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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04708-01

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04708-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar: DENEGAR la presente solicitud de amparo, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04708-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

24 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04708-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: BIBIANA MARÍA MORA ROLDÁN

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, SE DENIEGA
EL AMPARO SOLICITADO. LAS ENTIDADES ACCIONADAS EN APLICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO LEGAL, HAN IMPLEMENTADO ALTERNATIVAS A FIN DE
GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA A LOS PROFESIONALES
DESTINATARIOS DE LA LEY 1905 DE 2018, EN TANTO SE LLEVA A
CABO LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DE ESTADO COMO
REQUISITO DE IDONEIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL TRABAJO, A LA IGUALDAD Y AL
MÍNIMO VITAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 7 de octubre de 2022, proferida por la SUBSECCIÓN

“A” DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO1, que

declaró la carencia actual de objeto por hecho superado de la

presente solicitud de amparo.

1 En adelante Sección Tercera.

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ACTORA: BIBIANA MARÍA MORA ROLDÁN

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora BIBIANA MARÍA MORA ROLDÁN, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y al libre

desarrollo de la profesión e iguales derechos y oportunidades para el

hombre y la mujer, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por

el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIDAD DE

REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA

JUSTICIA2, al haber expedido su tarjeta profesional como abogada

con vigencia provisional.

I.2.- Hechos

Afirmó que el 4 de febrero de 2019, inició sus estudios universitarios

de derecho en la sede de Medellín de la UNIVERSIDAD

2 En adelante la Unidad

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POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO, en el cual le homologaron

algunas materias cursadas en el programa de administración de

empresas del cual se graduó en el mes de julio de 2008.

Adujo que el 10 de junio de 2022, radicó petición mediante la cual

solicitó la expedición de su tarjeta profesional a través del correo

electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Manifestó que posteriormente consultó el estado de su solicitud en el

sistema SIRNA, en el que evidenció que la UNIDAD requería

información relacionada con la fecha de inicio de la carrera, para

darle viabilidad a la solicitud.

Aseguró que una vez dio cumplimiento al requerimiento, contactó a

varios de sus compañeros de promoción, quienes le informaron que

sus tarjetas profesionales de abogados habían sido expedidas sin

ningún inconveniente.

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Refirió que, inconforme con lo anterior, el 11 de agosto de 2022 envió

nuevamente un derecho de petición, al mismo correo electrónico,

solicitando la expedición de su tarjeta profesional.

Agregó que el 26 de agosto de 2022, recibió respuesta a la petición

informándole que su solicitud había sido remitida al personal

encargado y le aclararon respecto a su situación particular que la

Universidad reportó que había iniciado la carrera profesional con

posterioridad al 28 de junio de 2018 y, de conformidad con las

nuevas directrices fijadas por el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA, le era exigible como requisito para la expedición de

la tarjeta profesional definitiva, la aprobación del examen de estado

previsto en la Ley 1905 de 28 de junio de 20183, el cual se aplicaría

a quienes iniciaron la carrera de derecho con posterioridad a esa

fecha, razón por la que se había expedido su tarjeta profesional de

forma provisional y con una vigencia de dos años.

Refirió que, con posterioridad a su solicitud, esto es, el 29 de agosto

de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo

3 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de
abogado”.

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PCSJA22-11985, mediante el cual estableció las normas para la

expedición de la tarjeta profesional de abogado en el marco de la Ley

1905 de 2018, en el que “pese a indicar la estructura e

implementación del examen, no establece fechas específicas de la

aplicación de las fases de dicha estructura”.

Aseveró que el Consejo Superior de la Judicatura no se ha

pronunciado respecto a la fecha de presentación de los exámenes de

Estado, generándole traumatismos y retrasos, toda vez que,

presuntamente, la fecha para la cual se estaría realizando la

presentación de dicha prueba sería para el segundo semestre del año

2023, tiempo extremadamente largo que dificultaría su acceso a

oportunidades laborales.

