Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06718-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06718-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06718-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
1 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06718-00
Demandante: Irene Lorena Basante Noguera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., primero (1°) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-06718-00
Demandante IRENE LORENA BASANTE NOGUERA
Demandado RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
Temas Acción de tutela contra autoridades administrativas y judiciales.
Acto administrativo que excluyó a aspirante del concurso de
méritos. Convocatoria Nro. 27. Mora judicial. Medida cautelar de
urgencia.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por la señora Irene Lorena Basante Noguera, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 2 de noviembre de 20231, la señora Irene Lorena Basante Noguera, actuando en
nombre propio, instauró acción de tutela contra la Rama Judicial, Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, por considerar
vulnerados sus derechos a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, a la confianza
legítima, a la tutela judicial efectiva y a acceder a cargos públicos en concurso de
méritos.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1) Que se tutelen los derechos fundamentales a LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO,
AL TRABAJO, A OCUPAR CARGOS PUBLICOS, BUENA FE-CONFIANZA LEGITIMA,
APLICACIÓN INMEDIATA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES y TUTELA
EFECTIVA, como consecuencia de la OMISION presentada al no haberse decidido sobre
la admisión, inadmisión o rechazo de la demanda radicada desde el pasado 9 de agosto
de 2023 y con ello, haberse decidido de fondo la medida cautelar de urgencia radicada el
25 de septiembre de 2023 en el proceso 52001233300020230022900 bajo el medio de
control de Reparación Directa, considerando la evidente e inminente vulneración de
derechos fundamentales de la accionante.
2) Se ordene INMEDIATAMENTE la inscripción y participación de la suscrita accionante en
el CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL, según lo dispuesto en el cronograma establecido
por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL en la Convocatoria No. 27 así como en el
Acuerdo No. PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 correspondiente al CONCURSO
DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE CARGOS DE FUNCIONARIOS DE LA RAMA
JUDICIAL, y demás etapas subsiguientes del concurso, de manera PROVISIONAL y
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hasta tanto el Juzgado de conocimiento decida de fondo la demanda de Nulidad y
Restablecimiento.
Resulta pertinente insistir en que el Curso de Formación Judicial fue instalado el día 24
de octubre de 2023, y se encuentra en la etapa de Mesa Introductoria e Inducción
Metodológica, que finaliza el 10 de noviembre de 2023; se solicita de manera respetuosa
considerar en garantía del derecho a la igualdad, que esta medida cautelar de urgencia
ya ha sido objeto de decreto en varios procesos judiciales con iguales o similares
pretensiones al interpuesto bajo el medio de control de Nulidad y Restablecimiento por
mi representada, por parte de juzgados administrativos en Bogotá, Cúcuta y Pasto, de
los que se conoce a la fecha.”2 (Sic a toda la cita)
2. Hechos
Del expediente, se advierte como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura emitió el
Acuerdo PCSJA18-11077, mediante el cual convocó a un concurso de méritos
para la selección de funcionarios de la Rama Judicial, identificado como
"Convocatoria Nro. 27".
La accionante participó en el concurso como aspirante para el cargo de Juez
Administrativo.
2.2. El 1 de septiembre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura expidió la
Resolución CJR22-0351, por medio de la cual se publicaron los resultados de
la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, junto con
su Anexo, en este último se indicó que la actora “no aprobó” la prueba, esto al
haber obtenido un puntaje total de: 799,82 de los cuales 236,13 puntos
corresponden a la prueba de aptitudes y 563,69 a la prueba de conocimientos.
2.3. El 30 de octubre de 2022, la señora Basante asistió a la exhibición de la prueba
en la ciudad de Pasto para conocer las claves planteadas por la Universidad
Nacional. Y el 15 de noviembre de la misma anualidad, presentó la ampliación
del recurso de reposición en el cual argumentó que las preguntas Nro. 6, 7, 9,
10, 18, 23, 28, 32, 43, 47, 53, 61, 62, 63, 65, 69, 70, 82 y 84 estuvieron mal
planteadas generando ambigüedades y, en consecuencia, mal calificadas.
2.4. Mediante Resolución Nro. CJR23-0045 del 16 de enero de 2023, se le resolvió
el recurso de reposición de manera desfavorable, lo que no permitió que la
actora pudiera continuar con las siguientes etapas de la convocatoria.
