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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01048-00

Relevancia constitucional

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
152 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01048-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Problema jurídico

  1. ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

Reglas

  1. Las tutelas contra providencias que negaron la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías no superan el requisito de relevancia constitucional.

    «se controviertan providencias judiciales en las que se negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías»
  2. La sanción moratoria tiene naturaleza sancionatoria y legal, por lo que no da lugar a la intervención del juez constitucional.

    «tal monto tiene naturaleza sancionatoria y, eminentemente legal, lo que no da lugar a la intervención del juez constitucional»
  3. La relevancia constitucional se reconoce a las pretensiones ligadas a prestaciones sociales, pero en el caso no se discute la prestación sino la sanción por su pago extemporáneo.

    «no se discute sobre la prestación social sino acerca de la sanción establecida por su pago extemporáneo»

Decisión

Declara improcedente la acción de tutela contra las sentencias que negaron la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías, por no superar el requisito de relevancia constitucional. Niega la desvinculación del Ministerio de Educación Nacional y de la Fiduprevisora S.A.

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación solicitada por el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora S.A., por lo motivos explicados en esta providencia. 10 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019. 11 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta: sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: José Apolinar Jiménez Acuña Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Rad: 11001-03-15-000-2022-01048-00 SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por el señor José Apolinar Jiménez Acuña, por no superar el requisito de la relevancia constitucional. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, dentro de los tres días siguientes a su notificación, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de la ejecutoria, conforme lo fija el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01048-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

17 de marzo de 2022

Demandante: José Apolinar Jiménez Acuña
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-01048-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2022-01048-00
Demandante: JOSÉ APOLINAR JIMÉNEZ ACUÑA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Falta de cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor José Apolinar
Jiménez Acuña contra las providencias judiciales expedidas por el Tribunal
Administrativo del Cesar y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial
de Valledupar.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 10 de febrero de 2022 por correo electrónico a
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co y luego remitido a la Secretaría General de
esta Corporación, el señor José Apolinar Jiménez Acuña, por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Cesar y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Judicial de Valledupar.
Con la presentación del amparo constitucional la parte actora solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.

2. La parte accionante considera que dichas garantías constitucionales fueron
vulneradas por las sentencias del 18 de diciembre de 2020 y 26 de agosto de 2021,
emitidas respectivamente por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar. En estas providencias
se negaron –en primera y segunda instancia– las pretensiones del actor en un

1

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Demandante: José Apolinar Jiménez Acuña
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-01048-00

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó para el
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías1.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

Primera: Sírvase Señores Magistrados Tutelar el derecho Fundamental al
Debido Proceso que le ha sido vulnerado a mi poderdante José Apolinar
Jiménez Acuña, por la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar, de fecha 18 de diciembre de
2020 y con la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar de fecha 26 de agosto de 2021, respectivamente,
mediante el cual declara la prescripción extintiva del derecho en contra del
docente José́ Apolinar Jiménez Acuña, dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho radicado 20001 – 33 – 33 – 007 – 2019 – 00340
– 01.

Segunda: En consecuencia de lo anterior Sírvanse Honorables Magistrados
revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Valledupar, de fecha 18 de diciembre de 2020 y
la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar de fecha 26 de agosto de 2021, respectivamente, mediante (sic) el cual
declara la prescripción extintiva del derecho en contra de José́ Apolinar Jiménez
Acuña.

Tercera: Sírvanse Honorables Magistrados ordenar al Tribunal Administrativo
del Cesar, realizar una nueva sentencia en el término que usted disponga en
donde se adopten los criterios establecidos por su despacho de acuerdo a lo
establecido en la Ley 1071 de 2006 y no en la Ley 50 de 1996, tal como fue
enunciado en la presente acción.

Cuarta: Sírvanse Honorables Magistrados conminar al despacho demandado
para que en futuras ocasiones de aplicación a las disposiciones legales vigentes
y al precedente judicial que regule las situaciones jurídicas de su conocimiento.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor José Apolinar Jiménez Acuña era docente oficial en el Departamento
del Cesar.

