Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04960-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04960-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04960-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
27 de octubre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04960-00
Demandante: Yesid Alirio Silva Carreño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04960-00
Demandante: YESID ALIRIO SILVA CARREÑO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Temas: Tutela por expedición de tarjeta profesional de abogado con
vigencia provisional. No cumple requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por Yesid Alirio Silva Carreño contra el
Consejo Superior de la Judicatura.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 15 de septiembre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Yesid Alirio
Silva Carreño pidió la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y el libre
desarrollo de la profesión, que estimó vulnerados por el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. En
consecuencia, el demandante formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental a la Igualdad y libre desarrollo de la profesión u oficio en
consecuencia.
SEGUNDO: Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura y Unidad de Registro Nacional de
Abogados de la Justicia, dejar sin observación alguna el certificado de la tarjeta profesional de
abogado No. 390053 expedida el día 01-09-2022 y expedir nuevamente (plástico) de mi tarjeta
profesional de manera definitiva, realizando las modificaciones a que haya lugar, ajustadas al derecho
de igualdad, con relación a las Tarjetas Profesionales de abogado expedidas de manera definitiva
mencionadas los fallos de tutela relacionados en los hechos, sin ningún tipo de restricción
“PROVISIONAL” y sin fecha de caducidad vuelvo y reitero en el correspondiente certificado, aplicando
en mi caso el Acuerdo PCSJA19-11354 de 2019 vigente para la fecha en que realice la solicitud de
mi tarjeta profesional que fue el día 07 de julio del 2022.
2. Hechos
Del expediente de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. El 28 de enero de 2019, el señor Yesid Alirio Silva Carreño inició el programa de
derecho en la Universidad La Gran Colombia, sede Bogotá, y obtuvo el título de abogado
el 28 de junio de 2022.
2.2. El 5 de julio de 2022, el demandante solicitó al Consejo Superior de la Judicatura 1
información sobre los requisitos para obtener la tarjeta profesional de abogado. En esa
1 Al correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Yesid Alirio Silva Carreño
misma fecha, le informaron que los requisitos para el trámite estaban reglados en el
Acuerdo PCSJA19-11354 de 2019.
2.3. El 6 de julio de 2022, diligenció el formulario de preinscripción para el trámite de la
tarjeta profesional de abogado en la página del Registro Nacional de Abogados del
Consejo Superior de la Judicatura. Luego, mediante correo electrónico enviado el 7 de
julio de 20222 remitió al Consejo Superior de la Judicatura los documentos necesarios
para la expedición de la tarjeta profesional de abogado.
2.4 El 25 de julio de 2022, el aplicativo de Registro Nacional de Abogados acusó el
recibido de la documentación enviada.
2.5 El 19 de agosto de 2022, el demandante asistió a una reunión programada por el
Consejo Superior de la Judicatura en la que se informó que el examen de Estado de que
trata el artículo 1º de la Ley 1905 de 2018 sólo se podría presentar en el año 2024.
2.6. El 22 de agosto de 2022, el actor ingresó a la plataforma de la Rama Judicial y se
encontraba la siguiente información “con el fin de continuar con el trámite de inscripción
de la tarjeta profesional abogado, le comunico que se solicitó a la universidad aclaración
de la fecha de inicio de la carrera de derecho- Una vez se allegue la información por
parte de la Universidad a los correos regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co y
wrincons@cendoj.ramajudicial.gov.co continuaremos con la gestión de su trámite”.
2.7. En virtud de lo anterior, el demandante solicitó a la institución educativa que diera
respuesta a la información requerida por el Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia y ésta le indicó que ya había dado respuesta. Que, sin embargo, el 23 de
agosto de 2022 envió nuevamente la información al Consejo Superior de la Judicatura.
2.8. El 30 de agosto de 2022, el señor Silva Carreño solicitó a la demandada expedición
de certificado de vigencia “definitiva” de tarjeta profesional.
2.9. El 1° de septiembre de 2022, la Unidad Nacional de Registro de Abogados y
Auxiliares de la Justicia informó al demandante lo siguiente:
(…) de manera atenta me permito informarle que de conformidad con el Acuerdo PSCJA22-11985 del
29 de agosto de 2022, esta Unidad le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado Provisional No.
390.053, la cual será enviada al contratista Identificación Plástica S.A.S, para la elaboración del
plástico y una vez sea entregada a esta Unidad, se remitirá a través del servicio de correo certificado
de 472, al domicilio registrado por usted.
