Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11483-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11483-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-11483-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de marzo de 2022
Demandante: Flor Alba Ballesteros Vásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11483-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11483-01
Demandante: FLOR ALBA BALLESTEROS VÁSQUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN E.
Tema: Tutela contra providencia judicial – Relevancia constitucional,
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente – Confirma
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del 3 de
febrero de 2022, a través del cual el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró
improcedente la tutela respecto de unos cargos propuestos1 y negó el amparo
solicitado “en lo referente a los defectos sustantivos”.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. La accionante, por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E2. Con el mecanismo constitucional pretende la salvaguarda de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social.
2. En criterio de la parte actora, tales garantías resultaron quebrantadas por
parte de la autoridad judicial accionada con ocasión de la sentencia de segunda
instancia del 22 de octubre de 2021, que revocó la proferida en primera instancia por
el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá el 3 de noviembre de 2020 que
1
En específico “respecto a la violación directa de la constitución, el defecto sustantivo por falta de
aplicación de una norma jurídica, y la pretensión subsidiaria respecto de revocar la condena en
costas”.
2 Remitida el 10 de diciembre de 2021 al buzón electrónico de la Secretaría General de la Corporación
(secgeneral@consejodeestado.gov.co)
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Demandante: Flor Alba Ballesteros Vásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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había accedido parcialmente a las pretensiones formuladas al interior del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado contra el Departamento
de Cundinamarca, para en su lugar, negar lo solicitado. Dicho proceso se identificó
con el número de radicado 25899-3333-002-2019-00139-00/1.
1.2 Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la tutelante solicitó en su escrito lo siguiente:
“[…] 1.- Que se ordene tutelar los derechos fundamentales de mi mandante Flor Alba
Ballesteros Vásquez identificado (a) con la CC 20-624.908 a la igualdad, a la
seguridad social, a la favorabilidad y al debido proceso y en su lugar disponer que el
H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Sub Sección "E"
proceda a fallar el proceso de conformidad con el precedente jurisprudencial vertical
establecido por el H. Consejo de Estado con sentencia de la Sección Segunda del 28
de Junio de 2012, con ponencia del doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
expediente No. 25000-23-25-000-2007-00433-01 cuales (sic) ordenó tener en cuenta
para la liquidación de las cesantías retroactivas TODOS LOS FACTORES
SALARIALES DEVENGADOS.
PETICIONES SUBSIDIARIAS
2-. Que se ordene Tutelar los derechos fundamentales de mi mandante Flor Alba
Ballesteros Vásquez identificado (a) con la C.C. No. 20.624.908 a la igualdad, a la
seguridad social, a la favorabilidad y al debido proceso y en su lugar disponer que el
H. Tribunal Administrativo Sección Segunda Sub Sección "E" proceda a proferir un
nuevo fallo ordenando revocar la condena en costas ya que en ningún momento
actuó de mala fe ni en procura de desgastar el aparato judicial […]”.
1.3. Hechos
4. La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan,
los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:
5. La accionante laboró en la Secretaría de Educación del Departamento de
Cundinamarca desde el 2 de mayo de 1979 hasta el 31 de diciembre de 2016, fecha
en la cual se retiró del servicio.
6. El 1 de junio de 2017, presentó solicitud ante la Secretaría de Educación del
Departamento de Cundinamarca para efectos de que se reconociera y ordenara el
pago de sus cesantías definitivas.
7. Mediante Resolución 2056 del 31 de octubre de 2017, notificada el 2 de
noviembre del mismo año, le fueron reconocidas las cesantías definitivas por valor de
$49.275.244 sin que se hubiera incluido la prima técnica como factor de liquidación.
Dicho monto se canceló hasta el día 8 de noviembre de 2017.
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8. Posteriormente, el 24 de abril de 2018, la tutelante presentó derecho de
petición ante la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca en el
que solicitó la reliquidación de las cesantías definitivas reconocidas con la inclusión
de todos los factores salariales devengados, entre ellos, la prima técnica reconocida
según lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Asimismo, pidió que
las sumas le fueran pagadas con inclusión de la respectiva sanción por mora.
9. Tales peticiones fueron resueltas desfavorablemente mediante Resolución
Nro. 0848 del 1 de junio de 2018. Lo anterior porque el Departamento de
Cundinamarca consideró que las cesantías reconocidas fueron liquidadas conforme
el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, esto es, con la inclusión del sueldo, auxilio
de alimentación, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificación por servicios
prestados. De igual forma manifestó que no había lugar a la indemnización solicitada.
