Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04718-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04718-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04718-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
11 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: GUSTAVO DE JESÚS MONCADA MUÑOZ
Asunto: Recurso Extraordinario de Revisión contra la sentencia de 15
de julio de 2021, proferida por el Consejo de Estado Sección
Segunda Subsección A
Tema: Causal invocada: existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación –numeral 5.º del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)–. Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA
La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el señor Gustavo de Jesús Moncada
Muñoz por intermedio de apoderado judicial. El recurrente invocó la causal 5.ª
del CPACA1 y pretende que se infirme la sentencia de 15 de julio de 2021,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado2.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
El 3 de noviembre de 2016, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho3, y por medio de apoderado judicial, el señor
Gustavo de Jesús Moncada Muñoz demandó a la Nación –Ministerio de
Educación Nacional– y el departamento de Risaralda –Secretaría de Educación–
para que se declarara la nulidad del Oficio 000401-5521 de 31 de marzo de 2016
y la Resolución 230 de 27 de junio de 2016, que negaron el reconocimiento y
pago de los intereses de mora por el pago tardío del retroactivo a causa de la
1
Ley 1437 de 2011 «Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. […]».
2
Radicación n.º 66001-23-33-000-2016-00823-01, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
3
Págs. 4 a 18 del archivo .pdf «Cuaderno1.pdf», contenido en el archivo .zip
«RECIBEPRUEBAS_TESTIGO …»”, índice 17 de SAMAI, que corresponde al expediente
digitalizado 66001-23-33-000-2016-00823-00/01. También se puede acceder al ingresar al
hipervínculo del documento .pdf «RECIBEPRUEBAS_CORREO …», contenido en el mismo
índice.
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1
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
homologación y nivelación salarial de la planta de personal administrativo
adscrito al sector educativo del departamento de Risaralda, como consecuencia
de la descentralización de la educación – Ley 60 de 19934 y Ley 715 de 20015–.
El actor formuló las siguientes pretensiones (se transcriben in extenso inclusive
con errores en el texto):
Primera.- Se declare la nulidad de la Resolución/Oficio No. 5521 del 31 de Marzo
de 2016 y la Resolución/oficio No. 230 del 27 de Junio de 2016, por medio de los
cuales desconocieron y negaron los Intereses moratorios generados con ocasión
al pago tardío del retroactivo de la Homologación y Nivelación salarial.
Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, igualmente se declare que el actor tiene
pleno derecho a que LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, le
reconozcan y ordenen pagar los intereses moratorios, efectivos a partir del día
siguiente a los treinta (30) días posteriores a su causación hasta el día en que fue
efectivo el pago total del retroactivo por homologación y nivelación salarial, estos
es, enero de 2013.
Tercera.- Se condene a LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, a pagar al actor los intereses moratorios a que tiene derecho,
liquidados con base al interés bancario corriente desde la fecha de causación hasta
la fecha efectiva de pago; en consideración a qué, el pago de la nivelación salarial
debe hacerse al igual que el salarlo, por periodos de treinta (30) días, por tanto,
una vez ocurrido dicho vencimiento, su no pago genera automáticamente la
obligación de cancelar los intereses aludidos.
Cuarta.- Se ordene liquidar y pagar, a expensas de LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a favor del actor, los intereses
reclamados, con base al capital neto cancelado, es decir, sin incluir el valor que
por concepto de Indexación salarial se reconoció.
Quinta.- Se ordene a LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, dar
cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo
192 del CPACA., igualmente qua en virtud de la voluntad contemplada en el poder
conferido se haga entrega de los dineros al apoderado.
Sexta.- Se condene a LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DÉ RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, pagar
a favor de mi mandante, los intereses moratorios, conforme lo ordena el inciso
3ero. del artículo 192 del CPACA.
Séptima.- Se condene en costas a LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y a LA NACIÓN- MINISTERIO DE
4
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad
con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones», derogada por medio del
artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
5
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y
se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud,
entre otros».
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2
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
EDUCACIÓN NACIONAL, en caso de que se oponga a las pretensiones de esta
demanda.
Octava.- En el fallo que acceda a las pretensiones de la demanda, se ordene
expedir al suscrito apoderado, primera copia que preste mérito ejecutivo, así como
copia auténtica con constancia de ejecutoria.
Novena.- Una vez quede en firme el fallo que acceda a las pretensiones de la
demanda solicito muy comedidamente, que al momento de comunicar[6] a LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA
NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - se le remita copia auténtica
con la fecha exacta de la constancia de ejecutoria [7].
Como fundamento de las pretensiones, el actor indicó que no se incluyó el
reconocimiento de intereses moratorios en los estudios técnicos y aprobación de
la homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector de la
educación del departamento de Risaralda. A su juicio, en los actos
administrativos demandados, el ente territorial debió liquidar el pago de todos los
conceptos derivados del salario y demás prestaciones sociales, entre estos, los
intereses moratorios. Por tanto, como las diferencias salariales causadas no se
pagaron en forma oportuna, debía reconocérsele, con fines resarcitorios, los
intereses desde 1996 a 2013, en atención a los principios de igualdad y
favorabilidad en materia laboral, tal y como ocurre en materia de pensiones8.
2. Sentencia de primera instancia
En sentencia escrita de 18 de abril de 20189, el Tribunal Administrativo de
Risaralda10 negó las súplicas de la demanda y condenó en costas al actor. En
primer lugar, el a quo realizó una breve exposición sobre la descentralización de
la educación y el proceso de homologación y nivelación salarial en el
departamento de Risaralda. Seguidamente, en el caso concreto, a partir de
pronunciamientos jurisprudenciales de la Sección Segunda del Consejo de
Estado11 en asuntos con objeto similar al que el actor promovió, el Tribunal
explicó que es reiterada la postura jurídica en punto a la improcedencia para
6
En la demanda corresponde al píe de página: «1 Ultimo inciso art. 203 CPACA».
7
Págs. 5 y 6 del archivo .pdf «Cuaderno1.pdf», contenido en el índice 17 de SAMAI.
8
El demandante se fundamentó en la Corte Constitucional, sentencia C-367 de 16 de agosto de
1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
9
Págs. 178 a 193 ib. [Se precisa que el Tribunal Administrativo de Risaralda, de manera conjunta
anticipó el sentido de la decisión de negar las pretensiones en las sentencias adoptadas en
primera instancia para los procesos con radicación n.º 66001-23-33-000-2016-00538-00, 66001-
23-33-000-2016-00624-00, 66001-23-33-000-2016-00823-00, 66001-23-33-000-2016-00889-00
y 66001-23-33-000-2016-00907-00, tal y como consta en el acta de la audiencia inicial y de
alegaciones y juzgamiento que se llevó a cabo el 11 de abril de 2018, págs. 161 a 171 ib.].
10
La demanda fue admitida por medio de auto de ponente de 17 de febrero de 2017, págs. 79 y
80 ib.
11
El a quo tuvo en cuanta las consideraciones del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 28 de septiembre de 2017,
radicación n.º 73001-23-33-000-2014-00244-01, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez y Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 3
de septiembre de 2009, radicación n.º 68001-23-15-000-2001-03173-01, M.P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
reconocer los intereses moratorios respecto de sumas indexadas en materia de
procesos de homologación y nivelación salarial en el sector de la educación.
En el caso concreto, precisó que a través de la Resolución 1858 de 31 de
diciembre de 2012 se reconoció y ordenó el pago de la deuda por concepto del
retroactivo producto de la nivelación salarial en el ente territorial y se dispuso la
indexación de las sumas debidas al actor, por el período de 1996 a 200212. Por
tanto, en la medida en que según la jurisprudencia el reconocimiento de intereses
moratorios es incompatible con la indexación, no era procedente acceder al
derecho reclamado y, por ende, debía mantenerse incólume la legalidad de los
actos administrativos objeto de controversia.
3. Recurso de apelación
El señor de Gustavo de Jesús Moncada Muñoz apeló la decisión de primera
instancia13. Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en un
error de apreciación fáctica y jurídica, toda vez que, de acuerdo con las pruebas,
el retroactivo por homologación y nivelación salarial que se causó desde 1996
hasta 2002, fue cancelado hasta el año 2013, es decir, aproximadamente, 16
años después de haberse realizado la homologación y consecuente
incorporación. Ese hecho, a su juicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo
1617 del Código Civil, causó el pago de intereses moratorios.
