Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04684-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04684-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04684-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
7 de diciembre de 2022
Demandantes: Dunia Marleni Pacheco y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04684-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04684-01
Demandantes: DUNIA MARLENI DURANGO PACHECO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial - Sanción moratoria por pago
tardío de cesantías - Relevancia constitucional – revoca negativa
para declarar la improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada en contra de la sentencia de primera
instancia del 21 de octubre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera – Subsección A que negó el amparo solicitado.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Mediante escrito enviado por correo electrónico el 29 de agosto de 2022 al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado1, la señora Dunia
Marleni Durango Pacheco y otros2, por conducto de apoderado judicial,
interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
1 Cfr. Índice Nro. 2 SAMAI. Archivo: ED_CORREO_JUANSEBASTI(.pdf) Nro. Actua 2 Exp: 11001-
03-15-000-2022-04684-00
2
Los señores Felipe Rafael Rhenals García, Carmen Josefa Madera, Martín Emilio Soto Cabeza,
Walter Martin Samper Ruiz, Lázaro Francisco Usta González, Carlos Manuel Sáez Santana, Roberto
Antonio Díaz López, Yaneth Yesenia Argel Ruiz, Rocío del Mar Burgos Alemán, Julio Alberto Gloria
Quevedo, Gerardo Antonio Almanza Lambraño, Mario Alberto Petro González, Manuel Antonio
Durante Madera, Rosa Edith Villalba Esquivia, Yaneth del Carmen Saez Argumedo, Mirtha Margoth
Mejía Ramos, Jaime Gregorio Causil Otero, Juan Ricardo Pretel Villera y Yolima Catalina Mestra
González.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Dunia Marleni Pacheco y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04684-01
proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica.
2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías
constitucionales con ocasión de la sentencia proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 17 de febrero de 2022. En dicho
pronunciamiento, se confirmó la decisión de primera instancia del Tribunal
Administrativo de Córdoba de negar las pretensiones de la demanda relacionadas
con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, por la no consignación de
las cesantías correspondientes al año 2005, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado en contra del municipio de Ciénaga de
Oro3.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó las siguientes pretensiones:
PRIMERA.- AMPARAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO de mis
poderdantes, el cual fue vulnerado por la providencia del Consejo de Estado, del 17
de febrero de 2022
SEGUNDA.- AMPARAR el derecho al trato igualitario ante los jueces de mis
poderdantes, el cual fue vulnerado por la providencia del Consejo de Estado, del 17
de febrero de 2022.
TERCERA.- AMPARAR el derecho fundamental a la IGUALDAD de mis
poderdantes, el cual fue vulnerado por la providencia del Consejo de Estado, del 17
de febrero de 2022.
CUARTA.- AMPARAR el derecho fundamental a la SEGURIDAD JURÍDICA de mis
poderdantes, el cual fue vulnerado por la providencia del Consejo de Estado, del 17
de febrero de 2022.
QUINTA.- AMPARAR cualquier otro derecho vulnerado en cabeza de mis
poderdantes del que se advierta su vulneración.
SEXTA.- Como consecuencia del amparo concedido, dejar sin efecto la sentencia
del 17 de febrero de 2022 del Consejo de Estado mediante la cual se toma las
determinaciones vulneratorias de los derechos fundamentales de mis poderdantes.
SÉPTIMA.- ADOPTAR cualquier decisión necesaria para proteger los derechos
fundamentales y garantizar la seguridad jurídica del accionante, los cuales fueron
vulnerados por la sentencia del Consejo de Estado del 17 de febrero de 20224. (sic
a toda la cita)
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
3
Rad. 23001-23-33-000-2014-000337-01
4 Cfr. Índice Nro. 2 SAMAI. Archivo:
ED_DEMANDA_29_8_20221(.pdf) Nr oActua 2. Fl. 3. Exp:
11001-03-15-000-2022-04684-00.
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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4. Los demandantes son servidores públicos inscritos en el escalafón de carrera
administrativa del municipio de Ciénaga de Oro. Desde el año 2001 se encuentran
afiliados a COLFONDOS en el régimen anualizado de cesantías.
5. Las cesantías correspondientes al año 2005 fueron reconocidas a través de
la Resolución Nro. 017 del 3 de febrero de 2006. Por ello, debían ser consignadas
a más tardar el 14 de febrero de esa anualidad.
6. Ante el incumplimiento en el pago de las cesantías en la fecha referida, el día
16 de diciembre de 2008 los demandantes elevaron petición ante la entidad
territorial, solicitando el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.
Sin embargo, ante el silencio del municipio Ciénaga de Oro, se configuró el silencio
administrativo negativo.
7. Como consecuencia de lo anterior, interpusieron demanda ejecutiva laboral,
cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté.
