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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04684-00

Fáctico y sustancial: no se configuraron porque la decisión cuestionada fue

Fecha
21 de octubre de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04684-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04684-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

21 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202204684 00

Accionante: DUNIA MARLENI DURANGO PACHECO Y OTROS

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – DEFECTO
FÁCTICO Y SUSTANCIAL – No se configuraron porque la decisión cuestionada fue
dictada en ejercicio de la autonomía judicial y constituye una decisión razonable
con fundamento en la sentencia de unificación relativa a sanción moratoria y la
contabilización del término para que opere la prescripción extintiva.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora Dunia Marleni Durango Pacheco y otros, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Por escrito presentado el 29 de agosto de 2022, los señores Felipe Rafael Rhenals
García, Carmen Josefa Durante Madera, Martín Emilio Soto Cabeza, Walter Martin
Samper Ruiz, Lázaro Francisco Usta González, Carlos Manuel Sáez Santana,
Roberto Antonio Díaz López, Yaneth Yesenia Argel Ruiz, Dunia Marleni Durango
Pacheco, Rocío del Mar Burgos Alemán, Julio Alberto Gloria Quevedo, Gerardo
Antonio Almanza Lambraño, Mario Alberto Petro González, Manuel Antonio

1

Radicación: 110010315000202204684 00
Actor: Dunia Marleni Durango Pacheco y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Durante Madera, Rosa Edith Villalba Esquivia, Yaneth del Carmen Saez Argumedo,
Mirtha Margoth Mejía Ramos, Jaime Gregorio Causil Otero, Juan Ricardo Pretel
Villera y Yolima Catalina Mestra González, por conducto de apoderado judicial,
instauraron demanda de tutela en contra de la Subsección B, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica.

Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se
trascribe de manera literal, con posibles errores incluidos):

PRIMERA. - AMPARAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO de mis
poderdantes, el cual fue vulnerado por la providencia del Consejo de Estado,
del 17 de febrero de 2022.

SEGUNDA. – AMPARAR el derecho al trato igualitario ante los jueces de mis
poderdantes, el cual fue vulnerado por la providencia del Consejo de Estado,
del 17 de febrero de 2022.

TERCERA. - AMPARAR el derecho fundamental a la IGUALDAD de mis
poderdantes, el cual fue vulnerado por la providencia del Consejo de Estado,
del 17 de febrero de 2022.

CUARTA. - AMPARAR el derecho fundamental a la SEGURIDAD JURÍDICA
de mis poderdantes, el cual fue vulnerado por la providencia del Consejo de
Estado, del 17 de febrero de 2022.

QUINTA. - AMPARAR cualquier otro derecho vulnerado en cabeza de mis
poderdantes del que se advierta su vulneración.

SEXTA. - Como consecuencia del amparo concedido, dejar sin efecto la
sentencia del 17 de febrero de 2022 del Consejo de Estado mediante la cual se
toma las determinaciones vulneratorias de los derechos fundamentales de mis
poderdantes.

SÉPTIMA. - ADOPTAR cualquier decisión necesaria para proteger los
derechos fundamentales y garantizar la seguridad jurídica del accionante, los
cuales fueron vulnerados por la sentencia del Consejo de Estado del 17 de
febrero de 2022.

2. Hechos relevantes

Sostuvieron los demandantes que son servidores públicos inscritos en el escalafón
de carrera administrativa del municipio Ciénaga de Oro y desde el 2001 se
encuentran en el régimen anualizado de cesantías, afiliados a COLFONDOS.

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Radicación: 110010315000202204684 00
Actor: Dunia Marleni Durango Pacheco y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Indicaron que las cesantías de los demandantes, correspondientes al 2005, fueron
reconocidas a través de la Resolución 017 del 3 de febrero de 2006. De acuerdo
con ello, debían ser consignadas a más tardar el 14 de febrero de 2006; sin
embargo, ello no se hizo dentro del término establecido para el efecto.