El apelante señaló que el Tribunal consideró justificada la mora y dejó de lado el
incumplimiento del deber constitucional y legal que les asistía a las entidades
demandadas de efectuar todas las gestiones administrativas y presupuestales en
forma oportuna y con ello garantizar los derechos de los de los servidores
vinculados a la planta de personal de la Secretaría de Educación Departamental.
En criterio del recurrente, era procedente el reconocimiento de los intereses
moratorios en lugar de la indexación de las sumas causadas, por cuanto, dicha
obligación no surgió del cumplimiento de una sentencia judicial. El recurso fue
admitido mediante auto de 10 de septiembre de 201814.
4. Sentencia de segunda instancia
En sentencia de 15 de julio de 202115, la Subsección A de la Sección Segunda
de esta corporación confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda
y se abstuvo de condenar en costas al demandante en esa instancia. El ad quem
consideró que el proceso de homologación y nivelación salarial de 1996 a 200916
12
Tiempo que corresponde al que se liquidó al actor con ocasión de su vinculación laboral.
13
Págs. 196 a 216 del archivo .pdf «Cuaderno1.pdf» del índice 17 de SAMAI. [La argumentación
que expone corresponde con la expuesta en la sentencia de 15 de julio de 2021, págs. 307 y 308
ib.].
14
Págs. 229 ib.
15
Págs. 295 a 395 ib.
16
La autoridad se refiere a esos límites temporales, de forma genérica en atención a que el
proceso de homologación implicó tiempos de múltiples trabajadores, cuyas vinculaciones y
tiempos que fueron homologados comprendieron los años de 1996 al 2009.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
se materializó después de cumplir con los requerimientos legales y de agotar la
totalidad de las etapas que debían observar las entidades demandadas.
Seguidamente, explicó que la Resolución 1858 de 31 de diciembre de 2012
ordenó el pago a favor del demandante del retroactivo por concepto de la
homologación y nivelación salarial de los cargos administrativos pertenecientes
a la planta de personal del departamento de Risaralda, desde 1996 hasta 2002,
sin que se advirtiera que el Ministerio de Educación Nacional o el departamento
de Risaralda incurrieran en una dilación o tardanza injustificada del pago, toda
vez que el mismo se efectuó en el mes de enero de 2013. A su vez, la segunda
instancia indicó, que el departamento ordenó la indexación de las sumas
reconocidas y que, de acuerdo con la tesis sostenida por las subsecciones de la
Sección Segunda de esta corporación17, en estos casos, es improcedente el
reconocimiento de los intereses moratorios dado su carácter sancionatorio.
En la decisión se concluyó, que el señor Moncada Muñoz no tiene derecho al
reconocimiento de los intereses moratorios, en la medida en que, dicho proceso,
se llevó a cabo luego de agotar las etapas fijadas en la ley. Igualmente, que el
pago pretendido no estaba incluido en el documento que reconoció el derecho al
retroactivo, ni en norma que lo estableciera expresamente, por lo que no podía
acudirse a las disposiciones del Código Civil que refirió el demandante.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Demanda
El 31 de agosto de 2022, por medio de apoderado judicial, el señor Gustavo de
Jesús presentó recurso extraordinario de revisión 18 contra la sentencia de 15 de
julio de 2021 de la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación,
confirmatoria del fallo escrito de 18 de abril de 2018, dictado por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho que se tramitó con radicación n.º: 66001-23-33-
000-2016-00823-01. El actor formuló las siguientes pretensiones (se transcriben
in extenso inclusive con errores en el texto):
PRIMERO. – Declarar Infirmada la sentencia proferida por el Consejo de Estado -
Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A, del 15
de julio de 2021, bajo el número referenciado, que confirma la decisión adoptada
por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda.
17
Sobre el particular se citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 9 de marzo de 2020, radicación n.º do 08001-23-31-000-
2014-00852-01, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, sentencia de 1.º de marzo de 2018,
radicación n.º 73001-23-33-000-2014-00265-01, M.P. William Hernández Gómez, Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19
de julio de 2019, radicación n.º 66001-23-33-000-2016-00565-01, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 1.º de marzo de 2018, radicación n.º 73001-23-33-000-2014-00265-01, M.P. William
Hernández Gómez.
18
Índice 2 de SAMAI.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
SEGUNDO. – En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la sentencia
viciada en nulidad, se reenvíe o remita el expediente al despacho de origen, es
decir, Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección
Segunda - Subsección A, conformada por los consejeros de Estado William
Hernández Gómez, Gabriel Valbuena Hernández y Rafael Francisco Suárez
Vargas, para que se resuelva en debida forma, es decir, profiriendo un fallo
favorable.
TERCERO. - Las demás que este Honorable Despacho considere necesarias [19].
El recurrente invocó la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, por cuanto
considera que la decisión objeto del recurso es nula porque desconoce la
garantía al debido proceso constitucional, por falta de congruencia entre lo pedido
y lo fallado «citra petita»20, según el artículo 281 del Código General del Proceso
(CGP). Sostuvo que las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho se limitaron al reconocimiento de los intereses de
mora desde 1996 hasta 2013, fecha en la cual se concretó el pago del retroactivo
salarial. Sin embargo, indicó que el ad quem «… entendió erróneamente que la
reclamación de dichos intereses se refirió a los que se causaron desde el acto de
reconocimiento del retroactivo, dictado el 31 de diciembre de 2012, y hasta el año
2013 cuando se efectuó el pago». Asimismo, resaltó que la sentencia de segunda
instancia es incongruente:
… en tanto que las pretensiones de la demanda no contienen ningún petitum
respecto a la indexación que los togados reconocieron de oficio, confundiendo
lamentablemente el significado de indexación y el postulado legal de los intereses
moratorios, luego entonces la confusión de los jueces de instancia reina de
principio a fin dentro del proceso, pues se atrevieron a decir en sus sentencias que
los intereses de mora y el fenómeno de indexación son incompatibles; pues resulta
obvio, por no decir más que lógico que estos dos son como el agua y el aceite, no
se pueden confundir de manera subjetiva, pues la indexación como se sabe fue
creada para salvaguardar el valor adquisitivo del dinero, que se va perdiendo con
el paso del tiempo, en razón a la inflación que vive permanentemente nuestra
patria, y que los intereses legales igualmente, como debe saberse en los ámbitos
jurídicos, operan de pleno derecho por mandato legal, esta situación honorables
magistrados de confundir estos dos aspectos de orden jurídico-económico,
prueban de facto la incongruencia al momento de fallar, pues niegan de una parte
el pedido de la demanda, que es más que justo y legal, y reconocen una indexación
que por obvias razones no cabría dentro de la expectativa de éste pleito.
Ahora bien, en este punto de la discusión, queremos demostrar la incongruencia
que contiene la sentencia impugnada, y que por obvias razones resultó viciada al
momento de proferirse, cuando se afirma, de manera totalmente equivocada, que
no se reconocían intereses de mora, por la supuesta incompatibilidad con la
indexación; señalamiento que es a todas luces incoherente, porque la demanda es
diáfana en indicar que, los intereses de mora se liquidan sobre el capital neto sin
incluir indexación, entonces por qué el despacho concluye, que el(a) demandante,
19
Pág. 5, del documento .pdf «ED_GH277 …» del índice 2 de SAMAI.
20
En la demanda se citaron las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de
2016, radicación n.º 11001-03-15-000-2015-02342-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, providencia de 4 de noviembre de 2014,
radicación n.º 11001-31-03-027-2010-00459-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez
Corte Constitucional, sentencia T- 455 del 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
solicita el reconocimiento de ambos emolumentos, ¿y habla de una supuesta
incompatibilidad? [21].
El actor señaló que la decisión recurrida contiene vicios que únicamente se
notaron al momento de su expedición, no corresponde con los supuestos fácticos
y jurídicos propuestos a lo largo del proceso y que el fallador resolvió sobre «…
unos extremos temporales totalmente diferentes a los pedidos, hasta reconocer
emolumentos que no se solicitaron en la demanda, como la ya mencionada
“indexación”». Igualmente, manifestó que el ad quem «… desvía entonces, los
fines del proceso mediante tesis acomodadas …»22, respecto de la causación de
intereses de mora, esto es, al referirse a las posturas jurisprudenciales que
llevaron a concluir:
(i) que existió una dilación justificada por parte de la administración a partir del
reconocimiento del pago del retroactivo y;
(ii) la improcedencia de los intereses moratorios ante la falta de norma que
prevea su reconocimiento en los procesos de homologación y nivelación
salarial.
