Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02092-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02092-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02092-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
1 de agosto de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02092-00
Demandante: Sirlli Sulay Giraldo Marrugo y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02092-00
Demandantes: SIRLLI SULAY GIRALDO MARRUGO, JONATHAN STIVEN
GÓMEZ GÓMEZ, ANA JUDITH DE LA ROSA CASTRO Y
MÓNICA DE JESÚS PLAZA COTA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Expedición de tarjeta
profesional de abogado con carácter definitivo, no provisional.
Requisito de examen de Estado implementado por medio de la Ley
1905 de 2018. Sentencia SU-128 de 2024
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por las señoras Sirlli Sulay Giraldo Marrugo, Ana Judith de la Rosa
Castro y Mónica de Jesús Plaza Cota y el señor Jonathan Stiven Gómez Gómez1,
contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, en la que piden el amparo constitucional de
sus derechos fundamentales a la libre elección y ejercicio de la profesión e
igualdad, los cuales consideran vulnerados con la expedición de la tarjeta
profesional de abogado con carácter provisional, supeditada a la presentación del
examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos:
Los accionantes son graduados de la carrera de derecho y para el momento en el
que iniciaron sus estudios se encontraba en vigencia la Ley 1905 de 2018, por la
cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de
abogado.
1 La acción de tutela se presentó el 29 de abril de 2024.
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Demandante: Sirlli Sulay Giraldo Marrugo y otros
Manifestaron que el Consejo Superior de la Judicatura les expidió las tarjetas
profesionales provisionales, con vigencia hasta la publicación de los resultados del
primer examen de Estado, como requisito para la obtención de la tarjeta
profesional de abogado.
Por último, señalaron que el carácter provisional y no definitivo de las tarjetas
profesionales hasta no presentar el examen, es una limitación a su ejercicio
profesional.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la libre elección y ejercicio
de la profesión e igualdad, con la expedición de la tarjeta profesional de abogado
con carácter provisional, supeditada a la presentación del examen de Estado
implementado por medio de la Ley 1905 de 2018.
Sostuvo que con la emisión de la tarjeta profesional con carácter provisional, la
autoridad accionada vulnera el artículo 15 de la Constitución Política, toda vez que
pone en tela de juicio sus capacidades al señalar una vigencia que depende de un
examen de idoneidad.
Expresó que el examen exigido para ejercer la profesión de abogado no ha tenido
una preparación adecuada, ya que los participantes no tienen claridad de saber el
tipo de evaluación que permita examinar la idoneidad de un abogado y tampoco
“han publicado cuáles son las instituciones capacitadas para preparar a los
abogados para presentar el examen, cuáles son las condiciones mínimas para
aprobar el examen”.
Aludió que el Consejo Superior de la Judicatura al expedir una tarjeta profesional
con carácter provisional se extralimitó de sus competencias y restringió la libertad
del ejercicio de profesión, con “graves implicaciones para la seguridad jurídica, el
principio de confianza legítima y el acceso de la ciudadanía a la administración de
justicia”.
Adujo que la Corte Constitucional le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura
que en el escenario de no realizar el examen de idoneidad el 30 de mayo de 2024,
debía expedir la tarjeta profesional definitiva a todas las personas que hayan sido
admitidas a la evaluación, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos
para obtener la misma.
En ese sentido, indicó que lo anterior “no solo se debería aplicar para los
abogados que se inscribieron al examen, sino para todos los abogados que
sacaron su tarjeta de carácter provisional antes de la presentación del primer
examen”.
Finalmente, hizo referencia a lo dispuesto en los artículos 5, 13, 25, 26 y 69 de la
Constitución Política, así como a la sentencia C-594 de 2019 de la Corte
Constitucional, por medio de la cual se resolvió una demanda de
inconstitucionalidad contra la Ley 1905 de 2018, “Por la cual se dictan
disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”.
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3. Pretensiones
La parte demandante en el escrito de tutela formuló las siguientes:
“1. Se aplique la decisión de la Corte en igualdad de condición, LA CUAL MANIFIESTA
QUE ESTA, TIENE EFECTOS INTER PARES. Quiere decir ello, que todos los
abogados que solicitamos la tarjeta profesional, antes de la presentación del examen,
el cual será en mayo del 2024, aplicamos para recibir tarjeta profesional definitiva.
2. Se elimine la observación de provisionalidad en las tarjetas profesionales de
abogado de los aquí accionantes”.