I.3. Fundamentos de la solicitud

Indicó que, con las actuaciones mencionadas, la UNIDAD ha

desconocido el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley

para obtener su tarjeta profesional de abogada.

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Explicó que si bien la Ley 1905 de 2018 establece que el requisito de

idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado, se aplicaría a

quienes iniciaran la carrera de derecho con posterioridad a su

promulgación, esto es, después del 28 de junio de 2018, dicha

condición no era aplicable a su situación particular, porque en el mes

de julio del año 2008, recibió el título profesional de administradora

de empresas y previo a iniciar el segundo pregrado, realizó los

trámites pertinentes para la homologación de materias al pensum

académico del programa de derecho, estudios que cursó con

anterioridad a la promulgación de la Ley 1905 de 2018.

Sostuvo que el hecho de que el Consejo Superior de la Judicatura

hubiese expedido el Acuerdo núm. PSCJA22-11985 de 2022 con

posterioridad a que solicitara la tarjeta profesional, demuestra que el

requisito de presentación y aprobación del examen de Estado se

exigió de manera retroactiva.

Aclaró que la actuación de la UNIDAD vulneró su derecho a la

igualdad, puesto que a la mayoría de sus compañeros que iniciaron

sus estudios de pregrado en el mismo año, les fue expedida su tarjeta

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profesional de abogados sin ninguna anotación adicional, adjuntando

como soporte diferentes certificados de vigencia de las tarjetas

profesionales de otras personas, que afirmó fueron sus compañeros

de estudios, a quienes la tarjeta profesional les fue otorgada con

vigencia definitiva.

Reiteró que cumple con todos los requisitos legales para que se le

expida su tarjeta profesional sin la imposición de la carga adicional

de presentar y aprobar el examen de estado, puesto que no está

obligada a ello y, además, implica una limitación al ejercicio de la

profesión.

I.4. Pretensiones

La actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales

invocados así:

“[…] Tutelar los derechos fundamentales al trabajo, la equidad, la
igualdad el libre desarrollo a la profesión e iguales derechos y
oportunidades para el hombre y la mujer, principio de favorabilidad
y mínimo vital, y especialmente el derecho estipulado en el art 13
donde se establece que todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin

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ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

SEGUNDO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que en
el término de la distancia se expida mi Tarjeta Profesional definitiva
de abogada a la cual tengo derecho por haber cumplido con todos
los requisitos exigidos en la página Sirna Rama Judicial Consejo
Superior Judicatura y de esta manera impedir que se siga
vulnerando mis derechos fundamentales.

TERECERO: Las demás medidas y órdenes que el Juez de tutela
considere conducentes, para el amparo de mis derechos
fundamentales […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La Unidad rindió informe en el cual señaló que la acción de

tutela de la referencia debe ser denegada, toda vez que se trata de

un hecho superado.

Afirmó que, en el caso de la tutelante, se constató que inició la

carrera de derecho el 4 de febrero de 2019, esto es, con posterioridad

a la promulgación de la Ley 1905 de 2018 y, en ese sentido, era

necesario “acreditar certificación de aprobación del examen de

Estado”, tal y como lo prevé el artículo 1° de dicha normativa.

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Señaló que sin perjuicio de lo anterior, conforme lo dispone el

Acuerdo PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, los graduandos

que aún no presentan el examen de Estado podrán solicitar la

expedición de la tarjeta profesional pero con “carácter provisional con

vigencia hasta la publicación de los resultados de la primera prueba”,

por lo cual, en cumplimiento de ello, procedió a inscribir en el registro

de abogados a la señora MORA ROLDÁN, asignándole mediante

Acta núm. 17810 de 2022, la tarjeta profesional de abogado

provisional núm. 390.035.

Agregó que los documentos respectivos fueron enviados al

contratista para la elaboración del plástico correspondiente y que,

una vez le fuera entregado a esa unidad, se le remitiría a la tutelante,

a través de correo certificado 472, al domicilio registrado.

