Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04632-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04632-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04632-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04632-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: JOHANNA ALEJANDRA MERCHÁN GARZÓN Y OTRO.
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LAS ENTIDADES
ACCIONADAS EN APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO LEGAL, HAN
IMPLEMENTADO ALTERNATIVAS A FIN DE GARANTIZAR EL
EJERCICIO DE LA ABOGACÍA A LOS PROFESIONALES
DESTINATARIOS DE LA LEY 1905 DE 2018, EN TANTO SE LLEVA A
CABO LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DE ESTADO COMO
REQUISITO DE IDONEIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN.
DERECHO FUNDAMENTALES: DERECHO DE PETICIÓN, IGUALDAD,
TRABAJO, DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL Y LIBERTAD DE
ESCOGENCIA DE PROFESIÓN U OFICIO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los
actores contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la
UNIDAD DE REGISTRO DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA1.
1
En adelante la Unidad.
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I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
Los señores JOHANNA ALEJANDRA MERCHÁN GARZÓN y EDGAR
ALBERTO ARIAS LÓPEZ, actuando en nombre propio, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales de
petición, a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, al mínimo vital,
a la libertad de escogencia de profesión y/o oficio y a los principios
de favorabilidad y equidad, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados
por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIDAD al
no haber dado respuesta de fondo, clara y concreta a las solicitudes
remitidas vía correo electrónico los días 22 y 23 de junio de 2022, en
las que requirieron la expedición de sus tarjetas profesionales como
abogados.
I.2. Hechos
Señalaron que el 21 de enero de 2019, se inscribieron al programa
de Derecho en la modalidad denominada “Estudio de transferencia”,
en aplicación del acuerdo del Consejo Académico de la
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA, por el cual se fijaban
parámetros para la homologación de algunos créditos aplicados a su
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primera carrera profesional.
Manifestaron que el 17 de junio de 2022, recibieron el título de
abogados de la UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA, según actas
de grado B-015-2022-761 y B015-2022-764.
Indicaron que el 22 y 23 de junio de 2022, respectivamente,
radicaron los documentos requeridos para la expedición de las
tarjetas profesionales a través del correo electrónico
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Manifestaron que posteriormente consultaron el estado de la solicitud
en el sistema SIRNA, en el que observaron que la UNIDAD requería
información relacionada con la fecha de inicio de la carrera.
Aseguraron que los días 28 y 29 de julio de 2022, reenviaron un
correo informando a la UNIDAD que la institución educativa había
dado cumplimiento a la solicitud a través del Secretario General del
plantel y, además, explicaron el proceso de homologación de su
primera profesión por lo que rogaron tener en cuenta como fecha de
ingreso el 23 de julio de 2001.
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Agregaron que al no tener respuesta a las solicitudes, en varias
oportunidades se acercaron personalmente a las instalaciones de la
UNIDAD a fin de reunirse con el personal encargado y plantear las
inquietudes respecto a su situación particular y, en especial, las
nuevas directrices fijadas por el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA al exigir como requisito el examen de estado previsto
en la Ley 1905 de 2018, razón por la que se les está expidiendo
tarjetas profesionales provisionales con una vigencia de dos años.
Durante el trámite de la acción de tutela, allegaron escrito en el que
informaron que el pasado 30 de agosto de 2022 la UNIDAD les
notificó la asignación de las tarjetas profesionales provisionales
vigentes hasta el 30 de abril de 2024, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo PCSJA22-11989 del
29 de agosto de 2022.
Aseveraron que, con la expedición de dichas tarjetas provisionales,
continua la vulneración de sus derechos fundamentales por cuanto
las solicitudes fueron presentadas los días 22 y 23 de junio cuando
se encontraba vigente el Acuerdo PCSJA19-11354 del 29 de julio del
2019 proferido con posterioridad a la Ley 1905 del 2018 y, que
regulaba el trámite de inscripción y expedición de la tarjeta
profesional de abogado definitiva, no provisional.