De igual manera, podrá acceder a la certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado,
que puede ser descargada o consultada por la internet, a través del servicio de “Certificado de
Vigencia”, al que podrá acceder cualquier ciudadano o funcionario, desde la página web de la Rama
Judicial o en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co y verificar así la titularidad y vigencia del
documento.”
2.10. El 9 de septiembre de 2022, el demandante recibió en su domicilio el plástico
correspondiente a la tarjeta profesional N.º. 390.053 con vigencia provisional hasta el 30
de abril de 2024.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La parte actora adujo que el Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad y al libre ejercicio de la profesión, al exigirle el cumplimiento
del requisito del examen estatal previsto en la Ley 1905 de 2018 y regulado por el
Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022.
2 Remitió a la dirección electrónica: regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co
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3.1.1 Que esas normas no resultan aplicables en su caso, pues el demandante solicitó
la expedición de la tarjeta profesional el 7 de julio de 2022 y, para esa época, se
encontraban vigentes los Acuerdos PSCJA19-11354 y PSCJA19- 11358 de 2019. Que,
por lo tanto, para el trámite de la tarjeta profesional debieron tenerse en cuenta los
requisitos previstos en esos acuerdos, mas no los requisitos del Acuerdo PCSJA22-
11985 de 29 de agosto de 2022, pues, de aceptarse lo contrario, se estaría aplicando
ese acuerdo de manera retroactiva.
3.1.2. Que, además, se desconoce el derecho a la igualdad, pues la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en fallos de tutela del 4 de agosto de 2022, dictados en los
expedientes 11001031500020220384700 y 11001031500020220340900, ordenó la
expedición de la tarjeta profesional de abogado sin exigir el requisito del examen estatal
previsto en la Ley 1905 de 2018 y sin la limitación de “provisional”.
3.1.3. Que fue “discriminado con la expedición de mi tarjeta con limitación, afectando de cierta
manera mi dignidad humana toda vez que no estoy recibiendo un trato acorde e igual de
condiciones”.
3.2. Por último, el actor alegó que fue vulnerado el derecho de petición porque no se
resolvió de fondo la solicitud de expedición de tarjeta profesional. Que, en efecto,
mientras que el demandante solicitó la expedición de la tarjeta profesional definitiva, la
autoridad demandada le entregó una tarjeta provisional, modalidad que, según dice, ni
siquiera está prevista en el Decreto 196 de 1971. Que, en últimas, la tarjeta provisional
que le entregaron es una licencia temporal, y eso no fue lo que solicitó.
4. Trámite procesal
4.1. Mediante auto del 21 de septiembre de 2022, el Despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela. En consecuencia, entre otras cosas, ordenó que se notificara al
presidente del Consejo Superior de la Judicatura.
4.2. En cumplimiento de la anterior providencia, la Secretaría General de la Corporación
practicó la correspondiente notificación, mediante correo electrónico enviado el 3 de
octubre de 20223.
5. Intervenciones
5.1. La directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se denegaran las
pretensiones de la acción de tutela por hecho superado.
5.2. Señaló que la Ley 1905 de 2018 dispuso que “Para ejercer la profesión de abogado,
además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá́ acreditar
certificación de aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior
de la Judicatura” y que dicho requisito es aplicable a quienes inicien la carrera de derecho
después de la promulgación de la norma (28 de junio de 2018).
5.2.1 Explicó que con el propósito de dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos
1º y 2º de la citada ley4, el Director Ejecutivo de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura suscribió convenio interadministrativo con el ICFES, con el
3 Índice 8 de Samai.
4 ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales
vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice el
Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), directamente o a través de una Institución de Educación Superior acreditada
en Alta Calidad que se contrate para tal fin. (…)
ARTÍCULO 2. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado establecido en la presente ley se
aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación.
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objeto de definir, construir y validar el marco de referencia para la implementación del
examen para ejercer la profesión de abogado. Que en la Fase III del convenio se
desarrollará la Implementación del examen de Estado para vigencia del año 2024.
5.2.2. Que se expidió el Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 20225, en el
que señaló que “los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018 que aún no presentan el
examen de Estado, podrán solicitar sin la acreditación del certificado de aprobación del examen,
su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de una Tarjeta Profesional
de Abogado, que tendrá carácter provisional con vigencia hasta la publicación de los resultados
de la primera prueba”.
5.3. Que el acuerdo le es aplicable al demandante y no implica vulneración al principio
de irretroactividad de la ley, porque fue expedido en cumplimiento de la Ley 1905 de
2018. Que, en efecto, el demandante inició la carrera de derecho el 28 de enero de 2019
y, por lo tanto, debe presentar el examen. Que, en todo caso, el actor fue inscrito en el
registro de abogados mediante el Acta 17828 de 2022 y fue asignada la tarjeta
profesional de abogado con vigencia provisional N.º 390.053.