Adicionalmente, señaló que la tutelante puede acceder a la

certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado

provisional, a través del servicio de “Certificado de Vigencia

Provisional”, desde la página web de la Rama Judicial o en el link

https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Tercera, mediante sentencia de 7 de octubre de 2022,

declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez

que a la actora ya le había sido entregada la tarjeta profesional

provisional y no podía predicarse la vulneración de los derechos de

la tutelante, porque no se expedía en los términos pretendidos por

aquella.

Estimó que como lo ha indicado la Corte Constitucional “una

respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y

satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la

respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario” y, en

segundo lugar, porque la expedición de la tarjeta profesional, con

carácter provisional, obedeció a la aplicación del Acuerdo PCSJA22-

1198514 de 29 de agosto de 2022, frente al cual podía promover el

medio de control de nulidad.

Señaló que si la actora considera que no le es aplicable la Ley 1905

de 2018 -que prevé que el graduado deberá acreditar certificación de

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aprobación del Examen de Estado para ejercer la profesión de

Abogado-, porque se le homologaron “…dos (2) de los cursos exigidos

y necesarios para completar el pensum académico del programa de

derecho mucho antes de la promulgada Ley 1905 de 2018”, debe

exponerlo ante la Unidad accionada.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Tercera, en

los siguientes términos:

Sostuvo que, contrario a lo advertido por el a quo, en aras de

garantizar su derecho a la igualdad, se debe expedir su tarjeta

profesional de abogada de carácter definitivo, para lo que reiteró que

la accionada “expidió al menos 10 tarjetas profesionales definitivas

de abogado, sin que para ello, mis compañeros tuvieran que

acreditar el requisito de la aprobación del examen de Estado, definido

en la Ley 1905 de 2018; dejando de un lado lo establecido en el

ordenamiento legal y otorgando un trato desigual a la suscrita, que

gozó de las mismas condiciones”.

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Adujo que no se configura un hecho superado como lo plantea la

sentencia de primer grado, toda vez que sus pretensiones se centran

en proteger el derecho a la igualdad, solicitando la expedición de su

tarjeta profesional definitiva, más no provisional.

Sostuvo que debía tenerse en cuenta que “… el Politécnico Gran

Colombiano, me homologó dos (2) de los cursos exigidos y

necesarios para completar el pensum académico del programa de

derecho la institución; cursos que se llevaron a buen término en la

Universidad Católica Luis Amigo, en el mes de junio del año 2008, en

el pregrado de Administración de Empresas, mucho antes de la

promulgada Ley 1905 de 2018”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora, actuando en

nombre propio, instauró acción de tutela con el fin de obtener la

protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo,

al mínimo vital y al libre desarrollo a la profesión e iguales derechos

y oportunidades para el hombre y la mujer.

La actora le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales

al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIDAD DE

REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA

JUSTICIA, por cuanto expidieron su tarjeta profesional de abogada

con vigencia provisional, después de considerar que ingresó a la

carrera de derecho en el año 2019 y, en consecuencia, estaba

obligada a presentar el examen de estado que realizará el Consejo

Superior de la Judicatura a aquellos graduados que hayan iniciado

sus estudios universitarios con posterioridad a la entrada en vigencia

de la Ley 1905 de 2018.

Agregó que sus pretensiones se encuentran encaminadas a que se

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expida su tarjeta profesional sin la condición de provisional, puesto

que inició sus estudios universitarios de administración de empresas

en el año 2008 y, posteriormente, le fueron homologadas algunas

materias cursadas en esa carrera para inscribirse en el programa de

derecho en el año 2019, por lo que no le es aplicable la Ley 1905 de

2018.

La presente solicitud de tutela fue resuelta en primera instancia por

la Sección Tercera, que, mediante sentencia de 7 de octubre de

2022, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda

vez que a la actora ya le había sido entregada la tarjeta profesional

provisional y no podía predicarse la vulneración de los derechos de

la tutelante, porque no se expedía en los términos pretendidos por

aquella.

