, desde su inicio hasta su finalización, las entidades públicas están obligadas
a observar los parámetros procedimentales determinados en el marco jurídico
vigente de manera restrictiva, lo cual busca minimizar el criterio subjetivo dentro de
los procesos y evitar conductas omisivas, negligentes o de descuido de los
funcionarios frente a este.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente de tutela la Sala
puede establecer lo siguiente:
i) El 1 de julio de 2022, el señor Walter John Martínez Cruz, a través de la página
web de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
solicitó la expedición de su tarjeta profesional de abogado.
ii) El 11 de julio de 2022, la Institución Universitaria de Colombia, Oficina de Registro
y Control Académico, envió a la URNA el reporte de graduados del programa
profesional en derecho.
iii) El 5 de septiembre de 2022, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, por intermedio de su directora, expidió el Acta de Registro
de Tarjeta Profesional 18276, con vigencia provisional, en la que dejó constancia que
una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales se procedió a efectuar la
inscripción como abogado de Walter John Martínez Cruz y que, en consecuencia, se
le asignó la tarjeta profesional provisional 390477.
1Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. Magistrado ponente doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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iv) El 5 de septiembre de 2022, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia notificó al accionante, a través de su correo electrónico, que
le asignó la tarjeta profesional de abogado provisional.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
En el presente caso, el señor Walter John Martínez Cruz acude a la acción de tutela
para que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, a la equidad, al
trabajo y al libre desarrollo de la profesión, así como al principio de favorabilidad,
cuya vulneración atribuye al hecho de que la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de Justicia (URNA) no haya procedido a resolver sobre su
solicitud de expedición de la tarjeta profesional de abogado.
Pues bien, se tiene que para ejercer la profesión de abogado es indispensable la
inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la obtención de la tarjeta
profesional, función que conforme a lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 85 de
la Ley 270 de 1996, le corresponde realizar al Consejo Superior de la Judicatura.
Bajo dicho postulado, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa,
expidió el Acuerdo 1389 de 2002,2 en el que en su artículo 5, numeral 1.º, estableció
como una de las funciones de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia la de «organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y
expedir la correspondiente Tarjeta Profesional, de conformidad con los reglamentos,
proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».
En ese contexto, se advierte que, en el sub lite, el señor Walter John Martínez Cruz,
como egresado de la Institución Universitaria de Colombia, radicó su solicitud de
expedición de la tarjeta profesional de abogado el 1° de julio de 2022, sin que, hasta
la fecha de presentación de la acción de tutela, 26 de agosto de 2022, se hubiera
culminado con el trámite de inscripción y expedición de la tarjeta profesional.
2 Por el cual se de reestructura la Unidad de Registro Nacional de Abogados de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, se cambia su denominación, se asignan sus funciones y se
determina su planta de personal.
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Sin embargo, se evidencia que en curso de la acción de tutela, la directora de la
Unidad del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), al rendir
informe, allegó copia del Acta de Registro de Tarjeta Profesional Provisional del
accionante, en la que se hace constar lo siguiente:
ACTA DE REGISTRO DE TARJETA PROFESIONAL 18276
CON VIGENCIA PROVISIONAL
De conformidad con la Ley 1905 de 2018, el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022 y
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se procede a efectuar la inscripción
como abogado (a) en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, a nombre de:
WALTER JOHN MARTÍNEZ CRUZ
Identificado (a) con la cédula No. 1069747627
Título obtenido por la Universidad INT. U. DE COLOMBIA
Según acta de grado de fecha 29 de junio de 2022
Como consecuencia de lo anterior, se le asigna la Tarjeta Profesional Provisional n°.
390477, con fecha de expedición el 5 de septiembre del 2022 y vigente hasta el 30 de
abril de 2024.
Pese a lo anterior, el accionante radica memorial de descontento, en el que
manifiesta su indisposición con la decisión tomada por la Unidad del Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia en torno a la expedición de la tarjeta
profesional de abogado con vigencia provisional hasta el 30 de abril de 2024, en
aplicación de lo previsto en la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo PCSJA22-11985 de
2022.
Pues bien, se advierte que en la Ley 1905 de 2018,3 el Congreso de la República
estableció que para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos
exigidos en las normas legales vigentes, el graduado debe aportar la certificación de
aprobación del examen de estado —que para el efecto realice el Consejo Superior
de la Judicatura, directamente, o a través de una Institución de Educación Superior
acreditada de alta calidad—, y que la referida certificación sería exigida por el
Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus veces para la
respectiva expedición de la tarjeta profesional.