A juicio del recurrente, los intereses de mora buscan resarcir los perjuicios
causados, los cuales son atribuibles al incumplimiento de obligaciones
pecuniarias, aspecto que está plenamente acreditado en el proceso judicial. Por
tanto, pese a no existir norma en concreto que regule su reconocimiento,
considera que debió darse aplicación a los principios constitucionales de
igualdad, favorabilidad, justicia y equidad del trabajador y accederse a las
pretensiones de la demanda.
2. Auto admisorio de la demanda
Por medio de auto dictado el 18 de octubre de 2022, se admitió la demanda23 y
se ordenaron las notificaciones de rigor, realizadas en legal forma, según
constancias obrantes en el sistema de gestión judicial SAMAI24. Asimismo, se
solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda que remitiera el
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, radicación n.º 66001-23-
33-000-2016-00823-0125.
3. Contestación de la demanda
El departamento de Risaralda –Secretaría de Educación– y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica guardaron silencio. Lo anterior, pese a ser notificados en
legal forma.
21
Págs. 13 y 14 ib.
22
Pág. 14 ib.
23
Índice 10 de SAMAI, previa inadmisión por medio de auto de 6 de septiembre de 2022. índice
4 de SAMAI.
24
Como consta en los índices de actuaciones 13 a 15 de SAMAI.
25
El referido expediente fue allegado de forma digital por la Secretaría del Tribunal Administrativo
de Risaralda, como consta en el índice 17 de SAMAI.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
Por medio de apoderada judicial, el Ministerio de Educación Nacional presentó
escrito de oposición a la demanda. Se refirió a los criterios generales fijados por
esta corporación26 respecto del recurso extraordinario de revisión en cuanto a la
causal 5.ª del artículo 250 del CPACA. En específico, resaltó, que no cualquier
reproche sobre la falta de congruencia externa o interna estructura la causal de
revisión porque, «… se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo
probado sea protuberante, a tal punto que, no exista justificación objetiva y
relacionada con las materias medulares del proceso».
Seguidamente, reiteró los hechos y argumentos que expuso en las instancias, en
cuanto a las actuaciones que se adelantaron para el proceso de homologación y
nivelación salarial en el departamento de Risaralda, de acuerdo con las Leyes 60
de 1993 y 715 de 2001, e insistió que no era procedente el reconocimiento de los
intereses moratorios pretendidos, como lo concluyeron las respectivas
autoridades judiciales. Sostuvo que en el presente caso la sentencia de 15 de
julio de 2021 cumple con los presupuestos y exigencias del artículo 187 del
CPACA, por cuanto es congruente con lo pedido, lo debatido y lo probado,
corresponde con el litigio fijado en la audiencia inicial, de conformidad con las
pretensiones que planteó el demandante, se encuentra debidamente motivada,
se llevó a cabo un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales,
así como la decisión de las excepciones propuestas.
En ese sentido, señaló que la parte recurrente al ver frustradas sus pretensiones
desea reabrir el debate jurídico y probatorio debidamente zanjado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, advirtió que dicho asunto
no es posible de ser dirimido a través del recurso extraordinario de revisión27.
4. Concepto del Ministerio Público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
presente asunto y solicitó que se declarara infundado el recurso extraordinario de
revisión28. En primer lugar, relató las actuaciones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que culminó con la sentencia de 15 de julio de 2021
y recapituló el trámite del recurso extraordinario de revisión. Seguidamente, se
refirió a los criterios generales fijados por esta corporación respecto del recurso
extraordinario de revisión, así como sobre la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA
y los casos en que se configura29.
26
La contestación se fundamentó en la sentencia de 13 de octubre de 2020 del Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,
radicación n.º 11001-03-15-000-2019-00119-00, M.P. Alberto Montaña Plata.
27
Documento .pdf «24_11001031500020220…», contenido en el archivo .zip
«…ANEXORER2022047…», índice 20 de SAMAI.
28
Archivo .pdf «MemorialWebFLF …», índice 22 de SAMAI.
29
Entre otras, citó: (i) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2020, radicación n.º
11001-03-15-000-2015-02432-00, M.P. César Palomino Cortés, (ii) Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27
de noviembre de 2020, radicación n.º 11001-03-25-000-2015-01120-00 M.P. César
Palomino Cortés y (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
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8
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
En relación con el caso concreto, el Ministerio Público manifestó que no advertía
vulneración al debido proceso por falta de congruencia, toda vez que, a su juicio,
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado estudió el recurso
de apelación en el contexto de los artículos 281 y 328 del CGP y el artículo 187
del CPACA, con base en los presupuestos fácticos y normativos de la
controversia. Señaló, contrario a lo expuesto en el recurso extraordinario de
revisión, que la sentencia de 15 de julio de 2021 se encontraba debidamente
motivada y soportada en el precedente jurisprudencial sobre la improcedencia
del reconocimiento de intereses moratorios30.
En suma, el agente del Ministerio Público consideró que la súplica de intereses
moratorios resulta a todas luces improcedente, por cuanto, dentro del proceso de
homologación no existe norma que taxativamente permita que estos sean
reconocidos o que, en el acto que autorizó la homologación se hayan pactado y
«… por no reclamarse del título que generó el capital, esto es, del acto
administrativo que reconoció el nivel salarial a aplicarle al actor por su
homologación de cargo en la nueva planta, sino con posterioridad». A su juicio,
la decisión de segunda instancia se encuentra en consonancia con la reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado que, en múltiples procesos de similares
pretensiones y hechos, ha llegado a esa conclusión, y que es un debate
decantado de modo pacífico al interior de esta corporación.
5. Auto de pruebas
Por medio de auto de 30 de noviembre de 202231, el ponente dispuso tener como
prueba trasladada la obrante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que se tramitó con la radicación n.º 66001-23-33-000-2016-00823-01. A
su vez, se reconoció personería a la apoderada del Ministerio de Educación
Nacional32.
6. Impedimento del Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas
El 8 de febrero de 202333, el magistrado Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas
manifestó impedimento, bajo la causal 1.ª del artículo 141 del CGP, y para el
efecto indicó que: i) suscribió y participó en la sentencia que ahora se cuestiona
mediante el recurso extraordinario de revisión citado en la referencia, ii) tiene un
criterio en cuanto al fondo del asunto, y iii) la decisión recurrida se adoptó en
consonancia con las pretensiones formuladas, fue producto de un riguroso
Segunda, Subsección A, sentencia de 3 de junio de 2021, radicación n.º 11001-03-25-
000-2017-00841-00 M.P. William Hernández Gómez.
30
Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia de 25 de abril de 2019, radicación n.º: 66001-23-33-000-2016- 00471-01, M.P.
César Palomino Cortés y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicación n.º: 73001-23-33-000-
2014-00311-01, M.P. William Hernández Gómez.
31
Índice 37 de SAMAI.
32
Previo requerimiento, en auto de 15 de noviembre de 2022 [índice 24 de SAMAI], para que
aportara el mandato otorgado por la entidad para ser representada en este proceso.
33
Índice 39 de SAMAI.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
análisis jurídico y fáctico, se encuentra amparada en la legalidad y el análisis
probatorio se realizó con respeto de los parámetros de la sana crítica34.
El asunto se discutió en sesión que se llevó a cabo el 15 de febrero de 2023, sin
embargo, no se obtuvo la mayoría decisoria. En consecuencia, por medio de auto
del día 23 siguiente35, se ordenó el sorteo de un conjuez, diligencia que se llevó
a cabo el 28 de febrero de 202336. Finalmente, en auto de 14 de abril de 2023, la
Sala veintidós Especial de Decisión declaró fundado el impedimento manifestado
por el Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas por la causal 1.ª del artículo 141 del
CGP y, por ende, fue separado del conocimiento del presente proceso. El asunto
retornó al despacho del ponente para fallo el de 2 mayo de 2023, según el índice
57 de SAMAI.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Presupuestos procesales
1.1. Competencia
De acuerdo con el inciso 1.º del artículo 249 del CPACA, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión,
conoce de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado. Asimismo, corresponde
precisar que el artículo 107 del CPACA creó las Salas Especiales de Decisión de
esta corporación y que el Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014, expedido por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
reglamentó su integración y funcionamiento.