Esta autoridad judicial inicialmente libró mandamiento de pago el 8 de mayo de
2012, sin embargo, decidió finalizar el proceso anticipadamente por haber quedado
incorporado como acreencia (la sanción moratoria pretendida), en el acuerdo de
reestructuración de pasivos del municipio Ciénaga de Oro.
8. Con posterioridad, los accionantes ejercieron el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la ente territorial mencionado5 con el fin de
obtener la declaratoria de nulidad del acto administrativo presunto producto del
silencio administrativo negativo. Como consecuencia de ello, solicitaron que se
ordenara el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de
las cesantías correspondientes al año 2005.
9. En primera instancia el conocimiento del asunto correspondió al Tribunal
Administrativo de Córdoba, autoridad que mediante sentencia del 16 de mayo de
2018 negó las pretensiones y declaró configurada la excepción de inepta demanda
respecto del señor Roberto Díaz López. Lo anterior, tras considerar que el derecho
fue reconocido en vía judicial a través del proceso ejecutivo adelantado ante el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté, y en dos oportunidades a través de
los actos administrativos proferidos en el marco de un proceso de reestructuración
de pasivos adelantado por el municipio.
10. Inconforme con ello, los demandantes interpusieron recurso de apelación
señalando que la providencia no era congruente entre sus partes considerativa y
resolutiva. Además, por considerar que se omitió valorar en su integridad la solicitud
administrativa presentada el 16 de diciembre de 2008, y además, se tuvieron por
probados hechos respecto de los cuales no existió prueba demostrativa.
5
Identificado con el número de radicado 23001-23-33-000-2014-00337-01.
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11. La alzada fue resuelta por la Sección Segunda, Subsección B de esta
Corporación mediante sentencia del 17 de febrero de 2022. En esta providencia se
confirmó lo resuelto por el a quo en orden a negar lo pedido por los demandantes,
pero por razones diferentes, pues se encontró probada la excepción de prescripción
respecto del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación
de las cesantías correspondientes al año 20056.
1.4. Sustento de la vulneración
12. Con motivo de las anteriores circunstancias, los accionantes consideraron
que la autoridad judicial accionada, al proferir la providencia objeto de tutela, incurrió
en i) defecto fáctico; ii) decisión sin motivación; iii) violación directa de la
Constitución y iv) defecto sustantivo. Estos defectos los sustentó de la siguiente
manera:
13. Defecto fáctico: Se omitió la valoración de la demanda ejecutiva laboral
interpuesta el día 20 de septiembre de 2011 ante Juzgado Primero Civil del Circuito
de Cereté, y que resulta pertinente para demostrar que no operó el fenómeno de
prescripción. Lo anterior comoquiera que respecto de las cesantías reclamadas
correspondientes al año 2005 y que debían consignarse a más tardar el 14 de
febrero de 2006, la prescripción debía contarse desde el 15 de febrero de 2006. Así,
teniendo en cuenta que la reclamación de los trabajadores se dio el día 16 de
diciembre de 2008, el término se interrumpió hasta el día 16 de diciembre de 2011,
razón por la cual la demanda ejecutiva laboral adelantada el 20 de septiembre de
2011 fue interpuesta en término7.
14. Decisión sin motivación: En concepto de la parte actora, la decisión
censurada derivó de suposiciones del juez ordinario que no atienden las
providencias citadas para efectos de resolver el caso en concreto, pues se partió de
la premisa según la cual la demanda fue interpuesta de forma extemporánea.
15. Violación directa de la Constitución: Por cuanto se desconoció el artículo
29 superior que consagra el debido proceso y las garantías relacionadas con el
derecho a la defensa, de acceso a la administración de justicia y el principio de
seguridad jurídica.
6
Esto, en tanto que en su sentir los accionantes presentaron la demanda ordinaria por fuera del
término establecido por el legislador, toda vez que la sanción solicitada corresponde al año 2005,
por lo que se causó el 15 de febrero de 2006; y de conformidad con el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social tenían 3 años para reclamarla, situación que se hizo
el 16 de diciembre de 2008. Con ello, interrumpieron la prescripción hasta el 16 de diciembre de
2011, fecha que tenían para acudir a la jurisdicción, y sin embargo, solo hasta el 24 de enero de
2014, presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que conllevó a que les
prescribiera el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, por cuando pese a
interrumpir el término por una sola vez y por un lapso igual, se extinguió la oportunidad para exigir el
derecho en sede judicial. Folio 11 de la sentencia reprochada cargada a SAMAI.
7
Cfr. Índice Nro.2 SAMAI. Rad. 11001031500020220468400. Archivo:
ED_DEMANDA_29_8_20221(.pdf) Nr oActua 2. Fl 11.
