Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06663-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06663-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06663-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06663-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
30 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06663-00
Demandante: May Fernando Orjuela
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-06663-00
Demandante MAY FERNANDO ORJUELA
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA
Tema Tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional. Ley 1905 de
2018. Acuerdo Nro. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022.
Improcedencia porque existe otro medio de defensa judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por el señor May Fernando Orjuela, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 31 de octubre de 20231, el señor May Fernando Orjuela, actuando en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, en razón a la
expedición de su tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Que se declare que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD
DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA vulneró mis
derechos fundamentales al trabajo, igualdad, libre desarrollo a la personalidad y derecho a
escoger profesión u oficio, los cuales se encuentran consagrados en los artículos 25, 13, 16 y
26 de la Constitución Política de Colombia.
SEGUNDO: Que se ordene a la accionada, proceda a expedirme de manera inmediata mi
tarjeta profesional de abogado definitiva, lo anterior, en virtud a que, por su deficiencia
administrativa de no reglamentar e implementar el examen ordenado en la mencionada Ley,
no estoy en la obligación de soportar dicha omisión administrativa.».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor May Fernando Orjuela inició sus estudios de derecho el 22 de agosto
de 2019, en la Institución de Educación Superior Universitaria de Colombia.
1 Samai, índice 2.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06663-00
Demandante: May Fernando Orjuela
2.2. Cursado el programa de derecho y cumplidos los requisitos establecidos, el 1°
de diciembre de 2022 el actor se graduó, obteniendo el título de abogado.
2.3. El 5 de diciembre de 2022, el señor Orjuela realizó la consignación
correspondiente a nombre de la Rama Judicial, con la finalidad de obtener su
tarjeta profesional, y el 12 de diciembre de la misma anualidad remitió la
totalidad de la documentación requerida al correo electrónico
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co
2.4. El 3 de febrero de 2023, el actor recibió un correo electrónico en el que se le
informaba que la empresa de Servicios Postales 4-72 recogió la tarjeta
profesional Nro. 399.854, para ser entregada. Una vez recibida la tarjeta el
accionante advirtió que era una “Tarjeta Profesional Provisional”.
2.5. Con escrito del 5 de septiembre de 2023, el actor presentó petición al Consejo
Superior de la Judicatura solicitando la expedición de su tarjeta profesional
definitiva.
Argumentó que si bien La Ley 1905 del 28 de junio de 2018, “Por la cual se
dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”,
adicionó un requisito para ejercer dicha profesión, la aprobación del Examen
de Estado, hasta el momento no se había establecido ninguna acción efectiva
para el cumplimiento de este requisito adicional.
2.6. El 22 de septiembre de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura dio
respuesta a la petición, en ella señaló que según el cronograma de la
elaboración e implementación del Examen de Estado de la Ley 1905 de 2018,
se preveía que se realizaría a partir del año 2024, e indicó que
“[…] las personas sujetas a esta ley podrán realizar la prueba en alguna de las dos
aplicaciones anuales que se realizaran a partir del año 2024; toda la información
necesaria para presentar la prueba será publicada oportunamente a los usuarios por los
canales oficiales de la corporación.”
3. Fundamentos de la acción
El actor estima vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad.
En primer lugar, señaló que el Consejo Superior de la Judicatura le está exigiendo
la aprobación del Examen de Estado, establecido en la ley 1905 de 2018, para
hacerle entrega de la “Tarjeta Profesional Definitiva”, sin que hasta el momento se
haya programado la primera fecha para su realización. Lo que implica que, en razón
a la falta de organización, debe esperar más tiempo para poder obtener su licencia
y desempeñar la profesión de abogado.
Por otra parte, indicó que algunas personas que ingresaron a cursar el programa de
derecho con posterioridad a la publicación de la Ley 1905 de 2018, ya cuentan con
tarjeta profesional definitiva, lo que atenta contra el derecho a la igualdad.
Finalmente citó varios apartes de providencias en donde se ha amparado el derecho
al debido proceso administrativo y en consecuencia se ha ordenado a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia que resuelva la solicitud
de expedición de la tarjeta profesional de abogado.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06663-00
Demandante: May Fernando Orjuela
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 3 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela interpuesta por el señor May Fernando Orjuela, en nombre
propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y dispuso que se surtiera la
notificación de la parte accionada.
4.2. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
del Consejo Superior de la Judicatura2, rindió informe en el que señaló que
con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 1905 de 2018, se suscribió un
Convenio Interadministrativo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de
la Educación ICFES, con el objeto de definir, construir y validar el marco de
referencia para la implementación del examen para ejercer la profesión de
abogado.