Por su parte, el numeral 1.º del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asignó la
competencia a las Salas Especiales de Decisión sobre los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado. En este orden de ideas, la Sala Veintidós
Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente para conocer la
demanda de revisión contra la sentencia proferida el 15 de julio de 2021, en
segunda instancia, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en el proceso contentivo del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que el señor Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
promovió contra la Nación –Ministerio de Educación Nacional– y el departamento
de Risaralda –Secretaría de Educación–.
1.2. Procedencia y oportunidad
De acuerdo con el artículo 248 del CPACA, el recurso procede contra «… las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
34
La manifestación pasó al despacho del ponente el 9 de febrero de 2023, índice 40 de SAMAI.
35
Índice 41 de SAMAI.
36
En la diligencia resultó designado el doctor José Gregorio Hernández Galindo.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos». En este caso, el recurrente
controvierte una sentencia dictada, en segunda instancia, por una de las
subsecciones de la Sección Segunda de esta corporación que se encuentra
debidamente ejecutoriada, razón por la cual el recurso cumple con el requisito de
procedencia.
Ahora bien, el recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del
término establecido en el artículo 251 del CPACA. En efecto, se interpuso el 31
de agosto de 202237 y la decisión objeto de revisión, es la sentencia de 15 de
julio de 2021, dictada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que el señor Gustavo de Jesús Moncada Muñoz promovió contra la
Nación –Ministerio de Educación Nacional–, departamento de Risaralda –
Secretaría de Educación–, notificada por medio electrónico el 30 de agosto de
202138, de acuerdo con las previsiones del artículo 203 del CPACA39.
Así las cosas, como el envío del mensaje electrónico para notificar la sentencia
censurada ocurrió el 30 de agosto de 2021, debe entenderse que quedó
notificada el 1.º de septiembre de ese año, atendiendo las previsiones del artículo
52 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 205 del CPACA y, por ende,
cobró ejecutoria a los tres días siguientes, de conformidad con el artículo 302 del
CGP40, esto es, el 6 de septiembre de 202141. Por lo tanto, la demanda de revisión
extraordinaria cumple con el requisito de oportunidad, ya que se presentó [31 de
agosto de 2022] dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, conforme
con lo dispuesto en el artículo 251 del CPACA.
1.3. Legitimación en la causa
En punto a este presupuesto procesal, la Sala considera que el recurrente está
legitimado en la causa por activa, toda vez que fue el demandante en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con radicación
37
Demanda presentada en la ventanilla virtual de esta corporación, según el índice 2 de SAMAI
de este proceso.
38
Índice 26 de las actuaciones de SAMAI del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicación n.º 66001-23-33-000-2016-00823-01.
39
«Artículo 203.Notificación de las sentencias. Las sentencias se notificarán, dentro de los
tres (3) días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón
electrónico para notificaciones judiciales. En este caso, al expediente se anexará la constancia
de recibo generada por el sistema de información, y se entenderá surtida la notificación en tal
fecha. A quienes no se les deba o pueda notificar por vía electrónica, se les notificará por medio
de edicto en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil. Una vez en
firme la sentencia, se comunicará al obligado, haciéndole entrega de copia íntegra de la misma,
para su ejecución y cumplimiento».
40
«… Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando
no sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. ||
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».
41
En atención a que los días 4 y 5 de septiembre de 2021 eran inhábiles.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
n.º 66001-23-33-000-2016-00823-01. Por su parte, también la Nación –Ministerio
de Educación Nacional–, departamento de Risaralda –Secretaría de Educación–
por pasiva, porque actuaron como parte demandada en el mencionado proceso
en el que se dictó la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión.
2. Problema jurídico
Conforme a los planteamientos expuestos en el recurso extraordinario de
revisión, corresponde a la Sala determinar si es procedente infirmar la sentencia
de 15 de julio de 2021 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado. Así las cosas, se establecerá si en el caso concreto se configura la
causal de revisión consistente en existir nulidad originada en la sentencia (art.
250.5 CPACA), por violación al principio de congruencia.
En criterio del recurrente, la decisión de segunda instancia está viciada de nulidad
en la medida en que se negó el reconocimiento de los intereses de mora, bajo el
argumento de su improcedencia, al no estar previstos en la ley, y de
incompatibilidad con la indexación monetaria, lo cual, según se alega, resulta
incoherente con las pretensiones de la demanda. En este orden de ideas, con el
fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará
metodológicamente el estudio de los siguientes ejes temáticos: i) generalidades
del recurso extraordinario de revisión; ii) la causal quinta de revisión, consistente
en existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación, y iii) con base en lo anterior, se resolverá
el caso concreto a partir de los argumentos sustentados por la parte recurrente.
2.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión42 es un medio de impugnación excepcional
que permite quebrantar el principio de cosa juzgada y, su finalidad se contrae a
restablecer el imperio de la justicia y la vigencia del ordenamiento jurídico, que
pueden resultar afectados por decisiones materialmente injustas. Las causales
que se pueden invocar se encuentran previstas en el artículo 250 del CPACA.
Aquellas delimitan el ámbito de acción de este medio de impugnación y no
admiten interpretaciones extensivas dado que comportan situaciones
excepcionales a la institución jurídico procesal de la cosa juzgada.
42
Regulado en el Título VI «RECURSOS EXTRAORDINARIOS», Capítulo I «Recurso
Extraordinario de Revisión», artículos 248 al 255 del CPACA, con las modificaciones realizadas
por la Ley 2080 de 2021, artículos 68, 69 y 70.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de
2013, radicación n.º 11001-03-15-000-2012-00231-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro «Sobre las
generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre muchas otras:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de
2010, Rad. REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 20 de octubre de 2009,
Rad. REV-2003-00133, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995,
Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11
de febrero de 1993, Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, Rad.
35995 y Sección Quinta, sentencia de 15 de julio de 2010, Rad. 2007-00267».
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
En síntesis, se refieren a hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición
de documentos decisivos que modifiquen el sentido de la decisión o incluso la
violación al debido proceso. Se trata de causales que no constituyen errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida
o la interpretación errónea de una norma sustancial, es decir, como lo ha
precisado esta corporación, «… [n]o es un recurso que proceda por violación de
la ley …»43. En otras palabras, «… el recurso extraordinario de revisión no da
cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la
ley en la sentencia»44. Por tanto, este medio de impugnación excepcional no está
previsto para corregir los yerros cometidos por las partes en el litigio que dio
origen a la sentencia recurrida, ni para mejorar el acervo probatorio, o para alegar
hechos no expuestos ante el juez natural del proceso, sino para garantizar el
derecho al debido proceso y el restablecimiento de la justicia material.
De manera que, como lo ha indicado esta corporación45, el recurso extraordinario
de revisión no constituye una tercera instancia dentro del proceso, en la que se
puede intentar una nueva valoración de la prueba para replantear el litigio o
provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso concreto.
En este sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-068 de 19 de noviembre
de 199846, señaló que, «… la revisión no está regulada para errores “in
judicando” ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de
soporte a la decisión que puso término al proceso47; se trata de un examen
detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido
de justicia que de ella emana …». A su vez, en sentencia C-520 de 4 de agosto
de 200948, la Corte se refirió al recurso extraordinario de revisión en la
jurisprudencia colombiana, y destacó la tesis decantada por la Corte Suprema de
Justicia, según la cual:
… el recurso de revisión no puede ser usado como intento de revivir el debate
probatorio, ni para volver sobre aspectos de pura interpretación legal. De ello da
muestra la sentencia de 13 de enero de 2004, Expediente 0211-01, en la que la
Corte doctrinó acerca de que el recurso extraordinario no autoriza un análisis
panorámico del debate procesal, sino de establecer, por las precisas y taxativas
causales que estableció el legislador en el artículo 380 Código de Procedimiento
Civil, si el fallo, desde esa perspectiva, arremete contra las garantías procesales
que dichas causales protegen. De allí, entonces, que ‘los errores de apreciación
probatoria en que haya podido incurrir el juez al proferirlo, son aspectos ajenos al
recurso de revisión’, pues este “no constituye una tercera instancia en la que pueda
43
Cfr., Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial
de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2021, radicación n.º 11001031500020210061000. M.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez.