10. Como consecuencia de lo anterior, y luego de adelantar trámite conciliatorio, el
cual resultó fallido, el 15 de noviembre de 2018, la actora promovió demanda contra
el Departamento de Cundinamarca, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
11. Como pretensiones de su demanda solicitó i) se declarara la nulidad de la
Resolución Nro. 0848 del 01 de junio de 2018, mediante la cual el Departamento de
Cundinamarca negó la revisión de la liquidación de las cesantías retroactivas con
todos los factores salariales; ii) se ordenara el pago de la liquidación reajustada de
las cesantías retroactivas definitivas, con el valor total de los factores salariales
certificados, y con todos aquellos devengados en el último año de servicios
incluyendo la prima técnica; iii) se ordenara la actualización monetaria sobre la
prestación que se reconociera y el pago de intereses moratorios; y iv) se dispusiera
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en el parágrafo del
artículo 2 de la Ley 244 de 1995, adicionada y modificada por el artículo 5 de la Ley
1071 de 2006.
12. El conocimiento de dicho asunto correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo de Zipaquirá que, mediante sentencia de 3 de noviembre de 2020,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En específico, dicha
autoridad judicial declaró la nulidad de la Resolución Nro. 0848 del 1 de junio de
2018 mediante la cual se había negado la reliquidación de las cesantías definitivas y
el pago de la sanción moratoria por parte del Departamento de Cundinamarca. A
título de restablecimiento del derecho ordenó el reajuste y pago de las cesantías
reconocidas, con inclusión del factor salarial de prima técnica, y reconoció, a su vez,
la sanción moratoria solicitada.
13. Para fundamentar su decisión el juez ordinario de primera instancia sostuvo
que la fecha de vinculación de la accionante a su cargo fue con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996. Por tanto, sus cesantías definitivas
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debían ser liquidadas bajo el régimen retroactivo y conforme las prerrogativas del
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, según el cual, la prima técnica es un factor
salarial a tener en cuenta.
14. El Departamento de Cundinamarca interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primer grado, cuyo conocimiento correspondió a la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Este juez colegiado,
en providencia de 22 de octubre de 2021, revocó la decisión de primer grado, luego
de declarar de oficio la excepción innominada de enjuiciar actos distintos a los que
definieron una situación jurídica en particular, inhibiéndose para realizar
pronunciamiento de fondo respecto a la pretensión relacionada con la reliquidación
de las cesantías definitivas y negando las referidas con el reconocimiento y pago por
concepto de sanción moratoria. Asimismo, condenó en costas a la parte
demandante.
15. Para fundamentar su postura, el tribunal manifestó que tratándose de
cesantías definitivas, el Consejo de Estado ha precisado que el acto que debe ser
objeto de demanda es el que reconoce tal prestación y, en el caso de la accionante,
se pretendió la nulidad de un acto diferente al que definió su situación particular.
16. En específico, sostuvo que la actuación que definió la situación particular de la
demandante, relacionada con la correcta liquidación de las cesantías definitivas fue
la Resolución No.02056 de 31 de octubre de 2017, acto que no fue demandado.
Concretamente, sostuvo lo siguiente:
“Luego entonces, como la demandante, en un intento por revivir términos solicita la
nulidad de la Resolución No. 0848 de 1 de junio de 2018 y no demanda el acto que
definió su situación particular de las cesantías definitivas, la sala declarará probada la
excepción innominada de "enjuiciar actos distintos a los que definió su situación
jurídica particular” y en consecuencia, no se pronunciará de fondo sobre las
pretensiones dirigidas a la correcta liquidación de dicha prestación social. […]”.
17. No obstante lo anterior, sostuvo que como el acto demandado, pese a no ser
el que definió la situación particular de la actora respecto de las cesantías, sí negó la
pretensión relacionada con el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se pronunciaría de fondo frente a dicho aspecto.
En concreto, sostuvo que ese pago está restringido a los servidores vinculados a la
administración con posterioridad a la expedición de la Ley 344 de 1996, situación que
no se predicaba de la accionante. Por lo tanto, negó dicha solicitud
1.4. Fundamentos de la vulneración
18. La parte actora alegó que mediante la sentencia de 22 de octubre de 2021, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E incurrió
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en i) desconocimiento del precedente judicial, ii) violación directa de la Constitución y
iii) defecto sustantivo.
19. Respecto al desconocimiento del precedente, expresó que la autoridad judicial
accionada, al resolver el asunto, no atendió la sentencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado del 28 de junio de 2012 expediente Nro. 2500-23-25-000-2007-
00433-01, oportunidad en la que esta Corporación se refirió a la obligatoriedad de
liquidar las cesantías retroactivas con base en el último sueldo devengado y con
todos los factores que constituyen salario y que fueron percibidos, respecto de los
servidores públicos vinculados antes del 30 de diciembre de 1996.
20. En lo que atañe a la violación directa de la Constitución, sostuvo que la
autoridad enjuiciada desconoció los artículos 48, 53 y 93 en el sentido que los
derechos laborales son irrenunciables.
21. Frente al reproche relacionado con el defecto sustantivo, el extremo
accionante señaló que el juez de alzada desconoció que, de conformidad con los
artículos 41 y 102 de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, contaba con el
término de 3 años para llevar a cabo la reclamación de sus derechos laborales.
