Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05315-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05315-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05315-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
23 de marzo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05315-01
Demandante: José Humberto Gómez Herrera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-05315-01
Demandante JOSÉ HUMBERTO GÓMEZ HERRERA
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA Y OTROS
Temas Acción de tutela contra autoridad administrativa. Tarjeta profesional
de abogado con vigencia provisional. Ley 1905 de 2018. Acuerdo nro.
PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor José Humberto Gómez
Herrera contra la sentencia del 3 de noviembre de 2022, proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que resolvió:
“1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad,
dignidad humana, libertad de escoger profesión y oficio, trabajo, debido proceso y mínimo
vital invocados por el señor José Humberto Gómez Herrera, en lo relacionado con su
petición encaminada a la expedición de la tarjeta profesional de abogado definitiva y al
reconocimiento de personería dentro del trámite contravencional 40025, en los términos
indicados en la motivación.
2º. Declárase improcedente la presente acción de tutela, en cuanto a que se inicie
investigación disciplinaria contra los funcionarios de la secretaría de movilidad de Bogotá,
quienes no le permitieron ejercer la representación legal del presunto infractor dentro de
las mencionadas diligencias contravencionales, conforme a la parte motiva.
3º. Exhórtase al señor secretario de movilidad de Bogotá para que en lo sucesivo a los
abogados destinatarios de la Ley 1905 de 2018, quienes tienen la tarjeta profesional de
manera provisional, se les permita ejercer como apoderados de las partes dentro de las
acciones contravencionales, en atención a las consideraciones planteadas en esta
decisión.”1
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor José Humberto Gómez Herrera, actuando en su propio nombre, interpuso
acción de tutela contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la
Judicatura, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la
Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, la Procuradora General de la Nación, la
Personería Distrital de Bogotá y el Ministerio de Justicia y del Derecho, por la
presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad,
1 Página 17 de la sentencia de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado de la acción de tutela.
Consultado a través del sistema de gestión de proceso del Consejo de Estado: SAMAI (índice 42)
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Demandante: José Humberto Gómez Herrera
a la dignidad humana, a la libertad de escoger profesión y oficio, al trabajo, al debido
proceso y al mínimo vital.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“2. Que se le ordene al (…) CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, (…) UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA y al
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA de BOGOTÁ que, mi Tarjeta Profesional
de Abogados Provisional números: 389895 sea de carácter permanente y no temporal
(hasta el 30 de abril de 2022).
3. Que se le ordene a la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia
que, se elimine de forma inmediata de mi certificado de Abogado la anotación que dice
Observaciones: “De conformidad con la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo PCSJA22-11985
de 29 de agosto de 2022, esta Tarjeta Profesional Provisional tendrá vigencia hasta el 30
de abril de 2024”
4. Que se le ordene a la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la
Justicia que, se imprima nuevamente mi plástico y se suprima la expresión “Provisional”
contenidas en mi Tarjetas profesionales de Abogados.
5. Que se le ordene a la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ,
reconocerme personería jurídica en el Proceso administrativo Comparendo No.
110010000000-33877727 – (…).
6. Que se declare la Nulidad de la audiencia administrativa y del acta realizada el día 3 de
octubre de 2022 dentro del Proceso administrativo Comparendo No. 110010000000-
33877727 – expediente 40025, se rehaga la actuación y se cite nuevamente al señor
Agente de Policía a rendir nuevamente sus descargos.
7. Que se prevenga a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, a la SECRETARIA DE
GOBIERNO DE BOGOTÁ y la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ,
para que el futuro no se presenten situación como las que tuve que vivir el día 3 de octubre
de 2022 y en caso de acudir a cualquiera de sus dependencias en calidad de Abogado,
se me reconozca personería para actuar en mi condición como tal.