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I.3. Pretensiones
Los actores solicitaron el amparo de los derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERO: Que sean tutelados los derechos
fundamentales a la igualdad, derecho al trabajo, derecho de
la libertad de profesión u oficio, derecho a ejercer la labor u
oficio, Debido Proceso y derecho constitucional fundamental
de petición, al mínimo vital, así como; el principio de
favorabilidad, y el principio general del derecho según el cual
nadie está obligado a lo imposible.
SEGUNDO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y auxiliares de la
Justicia que con plazo “no mayor a 48 horas” se expidan las
tarjetas profesionales definitivas de abogados a: EDGAR
ALBERTO ARIAS LOPEZ, identificado con cedula No. 80430064
y a JOHANNA ALEJANDRA MERCHAN GARZON, identificada con
cedula No. 52514570, por haber cumplido con todos los
requisitos exigidos en la página Sirna Rama Judicial Consejo
Superior Judicatura, y en especial todos los requisitos de la
Universidad y las normas vigentes en nuestro país para que
de esta manera se impida que el CSJ siga vulnerando los
derechos fundamentales mencionadas a lo largo de este
escrito. Maxime que hasta la fecha han trascurrido 64 días
desde que se envió la solicitud al CSJ.
TERCERO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Registro Nacional de Abogados y auxiliares de la
Justicia que en lo sucesivo se abstenga de exigir el examen
contemplado por la ley 1905 de 2018 como requisito para la
tarjeta profesional de abogados, hasta tanto no lo haya
definido, construido, validado e implementado. Es importante
resaltar la necesidad que el CSJ efectué una socialización y
pruebas piloto previas al examen oficial, según lo ordenado
por la ley.
CUARTO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Registro Nacional de Abogados y auxiliares de la
Justicia a cumplir con los tiempos ordenados por la ley para
dar respuesta a las solicitudes y en especial a los derechos de
petición elevados ante dicho organismo.
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QUINTO: Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura Unidad
de Registro Nacional de Abogados y auxiliares de la Justicia se
abstenga de expedir tarjetas profesionales de carácter
temporal limitadas en tiempo para abogados ya titulados, ya
que esto va en contra de las normas vigentes. Por lo anterior,
todas las tarjetas expedidas deberán ser definitivas. Salvo en
los casos que la ley autorice.
SEXTO: Solicitar al Honorable Consejo de Estado intervenga,
finiquite y siente un precedente acerca de lo que actualmente
ocurre en el trámite de inscripción, obtención y expedición de
la tarjeta profesional de abogados. Instamos de su valiosa
intervención ya que se están viendo afectados miles de
ciudadanos que con esfuerzo han tratado de sacar adelante la
profesión gloriosa de abogados.
SEPTIMO: Se inste al Consejo Superior de la Judicatura Unidad
de Registro Nacional de Abogados y auxiliares de la Justicia a
cumplir con el principio de celeridad, favorabilidad, equidad y
principio general del derecho según el cual nadie está obligado
a lo imposible. [ …]”
I.5. Defensa
I.5.1. La UNIDAD rindió informe relacionado con los hechos y
pretensiones de la demanda, efectuando previamente el recuento
normativo aplicable al ejercicio de la profesión de abogado.
Señaló que la Ley 1905 de 2018 en sus artículos 1º y 2º estableció
como requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de
abogado la acreditación y aprobación del “Examen de Estado”, el cual
se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho con posterioridad
a su promulgación, esto es, luego del 28 de junio de 2018.
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Arguyó que en cumplimiento de dicha orden legal se suscribió un
Convenio Interadministrativo con el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación – ICFES, con el objeto de definir, construir
y validar el marco de referencia para la implementación del examen
para ejercer la profesión de abogado, el cual consta de la Fase I,
cuyo plazo de ejecución es de 11 meses en la que se ejecutará la
construcción, definición, socialización y entrega de las
especificaciones de la prueba, la Fase II denominada “Construcción
de la prueba y definición del modelo operativo de aplicación (año
2023)”, que comprenderá construcción de ítems, modelo de
calificación, plan operativo, guía y gestión y proceso de aplicación y,
la Fase III en la que se desarrollará la implementación de la prueba
para vigencia del año 2024.