22. Indicó frente a este reproche que teniendo en cuenta que las cesantías
definitivas fueron reconocidas mediante Resolución Nro. 02056 del 31 de octubre de
2017, y que solicitó su reliquidación el 24 de abril de 2018, ello indicaba que efectuó
la reclamación dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que el derecho se hizo
exigible, con lo cual, “no se presentó el fenómeno de la prescripción”.
23. Sostuvo que, en todo caso, dentro de los 4 meses siguientes a la notificación
de la Resolución Nro. 0848 del 1 de junio de 2018, que negó la solicitud de
reliquidación de las cesantías, y después de cumplir con el requisito de procedibilidad
de la conciliación prejudicial, interpuso la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho impidiendo “que se presentara también el fenómeno de la caducidad”.
24. Asimismo, puso de presente que el juez de alzada violó “por falta de aplicación
y mala interpretación”, la Ley 6 de 1945 (art. 17), el Decreto 1160 de 1947 (art. 6
parágrafo 1), el Decreto 3118 de 1968 (art. 29) y el Decreto 1045 de 1978 (art. 45) al
no incluir en la liquidación todos los factores que constituyen salario.
25. Finalmente, mencionó que también se desconoció el artículo 2 de la Ley 244
de 1995, sobre el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el
pago tardío de sus cesantías.
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1.5. Actuaciones relevantes
1.5.1. Admisión de la acción de tutela
26. Mediante auto del 15 de diciembre de 2021, el magistrado ponente de la
Sección Primera del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y ordenó
notificar a la demandante y a la Sección Segunda, Subsección E del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en calidad de autoridad accionada.
27. Asimismo, dispuso vincular al Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá y
al Departamento de Cundinamarca por tener interés en el resultado del mecanismo
constitucional promovido, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.
1.5.2. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.2.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E
28. Solicitó negar las pretensiones de la tutela por cuanto aseguró que no se
configuraron los yerros señalados por la actora, habida cuenta que al no haber sido
controvertido el acto administrativo que definió la situación jurídica en materia de
cesantías de la demandante, no era posible emitir decisión de fondo frente a la
pretensión de reliquidación de dicha prestación, lo que en consecuencia conllevó a la
declaratoria de una excepción innominada.
1.5.2.2. Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá
29. Expuso que no podía efectuar pronunciamiento en razón a que el expediente
se encontraba en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda
surtiéndose el recurso de alzada contra la decisión tomada en primera instancia por
tal despacho.
1.5.2.3. El Departamento de Cundinamarca, pese a ser notificado en debida
forma, guardó silencio frente al trámite que se adelanta.
1.5.3. Sentencia de primera instancia
30. La Sección Primera de esta Corporación mediante providencia de 3 de febrero
de 2022, al analizar los defectos alegados, precisó que prescindiría del estudio del
yerro relacionado con la violación directa de la Constitución por considerar que el
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asunto no revestía relevancia constitucional.
31. Ello, en el entendido que, en su sentir, la actora no estableció las razones
jurídicas que en el caso concreto acreditaban que el juez colegiado vulneró sus
derechos fundamentales por haber efectuado una i) interpretación de las normas
jurídicas contrarias a la Constitución o que ii) en la solución del caso se haya dejado
de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional.
32. Igualmente, el a quo sostuvo que tampoco realizaría el estudio del presunto
defecto sustantivo por falta de aplicación del artículo 2 de la Ley 244 de 1995,
relacionado con la sanción moratoria, ni tampoco respecto a la pretensión subsidiaria
frente a la condena en costas procesales. Ello, por considerar que no se cumple con
el requisito de relevancia constitucional por tratarse de asuntos que tienen su origen
en un debate estrictamente legal y económico, y que además, ya fueron decididos
por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional
hacer un pronunciamiento adicional.
33. Así las cosas, realizó el estudio de los defectos referidos de i)
desconocimiento del presente judicial y ii) sustantivo respecto a la presunta
aplicación indebida de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del Decreto
1848 de 1969, y literal c del numeral 2 el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y la
falta de aplicación del artículo 17 de la Ley 6 de 1945, el parágrafo 1 del artículo 6 del
Decreto 1160 de 1947, el artículo 29 del Decreto 3118 de 1968 , y el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, luego de considerar que tales reparos si revestían relevancia
constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social.
34. En primer lugar, luego de referirse a las generalidades del defecto sustantivo y
de citar las disposiciones presuntamente desconocidas, arribó a la conclusión que la
aplicación de las mismas no tenía la incidencia pretendida por la actora respecto de
la decisión censurada.
35. Lo anterior, por cuanto del análisis de los fundamentos jurídicos por los cuales
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
resolvió declararse inhibido y no pronunciarse de fondo respecto de la pretensión de
reliquidar las cesantías definitivas, se observaba que la razón principal de tal
resolutiva no guardaba relación alguna con las normas presuntamente desconocidas,
sino, fundamentalmente, con el hecho que en la demanda se enjuició un acto
administrativo que no fue el que definió la situación jurídica de la accionante frente a
sus cesantías, con lo cual, se consideró que la demanda adolecía de ineptitud.