Afirmaron que la mora en la consignación de las cesantías de la vigencia de 2005
genera la sanción prevista en la Ley 50 de 1990; además, que es un hecho probado,
que se encuentra acreditado en las resoluciones posteriores emitidas por el
municipio Ciénaga de Oro, a saber, la Resolución No. 694 del 26 de noviembre de
2015.

Indicaron que, para efectos de contabilizar el término para que opere la prescripción
de la sanción moratoria del régimen anualizado de cesantías – Ley 50 de 1990 –,
según la sentencia de unificación del Consejo de Estado, el término se contabiliza
“desde su causación y exigibilidad, es decir, desde el 15 de febrero de la anualidad
siguiente”.

De acuerdo con lo anterior, manifestaron que el 16 de diciembre de 2008, dentro
del término legalmente establecido, los demandantes elevaron una petición ante el
municipio con el fin de solicitar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990,
con lo que se interrumpió el término de prescripción hasta el 16 de diciembre de
2011.

En relación con esa reclamación administrativa, el municipio de Ciénaga de Oro no
emitió pronunciamiento expreso, situación que, a su juicio, configuró el silencio
administrativo negativo.

Informaron que, el 20 de septiembre de 2011, interpusieron la demanda ejecutiva
laboral, la cual fue admitida el 8 de mayo de 2012 por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Cereté y fue notificada al municipio Ciénaga de Oro, el 18 de mayo de
2012.

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Actor: Dunia Marleni Durango Pacheco y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Enseguida, y sin dar más explicación en relación con el proceso anterior, hicieron
referencia al fallo proferido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado del 17 de febrero de 2022 en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 23001-23-33-000-2014-00337-01, que resultó contrario a los
intereses de los actores, debido a que, a pesar de haberse interrumpido el término
de prescripción mediante la reclamación administrativa del 16 de diciembre de
2008, se interpuso la demanda de forma extemporánea, a saber, el 24 de enero de
2014.

3. Fundamentos de la demanda de tutela

La parte actora indicó que la decisión proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, el 17 de febrero de 2022, incurrió en un defecto
fáctico, porque el Consejo de Estado omitió la valoración probatoria de la
presentación de la demanda, el auto admisorio de la misma y su notificación al
demandado, para los efectos del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

De no omitirse la valoración mencionada en el punto anterior, se determinaría que
la demanda fue presentada el 20 de septiembre de 2011, que el auto admisorio fue
proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté el 8 de mayo de 2012
y este fue notificado al demandado, es decir, al municipio Ciénaga de Oro, el 18 de
mayo de 2012.

Además, sostuvieron (trascripción literal):

En este sentido, la corporación yerra al exponer que operó la prescripción,
debido a que (i) la consignación de las cesantías reclamadas, correspondientes
al año 2005, debían consignarse a más tardar el 14 de febrero de 2006, por lo
que la prescripción se cuenta desde el 15 de febrero de 2006, de acuerdo con
lo expuesto por esta corporación (ii) la reclamación del trabajador se dio el día
16 de diciembre de 2008, por lo que interrumpió el término hasta el día 16 de
diciembre de 2011 y (iii) el día 20 de septiembre de 2011 se interpuso la
demanda ejecutiva laboral, la cual fue admitida el día 8 de mayo de 2012, es
decir, dentro del término legal para el efecto, de lo cual se anexa la
correspondiente prueba. Adicionalmente, el auto admisorio de la demanda fue
notificado al Municipio Ciénaga de Oro el día 18 de mayo de 2012.

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Radicación: 110010315000202204684 00
Actor: Dunia Marleni Durango Pacheco y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

A continuación, afirmaron que la decisión proferida por el Consejo de Estado el 17
de febrero de 2022 carece de motivación y viola la Constitución porque, a pesar de
que la demanda se presentó antes de que operara el término de prescripción, el
Consejo de Estado falló sobre la premisa consistente en que los demandantes
interpusieron la demanda de forma extemporánea, en contradicción a lo que se
evidencia en las pruebas.