La impugnación de la actora está estructurada sobre una reiteración

de los argumentos principales que sostuvieron su posición jurídica

inicial, conforme a la cual, en su criterio, su tarjeta profesional de

abogada debía ser expedida con vigencia definitiva, más no

provisional.

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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en determinar si las autoridades accionadas vulneraron los

derechos deprecados, al haber expedido la tarjeta profesional de

abogada de la actora con vigencia provisional o sí le asistió razón al

juez de primer grado al declarar la carencia actual de objeto por

hecho superado, toda vez que a la actora ya le había sido entregada

la tarjeta profesional provisional.

Descendiendo al caso en concreto, en el caso bajo estudio la Sala

advierte que, contrario a lo considerado por el a quo, no se puede

predicar en el presente caso la carencia actual de objeto por hecho

superado, pues lo pretendido por la actora no era la expedición y

entrega de la tarjeta profesional de abogada, sino que se declarara

mediante la solicitud de amparo de la referencia que la vigencia de

la misma debía ser definitiva, más no provisional, pues en su caso

no le era exigible la presentación de la certificación de aprobación del

examen de estado que para el efecto realiza el Consejo Superior de

la Judicatura, requisito que deben cumplir todas aquellas personas

que iniciaron sus estudios después de la promulgación de la Ley 1905

de 2018.

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Al respecto, la Sala advierte que frente a los disensos de la actora

relacionados con la vulneración de sus derechos fundamentales por

parte del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIDAD

al expedirle la tarjeta profesional provisional en aplicación del

Acuerdo PCSJA22-11989 del 29 de agosto de 2022 y exigirle como

requisito para obtener la tarjeta profesional definitiva el examen de

estado previsto en la Ley 1905 de 2018, la Sala ha tenido la

oportunidad de pronunciarse en asuntos similares y, mediante

sentencias de 155 y 296 de septiembre de 2022, sostuvo lo siguiente:

“[…] 65. Nótese que la vigencia de esas tarjetas profesionales
previstas para los graduados destinatarios de la Ley 1905 de
2018, tienen una vigencia condicionada a la publicación de los
resultados de la primera prueba, que según el mismo Acuerdo
tiene fecha de implementación en el año 2024; es decir que, se
entiende que para la fecha de vencimiento de la tarjeta
profesional de la actora, a saber, 30 de abril de 2024, ya debe
estar disponible el acceso al Examen de Estado, el cual la actora
requiere acreditar para que le sea expedida su tarjeta
profesional de abogada con carácter definitivo.

66. Ahora bien, atendiendo a que i) la Unidad adoptó como
medida la expedición de una tarjeta profesional con carácter

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero
Ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Bogotá, D.C., 15 septiembre de 2022. Radicación
número: 11001-03-15-000-2022-04543-00(AC). Actora: Diana Patricia Martínez Malaver
Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera
Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Bogotá, D.C., 29 de septiembre de 2022. Radicación
número: 11001-03-15-000-2022-04632-00(AC). Actora: Johanna Alejandra Merchán
Garzón y Otro; Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

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provisional mientras se implementa el examen al cual hace
referencia la Ley 1905 de 2018, y ii) dicha medida fue aplicada
al caso de la solicitud presentada por la actora; la Sala considera
que el hecho de que no se expida una tarjeta profesional con
carácter definitivo no implica la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora, puesto que para que la tutelante
acceda a esa tipología de tarjeta debe cumplir con el requisito
exigido en la Ley 1905 de 2018, el cual corresponde a un
mandato legal cuyos destinatarios no pueden evadir su
cumplimiento.