Asimismo, indicó que el pasado 29 de agosto de 2022, el Consejo
Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo No. PSCJA22-11985 “Por
medio del cual se establecen normas para la expedición de tarjetas
profesionales de abogados y se dictan otras disposiciones”, dentro
de las cuales, para los graduados destinatarios de la Ley 1905 de
2018 que aún no presentan el examen de Estado, podrán solicitar sin
la acreditación del certificado de aprobación del examen, su
inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de
una Tarjeta Profesional de Abogado, que tendrá carácter provisional
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con vigencia hasta la publicación de los resultados de la primera
prueba […]”.
Aseguró que, en el caso en particular, una vez verificados los
documentos y la información aportada por la Universidad la Gran
Colombia, informó que la doctora JOHANNA ALEJANDRA
MERCHÁN GARZÓN y el doctor EDGAR ALBERTO ARIAS LÓPEZ
iniciaron la carrera de derecho el 28 de enero de 2019, es decir,
después de haber sido promulgada la Ley 1905 de 2018.
Por lo tanto, en aplicación del Acuerdo núm. PSCJA22-11985 del 29
de agosto de 2022, efectuó la inscripción en el registro de abogados
a la doctora JOHANNA ALEJANDRA MERCHÁN GARZÓN,
identificada con la C.C. No. 52514570, asignándole la Tarjeta
Profesional de Abogado Provisional núm. 389.853, mediante el Acta
núm. 17597 de 2022 y al doctor EDGAR ALBERTO ARIAS LÓPEZ,
identificado con la C.C. No. 980430064, asignándole la Tarjeta
Profesional de Abogado Provisional núm. 389.852, mediante el Acta
núm. 17596 de 2022, y como prueba de esto adjuntó copias de los
respectivos certificados de vigencia.
Adujo que dichas actuaciones fueron informadas a los actores
mediante oficios enviados a sus respectivos canales digitales y, que
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los documentos físicos o plásticos serían enviados a los actores a
través del servicio de correo certificado a sus domicilios.
Por último, sostuvo que no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados, por lo que solicitó denegar el amparo y resaltó que “[…]
la motivación para la expedición del Acuerdo No. PSCJA22-11985 del
29 de agosto de 2022, es justamente generar un trato igualitario
frente a los destinatarios de la Ley 1905 de 2018, que por disposición
legal deben presentar el Examen de Estado para certificar la
idoneidad para el ejercicio de la profesión y así garantizar la
protección del interés general y los derechos de terceros […]”.
I.5.2. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA pese a ser
notificado en debida forma, guardó silencio.
I.6.- Interviniente
I.6.1. La UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA solicitó su
desvinculación de la acción de tutela de la referencia, por cuanto los
derechos presuntamente vulnerados no son competencia de la
institución educativa.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA,
formuló petición de desvinculación en la presente acción de tutela.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
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demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA fue
vinculada a la actuación en calidad de tercera por ser la institución
educativa que acreditó la culminación del programa de derecho por
parte de los actores, la Sala considera que le asiste interés en la
decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que
se denegará su solicitud de desvinculación, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, los señores JOHANNA ALEJANDRA MERCHÁN
GARZÓN y EDGAR ALBERTO ARIAS LÓPEZ, actuando en nombre
propio, instauraron acción de tutela con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad, al trabajo,
al debido proceso, al mínimo vital, a la libertad de escogencia de
profesión y/o oficio y a los principios de favorabilidad y equidad, los
cuales, a su juicio, fueron vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA y la UNIDAD al no haber dado respuesta de
fondo, clara y concreta a las solicitudes remitidas vía correo
electrónico los días 22 y 23 de junio de 2022, en las que requirieron
la expedición de sus tarjetas profesionales como abogados.
En ese orden de ideas, la Sala procede a determinar si las entidades
accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición invocado
por los actores.
Del derecho de petición
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El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de
la Constitución Política, que textualmente indica:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20113, estableció
que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos se
constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Sobre
el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por la
Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108
de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
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M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889 de
2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855 de
2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243 de
2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que el
derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone
que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia
de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin
evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados
y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al peticionario,
independientemente de que la respuesta sea favorable o no, pues
no necesariamente se debe acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como el de información, participación política y
libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido.