4. Pruebas relevantes
La parte accionante aportó los siguientes documentos:
• Copia del certificado de vigencia de la tarjeta profesional provisional No. 421.442
de la señora Sirlli Sulay Giraldo Marrugo identificada con la cédula de ciudadanía
No. 22.793.631, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
• Copia del certificado de vigencia de la tarjeta profesional provisional No. 421.740
del señor Jonathan Stiven Gómez Gómez identificado con la cédula de ciudadanía
No. 1.040.326.344, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
• Copia del certificado de vigencia de la tarjeta profesional provisional No. 421.443
de la señora Ana Judith de la Rosa Castro identificada con la cédula de ciudadanía
No. 45.764.666, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
• Copia del certificado de vigencia de la tarjeta profesional provisional No. 423.022
de la señora Mónica de Jesús Plaza Cota identificada con la cédula de ciudadanía
No. 45.508.633, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
5. Trámite procesal
Por auto de 7 de mayo de 2024, la Subsección “A” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado dispuso remitir a este despacho la acción de tutela de la
referencia, con el fin de que se resolviera sobre la posible acumulación al
expediente con tutela radicado No. 11001-03-15-000-2022-05805-00.
En consecuencia, por medio de auto de 2 de julio de 2024, la magistrada
sustanciadora avocó el conocimiento de la demanda de tutela, teniendo en cuenta
la similitud de hechos, las autoridades demandadas y el objeto de la demanda, por
lo que admitió la solicitud de amparo y dispuso notificar a los accionantes, a la
parte accionada -Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia-, así como a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
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La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 226548 a 226551
de 4 de julio de 2024, con el fin de notificar a las partes2.
6. Oposición
Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
A través de memorial de 8 de julio de 2024, el director de la Unidad solicitó que se
nieguen las pretensiones formuladas por la parte accionante, al considerar que no
es posible expedir la tarjeta profesional con vigencia definitiva a ninguno de los
accionantes, de conformidad con lo establecido en la sentencia SU-128 de 2024
de la Corte Constitucional.
Señaló que de acuerdo con el numeral 20 del artículo 85 de la Ley Estatutaria 270
de 1996, una de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura es la de “(...)
regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente
Tarjeta Profesional, previa verificación de los requisitos legales señalados por la Ley”.
Indicó que mediante Acuerdo Nº 002 de 1996, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura, se dictaron disposiciones sobre la inscripción y registro de
abogados, en el que se facultó a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, para efectuar la inscripción y expedición de la tarjeta
profesional de abogado, previo cumplimiento de las disposiciones legales sobre la
materia.
Refirió que el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo No. PSCJA22-
11985 de 29 de agosto de 2022, “por medio del cual se establecen normas para la
expedición de tarjetas profesionales de abogados y se dictan otras disposiciones”,
en las que se establece que los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018
que aún no presentan el examen de Estado, podrán solicitar sin la acreditación del
certificado de aprobación del examen su inscripción en el Registro Nacional de
Abogados y la expedición de una tarjeta profesional de abogado con vigencia
provisional hasta la publicación de los resultados de la primera prueba.
Relató que por medio del Acuerdo No. PSCJA24-12127 de 9 de abril de 2024, se
reiteraron los lineamientos dispuestos respecto de las tarjetas profesionales de
abogado con vigencia provisional y estableció que para ejercer la profesión se
requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Abogados.
Sostuvo que el 22 de diciembre de 2023 se expidió el Acuerdo PCSJA23-12127,
por el que se dio apertura a la etapa de inscripciones para la presentación del
examen de Estado cuya convocatoria se llevó a cabo el 26 de diciembre de 2023,
y que por medio de la Resolución No. URNAR24-18 de 16 de febrero de 2024, la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia publicó la
lista de admitidos e inadmitidos a presentar la prueba.
2 La accionante y la autoridad demandada fueron notificados a las siguientes direcciones de correo
electrónico: mgvvss2012@gmail.com; jonathan3del14@gmail.com; ana793245@gmail.com;
moplazaco15@gmail.com; presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co;
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co; notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co y
agencia@defensajuridica.gov.co.
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Demandante: Sirlli Sulay Giraldo Marrugo y otros
Refirió que el 20 de enero de 2024, la Corporación Universitaria Regional del
Caribe reportó la información de fecha de inicio y grado de la carrera de derecho
de los accionantes, conforme se demuestra en la siguiente imagen:
Señaló que el 10 de enero de 2024, la señora Ana Judith de la Rosa Castro y el
señor Jonathan Stiven Gómez Gómez, realizaron la preinscripción del trámite de
inscripción y expedición de la tarjeta profesional, por lo que se les asignó las
tarjetas profesionales de abogado con vigencia provisional No. 421.443, por medio
de acta No. 27277 de 23 de enero de 2024 y No. 421.740, a través de acta No.
27676 de 26 de enero de 2024, respectivamente.
Expresó que el 11 de enero de 2024, la señora Sirlli Sulay Giraldo Marrugo realizó
la preinscripción del trámite de inscripción y expedición de la tarjeta profesional, de
modo que le fue proferida la tarjeta profesional de abogado con vigencia
provisional No. 421.442, mediante acta No. 27276 de 23 de enero de 2024.
