Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04728-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04728-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04728-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04728-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
2 de febrero de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04728-01
Demandante: Carol Edith Dueñas Escobar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04728-01
Demandante: CAROL EDITH DUEÑAS ESCOBAR
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE
LA JUSTICIA
Temas: Acción de tutela contra acto administrativo. Expedición de
tarjeta profesional de abogado provisional. Requisito de examen
de Estado instaurado mediante Ley 1905 de 2018. Derecho
fundamental de petición e improcedencia porque existe otro
medio de defensa judicial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la accionante contra la sentencia de 23 de septiembre de 2022,
dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado dentro de
la acción de tutela, en la que se negaron las pretensiones.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La señora Carol Edith Dueñas Escobar manifestó que culminó sus estudios en
derecho en la Institución Universitaria de Colombia, por lo que el 29 de junio de
2022 obtuvo el título de abogada.
Aseguró que el 11 de julio de 2022 radicó ante la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia solicitud de expedición de la tarjeta
profesional de abogada, la cual fue enviada a las siguientes direcciones de correo
electrónico: regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co y
csjsirnasoporte@deaj.ramajudicial.gov.co.
Indicó que el 15 de julio de 2022 recibió un mensaje del Sistema de Información
del Registro Nacional de Abogados -SIRNA-, en el que se le informó que su
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04728-01
Demandante: Carol Edith Dueñas Escobar
solicitud había sido transferida al personal encargado para su correspondiente
trámite.
Manifestó que desde el 25 de julio de 2022 se efectuó una anotación en el SIRNA,
en el sentido de que el trámite estaba suspendido mientras la institución
universitaria remitía la información correspondiente a la fecha de inicio del
programa académico.
Afirmó que se comunicó con la Institución Universitaria de Colombia, en donde le
informaron que ya se había enviado la información requerida por la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Refirió que ante la tardanza en expedir las tarjetas profesionales solicitó, junto con
otros compañeros, una cita presencial con funcionarios de la referida Unidad, la
cual se llevó a cabo el 19 de agosto de 2022, en donde se les indicó que para
obtener la tarjeta profesional definitiva debían cumplir el requisito del examen de
Estado el cual sería practicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación (ICFES), pero se encontraba en etapa de desarrollo e implementación
para el año 2024, por lo que se les otorgaría una tarjeta provisional con vigencia
hasta el 2024.
Por último, mencionó que para el momento en que se presentó la acción de tutela
no había recibido respuesta ni información alguna en cuanto al estado actual del
trámite de expedición de su tarjeta profesional, la cual a su juicio, debería ser
definitiva.
2. Fundamentos de la acción
La actora presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el fin de
que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de
la profesión, al trabajo y de petición, así como el principio de favorabilidad, y se
ordene la expedición de la tarjeta profesional definitiva de abogada a la que
considera tiene derecho, pues no se ha implementado el examen de Estado
contemplado en el artículo 2 de la Ley 1905 de 2018.
Además, sostuvo que la falta de entrega de su tarjeta profesional definitiva afecta
el ejercicio de su profesión ya que “no es de buen recibo para un cliente, que su
apoderada de confianza pueda ejercer su defensa hasta un tiempo determinado,
causándose de esta forma inseguridad y desconfianza en otorgar un poder”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“Señores Magistrados, solicito amparar mis derechos fundamentales vulnerados
ordenándoles a la autoridad accionada tramitar de manera inmediata mi TARJETA
PROFESIONAL definitiva NO provisional, ya que soy una mujer de 37 años de edad
recién graduada en mi primer carrera profesional de Abogada, asalariada con
ingresos de un 1 SMMLV, habiendo acudido a créditos bancarios a fin de evitar
aplazar mi carrera en pandemia, con la esperanza de poder acceder a ofertas
laborales que me ayuden a crecer laboral y profesionalmente; ya que para nadie es
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04728-01
Demandante: Carol Edith Dueñas Escobar
un secreto, la crisis mundial por la que estamos atravesando debido a la pandemia, la
falta de oportunidades laborales, más si no se cuenta con un título universitario, y de
haberlo obtenido la falta de ejercerlo, estando vulnerados mis derechos de
IGUALDAD, EQUIDAD, TRABAJO, LIBRE DESARROLLO A LA PROFESIÓN,
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD Y DERECHO DE PETICIÓN, ya que a pesar de
mis intentos de solicitar información sobre mi trámite, no he recibido respuesta alguna
y por ello no he podido comenzar a ejercer mi profesión, encontrándose mis
proyectos estancados”.