8. Que le ordene a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la PERSONERÍA
DISTRITAL DE BOGOTÁ, iniciar investigación disciplinaria contra: ANGIE NATHALY
CAIDECO SANCHEZ, FELIPE GUTIÉRREZ Y ALEXANDER ENRIQUE FUENTES DÍAZ
(…) quienes no me permitieron ejercer la representación legal (…)
Como peticiones subsidiarias solicito que, en caso de no prosperar las primeras peticiones
se ordene lo siguiente:
9. Que se le ordene al (…) CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, (…) UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA, al CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA de BOGOTÁ y al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO, adelantar una campaña de sensibilización a través de los medios masivos
de comunicación y a través de medios físicos, ante todas las entidades públicas y
privadas e incluidas las fuerzas de seguridad del estado y los servidores judiciales, en
donde se socialice que, las Tarjetas Profesionales de Abogados Provisionales expedidas
por el Consejo Superior de la Judicatura no pueden ser rechazada por ninguna autoridad
para el ejercicio de la representación legal y no tienen restricción legal alguna (…)
10. Que se le ordene a la administración Distrital, (…) pedir disculpas públicas a JOSÉ
HUMBERTO GÓMEZ HERRERA (…) por lo sucedido el día 3 de octubre de 2022 por
parte de funcionarios y/o contratistas de la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
DE BOGOTÁ (…)”2
2 Págs. 48 a 50 del escrito de tutela. Expediente digitalizado de la acción de tutela. Samai, índice 2.
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Demandante: José Humberto Gómez Herrera
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La Ley 1905 del 28 de junio de 2018, “Por la cual se dictan disposiciones
relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”, adicionó un requisito
para ejercer dicha profesión. La nueva exigencia consiste en acreditar la
aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice el Consejo
Superior de la Judicatura.
El Legislador precisó, en el artículo segundo de la normativa, que este requisito
sería exigible para quienes iniciaran la carrera de derecho después de su
promulgación.
2.2. El accionante informó que inició sus estudios en la carrera de derecho el primer
semestre del año 2019, en la Institución de Educación Superior Universitaria
de Colombia.
También dijo que, invocando su condición de víctima de la violencia
reconocida en el RUV3,solicitó en varias oportunidades la condonación de los
préstamos ante el ICETEX, pero no fueron concedidas. En razón a ello, en la
actualidad tiene deudas que requiere pagar con urgencia, por lo que necesita
ejercer su profesión.
2.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura profirió el Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, por
el cual se establecieron las reglas para la expedición de la tarjeta profesional
de abogado.
El parágrafo transitorio primero del artículo segundo del Acuerdo, señaló que,
en tanto se desarrollan las fases del examen de Estado dispuesto en la Ley
1905, los interesados podrán solicitar la inscripción en el Registro Nacional de
Abogados y la expedición de la Tarjeta Profesional; pero precisó que la
vigencia de esta última sería provisional hasta la publicación de los resultados
de la primera prueba.
2.4. El primero de julio de 2022, el accionante solicitó ante la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura la expedición de su tarjeta profesional de abogado, pero la
autoridad reconoció, a través de acto administrativo de 30 de agosto de 2022,
la tarjeta apenas provisional, por incumplimiento del requisito establecido en
la Ley 1905 de 2018.
Advirtió que la mención provisional en su tarjeta provisional le ha impedido
ejercer su profesión.
2.5. Como prueba de lo anterior, relató que el 3 de octubre de 2022, acudió a una
audiencia dentro de un proceso administrativo relativo a una sanción de
3 Registro Único de Víctimas. Artículo 154 de la Ley 1448 de 2011: REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS. La
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, será la responsable
del funcionamiento del Registro Único de Víctimas. Este Registro se soportará en el Registro Único de
Población Desplazada que actualmente maneja la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional para la atención a la población en situación de desplazamiento, y que será
trasladado a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro de un (1) año contado a
partir de la promulgación de la presente Ley.
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tránsito ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá, pero no le permitieron
ejercer la representación judicial de su poderdante aduciendo que su tarjeta
profesional no era permanente, sino provisional. En consecuencia, se le
ordenó retirarse de la diligencia.