2.5. El 3 de agosto de 2023, la accionante radicó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Nariño, siendo
repartida el 9 del mismo mes y año, ante el despacho de la magistrada Beatriz
Isabel Melodelgado Pabón bajo el Nro. 52001-23-33-000-2023-00229-00.
2.6. El 28 de septiembre de 2023, la señora Irene Lorena allegó al proceso
ordinario solicitud de medida cautelar de urgencia, la cual fue ampliada el 27
de octubre del mismo año. Y el 20 de octubre de esa anualidad, presentó
solicitud de impulso procesal.
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2.7. El mismo 27 de octubre de 2023, la actora solicitó información del proceso vía
telefónica, en donde le indicaron que el expediente se encontraba en sala para
decidir el impedimento manifestado por la magistrada ponente.
3. Fundamentos de la acción
La señora Irene Lorena Basante Noguera indicó que la acción de tutela es el único
mecanismo idóneo que tiene para salvaguardar transitoriamente sus derechos
fundamentales, esto con fundamento en la sentencia SU-772 de 2014 dictada por
la Corte Constitucional en donde se menciona que es viable la procedencia de esta
acción cuando existe otro medio de defensa, para ello señala los siguientes dos
eventos: (i) cuando el medio o recurso carece de eficacia o idoneidad y (ii) cuando
la tutela se instaura como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Precisó que, si bien ya radicó la demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, y este ya le fue asignado a un despacho del
Tribunal Administrativo de Nariño, lo cierto es que no hay certeza de la fecha en la
cual será admitido el proceso y se resolverá la medida cautelar de urgencia que
presentó. Situación que le genera una grave lesión a sus derechos fundamentales,
pues de existir impedimentos por parte de las autoridades judiciales esto implica
una mayor mora en el conocimiento del asunto, y se debe tener en cuenta que el
“Curso de Formación Judicial” ya se está surtiendo, es una etapa excluyente y no se
repetirá en el futuro.
En el mismo sentido, citó la sentencia T-441 de 2017 para mostrar la procedencia
excepcional de la acción de tutela en los concursos de méritos, pese a existir otro
medio de defensa.
Mencionó, que el Tribunal Administrativo de Nariño está incurriendo en mora judicial
respecto del medio de control Nro. 52001-23-33-000-2023-00229-00, pues la
demanda fue radicada el 3 de agosto de 2023 y a la fecha de presentación de esta
acción no se ha admitido ni resuelto la medida cautelar de urgencia. Circunstancia
que le genera un perjuicio irremediable dado que las etapas del concurso se siguen
surtiendo, al punto que actualmente se desarrolla el “Curso de Formación Judicial”,
generándole una desventaja que puede llegar a que el fallo ordinario sea inocuo y
nugatorio.
Por lo anterior, resaltó la importancia del pronunciamiento del juez constitucional,
para que éste dicte la medida provisional o se ampare transitoriamente sus
derechos fundamentales ante la existencia de apariencia de buen derecho, hasta
tanto se defina el medio de control. Mencionó que existen casos similares en los
que se ha decretado la medida cautelar en procesos ordinarios.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 14 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela presentada por la señora Irene Lorena Basante Noguera
contra la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial; negó la medida provisional solicitada por
la parte actora; vinculó en calidad de tercero con interés a la Universidad
Nacional y al Tribunal Administrativo de Nariño, magistrado Álvaro Montenegro
Calvachy; dispuso notificar a las partes y fijar un aviso en la Secretaría General
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de la corporación y en la página web, para que los interesados pudieran acudir
al proceso de encontrarlo necesario.
4.2. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura3 solicitó que esta acción se declarara improcedente por
incumplimiento del requisito de inmediatez y subsidiariedad, o en su defecto,
se negaran las pretensiones del accionante al no existir derecho fundamental
vulnerado, y que se le desvinculara por falta de legitimación por pasiva.
Afirmó que la solicitud de desvinculación tiene fundamento en razón a que las
pretensiones de esta acción están dirigidas a cuestionar la demora en la
admisión de la demanda y en la decisión de la medida cautelar solicitada en el
marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Añadió que, no
le asiste injerencia alguna en las acciones u omisiones que realizan las
autoridades judiciales, en este caso el Tribunal Administrativo de Nariño.