4. Pruebas relevantes
Con la acción de tutela se allegaron los siguientes documentos:
• Formulario Único de Múltiples Trámites para la emisión de la tarjeta
profesional de abogado debidamente diligenciado.
• Copia del diploma de abogada otorgado a la señora Carol Edith Dueñas
Escobar por la Institución Universitaria de Colombia el 29 de junio 2022.
5. Trámite procesal
Por auto de 5 de septiembre de 2022, el consejero ponente de la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, admitió la demanda de tutela y
ordenó notificar a la parte accionante y al Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios de notificación
electrónica Nos. 95695 a 95696 de 6 de septiembre de 2022, con el fin de darle
cumplimiento a la referida decisión1.
6. Oposición
Respuesta de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia
En escrito de 6 de septiembre de 2022, la directora de la Unidad de Carrera
Judicial solicitó que se nieguen las pretensiones formuladas por el accionante,
bajo el argumento de que se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado.
Manifestó que la señora Carol Edith Dueñas Escobar solicitó a través del correo
electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, su inscripción como abogada y la
expedición de la tarjeta profesional, como titulada de la Institución Universitaria de
Colombia.
Refirió que el 11 de julio de 2022, la Institución Universitaria de Colombia informó
que el accionante inició la carrera de derecho el “29/11/2018”, es decir, después
de haberse promulgado la Ley 1905 de 2018 y finalizó el “29/06/2022”, razón por
1
La accionante y la autoridad demandada y el tercero fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: carolduesabogada@gmail.com;
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co; presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04728-01
Demandante: Carol Edith Dueñas Escobar
la cual debe presentar el certificado de aprobación del examen de Estado exigido
por esa normativa.
Por lo anterior, aseguró que de conformidad con la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo
No. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, resolvió inscribir a la accionante
en el registro de abogados, asignándole la tarjeta profesional de abogada con
“Vigencia Provisional No 390.033, mediante el Acta No. 17808 de [31 de agosto
de] 2022”.
Afirmó que la tarjeta profesional fue enviada al contratista para la elaboración del
plástico con la finalidad de remitirla a través del correo certificado 4 72 a su
domicilio. Además, sostuvo que su vigencia puede ser consultada en la página
web de la Rama judicial o en el enlace https://sirna.ramajudicial.gov.co/.
De otra parte, sostuvo que mediante oficio de 6 de septiembre de 2022 le informó
a la demandante sobre el trámite y expedición de la tarjeta profesional de
abogada.
Ahora bien, en relación con la supuesta afectación del derecho fundamental a la
igualdad que alega el demandante por la emisión de tarjetas profesionales
definitivas a sus compañeros de la misma promoción, indicó que analizará cada
caso particular y evaluará la posibilidad de comunicar a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en condición de representante legal de la Rama Judicial,
“para que por su conducto se adelanten las acciones a que haya lugar, con el fin
de propiciar un trato igual a los usuarios a los que se les había expedido la tarjeta
profesional de abogado sin cumplir el requisito de la presentación del examen de
Estado, siendo obligatorio para estos frente a aquellos a los que en virtud del
artículo 2 de la Ley 1905 de 2018 se les había negado la inscripción y expedición
de la tarjeta profesional de abogado”.
En ese orden de ideas, aseguró que no se vulneró derecho fundamental alguno
teniendo en cuenta que la principal pretensión de la accionante recae sobre la
expedición de la tarjeta profesional de abogado y esta se encuentra subsanada
con la tarjeta provisional expedida en los términos del Acuerdo No. PSCJA22-
11985 de 29 de agosto de 2022.
7. Memorial presentado por la actora con posterioridad al auto admisorio
Por escrito de 9 de septiembre de 2022, la actora manifestó que el 6 de septiembre
de 2022 recibió un oficio suscrito por la Directora de la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia en el que se le informó que “de conformidad
con el Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, esta Unidad le asignó la
Tarjeta Profesional de Abogado Provisional No. 390.033…”, con vigencia hasta el 30
de abril de 2024. No obstante, indicó que dicha respuesta no puede tenerse en
cuenta como suficiente para declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, pues no resuelve el fondo de lo solicitado, es decir, la expedición de la
tarjeta profesional definitiva.