Indicó que 29 de enero de 2024, la señora Mónica de Jesús Plaza Cota realizó la
preinscripción del trámite de inscripción y expedición de la tarjeta profesional, por
lo que le fue otorgada la tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional
No. 423.022, a través de acta No. 29182 de 9 de febrero de 2024.
Señaló que el señor Gómez Gómez y las señoras Giraldo Marrugo y de la Rosa
Castro se inscribieron al examen de Estado consagrado en la Ley 1905 de 2018
para el periodo 2024-II; sin embargo, la señora Plaza Cota no se inscribió al
mismo a pesar de que el periodo de inscripción estuvo disponible del 6 de junio al
4 de julio de 2024.
Precisó que la entidad no creo un requisito adicional para la expedición de la
tarjeta profesional de abogado, toda vez que se encuentra cumpliendo un rol
asignado por la Ley 1905 de 2018, la cual estableció la presentación y aprobación
del examen de idoneidad a quienes hayan iniciado la carrera de derecho a partir
del 28 de junio de 2018.
Afirmó que no es procedente retirar la anotación de provisionalidad de las tarjetas
profesionales que los accionantes portan ni expedirles una tarjeta profesional con
vigencia definitiva, dado que en virtud de la sentencia SU-128 de 2024, la Corte
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Constitucional ordenó expedir únicamente la tarjeta profesional con carácter
definitivo a las personas que se encuentren en los siguientes escenarios:
“(I) Los abogados graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018, a quienes el Consejo
Superior de la Judicatura les expidió previamente la tarjeta profesional con vigencia
provisional y que presentaron la solicitud antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre
de 2023.
(II) Todas las personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905
de 2018 que presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del
26 de diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes para la
expedición de la tarjeta profesional”.
Por último, sostuvo que los accionantes realizaron la inscripción y expedición de la
tarjeta profesional de abogado en enero de la presente anualidad, por tanto,
concluyó que no hacen parte de los usuarios amparados por el fallo constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
La Sala debe determinar si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, vulneró los derechos
fundamentales a la libre elección y ejercicio de la profesión de abogado e igualdad
de los accionantes, con la expedición de la tarjeta profesional de abogado con
carácter provisional, supeditada a la presentación del examen de Estado
instaurado mediante la Ley 1905 de 2018.
3. Reglas precisadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de
2024
La Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de 20243, en el marco de las
acciones de tutela interpuestas de forma separada por los señores Gustavo
Adolfo Grajales Granada, Giovanni López Giraldo y José Humberto Gómez
Herrera contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, abordó
lo relacionado con la expedición de la tarjeta profesional con carácter “provisional”
a algunos destinatarios de la Ley 1905 de 2018, condicionada a la publicación
final de los resultados de la primera prueba del Examen de Estado como requisito
adicional para ejercer la profesión de abogado.
En esa determinación precisó algunas reglas que deben ser tenidas en cuenta
para la valoración de cada caso en concreto, a partir del análisis de i) la
3 M.P. Natalia Ángel Cabo. SV. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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relevancia del examen de Estado para mejorar la calidad en el ejercicio de la
abogacía, ii) la evolución normativa de la tarjeta profesional de abogado, iii) la
jurisprudencia sobre el derecho fundamental a elegir profesión u oficio en sus dos
dimensiones: elección y ejercicio, iv) la garantía de reserva de ley frente a los
requisitos de idoneidad profesional, v) el principio de confianza legítima de los
ciudadanos frente a las actuaciones del Estado, vi) los alcances de la excepción
de inconstitucionalidad según la jurisprudencia de la Corte y, vii) los efectos inter
pares de las órdenes proferidas en sede de revisión de tutelas.
3.1. Consideraciones generales
En primer término, la Corte Constitucional se pronunció sobre la procedencia de la
acción de tutela para ordenar la expedición de una tarjeta profesional de carácter
definitivo y no provisional. Al respecto, trajo a consideración lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991,
para precisar que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario
habilitado para resolver controversias en las que se encuentren involucrados
derechos fundamentales. Sin embargo, la misma solo resulta procedente cuando
no exista otro mecanismo de defensa ante el juez natural.
En ese orden de ideas, al analizar los casos en los que se pretendía la expedición
de una tarjeta profesional de carácter definitivo y no provisional, encontró
superado el requisito de subsidiariedad, por cuanto expuso que, si bien en
principio podría establecerse que los medios de control de nulidad simple y nulidad
y restablecimiento del derecho eran idóneos y eficaces, no permiten otorgar una
respuesta a la controversia propuesta, pues de llegar a anularse tanto los
acuerdos como las actas de registro, el examen de Estado seguiría siendo exigible
conforme con lo dispuesto en la Ley 1905 de 2018, sin valorarse los efectos de la
omisión en la realización oportuna de la prueba.
Por tales consideraciones, señaló que se satisfacían las exigencias desarrolladas
por la jurisprudencia para habilitar un pronunciamiento de fondo.