44
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de
2013, radicación n.º 11001-03-15-000-2012-00231-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
45
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de
Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación n.º 11001-03-15-000-2013-02724-00 (REV),
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
46
Corte Constitucional, sentencia C-068 de 19 de noviembre de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
47
Cfr., Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2 de agosto de 1994. M.P. Edgar
Saavedra Rojas.
48
Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. M.P. María Victoria Calle
Correa.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
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replantearse el litigio”, ni es “medio conducente para reparar cualquier irregularidad
de la sentencia, o su indebida fundamentación” … [49].
2.2. La causal de revisión consistente en la nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso – Reiteración de jurisprudencia
El numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, establece «[e]xistir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación» 50. De acuerdo con lo anterior, la causal comprende los siguientes
presupuestos:
(i) que se dirija contra una sentencia respecto de la cual no proceda recurso
de apelación, «… porque entonces sería el juez ad quem quien debe
concurrir a desplegar la actividad judicial que permita enervar y solucionar
el hecho constitutivo de nulidad o en dado caso dejárselo explícito al a quo
si corresponde a éste implementar la solución, campo de acción que es
totalmente ajeno al juez del recurso extraordinario de revisión …, es decir,
ya superó las instancias del juez natural …»51.
ii) que exista una nulidad procesal o constitucional, «… pero este segundo
supuesto pende del siguiente y (iii) que esta tenga nacimiento en la
sentencia que puso fin al proceso, o en su defecto, que la parte afectada,
bajo motivo invencible, no hubiera podido alegarla …»52.
Así las cosas, aunque el enunciado normativo es claro, se ha dicho que «… se
trata de una de las causales de revisión que más discusiones ha generado en la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo53 … dado que, en razón de su
redacción, ha correspondido al juez del recurso de revisión establecer su alcance,
por cuanto el legislador omitió determinar las circunstancias que podían generar
49
Cit. «Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2004-00729 de agosto 29
de 2008, Expediente 11001-0203-000-2004-00729-01, MP: Edgardo Villamil Portilla».
50
Sobre esta causal pueden verse, entre otras decisiones la siguientes: (i) Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de
3 de abril de 2018, radicación n.º 11001-03-15-000-2014-00251-00, M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas, (ii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
Veinticinco Especial de Decisión, sentencia de 20 de agosto de 2021, radicación n.º 10001-03-
15-000-2020-02925-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, (iii) Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, Sala Quince Especial de Decisión, sentencia de 10 de marzo
de 2021, radicación n.º 11001-03-15-000-2019-03190-00, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, (vi)
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de
Decisión, sentencia de 16 de febrero de 2021, radicación n.º 11001-03-15-000-2019-00788-00,
M.P. Milton Chaves García y (v) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, radicación n.º 11001-
03-15-000-2019-00119-00, M.P. Alberto Montaña Plata.
51
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quince Especial de
Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2020, radicación n.º 11001-03-15-000-2016-02343-00–
acumulado (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
52
Ib.
53
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación n.º 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV),
M.P. Alberto Yepes Barreiro.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
la nulidad de la providencia, es decir, se trata de un texto en blanco …»54. En
otras palabras, si bien de la lectura del numeral 5.º del artículo 250 del CPACA,
se advierte que para la configuración de la causal es necesario que la nulidad se
presente al momento de proferir la sentencia, lo cierto es que, el legislador no
definió los eventos constitutivos del vicio.
En ese sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo55, en un ejercicio
hermenéutico, ha señalado de manera consistente, que los hechos que la
configuran son aquellos que constituyen las causales de nulidad procesal, esto
es, las previstas en el artículo 133 del CGP56, pero no son figuras idénticas. Se
trata de vicios procesales que surgen al momento de la expedición de la
sentencia, pero no los acaecidos en etapas anteriores, toda vez que, las
nulidades procesales deben seguir la regla de oportunidad prevista en el artículo
134 del CGP57.
Sin embargo, también se ha aceptado la posibilidad de alegar la nulidad originada
en la sentencia, cuando, pese a configurarse el vicio constitutivo de la causal
antes de proferirse el fallo, «… no pudo ser advertida por el recurrente durante el
curso del proceso …»58, caso en el cual, al afectado le asiste la carga de probar
que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad, pues de lo contrario, la causal
se convertiría en una excusa para subsanar las omisiones cometidas en el
proceso ordinario. En este sentido, resulta importante señalar que la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en providencia de 31
de mayo de 2011, resumió los supuestos que podrían configurar el vicio de
nulidad en la sentencia, así:
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a
54
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia de 7 de febrero de 2017, radicación n.º 11001-03-15-000-2016-02260-
00(REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
55
Ver, entre otras, las siguientes providencias (REV) de 20 de abril de 2004, radicación n.º 11001-
03-15-000-1996-0132-01; de 18 de octubre de 2005, radicación n.º 11001-03-15-000-2000-
00239-00, de 7 de febrero de 2006, radicación n.º 11001-03-15-000-1997-00150-00; de 2 de
marzo de 2010, expediente número 185; de 9 de marzo de 2010, radicación n.º 11001-03-15-
000-2002-1024-01 y de 31 de mayo de 2011, radicación n.º 11001-03-15-000-2008-00294-00.
56
Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
57
En este sentido puede verse: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala Tercera Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2021, radicación n.º 11001-03-
15-000-2021-00610-00 (REV), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
58
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de agosto
de 2013, radicación n.º 11001-03-15-000-2009-00687-00 (REV). M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, en la que se cita «Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P.
Mauricio Torres Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-
2001-0091-01. Actor: Pedro Antonio Durán Durán. Demandado: Contraloría General de la
República».
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada
con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece
completamente de motivación.
Con posterioridad, en sentencia de 8 de mayo de 2018 59, con fines de unificación
jurisprudencial60 y a partir del artículo 29 superior, la Sala Plena fijó un nuevo
alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia. En dicha decisión se
indicó, que el fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión
mencionada por desconocer el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el
derecho de acceso a la administración de justicia.
En suma, la sentencia puede resultar viciada por hechos que, si bien no están
previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden afectar
la legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocería el artículo 29 de
la Constitución. Dentro de estos supuestos, a manera enunciativa, se pueden
citar los siguientes: (i) la sentencia en la que se condena a la parte que no fue
vinculada al proceso; (ii) la sentencia de las corporaciones judiciales que no
cuenta con el número de votos necesarios para la aprobación, o aquella que
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados; (iii) la sentencia
que no tiene formal ni materialmente motivación ante la carencia total de
pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le
permiten arribar a una decisión; (iv) la sentencia que se dicta con violación al
principio de la non reformatio in pejus; (v) la decisión que desconoce el principio
de congruencia bien sea por una condena extra, ultra o minuspetita61; y (vi)
cuando el juez, sin fundamento válido y razonable, dicta una decisión inhibitoria
que se traduce en denegación de justicia62.
2.3. El caso concreto
La parte recurrente solicita que se infirme la sentencia que la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado profirió el 15 de julio de 2021, porque
59
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo
de 2018, radicación n.º 11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
[En la providencia se citaron, la sentencia C-739 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, que dispuso,
entre otras, «… ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-491 de 1995 … y C-217 de
1996 …» y la providencia de 7 de febrero de 2006, radicación n.º 11001-03-15-000-1997-00150-
00 (REV), M.P. María Elena Giraldo Gómez].
60
Por auto de 7 de julio de 2015, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo decidió asumir la competencia para decidir el caso con el propósito de unificar
criterios: «…i) En qué casos una sentencia inhibitoria puede dar origen a la procedencia del
recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia por violación
al debido proceso …».
61
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación n.º 11001-03-15-000-2015-02342-00
(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
62
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de
2018, radicación n.º 11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV) M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
se desconoció el principio de congruencia63. En efecto, el reparo que formula el
actor se contrae a la presunta transgresión del principio de congruencia externa
en la sentencia dado que, según lo indicó, el objeto del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió, se limitó a la causación de intereses
moratorios a partir de 1996 y hasta enero de 2013, como consecuencia del pago
tardío del retroactivo por el proceso de homologación y nivelación salarial del
personal administrativo vinculado a la Secretaría de Educación del departamento
de Risaralda. En criterio del actor, la autoridad judicial resolvió erróneamente el
asunto al establecer que dicho periodo comprendió el lapso entre el 31 de
diciembre de 2012 y enero de 2013, es decir, solo un mes a partir de la
Resolución 1858 de 2012.
