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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05805-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05805-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Giovanni López Giraldo, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05805-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

26 de enero de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05805-00
Demandante: Giovanni López Giraldo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05805-00
Demandante: GIOVANNI LÓPEZ GIRALDO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE
LA JUSTICIA

Temas: Acción de tutela contra acto administrativo. Expedición de
tarjeta profesional de abogado provisional. Requisito de examen
de Estado instaurado mediante Ley 1905 de 2018.
Improcedencia por existencia de otro medio de defensa judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Giovanni López Giraldo contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al trabajo,
libre desarrollo de la profesión y a la igualdad, así como a los principios de
autonomía universitaria y favorabilidad, vulnerados, supuestamente, al efectuar la
inscripción como abogado y expedir la tarjeta profesional con vigencia provisional
hasta el 30 de abril de 2024, a pesar de que no le resulta aplicable el requisito del
examen de Estado creado mediante la Ley 1905 de 2018.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor manifestó que el 21 de julio de 2022 radicó ante la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia solicitud de expedición de la
tarjeta profesional de abogado, al considerar que desde el 19 de abril de 2022
obtuvo el título de abogado de la Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano, Sede Medellín.

Aseguró que el 1 de agosto de 2022, ingresó al Sistema de Información del
Registro Nacional de Abogados (SIRNA) para consultar el estado de su trámite, el
cual figuraba con la anotación “en proceso”.

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Demandante: Giovanni López Giraldo

Por último, indicó que el 2 de septiembre de 2022, transcurridos cuarenta y dos
(42) días desde la radicación de la petición, recibió a su correo electrónico el
comunicado No. 28441 en el que se le informó que fue expedida la tarjeta
profesional No. 390.256. No obstante, aseguró que al consultar el certificado de
vigencia del documento encontró que fue expedido de manera provisional hasta el
30 de abril de 2024, debido a que debía cumplir con el requisito del examen de
Estado de conformidad con lo establecido en “la Ley 1905 de 2018 y el acuerdo
No. PCSJA22 – 11985 de 2022”.

2. Fundamentos de la acción

El actor presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el fin de
que se amparen sus derechos fundamentales al trabajo, al libre desarrollo de la
profesión y a la igualdad, así como a los principios de autonomía universitaria y
favorabilidad, y se ordene la expedición de la tarjeta profesional de abogado a la
que considera que tiene derecho por haber cumplido con todos los requisitos
exigidos por la ley.

Aseguró que en su caso no debe aplicarse la disposición contenida en la Ley 1905
de 2018, según la cual quienes inicien estudios en derecho con posterioridad a su
promulgación -28 de junio de 2018-, deben aprobar el examen de Estado como
requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado, pues si bien
inició sus estudios en el mes de febrero de 2019, lo cierto es que en virtud de la
autonomía de la que gozan las instituciones universitarias, le fue concedida la
homologación de 17 asignaturas del programa de derecho, las cuales fueron parte
de la formación profesional que recibió como oficial de la Policía Nacional y se
cursaron con anterioridad a la promulgación de la referida norma.

Así mismo, afirmó que desconoció su derecho fundamental a la igualdad porque a
algunos compañeros de la misma promoción, quienes iniciaron el programa
académico el mismo día que él, sí se les otorgó la tarjeta provisional definitiva sin
exigirles el cumplimiento de dicho requisito.

Aseveró que de conformidad con las sentencias C-201 de 2019 y T-701 de 2005
de la Corte Constitucional, no puede exigirse el requisito adicional de aprobar el
examen de Estado, en tanto no es compatible con la garantía de la autonomía
universitaria en cuanto a la formación que imparten a sus estudiantes y al principio
de igualdad.

Por otro lado, refirió que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia solo está facultada para negar la expedición de la tarjeta profesional
de abogado “siempre y cuando encuentre deficiencias formales, como ocurre por
ejemplo, cuando el título carece de la firma de alguna autoridad de la institución, si
hay dudas sobre la identificación del profesional, o incluso si fue otorgado por un
centro que no ha sido debidamente acreditado por la Ley, situación tal, que no se
presenta en el caso en concreto, tal como se logra evidenciar tanto en el acta de
grado No. 535 como en el diploma correspondiente”.