5. El 19 de mayo de 2015, el actor solicitó el reconocimiento y pago de sus
cesantías. Estas le fueron reconocidas mediante la Resolución No. 04781 del 18 de
septiembre de 2015. Las mismas fueron canceladas al actor el 30 de diciembre de
2015.

1 El proceso ordinario fue identificado con el número de radicado 20-001-33-33-007-2019-00340-

00/1.

2

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6. El 19 de noviembre de 2018, el actor solicitó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria debido a la tardanza en la consignación de sus cesantías. La
Administración guardó silencio respecto de esta solicitud, por lo que se configuró un
acto administrativo negativo ficto.

7. Por intermedio de apoderado judicial, el demandante interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto ficto que negó su solicitud de
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.

8. Este proceso le correspondió en primera instancia al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar. Ese despacho judicial, mediante
sentencia del 18 de diciembre de 2020 negó las pretensiones de la parte actora por
encontrar probada la prescripción trienal de la sanción moratoria. En efecto, en este
fallo ordinario se señaló que el término de prescripción de la sanción moratoria por
el pago tardío de las cesantías se debe empezar a contar desde que se causa la
sanción y no desde que la administración paga la prestación social.

9. En consecuencia, en la sentencia ordinaria de primera instancia se determinó
que en el momento de la interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho ya se había configurado el fenómeno de la prescripción. Contra la
anterior decisión, el actor interpuso recurso de apelación.

10. El Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión tomada por el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, mediante
sentencia del 26 de agosto del 2021. En esta providencia el juez colegiado de
segunda instancia compartió el argumento consistente en que había operado el
fenómeno de la prescripción de la sanción moratoria, y precisó que debe empezarse
a contar desde el día en que inicia a causarse la referida sanción.

1.4. Fundamentos de la solicitud

11. La parte actora sostuvo que las sentencias dictadas por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del
Cesar incurrieron en defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial.

12. Para fundamentar estos cargos adujo que las autoridades judiciales
enjuiciadas interpretaron mal los hechos del caso y los supuestos jurídicos
establecidos en la Ley 1071de 2006, en particular el artículo 5. Lo anterior, según la
parte demandante, dio lugar al desconocimiento de la línea jurisprudencial que tiene
la Sección Segunda de esta Corporación respecto de la prescripción de la sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías para los miembros del magisterio nacional.

1.5. Trámite de la acción de tutela

3

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13. Mediante auto del 15 de febrero del 2022, el magistrado ponente admitió la
tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas. Igualmente, se
ordenó vincular en su calidad de terceros con interés, a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la
Fiduprevisora S.A. y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

14. Asimismo, se requirió a las secretarías del Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar y del Tribunal Administrativo del Cesar para que
allegaran en formato digital el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
con número de radicado 20-001-33-33-007-2019-00340-00/1.

15. Por último, en el auto admisorio se ordenó a la Secretaría General de esta
Corporación publicar en su página web copia digital de la demanda de tutela, de los
anexos que la acompañan y de aquella providencia, con el fin de que cualquier
persona que tuviera interés conociera de los referidos documentos y pudiera
intervenir en el trámite constitucional de la referencia.

1.6. Intervenciones

16. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron los siguientes
informes:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Cesar

17. El Tribunal Administrativo del Cesar rindió informe mediante escrito allegado
a la Secretaría General de esta Corporación el 22 de febrero del presente año. En
este se solicitó negar la petición de amparo porque estima que las providencias
ordinarias fueron expedidas de conformidad con las normas que regulan la materia
y los criterios jurisprudenciales de unificación establecidos por la Sección Segunda
de esta Corporación.