3 Por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de
abogado.
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Así, se tiene que a través del Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022,4 artículo 2, el
Consejo Superior de la Judicatura previó que para la inscripción y expedición de la
tarjeta profesional de abogado el interesado debe presentar ante la Unidad del
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA) el formulario único
para múltiples totalmente diligenciado, a través del proceso de preinscripción en línea
—desde la página web sirna.ramajudicial.gov.co—, junto con los siguientes
documentos:
a. Copia legible, por ambas caras, de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería
vigente o permiso de protección temporal (PPT) vigente.
b. Una (1) fotografía digital reciente, fondo azul, preferiblemente en formato JPG, JPEG,
PNG o BMP.
c. Copia legible del acta de grado. Cuando el título haya sido otorgado por
universidades extranjeras, se requiere de un documento que acredite la convalidación
expedida por del Ministerio de Educación Nacional o la autoridad competente y la fecha
de grado corresponderá a la de expedición del documento de convalidación del título.
d. Recibo de consignación por el valor establecido y vigente para la expedición de la
tarjeta profesional de abogado.
e. Certificación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura que acredita la
aprobación del examen de estado ordenado por la Ley 1905 de 2018.
Y, en los parágrafos transitorios del artículo 2 del Acuerdo, señaló: i) que mientras se
desarrollan las fases necesarias para la implementación del examen de estado, los
destinatarios de la Ley 1905 de 2018 podrán tramitar la solicitud de inscripción en el
Registro Nacional de Abogados y la expedición de la tarjeta profesional de abogado,
con vigencia provisional, hasta la publicación de los resultados de la primera prueba
realizada; ii) que las tarjetas profesionales de abogado, expedidas bajo las anteriores
condiciones, tendrán la denominación de provisional; y ii) que quienes obtengan la
tarjeta profesional de abogado, con vigencia provisional, deberán presentar y
acreditar la aprobación del examen de estado —una vez sea dispuesta su
aplicación—, para efectos de que les sean expedidas las respectivas tarjetas
profesionales.
4 Por el cual se establecen normas para la expedición dela tarjeta profesional de abogado y se dictan
otras disposiciones.
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En este contexto, se advierte, entonces, que el cumplimiento del requisito de
aprobación del examen de estado, para efectos de la inscripción en el Registro
Nacional de Abogados y la correspondiente expedición de la tarjeta profesional, es
obligatorio para el graduado en derecho, pues, de lo contrario, se infringiría el
cumplimiento de una ley que se encuentra en plena vigencia y, que, por demás, fue
objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional en las sentencias C-138 de
2019 y C-594 de 2019, en las que se declaró exequible la exigencia del requisito de
aprobación del examen de estado, al encontrarlo idóneo para poder evaluar y
verificar las aptitudes académicas de los futuros profesionales en derecho.
Ahora, no es de recibo, como lo alega el accionante, que con la expedición de la
tarjeta profesional de abogado, con término de vigencia, se le estaría vulnerando su
derecho al libre desarrollo de la profesión escogida, como su derecho a la igualdad
frente a las demás abogados a quienes sí se les expidió la tarjeta profesional sin
ningún tipo condicionamiento, pues la URNA explicó de manera diáfana que se
encontraba adelantando actuaciones ante la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial en orden a que adelanten las acciones necesarias para propiciar un trato
igualitario a los usuarios a los quienes se les expidió la tarjeta profesional de
abogado sin cumplir con el requisito de la presentación del examen de estado, de
manera que es este un asunto al que se le está dando el alcance requerido.
A su turno, tampoco es cierto que en el caso se esté aplicando la Ley 1905 de 2018
en forma retroactiva, pues de acuerdo con la certificación emitida por la coordinadora
de Registro y Control Académico de la Institución Universitaria de Colombia, el señor
Walter John Martínez Cruz inició la carrera de derecho el 27 de febrero de 2019, es
decir, después de haber sido promulgada la Ley 1905 de 2018, por lo que es claro
que se encuentra dentro la población de graduados a los que se dirige la norma.
De manera que, aunque para el 1 de julio de 2022, fecha en la que el accionante
radicó los documentos señalados en el SIRNA, no se encontraba publicado el
cumplimiento del requisito de presentación del examen de estado, previsto en la Ley
1905 de 2018, ni tampoco que la tarjeta profesional de abogado sería emitida de
forma provisional, lo cierto es que para la fecha en que se resolvió la solicitud del
accionante, lo cual ocurrió hasta el 5 de septiembre de 2022, ya se había expedido el
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Demandante: Walter John Martínez Cruz
Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, por lo que la URNA tenía la
obligación de aplicar la condiciones allí previstas para efectos de expedir la tarjeta
profesional.