Sobre la relevancia del examen de Estado para mejorar la calidad en el ejercicio
de la abogacía, el Tribunal Constitucional indicó que en virtud de la Ley 1905 de
2018 se creó como un requisito adicional para el ejercicio de la profesión de
abogado y sostuvo que “como lo señaló la Corte en la Sentencia C-594 de 2019, la
reglamentación de una profesión no obedece exclusivamente a la libertad de
configuración del Legislador, sino también a la protección del interés de la sociedad frente
al riesgo que se deriva del ejercicio de la misma. Así, a mayor entidad del riesgo del
ejercicio de la profesión, mayor será también la exigencia en su regulación. En el caso de
la abogacía, de la propia Constitución en el artículo 229 se deriva que el acceso a la
administración de justicia debe hacerse, por regla general, mediante la representación de
un abogado, lo que pone en evidencia dos aspectos directamente relacionados: la
importante función social de la profesión de abogado y el consecuente alto riesgo que
implica su ejercicio”.
A lo anterior, agregó que la abogacía es la profesión que más incidencia tiene en
la calidad de las instituciones estatales e incide en un debido funcionamiento del
Estado de Derecho y que “el 44 % de los programas de Derecho en Colombia no
cuentan con acreditación de alta calidad en ningún nivel, ni del pregrado ni institucional”,
ello sumado a que según los datos recopilados para el 2022, Colombia cuenta con
un total 728 abogados por cada 100 mil habitantes.
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En efecto, concluyó que la presentación del examen de Estado como medida para
el ejercicio de la profesión de abogado se encuentra justificada, pues está
encaminado a mejorar la calidad en el ejercicio de la abogacía y, por ende, en el
acceso a la administración de justicia de los ciudadanos. En palabras de la Corte
“la creación de este examen por parte del Legislador refuerza la idea, que aquí se ha
expuesto, de reconocer en la educación jurídica el sustrato para la realización de los
valores y principios propios de un Estado Social de Derecho”.
En relación con la evolución normativa de la tarjeta profesional de abogado
mencionó que la misma tuvo origen en el Decreto Ley 196 de 1971, que además
previó las categorías de licencia temporal y provisional para algunos casos
específicos y que dista de la tarjeta con carácter provisional creada mediante el
Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, luego derogado por el
Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024, con el que el Consejo Superior
de la Judicatura “buscó remediar la situación de los graduados destinatarios de la Ley
1905 de 2018, ante su imposibilidad de acreditar la aprobación del Examen de Estado
ordenado por dicha ley y cuya primera aplicación aún no se ha realizado”.
Frente al derecho fundamental a elegir profesión u oficio adujo que el mismo tiene
un carácter bidimensional, en tanto tratándose de la elección de la profesión el
legislador tiene una inferencia mínima, que contrario a su ejercicio está sometida
a límites más estrictos porque exige títulos de idoneidad para el desempeño de la
actividad elegida debido al impacto que tiene sobre los derechos de terceros y el
interés general.
Ahora bien, al abordar la reserva de ley frente a los requisitos de idoneidad
profesional, la Corte Constitucional precisó que el artículo 26 de la Constitución
Política le otorgó al legislador la facultad de exigir títulos de idoneidad profesional,
los cuales garantizan que quien ejerce cierta profesión tiene las aptitudes y
competencias para ello, por lo que sostuvo que i) existe reserva de ley para
establecer los requisitos adicionales al título y ii) que si los mismos no cuentan
con los mecanismos efectivos para su cumplimiento vulneran las normas
constitucionales “porque limitan desproporcionadamente el ejercicio de derechos
fundamentales”.
3.2. De los efectos inter pares y los límites temporales de aplicación de la
sentencia SU-128 de 2024
La Corte Constitucional hizo una valoración sobre el Acuerdo PCSJA22-11985 de
29 de agosto de 2022, que en los parágrafos transitorios 1°, 2° y 3° del artículo 2°
creó una tarjeta profesional provisional, con vigencia hasta la publicación final de
los resultados de la primera prueba, que fue derogado por el Acuerdo PCSJA24-
12162 del 9 de abril de 2024, que en su artículo transitorio 11 también prevé la
categoría de tarjeta profesional provisional. En ese orden de ideas, consideró que
existió una vulneración del derecho fundamental a escoger libremente y ejercer
profesión u oficio, así como al principio de confianza legítima, por la falta de
implementación oportuna del examen de Estado, a quienes comenzaron su
carrera con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1905 de 2018.
Luego de establecer las acciones tardías desplegadas por el Consejo Superior de
la Judicatura para aplicar la prueba de Estado, refirió que transcurrieron cerca de
tres años y medio para que se contratara la fase I de elaboración del examen, sin
prever que habría graduados antes del primer semestre de 2024 y que “la fecha
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prevista para la aplicación de la primera prueba del Examen de Estado, esto es, 26 de
mayo de 2024, incluso sin tomar en consideración las dos circunstancias mencionadas,
resulta a todas luces demasiado lejana con respecto a la fecha de promulgación de la ley
(más de cinco años y medio después), con lo que ya se configuraría un incumplimiento al
deber legal de realización del examen”.