67. Al respecto, la Sala precisa que esta tarjeta profesional con
carácter provisional no se asimila a la licencia temporal regulada
en el Decreto 196 de 12 de febrero de 19718, puesto que,
mientras la primera de ellas se otorga a quienes ya obtuvieron
el título de abogado y solo tiene una limitación temporal que
corresponde a la vigencia establecida por la Unidad, la segunda
si tiene limitaciones para el ejercicio de la profesión y se otorga
a “[…] La persona que haya terminado y aprobado los estudios
reglamentarios de derecho en universidad oficialmente
reconocida podrá ejercer la profesión de abogado, sin haber
obtenido el título respectivo, hasta por dos años
improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus
estudios […]”. (Resaltado por la Sala)

68. Al respecto, la Sala advierte que, de conformidad con el
Acuerdo mencionado supra, la tarjeta profesional provisional no
establece limitación alguna para el ejercicio de la profesión,
puesto que no se condiciona de manera alguna la facultad de
representación que con fundamento en dicho documento le
asiste a la actora, sin que se advierta vulneración alguna de sus
derechos fundamentales, en la medida en que, se insiste, la
tutelante ya puede ejercer su profesión […]
(Negrillas pertenecen al texto)

En ese sentido, para la Sala la adopción de las nuevas medidas por

parte del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIDAD

con el propósito de regular la expedición de las tarjetas profesionales

para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018, no resulta ser

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violatoria de las garantías constitucionales, al considerar que la

emisión de una tarjeta provisional de ninguna manera fija una

limitación al ejercicio de la profesión.

En efecto, los artículos 1° y 2° de la Ley 1905 de 2018 establecen un

requisito adicional para quienes hayan iniciado sus estudios con

posterioridad a la entrada en vigencia de la misma, así:

“[…] ARTÍCULO 1o. <Inciso CONDICIONALMENTE exequible,
salvo el aparte tachado declarado INEXEQUIBLE> Para ejercer
la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en
las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar
certificación de aprobación del Examen de Estado que para el
efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ),
directamente o a través de una Institución de Educación
Superior acreditada en Alta Calidad que se contrate para tal fin.

Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado
supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En
el resultado individual de cada examen, el CSJ señalará la
representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media
nacional.

PARÁGRAFO 1. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Si
el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá
presentar en las siguientes convocatorias que señale el CSJ
hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo exigido.

PARÁGRAFO 2. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> La
certificación de la aprobación del Examen de Estado será exigida
por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que
haga sus veces para la expedición de la Tarjeta Profesional de
Abogado. Para ser representante de una persona natural o
jurídica para cualquier trámite que requiera un abogado, será
necesario contar con la tarjeta profesional de abogado, que solo

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se otorgará a quienes hayan aprobado el examen. Para las
demás actividades no se requerirá tarjeta profesional.

ARTÍCULO 2o. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la
profesión de abogado establecido en la presente ley se aplicará
a quienes inicien la carrera de derecho después de su
promulgación […]”.

Para el caso concreto, la Sala observa que la accionante es

destinataria de la Ley 1905 de 2018, pues se encuentra probado que

ingresó al plantel educativo a cursar la carrera de derecho el día 4

de febrero de 2019, esto es, con posterioridad al 28 de junio de

2018, es decir, luego de haber sido promulgada la aludida

normatividad y que, en virtud de lo anterior, le fue asignada la tarjeta

profesional provisional que le permite ejercer su profesión de

abogada hasta que se materialice la presentación del examen de

estado.

Ahora, comoquiera que el examen de estado se encuentra en fase de

implementación y en el momento en que se ejecute el mismo, la

actora deberá cumplir con el requisito establecido en la Ley 1905 de

2018, por encontrarse dentro de los supuestos de hecho que

contempla la Ley, la tarjeta profesional provisional le permite ejercer

la profesión hasta tanto cumpla con la obligación de aprobar la

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prueba de idoneidad para el ejercicio de la profesión. Así lo estableció

el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo núm.

PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022:

“[…] PARÁGRAFO TRANSITORIO 1°. Mientras se desarrollan las
fases necesarias para la implementación del Examen de Estado,
los destinatarios de la Ley 1905 de 2018, podrán solicitar, sin la
acreditación del certificado de aprobación del examen, su
inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición
de la Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá vigencia
provisional hasta la publicación de los resultados de la
primera prueba.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2°. Las Tarjetas Profesionales de
Abogados que se expidan bajo las condiciones del parágrafo
anterior, contendrán la denominación "Provisional".

PARÁGRAFO TRANSITORIO 3.° Quienes obtengan la Tarjeta
Profesional de Abogado con vigencia provisional, en los términos
del presente Acuerdo, una vez sea dispuesta la aplicación del
Examen del Estado, deberán presentarlo y acreditar su
aprobación, para efectos de que les sean expedidas las
respectivas tarjetas profesionales de abogado […]”.

Significa lo precedente que el Acuerdo núm. PSCJA22-11985 de

2022, reglamenta la forma de cumplir un requisito previamente

establecido por la Ley 1905 de 2018 y procura garantizar el ejercicio

de la profesión hasta tanto se desarrollen las fases necesarias para

la implementación del examen de Estado, por lo cual establece la

provisionalidad de la tarjeta profesional como una limitación

temporal de dicho documento, más no una restricción material que

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implique el condicionamiento de la facultad de representación, lo que

desvirtuaría la vulneración de los derechos al trabajo, al mínimo vital

y al libre desarrollo de la profesión alegados por la actora.

Ahora bien, contrario a lo manifestado por la accionante, el hecho de

que el Consejo Superior de la Judicatura hubiese expedido el Acuerdo

núm. PSCJA22-11985 de 2022 con posterioridad a que aquella

solicitara la expedición de la tarjeta profesional, no significa que se

estén vulnerando sus derechos, por exigirse el requisito del examen

de Estado de manera retroactiva, como lo sugiere la tutelante, toda

vez que dicha obligación fue creada mediante la Ley 1905 de 2018 y

es a partir de lo dispuesto en esa norma que se determinan los

parámetros y los casos en los que la misma resulta exigible como

requisito para el ejercicio de la profesión de abogado.

Cabe mencionar que la citada Ley 1905 de 2018, fue declarada

exequible por la Corte Constitucional mediante las sentencias C-138

de 2019 y C-594 de 2019, en las cuales el máximo órgano

Constitucional encontró que el requisito de aprobación del examen

de estado es una exigencia razonable y constitucionalmente válida,

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destacando la importancia del mismo en el ejercicio de la profesión

de abogado debido a la trascendencia social de la misma, pues se

representan los intereses y los derechos de otras personas. Al

respecto, la sentencia C-138 de 2019 señaló:

“[…] Sobre este punto, como se mencionó anteriormente la
jurisprudencia reconoce que existe un riesgo social asociado al
ejercicio de la profesión jurídica pues los abogados tienen un
papel cuando se imparte justicia, apoyan de manera decisiva en
la configuración del ordenamiento jurídico y son los principales
responsables de su efectivo cumplimiento. Sobre este punto, en
particular, la Corte ha establecido que:

“la labor del abogado no se limita a resolver
problemas de orden técnico, sino que su actividad va
más allá, proyectándose también en el ámbito de lo
ético (…) [su] conducta individual (…) se encuentra
vinculada a la protección del interés general o común,
de manera que el ejercicio inadecuado o irresponsable
de la profesión, puede proyectarse negativamente
sobre la efectividad de diversos derechos
fundamentales de terceros, como la honra, la
intimidad, el buen nombre, el derecho a la defensa y
el acceso a la administración de justicia, así como
también, poner en entre dicho la vigencia de principios
constitucionales de interés general, orientadores de la
función jurisdiccional, tales como la eficacia, la
celeridad y la buena fe”.

50. Adicionalmente, la libertad de ejercer profesión u
oficio, con los límites reconocidos expresamente en el artículo
26 de la Carta, de la mano del riesgo social que implica el
ejercicio profesional del derecho, ponen en evidencia también
que, a la luz de la Constitución de 1991, la probidad y el buen
desempeño profesional del abogado son elementos
determinantes para la garantía de otros derechos como el acceso
a la administración de justicia.