3. Fundamentos de la acción
El accionante estima que las entidades demandadas han incurrido en la vulneración
de sus derechos fundamentales, conforme los antecedentes relatados en el acápite
anterior. Estima que, esta vulneración puede cesar si se adoptan determinaciones
en cuatro frentes, debidamente identificados por el a quo: (i) que el Consejo
Superior de la Judicatura, por conducto de la dependencia competente, expida
tarjeta profesional de abogado definitiva a su nombre, dado que la provisional ha
sido claramente insuficiente para ejercer la profesión; (ii) que se ordene a la
Secretaría de Movilidad del Distrito de Bogotá reconocerle personería jurídica para
actuar en el proceso administrativo nro. 110010000000- 33877727-expediente
40025, en representación del señor Fredy Moreno; (iii) que se declare la nulidad de
lo actuado en el proceso administrativo de comparendo desde la audiencia del 3 de
octubre de 2022; y (iv) que se inicie investigación disciplinaria contra los
funcionarios de la Secretaría de Movilidad que le impidieron ejercer como abogado
en el mencionado proceso administrativo.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 10 de octubre de 2022, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la acción de tutela interpuesta por el señor José Humberto
Gómez Herrera de manera directa contra la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, el
Consejo Seccional de la Judicatura, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría
de Gobierno de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, la
Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital de Bogotá y el
Ministerio de Justicia y del Derecho.
4.2. La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, el Ministerio de Justicia y
del Derecho, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la
Personería de Bogotá pidieron ser desvinculados del proceso constitucional
debido a que, en razón a sus competencias, no les asistía legitimación en
causa por pasiva para satisfacer las pretensiones de la acción de amparo.
4.3. La Unidad de Registro de Abogados del CSJ, por conducto de la directora,
informó que, el hoy accionante inició la carrera profesional en derecho el 20
de febrero de 2019, por lo que la expedición de la tarjeta profesional definitiva
estaba condicionada, conforme lo exige la Ley 1905, a la presentación del
certificado de aprobación el Examen de Estado.
Manifestó que en atención a lo dispuesto en el Acuerdo PSCJA22-11985 del
29 de agosto de 2022, los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018 que
aún no presentan el examen de Estado, podrán solicitar la expedición de una
Tarjeta Profesional de Abogado, que tendría carácter provisional con vigencia
hasta la publicación de los resultados de la primera prueba.
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indicó que, por lo anterior, con los documentos aportados por el señor Gómez
Herrera, se le inscribió en el Registro de Abogados y se emitió tarjeta
profesional de abogado con vigencia provisional.
Frente a las dificultades que adujo el accionante haber pasado en el ejercicio
de su profesión, dada la provisionalidad de la tarjeta profesional, advirtió que
el Acuerdo en comento no limitó el ejercicio integral de la profesión a los
abogados a los que, bajo estas condiciones, se les otorgó tarjeta profesional.
4.4. La Procuraduría General de la Nación, por conducto de asesora de la Oficina
Jurídica de la entidad, pidió que se declare la improcedencia de la acción de
tutela habida consideración de que no es el mecanismo judicial idóneo para
solicitar el inicio de investigaciones disciplinarias.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 3 de noviembre de 2021, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó el amparo constitucional solicitado por el accionante
respecto de la petición de que le sea expedida tarjeta profesional de abogado
definitiva. Dijo que la expedición de la tarjeta profesional de abogado con vigencia
provisional está acorde con la Ley 1905 de 2018 y con el Acuerdo PCJA22-11985
de 2022. En todo caso, precisó que con este documento el accionante está
habilitado para ejercer su profesión mientras se establecen las fechas para la
presentación del Examen de Estado.
Relativo al reconocimiento de personería para actuar dentro del trámite
administrativo y la nulidad de algunas diligencias allí surtidas, destacó que ya se
adoptó decisión administrativa de fondo, por lo que, frente a la pretensión del actor,
se configuró la carencia de objeto, pues no queda ninguna diligencia pendiente en
la cual el accionante pueda actuar como abogado del presunto infractor. Pero
advirtió que, la decisión de la Secretaría de Movilidad de negar la intervención como
apoderado del administrado con ocasión a la provisionalidad de su tarjeta
provisional, afectó los derechos fundamentales del actor y, en razón a ello, emitió
exhorto contra esta autoridad, en los siguientes términos:
“Exhórtase al señor secretario de movilidad de Bogotá para que en lo sucesivo a los abogados
destinatarios de la Ley 1905 de 2018, quienes tienen la tarjeta profesional de manera
provisional, se les permita ejercer como apoderados de las partes dentro de las acciones
contravencionales, en atención a las consideraciones planteadas en esta decisión.”