Adicional a lo anterior, tuvo en consideración que el Consejo Superior de la
Judicatura, aun cuando se encontraba vigente la Ley 1905 de 2018, publicó en su
página web información sobre los requisitos para la expedición de la tarjeta
profesional, que no incluía el de la aprobación del examen de Estado, que
tampoco fue incluido en el Acuerdo PCSJA19-11354 de 29 de julio de 2019. A lo
que agregó “los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018 presentaron los
documentos requeridos por la entidad y actuaron amparados por el principio de confianza
legítima, en tanto entendieron que, ante la ausencia, para ese momento, del Examen de
Estado y la consecuente imposibilidad de satisfacer el requisito de su aprobación, la
entidad accionada prescindiría de la exigencia de tal condición. En últimas, estas
personas partieron de la idea, por lo demás correcta, de que la entidad accionada no
podía exigir un requisito imposible de satisfacer en ese momento ante la inexistencia del
examen, ni alegar a su favor su propia negligencia ni trasladar al ciudadano las
consecuencias adversas del actuar de aquella”.
Al efecto, la Corte mencionó “el C. S. de la J. no actuó con la debida diligencia para
garantizar que algunos de los graduados, en principio destinatarios de la Ley 1905 de
2018 pudieran acreditar el requisito de aprobación del Examen de Estado al momento de
solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de su tarjeta
profesional. En cambio, la entidad accionada incumplió el deber legal de implementar a
tiempo el Examen de Estado. En este sentido, la falta de diligencia de la accionada no
puede convertirse en una carga para aquellos ciudadanos que no estaban obligados a
cumplir un requisito imposible de satisfacer al momento de hacer la solicitud de su tarjeta
profesional”.
Al hilo de lo anterior, se tiene que la Corte consideró que “la expedición de una
tarjeta profesional con vigencia hasta la publicación final de los resultados de la primera
prueba del examen, y, con ello, el hecho de que a los destinatarios de estas tarjetas se
les habilitara el ejercicio de la profesión de manera provisional y no definitiva, por no
haber presentado un examen que aún no había sido implementado, implicó, por una
parte, (i) una extralimitación de las competencias del C. S. de la J. y (ii) por otra, una
restricción injustificada de la libertad de ejercer la profesión, por lo demás con graves
implicaciones para la seguridad jurídica, el principio de confianza legítima y el acceso de
la ciudadanía a la administración de justicia”.
En ese sentido, indicó que “si para el momento en que una persona, en principio
destinataria de la Ley 1905 de 2018, obtuvo su título de abogado y solicitó la tarjeta
profesional no existía siquiera la posibilidad de inscribirse a la presentación del
Examen de Estado, la norma que dispone el requisito de aprobación de la prueba
no era susceptible de producir efectos jurídicos y, en esa medida, era inexigible e
ineficaz, en aplicación del principio general del derecho según el cual nadie está obligado
a lo imposible. Esta posibilidad de inscripción al Examen de Estado sólo se habilitó
a partir del 26 de diciembre de 2023”.
Así las cosas, la Corte Constitucional precisó que “la conducta del C. S. de la J. se
sumó la falta de previsión legislativa de presupuestos o reglas suficientes para la
implementación del Examen de Estado, lo que contribuyó a que el requisito dispuesto
en la Ley 1905 de 2018 no fuera susceptible de cumplir con anterioridad al 26 de
diciembre de 2023. Esa falta de previsión legislativa generó, además, incertidumbre y
poca claridad sobre cómo se aplicaría el Examen de Estado, y afectó también con ello la
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confianza legítima de los destinatarios de la mencionada ley”. (negrillas por fuera del
texto original).
En ese contexto, si una persona destinataria de la Ley 1905 de 2018 obtuvo su
título profesional de abogado y solicitó la tarjeta profesional aun cuando no era
factible inscribirse a la presentación del examen de Estado, el requisito de
aprobación de la prueba no era susceptible de producir efectos, en la medida que
el mismo solo fue posible hasta el 26 de diciembre 2023, oportunidad en la que se
permitió la inscripción a la prueba. De ahí, que la Corte precisará que el requisito
impuesto por el Consejo Superior de la Judicatura para condicionar la expedición
de la tarjeta profesional con carácter de provisional solo fuera efectivo a partir del
término con el que el graduado tuvo la posibilidad de participar en la realización
de la prueba.
Así las cosas, la Corte Constitucional refirió que el “requisito de aprobación del
examen de Estado es inexigible para quienes, al momento de solicitar su tarjeta
profesional, no pudieron satisfacerlo ante la inexistencia del referido examen. Si bien
estas personas en principio eran destinatarias de la Ley 1905 de 2018, dicha ley no era
susceptible de producir efectos jurídicos para ellas, lo que implica que los requisitos
exigibles para la expedición de su tarjeta profesional sean aquellos existentes antes de la
entrada en vigor de la mencionada ley”.