Afirmó que en este caso la tardanza del Consejo Superior de la Judicatura en
reglamentar y establecer fechas precisas para la presentación del examen de
Estado afecta su situación dado que le dificulta acceder a oportunidades laborales.
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Finalmente, aseguró que cumple con todos los requisitos señalados en la página
web para la expedición de la tarjeta profesional por lo que considera que en virtud
del principio de favorabilidad se debe proceder a expedir de manera definitiva y no
condicionarla a la presentación del examen de Estado.

3. Pretensiones

El accionante formuló las siguientes:

“PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental a la igualdad establecido en el Art. 13 de
La Constitución Política de Colombia, en concordancia con los arts. 43 y 69 de la
misma.

SEGUNDO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que en el término de la
distancia se expida mi TARJETA PROFESIONAL DEFINITIVA de abogado a la cual
tengo derecho por haber cumplido con todos los requisitos exigidos tal como se les
expidió a más de 10 de los compañeros que iniciaron y culminaron el programa de
derecho conmigo en la Universidad Politécnico Gran Colombiano sede Medellín.

TERCERO: Las demás medidas y órdenes que el Juez de tutela considere
conducentes, para el amparo de mis derechos fundamentales”.

4. Pruebas relevantes

Con la acción de tutela se allegaron los siguientes documentos:

• Formulario Único de Múltiples Trámites para la emisión de la tarjeta profesional de
abogado debidamente diligenciado.
• Copia del diploma de abogado otorgado al señor Giovanni López Giraldo por la
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano el 19 de abril de 2022.
• Constancia expedida el 13 de septiembre de 2022, por el Decano de la Facultad
de Derecho de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, en donde
se deja constancia de que el señor Giovanni López Giraldo “inició sus labores
académicas en el mes de febrero de 2019 y culminó satisfactoriamente en el mes
de diciembre de 2021 correspondiente al programa DERECHO, jornada nocturna”.
• Copia de los certificados de vigencia de las tarjetas profesionales definitivas
expedidas por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia a algunas personas que según el actor iniciaron y terminaron el programa
de derecho en la misma institución universitaria.

5. Trámite procesal

Por auto de 8 de noviembre de 2022, el despacho admitió la solicitud de tutela. En
la misma decisión se ordenó notificar al accionante, a la autoridad accionada, así
como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas
Nos. 118825 a 118827 de 16 de noviembre de 2022, con el fin de darle
cumplimiento a la referida decisión1.

1 La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: giovalogi@gmail.com;
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co.
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6. Oposición

Respuesta de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia

En escrito de 17 de noviembre de 2022, la directora de la Unidad solicitó que se
nieguen las pretensiones formuladas por el accionante, bajo el argumento de que
se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.

Manifestó que el señor Giovanni López Giraldo solicitó a través del correo
electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, su inscripción como abogado y la
expedición de la tarjeta Profesional, como titulado de la Institución Universitaria
Politécnico Grancolombiano.

Refirió que el 25 de julio de 2022, la Institución Universitaria informó que el
accionante inició la carrera de derecho el “04/02/2019”, es decir, después de
haberse promulgado la Ley 1905 de 2018 y finalizó el “19/04/2022”.

Por lo anterior, aseguró que de conformidad con la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo
No. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, resolvió inscribir al accionante en
el registro de abogados, asignándole la tarjeta profesional de abogado con
“Vigencia Provisional No 390.256, mediante el Acta No. 18032 de [1 de septiembre
de] 2022”.

Afirmó que el 15 de septiembre de 2022, envió el plástico de la tarjeta profesional
de abogado a través del servicio de correo certificado de la Empresa 4-72
Servicios Postales Nacionales de Colombia S.A. a la dirección de domicilio
(residencia) suministrada por el accionante. Agregó que el documento fue devuelto
bajo la causal “envío no entregado se encontró cerrado”, por lo que realizó
nuevamente la remisión el 27 de octubre de 2022, mediante la guía de envío No.
RA396481874CO, la cual está pendiente de entrega pues le fue registrada la
anotación “cerrado 1ra vez cargar siguiente turno”.