En este sentido, sostuvo que la entidad demandada continúa vulnerando sus
derechos fundamentales, pues le negó la expedición de su tarjeta profesional
definitiva aplicando un acto administrativo que entró en vigencia con posterioridad a
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04728-01
Demandante: Carol Edith Dueñas Escobar
la radicación de su solicitud (Acuerdo No. PSCSJA22-11985 de 29 de agosto de
2022), a pesar de que para el momento de la radicación cumplía con todos los
requisitos que indicaba la página web del SIRNA.
Además, sostuvo que la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 4 de
agosto de 20222 previno a la Unidad para que se abstuviera de exigir el requisito
consagrado en la Ley 1905 de 2018, hasta tanto se pudiera materializar la
presentación del examen de Estado y exhortó al Consejo Superior de la Judicatura
para que en el portal SIRNA actualice el requisito indicado por la Ley 1905 de 2018,
únicamente hasta que se cumplan las fases de implementación del examen de
Estado, dado que exigirlo sin tal proceder conlleva imponer una carga lesiva a los
egresados.
Por último, advirtió que durante el año 2022 se expidieron 14.933 tarjetas
profesionales sin ninguna observación, por lo que considera que en virtud del
derecho fundamental a la igualdad, así como del principio de favorabilidad, debe
retirarse de su tarjeta profesional la limitación de su vigencia hasta el 30 de abril
de 2024 y concederla de forma definitiva.
8. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, mediante sentencia de
23 de septiembre de 2022, negó las pretensiones formuladas por la accionante, al
considerar que la entidad accionada no desconoció los derechos fundamentales
invocados, pues el requisito del examen de Estado fue consagrado como una
exigencia de la Ley 1905 de 2018, por lo que es claro que al haber comenzado
sus estudios el 21 de febrero de 2019, debe cumplir con dicho requisito.
En cualquier caso, sostuvo que con la tarjeta profesional que le fue expedida
puede laborar y ejercer su profesión mientras se determinan las fechas para la
presentación de la referida prueba.
Advirtió que si bien el 11 de julio de 2022 la accionante presentó la solicitud de
expedición de su tarjeta profesional de abogada, es decir, con antelación a que se
dictara el Acuerdo PCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, este acto
administrativo autorizó emitir en forma provisional ese tipo de documentos, de lo
cual resultó beneficiada, pues, de lo contrario, se habría determinado que no
satisfacía uno de los requisitos exigidos por la norma (Ley 1905 de 2018) para ese
propósito y se le hubiese negado la tarjeta profesional.
En cuanto a la supuesta violación del derecho fundamental a la igualdad por
haberse expedido la tarjeta definitiva a otros compañeros que se encontraban en
las mismas condiciones, advirtió que la actora no probó dicha circunstancia y que,
en cualquier caso, la autoridad demandada advirtió que evalúa la posibilidad de
propiciar un trato igual para quienes les fue expedida la tarjeta profesional sin
cumplir el requisito, pues es obligatorio.
2
Exp. No. 11001-03-15-000-2022-03409-00, C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04728-01
Demandante: Carol Edith Dueñas Escobar
Así mismo, manifestó que si la accionante insiste en su inconformidad con lo
consignado en el Acuerdo No. PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 dictado
por el Consejo Superior de la Judicatura, tiene la posibilidad de controvertirlo a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
9. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugnó el fallo de primera instancia bajo los siguientes argumentos:
En primer lugar, sostuvo que aun cuando recibió el oficio de 9 de septiembre de
2022, mediante el cual se le informó que fue expedida la tarjeta profesional con
vigencia hasta el 30 de abril de 2024, en realidad dicha respuesta no resolvió de
forma clara ni de fondo su solicitud ni lo pedido en el escrito de tutela, consistente
en que se emita la tarjeta profesional definitiva. Lo anterior, teniendo en cuenta
que no se le explicó de forma suficiente cuáles fueron las razones de su negativa,
por lo que se vulneró su derecho fundamental de petición.
Enseguida insistió en que en su caso resulta injusto que se le apliquen los efectos
del Acuerdo No. PCSJA22-11985 de 29 de agosto del 2022, a pesar de que su
solicitud fue radicada con anterioridad a su expedición y reiteró que la Sección
Quinta del Consejo de Estado previno al Consejo Superior de la Judicatura de
abstenerse de exigir el requisito del examen de Estado hasta que se pueda
materializar la presentación.