Finalmente, sostuvieron que adolece de un defecto sustantivo, por cuanto
desatiende la aplicación del numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante auto del 1° de septiembre de 2022, se admitió la demanda, se notificó
a la autoridad accionada, se vinculó al municipio de Ciénaga de Oro y al señor José
Fernando Bedoya Hasbun; se le comunicó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

4.2. La magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, ponente del fallo proferido el 17 de
febrero de 2022, sostuvo que, en lo referente a la relevancia constitucional, se
colige que los argumentos del tutelante no son asuntos de dimensión ius
fundamental en razón a que no expone de manera clara y precisa las razones por
las cuales considera que la providencia del 17 de febrero de 2022 le vulneró los
derechos alegados.

Como consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción
interpuesta por los tutelantes por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional puesto que está pretendiendo mediante este mecanismo residual
reabrir un debate legal ya definido ante las instancias judiciales correspondientes.

Además, en relación con el argumento del defecto fáctico en lo atinente a que el 20
de septiembre de 2011 se interpuso la demanda ejecutiva laboral, informó que
dicho medio de control correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté
dentro del proceso 2012-00031 en el cual se libró mandamiento de pago el 8 de
mayo de 2012 y el proceso finalizó por haber quedado incorporado como acreencia

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Radicación: 110010315000202204684 00
Actor: Dunia Marleni Durango Pacheco y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

(la sanción moratoria pretendida), en el acuerdo de reestructuración de pasivos del
municipio de Ciénaga de Oro mediante auto del 24 de enero de 2014.

Aunado al hecho de que no existe duda que lo pretendido en el sub examine, fue
ordenado en el proceso ejecutivo referido y en los actos administrativos proferidos
por la parte demandada en el marco del proceso de reestructuración que pasivos
que se adelantó en el ente territorial, por lo que no se podría tener en cuenta el
tiempo de presentación de la demanda el 20 de septiembre de 2011 porque dicho
asunto finiquitó y se inició una nueva demanda ante la jurisdicción contenciosa el
24 de enero de 2014, en el que se solicitó la sanción moratoria de la anualidad de
2005 de conformidad con Ley 50 de 1990; por tanto, se tomó esta fecha y se
evidenció que el derecho prescribió.

Con base en lo expuesto, concluyó que la decisión controvertida no lesiona o
vulnera derecho fundamental alguno, toda vez que la sanción moratoria pretendida
está prescrita.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S

1.- La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características 2.

1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicación: 110010315000202204684 00
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Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son 3:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.

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Referencia: Acción de tutela

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.

Conviene mencionar que, la Corte Constitucional ha sostenido que cuando se
controvierten providencias judiciales dictadas por las altas cortes -como en el caso
bajo estudio-, además de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y los
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se

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Referencia: Acción de tutela

debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente, en sentencia SU–
573 de 2017, se indicó:

Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:

‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites
de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición
de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar
las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela
pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra
conclusión’.

Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado4.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Subsección B
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2. Caso concreto

Dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, se procede a verificar si se configuraron o no.

Al revisar el caso concreto, se advierte que los actores iniciaron un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se produjo la sentencia de
segunda instancia del 17 de febrero del año en curso, proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, hoy cuestionada en sede de tutela.

Dicho proceso fue presentado por los actores contra el municipio de Ciénaga de
Oro, para que se accediera a la declaratoria de nulidad del acto administrativo ficto
o presunto producto del silencio administrativo negativo, frente a la petición que
presentaron el 16 de diciembre de 2008 para obtener el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, ante el no pago de las cesantías
correspondientes al periodo de 2005.

En esa oportunidad, solicitaron como restablecimiento del derecho que se
condenara a la entidad demandada a reconocer y pagar: i) la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990 debidamente indexada por la no consignación dentro
del plazo legal del auxilio de cesantías causado por el año 2005, ii) las costas del
proceso y iii) las agencias en derecho.

El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del del 16 de mayo de
2019 y en aplicación de la jurisprudencia de esta Corporación 5, sostuvo que los
demandantes se acogieron al régimen anualizado de cesantías en virtud de la
manifestación que presentaron ante la entidad accionada en noviembre de 2000.