Finalmente, manifestó que la petición de que se inicie investigación disciplinaria
contra algunos funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Bogotá no supera el
requisito de subsidiariedad, porque el actor no acreditó haber instaurado queja o
petición ante la Procuraduría General de la Nación.
6. Impugnación
El señor José Humberto Gómez Herrera impugnó el fallo de tutela de primera
instancia con fundamento en las siguientes consideraciones:
6.1. Manifestó que en el histórico de actuaciones registra que el magistrado William
Hernández Gómez salvó su voto en la decisión del caso, pero la Secretaría
General de esta Corporación dice que tal salvamento no existe.
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6.2. Advirtió que no cuenta con la tarjeta profesional definitiva de abogado debido
a que está pendiente la acreditación de un requisito, cuyo cumplimiento
depende del Consejo Superior de la Judicatura, pues es a esa entidad a la que
le corresponde la práctica del Examen de Estado.
En sus palabras:
(sic para toda la cita) “(…) lo que, no comparto en esta instancia es que, por la omisión del
estado, el examen no se realizó cuando se debía realizar y ahora se nos está obligando a que
en el año 2024 lo debemos realizar para poder tener una Tarjeta Profesional de Abogado de
carácter permanente, los cual nos está limitando y violando el núcleo esencial de un derecho
fundamental como es el derecho al trabajo contemplado en el artículo 25 de la constitución
política de Colombia y así lo recocían el Magistrado Ponente en la Sentencia objeto de
impugnación.
(…) la responsabilidad administrativa no se nos puede trasladar a nosotros y colocarnos el
palo en la rueda para marginarnos en el ejercicio de la profesión plena como abogados
graduados por no contar con cinco años de estudios continuos en la carrera de derecho como
efectivamente está pasando en mi caso, que es la planeación que formulo el Consejo Superior
de la Judicatura para su realización después de la promulgación de la ley, motivo por el cual,
el PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, viola el derecho fundamental a la dignidad
humanan, al entregar el Consejo de Superior de la Judicatura estas Tarjetas Profesionales de
Abogado con características de provisional y con restricción de tiempo hasta el 30 de abril de
2024.” (sic para toda la cita)
6.3. Dijo que el vacío jurídico que generó la Ley 1905 de 2018, no puede ser llenado
con el parágrafo transitorio tres del Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto
de 2022, pues es un hecho que la provisionalidad de la tarjeta profesional de
abogado no permite el ejercicio pleno de la profesión y lo limita en el tiempo.
Destacó que la Ley 1905 de 2018 no dispone que mientras se implemente el
Examen de Estado sea procedente emitir las tarjetas profesionales de los
abogados con vigencia provisional o que le corresponda al Consejo Superior
de la Judicatura reglamentar la mencionada Ley. En consecuencia, estima que
“(…) el acuerdo antes mencionado es supralegal y no debería aplicarse en mi caso particular,
este no está reglamentando ni a una ley, ni aun decreto reglamentario, dado que en principio
esta facultad la tiene el Congreso de la Republica y en segundo lugar el Presidente de la
República (…)”. (Subraya la Sala)
6.4. A su juicio, la tarjeta profesional con vigencia provisional en los términos del
Acuerdo PCSJA22-11985, no presenta solidez para que se pueda ejercer
libremente la profesión de abogado, sólo se cumpliría la Ley 1905 de 2018
hasta tanto se presente y apruebe el Examen de Estado.
6.5. Expuso que la tarjeta profesional provisional en Colombia está regulada para
estudiantes de derecho y limita el ejercicio de la profesión a los asuntos de
mínima cuantía, por lo que ese documento sí vulnera su derecho al trabajo y
los equipara con estudiantes de derecho, aun cuando su situación fáctica es
diferente.