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51. Asimismo, la importancia también se manifiesta en
que los exámenes, en condiciones como las de este caso, actúan
como requisitos que permiten clasificar los méritos y calidades
de los futuros profesionales. Con ello, el examen le permite al
Estado, con base en criterios de objetividad e imparcialidad,
determinar las capacidades, preparación, rigor académico y
aptitudes de los profesionales en derecho que aspiran a
representar los intereses de terceros. En este sentido, el
resultado del examen, como elemento objetivo, mitiga las
consideraciones subjetivas y las influencias de cualquier otra
naturaleza[55].

52. De esta forma, concluye la Sala que los requisitos
de acceso objeto de la demanda persiguen una finalidad
constitucional importante, no prohibida sino promovida por la
Constitución, en la medida que el legislador en el marco de su
amplio margen de configuración estableció unos requisitos para
el ejercicio profesional a los egresados en derecho, con el
objetivo de proteger el interés general involucrado en el ejercicio
de dicha profesión, mitigar el riesgo social que de ésta se deriva,
y reconocer ciertas potestades a las abogados según sus
aptitudes, capacidades y preparación[56] […]”.

Lo anterior pone de manifiesto que el legislador tiene la potestad

para exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de ciertas

profesiones, como es el caso de la abogacía, toda vez que en la esfera

del ejercicio de la misma se proyectan los derechos de los demás

ciudadanos y puede verse comprometido, eventualmente el interés

social, por lo cual es una forma de comprobar la idoneidad, las

aptitudes adquiridas en la formación académica y acreditar unos

conocimientos trasversales y con base en los mismos, habilitar el

ejercicio profesional.

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Así mismo, la actora alegó la vulneración de su derecho a la igualdad,

debido a que, a la mayoría de sus compañeros, que iniciaron sus

estudios en el mismo año les fue expedida su tarjeta profesional de

abogados sin ninguna anotación adicional, para lo cual adjuntó como

soporte los certificados de vigencia de las tarjetas profesionales de

abogado de los señores JOSÉ ARGEMIRO LEÓN GONZÁLEZ,

CESAR AUGUSTO CASTRILLÓN JIMÉNEZ y HERNÁN EUDIEL

CHAVARRÍA MUÑOZ, quienes afirmó fueron sus compañeros de

estudios y sus tarjetas profesionales fueron expedidas con vigencia

definitiva.

Al respecto, resulta menester precisar que, una vez analizados los

certificados mencionados en precedencia, la Sala advierte que a

aquellos profesionales del derecho les fue expedida la tarjeta

profesional sin ninguna limitación temporal, sin embargo, los

supuestos fácticos de esos casos difieren al de la actora, pues a

aquella le fue la expedida la tarjeta profesional el 1o. de septiembre

de 2022, mientras que a sus compañeros les fue emitida en el mes

de abril de 2022, es decir, con antelación a que se dictara el Acuerdo

núm. PSCJA22-11985 de 2022, mediante el cual se reglamenta la

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forma de cumplir el requisito previamente establecido por la Ley

1905 de 2018 y se establece la provisionalidad de la tarjeta

profesional hasta tanto se apruebe el examen de estado.

Así las cosas, para la Sala no existe vulneración de los derechos

fundamentales deprecados, pues las entidades accionadas en

aplicación del ordenamiento legal han implementado alternativas a

fin de garantizar el ejercicio de la abogacía a los destinatarios de la

Ley 1905 de 2018, en tanto se lleva a cabo la presentación de la

prueba de estado como requisito de idoneidad para el ejercicio de la

profesión.

Consecuente con lo anterior, la Sala revocará el fallo impugnado y,

en su lugar, denegará el amparo solicitado, como en efecto lo

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar:

DENEGAR la presente solicitud de amparo, por las razones

expuestas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el

artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de noviembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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