Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06749-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06749-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06749-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06749-01
Accionante: Fredy Alberto Walteros Rodríguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Tema: Tutela por presunta vulneración a los derechos
fundamentales del trabajo, igualdad, libre desarrollo de la
personalidad y libertad de escoger profesión u oficio, con
ocasión de la expedición de la tarjeta profesional de
carácter provisional.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide la impugnación formulada por el señor Fredy Alberto Walteros
Rodríguez contra la sentencia del 13 de diciembre de 2023 mediante la cual la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado negó el amparo de
tutela.
HECHOS
El 26 de agosto de 2019 el señor Fredy Alberto Walteros Rodríguez inició la
carrera de derecho en la Institución Universitaria de Colombia y el 1° de
diciembre de 2022 se graduó como abogado titulado.
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El 20 de enero de 2024, vía electrónica, solicitó a la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura que expidiera su tarjeta profesional de abogado.
Mediante Acta núm. 6608 del 28 de marzo de 2023, la entidad accionada
inscribió como abogado al señor Fredy Alberto Walteros Rodríguez y le asignó
el número de tarjeta profesional núm. 403.775, pero con la anotación de
vigencia provisional, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo transitorio 1° del
Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022.
El 5 de septiembre de 2023, a través de correo electrónico, solicitó a la Unidad
la expedición de su tarjeta profesional de abogado de manera definitiva,
teniendo en cuenta que a la fecha no existía fecha de presentación del examen
de Estado contemplado en la Ley 1905 de 2018, petición que fue resuelta
desfavorablemente el 22 de septiembre de 2023.
Así las cosas, considera que existe una vulneración a los derechos
fundamentales invocados en la demanda de tutela, en la medida que no ha
podido obtener su tarjeta profesional de abogado de manera definitiva, lo que
restringe su imagen como profesional del derecho, además lo pone en situación
de desventaja frente a los abogados que tiene su tarjeta profesional sin ninguna
restricción temporal y supone una limitación al momento de acceder a un
empleo.
Finalmente, señaló que varias personas que ingresaron con posterioridad a la
fecha de promulgación de la Ley 1905 de 2018 cuentan con su tarjeta
profesional de abogado definitiva, lo que constituye una vulneración a su
derecho fundamental de igualdad.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen sus derechos fundamentales al trabajo, igualdad, libre
desarrollo a la personalidad y derecho a escoger profesión u oficio y, en
consecuencia, se ordene a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia expedir una tarjeta profesional de abogado definitiva.
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TRÁMITE DEL PROCESO
El 9 de noviembre de 2023 la Sección Tercera, Subsección A de esta
corporación admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura como accionado.
POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
por conducto del director de la unidad, solicitó que niegue el amparo, toda vez
que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor en la
demanda de tutela.
Al respecto informó que el señor Fredy Alberto Walteros Rodríguez el 5 de
diciembre de 2022, solicitó a través de correo electrónico la expedición de la
tarjeta profesional de abogado.
Por su parte, la Universitaria de Colombia le indicó que el señor Walteros
Rodríguez inició la carrera de derecho el 26 de agosto de 2019.
Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con el Acuerdo núm.
PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, inscribió al señor Fredy Alberto
Walteros Rodríguez en el Registro Nacional de Abogados y le expidió la tarjeta
profesional de abogado con vigencia provisional núm. 403.775, mediante el
Acta núm. 6608 del 28 de marzo de 2023, la cual fue entregada de manera
personal el 18 de abril de 2023.
Sostuvo que mediante los oficios del 22 de septiembre de 2023 y el 20 de
noviembre del mismo año dio respuesta a la solicitud relacionada con el trámite
y expedición de la tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional.
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Por otra parte, indicó que no existe ninguna limitación en el ejercicio de la
profesión de abogado, toda vez que la asignación de una tarjeta profesional de
carácter provisional no limita el ejercicio integral de la profesión, pues
únicamente condiciona la vigencia de la misma al cumplimiento de lo
contemplado en la Ley 1905 de 2018, esto es, a la presentación del examen de
Estado, siempre que el inicio de la carrera de derecho se haya dado con
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha normativa.
FALLO IMPUGNADO
La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado mediante sentencia
del 13 de diciembre de 2023 resolvió negar la acción de tutela, al considerar
que la expedición de la tarjeta profesional de abogado de carácter provisional
no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales invocados por
el accionante.
Sobre el particular, indicó que el señor Fredy Alberto Walteros Rodríguez inició
sus estudios de Derecho el 26 de agosto de 2019 en la Institución Universitaria
de Colombia, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1905
de 2018, por lo que es destinatario de dicha normativa.