5.4. De igual manera, informó que mediante oficio del 1 de septiembre de 2022 dio
respuesta a las peticiones del demandante y puso en conocimiento el trámite y
expedición de la tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional. Asimismo,
adujo que el 9 de septiembre de 2022, el señor Silva Carreño recibió el plástico de la
tarjeta profesional.
5.5. Expuso que no ha violado el derecho a la igualdad del demandante, pues la tarjeta
profesional expedida en el caso de Katya Marchela Álvarez Olivella obedeció al
cumplimiento de una orden judicial dictada dentro de la acción de tutela con radicado
11001031500020220340900, sumado a que “en dicha providencia se previno al Consejo
Superior de la Judicatura para que se abstuviera de exigir el requisito consagrado en la
Ley 1905 de 2018, hasta que, se pueda materializar la presentación del examen, de tal
manera que, esta Unidad no está́ solicitando el cumplimiento de dicho requisito, por el
contrario se está́ expidiendo la tarjeta profesional de abogado con una vigencia
provisional hasta tanto se publiquen los resultados del primer examen que exige la
mencionada Ley”.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela
1.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
1.2. La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.
5 “por medio del cual se establecen normas para la expedición de tarjetas profesionales de abogados y se dictan otras
disposiciones”
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2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. Previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto, la Sala estima
necesario determinar si, en este caso la tutela cumple con el requisito de subsidiariedad.
De encontrarse cumplido ese requisito, será estudiado el fondo del asunto, en los
términos propuestos en la demanda de tutela.
2.2. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
2.2.1. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia
de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera
que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de
protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz
de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó 6:
La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho
creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental,
respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser
invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger
con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se
da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el
último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio
de protección, precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales […].
2.2.2. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen
las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
2.3. En el caso concreto, el demandante alegó que la autoridad demandada vulneró los
derechos fundamentales invocados, por cuanto fue inscrito en el registro de abogados
con tarjeta provisional, cuando la pretensión era la inscripción con tarjeta definitiva. A
juicio del actor, en el acto de inscripción la entidad demandada aplicó indebidamente el
Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, por cuanto no estaba vigente para
la época en la que solicitó la expedición de la tarjeta profesional.
2.4. Sería del caso resolver los argumentos que propone el demandante. Sin embargo,
la Sala encuentra que la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, pues,
en los términos de los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 20117, el actor puede ejercer
6 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
7 Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia,
o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con
desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.
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la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acta de registro de tarjeta
profesional No. 17828 del 1 de septiembre de 2022, que lo inscribió como abogado y le
asignó la tarjeta profesional No. 390.053 con vigencia provisional hasta el 30 de abril de
2024.
2.4.1. Para la Sala, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es un mecanismo
idóneo y eficaz, pues, junto con la respectiva demanda, puede pedirse el decreto de
medidas cautelares, como lo sería la suspensión provisional del acto administrativo que
ordenó el registro de abogado con tarjeta con vigencia provisional. Los artículos 229 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011 permiten que, a petición de parte y debidamente
sustentada, el juez o magistrado ponente decrete las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la
efectividad de la respectiva sentencia.
2.5. La acción de tutela tampoco procede como mecanismo transitorio, puesto que el
demandante no demostró la existencia de un verdadero perjuicio irremediable. Si bien
en el escrito de tutela el demandante señaló que: “no puedo llevar ni comprometerme con
casos de representación legal para llevar hasta feliz término”, “si a una persona al presentársele
mi tarjeta profesional No. 390053 con la palabra PROVISIONAL, es muy posible y con seguridad
dudara en conferirme poder alguno para actuar” y “mi caso estaría limitado y restringido hasta
para el cobro de honorarios”, lo cierto es que esas circunstancias son meras
eventualidades, que, per se, no causan un perjuicio irremediable ni violan derechos
fundamentales. Con mayor razón si se tiene en cuenta que el demandante ya se
encuentra inscrito como abogado en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y, por
lo tanto, habilitado para ejercer la profesión.
2.5.1. En todo caso, conviene precisar que el ejercicio de la profesión de abogado está
regulado en el Decreto 196 de 1971. El artículo 4 de ese decreto establece que para
ejercer la profesión de abogado se requiere estar inscrito como abogado y el artículo 22
señala que quien “actúe como abogado deberá exhibir su Tarjeta Profesional al iniciar la gestión, de lo
cual se dejará testimonio escrito en el respectivo expediente. Además, el abogado que obre como tal,
deberá indicar en todo memorial el número de su tarjeta. Sin el cumplimiento de estas formalidades no se
dará curso a la solicitud”.