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16. Defecto sustantivo: En la medida en que la autoridad judicial accionada
desatendió la aplicación del numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 19998 que
establece la suspensión del término de prescripción y la no operancia de la
caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial,
durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración.
1.5. Trámite de la acción de tutela
17. En auto del 1° de septiembre de 2022, la magistrada ponente de primera
instancia admitió la demanda y dispuso su notificación a la Subsección B de la
Sección Segunda de esta Corporación. También ordenó la vinculación como
terceros con interés del municipio de Ciénaga de Oro y del señor José Fernando
Bedoya Hasbin9. Asimismo, se le comunicó del presente trámite constitucional a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.6. Intervenciones
18. Realizadas las notificaciones ordenadas, de manera electrónica, se presentó
la siguiente intervención:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
19. Indicó que en el caso concreto no se acredita el requisito general de
relevancia constitucional, pues los argumentos puestos a consideración por el
apelante no revisten dimensión ius fundamental. Ello, en razón a que no se expone
de manera clara y precisa las razones por las cuales considera que la providencia
vulneró los derechos alegados.
20. En consecuencia, solicitó se declarara la improcedencia de la acción, pues
se pretende reabrir un debate legal ya definido en las instancias judiciales
correspondientes.
21. En relación con el defecto fáctico, indicó que el 20 de septiembre de 2011 se
interpuso la demanda ejecutiva laboral cuyo conocimiento correspondió al Juzgado
Primero Civil del Circuito de Cereté, que libró mandamiento de pago el 8 de mayo
de 2012 y finalizó por haber quedado incorporado como acreencia (la sanción
8
«13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el término
de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad
territorial, y no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y
recursos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno
derecho. Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 493 de 2002»
9
Quien fue designado como promotor del acuerdo de reestructuración de pasivos del Municipio
Ciénaga de Oro, mediante Resolución Nro.1729 del 22 de junio de 2012 del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.
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moratoria pretendida), en el acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio
Ciénaga de Oro mediante auto del 24 de enero de 2014.
22. En este sentido indicó que no existe duda de que lo pretendido fue ordenado
en el proceso ejecutivo referido y en los actos administrativos proferidos por la parte
demandada en el marco del proceso de reestructuración de pasivos que se adelantó
en el ente territorial. En ese sentido, no se podría tener en cuenta como fecha de
presentación de la demanda ejecutiva laboral del 20 de septiembre de 2011, porque
dicho asunto culminó y, con posterioridad, se inició una nueva demanda ante la
jurisdicción contenciosa el 25 de enero de 2014, en la que se solicitó la sanción
moratoria de la anualidad de 2005 de conformidad con la Ley 50 de 1990; por tanto,
se tomó esta fecha y se evidenció que el derecho prescribió.
1.7. Fallo impugnado
23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 21 de octubre de 2022, negó la solicitud de amparo. Esto, porque lo
resuelto por la autoridad judicial accionada fue razonable en la medida en que contó
con la valoración de la totalidad de las pruebas aportadas, a partir de lo cual
concluyó que en el caso concreto se presentó la prescripción de conformidad con el
criterio expuesto en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020.
1.8. Impugnación
24. En la oportunidad procesal pertinente, la parte accionante impugnó la
decisión de primera instancia. Para el efecto, reiteró los argumentos planteados en
el escrito de tutela.
1.9 Trámite en segunda instancia
25. Encontrándose el proceso pendiente de resolver el recurso de impugnación
interpuesto, en auto del 5 de agosto de 2022, el Despacho ponente de segunda
instancia en acatamiento del criterio mayoritario de la Sección Quinta, dispuso la
vinculación como tercero con interés del Tribunal Administrativo de Córdoba. Esta
autoridad judicial profirió el fallo ordinario de primera instancia que luego fue
confirmado por la sentencia de segundo grado que controvierte el actor con la
presente acción de tutela.
26. Una vez la Secretaría General del Consejo de Estado notificó a la autoridad
judicial vinculada, aquella guardó silencio.
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2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 21
de octubre de 2022, dictado por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
27. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
28. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la SU-454 de 2016, señaló que el estudio de la legitimación en
la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un
presupuesto procesal de la demanda10.
29. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
parte accionante se encuentra legitimada en la causa por activa en razón a que
figuraron como demandantes en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se profirió la decisión censurada.
30. A su vez, la demanda se dirigió en contra de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, autoridad judicial que profirió la decisión
reprochada. Por esto, se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
2.3. Problemas jurídicos
31. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A, el 21 de octubre de 2022. En esta providencia se negó el amparo
deprecado, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial?
10
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.