Mencionó que a las siguientes personas les fue otorgada la tarjeta profesional
definitiva, a pesar de haber iniciado estudios con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 1905 de 2018:
Así mismo, insistió en que para el año 2022 se expidieron 14.933 tarjetas
profesionales definitivas, por lo que lo que corresponde es retirar de su tarjeta
profesional la limitación de su vigencia hasta el 30 de abril de 2024 y concederla
de forma definitiva.
Para terminar, indicó que debe tenerse en cuenta una sentencia de tutela de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (sin mencionar
radicado ni fecha de expedición), en la que se ordenó al Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
que resolviera la solicitud de expedición de la tarjeta profesional de abogado del
accionante, teniendo en cuenta que la negativa de la entidad desconoció su
derecho fundamental al debido proceso al exigirle el cumplimiento del requisito del
examen de Estado a pesar de que su reglamentación aún está en curso, lo que
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04728-01
Demandante: Carol Edith Dueñas Escobar
resulta una carga imposible de cumplir para el solicitante y, por tanto, no está en
obligación de soportarla.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 23 de septiembre de 2022, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en la que se negaron las
pretensiones y, en su lugar, acceder al amparo solicitado teniendo en cuenta que
la respuesta otorgada por la entidad vulnera su derecho fundamental de petición,
dado que no resolvió el fondo de lo solicitado, lo cual consistía en expedir la tarjeta
profesional definitiva y no con vigencia provisional. A lo que agregó que en su
caso no le resultaba aplicable lo dispuesto en el Acuerdo No. PSCJA22-11985 de
29 de agosto de 2022, pues éste fue expedido con posterioridad a la radicación de
la petición.
3. El derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.
La Corte Constitucional ha definido las reglas básicas que orientan el derecho de
petición y los criterios que se deben tener en cuenta al aplicarse esta garantía
fundamental. En la sentencia T-1160A de 20013, esa corporación judicial señaló:
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.
3
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04728-01
Demandante: Carol Edith Dueñas Escobar
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que
no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el
Legislador lo reglamente.
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al
artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de
resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294
de 1997 y T-457 de 1994. ”4 .
Mediante la sentencia T-1006 de 2001,5 la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales
más:
j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber
de responder”;6
k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al
interesado7”.
Ahora bien, en lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte
Constitucional precisó que:
“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud
4
Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero.
5
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
6
Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2001, MP. Fabio Morón Díaz. En sentencia T-476 de
2001, MP. Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la
obligación de realizar el traslado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la
cual se eleva la petición, es un elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda vez, que
la simple respuesta de incompetencia, constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo
expresado por la Corte: “…[las respuestas simplemente formales o evasivas]… no satisfacen el
derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración elude el cumplimiento de su
deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de conformidad con
el artículo 209 de la Constitución…”.
7
Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04728-01
Demandante: Carol Edith Dueñas Escobar
y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada
uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.
Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:
‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento
directo e informado del solicitante.
De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar
al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.
Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”8. (destacado fuera de texto)
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro
de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes
a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.
8
Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04728-01
Demandante: Carol Edith Dueñas Escobar
Con fundamento en lo anterior, la garantía del derecho fundamental de petición
conlleva el deber constitucional y legal ineludible de dar respuesta a las peticiones,
de fondo, en forma clara y precisa, dentro de los términos establecidos por la ley,
siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La actora impugnó la decisión que negó las pretensiones de la acción de
tutela, al considerar que contrario a lo resuelto por el a quo, la respuesta otorgada
por la entidad demandada no resolvió de fondo lo propuesto en la petición, dado
que la misma se dirigía a que le fuera otorgada la tarjeta profesional definitiva de
abogada y no con vigencia provisional. A lo que agregó que en su caso no resulta
aplicable lo dispuesto en el Acuerdo No. PCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022,
por cuanto se profirió con posterioridad a la radicación de la solicitud.
4.2. Al respecto, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente se
observa que el 11 de julio de 2022, la señora Carol Edith Dueñas Escobar radicó
ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia el
Formulario Único de Múltiples Trámites con el asunto “INSCRIPCIÓN DE
TARJETA” a las direcciones de correo electrónico
regnal@cendoj.ramajudicia.gov.co y csjsirnasoporte@deaj.ramajudicia.gov.co.
Con el formulario se aportó el acta de grado No. 6029 de 29 de junio de 2022, la
copia de la cédula de ciudadanía y el soporte de pago para la emisión del
documento. Al trámite le fue asignado el radicado No. 22955. Mediante correo
electrónico de 25 de julio de 2022, la referida Unidad acusó el recibo de la solicitud
y le indicó que la misma fue transferida al personal encargado para su
correspondiente trámite.