De otro lado, mencionó que el proceso de selección se adelanta en
cumplimiento del Acuerdo de Convocatoria, acto que se encuentra vigente, por
lo que, no es posible permitir que la accionante pase a la fase III del Curso de
Formación Judicial, sin haber superado las fases I y II. Asimismo, la fase III
está a cargo exclusivamente de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y no
de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, de conformidad con los
artículos 176 y 177 de la Ley 270 de 1996, y el artículo 3° numeral 4.1 del
Acuerdo de Convocatoria.
Precisó que los participantes se obligan a cumplir la totalidad de los
lineamientos del Acuerdo, entre ellos la calificación de las pruebas de aptitudes
y conocimientos, las cuales se harían a partir de una escala estándar entre 1
a 1.000 puntos, donde la prueba de aptitudes se calificó entre 1 y 300 puntos
y la de conocimientos entre 1 y 700 puntos. Estableciendo que se requería un
mínimo de 800 puntos, sumando los puntajes de las dos pruebas.
Frente al caso de la accionante indicó que ella presentó la prueba de aptitudes
y conocimientos, y obtuvo un puntaje no aprobatorio de 799,82 el cual fue
publicado mediante la Resolución CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022.
Resultado que controvirtió y fue confirmado mediante la Resolución CJR23-
0045 de 16 de enero de 2023.
Indicó que no existe vulneración al derecho a la igualdad pues todos los
participantes se encuentran sujetos al acuerdo de convocatoria, acto que tiene
plena validez y está en firme, por lo que un trato diferencial quebrantaría el
principio de mérito e igualdad. Añadió que la accionante no aprobó la prueba
de conocimientos y aptitudes, por lo que tampoco se le realizó la verificación
de requisitos mínimos, fase previa establecida en el acuerdo para poder
acceder al citado curso de formación.
Precisó que la señora Basante indirectamente busca que se deje sin efecto
parcialmente las Resoluciones CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022 y
CJR23-0045 del 16 de enero de 2023, por haberla excluido del concurso, por
lo que se incumple el requisito de inmediatez pues esta acción se presentó
diez meses después de proferidas las decisiones objeto de reproche, lo que
implica un ejercicio tardío de la acción constitucional.
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Finalmente, estimó que esta acción es improcedente dado que la accionante
puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para discutir la
legalidad de los actos que estima lesiona sus derechos.
4.3. El Tribunal Administrativo de Nariño4, a través del magistrado Álvaro
Montenegro Calvachy, como ponente dentro del asunto Nro. 52001-23-33-
000-2023-00229, rindió informe en el que manifestó que la hoy accionante
presentó demanda y solicitud de medida cautelar en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Rama Judicial, la
Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional.
Mencionó que este proceso le fue asignado el 9 de agosto de 2023 a la
magistrada Beatriz Isabel Melodelgado Pabón, quien se declaró impedida el
26 de octubre de 2023, al considerar que le asiste interés directo en la
actuación procesal, por cuanto su hija se encuentra participando en la misma
convocatoria en la fase III. Por lo anterior, el 27 de octubre de 2023, le fue
asignado este proceso al magistrado Álvaro Montenegro Calvachy para
resolver la manifestación de impedimento.
Señaló que el 1 de diciembre de 2023, la providencia sería sometida a la Sala
Primera de Decisión del Tribunal, en razón a que los impedimentos se están
resolviendo en estricto orden de llegada.
Adicionó que en el evento de declararse fundado el impedimento, el asunto
entraría para darle trámite en la etapa correspondiente, en este caso para
admitir y resolver la medida cautelar.
Finalmente, informó que a la fecha de la contestación de la tutela ese
despacho cuenta con 80 procesos en trámite y 544 de segunda instancia en
turno para sentencia.
4.4. La Universidad Nacional5, rindió informe en el cual realizó un recuento
cronológico de las etapas que se han dado en el concurso de funcionarios de
la Rama Judicial.
Luego, señaló que la Universidad Nacional es el operador técnico de la
Convocatoria 27, encargado de la elaboración, diseño, estructuración,
impresión y aplicación de pruebas psicotécnicas, de conocimientos,
competencias y/o aptitudes, por lo cual su actuar no tiene incidencia en las
inconformidades planteadas en relación con el trámite de la medida cautelar
solicitada por la actora en el proceso ordinario. Por lo que, solicitó se declarara
la falta de legitimación por pasiva.