Para abordar el análisis de los argumentos del recurso, debe recordarse que esta
Sala Especial de Decisión, a partir de la jurisprudencia de la Sala Plena de la
corporación, ha señalado, que la incongruencia interna y/o externa de la
sentencia da lugar a la nulidad de la decisión por violación al debido proceso. La
tesis que se ha sostenido es la siguiente:
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
[…] Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la
Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del
artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada
en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le
condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda
o por causa diferente a la invocada en la misma.
[…] En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte
demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que
63
La Sala considera importante precisar, que en el sub judice se da aplicación al artículo 16 de la
Ley 1285 de 2009, por medio del cual se adicionó el artículo 63 A de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, toda vez que, el presente caso conlleva una
reiteración jurisprudencial y guarda identidad temática con los recursos extraordinarios de revisión
resueltos por esta corporación, entre otros, en las siguientes: (i) sentencia de 3 de mayo de 2022,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de
Decisión, radicación n.º 11001-03-15-000-2022-00580-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,
(ii) sentencia 31 de mayo de 2022, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Octava Especial de Decisión, radicación n.º 11001-03-15-000-2021-11310-
00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, (iii) sentencias de 29 de junio de 2022, Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Decisión, radicación n.º
11001-03-15-000-2022-00721-00 y 11001-03-15-000-2022-00725-00, M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez, (iv) sentencia de 14 de septiembre de 2022, Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, radicación n.º 11001-03-15-000-
2022-00939-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico y (v) sentencias de 21 y 26 de octubre y 21 de
noviembre de 2022, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
Veintidós Especial de Decisión, radicación n.º 11001-03-15-000-2022-00691-00, 11001-03-15-
000-2022-00916-00, 11001-03-15-000-2022-00365-00 y 11001-03-15-000-2022-04424-00, M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo
argüido en la parte motiva de la providencia. […]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que
la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna
y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación
del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida
en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en
específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los
cuales no se podía pronunciar […] [64].
Al hilo de lo anterior, se tiene que, el principio de congruencia es una garantía
procesal instituida en favor de las partes para exigir del juez una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
proponga la parte actora, sino frente a la defensa de la demandada. Este principio
se encuentra regulado en el artículo 281 del CGP aplicable a los procesos que se
adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por remisión del
artículo 306 del CPACA.
En este orden, la congruencia de la sentencia es tanto externa como interna. La
primera implica la coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes en la
demanda, la contestación y excepciones propuestas. De lo anterior se
desprende, que la sentencia, no puede reconocer lo que no se ha solicitado en
la demanda (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita); tampoco puede dejar
de pronunciarse sobre la totalidad de los extremos planteados en la litis, esto es,
sobre alguna de las pretensiones de la demanda o las excepciones propuestas
por la parte accionada (sentencia minuspetita/citra petita). La segunda, esto es,
la interna, se refiere a la necesaria armonía que debe existir en la estructura
interna de la decisión, es decir, la consonancia entre la parte motiva y la resolutiva
del fallo, con el fin de evitar una decisión manifiestamente contradictoria e
ininteligible.
Asimismo, debe precisarse, que la congruencia en la decisión de segunda
instancia está sujeta a la competencia del superior funcional. Igualmente, al
examen que le corresponde realizar como consecuencia de la revisión de la
providencia de primera instancia y los argumentos de los apelantes, para que el
fallador, según su juicio, la revoque, la modifique o la confirme, conforme las
previsiones de los artículos 281, 320 y 328 del CGP65. De cara al caso concreto,
es importante resaltar, frente al recurso de revisión, lo siguiente:
64
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación n.º 11001-03-15-000-2015-02342-00,
M.P. Alberto Yepes Barreiro.
65
«Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en
la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2022-04718-00
Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
i) El actor disiente de lo decidido en la sentencia impugnada porque insiste en
que el objeto de la demanda era el reconocimiento y pago de unos intereses
moratorios, soportado en un hecho que, a su juicio, no se discutía, esto es, el
pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial, como
consecuencia de la descentralización de la educación en el departamento de
Risaralda. En ese sentido, aseguró que el fallador pasó por alto la pretensión de
liquidar los intereses moratorios, causados entre los años 1996 a 2013,
«desconociendo de plano las normas preexistentes […] como si cada obligación
en concreto debiera tener una norma particular para ejecutar su mora en caso de
incumplimiento»66.
ii) A su vez, considera que la sentencia es incongruente en la medida en que el
ad quem señaló, «... si bien es cierto el pago efectuado a la parte que hoy
demanda, (sic) fue realizado con posterioridad al proceso de homologación y
nivelación salarial, ello no significa per se la configuración de la mora ...»,
argumento el cual, se sustentó en la jurisprudencia reiterada de la Sección
Segunda de esta corporación, la que, en criterio del recurrente, se ha venido
«fortaleciendo de manera equívoca, pues la obligación nació efectivamente con
la orden emitida del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación de
homologar y nivelar en un plazo de seis (6) meses, y no a los catorce (sic) (16)
años, como pretenden hacer ver los jueces de instancia»67.
iii) Aduce que el fallo fue desestimatorio bajo «un objeto distinto del pretendido
en la demanda y una causa diferente a la invocada …». En su criterio, la decisión
se desligó del hilo conductor del proceso, pues la sentencia objeto de revisión,
reconoce la exigibilidad de la obligación «de una manera totalmente diferente a
la expuesta en la demanda» 68.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda,
siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en
su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
[…]
Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por
el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto
del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.
[,,,]
Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de
la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
66
Pág. 6, del documento .pdf «ED_GH277 …» del índice 2 de SAMAI.
67
Ib.
68
Pág. 9 ib.
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Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
iv) Argumenta que la sentencia cuestionada constituye un fallo “citra petita”69,
porque no resolvió el planteamiento por el cual se acudió a la jurisdicción
contencioso administrativa y que, aunque aparentemente existe un
pronunciamiento, éste es por un asunto distinto al pretendido, lo que vulnera el
principio de congruencia.
Pues bien, según lo expuesto, la Sala considera, en primer lugar, que los
argumentos del recurso no se enmarcan en la incongruencia interna del fallo,
pese a lo anterior, se observa que la autoridad judicial, en las consideraciones de
la decisión recurrida, planteó como problema jurídico si había lugar al
reconocimiento de los intereses moratorios que solicitó el demandante en sus
pretensiones «por el pago del valor del retroactivo correspondiente a la
homologación y nivelación de la planta de personal administrativo adscrito al
sector educativo del Departamento de Risaralda», y al encontrar que no
procedían, dispuso, en la parte resolutiva, confirmar la decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda que las había negado. Es decir, la sentencia
censurada respetó la coherencia y consonancia que debe existir entre la parte
motiva y la resolutiva del fallo, como condición necesaria para hacer inteligible y
armónica la decisión judicial.
En cuanto a la incongruencia externa porque, según el actor, el fallo
desestimatorio resolvió un objeto distinto al reclamado en la demanda, la Sala
advierte, que a lo largo de la actuación se mantuvo la identidad temática entre lo
pretendido y lo decidido por las instancias. En efecto, a partir de las pretensiones
que el señor Gustavo de Jesús Moncada Muñoz formuló en la demanda,
transcritas por esta Sala, el Tribunal Administrativo de Risaralda fijó el litigio en
la audiencia inicial70 y, en la sentencia escrita de 18 de abril de 2018, estableció
el siguiente problema jurídico a resolver:
[…] Corresponde a esta Corporación determinar la juridicidad de la actuación
administrativa acusada, conforme a las causales y argumentos de nulidad
planteados en la demanda, a efectos de establecer si al demandante le asiste
69
«… si la resolución es “citra petita” porque el juez no resolvió sobre todas las pretensiones que
se le presentaron en el escrito de demanda, o respecto de las excepciones formuladas por el
demandado y que aparecen demostradas, u omitió pronunciarse frente a las defensas perentorias
que debió declarar de oficio, la decisión sí puede calificarse de incongruente». Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 28 de abril de 2015. SC4959-2015 radicación n.º
11001-31-03-027-2010-00459-01.