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32. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
¿La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y el principio de la
seguridad jurídica de la parte accionante, al proferir la sentencia del 17 de
febrero de 2022 que confirmó la decisión de primera instancia, en orden a
negar las pretensiones de la demanda por encontrar probada la excepción
de prescripción respecto del reconocimiento y pago de la sanción moratoria
por la no consignación de cesantías correspondientes al año 2005, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado en contra
del municipio Ciénaga de Oro?
33. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i)
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii)
estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad de cara al sub-lite y de
superarse, (iii) caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201211. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema12. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales13.
35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201414. En esta sentencia se
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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establecieron seis requisitos generales de procedencia15 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial16.
36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
15 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
16 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
39. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional, y, de superarse, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en
los defectos aludidos.
2.5. Análisis del requisito general de relevancia constitucional en el caso
concreto
40. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el
término “relevancia constitucional” en la sentencia C-590 de 200517. En esta
providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es
procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad,
dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,
en aquella oportunidad se advirtió:
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes18. (Subrayado fuera de texto).
41. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado
significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se
cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202219, el Alto Tribunal
17 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción
de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al
señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se
instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial;
c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que
las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.
18
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
19 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en
primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de
una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo
órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional
esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo
anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política
o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal;
(iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga
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unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste
o no de relevancia constitucional. La Sala los expondrá estos parámetros en el
siguiente gráfico para mayor entendimiento:
Finalidad de la relevancia constitucional Parámetros que se deben tener en cuenta para verificar si se
cumple con los cometidos de la relevancia constitucional
Respeto por las competencias de las jurisdicciones. El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.
Relevancia constitucional -
La protección de la autonomía e independencia de los La controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica: La
jueces. tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
sentencia Corte
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de
los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.” En este orden,
se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los
Constitucional 2022
jueces naturales”.
la preservación de la específica finalidad de la acción de Carga argumentativa mínima: La acción de tutela debe plantear argumentos
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera
los derechos fundamentales. grave un derecho fundamental.
la prevención del uso indebido de la acción como una El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe
instancia adicional de los procesos adelantados ante las ser estricto lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
jurisdicciones competentes o para la solución de actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
discusiones de naturaleza eminentemente legal fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar
una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal.
42. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201420, adoptó de manera
expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de
2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
43. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad
señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de
tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a
otras jurisdicciones.
44. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202221
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.
argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos
fundamentales invocados.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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45. De esta manera, esta Sala de Decisión, planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por
la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren
a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
46. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso el asunto reviste o no relevancia constitucional, de
conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por
la Corte Constitucional y esta Corporación.
47. La presente acción de tutela fue interpuesta por la parte accionante contra la
providencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación. La actora consideró que la sentencia censurada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la “seguridad jurídica”, por no
acceder a su pretensión de reconocer la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías correspondiente al año 2005.
48. Es importante resaltar que esta Sala reconoce relevancia constitucional a
toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia
en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las
prestaciones sociales dentro de las cuales se encuentran las cesantías. No
obstante, en el caso en concreto no se discute sobre la prestación social sino acerca
de la sanción establecida por su pago extemporáneo.
49. En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo Tribunal Constitucional señaló
que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza de
prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda
temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, «solo en la medida en que lo
reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta
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que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la
seguridad social del trabajador»22.
50. De acuerdo con el precedente establecido por esa Alta Corte, el
reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter
irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión de
garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social. No obstante, no ocurre lo mismo
con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria cuando el
empleador no consigna en tiempo tales cesantías. Lo anterior porque este monto
tiene naturaleza sancionatoria y, eminentemente legal, lo que no da lugar a la
intervención del juez constitucional.
51. Por lo expuesto, se reiterará la postura de la Corte Constitucional y de esta
sección. En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia, para en su
lugar declarar la improcedencia de la presente solicitud de amparo por no cumplir
con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. Es importante
resaltar que esta posición ya ha sido adoptada por esta Sala de decisión en varias
providencias anteriores en las que también se controvirtió vía acción de tutela
sentencias ordinarias en las que se habían negado solicitudes de reconocimiento
de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías23.
2.6. Conclusión
52. En ese orden de ideas, para el caso en concreto, la Sala acoge la tesis
establecida a partir del precedente unificado de la Corte Constitucional, según el
cual, las pretensiones de índole meramente económico y cuya falta de
reconocimiento no comprometen un derecho fundamental carecen de relevancia
constitucional. Por lo anterior, se revocará la decisión de primera instancia que negó
el amparo deprecado, para, en su lugar, declarar la improcedencia del mecanismo
constitucional por no superar el presupuesto de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado el 21 de octubre de 2022, que negó la presente acción de
22
Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019.
23 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00, y
decisión del 24.03.22 Rad. 11001-03-15-000-2021-11483-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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tutela. En su lugar, DECLARAR improcedente el amparo solicitado por las razones
expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.
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