6.6. Acusó que el a quo desconoció el principio de irretroactividad al decidir el caso
concreto en aplicación del Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022,
pues no estaba vigente al momento en que se radicó la solicitud de expedición
de la tarjeta profesional de abogado. Lo correcto, era resolver el caso particular
a la luz de los dispuesto en el Acuerdo PCSJA19-11354 del 29 de julio del
2019, pues la radicación de la solicitud se hizo el primero de julio de 2022.
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Demandante: José Humberto Gómez Herrera
Con fundamento en lo anterior, expuso las siguientes pretensiones:
“a), ordenarle a la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia que,
mi Tarjeta Profesional de Abogado números: 389895 sea de carácter permanente y no
temporal (hasta el 30 de abril de 2022). b), que se le ordene a la Unidad Nacional de Registro
de Abogados y Auxiliares de la Justicia que, se elimine de forma inmediata de mi certificado
de Abogado la anotación en las Observaciones: “De conformidad con la Ley 1905 de 2018 y
el Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022”. c), que se le ordena a la Unidad
Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia que, se imprima nuevamente mi
plástico y se suprima la expresión “Provisional” contenidas en mi Tarjetas profesionales de
Abogados.”
7. Trámite del proceso en la segunda instancia
En escrito allegado al proceso constitucional, el 13 de enero de 2023, el accionante
informó que la diligencia del 21 de diciembre de 2022 programada dentro del
proceso administrativo contravencional se llevó a cabo. En el curso de la diligencia,
la autoridad administrativa dijo que en cumplimiento del exhorto que se hiciera en la
sentencia de tutela del 3 de noviembre de 2022, reconocería personería para actuar
en calidad de abogado al señor José Humberto Gómez Herrera. Luego, se
suspendió la diligencia y se la reprogramó para el 20 de enero de la actual
anualidad.
A pesar de lo anterior, expone que el exhorto no protege integralmente sus derechos
fundamentales, pues evidencia que cada vez que se presente una situación en la
que no se le permita ejercer como abogado deberá interponer una acción de tutela
o renunciar a los casos, pues esta acción de tutela sólo tiene efectos sobre la
particular situación en la Secretaría de Movilidad.
Adicional a lo anterior, insistió, en que esta tarjeta provisional vulnera sus derechos
fundamentales en tanto deja intranquilidades en toda la comunidad jurídica que
afecta el ejercicio de la profesión respecto de las personas que la portan. Luego,
expone las siguientes inquietudes: “¿Qué pasaría si por algún motivo el examen de estado
no se logra realizar en las fechas aproximadas para su realización y que pasaría, si no llegare a
pasar el examen de estado?” y “que figura legal se utilizaría para la expedición de una nueva Tarjeta
Profesional de Abogados Provisional en caso de no pasar el examen de estado.”
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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2. Planteamiento del problema jurídico
2.1. Sea lo primero indicar que, la inquietud expuesta por el impugnante relativa a
que no se le puso en conocimiento el salvamento de voto propuesto por el
magistrado William Hernández Gómez frente la sentencia de tutela de primera
instancia, fue debidamente resuelta en el trámite de este proceso
constitucional.
En el histórico de actuaciones obra Oficio nro. CGQ-3267 de la Secretaría
General de esta Corporación en el que se le explicó al accionante que los
magistrados de la Sala de Decisión no registraron salvamento o aclaración de
voto frente al fallo impugnado5. Esta información coincide con el contenido de
la sentencia en el que no obra reseña alguna que informe voto disidente o
aclaración.
2.2. Frente a las inquietudes que expuso el actor en el escrito complementario de
impugnación (supra 6 antecedentes), relativo al efectivo cumplimiento del
cronograma para la realización del examen de Estado propuesto por el
Consejo Superior de la Judicatura y al trámite administrativo que deben
adelantar quienes, eventualmente, no aprueben el examen, esta Sección
advierte que deben ser presentadas ante la autoridad competente para
absolverlas. Dado que, la Ley 1905, atribuyó al Consejo Superior de la
judicatura la función de realizar el examen de Estado, es esa autoridad a la
que le asiste competencia para resolver las dudas del actor, no al juez de
tutela.