Reiteró que la accionante no superó el puntaje mínimo para continuar en
concurso como pretende.
Indicó que esta acción es improcedente dado que la actora no demostró la
existencia de un perjuicio irremediable, elemento necesario para que proceda
la acción de tutela al existir otro medio de defensa. Señaló que la señora
Basante manifiesta inconformidades respecto de la Resolución CJR22-0351
de 2022 y CJR23-0045 de 2023, actos administrativos que deben discutirse a
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5 Samai, índice 13.
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través del medio de control de nulidad simple, al ser el mecanismo idóneo de
protección judicial. No se puede perder de vista que la acción de tutela tiene
un carácter residual y subsidiario.
Finalmente, solicitó que esta acción sea declarada improcedente al no
cumplirse el principio de inmediatez.
4.5. El señor Julio Basante Madroñero6, remitió copia del memorial del 20 de
octubre de 2023 en el que la señora Basante Noguera solicitó impulso procesal
del expediente Nro. 52001-23-33-000-2023-00229-00 ante el Tribunal
Administrativo de Nariño.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Conforme a lo anterior, la Sala advierte que la accionante planteó las siguientes
pretensiones a saber: (i) respecto de la Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, solicitó su inscripción
inmediata y transitoria en el “Curso de Formación Judicial” de la convocatoria para la
provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, hasta tanto se decida de
fondo el medio de control impetrado, y (ii) que se tutelen sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, trabajo, buena fe, confianza legítima
y tutela judicial efectiva, dada la existencia de mora por parte del Tribunal
Administrativo de Nariño respecto del trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro. 52001-23-33-000-2023-00229-00.
En este sentido, le corresponde a la Sala establecer, en primera medida, si en el
caso en estudio se cumple con el requisito de subsidiariedad. Solo en caso de
superar dicho análisis, se determinará si la Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, vulneró los derechos
fundamentales invocados por la actora al excluirla de la Convocatoria Nro. 27, aun
cuando, a su juicio, aprobó la prueba de aptitudes y conocimientos para continuar
en concurso por el cargo de Juez Administrativo.
Adicionalmente, la Sección deberá determinar si el Tribunal Administrativo de
Nariño incurrió en mora judicial, ya que, en concepto de la accionante, el trámite del
medio de control es muy lento y no garantiza sus derechos fundamentales.
6 Samai, índice 16.
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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3. Alcance del presupuesto de procedibilidad de subsidiariedad y su
análisis en el caso particular
3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad es el de subsidiariedad. Norma que
señala que la solicitud de amparo, “sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”.
A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Que la acción de tutela sea un mecanismo subsidiario de protección de
derechos fundamentales implica que los mecanismos ordinarios de defensa
para la protección de los derechos no pueden ser desplazados o suplantados
por la acción de tutela, siempre que estos sean idóneos y eficaces. Por tanto,
la acción de tutela sólo procede cuando no existen otros medios de defensa
para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre
que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron y finalizaron los recursos que tenía a su disposición,
pues de lo contrario la tutela deviene improcedente.
La tesis de la Sección expuesta en diversas sentencias8, consiste en que, por
regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no
es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del
medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las
circunstancias en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la
existencia o no de un perjuicio irremediable.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991 dan la posibilidad
al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y
determinar si la acción es procedente, o si, por el contrario, existen otros
medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que la existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente
la acción de tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas
circunstancias su carácter subsidiario y residual puede llegar a tener algunas
excepciones.
La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 2015 precisó que eso puede
ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun
cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de octubre de
2019. Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chávez García; sentencia del 2 de
octubre de 2019. Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto
Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.
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como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a
los derechos fundamentales y (iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial
protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas,
mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su
situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela".
3.2. Para la Sala la pretensión de la señora Irene Lorena Basante Noguera de que
se ordene transitoriamente su inscripción en el “Curso de Formación Judicial”
hasta tanto se decida de fondo la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho Nro. 52001-23-33-000-2023-00229-00, no es procedente como se
explica a continuación9.
La accionante mencionó la importancia de que esta acción procediera aún al
existir otro medio defensa, para ello argumentó que el medio de control
impetrado no es eficaz y, adicionalmente, resaltó la posible consumación de
un perjuicio irremediable, como lo es “[…] la privación de participar en la etapa de
formación para aspirar al cargo de Juez Administrativo”.