18. En el memorial sostuvo que, de conformidad con la sentencia de unificación
de la Sección Segunda de esta Corporación, para efectos del término de
prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, este debe
empezar a contabilizarse desde el día en que esta se causa y no desde que la
entidad paga la prestación social. Por lo tanto, el Tribunal reiteró que, según lo
establecido en la providencia de unificación, el plazo de 45 días para que se cause
la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006 se debe contabilizar de la
siguiente manera: los 15 días que tiene la administración para responder la solicitud,
después los 10 días del traslado y, por último, los 45 establecidos por la Ley 1071
de 2006. Transcurrido estos 70 días, se causa la sanción moratoria.

19. El Tribunal indicó que aplicó la regla jurisprudencial preliminar en la sentencia
ordinaria censurada por intermedio de esta acción de tutela. Puso de presente que
del estudio de los hechos llegó a la conclusión de que la oportunidad para solicitar
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la sanción moratoria estaba prescrita, ya que había pasado más de tres años desde
la fecha en que se causo la sanción y la interposición de la demanda.

20. Para fundamentar lo anterior, el Tribunal expuso que el actor interpuso la
solicitud de reconocimiento y pago de cesantías el 19 de mayo de 2015. Estas le
fueron reconocidas el 15 de septiembre y le fueron pagadas el 2 de diciembre de
ese mismo año. Por lo tanto, según la autoridad judicial enjuiciada, la sanción
moratoria se causó el 3 de septiembre de 2015. Comoquiera que el actor inició el
procedimiento para el reconocimiento de dicha sanción hasta el 19 de noviembre
de 2018, para esa fecha ya había operado el fenómeno de la prescripción trienal
establecido en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo

1.6.2. Fiduprevisora S.A.

21. La Fiduprevisora S.A. solicitó ser desvinculada del presente proceso porque
considera que las actuaciones que la parte actora aduce que le vulneraron sus
derechos fundamentales no fueron realizadas por esa entidad. Por lo tanto,
considera que no se configura el requisito de la legitimación por pasiva respecto de
esa entidad.

1.6.3. Ministerio de Educación

22. El Ministerio de Educación Nacional mediante informe explicó que el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) es un fondo que por
virtud de la ley es administrado bajo la figura de patrimonio autónomo por la
Fiduprevisora S.A. Dicha fiduciaria tiene la vocería y la representación judicial y
extrajudicial del fondo. Por lo tanto, el Ministerio solicitó la desvinculación del
presente proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que la
controversia giró en torno a la sanción de una prestación social que debe reconocer
y pagar el Fomag y la Fiduprevisora S.A.

1.6.4. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar

23. Sandra Patricia Peña Serrano, en su calidad de jueza Séptima Administrativa
del Circuito Judicial de Valledupar, solicitó negar la acción de tutela interpuesta por
el actor. Lo anterior porque considera que los fallos ordinarios censurados mediante
la presente acción fueron emitidos de conformidad con los criterios de unificación
establecidos por la Sección Segunda de esta Corporación respecto de la forma para
contabilizar el término de la prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías de los docentes.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

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24. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
José Apolinar Jiménez Acuña contra las providencias proferidas por el Tribunal
Administrativo del Cesar y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial
de Valledupar. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión Previa

25. El Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A solicitaron su
desvinculación del proceso porque estiman que respecto de ellas no se configura la
legitimación en la causa por pasiva. La Sala negará esta petición porque la
vinculación de estas entidades al presente proceso se hizo en calidad de terceros
con interés y no como demandadas. En ese orden, su solicitud de desvinculación
será despachada desfavorablemente y así se declarará en la parte resolutiva de
esta providencia.

2.3. Legitimación en la causa

26. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

27. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19912, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) de apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales3.

28. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor José Apolinar Jiménez Acuña es titular de los derechos fundamentales que
reclama, en consideración a que fue el demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuyas providencias se cuestionan. En consecuencia,
el accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que
al superarse permite continuar con el estudio del caso.

29. Por otro lado, se advierte que se reprochan las sentencias emanadas por el
Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Séptimo Administrativo de

2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
3 Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de 2007.
6

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Valledupar. Es por ello por lo que estas autoridades judiciales se encuentran
legitimadas en la causa por pasiva.