Por otro lado, sostuvo que mediante oficio de 16 de noviembre de 2022 le informó
al demandante sobre el trámite y expedición de la tarjeta profesional de abogado.

Ahora bien, en relación con la supuesta afectación del derecho fundamental a la
igualdad que alega el demandante por la emisión de tarjetas profesionales
definitivas a sus compañeros de la misma promoción, indicó que analizará cada
caso particular y evaluará la posibilidad de comunicar a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en condición de Representante Legal de la Rama Judicial,
para que, por su conducto, se adelanten las acciones judiciales y administrativas a
que haya lugar por expedir tarjetas provisionales definitivas a quienes les
resultaba aplicable lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley 1905 de 2018, según el
cual el examen de Estado es exigible a quienes hayan iniciado sus estudios con
posterioridad al 28 de junio de 2018.

Mencionó que el Acuerdo No. PSCJA22-11985 de 2022, “por el cual se establecen
normas para la expedición de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras
disposiciones”, constituye el marco de referencia para la implementación del
examen para ejercer la profesión de abogado y no desconoce el principio de
irretroactividad de la ley, pues se profirió con posterioridad a la entrada en vigencia
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de la Ley 1905 de 2018, que en su artículo 2 establece como requisito la
presentación del examen para ejercer la profesión de abogado.

Sostuvo que el Consejo de Estado2, en casos similares al del actor indicó que el
hecho de que no se expidiera una tarjeta profesional con carácter definitivo, no
implica la vulneración de derechos fundamentales, puesto que para que se acceda
a la tarjeta profesional definitiva debe cumplir con el requisito exigido en la Ley
1905 de 2018, el cual corresponde a un mandato legal cuyos destinatarios no
pueden evadir su cumplimiento.

En cualquier caso, afirmó que se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado porque la entidad expidió la tarjeta profesional de abogado con vigencia
provisional en los términos del Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de
2022.

7. Memorial presentado por el accionante

En escrito de 21 de noviembre de 2022, el señor Giovanni López Giraldo insistió
en la pretensión de que se ordene la expedición de la tarjeta profesional definitiva,
por considerar que se está afectando su derecho fundamental a la igualdad dado
que otros compañeros que se encontraban en las mismas circunstancias sí la
recibieron. Además, aseguró que en el evento en que la autoridad demandada no
fije un cronograma para la presentación del examen se estaría configurando un
perjuicio irremediable, porque su licencia se otorgó con vigencia limitada al 30 de
abril de 2024, es decir, está supeditada a la presentación del examen.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, vulneró los
derechos fundamentales al trabajo, al libre desarrollo de la profesión y a la
igualdad, así como los principios de autonomía universitaria y favorabilidad, al
efectuar la inscripción del accionante como abogado y expedir la tarjeta
profesional con vigencia provisional hasta el 30 de abril de 2024, mediante acta de
registro No. 18032 de 1 de septiembre de 2022, a pesar de que cumple con los
requisitos para acceder a la tarjeta profesional definitiva.

De manera previa, se debe establecer si la solicitud de amparo cumple con el
requisito de la subsidiariedad, pues el actor contaría con otro medio de defensa

2 Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2022, exp. No. 11001-03-15-000-2022-05285-00, C.P. Carlos

Enrique Moreno Rubio y Sección Primera, exp. No. 11001-03-15-000-2022-04543-00, C.P. Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
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judicial para controvertir la legalidad del acta de registro No. 18032 de 1 de
septiembre de 2022.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos

El artículo 86 de la Constitución Política, establece que cuando el afectado
dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de
la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado .

No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.

Dentro del marco expuesto, es importante tener en cuenta que la Corte
Constitucional en diferentes pronunciamientos ha reiterado el carácter residual y
excepcional de la tutela, por lo que, en principio, no constituye el mecanismo
adecuado para controvertir las actuaciones administrativas. Al respecto, en la
sentencia T-514 de 2003, reiterada por las sentencias T-451 de 2010 y T-956 de
20113, expresó lo siguiente:

“La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como
mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como
quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su
defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las
actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio

3 En el mismo sentido véase la sentencia T-054 de 2021, M.P. José Fernando Reyes Cuartas y T-137 de

2020, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la
aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que
el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991), mientras se surte el
proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de 5 de marzo de 2014, consideró que no todo perjuicio
irremediable conduce a la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio,
pues es necesario que además de esa entidad, tal daño sea injustificado, que no
provenga de una acción legítima de la autoridad contra quien se interpone, que en
términos generales corresponde a lo que la jurisprudencia sobre la materia, tanto
de la Corte Constitucional como de esta Corporación, han denominado
presupuestos de procedibilidad.