En relación con la eficacia del medio de control, en materia contenciosa
administrativa el ordenamiento jurídico ha previsto unas herramientas legales
para hacer más eficaz el proceso, como son las medidas cautelares, que
pueden ser bien preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión e incluso
el artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo señala las medidas de urgencia, en las que desde la
presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez
puede decretar una medida cautelar cuando cumplidos los requisitos para su
adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite
regular que se encuentra previsto para la adopción de medidas cautelares.
Al respecto, debe precisarse que verificado el trámite dado al expediente Nro.
2023-00229-00, se advierte que en efecto la demanda ordinaria fue repartida
al despacho de la magistrada Beatriz Isabel Melodelgado Pabón el 9 de agosto
de 2023, el 26 de octubre de la misma anualidad se presentó la ampliación de
la medida cautelar de urgencia, el 27 del mismo mes manifestó impedimento
y el 11 de diciembre de 2023 el despacho encargado lo declaró fundado. Por
lo que, el trámite se ha surtido conforme a las etapas establecidas en la ley, y
no es posible pretermitir alguna de ellas, como los impedimentos, en pro de
darle celeridad al proceso para que se avoque conocimiento y se resuelva la
sobre la admisión y la medida cautelar de urgencia presentada por la actora.
Frente al perjuicio irremediable, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina
constitucional, este se configura cuando la vulneración de un derecho
fundamental es de tal magnitud que implica que existe un daño inminente y,
por tanto, se hace necesaria la intervención del juez constitucional de manera
urgente e impostergable para evitar su consumación. En el caso concreto,
advierte la Sala que existen diversas circunstancias que permiten desvirtuar la
configuración de un perjuicio de tal naturaleza:
(i) Se observa que, la inconformidad que soporta la pretensión de la actora,
en realidad, refiere a argumentos de disenso contra las Resoluciones
9 En similar sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia
del 2 de febrero de 2023. Proceso de tutela Nro. 11001-03-15-000-2022-04728-01. C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto; sentencia del 27 de octubre de 2022, proceso Nro. 11001-03-15-000-2022-04853-00. C.P.
Milton Chaves García.
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Demandante: Irene Lorena Basante Noguera
CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022 y CJR23-0045 del 16 de enero
de 2023, por medio de las cuales se publicaron los resultados de la
prueba de aptitudes y conocimientos del concurso de funcionarios de la
Rama Judicial y se resolvieron los recursos de reposición, pues fueron
estos los que no le permitieron superar la primera fase (prueba de aptitudes
y conocimientos) y continuar en concurso. Actos que actualmente están
siendo discutidos al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro. 2023-00229-00.
Así pues, los reparos de la actora contra los mencionados actos deben
ventilarse por conducto del medio de control establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), que actualmente se encuentra en trámite.
(ii) Se pone de presente que esta pretensión comparte identidad con la
segunda petición de la medida cautelar de urgencia que presentó la
señora Basante el 27 de octubre de 2023 en el proceso ordinario10, en la
cual solicitó “[…] se ordene INMEDIATAMENTE la inscripción y participación
de la accionante en el mentado curso, según lo dispuesto en el cronograma
establecido por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL”, pretensión que será
objeto de análisis por el Tribunal Administrativo de Nariño al momento de
resolver la medida cautelar, pues el juez constitucional no puede
desconocer las competencias del juez natural ni soslayar el escenario en
el que debe surtirse ese debate.
Conviene hacer énfasis en que el proceso ordinario es el primer
escenario en el que debe procurarse la protección de los derechos
presuntamente conculcados, más aún si se tiene en cuenta que las
normas procesales han establecido medios y recursos que pueden ser
ejercidos por las partes para alegar presuntas irregularidades y que sea
el juez de la causa quien se pronuncie sobre el particular.
(iii) No se le está privando a la actora de participar en el “Curso de Formación
Judicial”, pues de conformidad con el Acuerdo de Convocatoria, la etapa
de selección comprende tres fases, la Fase I que corresponde a la prueba
de aptitudes y conocimientos, la Fase II que hace referencia a la
Verificación de requisitos mínimos y la Fase III que es el Curso de
Formación Judicial, por lo que superar cada una de ellas permitía
continuar con la siguiente.