Para la Sala, dicha petición implica el ejercicio del derecho de petición, en tanto de
conformidad con el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 –Ley Estatutaria del
Derecho de Petición–, “toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición (…), sin que sea necesario
invocarlo”.
En efecto, la solicitud cumple con los requisitos del artículo 16 de la Ley 1755 de
2015, como lo son: (i) la designación de la autoridad a la que se dirige, (ii) la
identificación y datos de contacto del solicitante, (iii) el objeto de la petición y (iv)
las razones que la sustentan.
La actora manifestó en el escrito de tutela que el 19 de agosto de 2022, asistió a
una reunión presencial con funcionarios de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, quienes le indicaron que para obtener la
tarjeta profesional definitiva debía cumplir el requisito del examen de Estado el
cual sería practicado por el ICFES y se encontraba en etapa de desarrollo e
implementación para el año 2024, por lo que se le otorgaría una tarjeta provisional
con vigencia hasta el 2024.
Así mismo, mediante correo electrónico de 29 de agosto de 2022, la demandante
solicitó información sobre el estado del trámite de inscripción de la tarjeta
profesional radicado bajo el No. 22955.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04728-01
Demandante: Carol Edith Dueñas Escobar
A través de oficio de 6 de septiembre de 2022, suscrito por la Directora de la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, le informó a
la accionante lo siguiente:
“Doctora
CAROL EDITH DUEÑAS ESCOBAR
Email: carolduesabogada@gmail.com
Ciudad
Doctora Carol Edith:
En atención a su correo electrónico, en el cual solicita información sobre el trámite de
su tarjeta profesional de abogado, de manera atenta me permito informarle que de
conformidad con el Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, esta Unidad
le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado Provisional No. 390.033, la cual será
enviada al contratista Identificación Plástica S.A.S, para la elaboración del plástico y
una vez sea entregada a esta Unidad, se remitirá a través del servicio de correo
certificado de 472, al domicilio registrado por usted.
De igual manera, podrá acceder a la certificación de vigencia de la tarjeta profesional
de abogado, que puede ser descargada o consultada por la internet, a través del
servicio de “Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier ciudadano o
funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o en el link
https://sirna.ramajudicial.gov.co y verificar así la titularidad y vigencia del documento.
No obstante lo anterior, si usted cambio de residencia deberá ingresar su usuario y
contraseña, a través del link https://sirna.ramajudicial.gov.co en la opción “actualizar
domicilio profesional” y modificar o actualizar los datos que considere necesarios en
caso de presentar alguna inconsistencia”.
El oficio fue notificado el mismo día al correo electrónico de la accionante
carolduesabogada@gmail.com junto con el acta No. 1708 de 2022, en la que se
consignó la siguiente información:
“ACTA DE REGISTRO DE TARJETA PROFESIONAL No.17808 CON VIGENCIA
PROVISIONAL
De conformidad con la Ley 1905 de 2018, el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022 y
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se procede a efectuar la
inscripción como abogado (a) en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, a nombre de:
CAROL EDITH DUEÑAS ESCOBAR
Identificado (a) con la cédula No. 20706066
Titulo obtenido por la Universidad INST. U. DE COLOMBIA
Según acta de grado de fecha 29 de junio del 2022
Como consecuencia de lo anterior, se le asigna la Tarjeta Profesional Provisional
No.390033, con fecha de expedición el 31 de agosto del 2022 y vigente hasta el 30 de
abril de 2024.
Bogotá, D.C.,31 de agosto del 2022”.
4.3. En este orden de ideas, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado por la
accionante en el escrito de impugnación, la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia no desconoció el derecho fundamental de
petición de la actora, pues le notificó de forma efectiva el oficio de 6 de septiembre
de 2022 y el Acta No. 1708 de 31 de agosto de 2022, mediante los cuales se
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04728-01
Demandante: Carol Edith Dueñas Escobar
entiende resuelta de forma clara, congruente y de fondo su solicitud de expedición
de la tarjeta profesional, pues aun cuando no se accedió a reconocerla de forma
definitiva, lo cierto es que se le indicó que de conformidad con el Acuerdo No.
PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, “por el cual se establecen normas para
la expedición de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras disposiciones”,
se había resuelto otorgarle la tarjeta profesional de abogada No. 390.033 con
vigencia profesional hasta el 30 de abril de 2024.