36. En el mismo sentido, frente al reparo relacionado con que el juez de alzada
desconoció el precedente judicial establecido en la sentencia de 28 de junio de 2012,
proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del expediente del
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proceso identificado con el número único de radicación 25000-23-25-000-2007-
00433-01, señaló que la aplicación de este precedente no tiene la incidencia que
pretende la tutelante respecto de la decisión reprochada, toda vez que lo resuelto
tuvo sustento, única y exclusivamente, en la aplicación que hizo la autoridad judicial
demandada de la jurisprudencia del Consejo de Estado respecto de enjuiciar actos
distintos a los que definen la situación jurídica en materia de cesantías.
37. En definitiva, en el fallo de tutela de primera instancia se declaró improcedente
los cargos relativos a la causal por violación directa de la constitución, el defecto
sustantivo por falta de aplicación de la norma relacionada con la sanción moratoria y
la pretensión subsidiaria relativa a revocar la condena en constas, por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional. A su vez, se negó el amparo pretendido por la
accionante luego de constatar que la autoridad judicial demandada no incurrió en
defecto sustantivo por falta de aplicación de las disposiciones que sí fueron
estudiadas, ni tampoco desconoció el precedente judicial.
1.5.4. Impugnación
38. Por escrito radicado oportunamente el 22 de febrero de 2022, la parte
accionante impugnó la sentencia de primera instancia proferida por la Sección
Primera de esta Corporación.
39. La parte actora mencionó su inconformidad con la decisión del a quo de no
haber encontrado constitucionalmente relevante la pretensión subsidiaria contenida
en la tutela relativa a la condena en costas impuesta por la autoridad judicial
accionada al resolver la alzada mediante la sentencia censurada.
40. En este sentido, manifestó que no se probó mala fe o temeridad al promover el
proceso y que si bien era cierto que se puso en movimiento el aparato de justicia, era
claro que por el tipo de proceso, no se ocasionó ningún tipo de gasto extra como
peritajes o designación de secuestres y demás figuras procesales que ocasionaran
un desgaste o detrimento económico adicional al que tendría cualquier proceso en
curso.
41. En tal contexto, solicitó se amparen sus derechos, y como consecuencia de
ello, se ordene a la autoridad accionada no condenar en costas al accionante, para lo
cual trajo a colación las normas que regulan dicha figura y pronunciamientos de esta
Corporación en torno a la misma.
42. Luego de exponer sus reproches frente a la improcedencia declarada por la
Sección Primera del Consejo de Estado frente a lo relacionado con la condena en
costas por no ser constitucionalmente relevante, reprodujo textualmente todos los
defectos desarrollados en el escrito de tutela.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
43. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra
de la sentencia de primera instancia proferida el 3 de febrero de 2022 por la Sección
Primera de esta Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de
la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo
80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
41 Frente a este punto, la Sala advierte que la señora Flor Alba Ballesteros
Vásquez está legitimada en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo
86 de la Constitución Política y los artículos 1, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de
1991.
42 Lo anterior por cuanto fungió como parte demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Departamento de
Cundinamarca, en el que pretendía que, entre otras, se declarara la nulidad de la
Resolución Nro. 0848 del 01 de junio de 2018 y se ordenara a su favor el pago de la
liquidación reajustada de las cesantías retroactivas definitivas, con el valor total de
los factores salariales certificados, y con todos aquellos devengados en el último año
de servicios incluyendo la prima técnica, así como que se dispusiera el
reconocimiento y pago de la respectiva sanción moratoria.
43 Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E está legitimado en la causa por
pasiva, por ser la autoridad judicial que profirió la decisión de segunda instancia al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al que se ha
aludido en líneas anteriores, cuya resolutiva censura la accionante.
2.3. Problema jurídico
44 Corresponde en este caso determinar si de conformidad con la situación
fáctica expuesta, el material probatorio recaudado y los argumentos planteados en el
escrito de impugnación hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado por medio del cual
se declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia respecto de la
violación directa de la Constitución, el defecto sustantivo por falta de aplicación de la
sanción moratoria y la pretensión subsidiaria relativa a revocar la condena en costas;
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y negó frente al defecto sustantivo respecto a las normas estudiadas y el
desconocimiento del precedente judicial.
Para este fin, se deberán resolver los siguientes interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial por los cargos propuestos?
De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, al
proferir la sentencia de segundo grado en la que declaró de oficio la excepción
innominada de enjuiciar actos distintos a los que definieron la situación jurídica de la
actora respecto a sus cesantías y al condenarla en costas, incurrió en los defectos
que se le atribuyen, y en consecuencia, vulneró los derechos fundamentales
respecto de los cuales se solicitó el amparo?
45. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i)
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii)
estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad de cara al sub-lite y de
superarse, (iii) caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
46. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales5.
47. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20146. En esta providencia se
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia7 y ocho defectos especiales en
los que puede incurrir una providencia judicial8.
48. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y quinto
de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta con los
requisitos especiales.
49. Por tanto, de manera reiterada se han estudiado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente
la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
50. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección analizará la
carga argumental alegada por la parte actora. A su vez, cuando se invoca el defecto
procedimental absoluto se estudiará que la irregularidad procesal tenga un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna. En este mismo sentido, la
7 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son:
i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
8 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de
la Constitución.
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sala ha establecido que para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no
intente reabrir el debate de instancia.
51. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
52. Como se ha puesto de presente, la parte actora cuestionó el actuar del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E al proferir
la sentencia del 22 de octubre de 2021 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado. N.° 25899-3333-002-2019-00139-00/1, e
indicó que con dicha decisión se le desconocieron sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y a la seguridad social.
53. Ello, por cuanto la sentencia enjuiciada revocó la proferida en primera
instancia por el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá el 3 de noviembre de
2020 que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta
contra el Departamento de Cundinamarca, para en su lugar, negar la reliquidación de
las cesantías y el pago de la sanción moratoria, y condenar en costas a la
accionante.
54. Tal y como se expuso en el numeral 1.5.3 de esta providencia, la Sección
Primera de esta Corporación, como juez de primera instancia, declaró la
improcedencia del mecanismo de amparo por no encontrar constitucionalmente
relevantes los reproches relacionados con la violación directa de la Constitución, el
presunto defecto sustantivo por falta de aplicación del artículo 2 de la Ley 244 de
1995 (sanción moratoria), ni la pretensión subsidiaria frente a la condena en costas
procesales impuesta en la sentencia objeto de censura.
55. En concepto del a quo, en lo que tiene que ver con la violación directa de la
Constitución la actora no estableció las razones jurídicas que en el caso concreto
acreditaban que el juez colegiado vulneró sus derechos fundamentales por haber
efectuado una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias al Texto Superior o
que ii) en la solución del caso se haya dejado de interpretar y aplicar una disposición
legal de conformidad con el precedente constitucional.
56. Frente a los demás asuntos de los que prescindió en su estudio por considerar
que no se acreditaba su relevancia constitucional (sanción por mora y condena en
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costas), sostuvo que los mismos encontraban su origen en un debate estrictamente
legal y económico, y que además, ya fueron decididos por el juez natural de la causa,
por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento
adicional.
57. Con las precisiones anteriores, resulta importante poner de presente que esta
Sala reconoce relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela,
estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o
garantía de rango fundamental, como lo son las prestaciones sociales como las
cesantías. No obstante, el fundamento en que se erige el presunto defecto sustantivo
por la inaplicación del artículo 2 de la Ley 244 de 1995, no recae sobre la prestación
social, sino, en estricto sentido, sobre la sanción establecida por su pago
extemporáneo.
58. Sobre este asunto, la Corte Constitucional estableció, en la sentencia SU-573
de 2019, que los asuntos en que se controvierten providencias judiciales para
cuestionar el no reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías no supera el requisito de la relevancia constitucional. Es importante
resaltar que la providencia de unificación tiene unos elementos fácticos que guardan
identidad con el asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo
contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías.
59. En la providencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló que el
carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza de
prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda
temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, “solo en la medida en que lo
reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta
que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la
seguridad social del trabajador”9.
60. De acuerdo con el precedente establecido por el Tribunal Constitucional, el
reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter
irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión de
garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social. No obstante, la Corte aclaró que no
ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción
moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo tales cesantías. Lo anterior
porque tal monto tiene naturaleza sancionatoria y, eminentemente legal, lo que no da
lugar a la intervención del juez constitucional.
61. Por lo expuesto, la Sala reiterará la postura de la Corte Constitucional y, en
consecuencia, confirmará la improcedencia de la acción de tutela declarada en
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019.
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primera instancia por la Sección Primera de esta Corporación respecto al reproche
relacionado con la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías por no cumplir
con el requisito adjetivo de la relevancia constitucional. Es importante resaltar que
esta posición ya ha sido adoptada por esta Sala de decisión en varias providencias
anteriores en las que también se controvirtió vía acción de tutela sentencias
ordinarias en las que se habían negado solicitudes de la sanción en comento10.
62. Ahora bien, en lo que atañe a la condena en costas impuesta en la sentencia
del 22 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, esta Sala coincide con el a quo al señalar que dicho
aspecto tampoco está revestido de relevancia constitucional, como pasa a
explicarse:
63. La parte actora adujo que la autoridad judicial accionada desconoció las
prerrogativas contenidas en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 para determinar
la procedencia o improcedencia de su imposición pues era claro que por el tipo de
proceso, no se ocasionó ningún tipo de gasto extra como peritajes o designación de
secuestres y demás figuras procesales que ocasionaran un desgaste o detrimento
económico.