En razón al convenio, se suscribió el contrato Nro. 1 el cual tiene como plazo
de ejecución hasta octubre de 2023. A su vez, el Consejo Superior de la
Judicatura expidió el Acuerdo Nro. PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022
“por medio del cual se establecen normas para la expedición de tarjetas profesionales
de abogados y se dictan otras disposiciones”, en el que se indicó que para los
graduados destinatarios de la Ley 1905 que aún no presentan el Examen de
Estado, podrán solicitar sin la acreditación del certificado de aprobación del
examen su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición
de una Tarjeta Profesional de Abogado de carácter provisional, con vigencia
hasta la publicación de los resultados de la primera prueba.
Respecto del caso en cuestión, señaló que el actor inició la carrera de derecho
el 22 de agosto de 2019, es decir, después de haber sido promulgada la Ley
1905 de 2018, y finalizó su programa el 1° de diciembre de 2022. Añadió que
de conformidad con el Acuerdo PCSJA22-11985, se inscribió al señor May
Fernando Orjuela en el registro de abogados, asignándole la Tarjeta
Profesional de Abogado Nro. 399.854, con vigencia provisional. Adicionó que,
mediante oficios del 22 de septiembre y 8 de noviembre de 2023, se le dio
respuesta a las peticiones del accionante relacionadas con el trámite y
expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado.
Con la finalidad de explicar las razones por las cuales en algunos casos
similares se había amparo el derecho de los accionantes, citó una providencia
de la Sección Primera del Consejo de Estado, para explicar que en el momento
en que se dieron los amparos la Unidad no había adoptado medida alguna,
por lo que, la exigencia de un Examen de Estado implicaba una barrera para
el ejercicio de la profesión, sin embargo, actualmente la Unidad ya adoptó las
medidas para que la falta de implementación del Examen no implique
vulneración de derechos fundamentales.
Concluyó que en este caso no existe vulneración alguna de derechos
fundamentales. Y precisó que existe carencia actual de objeto por hecho
superado, pues la pretensión principal del accionante recae sobre la
expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado, la cual se subsanó con la
expedición de su Tarjeta Profesional con vigencia provisional, en los términos
del Acuerdo Nro. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022.
2 Samai, índice 9.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06663-00
Demandante: May Fernando Orjuela
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si
existe vulneración del derecho al trabajo y a la igualdad del señor May Fernando
Orjuela por parte del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia al expedir la Tarjeta Profesional de
Abogado, con vigencia provisional, en cumplimiento de la Ley 1905 de 2018 y el
Acuerdo Nro. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022.
3. Alcance del presupuesto de procedibilidad de subsidiariedad y su
análisis en el caso particular
3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable».
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede
cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá
como mecanismo transitorio de protección.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06663-00
Demandante: May Fernando Orjuela
existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición,
pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
3.2. Para la Sala la pretensión del accionante de que se ampare su derecho al
trabajo y a la igualdad, en consecuencia, se ordene reconocimiento de la
tarjeta profesional de abogado definitiva, no supera el requisito de
subsidiariedad y por ello debe declararse la improcedencia de la acción de
tutela4.
Se observa que, las inconformidades que soportan las pretensiones del
impugnante, en realidad, refieren a argumentos de disenso contra el Acuerdo
PCSAJ22-11985 del 29 de agosto de 2022 y contra el acto administrativo
contentivo del acta de registro de tarjeta provisional No. 399.854, con vigencia
provisional. La legalidad de estos actos administrativos debe discutirse a
través de los mecanismos ordinarios establecidos por el legislador para ese
fin.
Así pues, los reparos del accionante contra el Acuerdo PCSAJ22-11985 del
29 de agosto de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura, deben ventilarse
a través del medio de control de simple nulidad consagrado en el artículo 137
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).
Respecto de los argumentos para controvertir la vigencia provisional de la
tarjeta profesional, debe señalarse que estos atacan el contenido de acta de
registro de tarjeta provisional No.399.854, acto administrativo que es pasible
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA.
3.3. La Sección Cuarta5 ha establecido que, estos medios de control son idóneos
para pretender la nulidad de actos administrativos, de carácter general o
particular y, en este último evento, para solicitar las medidas de
restablecimiento del derecho a las que haya lugar. También supera el
presupuesto de eficacia en tanto que al interior del proceso el actor podrá
solicitar el decreto de medidas cautelares, por ejemplo, la suspensión de los
efectos del acto administrativo.
4 En similar sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia
del 2 de febrero de 2023. Proceso de tutela Nro. 11001-03-15-000-2022-04728-01. C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto; sentencia del 27 de octubre de 2022, proceso Nro. 11001-03-15-000-2022-04853-00. C.P.
Milton Chaves García.
5 En este sentido puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
sentencia del 21 de abril de 2022. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2022-00421-01. C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello; sentencia de 27 de octubre de 2022, proceso Nro. 11001-03-15-000-2022-04960-00.