Precisado lo anterior, se observa que, con la finalidad de garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia, el cual se puede ver afectado por la
extensa duración de los procesos ante la jurisdicción Contencioso Administrativa,
a petición del interesado, debidamente sustentada en el respectivo medio de
control, el Juez podrá decretar las medidas cautelares que considere necesarias
para salvaguardar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia.

Al respecto, el capítulo XI del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) ha dispuesto las medidas cautelares en las
acciones contencioso administrativas como un mecanismo de defensa provisional,
idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar un perjuicio irremediable, razón por
la que es deber del actor agotar dicho medio, en primer término, debido a la
naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela. Según el artículo 230, las
medidas cautelares, podrán ser: i) preventivas, cuando se ordene la adopción de
una decisión administrativa con el fin de evitar un perjuicio irremediable o la
agravación de los efectos; ii) conservativas, cuando el juez ordena mantener la
situación o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la
conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas, cuando se ordene la
adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas, cuando se ordene
suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

El artículo 231 de la misma normatividad contempla los requisitos que deben
acreditarse para decretar las medidas cautelares, ya sea que se trate de
suspensión provisional o de otras medidas. Cuando se pretenda la suspensión
provisional de los efectos del acto administrativo demandado, ésta procederá por
violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en solicitud separada,
que surja del análisis y confrontación del acto con las normas superiores
invocadas como vulneradas o del estudio de las pruebas del expediente. Así
mismo, cuando se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios, deberá acreditarse la existencia de aquellos.

De acuerdo con el artículo 234 del CPACA, las medidas cautelares de urgencia
pueden ser adoptadas por el Juez o Magistrado desde la presentación de la
solicitud sin previa notificación a la otra parte, siempre y cuando se evidencie que
por la urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 ib.

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En suma, la acción de tutela no es el medio judicial idóneo para debatir la
legalidad de actos administrativos, pues para el efecto el CPACA establece
diferentes medios de control en los que son procedentes las medidas cautelares
contempladas en dicha normatividad. Solo en casos muy excepcionales, en los
que sea evidente la configuración de un perjuicio irremediable o que el mecanismo
de defensa judicial ordinario no goza de la idoneidad requerida, le corresponde al
juez constitucional restablecer los derechos fundamentales vulnerados o
amenazados.

4. Estudio y solución del caso concreto4

4.1. En el asunto bajo examen, el señor Giovanni López Giraldo presentó acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia, al considerar que vulneró sus derechos
fundamentales al trabajo, al libre desarrollo de la profesión y a la igualdad, así
como los principios de autonomía universitaria y favorabilidad, por cuanto fue
inscrito en el registro de abogados con tarjeta provisional, cuando lo solicitado era
la inscripción definitiva.

A juicio del actor, en el acto de inscripción la entidad demandada aplicó
indebidamente lo dispuesto en la Ley 1905 de 2018, porque considera que a pesar
de que inició sus estudios en febrero de 2019, es decir, con posterioridad a la
vigencia de dicha norma (28 de junio de 2018), el requisito del examen de Estado
para el ejercicio de la profesión de abogado no le resultaba exigible, pues fue
beneficiario de la homologación de 17 asignaturas del programa, las cuales fueron
cursadas con anterioridad a la expedición de la ley, dado que hacen parte de su
formación como oficial de la Policía Nacional.

4.2. Al respecto, la Sala observa que el actor acudió a la acción de tutela para
controvertir el acta de registro de la tarjeta profesional No. 18032 de 1 de
septiembre de 2022, con vigencia provisional hasta el 30 de abril de 2024,
expedida por la Directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, decisión administrativa respecto de la cual el legislador
estableció un mecanismo ordinario para cuestionar su legalidad, esto es, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que está previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en virtud del cual “[t]oda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir
que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y
se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La
nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
artículo anterior (…)”.