70
Diligencia que se llevó a cabo de manera simultánea, con otros casos similares, el 11 de abril
de 2018, y en donde se fijó el litigio, a partir de los presupuestos fácticos expuestos por las partes,
así, «… se circunscribe a determinar la legalidad de los actos acusados, conforme a los
fundamentos expuestos en las demandas y en las contestaciones de las mismas, la juridicidad
de los actos administrativos por medio de los cuales fue negado el reconocimiento y pago de
intereses de mora por concepto de retroactivo de la homologación y nivelación salarial, solicitados
por cada uno de los demandantes, a lo cual se oponen las entidades demandadas, indicando que
no son competentes para reconocer las obligaciones pretendidas», págs. 161 a 171 del
documento .pdf «Cuaderno1.pdf», contenido en el archivo .zip «RECIBEPRUEBAS_TESTIGO
…», índice 17 de SAMAI. [Como se precisó en el píe de página núm. 9 de esta providencia, en
esa misma fecha el Tribunal emitió oralmente el sentido de la sentencia a adoptar, esto es, negar
las pretensiones].
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el alegado pago
tardío del retroactivo de la homologación y nivelación salarial, del personal
administrativo de la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, del cual
hace parte el actor. […].
Seguidamente, concretó el reparo del demandante de la siguiente manera:
[…] La parte demandante, a través de apoderado, solicitó el reconocimiento de los
intereses moratorios por falta de pago oportuno de la nivelación y homologación
salarial, desde cuando se hicieron exigibles, hasta cuando se hizo efectivo el
correspondiente pago, liquidados mes por mes conforme a la tasa corriente
bancaria de cada año (fl. 13 - 17). […].
Finalmente, para negar las pretensiones, el a quo expuso lo siguiente:
[…] en el sub examine es claro que el reconocimiento y pago de retroactivo al que
dio lugar el proceso de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo del sector educativo del departamento de Risaralda, se realizó a
partir del año 1996 y hasta el año 2009, lapso que en la jurisprudencia en cita[71]
del Consejo de Estado se considera justificado para el desarrollo e implementación
de las etapas de dicha actuación administrativa con base en la cual fue efectuado
el pago del retroactivo de la nivelación salarial; y teniendo en cuenta que dichos
valores fueron cancelados de manera actualizada efectivamente en el mes de
enero de 2013, tal como lo certificó el ente territorial demandado a través de la
Secretaría de Educación del departamento de Risaralda, se impone la negativa al
pago de perjuicios moratorios.
Si bien el pago efectuado a la parte que hoy demanda fue realizado con
posterioridad al proceso de homologación y nivelación salarial, ello no significa per
se la configuración de la mora, la cual ha sido desestimada en la jurisprudencia en
comento, al considerar el alto tribunal de lo contencioso administrativo que las
entidades no incurrieron en una dilación injustificada del pago del retroactivo por
nivelación salarial, ante la evidencia de las múltiples etapas requeridas para
efectuar el mismo, por lo que mal puede reconocerse el interés moratorio
pretendido, menos aun cuando el monto pagado fue indexado, lo que hace inviable
el reconocimiento de esta clase de intereses, dada la incompatibilidad de su
concurrencia, esto es, resarcir el alegado retardo en el pago de una
obligación respeto de una suma indexada o pagada con actualización
monetaria.
Si se parte de la base que la indexación es una carga adicional que debe soportar
quien no cumplió con una obligación oportunamente, para compensar el menor
valor y la depreciación de la moneda comercial, tal beneficio riñe con el
reconocimiento de intereses moratorios, cuya liquidación lleva implícita la
actualización del monto que es objeto de pago.
[…]
En el sub examine se encuentra probado que, como resultado del reconocimiento
y pago de la deuda causada en favor de la parte demandante, se generaron valores
por concepto de indexación, los cuales fueron cancelados por la parte accionada,
71
El Tribunal Administrativo de Risaralda se refiere a las sentencias citas en los pies de páginas
núm. 4 y 6 de la decisión: «… Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección
Segunda - Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez; 28 de septiembre de 2017,
Expediente N°: 730012333000201400244 01 (2077- 2015) …» y «… Sentencia del Consejo de
Estado. Sección Segunda, Subsección B, del 3 de septiembre del 2009. Expediente 2001-03173.
…».
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
según la Resolución número 1858 del 31 de diciembre de 2012, mediante la cual
se reconoció la indexación sobre" el retroactivo reconocido y pagado, la cual se
encuentra en firme y goza de la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos al tenor del artículo 88 del CPACA, sin que exista prueba de haber
sido anulada en sede administrativa, concretamente respecto de lo que aquí se
pretende por concepto de los intereses moratorios que habría generado el proceso
de homologación y nivelación salarial.
Estima el Tribunal que no resulta aplicable al caso concreto la sentencia C-367 de
1995, invocada como fundamento jurídico de la demanda, en tanto la Corte
Constitucional en dicha oportunidad se refirió a la mora en el pago de las
pensiones, aspecto que no a la presente controversia; tampoco constituye,
sustento jurídico de las pretensiones el ya derogado artículo 177 del Decreto 01
de 1984, referido a los intereses que generan las sentencias ejecutoriadas y
proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa para los asuntos que se
rigen por dicha codificación, que no es el caso del sub lite, conforme al artículo 308
de la Ley 1437 del 2011. […].
Inconforme con lo anterior, en la apelación, el señor Gustavo de Jesús Moncada
Muñoz insistió en sus argumentos para el reconocimiento de la liquidación de
intereses moratorios, por cuanto, en su criterio, el tiempo trascurrido desde 1996
hasta la materialización del pago no se podía considerar justificado y, centró su
argumentación en que no se aplicara la tesis de incompatibilidad entre indexación
e intereses moratorios invocada por el a quo para negar las pretensiones de la
demanda. En ese sentido, refirió, que la mora reclamada por el pago tardío de
las diferencias que resultaron con ocasión del proceso de homologación y
nivelación salarial, se produjo y debía declararse como reparación a su favor y
como sanción al empleador por el pago inoportuno de la obligación.
En la sentencia objeto de revisión, esto es, la decisión de 15 de julio de 2021. La
Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación planteó el siguiente
problema jurídico:
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por el demandante, le
corresponde a la Sala determinar ¿si el señor Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
tiene derecho al reconocimiento de los intereses moratorios por el pago del valor
del retroactivo correspondiente a la homologación y nivelación de la planta de
personal administrativo adscrito al sector educativo del departamento de
Risaralda?
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado Para confirmó la
sentencia de primera instancia. Sobre el particular, sostuvo lo que se expone a
continuación:
[…] con la expedición de la Resolución 1858 de 31 de diciembre de 2012, le fue
reconocida al demandante la suma de $38.324.369 [72] como valor definitivo
indexado de retroactivo por concepto de la homologación y nivelación salarial, sin
que se observe que en modo alguno el Ministerio de Educación Nacional o el
departamento de Risaralda hayan incurrido en una dilación injustificada del pago,
toda vez que el pago fue realizado en el mes de enero de 2013.
72
Píe de página 20 en el que se cita: «Hecho 26 de la demanda folio 3».
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Demandante: Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
Además, se observa que el departamento de Risaralda ordenó la indexación de
las sumas reconocidas, manteniendo el valor o poder adquisitivo constante de la
moneda debido a la depreciación que sufrió por el paso del tiempo sin aumentar
su valor nominal, salvaguardando de este modo la equidad e igualdad laboral que
echa de menos el demandante, en la medida que trajo a valor presente la suma
adeudada, fundado en principios constitucionales como la equidad, la justicia y la
reparación plena[73].
(v). Conforme lo ha señalado esta Sección en asuntos similares [74] no hay lugar al
reconocimiento de intereses moratorios toda vez que:
(a). Por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar
consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte
el cobro de estos para los casos de pagos retroactivos por homologación y
nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que reconoció el derecho.
En el sub lite se impone colegir que tampoco se generó a cargo de la entidad el
pago de intereses moratorios, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente
sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo
este entendido si no se dijo nada al respecto en la resolución que reconoció el
retroactivo, como tampoco hay norma que expresamente lo consagre, no puede
en consecuencia, entrar a reconocerse los intereses moratorios.
(b). No puede concluirse que por el hecho de no haberse «pactado» el pago de un
interés moratorio, deba acudirse en subsidio a la regla que trae el artículo 1617 del
Código Civil,[75] pues en estricto sentido no se está hablando de un asunto negocial,
en el cual las partes involucradas puedan pactar a su arbitrio cláusulas
contractuales; como ya se expuso, el reconocimiento de las sumas de dinero
obedecieron a la homologación y nivelación que debió realizarse para que las
plantas de personal administrativo se ajustaran a la nueva reglamentación en
cuanto a clasificación, nomenclatura, funciones y requisitos de los empleos del
nivel territorial […] (la Sala destaca).