64. En este sentido, para la Sala resulta claro que este aspecto específico de la
controversia se circunscribe a una cuestión meramente legal y de carácter
patrimonial, en el sentido que la inconformidad de la tutelante gira en torno a la
viabilidad o no de imponerle dicha sanción, de modo que la situación descrita es “de
competencia exclusiva del juez ordinario”11 y, por ello, al juez constitucional no le
corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
65. Ahora bien, con relación a este tema la Corte Constitucional precisó que la
acreditación de este requisito “supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que
una simple relación con aquel”12 y que el mismo, a su vez, tiene tres finalidades, a
saber:
“(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
10 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta: sentencia 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00, M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil; sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra; fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU 573 de
2017 y C-590 de 2005.
12 Ibídem.
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adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 13.
66. En este orden de ideas, la Sala también confirmará la improcedencia
declarada en primera instancia de la solicitud de tutela de la referencia en cuanto a la
censura de la condena en costas impuesta en la decisión acusada, toda vez que el
reclamo solicitado por la parte actora carece de relevancia constitucional en atención
a que la controversia tiene connotaciones particulares o privadas que se reducen a
un debate meramente legal y económico, más no de índole constitucional14.
67. Ahora bien, la Sala considera que el a quo no debió prescindir del estudio del
cargo de violación directa de la Constitución por el presunto desconocimiento de la
autoridad enjuiciada de sus artículos 48, 53 y 93 relacionados con la irrenunciabilidad
de los derechos laborales por no acreditarse, en su sentir, la relevancia
constitucional. Ello, en la medida que, como se anotó, tal reproche sí recayó sobre la
prestación social –cesantías- en concreto, más no, respecto de la sanción
establecida por su pago extemporáneo, de tal suerte que se estima que dicho asunto
sí es constitucionalmente relevante, razón por la cual en un acápite posterior se hará
el análisis de fondo correspondiente.
68. Resuelto lo anterior, la Sala considera que el requisito de relevancia
constitucional se encuentra superado respecto de los reproches relacionados con la
i) violación directa de la Constitución (arts. 48, 53 y 93), el ii) desconocimiento del
precedente judicial (Sentencia de 28 de junio de 2012, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del expediente del proceso identificado con
el número único de radicación 25000-23-25-000-2007-00433-01) y ii) el defecto
sustantivo15, comoquiera que a partir de tales reproches se controvierte la
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la
seguridad social.
69. En este sentido, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión.
70. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza
de garantías superiores, que después de haber agotado el procedimiento legal
13 Ibídem.
14 En igual sentido resolvió la Sección Quinta del Consejo de Estado a través de las sentencias del 20
de enero de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-05195-01 , M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; 6 de
agosto de 2020, exp. 11001-03-15-000-2020-03080-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y del 07
de mayo de 2020. Oportunidades en las que se reiteró el criterio de declarar la improcedencia de la
acción de tutela frente a la petición relacionada con la violación de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por la imposición de la condena en costas
al demandante
15 Respecto a la presunta aplicación indebida de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del
Decreto 1848 de 1969, y literal c del numeral 2 el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y la falta de
aplicación del artículo 17 de la Ley 6 de 1945, el parágrafo 1 del artículo 6 del Decreto 1160 de 1947,
el artículo 29 del Decreto 3118 de 1968, y el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
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administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, se acuda al
mecanismo constitucional establecido para la salvaguarda de los derechos
fundamentales.
2.6.2. Tutela contra tutela
71. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito, pues a través de la
presente acción constitucional se cuestiona la decisión adoptada en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, a la que se ha hecho referencia en líneas anteriores y que culminó el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la señora Flor Alba
Ballesteros Vásquez.
2.6.3. Inmediatez
72. La tutela se ejerció en un término razonable, toda vez que la sentencia
enjuiciada, que corresponde a la que puso fin al proceso ordinario, se profirió el 22
de octubre de 2021 y la acción constitucional se radicó vía correo electrónico el 10 de
diciembre del mismo año al buzón web de la Secretaría General del Consejo de
Estado, por lo que, sin necesidad de identificar la fecha de notificación y aquella en la
que cobró ejecutoria, se advierte que hubo un ejercicio oportuno.
73. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 16,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200517, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el
amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.
2.6.4. Subsidiariedad
74. De la redacción del artículo 86 de la Constitución Política y de las normas que
lo desarrollan consagradas en el Decreto Ley 2591 de 1991, se desprende el
carácter subsidiario de la acción de tutela, en cuanto procede únicamente cuando el
afectado no haya dispuesto o disponga de otros medios de defensa judicial, en ese
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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segundo evento, esto es, que aun cuente con ellos, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
75. El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales “diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para el
restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas inmediatas,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras la
autoridad judicial competente decide de fondo la acción correspondiente”18.
76. Descendiendo al caso concreto, según se desprende de los argumentos
esgrimidos por la actora en su escrito de tutela e impugnación, a la autoridad judicial
accionada se le atribuyó, al proferir la sentencia de segunda instancia, haber
incurrido en los defectos de i) violación directa de la Constitución, ii) desconocimiento
del precedente judicial y iii) sustantivo.