Además, precisó que, a través de la Resolución 017 del 3 de febrero de 2006, el
municipio demandado les reconoció y ordenó el pago de sus cesantías del 2005,

5
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, Sentencia de 12 de mayo de 2014,
Radicación 2010-00492-01, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sección Segunda –
Subsección B, Sentencia de 19 de abril de 2018, Radicación 2013-00168-01.

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obligación que a su vez fue incorporada en el listado de acreencias del acuerdo de
reestructuración de pasivos 2012-00051 de dicha entidad territorial.

Asimismo, expuso que, a partir del análisis de las pruebas aportadas al proceso,
evidenció inconsistencias en cuanto a la fecha del pago de las cesantías de los
accionantes correspondientes al 2005, respecto de las cuales solicitan el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria y que, para el caso del señor
Roberto Díaz López, se configuraba la excepción de inepta demanda al no haber
agotado la petición previa ante la administración como requisito procesal obligatorio
para el ejercicio del medio de control invocado.

Señaló que no existía claridad en cuanto al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria reclamada por los accionantes debido a que la entidad demandada en el
2015 expidió varias resoluciones en las que reconoció y ordenó incluir como
acreencias, reclamaciones laborales y procesos judiciales a su favor, quienes
adicionalmente iniciaron varios procesos ejecutivos para el reconocimiento y pago
de las sanciones moratorias por la no consignación oportuna de las cesantías del
2005, 2009 y 2010.

De esas, la primera se ejecutó ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté
en el proceso 2012-00031, en el cual se libró mandamiento de pago el 8 de mayo
de 2012 y finalizó por haber quedado incorporado como acreencia en el acuerdo
de reestructuración de pasivos del municipio de Ciénaga de Oro, mediante auto del
24 de enero de 2014.

Finalmente, indicó que no existía duda de que lo pretendido en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, fue ordenado en el proceso ejecutivo
referido y en los actos administrativos proferidos por la entidad demandada en el
marco del proceso de reestructuración por pasivos que adelanta, y que a los
demandantes Jaime Causil Otero y Yaneth del Carmen Sáez Argumedo les fue
reconocida dicha penalidad en sede judicial, motivos por los cuales negó las
pretensiones.

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Actor: Dunia Marleni Durango Pacheco y otros
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La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la decisión anterior con
base en los siguientes argumentos (trascripción literal):

En segundo término, plantea que omitió valorar en su integridad el contenido
de la comunicación visible a folios 74 a 76 del plenario a través de la cual, se
surtió el agotamiento del procedimiento administrativo frente a la sanción
moratoria reclamada en la medida que fue suscrita por la totalidad de los
accionantes, incluyendo al señor Roberto Diaz López, Io cual deja sin sustento
la determinación de declarar configurada la excepción de inepta demanda
frente a este demandante.

14. En tercer término, expone que el municipio de Ciénaga de Oro expidió Ia
Resolución 694 del 26 de noviembre de 2015, mediante la cual liquidó e
incorporó en el acuerdo de reestructuración de pasivos la sanción moratoria
por la no consignación de las cesantías de los demandantes correspondiente
al año 2005, liquidándola desde el 15 de febrero de 2006 y hasta el 15 de abril
de 2015, fecha en que fueron consignadas en sus cuentas individuales de
COLFONDOS. Aunado a que el proceso ejecutivo laboral 2012-00033 que
adelantaron los actores en contra de dicha entidad territorial finalizó en virtud
de lo establecido en la Ley 550 de 19991, que expresamente señala que una
vez suscrito dicho acuerdo se darán por terminadas esta clase de
controversias.

15. Finalmente, señala que no existe prueba demostrativa de que la entidad
accionada hubiera cancelado la sanción moratoria reclamada dentro del sub
lite en forma directa. en el proceso ejecutivo referido o en la ejecución del
acuerdo de reestructuración de sus pasivos, el cual desde el 8 de marzo de
2017 fue declarado nulo por la Superintendencia de Sociedades; precisamente
por no incluir dentro del inventario de acreencias la moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías de los trabajadores, ordenando al
promotor iniciar nueva promoción del acuerdo.