Como ya lo ha expresado esta Sala5, la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho es un mecanismo idóneo y eficaz, en tanto con la respectiva demanda,
puede pedirse el decreto de medidas cautelares, como lo sería la suspensión
provisional del acto administrativo que ordenó el registro de abogado con tarjeta
con vigencia provisional. Los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011
permiten que, a petición de parte y debidamente sustentada, el juez o magistrado
4 La Sala reiterará las consideraciones y argumentos expuestos en la sentencia de 27 de octubre de 2022,

exp. No. 11001-03-15-000-2022-04960-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 27 de octubre de 2022, exp. No. 11001-03-15-000-2022-

04960-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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ponente decrete las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la respectiva
sentencia.

Adicionalmente, se advierte que la solicitud de amparo tampoco procede como
mecanismo transitorio, pues aun cuando el demandante señaló que al habérsele
otorgado la licencia con vigencia provisional hasta el 30 de abril de 2024, se
configura un perjuicio irremediable porque el Consejo Superior de la Judicatura no
ha establecido un cronograma para la presentación del examen, por lo que
depende de que el mismo se practique oportunamente, lo cierto es que dicha
situación es un hecho incierto y futuro, por lo que es claro que el perjuicio alegado
no es actual, inminente, urgente e impostergable. Además, se observa que la
licencia profesional otorgada le permite al actor ejercer su profesión hasta la fecha
indicada sin ninguna limitación.

En este orden de ideas, no se vislumbra que la situación expuesta por el actor
corresponda a un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que el daño alegado
no es inminente, grave o impostergable ni requiere la adopción de medidas
urgentes por parte del juez constitucional y, por tanto, no se satisfacen los
requisitos señalados por la Corte Constitucional para habilitar la procedencia
transitoria de la acción de tutela6.

4.3. En cualquier caso, cabe resaltar que el ejercicio de la profesión de abogado
está regulado en el Decreto 196 de 1971. El artículo 4 de ese decreto establece
que para ejercer la profesión de abogado se requiere estar inscrito como abogado
y el artículo 22 señala que quien “actúe como abogado deberá exhibir su Tarjeta
Profesional al iniciar la gestión, de lo cual se dejará testimonio escrito en el
respectivo expediente. Además, el abogado que obre como tal, deberá indicar en
todo memorial el número de su tarjeta. Sin el cumplimiento de estas formalidades
no se dará curso a la solicitud”.

Ahora, la Ley 1905 de 2018 introdujo un nuevo requisito para el ejercicio de la
profesión de abogado consistente en “acreditar certificación de aprobación del
Examen de Estado”. El artículo 2º establece que ese requisito se aplica a quienes
iniciaron la carrera de derecho después de la promulgación de la norma, esto es, a
partir del 28 de junio de 2018.

La Corte Constitucional, en las sentencias C-138 del 20197 y C-594 del 20198,
estudió dos demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra el artículo 2 de
la Ley 1905 del 2018. En la sentencia C-138 del 2019, la Corte Constitucional
consideró que exigir la presentación de un examen estatal a las personas que
vayan a ejercer como abogados no constituye una exigencia contraria a la
Constitución Política, debido al alto nivel de responsabilidad que tiene dicha
profesión. En lo pertinente, la sentencia dice:

(...) la Sala encuentra que el examen de Estado es un mecanismo que permite evaluar
y verificar las aptitudes académicas del futuro profesional en derecho. En ese orden,
exige una formación académica que deben reunir los estudiantes que iniciaron sus
estudios después de la promulgación de la Ley 1905 de 2018. Para la Sala, el examen

6 Sentencia SU-508 de 2020, M.P. Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas.
7 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
8 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

9

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Demandante: Giovanni López Giraldo

de Estado es un medio constitucionalmente permitido, pues asegura unos
conocimientos trasversales a la formación profesional de los abogados y con base en
estos, permite habilitar el ejercicio profesional en los casos específicamente
mencionados.