77. En este sentido, la Sala abordará el estudio del caso a partir de los yerros
señalados que fueron expuestos en la tutela, y reiterados en la impugnación, pues
los argumentos sobre los que se sustentan no se enmarcan en las causales taxativas
previstas por el legislador en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo
71 de la Ley 2080 de 2021, con relación a la procedencia del recurso extraordinario
de revisión y al de unificación de jurisprudencia, con lo cual se considera superado el
requisito de subsidiariedad frente a los mismos.
2.7. Generalidades de los defectos alegados
78. A continuación, se caracterizarán brevemente los yerros señalados y de cara a
los mismos se resolverá, en el caso concreto, hay lugar a conceder el amparo de los
derechos fundamentales sobre los que se invocó la protección constitucional.
2.7.1. Violación directa de la Constitución
79. Con relación a este yerro, la Corte Constitucional ha sostenido que el mismo
se estructura cuando:
“(a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental
de aplicación inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos
18 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao, T-130 del 23.02.2010,
M.P. Juan Carlos Henao, T-318 del 12.05. 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo, entre otras.
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fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución. En el segundo caso, el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que
con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo
caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es
incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con
preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad”19.
2.7.2. Defecto sustantivo
La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la
autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que
evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de
la razonabilidad jurídica”20.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o
se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma.
c) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en
la disposición.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
80. Conforme lo anterior, procederá entonces el amparo constitucional cuando se
acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que
se han presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la
carga argumentativa suficiente.
2.7.3. Desconocimiento del precedente judicial
81. Para la Sala el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta
corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un
19
Ver, entre otras, las sentencias de unificación de la Corte Constitucional 024 y 069 de 2018.
20Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-159 de 06.03.02., M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
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determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, crea
una regla aplicable a los demás asuntos que se funden en los mismos
supuestos de hecho.
82. Lo anterior tiene lugar en el ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces, ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la
forma en que debe dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en
caso de vacíos normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.
83. Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad creadora de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.
84. Sin embargo, se precisa que no todas las decisiones judiciales generan una
regla o subregla, pues aquellas corresponden más al resultado de la aplicación al
caso en concreto de la norma cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin
que exista necesariamente una actividad creadora del juez como tal21.
85. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el
desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que considera desatendida;
(ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.
2.8 . Caso Concreto
86. Tal y como se ha mencionado, en el presente asunto la tutelante adujo que la
autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en el
desconocimiento del precedente judicial, en el defecto sustantivo y en violación
directa de la Constitución.
87. Al respecto, la Sala advierte que estos defectos serán resueltos de manera
conjunta, por contener un sustento argumentativo similar, en la medida que la parte
actora considera que la autoridad judicial accionada desconoció que, en atención a
su fecha de ingreso laboral y el régimen aplicable, tenía derecho a la reliquidación de
las cesantías que le fueron reconocidas por parte del Departamento de
Cundinamarca; no obstante ello, el fundamento de la sentencia enjuiciada ni siquiera
abordó de fondo el asunto.
21 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
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Demandante: Flor Alba Ballesteros Vásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11483-01
88. De manera anticipada, la Sala anuncia que en el caso concreto no se
materializaron los defectos señalados por la actora como se procede a explicar:
89. Tal y como expuso el a quo constitucional, del análisis de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, es posible advertir que dicha colegiatura revocó la decisión de primer
grado que había accedido a las pretensiones del medio de control promovido pero
única y exclusivamente por el hecho de haber encontrado configurada la excepción
innominada de no haber demandado los actos que definieron la situación jurídica de
la actora respecto a sus cesantías, por lo cual se inhibió para realizar
pronunciamiento de fondo respecto a la pretensión relacionada con la reliquidación.
90. Para fundamentar su resolutiva, el juez de la alzada expuso que tratándose de
cesantías definitivas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que el
acto que debe ser objeto de demanda es el que reconoce tal prestación y, en el caso
de la accionante, se pretendió la nulidad de un acto diferente al que definió su
situación particular.
91. En específico, sostuvo que la actuación que definió la situación concreta de la
demandante, relacionada con la correcta liquidación de las cesantías definitivas, fue
la Resolución No.02056 de 31 de octubre de 2017, la cual no fue demandada y,
con acierto, determinó que por tratarse las cesantías de una prestación unitaria que
fue reconocida una vez finalizó el vínculo laboral, su reclamación por vía judicial
estaba sujeta al término de caducidad de 4 meses previsto en el literal d) del numeral
2 del artículo 164 del CPACA.
92. Bajo tal entendido, concibió que la petición formulada por la accionante el día
24 de abril de 2018 ante la Secretaría de Educación del Departamento de
Cundinamarca en la que solicitó la reliquidación de las cesantías definitivas
reconocidas el 31 de octubre de 2017, esto es, casi 6 meses atrás, mediante la
Resolución No.02056, y respecto de la cual resolvió desfavorablemente la entidad a
través de la Resolución Nro. 0848 del 1 de junio de 2018 –la cual sí fue
demandada- se constituyó en un intento por revivir los términos.