En esa medida, la Corte hizo una distinción sobre los dos escenarios que se
presentan, a saber: para quienes no pudieron satisfacer el requisito de aprobación
del examen para el ejercicio de la profesión de abogado, frente a aquellos que, a
pesar de haber obtenido su título profesional, por ser destinatarios de la Ley 1905
de 2018 y contar con la posibilidad de la inscripción a la prueba “la norma que
dispone el requisito de aprobación de la prueba tiene eficacia jurídica o aplicabilidad en
tanto es susceptible de producir efectos jurídicos y, en esa medida, dicho requisito les es
exigible”. A partir de lo anterior, se puede establecer lo siguiente:
i) La Ley 1905 de 2018 creó la aplicación del examen de Estado como requisito para
ejercer la profesión de abogado, competencia que se defirió a la autoridad
administrativa.
ii) Ante la falta de implementación de la prueba en comento, el Consejo Superior de la
Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA19-11354 de 29 de julio de 2019, sin incluir como
requisito para la expedición de la tarjeta profesional la presentación del examen.
iii) El Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 en los parágrafos transitorios
1°, 2° y 3° del artículo 2°, creó una tarjeta profesional provisional, con vigencia hasta la
publicación final de los resultados de la primera prueba de Estado.
iv) Por medio del contrato No. 196 de 2023 se acordó la realización del examen de
Estado. En consecuencia, se expidió el Acuerdo PCSJA23-12127 de 22 de diciembre
de 2023 que dio apertura a la etapa de inscripciones a partir del 26 de diciembre de
2023.
v) El Acuerdo PCSJA24-12163 de 9 de abril de 2024, derogó el Acuerdo PCSJA22-
11985 de 2022, y confirmó que la primera prueba tendrá lugar el 26 de mayo de 2024,
sin que exista certeza sobre la publicación de los resultados finales de la misma.
vi) El requisito de presentar la prueba de Estado para obtener la tarjeta profesional
definitiva, para quienes no lo podían presentar ante su falta de implementación, es una
restricción a la libertad de ejercer la profesión, por lo que para tales casos los
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requisitos eficaces y factibles de satisfacer eran los previstos con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1905 de 2018.
vii) La presentación del examen de Estado como requisito para adquirir la tarjeta
profesional definitiva, aplicará a quienes sean destinatarios de la Ley 1905 de 2018,
hubiesen obtenido el título profesional y hayan solicitado la tarjeta profesional con
antelación al 26 de diciembre de 2023.
En lo que atañe a los efectos inter pares, la Corte Constitucional indicó que en la
sentencia SU-068 de 2022, dispuso su aplicación en aquellas decisiones que se
adopten en sede de revisión para garantizar el derecho a la igualdad y el principio
de seguridad jurídica, entre los sujetos a quienes se les ha vulnerado un derecho
fundamental a partir de las mismas circunstancias, por lo que deben existir las
mismas condiciones para su garantía.
Así mismo, la Corte Constitucional resolvió inaplicar por inconstitucional el artículo
11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024, que prevé la
categoría de tarjeta profesional provisional para los destinatarios de la Ley 1905
de 2018, toda vez que encontró imposible satisfacer los requisitos establecidos por
la ley, por las circunstancias en que se encontraba, esto es, sin estar
implementado el examen de Estado, lo que produjo consecuencias contrarias a la
Constitución Política.
En ese contexto, la Corte Constitucional ordenó al Consejo Superior de la
Judicatura expedir a los accionantes la tarjeta profesional de abogado con carácter
definitivo y sin la exigencia de aprobación del Examen de Estado previsto en la
Ley 1905 de 2018, así como a las personas cobijadas con los efectos inter pares,
por cuanto dicho grupo solicitó la tarjeta profesional con el cumplimiento de todos
los requisitos aplicables en ese momento para obtener la misma con carácter
permanente y no bajo el entendido que era provisional y condicionada a la
presentación de un examen que no se había implementado.
Para esa corporación judicial esas órdenes deben cumplirse frente a: “(i) todas
aquellas personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de
2018 a quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido tarjeta profesional
provisional y que presentaron la solicitud de tarjeta antes de las cero horas (0:00) del
26 de diciembre de 2023, fecha en la cual dicha entidad abrió las inscripciones para la
primera aplicación del Examen de Estado, y (ii) todas las personas graduadas del
pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron la solicitud
de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, siempre
y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes para la expedición de la tarjeta
profesional”.