En su caso al no pasar la Fase I no le permite continuar con la Fase III,
omitiendo la segunda fase, que de conformidad con el acuerdo de
convocatoria señalaba que “[…] La presentación y aprobación de las pruebas
de aptitudes y conocimientos no garantiza la permanencia en el concurso, se
requiere adicionalmente la acreditación, en debida forma, del cumplimiento de
los requisitos mínimos. […]”, para no vulnerar el derecho a la igualdad de
todos los participantes. Luego, la sola afirmación de la accionante de
considerar que sí superó el puntaje mínimo requerido para continuar en
concurso no es suficiente, pues precisamente ese es el eje de la
discusión que se presentó en el proceso ordinario, en donde solicitó la
misma medida cautelar, por lo que, mal haría esta Sala al eludir la
competencia del juez natural.
10 Escrito de ampliación de la medida cautelar.
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(iv) Tampoco se advierte que la accionante se encuentre en una situación
especial o se configure un perjuicio irremediable que haga procedente de
forma transitoria la acción de tutela. Pues, la situación de la actora
todavía no está consolidada, ya que aún quedan etapas, momentos en
los que aún puede presentar la discusión al juez natural.
Por lo demás, la Sala no advierte otra situación de urgencia e inminencia que
tenga la señora Irene Lorena Basante Noguera y que haya probado en el
presente asunto, que amerite la intervención inmediata e impostergable del
juez constitucional.
4. Alcance de la figura de la mora judicial injustificada. Análisis de la
pretensión planteada respecto del Tribunal Administrativo de Nariño
Esta Sala ha reconocido que quien interpone una acción judicial o algún
recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a que se le resuelva dentro
de los términos establecidos en la ley. Sin embargo, se ha insistido en que
dadas las condiciones que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a negligencia11.
Debe decirse entonces que, la mora judicial corresponde al incumplimiento
injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios judiciales para
la tramitación o decisión de los procesos a su cargo. Por ello, al juez de tutela
le corresponde valorar en cada caso, si la conducta del funcionario o
corporación judicial es injustificada y negligente, pues, existen causas
imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que
los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión,
como lo son la excesiva carga laboral o la falta de una infraestructura básica
en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales
adopten decisiones oportunas. Circunstancias que no pueden ser atribuibles a
los mismos.
De hecho, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
ha reconocido que la razón principal por la que se incumplen los términos
judiciales no se debe al actuar de los funcionarios, sino a las dificultades
prácticas que debe afrontar la Rama Judicial. Por lo tanto, en el evento en que
exista una justificación que explique la tardanza o cuando esta no sea
imputable al actuar del juez no existirá mora judicial injustificada y, en
consecuencia, no se habrán vulnerado los derechos fundamentales de quien
acudió a la justicia12.
Sobre el particular, en la Sentencia T-366 de 2005, la Corte Constitucional
señaló que “la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria
vulneración de los derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dilación
ha de ser injustificada, como lo dispone la propia Carta Política, pues, si la mora
judicial obedece a circunstancias objetivas y razonables, ajenas a la voluntad del
fallador, mal podría la Corte Constitucional acceder a las pretensiones de una tutela
en ese sentido, sin analizar con sumo cuidado las razones de la mora judicial que se
alega”
11 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Radicado: 11001-03-15-000-2014-01444-00.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.
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En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto,
sin que exista motivación para justificar la demora en que incurrió. Es decir,
que al juez de tutela le corresponde realizar una valoración de los aspectos
objetivos y subjetivos que rodean la tardanza.
En la sentencia SU-394 de 2016, la Corte Constitucional precisó que la mora
judicial injustificada, se presenta cuando (i) existe un incumplimiento objetivo
del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación y
(iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de
los deberes del funcionario judicial. Y para identificar la ocurrencia de un plazo
irrazonable, la alta corte señaló que se deben tener en cuenta: (i) las
circunstancias generales del caso concreto; (ii) la complejidad del caso; (iii) la
conducta procesal de las partes; (iv) la valoración global del procedimiento; y
(v) los intereses que se debaten en el trámite.
4.1. La accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales ya que, en
su concepto, el Tribunal Administrativo de Nariño está incurriendo en mora
judicial respecto del medio de control Nro. 52001-23-33-000-2023-00229-00,
pues la demanda fue radicada el 3 de agosto de 2023 y a la fecha de
presentación de esta acción no se ha admitido ni resuelto la medida cautelar
de urgencia.