2.5.2. Ahora, la Ley 1905 de 2018 introdujo un nuevo requisito para el ejercicio de la
profesión de abogado consistente en “acreditar certificación de aprobación del Examen de
Estado”. El artículo 2º de la Ley 1905 de 2018 establece que ese requisito se aplica a
quienes iniciaron la carrera de derecho después de la promulgación de la norma8, esto
es, a partir del 28 de junio de 2018.
2.5.3. La Corte Constitucional, en las sentencias C-138 del 2019 y C-594 del 2019,
estudió dos demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra el artículo 2 de la Ley
1905 del 2018. En la sentencia C-138 del 2019, la Corte Constitucional consideró que
exigir la presentación de un examen estatal a las personas que vayan a ejercer como
Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en
una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se
le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el
mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará
a partir de la notificación de aquel.
8 Artículo 2o. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado establecido en la presente ley se
aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación
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abogados no constituye una exigencia contraria a la Constitución, debido al alto nivel de
responsabilidad que tiene dicha profesión. En lo pertinente, la sentencia dice:
(...) la Sala encuentra el examen de Estado es un mecanismo que permite evaluar y verificar las
aptitudes académicas del futuro profesional en derecho. En ese orden, exige una formación
académica que deben reunir los estudiantes que iniciaron sus estudios después de la promulgación
de la Ley 1905 de 2018. Para la Sala, el examen de Estado es un medio constitucionalmente
permitido, pues asegura unos conocimientos trasversales a la formación profesional de los abogados
y con base en estos, permite habilitar el ejercicio profesional en los casos específicamente
mencionados.
Ahora bien, la efectiva conducencia no puede analizarse en abstracto pues “requiere demostrar, con
cierto grado de certeza, que las medidas resultan aptas para alcanzar dichos fines” En el presente
caso, dos razones permiten determinar que el examen de Estado cumple con el postulado antedicho.
Por un lado, los exámenes de habilitación han servido en otras jurisdicciones – como Estados Unidos
y Alemania – para mitigar deficiencias académicas y con ello, filtrar los estudiantes que no tienen los
conocimientos básicos para el adecuado desempeño profesional. Un examen, naturalmente, exige
preparación y rigor, y por esa razón, es una herramienta que obliga al estudiante de derecho tomador
de la prueba a tener ciertos conocimientos. En esta medida, al supeditar la habilitación para
representar intereses ajenos a los resultados satisfactorios del examen, se crea un filtro, de origen
estatal, que garantiza criterios uniformes en relación con las exigencias para representar a las
personas naturales o jurídicas en aquellos trámites en los que la ley exige un abogado.
De otro lado, el examen de Estado mitiga las diferencias existentes entre universidades, elimina las
ideas que abundan en el mercado laboral donde se presume la idoneidad profesional por el simple
hecho de ser egresado de determinada facultad de derecho. Con el resultado de un examen, se
evalúan objetivamente las calidades de quien ha culminado sus estudios en derecho. En este orden
de ideas, el requisito de habilitación es efectivamente conducente para habilitar a los abogados en el
ejercicio profesional del derecho pues si permite, con cierto grado de certeza, evaluar la idoneidad
profesional de los egresados de la carrera de derecho.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que el medio puede considerarse como
efectivamente conducente para alcanzar la finalidad identificada. En este sentido, el examen de
idoneidad que se exigirá a profesionales en derecho, a partir, de la fecha de promulgación de la norma
actúa como filtro de entrada al ejercicio profesional y su aprobación exige de las facultades de derecho
una obligación para con sus estudiantes, pues en el margen de la libertad de cátedra universitaria
deberán proveer las herramientas para que sus egresados logren acreditar el nuevo requisito que
exige la ley. Con base en lo anterior, la Sala procederá a declarar la exequibilidad de la norma
demandada.
2.5.4. A partir de lo expuesto se concluye que el requisito del examen de Estado para
ejercer la profesión de abogado es una exigencia establecida por el legislador para las
personas que iniciaron la carrera de derecho después del 28 de junio de 2018 y que
pretendan desempeñarse como profesionales del derecho, requisito que ha sido avalado
por la Corte Constitucional, en la medida en que permite comprobar la idoneidad de los
profesionales del derecho.
2.5.5. Ahora, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo No. PSCJA22-
11985 de 2022, estableció normas para la expedición de tarjeta profesional y, entre otras
cosas, determinó que mientras se desarrollan las fases previstas para la implementación
de la Ley 1905 de 2018 y se materializa la presentación del examen de Estado, los
destinatarios de la Ley 1905 pueden tramitar la solicitud de inscripción y expedición de
la tarjeta profesional de abogado, con vigencia provisional hasta la publicación de los
resultados de la primera prueba realizada.