A lo anterior, agrego que “la situación es distinta, en cambio, frente a las personas
destinatarias de la Ley 1905 que presentaron la solicitud de tarjeta profesional a
partir del 26 de diciembre de 2023”, puesto que desde esa oportunidad el Consejo
Superior de la Judicatura habilitó la inscripción para la primera convocatoria del
examen, activando la posibilidad de cumplimiento del requisito y, con ello su
exigibilidad, por lo cual los efectos inter pares no les resultan aplicables a estas
personas.
Por último, la Corte Constitucional ordenó al Consejo Superior de la Judicatura
que, “si al 30 de mayo de 2024 no se ha llevado a cabo la aplicación de la primera prueba
del Examen de Estado, deberá expedir la tarjeta profesional definitiva a todas las
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personas admitidas como inscritas al examen, siempre y cuando satisfagan los demás
requisitos vigentes para la expedición de la tarjeta profesional. Esto, en el evento en que
la no realización del examen sea atribuible a las entidades a cargo de su aplicación”.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Las señoras Sirlli Sulay Giraldo Marrugo, Ana Judith de la Rosa Castro y
Mónica de Jesús Plaza Cota y el señor Jonathan Stiven Gómez Gómez
interpusieron acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el fin de que se
acceda al amparo constitucional de sus derechos fundamentales a la libre elección
y ejercicio de la profesión e igualdad, los cuales consideran vulnerados por la falta
de expedición de la tarjeta profesional de abogado con carácter definitivo y
condicionada a la presentación del examen de Estado previsto en la Ley 1905 de
2018.
4.2. Descendiendo al caso bajo examen, la Sala encuentra que la acción de tutela,
en este caso en específico, cumple con el requisito de subsidiariedad, conforme a
la valoración realizada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de
2024. Ello debido a que lo pretendido por los demandantes recae en la expedición
de la tarjeta profesional con carácter definitivo y no provisional, a la aplicación de
la prueba de Estado, a partir de los efectos inter pares fijados por el máximo
tribunal constitucional en la sentencia de unificación referida.
4.3. De otra parte, la Sala se estará a lo resuelto en la sentencia SU-128 de 2024
y negará las pretensiones de la demanda de tutela, en atención a que conforme
con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la citada decisión, a los
accionantes no le resultan aplicables los efectos inter pares allí dispuestos para
otorgar la tarjeta profesional con carácter definitivo, en tanto la solicitud de
expedición de la tarjeta profesional se dio con posterioridad a la habilitación para
la presentación del examen de Estado, como pasa a exponerse a continuación.
En virtud de la Ley 1905 de 28 de junio de 2018, se dispuso que para ejercer la
profesión de abogado el graduado debía acreditar por medio certificación la
aprobación del examen de Estado que para tal efecto realice el Consejo Superior
de la Judicatura, requisito aplicable a quienes hayan iniciado la carrera de derecho
con posterioridad a la promulgación de la norma en comento.
De las pruebas allegadas al asunto, se evidencia lo siguiente:
• Que el 4 de febrero de 2019, los accionantes iniciaron la carrera de derecho
en la Corporación Universitaria Regional del Caribe, la cual culminó cuando
obtuvieron el título de abogados el 29 de diciembre de 2023, según consta
en las actas de grado Nos. 501, 552, 589 y 606.
• El 10 de enero de 2024, la señora Ana Judith de la Rosa Castro y el señor
Jonathan Stiven Gómez Gómez, solicitaron la expedición de la tarjeta
profesional de abogado, la cuales fueron otorgadas con vigencia provisional
No. 421.443, por medio de acta No. 27277 de 23 de enero de 2024 y No.
421.740, a través de acta No. 27676 de 26 de enero de 2024,
respectivamente.
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• El 11 de enero de 2024, la señora Sirlli Sulay Giraldo Marrugo solicitó la
expedición de la tarjeta profesional de abogado, la cual fue proferida con
vigencia provisional No. 421.442, mediante acta No. 27276 de 23 de enero
de 2024.
• El 29 de enero de 2024, la señora Mónica de Jesús Plaza Cota solicitó la
tarjeta profesional de abogado, la cual fue expedida con vigencia
provisional No. 423.022, a través de acta No. 29182 de 9 de febrero de
2024.
Al respecto, tal y como se dijo en las consideraciones jurídicas de esta decisión, la
Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de 2024, analizó los Acuerdos
PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 que creó una tarjeta profesional
provisional, con vigencia hasta la publicación final de los resultados de la primera
prueba, el cual fue derogado por el Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de
2024, que también prevé la categoría de tarjeta profesional provisional y
consideró que existió una vulneración del derecho fundamental a escoger
libremente y ejercer profesión u oficio, así como al principio de confianza legítima,
por la falta de implementación oportuna del examen de Estado, a quienes
comenzaron su carrera con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1905
de 2018 y se encontraban imposibilitados para presentar la prueba.