2.3. De otra parte, se tiene que el accionante no persistió en las pretensiones
relativas a que se le reconozca personería como abogado para actuar dentro
de un trámite administrativo contravencional, ni que se declare la nulidad de
ciertas actuaciones de ese proceso, debido a que estas pretensiones fueron
satisfechas por la autoridad administrativa demandada. Como no subsiste
inconformidad frente al trámite administrativo, la Sala mantendrá la decisión
del a quo al respecto.
No obstante lo anterior, el accionante destacó que se trata de una protección
apenas parcial de su derecho al trabajo que solo comprende el procedimiento
administrativo en comento, pero que la afectación de este derecho se
mantendrá en las demás actividades en las que requiera de una tarjeta
profesional para el ejercicio de su profesión.
2.4. Así las cosas, se observa que las inconformidades expuestas en el escrito de
impugnación se centran en que la tarjeta profesional de abogado con vigencia
provisional, reconocida con fundamento en el Acuerdo PCSJA-22-11985,
vulnera el derecho al trabajo del señor José Humberto Gómez Herrera debido
a que: (i) la imposibilidad de presentar el examen de Estado para obtener la
tarjeta profesional definitiva es atribuible al Consejo Superior de la
Administrativa y los efectos negativos de su omisión no deben trasladarse a
los profesionales del derecho; (ii) la provisionalidad de la tarjeta profesional no
permite el ejercicio pleno de la profesión y lo limita en el tiempo; (iii) la tarjeta
profesional provisional en Colombia está regulada para estudiantes de
derecho y limita el ejercicio de la profesión a los asuntos de mínima cuantía; y
5 Samai, índice 47. Oficio nro. CGQ-3267 de la Secretaría General del Consejo de Estado.
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(iv) la Unidad de Registro Nacional de Abogados desconoció el principio de
irretroactividad de la Ley, porque aplicó el Acuerdo PCSJA-22-11985 del 29
de agosto de 2022 a una solicitud que se radicó el primero de julio del 2022.
2.5. Entonces, en atención a lo indicado por el accionante en el escrito de
impugnación, corresponde a la Sala determinar si le asistió razón al a quo al
negar el amparo constitucional en lo que respecta a la expedición de la tarjeta
profesional de abogado con carácter definitivo o, si debe revocar la sentencia
de tutela de primera instancia y, en su lugar, amparar el derecho fundamental
al trabajo del señor José Humberto Gómez Herrera.
3. Alcance del presupuesto de procedibilidad de subsidiariedad y su
análisis en el caso particular
3.1. Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces.
En consecuencia, la tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias,
consiste en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa
judicial, idóneo y eficaz, no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la
idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en función del caso
concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra el solicitante
y, además, dependen de la existencia o no de un perjuicio irremediable, en los
términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En tal sentido, es claro que al juez natural le corresponde impulsar y decidir
los asuntos que se encuentran bajo su conocimiento, por lo que no le es dable
al juez de tutela, en principio, interferir o contrariar so pretexto de proteger los
derechos fundamentales, las decisiones que se profieren de forma legítima en
el proceso ordinario. La acción de tutela que se presenta en contra de la
decisión judicial, en principio, deviene improcedente, pues ello desconocería
el principio de autonomía judicial.
Sobre la autonomía e independencia de los jueces y tribunales, la Corte
Constitucional ha sostenido que las injerencias indebidas en el ejercicio de la
función jurisdiccional por parte del juez constitucional, debe asumirse como un
mandato de proscripción, lo cual se justifica, únicamente, para efectos de
proteger los derechos fundamentales afectados.
3.2. Para la Sala la pretensión del accionante de que se ampare su derecho al
trabajo y, en consecuencia, se ordene reconocimiento de la tarjeta profesional
de abogado definitiva, no supera el requisito de subsidiariedad y por ello debe
declararse la improcedencia de la acción de tutela6.