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Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre
en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 20154 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
refirió así la citada Ley:
“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición
ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados
en este código, por motivos de interés general o particular, y a
obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo
23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el
reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o
funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de
un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
4
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y
reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona
mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades
dedicadas a su protección o formación.”
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado,
precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
Por último, si la autoridad a la que se dirige la petición no es la
competente, debe informar de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la
recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado debe
remitir la petición al competente y enviar copia del oficio remisorio
al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se
lo comunicará (Ley 1755, artículo 21).
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Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la Sala analizará el
acervo probatorio allegado al expediente.
De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia, se observa
que los actores mediante las peticiones remitidas vía correo
electrónico los días los días 22 y 23 de junio de 2022, requirieron la
expedición de sus tarjetas profesionales definitivas como abogados,
para lo cual adjuntaron todos los documentos requeridos al correo
institucional dispuesto por las accionadas para el efecto.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, de conformidad
con el informe allegado a la acción de tutela de la referencia, la
UNIDAD atendió tales peticiones efectuando la inscripción en el
registro de abogados a la doctora JOHANNA ALEJANDRA
MERCHÁN GARZÓN, identificada con la C.C. núm. 52514570,
asignándole la Tarjeta Profesional de Abogado Provisional núm.
389.853, mediante el Acta núm. 17597 de 2022 y al doctor EDGAR
ALBERTO ARIAS LÓPEZ, identificado con la C.C. núm. 980430064,
asignándole la Tarjeta Profesional de Abogado Provisional núm.
389.852, mediante el Acta núm. 17596 de 20225.
5
Ver anexos del escrito de contestación. Índice 11 del expediente digital de la acción de tutela de la
referencia.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000
202204632001100103
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Ahora bien, la Sala observa que dicha situación fue debidamente
comunicada a los actores, quienes en el escrito allegado al plenario
el pasado 1o. de septiembre de 2022, informaron lo siguiente:
“[…] SEPTIMO: El día 30 de agosto de 2022, a las 17:47 el señor
William Ricardo Rincón Sepúlveda desde el correo:
wrincons@cendoj.ramajudicial.gov.co notifica a mi compañera
Johanna Alejandra Merchán Garzón la expedición de tarjeta
provisional (se anexan pantallazos No. 1,2 y 3 de correo y dos
documentos adjuntos acta de supuesta respuesta a una solicitud):
[…]
[…] Pantallazo No. 2 acta de registro Pantallazo NO. 3 respuesta
correo. Por su parte, el día 30 de agosto de 2022, a las 17:49 el
señor William Ricardo Rincón Sepúlveda desde el correo:
wrincons@cendoj.ramajudicial.gov.co notifica a Edgar Alberto
Arias López la expedición de tarjeta provisional (se anexan
pantallazos No. 4,5 y 6 de correo y dos documentos adjuntos acta
de supuesta respuesta a una solicitud):6 […]”.
En ese entendido, para la Sala es evidente que la UNIDAD pese a
no otorgarle a los actores las tarjetas definitivas solicitadas, sí
contesto el derecho de petición de fondo y de manera clara, pues de
conformidad con lo establecido en la ley resolvió las peticiones de los
actores expidiéndoles las tarjetas profesionales provisionales,
comunicándoles el número de expedición a través de los oficios de
30 de agosto de 2022 debidamente notificados a los correos
electrónicos alejandra.merchan@gmail.com y
6
Ver índice 10 del expediente digital de la acción de tutela de la referencia.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/110010315
00020220463200/6B687777F6EFF41C4467513F4E7E5AC8D6C2E9084CB43BC0BBA5EF0CE1048A2C/
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earias2244@gmail.com, y remitiendo tales documentales a sus
lugares de residencia.