Según lo consideró la Corte Constitucional al efectuar el control de
constitucionalidad de la Ley 1905 de 2018 “La exigencia de títulos de idoneidad tiene,
pues, dos componentes: 1) el relativo a la formación profesional y 2) el que corresponde a
la certificación sobre la idoneidad. El primero implica el suministro y la adquisición de los
saberes propios que habilitan a una persona para ejercer una profesión. Esta tarea, en
principio, se confía o defiere a instituciones especializadas, pero en todo caso el Estado
se reserva la fijación de las condiciones en las que dichas instituciones pueden
constituirse y ejercer esta tarea. El segundo alude a la verificación de que la persona ha
cumplido los requisitos del programa de formación y, por consiguiente, es acreedora de
un título de idoneidad que permita el ejercicio de la profesión”.
Esa corporación judicial ordenó al Consejo Superior de la Judicatura expedir la
tarjeta profesional de abogado con carácter definitivo y sin la exigencia de
aprobación del examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018, a “todas
aquellas personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de
2018 a quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido tarjeta profesional
provisional y que presentaron la solicitud de tarjeta antes de las cero horas (0:00) del 26
de diciembre de 2023, fecha en la cual dicha entidad abrió las inscripciones para la
primera aplicación del Examen de Estado, y (ii) todas las personas graduadas del
pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron la solicitud
de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, siempre
y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes para la expedición de la tarjeta
profesional”.
En esa medida, no le asiste razón a la parte accionante cuando refiere que deben
extenderle los efectos de la sentencia SU-128 de 2024, pues como quedó
expuesto anteriormente, para aquellos casos en los cuales las personas
destinatarias de la Ley 1905 de 2018 presentaron la solicitud de la tarjeta
profesional con posterioridad al 26 de diciembre de 2023, la Corte Constitucional
expresó que no les resultaba aplicables los efectos dispuestos en esa decisión,
como quiera que desde tal oportunidad se habilitó la inscripción a la primera
convocatoria del examen, lo que condujo a que se activara la posibilidad del
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cumplimiento del requisito -presentación del examen de Estado-, y su exigibilidad
para la expedición de la tarjeta profesional con carácter definitivo.
De igual modo, la Sala debe precisar que la Corte Constitucional estableció que
fue a partir de la promulgación del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024,
que se consolidó y terminó siendo exigible el requisito de la presentación del
examen, pues como lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia SU-128
de 2024, fue con ocasión a la expedición del Acuerdo PCSJA23-12127 de 22 de
diciembre de 2023 que se dio apertura a la etapa de inscripciones de la prueba a
partir del 26 de diciembre de 2023, oportunidad en la que los destinatarios de la
Ley 1905 de 2018 contaron con la posibilidad de inscribirse y dar cumplimiento a
la presentación del examen de Estado previsto por el legislador como requisito
condicionante para el ejercicio de la profesión de abogado.
Así las cosas, si bien los accionantes se graduaron con antelación a la
implementación del examen de Estado, la solicitud para la expedición de la tarjeta
profesional la presentaron con posterioridad al 26 de diciembre de 2023 -10, 11
y 29 de enero de 2024-, cuando ya estaba habilitada la opción para la inscripción
a la presentación de la primera prueba de Estado, lo que les otorgó la posibilidad
de cumplir el requisito establecido en la Ley 1905 de 2018.
Adicional a lo anterior, la Sala debe destacar que los accionantes Gómez Gómez,
Giraldo Marrugo y de la Rosa Castro se inscribieron a la aplicación 2024-II de la
prueba de examen de Estado establecida en la Ley 1905 de 2018.
En ese contexto, la Sala encuentra que a los accionantes no se les vulneraron los
derechos fundamentales a la libre elección y ejercicio de la profesión e igualdad,
por cuanto son destinatarios de la Ley 1905 de 2018, debido a que comenzaron la
carrera de derecho con posterioridad a la promulgación de la implementación del
examen de Estado como requisito condicionante para el ejercicio de la profesión
de abogado, a lo que se agrega que para el momento en el que elevaron la
solicitud de expedición de la tarjeta profesional se encontraba habilitada la
presentación de la prueba de Estado.
Por las razones expuestas, la Sala se estará a lo resuelto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-128 de 2024, en lo relativo a los efectos inter
pares allí dispuestos y, en consecuencia, negará las pretensiones de la acción de
tutela promovida por las señoras Sirlli Sulay Giraldo Marrugo, Ana Judith de la
Rosa Castro y Mónica de Jesús Plaza Cota y el señor Jonathan Stiven Gómez
Gómez, quienes actúan en nombre propio, en tanto no se demostró la vulneración
alegada.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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RESUELVE
Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia SU-128 de 2024,
proferida por la Corte Constitucional, en lo relativo a los efectos inter pares allí
dispuestos, de conformidad con las razones expuestas.
Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por las
señoras Sirlli Sulay Giraldo Marrugo, Ana Judith de la Rosa Castro y Mónica de
Jesús Plaza Cota y el señor Jonathan Stiven Gómez Gómez, quienes actúan en
nombre propio.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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