Por tanto, si el accionante no está conforme con lo resuelto en el Acuerdo PCSJA22-
11985 del 29 de agosto de 2022, tiene la posibilidad de demandarlo a través del
medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del CPACA. Con todo, la Sala
encuentra que la decisión de expedir las tarjetas profesionales de abogado de forma
provisional hasta antes de que se proceda a la implementación del examen de
estado comporta una medida de igualdad para los graduados a quienes se les aplica
la ley, a efectos de que estos puedan desempeñar su profesión mientras el Consejo
Superior de la Judicatura se ocupa de la implementación del examen de idoneidad.
A su turno, se advierte que aunque es cierto que en la sentencia de tutela del 4 de
agosto de 2022, el Consejo de Estado, Sección Quinta, ordenó el Consejo Superior
de la Judicatura abstenerse de exigir el requisito previsto en la Ley 1905 de 2018,
hasta tanto se materializara la presentación del examen de estado, no lo es menos
que las sentencias de tutela no constituyen precedente jurisprudencial, pues sus
efectos son inter partes, es decir, no tienen efectos más allá del caso objeto de
controversia, de tal suerte que las consideraciones allí planteadas solo sugieren un
antecedente jurisprudencial que no obligan al operador jurídico.
Sin embargo, debe la Sala acotar que aunque en dicha oportunidad se analizó un
caso con circunstancias fácticas similares al presente, lo cierto es que para el
momento en que se procedió a su estudio, aun no se había expedido el Acuerdo
PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, en el que se reguló la vigencia provisional
de las tarjetas profesionales de abogado, mientras se surte el proceso de
implementación del examen —garantizando con ello los derechos a la igualdad, al
trabajo y al libre ejercicio de la profesión de los graduados—, sino que estaba en
vigencia el Acuerdo PCSJA19-11354 del 29 de julio del 2019, en el que no se había
contemplado el cumplimiento del requisito previsto en la Ley 1905 del 2018, por lo
que el análisis allí dispuesto tampoco comporta una situación con iguales
circunstancias fácticas al sub judice.
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Demandante: Walter John Martínez Cruz
Así las cosas, se tiene que como la pretensión formulada en tutela se dirigió a la
expedición e inscripción de la tarjeta profesional de abogado en el Registro Nacional
de Abogados, lo cual, como quedó expuesto, ya ocurrió, pues mediante Acta 18276
del 5 de septiembre de 2022, se inscribió al solicitante Walter John Martínez Cruz, en
el Registro Nacional de Abogados y se le expidió la tarjeta profesional provisional
390477, la circunstancia que originó la afectación del derecho fundamental al debido
proceso administrativo del accionante se encuentra actualmente superada y, por
tanto, no existe mérito para proferir una decisión de fondo en el presente caso.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 cuando la situación
fáctica que motiva la presentación de la acción de tutela desaparece o se modifica,
en el sentido de que cesa la presunta acción u omisión que, en principio, podría
generar la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, «la solicitud de
amparo pierde eficacia en la medida en que desaparece el objeto jurídico sobre el
que recaería una eventual decisión del juez de tutela».6
Por tanto, si la actuación u omisión que causa la supuesta amenaza o vulneración
desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser
como mecanismo idóneo y expedito de protección judicial, pues la decisión que
puede adoptar el juez, respecto del caso concreto, resultaría inocua e iría en contra
del objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.7
Conforme a lo expuesto, se tiene que dentro del trámite de la tutela se resolvió la
cuestión fundamental planteada y, en este sentido, se encuentra satisfecha la
pretensión que dio lugar a la interposición de la solicitud de amparo, lo que deja sin
objeto cualquier decisión que pueda emitir el juez constitucional al respecto.
3. Conclusión
La Sala concluye que en el asunto corresponde declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado, toda vez que, como se pudo establecer, el accionante ya fue
5 Véase, por ejemplo, la Sentencia T-533 de 2009, donde decidió que la característica esencial del
fenómeno de la carencia actual de objeto es que la orden del juez de tutela, destinada a conceder lo
pretendido en la demanda de amparo, no ejerce ningún efecto sobre la protección, es decir, es
infructuosa. Esto como resultado de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.
6 Ibidem.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003.
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Demandante: Walter John Martínez Cruz
inscrito en el Registro Nacional de Abogados y se le expidió su tarjeta profesional
provisional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por
hecho superado, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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