93. En tal orientación, la autoridad judicial accionada determinó que la actora no
demandó, como correspondía, la actuación de la administración que definió su
situación particular (Resolución No.02056 de 2017) que fue la que reconoció
inicialmente sus cesantías, sino el acto administrativo que surgió de su intención de
revivir términos (Resolución Nro. 0848 de 1 de junio de 2018). En consecuencia, al
encontrar probada la excepción innominada de haber demandado un acto distinto al
que creo, modificó o extinguió la situación jurídica concreta, se abstuvo de realizar un
pronunciamiento de fondo en torno a las pretensiones relacionadas con la
reliquidación de la prestación social.
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94. En efecto, lo señalado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E con relación al término de caducidad en estos
asuntos, se acompasa con la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual:
“Es necesario concluir que cuando el asunto que se plantea ante la jurisdicción esté
relacionado con las cesantías en vigencia de la relación laboral, éstas tienen la
naturaleza de prestación periódica, contrario sensu si ha finalizado el vínculo,
adquiere la naturaleza de unitaria, lo que se traduce en que su reclamación por vía
judicial no puede presentarse en cualquier tiempo, sino en atención al término
previsto en el literal d) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA.
(…). De lo expuesto, resulta claro que la pretensión de liquidación de las cesantías en
atención al régimen retroactivo que depreca la demandante en sede judicial, se
describe como prestación unitaria, al haber finalizado su vínculo laboral y no como
periódica, tal como lo refirió en el recurso de apelación. Bajo este presupuesto, el
acto administrativo está sometido al término de 4 meses para demandar su
nulidad.
(…). La demandante al originar un nuevo pronunciamiento de la entidad demandada
a través del oficio S-2016-128412 del 26 de agosto de 2016, desconoció lo
denominado por la jurisprudencia como cosa decidida en materia administrativa,
razón por la cual el referido acto administrativo no tiene la virtualidad de revivir
términos para la presentación oportuna del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho” 22. (Énfasis de la Sala).
95. En razón a lo expuesto y sin lugar a mayores disquisiciones frente al
particular, resulta diáfano para esta Sala de Decisión que las normas y jurisprudencia
que la actora señaló como desconocidas, no tienen relación alguna con las razones
en que se fundamentó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
se censura, en la medida que dicha autoridad no se pronunció de fondo en torno al
hecho que la demandante tuviera o no derecho a la reliquidación de cesantías
pretendida, sino que el medio de control promovido no solo se dirigió contra un acto
diferente al que definió su situación jurídica, sino que, en esencia, caducó.
96. Finalmente, y en lo que atañe al cargo relacionado con la violación directa de
la Constitución, la Sala coincide con el juez de primeria instancia en el sentido que la
parte actora no presentó las razones jurídicas que acreditaban que en el sub júdice,
la autoridad accionada, conforme la jurisprudencia constitucional para que se
consolide este yerro, efectuó una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a
la Constitución o que ii) en la solución del caso dejó de interpretar y aplicar una
disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, con lo cual se
haya consolidado una vulneración de los derechos fundamentales deprecados. Por lo
tanto, la accionante no planteó este cargo con un mínimo sustento argumentativo
que permitan a la Sala estudiar el reproche. En consecuencia, el defecto de violación
22 Sentencia de la Sección Segunda del 13.02.20. Rad. No. 25000-23-42-000-2017-01035-01. M.P.
William Hernández Gómez.
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directa de la constitución será negado.
2.9. Conclusión
97. Para esta colegiatura, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, al proferir la sentencia del 22 de octubre de 2021, mediante
la cual revocó lo decidido por el Juez Segundo Administrativo de Zipaquirá, no
incurrió en los defectos alegados por la parte tutelante.
98. Lo anterior, puesto que el ad quem no se pronunció de fondo frente a la
pretensión relacionada con la reliquidación de las cesantías al constatar que la
demandante no enjuició los actos que definieron su situación respecto a tal
prestación, conforme la jurisprudencia en la materia, lo cual implicaba la ineptitud de
la demanda e incluso que hubiera operado la caducidad del medio de control
promovido.
99. Bajo tal orientación, esta Sala de Decisión modificará la providencia del 3 de
febrero de 2022, proferida por la Sección Primera de esta Corporación en lo referido
al cargo de violación directa de la Constitución.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia del 3 de
febrero de 2022, proferida por la Sección Primera de esta Corporación para en su
lugar DECLARAR la improcedencia de la tutela frente al defecto sustantivo por la
sanción moratoria y la pretensión relacionada con la condena en costas procesales y
NEGAR el amparo solicitado respecto de la violación directa de la Constitución, el
defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente judicial.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y
envíese copia de aquella al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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