Se observa que, las inconformidades que soportan las pretensiones del
impugnante, en realidad, refieren a argumentos de disenso contra el Acuerdo
PCSAJ22-11985 del 29 de agosto de 2022 y contra el acto administrativo
6 En similar sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia
del 2 de febrero de 2023. Proceso de tutela nro. 11001-03-15-000-2022-04728-01. C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto; sentencia del 27 de octubre de 2022, proceso nro. 11001-03-15-000-2022-04853-00. C.P.
Milton chaves García.
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contentivo del acta de registro de tarjeta provisional No.17639, con vigencia
provisional hasta el 30 de abril de 2024. La legalidad de estos actos
administrativos debe discutirse a través de los mecanismos ordinarios
establecidos por el Legislador para ese fin.
Así pues, los reparos del accionante contra el Acuerdo PCSAJ22-11985 del
29 de agosto de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura, deben ventilarse
por conducto del medio de control de simple nulidad consagrado en el artículo
1377 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
Respecto de los argumentos para controvertir el contenido de acta de registro
de tarjeta provisional No.17639, en específico, de su vigencia provisional hasta
el 30 de abril de 2024, debe señalarse que el acto administrativo es pasible del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA8.
3.3. La Sección Cuarta9 ha establecido que, estos medios de control son idóneos
para pretender la nulidad de actos administrativos, de carácter general o
particular y, en este último evento, para solicitar las medidas de
restablecimiento del derecho a las que haya lugar. También supera el
presupuesto de eficacia en tanto que al interior del proceso el actor podrá
solicitar el decreto de medidas cautelares, por ejemplo, la suspensión de los
efectos del acto administrativo.
A ese respecto se recuerda que, en los procesos declarativos en comento es
posible solicitar que se decreten medidas cautelares para procurar la
protección provisional del objeto del proceso y la efectividad de la sentencia,
conforme lo establecen los artículos 229 y siguientes del CPACA. Las medidas
cautelares tienen un trámite rápido y expedito para asegurar su finalidad, este
tiempo incluso se reduce en el caso de que se trate de medidas cautelares de
urgencia en atención a lo consagrado en el artículo 234 del CPACA. De
manera que, en el curso del proceso idóneo y eficaz, el Legislador estableció
7 “ARTÍCULO 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se
declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación
y registro.
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes
casos (…)”.
8 “ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se
le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
9 En este sentido puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
sentencia de 26 de enero de 2023, proceso nro. 11001-03-15- 000-2022, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto; sentencia del 21 de abril de 2022. Proceso nro. 11001-03-15-000-2022-00421-01. C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello; sentencia de 27 de octubre de 2022, proceso nro. 11001-03-15-000-2022-04960-00. C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez.
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herramientas para que el juez natural de la causa, en caso de estar justificado,
pueda proteger de manera preliminar el objeto del proceso.
Conviene precisar que el presupuesto de eficacia del mecanismo judicial
ordinario no puede descartarse considerando únicamente el trámite expedito
y sumario de la acción de tutela, pues si ese fuera el único rasero el juez de
tutela asumiría el conocimiento de gran número de causas ordinarias, pero tal
entendimiento, claramente, contraría el propósito de la acción de amparo e
implica el desconocimiento de las competencias que por ley han sido
asignadas a los jueces de la República.
3.4. Finalmente, tampoco observa la Sala la ocurrencia de un perjuicio irremediable
relativo a la afectación de los derechos fundamentales del accionante que
justifique conceder transitoriamente el amparo constitucional.
Al respecto, debe considerarse que, en la actualidad, el señor José Humberto
Gómez Herrera se encuentra inscrito como abogado en la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y cuenta con una tarjeta
profesional de abogado que, aún con vigencia provisional, le permite ejercer
la profesión hasta el mes de abril de 2024, fecha en la que el Consejo Superior
de la Judicatura estima practicar el examen de Estado, exigido por la Ley 1905
de 2018.
Tal como lo indicó la Unidad de Registro Nacional de Abogados en su informe
de respuesta a esta acción de tutela, el Acuerdo PCSJA-22-11985 solo
restringe el ejercicio de la profesión para quienes portan la tarjeta profesional
provisional en razón a un criterio temporal que se explica en la presentación y
aprobación del examen, pero no contiene una limitación en razón a la cuantía
de los procesos o una limitación temática. En ese sentido, no se concreta el
perjuicio irremediable derivado de la imposibilidad de ejercer en integridad la
profesión de abogado.