Ahora bien, respecto a los disensos de los actores relacionados con
la vulneración de sus derechos fundamentales por parte del
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIDAD al
expedirles tarjetas profesionales provisionales en aplicación del
Acuerdo PCSJA22-11989 del 29 de agosto de 2022 y exigirles como
requisito para obtener las tarjetas profesionales definitivas el
examen de estado previsto en la Ley 1905 de 2018, la Sala ha tenido
la oportunidad de pronunciarse en un asunto similar y, mediante
sentencia de 15 de septiembre de 20227, sostuvo lo siguiente:
[…] 65. Nótese que la vigencia de esas tarjetas profesionales
previstas para los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018,
tienen una vigencia condicionada a la publicación de los resultados
de la primera prueba, que según el mismo Acuerdo tiene fecha de
implementación en el año 2024; es decir que, se entiende que para
la fecha de vencimiento de la tarjeta profesional de la actora, a
saber, 30 de abril de 2024, ya debe estar disponible el acceso al
Examen de Estado, el cual la actora requiere acreditar para que le
sea expedida su tarjeta profesional de abogada con carácter
definitivo.
66. Ahora bien, atendiendo a que i) la Unidad adoptó como medida
la expedición de una tarjeta profesional con carácter provisional
mientras se implementa el examen al cual hace referencia la Ley
1905 de 2018, y ii) dicha medida fue aplicada al caso de la solicitud
presentada por la actora; la Sala considera que el hecho de que no
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez. Bogotá, D.C., 15 septiembre de 2022. Radicación número: 11001-03-15-
000-2022-04543-00(AC). Actora: Diana Patricia Martínez Malaver Demandado: Nación – Rama Judicial
– Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia
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se expida una tarjeta profesional con carácter definitivo no implica
la vulneración de los derechos fundamentales de la actora, puesto
que para que la tutelante acceda a esa tipología de tarjeta debe
cumplir con el requisito exigido en la Ley 1905 de 2018, el cual
corresponde a un mandato legal cuyos destinatarios no pueden
evadir su cumplimiento.
67. Al respecto, la Sala precisa que esta tarjeta profesional con
carácter provisional no se asimila a la licencia temporal regulada
en el Decreto 196 de 12 de febrero de 19718, puesto que, mientras
la primera de ellas se otorga a quienes ya obtuvieron el título de
abogado y solo tiene una limitación temporal que corresponde a la
vigencia establecida por la Unidad, la segunda si tiene limitaciones
para el ejercicio de la profesión y se otorga a “[…] La persona que
haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho
en universidad oficialmente reconocida podrá ejercer la profesión
de abogado, sin haber obtenido el título respectivo, hasta por
dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus
estudios […]”. (Resaltado por la Sala)
68. Al respecto, la Sala advierte que, de conformidad con el
Acuerdo mencionado supra, la tarjeta profesional provisional no
establece limitación alguna para el ejercicio de la profesión, puesto
que no se condiciona de manera alguna la facultad de
representación que con fundamento en dicho documento le asiste
a la actora, sin que se advierta vulneración alguna de sus derechos
fundamentales, en la medida en que, se insiste, la tutelante ya
puede ejercer su profesión. […] (Negrillas pertenecen al texto)
En ese sentido, para la Sala la adopción de las nuevas medidas por
parte del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIDAD
con el propósito de regular la expedición de las tarjetas profesionales
para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018, no resulta ser
violatoria de las garantías constitucionales, al considerar que la
emisión de una tarjeta provisional de ninguna manera fija una
limitación al ejercicio de la profesión.
8 “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”.
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Para el caso concreto, la Sala observa que los accionantes son
destinatarios de la Ley 1905 de 2018, pues se encuentra probado
que ingresaron al plantel educativo a cursar la carrera de derecho el
día 28 de enero de 2019, esto es, luego de haber sido promulgada
la aludida normatividad y que, en virtud de lo anterior, les fueron
asignadas las tarjetas profesionales provisionales que les permite
ejercer su profesión de abogado hasta que se materialice la
presentación del examen de estado.
Así las cosas, para la Sala no existe vulneración de los derechos
fundamentales deprecados, pues las entidades accionadas en
aplicación del ordenamiento legal han implementado alternativas a
fin de garantizar el ejercicio de la abogacía a los destinatarios de la
Ley 1905 de 2018, en tanto se lleva a cabo la presentación de la
prueba de estado como requisito de idoneidad para el ejercicio de la
profesión.
Consecuente con lo anterior, la Sala denegará la solicitud de amparo
constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por
la UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del 29 de septiembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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