En ese sentido, concluyó que es necesario que el accionante acredite la
aprobación del examen para que obtener su tarjeta profesional de abogado de
manera definitiva, y que no puede pretender usar el mecanismo constitucional
para sustraerse del cumplimiento de una obligación legal, so pretexto de un
perjuicio que no se acreditó, pues la expedición de su tarjeta profesional de
abogado de carácter provisional no implica alguna restricción al ejercicio de su
profesión que afecte su desarrollo en condiciones normales o que lo sitúe en
desventaja frente a otros profesionales, más allá de una simple temporalidad
que en últimas se sustenta en un acto administrativo que se presume legal,
porque no ha sido suspendido ni anulado por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
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En ese sentido, si la inconformidad del accionante está orientada a cuestionar
la reglamentación dispuesta en el acuerdo, lo cierto es que éste tiene la
posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
debatir la legalidad del acto administrativo y obtener su remoción del
ordenamiento jurídico, comoquiera que, en virtud de su carácter subsidiario, la
acción de tutela no resulta ser el mecanismo idóneo para ventilar este tipo de
asuntos, pues ello supondría invadir la órbita de competencia del juez natural,
máxime cuando no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que
habilitara la intervención del juez constitucional.
IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual, insistió en
los argumentos expuestos en la demanda de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
En ese sentido, a la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales del señor Fredy Alberto Walteros Rodríguez,
para lo cual se abordarán los siguientes temas: I) trámite de inscripción y
registro de la tarjeta profesional de abogado y II) caso concreto.
I) Trámite de inscripción y registro de la tarjeta profesional de abogado.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 85 de la Ley 270
de 1996, la función de inscripción y registro de la tarjeta profesional de abogado
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recae en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, trámite que es requisito
indispensable para ejercer la abogacía.
Al respecto, el numeral 1.° del artículo 5.º del Acuerdo 1389 de 2002, dentro de
las funciones asignadas a la Unidad de Registro Nacional de Abogados de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, señala la de
organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la
correspondiente tarjeta profesional, de conformidad con los reglamentos
proferidos para tal efecto por la autoridad competente.
En ese sentido, esta Sala de Subsección1 ha señalado que como no existe
norma especial que establezca el trámite y el término en el cual se debe realizar
la inscripción y hacer entrega de la tarjeta profesional, su trámite debe regirse
por las reglas del procedimiento administrativo general establecidas en los
artículos 34 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, y el incumplimiento de este
puede suponer una vulneración del derecho fundamental al debido proceso
administrativo.
II) Caso concreto
El señor Fredy Alberto Walteros Rodríguez solicita la protección de sus
derechos fundamentales al trabajo, igualdad, libre desarrollo de la personalidad
y libertad de escoger profesión u oficio, cuya vulneración atribuye a la Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia con ocasión de la
expedición de la tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional.
Al respecto, se tiene que, una vez analizado el material probatorio aportado al
plenario, el accionante inició sus estudios de derecho el 26 de agosto de 20192,
en la Institución Universitaria de Colombia, es decir, con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1905 de 2018, normativa que en su artículo 1.°
prevé como requisito para ejercer la profesión de abogado la certificación de
1Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 4 de marzo de 2021.
Radicado No. 11001-03-15-000-2021-00365-00. Demandante: Juan José Cardona López.
2 Ver documento Anexo 1. Reporte Universidad 5 diciembre 2022.pdf
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aprobación del examen de Estado que realice el Consejo Superior de la
Judicatura, directamente o por medio de una Institución de Educación Superior
acreditada en alta calidad, disposición normativa que fue declarada exequible
por la Corte Constitucional en las sentencias C-138 de 2019 y C-594 de 2019.
Es menester señalar que mientras se desarrollan las fases previstas para la
implementación del aludido examen, el Consejo Superior de la Judicatura
mediante Acuerdo PSCJA22-11985 de 2022 dispuso que los destinatarios de
la norma pueden tramitar la solicitud de inscripción y expedición de la tarjeta
profesional de abogado con vigencia provisional hasta que se publiquen los
resultados de la primera prueba.
Por otra parte, no es de recibo para la Sala cuando el actor sostiene que no se
ha fijado fecha para el aludido examen, porque a través del Acuerdo PCSJA23-
12127 22 de diciembre de 2023 la entidad accionada abrió la etapa de
inscripciones para la presentación del examen de Estado desde el 26 de
diciembre de 2023 hasta el 23 de enero de 2024, el cual se llevará a cabo en
mayo y octubre de la presente anualidad.
Lo anterior le permite a esta Sala concluir que no existe vulneración ius
fundamental, toda vez que el accionante al ser destinatario de lo contemplado
en la Ley 1905 de 2018, deberá aprobar del examen de estado para obtener la
tarjeta profesional con vigencia definitiva, teniendo en cuenta que es un
requisito de obligatorio cumplimiento para el graduado en derecho.
Sobre el particular, ha sostenido la Sala en oportunidades anteriores 3 que la
expedición de la tarjeta profesional provisional no quebranta el derecho
fundamental a la igualdad, toda vez que el actor ingresó a estudiar la carrera
de derecho el 26 de agosto de 2019, es decir, después de haber sido
promulgada la Ley 1905 de 2018.
3 Ver, entre otras, la sentencia del 15 de septiembre de 2022 dentro del proceso con radicado
n.º 11001-03-15-000-2022-04661-00.
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Por las consideraciones expuestas, no se avizora vulneración de derechos
fundamentales del señor Fredy Alberto Walteros Rodríguez. Por consiguiente,
confirmará la decisión de primer grado que negó el amparo solicitado por aquel,
mediante la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 13 de diciembre de 2023, mediante la cual
se negó la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTÍERREZ (E)
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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