2.4. Problema jurídico

30. Frente al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del
material probatorio recaudado, de las causales de procedibilidad de la acción de
tutela invocadas y de los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

31. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

● ¿Las sentencias emitidas por las autoridades judiciales enjuiciadas
incurrieron en los defectos señalados por el actor al realizar una errónea
interpretación de la normas y criterios jurisprudenciales que regulan desde
cuándo se debe iniciar el cómputo del término de prescripción de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías?

32. Para resolver los interrogantes planteados, se abordarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; iii)
de superarse lo anterior, el caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

33. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema5. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales6.

34. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
6
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
7

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esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 7. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia8 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial9.

35. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y
quinto de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta
con los requisitos especiales.

36. Por tanto, de manera reiterada se han analizado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado; ii) relevancia constitucional y; iii) que
no se trate de tutela contra tutela e; iv) inmediatez. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción
de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

37. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección analizará
la carga argumental alegada por la parte actora. A su vez, cuando se invoca el

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
9 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
8

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defecto procedimental absoluto se estudiará que la irregularidad procesal tenga un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna.

38. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

39. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

40. La Sala considera que el presente asunto no supera el requisito adjetivo de
la relevancia constitucional. En consecuencia, esta acción de tutela será declarada
improcedente. Los argumentos para fundamentar esta decisión son los siguientes.

41. La presente acción de tutela fue interpuesta por el señor Jiménez Acuña
contra las providencias proferidas por el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar. El actor
considera que las sentencias censuradas vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por no acceder a su
pretensión de reconocer la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.

42. Es importante resaltar que esta Sala reconoce relevancia constitucional a
toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia
en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las
prestaciones sociales como las cesantías. No obstante, en el caso en concreto no
se discute sobre la prestación social sino acerca de la sanción establecida por su
pago extemporáneo.

43. Sobre este asunto, la Corte Constitucional estableció, en la sentencia SU-
573 de 2019, que los asuntos en que se controvierten providencias judiciales para
cuestionar el no reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías no supera el requisito de la relevancia constitucional. Es importante
resaltar que la providencia de unificación tiene unos elementos fácticos que guardan
identidad con el asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo
contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías.

44. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló que el
carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza de
prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda
9

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Demandante: José Apolinar Jiménez Acuña
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-01048-00

temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, “solo en la medida en que lo
reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta
que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la
seguridad social del trabajador”10.

45. De acuerdo con el precedente establecido por el Tribunal Constitucional, el
reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter
irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión de
garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social. No obstante, la Corte aclaró que no
ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción
moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo tales cesantías. Lo anterior
porque tal monto tiene naturaleza sancionatoria y, eminentemente legal, lo que no
da lugar a la intervención del juez constitucional.

46. Por lo expuesto, la Sala reiterará la postura de la Corte Constitucional y, en
consecuencia, declarará improcedente la presente acción de tutela por no cumplir
con el requisito adjetivo de la relevancia constitucional. Es importante resaltar que
esta posición ya ha sido adoptada por esta Sala de decisión en varias providencias
anteriores en las que también se controvirtió vía acción de tutela sentencias
ordinarias en las que se habían negado solicitudes de reconocimiento de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías11.

2.7. Conclusión

47. La Sala reitera la tesis establecida por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-573 de 2019. Según lo determinado en esa providencia las tutelas en las que
se controviertan providencias judiciales en las que se negó el reconocimiento de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías no supera el requisito de la
relevancia constitucional. En consecuencia, la tutela será declarada improcedente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación solicitada por el Ministerio de
Educación Nacional y Fiduprevisora S.A., por lo motivos explicados en esta
providencia.

10 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019.
11 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta: sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra; fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
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Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por el
señor José Apolinar Jiménez Acuña, por no superar el requisito de la relevancia
constitucional.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, dentro de los tres días siguientes
a su notificación, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de la ejecutoria, conforme lo fija el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.”

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