C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06663-00
Demandante: May Fernando Orjuela
A ese respecto se recuerda que, en los procesos declarativos en comento es
posible solicitar que se decreten medidas cautelares para procurar la
protección provisional del objeto del proceso y la efectividad de la sentencia,
conforme lo establecen los artículos 229 y siguientes del CPACA.
Las medidas cautelares tienen un trámite rápido y expedito para asegurar su
finalidad, este tiempo incluso se reduce en el caso de que se trate de medidas
cautelares de urgencia en atención a lo consagrado en el artículo 234 del
CPACA. De manera que, en el curso del proceso idóneo y eficaz, el Legislador
estableció herramientas para que el juez natural de la causa, en caso de estar
justificado, pueda proteger de manera preliminar el objeto del proceso.
Conviene precisar que el presupuesto de eficacia del mecanismo judicial
ordinario no puede descartarse considerando únicamente el trámite expedito
y sumario de la acción de tutela, pues si ese fuera el único rasero el juez de
tutela asumiría el conocimiento de gran número de causas ordinarias, pero tal
entendimiento, claramente, contraría el propósito de la acción de amparo e
implica el desconocimiento de las competencias que por ley han sido
asignadas a los jueces de la República.
3.4. Finalmente, tampoco observa la Sala la ocurrencia de un perjuicio irremediable
relativo a la afectación de los derechos fundamentales del accionante que
justifique conceder transitoriamente el amparo constitucional.
Al respecto, debe considerarse que, en la actualidad, el señor May Fernando
Orjuela se encuentra inscrito como abogado en la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia y cuenta con una tarjeta profesional de
abogado que, aún con vigencia provisional, le permite ejercer la profesión
hasta la publicación de los resultados de la primera prueba.
Tal como lo indicó la Unidad de Registro Nacional de Abogados en su informe
de respuesta a esta acción de tutela, el Acuerdo PCSJA-22-11985 solo
restringe el ejercicio de la profesión para quienes portan la tarjeta profesional
provisional en razón a un criterio temporal, que se explica en la presentación
y aprobación del examen, pero no contiene una limitación en razón a la cuantía
de los procesos o una limitación temática.
En ese sentido, no se concreta el perjuicio irremediable derivado de la
imposibilidad de ejercer en integridad la profesión de abogado.
3.5. Se precisa que no se puede equiparar la tarjeta profesional de abogado con
vigencia provisional con la licencia provisional para ejercer la abogacía. Pues
la licencia provisional para ejercer la abogacía, conforme lo regula el Acuerdo
PSAA13-9901, aplica respecto quienes han concluido sus estudios en
derecho, pero no cuentan aún con título de grado y el ejercicio de la profesión
se restringe a los eventos autorizados en el artículo 31 del Decreto Ley 196 de
1971.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala no advierte vulnerados los derechos
fundamentales invocados por el actor, sino que, por el contrario, se trata del
cumplimiento de una ley, en este caso, de la Ley 1905 de 2018 y, en ese orden,
no es la acción de tutela el mecanismo idóneo y adecuado para cuestionar el
contenido de una norma general, impersonal y abstracta por no estar de
acuerdo con su contenido, pese a que fue expedida desde el año 2018, previo
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06663-00
Demandante: May Fernando Orjuela
a iniciar los estudios de derecho, como tampoco lo es, para cuestionar el
contenido del Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, que
desarrolla la referida ley.
Sumado a lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura informó que la
prueba de Estado se realizaría en el año 2024 y, por tanto, todas las personas
que cumplan el supuesto de hecho establecido en la Ley 1905 de 2018 se les
debe exigir el requisito de aprobar el examen de Estado, lo que garantiza el
derecho a la igualdad de quienes se encuentran en igual condición.
Por lo que, la Sala advierte que, la decisión de otorgar la tarjeta profesional de
abogado de carácter provisional, lejos de desconocer los derechos
fundamentales invocados por el accionante, lo que hace es garantizar el
derecho al trabajo y a la igualdad invocados por la parte accionante, si se tiene
en cuenta que, hasta tanto se surta el examen de Estado y obtenga los
resultados, el accionante contará con la tarjeta profesional de carácter
provisional, lo que desde todo punto de vista resulta respetuoso de los
derechos y garantías fundamentales de las personas que están próximas a
presentar el referido examen.
En este orden de ideas, no se advierte que la situación expuesta por el actor
corresponda a un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que el daño
alegado no es inminente, grave o impostergable ni requiere la adopción de
medidas urgentes por parte del juez constitucional y, por tanto, no se
satisfacen los requisitos señalados por la Corte Constitucional para habilitar la
procedencia transitoria de la acción de tutela.
4. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
interpuesta por el señor May Fernando Orjuela, respecto al otorgamiento de la
tarjeta profesional de abogado de carácter definitivo, debido a que esta pretensión
no supera el requisito general de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor May
Fernando Orjuela, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06663-00
Demandante: May Fernando Orjuela
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.