La Sección Segunda, Subsección B, a través del fallo del 17 de febrero de 2022,
confirmó la sentencia de primera instancia; sin embargo, el motivo para ello radicó
en el hecho de que, atendiendo a las reglas jurisprudenciales previstas en las
sentencias de unificación del 25 de agosto de 2016 y del 6 de agosto de 2020, la
sanción prevista en la Ley 50 de 1990 se hace exigible a partir del momento mismo
en que el empleador incurre en mora; es decir, el 15 de febrero del año siguiente,
por ende, la reclamación administrativa debía presentarse dentro de los tres años
siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva; así se indicó
(trascripción literal):

Así las cosas, la sanción moratoria del sistema anualizado de cesantías se
hace exigible a partir del día siguiente a aquel en que vence el plazo
consagrado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por ende, desde el 15 de
febrero de la anualidad siguiente, el empleado dispone de tres años para

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Radicación: 110010315000202204684 00
Actor: Dunia Marleni Durango Pacheco y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

reclamar ante la administración el reconocimiento de la penalidad, so pena de
verse afectado por el medio extintivo de la prescripción, sin perjuicio de que
dicho termino es susceptible de interrupción a través del reclamo escrito del
trabajador, pero solo por un lapso igual y por una única vez.

Adicionalmente se encuentra evidenciado que los aquí demandantes
manifestaron su intención de acogerse al régimen anualizado de cesantías
mediante escritos presentados ante la entidad accionada el 3 y 7 de noviembre
de 2000 Io cual se surtió a partir del año 2001.

(…)

30. Así las cosas y conforme a las pruebas documentales analizadas,
encuentra la Sala acreditado que los demandantes tienen derecho a la sanción
prevista en la Ley 50 de 1990, en la medida que las cesantías correspondientes
al año 2005 fueron consignadas fuera de la oportunidad legal. Por consiguiente,
corresponde a la Sala determinar si la penalidad objeto del presente asunto fue
reclamada dentro del tiempo previsto por el legislador para tal efecto.

31. Entonces. atendiendo a las reglas jurisprudenciales previstas en las
Sentencias de Unificación del 25 de agosto de 2016 y del 6 de agosto de 2020,
la penalidad de la Ley 50 de 1990 se hace exigible a partir del momento mismo
en que el empleador incurre en mora, es decir, el 15 de febrero del afio
siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro
de los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.
Por consiguiente, se tiene que la sanción moratoria de la anualidad en mora
reclamada por los accionantes, esto es, la correspondiente al año 2005, se
causó el 15 de febrero de 2006, por lo que, en los términos del articulo 151 CPT
dichos sujetos procesales contaban con tres años para reclamarla Ios cuales
vencían el 15 de febrero de 2009.

32. No obstante lo anterior, se advierte que presentaron la petición para obtener
su reconocimiento el 16 de diciembre de 200826, esto es, dentro del plazo
legalmente previsto para ello de manera que interrumpieron la prescripción,
pero solo por un lapso igual, por tanto contaban hasta el 16 de diciembre de
2011 para acudir ante esta jurisdicción y presentar la demanda a fin de
controvertir la legalidad del acto que les negó el reconocimiento de la sanci6ón
moratoria, acreditándose que solo lo realizaron hasta el 24 de enero de 2014,
lo que conllevó a que les prescribiera el derecho al reconocimiento y pago de
la sanción moratoria por cuanto pese a interrumpir el término por una sola vez
y por un lapso igual, permitió que se extinguiera la oportunidad para exigir el
derecho en sede judicial.

33. Lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley
1437 de 2011 que le otorgó la facultad oficiosa al juez contencioso
administrativo de declarar probada cualquier excepción que encuentre
demostrada dentro del proceso y a lo que ha señalado la jurisprudencia pacífica
y reiterada de esta sección, en cuanto a que la causación de la sanción por
mora en el pago de las cesantías la hace exigible para su beneficiario y, por
tanto, activa en su contra los términos de ley con que cuenta para reclamar su
reconocimiento so pena de que por el transcurso del tiempo y ante su
inactividad se extinga dicha obligación.