El referido acuerdo estableció la reglamentación para la expedición de la tarjeta
profesional. Entre otras cosas, determinó que mientras se desarrollan las fases
previstas para la implementación de la Ley 1905 de 2018 y se materializa la
presentación del examen de Estado, los destinatarios de la Ley 1905 pueden
tramitar la solicitud de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado, con vigencia provisional hasta la publicación de los resultados de la
primera prueba realizada.
La Ley 1905 de 2018 introdujo este nuevo requisito para el ejercicio de la
profesión de abogado consistente en “acreditar certificación de aprobación del
Examen de Estado”, estableciendo en el artículo 2º que ese requisito se aplica a
quienes iniciaron la carrera de derecho después de la promulgación de la norma,
esto es, a partir del 28 de junio de 2018.
En consecuencia, es claro que la solicitud de expedición de la tarjeta profesional
fue debidamente resuelta de fondo y de manera congruente con lo solicitado, con
sustento en la disposición normativa que contempla en qué casos es posible o no
conceder a una tarjeta con vigencia provisional mientras se práctica el examen de
Estado. Disposición que por lo demás puede ser consultada por la actora en la
página web del Consejo Superior de la Judicatura.
4.4. Por otro lado, la Sala advierte que la acción de tutela resulta improcedente
para resolver cualquier reproche relacionado con la aplicación de lo dispuesto en
el Acuerdo No. PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 al caso de la actora, así
como con el supuesto desconocimiento del ordenamiento jurídico por haberle
reconocido una tarjeta profesional con vigencia provisional, cuando en su sentir, lo
que procedía era el reconocimiento de la tarjeta definitiva.
Lo anterior, teniendo en cuenta que dichas inconformidades se relacionan con la
legalidad del acta de registro de la tarjeta profesional No. 17808 de 31 de agosto
de 2022, expedida por la Directora de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, decisión administrativa respecto de la cual el
legislador estableció un mecanismo ordinario para cuestionar su legalidad, esto
es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que está previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en virtud del cual “[t]oda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare
el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior (…)”.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04728-01
Demandante: Carol Edith Dueñas Escobar
Como ya lo ha expresado esta Sala9, la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho es un mecanismo idóneo y eficaz, en tanto con la respectiva demanda,
puede pedirse el decreto de medidas cautelares, como lo sería la suspensión
provisional del acto administrativo que ordenó el registro de abogado con tarjeta
con vigencia provisional. Los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
permiten que, a petición de parte y debidamente sustentada, el juez o magistrado
ponente decrete las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la respectiva
sentencia.
4.5. Por otro lado, en cuanto a la supuesta vulneración del derecho fundamental a
la igualdad, se observa que la demandante aseguró que a otras personas les fue
otorgada la tarjeta profesional definitiva, mencionando sus nombres y números de
identificación. No obstante, se trata de un alegato que también puede ser ventilado
en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a
partir de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 de la Ley 1437 de
2011, cuyo tertium comparationis debe tener como particularidad que sea legítimo,
esto es, que se ajuste al marco normativo vigente.
4.6. Por último, se advierte que la sentencia de tutela de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia a la que hace alusión la accionante, no
fue identificada de forma suficiente y, en cualquier caso, no sería un
pronunciamiento vinculante para esta corporación judicial, en el ejercicio de su
función como juez constitucional.
En este orden de ideas, la Sala modificará la sentencia de 23 de septiembre de
2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado,
en el sentido de (i) negar el amparo constitucional en cuanto al derecho
fundamental de petición teniendo en cuenta que la solicitud de la actora fue
resuelta de forma clara, congruente y de fondo y (ii) declarar la improcedencia en
cuanto a las inconformidades relacionadas con la aplicación al Acuerdo No.
PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, el reconocimiento de la tarjeta
profesional de abogada con vigencia provisional y la vulneración del derecho a la
igualdad, pues las mismas están relacionadas con el contenido del acta de registro
No. 17808 de 31 de agosto de 2022, cuya legalidad puede ser discutida a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
9
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 26 de enero de 2023, exp. No. 11001-03-15-
000-2022, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y sentencia de 27 de octubre de 2022, exp. No.
11001-03-15-000-2022-04960-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04728-01
Demandante: Carol Edith Dueñas Escobar
RESUELVE:
Primero.- MODIFÍCASE la sentencia de 23 de septiembre de 2022, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, la cual queda así:
“Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela relacionadas con la
vulneración del derecho fundamental de petición.
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con los
demás reproches, por las razones expuestas”.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.