Ahora bien, la efectiva conducencia no puede analizarse en abstracto pues ‘requiere
demostrar, con cierto grado de certeza, que las medidas resultan aptas para alcanzar
dichos fines’. En el presente caso, dos razones permiten determinar que el examen de
Estado cumple con el postulado antedicho. Por un lado, los exámenes de habilitación
han servido en otras jurisdicciones – como Estados Unidos y Alemania – para mitigar
deficiencias académicas y con ello, filtrar los estudiantes que no tienen los
conocimientos básicos para el adecuado desempeño profesional. Un examen,
naturalmente, exige preparación y rigor, y por esa razón, es una herramienta que
obliga al estudiante de derecho tomador de la prueba a tener ciertos conocimientos.
En esta medida, al supeditar la habilitación para representar intereses ajenos a los
resultados satisfactorios del examen, se crea un filtro, de origen estatal, que garantiza
criterios uniformes en relación con las exigencias para representar a las personas
naturales o jurídicas en aquellos trámites en los que la ley exige un abogado.

De otro lado, el examen de Estado mitiga las diferencias existentes entre
universidades, elimina las ideas que abundan en el mercado laboral donde se
presume la idoneidad profesional por el simple hecho de ser egresado de determinada
facultad de derecho. Con el resultado de un examen, se evalúan objetivamente las
calidades de quien ha culminado sus estudios en derecho. En este orden de ideas, el
requisito de habilitación es efectivamente conducente para habilitar a los abogados en
el ejercicio profesional del derecho pues si permite, con cierto grado de certeza,
evaluar la idoneidad profesional de los egresados de la carrera de derecho.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que el medio puede considerarse
como efectivamente conducente para alcanzar la finalidad identificada. En este
sentido, el examen de idoneidad que se exigirá a profesionales en derecho, a partir,
de la fecha de promulgación de la norma actúa como filtro de entrada al ejercicio
profesional y su aprobación exige de las facultades de derecho una obligación para
con sus estudiantes, pues en el margen de la libertad de cátedra universitaria deberán
proveer las herramientas para que sus egresados logren acreditar el nuevo requisito
que exige la ley. Con base en lo anterior, la Sala procederá a declarar la exequibilidad
de la norma demandada”9.

A partir de lo expuesto, se concluye que el requisito del examen de Estado para
ejercer la profesión de abogado es una exigencia establecida por el legislador para
las personas que iniciaron la carrera de derecho después del 28 de junio de 2018
y que pretendan desempeñarse como profesionales del derecho, requisito que ha
sido avalado por la Corte Constitucional, en la medida en que permite comprobar
la idoneidad de los profesionales del derecho.

Ahora, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo No. PSCJA22-
11985 de 2022, estableció la reglamentación para la expedición de la tarjeta
profesional. Entre otras cosas, determinó que mientras se desarrollan las fases
previstas para la implementación de la Ley 1905 de 2018 y se materializa la
presentación del examen de Estado, los destinatarios de la Ley 1905 pueden
tramitar la solicitud de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado, con vigencia provisional hasta la publicación de los resultados de la
primera prueba realizada. Así mismo, en el caso concreto, la Sala observa que el
señor Giovanni López Giraldo inició el programa de derecho en el mes de febrero
de 2019, es decir, cuando la Ley 1905 de 28 de junio de 2018 se encontraba
vigente.

9 M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Demandante: Giovanni López Giraldo

4.4. Por último, en cuanto a la supuesta vulneración del derecho fundamental a la
igualdad, se advierte que el demandante aseguró que a otros compañeros de la
misma promoción les fue otorgada la tarjeta profesional definitiva, lo que respaldó
con los certificados de vigencia de sus tarjetas profesionales en donde figura la
anotación de “vigente”. En cualquier caso, se trata de un alegato que también
puede ser ventilado en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, a partir de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 de la
Ley 1437 de 2011, cuyo tertium comparationis debe tener como particularidad que
sea legítimo, esto es, que se ajuste al marco normativo vigente.

En este orden de ideas, es claro para la Sala que la acción de tutela promovida
por el señor Giovanni López Giraldo no cumple con el requisito de la
subsidiariedad y no se acreditaron circunstancias excepcionales para que proceda
como mecanismo transitorio, por lo que declarará su improcedencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el
señor Giovanni López Giraldo, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA

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