2.5.6. En el caso concreto, está probado que el señor Yesid Alirio Silva Carreño inició el
programa de derecho el 28 de enero de 2019, es decir, cuando la Ley 1905 de 2018 se
encontraba vigente. Luego, le resulta aplicable el requisito del examen de Estado.
2.5.6.1. El hecho de que el Consejo Superior de la Judicatura hubiese expedido el
Acuerdo No. PSCJA22-11985 de 2022 después de que el actor solicitó la expedición de
la tarjeta profesional, no significa que se esté exigiendo el requisito del examen de Estado
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de manera retroactiva, como lo sugiere el demandante. Todo lo contrario, el requisito fue
creado en la Ley 1905 de 2018 y es a partir de lo dispuesto en esa norma que se
determina la exigencia o no del nuevo requisito para el ejercicio de la profesión de
abogado. El acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura simplemente
reglamenta la forma de cumplir un requisito previamente previsto en la ley.
2.5.6.2. De hecho, a juicio de la Sala, el Acuerdo No. PSCJA22-11985 de 2022 antes
que violar derechos fundamentales del actor, procura garantizar que pueda ejercer la
profesión mientras se desarrollan las fases necesarias para la implementación del
examen de Estado. En este punto conviene precisar que, contra lo dicho por el
demandante, la tarjeta profesional con vigencia provisional no puede equipararse con la
licencia temporal de que tratan los artículos 31 y 32 del Decreto 196 de 1971. La licencia
temporal fue prevista para quienes hayan terminado estudios de derecho y no hayan
obtenido el título de abogado, situación que difiere del registro y otorgamiento de la
tarjeta profesional provisional, que permite ejercer, sin restricciones de cuantía o tipo de
proceso, la profesión de abogado en el territorio nacional hasta la publicación de los
resultados de la primera prueba realizada.
2.6. Respecto del derecho a la igualdad, la Sala debe precisar que el acta de registro de
tarjeta profesional No. 17828 del 1 de septiembre de 2022, que inscribió al demandante
como abogado y asignó la tarjeta profesional No. 390.053 con vigencia provisional hasta
el 30 de abril de 2024 no pone al actor en situación de desigualdad frente a las señoras
Katya Marchela Álvarez Olivella y Elizabeth Jaramillo Rodríguez. Los casos de las
señoras Álvarez Olivella y Jaramillo Rodríguez no comparten idénticas situaciones
fácticas a la del demandante. Aunque iniciaron la carrera de derecho en vigencia de la
Ley 1905 de 2018 y les era exigible el examen de estado creado por esa norma, lo cierto
es que, para el 4 de agosto de 2022, fecha en que la Sección Quinta del Consejo de
Estado dictó las sentencias que invoca el actor, el Consejo Superior de la Judicatura no
había expedido aún el Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022.
2.6.1. Incluso, en las sentencias dictadas el 4 de agosto de 2022 en los procesos de
tutela 11001-03-15-000-2022-03409-00 y 11001-03-15-000-2022-03847-00, la Sección
Quinta del Consejo de Estado previno al Consejo Superior de la Judicatura para que, en
lo sucesivo, se abstuviera de exigir el requisito consagrado en la Ley 1905 de 2018, hasta
tanto se pudiera materializar la presentación del examen de Estado. Como esa situación
fue superada tras la expedición del Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de
2022, el demandante no se encuentra en las mismas condiciones de las personas frente
a las cuales establece el juicio de igualdad, toda vez que para el momento en que fue
expedida la tarjeta profesional de abogado ya existía una reglamentación que
desarrollaba la aplicación del examen de Estado y permitía al Consejo Superior de la
Judicatura conceder tarjetas profesionales con vigencia provisional.
2.6.2. Tampoco advierte la Sala que la demandada hubiese trasgredido el derecho de
petición del demandante. Por el contrario, lo que expone el señor Yesid Alirio Silva
Carreño es una inconformidad con la decisión de otorgarle tarjeta profesional con
vigencia provisional, cuestión que, se insiste, no vulnera ningún derecho fundamental.
2.7. En conclusión, para la Sala la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad y no se acreditaron circunstancias excepcionales para que proceda como
mecanismo transitorio. Siendo así, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo
del señor Yesid Alirio Silva Carreño.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04960-00
Demandante: Yesid Alirio Silva Carreño
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Yesid Alirio Silva
Carreño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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