3.5. Este último argumento también es útil para descartar la prosperidad del
alegato del actor que pretendía equiparar la tarjeta profesional de abogado con
vigencia provisional con la licencia provisional para ejercer la abogacía.
Conviene precisar que la licencia provisional para ejercer la abogacía,
conforme lo regula el Acuerdo PSAA13-9901, aplica respecto quienes han
concluido sus estudios en derecho, pero no cuentan aún con título de grado y
el ejercicio de la profesión se restringe a los eventos autorizados en el artículo
31 del Decreto Ley 196 de 197110.
De manera que no hay lugar a equiparar la tarjeta profesional de abogado con
vigencia provisional con la licencia provisional para el ejercicio de la abogacía.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala no advierte vulnerados los derechos
fundamentales invocados por el actor, sino que, por el contrario, se trata del
cumplimiento de una ley, en este caso, de la Ley 1905 de 2018 y, en ese orden,
no es la acción de tutela el mecanismo idóneo y adecuado para cuestionar el
contenido de una norma general, impersonal y abstracto por no estar de
acuerdo con su contenido, pese a que fue expedida desde el año 2018, previo
a iniciar los estudios de derecho, como tampoco lo es, para cuestionar el
10 “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía.”
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contenido del Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, que
desarrolla la referida ley.
Sumado a lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura informó que la
prueba de Estado se realizaría en el año 2024 y, por tanto, las personas que
cumplan el supuesto de hecho establecido en la Ley 1905 de 2018 se les debe
exigir el requisito de aprobar el examen de Estado.
Por lo que, la Sala advierte que, la decisión de otorgar la tarjeta profesional de
abogado de carácter temporal, lejos de desconocer los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, lo que hace es garantiza el
derecho al trabajo y los demás derechos invocados por la parte accionante, si
se tiene en cuenta que, hasta tanto se surta el examen de Estado y obtenga
los resultados, el accionante contará con la tarjeta profesional de carácter
provisional, lo que desde todo punto de vista resulta respetuoso de los
derechos y garantías fundamentales de las personas que están próximas a
presentar el referido examen.
En este orden de ideas, no se advierte que la situación expuesta por el actor
corresponda a un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que el daño
alegado no es inminente, grave o impostergable ni requiere la adopción de
medidas urgentes por parte del juez constitucional y, por tanto, no se
satisfacen los requisitos señalados por la Corte Constitucional para habilitar la
procedencia transitoria de la acción de tutela.
4. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala revocará parcialmente la decisión impugnada,
proferida el 3 de noviembre de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en el sentido de declarar improcedente la acción de tutela
interpuesta por el señor José Humberto Gómez Herrera, en lo relativo a la
pretensión de otorgamiento de la tarjeta profesional de abogado de carácter
definitivo, debido a que tal pretensión no supera el requisito general de
subsidiariedad.
Se confirmará la decisión de primera instancia, en cuanto declaró la carencia actual
de objeto frente a la solicitud de que se reconozca personería al señor José
Humberto Gómez Herrera para actuar como abogado en el proceso administrativo
de comparendo con expediente Nro. 40025 y que se declare la nulidad de algunas
diligencias de ese proceso administrativo. Asimismo, se confirmará el exhorto.
También debe mantenerse la decisión de improcedencia por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, frente a la pretensión de que se ordene iniciar
investigación disciplinaria contra los funcionarios de la Secretaría de Movilidad de
Bogotá, ya que no se presentó inconformidad al respecto en el escrito de
impugnación.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Demandante: José Humberto Gómez Herrera
FALLA
1. Revocar el numeral primero de la sentencia de tutela del 3 de noviembre de
2022, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y, en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela, en lo
relacionado con la orden de expedición de la tarjeta profesional de abogado
definitiva, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Confirmar en todo lo demás, la sentencia de tutela de primera instancia,
conforme a las consideraciones expuestas en este fallo.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
13
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