4.2. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Nariño rindió informe en el cual
manifestó que el asunto fue asignado mediante acta individual del 9 de agosto
de 2023 al despacho de la doctora Beatriz Isabel Melodelgado Pabón, el 25
de septiembre de esa anualidad la demandante solicitó la suspensión
provisional de la Convocatoria Nro. 27 y el 26 de octubre amplió la medida
cautelar solicitando la inscripción inmediata de la señora Basante en el “Curso
de Formación Judicial”, en esa misma fecha la magistrada Melodelgado
manifestó su impedimento para conocer del asunto. El 27 de octubre de 2023,
el proceso fue asignado al despacho del magistrado Álvaro Montenegro
Calvachy para resolver la manifestación de impedimento, y señaló que el auto
que resolviera la manifestación sería sometido a la Sala Primera de Decisión
el 1° de diciembre de 2023.
Añadió que como quiera que la magistrada Melodelgado se había declarado
impedida en otros asuntos, estos se han ido resolviendo en el orden de ingreso
al despacho. Mencionó que una vez se resolviera el impedimento, y en el
evento de ser declarado fundado, entraría el asunto para ser admitido y
resolver la medida cautelar. Finalmente, informó que para el momento de la
presentación de la contestación contaban con 80 procesos en trámite de
primera instancia y 554 procesos de segunda instancia en turno para
sentencia.
Verificada la página de consulta de la Rama Judicial, se advierte que el
expediente Nro. 52001-23-33-000-2023-00229-00, en efecto pasó al despacho
del magistrado Montenegro Calvachy el 27 de octubre de 2023 para resolver
la manifestación de impedimento13, la cual se declaró fundada mediante auto
13 Samai, índice 10. Expediente Nro. 52001-23-33-000-2023-00229-00.
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del 1 de diciembre de esa anualidad14, en donde adicionalmente, se ordenó
remitir el expediente al magistrado que sigue en turno para continuar el trámite,
en este caso el doctor Calvachy. Esta providencia que fue notificada el 13 de
diciembre de 202315. Como se observa a continuación:
Con base en lo anterior, la Sala considera que no existe mora injustificada por
parte del despacho del magistrado Álvaro Montenegro Calvachy del Tribunal
Administrativo de Nariño, debido a que solo hasta el 27 de octubre de 2023 se
envió el expediente a su despacho para resolver la manifestación de
impedimento, la cual fue desatada mediante auto del 1 de diciembre de esa
misma anualidad. Por lo tanto, no resulta censurable que, transcurrido un mes
y unos días desde que pasó el expediente al despacho, éste le haya dado el
trámite requerido. No se puede perder de vista la cantidad de procesos que
manifestó tenía en trámite en ese momento, por lo que, el proceso en cuestión
debía respetar el turno que le correspondía.
Debe tenerse en cuenta que para el momento en que la actora presentó esta
acción de tutela, 2 de noviembre de 2023, tan solo habían transcurrido cuatro
días hábiles desde que el expediente le había sido asignado al magistrado
Calvachy. Por último, tanto en la contestación como en la providencia del 1 de
diciembre de 2023, el magistrado Álvaro Montenegro indicó que una vez se
encontrara ejecutoriado el auto que resolvía la manifestación de impedimento
debía pasar el expediente a su despacho para continuar con el trámite del
proceso.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala: (i) declarará la improcedencia de la acción
respecto de la pretensión planteadas por la actora contra la Rama Judicial, Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, al no
cumplir con el requisito de la subsidiariedad; y (ii) negará la pretensión relativa a la
14 Samai, índice 14. Expediente Nro. 52001-23-33-000-2023-00229-00.
15 Actualmente el expediente se encuentra en la Secretaría del Tribunal.
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demora del Tribunal Administrativo de Nariño en dar trámite al expediente Nro.
52001-23-33-000-2023-00229-00, al no haberse acreditado la mora judicial
injustificada, por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la pretensión planteada por la actora contra la Rama
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial.
2. Negar la pretensión relativa a la demora del Tribunal Administrativo de Nariño
en dar trámite al expediente Nro. 52001-23-33-000-2023-00229-00, por las
razones expuestas en la motivación precedente.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓ
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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