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34. Ahora bien, la parte apelante aduce que el a quo omitió valorar en su
integridad el contenido de la comunicación visible a folios 74 a 76 del plenario
a través de la cual, los actores surtieron el agotamiento del procedimiento
administrativo frente a la sanción moratoria reclamada en la medida que fue
suscrita por la totalidad de los accionantes, incluyendo al señor Roberto Diaz
López, lo cual deja sin sustento la determinación de declarar configurada la
excepción de inepta demanda frente a este demandante, respecto de lo cual la
Sala señala que le asiste razón al apelante en su argumentación, como quiera
que al revisar el contenido de la petición referida, se avizora con total claridad
que fue suscrita por el señor Roberto Antonio Diaz López. Sin embargo, al
quedar evidenciado que el derecho a la penalidad en su caso tampoco fue
reclamado dentro de la oportunidad de ley, corre la misma suerte del resto de
los demandantes, esto es, la prescripción del derecho lo que impone negar las
pretensiones invocadas.

Los accionantes discuten que el derecho reclamado no ha prescrito; que
acreditaron tener el derecho a la sanción por la no consignación de las cesantías
de la vigencia de 2005 pero la decisión de la Subsección B de esta Corporación
incurrió en un defecto fáctico, sustantivo y violación de la Constitución al no valorar
todas las pruebas aportadas al proceso, para concluir que había operado la
prescripción.

A juicio de la Sala, el análisis del caso concreto que efectuó la autoridad judicial
accionada fue razonable, contó con la valoración de la totalidad de las pruebas
aportadas y atendió el criterio expuesto en la referida sentencia de unificación, en
la cual se reiteró que la sanción o indemnización moratoria sí está sujeta al
fenómeno de prescripción trienal; además, tuvo en cuenta todas las pruebas
aportadas para concluir la fecha exacta desde la cual debía contabilizarse el
término, descartando la postura planteada por los actores.

Como consecuencia, no se advierte que se haya incurrido en un defecto fáctico o
que, con la aplicación de la sentencia de unificación relativa al tema, se haya violado
la Constitución.

Otra cosa es que, en ejercicio de la autonomía funcional que caracteriza la actividad
de los jueces y la valoración conjunta del acervo probatorio realizada por esta
corporación, concluyera que había operado la prescripción.

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Actor: Dunia Marleni Durango Pacheco y otros
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Debe señalarse que la Corte Constitucional ha sostenido que “el error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez
de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto,
según las reglas generales de competencia…”6 (se destaca).

En ese sentido, la Subsección estima que no le es dable al juez de tutela efectuar
un nuevo análisis de las pruebas allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, es decir, reemplazar por completo al juez natural de la causa, como
pretende la parte actora.

En definitiva, la Subsección estima que las conclusiones de la Subsección B
accionada son producto de un análisis probatorio fundado en la sana crítica, con
una carga argumentativa válida y razonable, propia de la autonomía del operador
judicial frente a la apreciación de las pruebas que consideró conducentes y
pertinentes para adoptar una decisión en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho y con apoyo en la jurisprudencia de unificación vigente.

La Sala aclara que, por el hecho de que la decisión adoptada por la Subsección B
de la Sección Segunda de la Corporación no resultara favorable a los ahora
accionantes, no puede predicarse que la valoración del acervo probatorio allegado
al proceso ordinario y, por ende, la decisión, fueran contrarias a derecho.

Lo que sí encuentra la Subsección es el claro propósito de los accionantes en
reabrir en su integridad el debate probatorio que ya terminó, en forma válida, en
sede del juez natural de la causa y propiciar una instancia adicional.

Con fundamento en lo expuesto, la Subsección negará el amparo solicitado.

6
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; reiterada en
sentencia T- 393 de 2017, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

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Referencia: Acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

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