De acuerdo con lo anterior, para esta Sala Especial de Decisión es evidente que
el debate jurídico del proceso ordinario giró en torno al reconocimiento de
intereses moratorios, lo que, en criterio del actor, se causaron por el pago tardío
del retroactivo por homologación y nivelación salarial, tal y como lo planteó en la
demanda y, precisamente, reiteró en su apelación, aspecto que, en efecto, fue
decidido por el ad quem al confirmar la negativa de las pretensiones porque los
73
Píe de página núm. 21: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 30 de mayo de 2013, C.P. María Elizabeth García González, número único
de radicación 25000 23 24 000 2006 00986-01».
74
Píe de página núm. 22: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 9 de marzo de 2020, C.P. Gabriel Valbuena Hernández,
número de radicación 08001-23-31-000-2014-00852-01 (2624-2019): (ii) Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de julio de
2019, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 660012333000-2016-00565-01
(4947-2018); (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 1 de marzo de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número de
radicación 73001-23-33-000-2014-00265-01 (3484-2015)».
75
Píe de página núm. 23: «”ARTÍCULO 1617. INDEMNIZACIÓN POR MORA EN
OBLIGACIONES DE DINERO. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la
indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al
legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo,
en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en
ciertos casos. El interés legal se fija en seis por ciento anual. […]”».
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intereses reclamados no se generaron a cargo de las entidades demandadas en
atención a su naturaleza eminentemente sancionatoria y ante la falta de norma
expresa que así lo permitiera. Por tanto, la sentencia de segunda instancia no
desatendió la congruencia externa del asunto, comoquiera que la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió el objeto de debate, esto
es, la procedencia o no de intereses moratorios en el caso concreto, sin que se
observe pronunciamiento alguno que no guarde relación con los reparos
concretos formulados por el apelante.
Debe precisarse que, si bien el señor Gustavo de Jesús Moncada Muñoz
fundamentó el recurso en la causal de nulidad originada en la sentencia, porque
la autoridad judicial limitó el análisis de su reclamación al periodo de un mes de
causación de intereses moratorios, comprendido entre la fecha del acto de
reconocimiento del retroactivo por concepto de homologación y nivelación
salarial, y la fecha efectiva del pago, lo cierto es que, este argumento no afecta
la validez de la decisión recurrida. En efecto, el ad quem al desatar la
impugnación resolvió íntegramente los motivos de inconformidad del actor, y más
allá del desacuerdo frente al período de causación de intereses moratorios y la
incompatibilidad con la indexación de las sumas pagadas, el debate se concretó
en que, a partir de la jurisprudencia reiterada de la Sección Segunda de esta
corporación76, el derecho reclamado, por ser de carácter sancionatorio, requiere
de norma que autorice su reconocimiento cuando se trata de pagos de retroactivo
por homologación y nivelación salarial, o en su defecto, para el caso, tampoco se
incluyeron en el acto que reconoció el derecho al retroactivo.
En este orden de ideas, la sentencia recurrida no está viciada de nulidad por
desconocimiento del principio de congruencia procesal. Si bien la decisión
desestimó la argumentación del apelante al confirmar la sentencia del a quo. La
Sala recuerda que este medio excepcional de revisión no es una instancia
adicional del proceso ordinario en la que la parte inconforme pueda debatir y/o
cuestionar el criterio de los jueces de instancia, toda vez que al juez de la revisión
le está vedado pronunciarse sobre eventuales errores in judicando, escenario
que realmente es el propuesto bajo la argumentación del recurso para discutir la
tesis del juzgador de instancia, quien, como se expuso, resolvió sobre la
procedencia o no del reconocimiento de intereses moratorios, aspecto que fue
debidamente zanjado y fundamentado en la sentencia recurrida pero en contra
de los intereses del actor. Sin embargo, tal circunstancia no implica la
configuración del vicio de nulidad alegado.
Así entonces, los cuestionamientos sobre el razonamiento expuesto por la
autoridad judicial en relación con la improcedencia de los intereses moratorios y
76
Al respecto, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 9 de marzo de 2020, radicación n.º 08001-23-31-000-2014-00852-
01, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, sentencia de 1.º de marzo de 2018, radicación n.º 73001-
23-33-000-2014-00265-01, M.P. William Hernández Gómez y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de julio de 2019,
radicación n.º 66001-23-33-000-2016-00565-01, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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la indexación que reconoció el departamento de Risaralda, no se enmarcan en el
debate jurídico propio de este tipo de trámites. En este orden de ideas, se
declarará infundado el recurso propuesto.
2.4. Conclusión
La Sala no encontró acreditada la causal 5.ª de revisión prevista en el artículo
250 del CPACA, referida a la nulidad originada en la sentencia, invocada por la
parte actora, toda vez que, en el caso concreto no concurren los requisitos
necesarios para su configuración. En consecuencia, se declarará infundado el
recurso extraordinario.
2.5. Costas
La Ley 2080 de 2021, por medio de su artículo 70, modificó el artículo 255 del
CPACA y en cuanto al recurso dispuso que «si se declara infundado el recurso,
se condenará en costas y perjuicios al recurrente». A su vez, el artículo 86
ejusdem, relativo a la vigencia, indica que las reformas procesales allí
establecidas, prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el
momento de su publicación –25 de enero de 2021–. Por tanto, como el recurso
extraordinario se presentó el 31 de agosto de 2022, –a través de una nueva
demanda– para la Sala es aplicable al presente asunto la modificación
introducida por la Ley 2080 de 2021 al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, como
quiera que, para la fecha de presentación del recurso, ya estaba en vigor la nueva
ley.
Así las cosas, bajo una interpretación armónica que permita determinar el
alcance de la condena en costas dentro del recurso extraordinario de revisión, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias
en derecho. En ese sentido, solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el
artículo 365, numeral 8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación».
En el caso concreto, la Sala advierte que no procede la condena en costas por
concepto de expensas y gastos procesales porque no aparece demostrado en el
expediente que la parte demandada hubiere incurrido en dichos pagos. En cuanto
al componente de agencias en derecho, debe señalarse que, aunado a que el
recurso se declarará infundado, uno de los extremos de la parte pasiva, esto es,
el Ministerio de Educación Nacional fue el único que compareció al proceso
dentro de la oportunidad legal con el fin de oponerse, ejerció su derecho de
defensa y realizó solicitudes probatorias (índice 20 de SAMAI77). Por tanto, la Sala
estima que la gestión del Ministerio de Educación Nacional en este proceso
resulta suficiente para que se disponga la fijación de agencias en derecho a su
77
Ver. el documento .pdf «24_11001031500020220 …», contenido en el archivo .zip «…
ANEXORER2022047 …».
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favor, a título compensatorio78 frente a los esfuerzos en el tiempo, dedicación,
vigilancia y diligencia que le demandó, en su calidad de extremo pasivo, el hecho
de contestar el presente recurso, sumado a la naturaleza y duración de esta
causa procesal, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 365 y 366 del
CGP.
Realizadas las precisiones anteriores, conviene indicar que, al ser un proceso de
única instancia ante esta corporación, la liquidación de las costas será realizada
por la Secretaría General, de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo
36679 del CGP. Asimismo, según el numeral 4.º del artículo 366 del ejusdem, para
la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el
Consejo Superior de la Judicatura. Al respecto, el Acuerdo n.º PSAA16-10554
de 2016, dispuso lo siguiente:
[...] Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario
judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún
caso se puedan desconocer los referidos límites.
[…]. Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
[...] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. [...] (énfasis añadido por la Sala).
En consecuencia, se fijarán las agencias en derecho en favor del Ministerio de
Educación Nacional y a cargo del recurrente: en un (1) salario mínimo legal
mensual vigente –SMMLV– a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.
78
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de
Decisión, sentencia de 6 de agosto de 2019 en donde se precisó que «… la función de las
agencias en derecho es la de otorgar a la parte vencedora una razonable compensación
económica por la gestión procesal que realizó …», radicación n.º 15001-33-33-007-2017-00036-
01, revisión eventual, M.P. Rocío Araújo Oñate.
79
«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El
secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla. [...]. 4. Para la fijación
de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la
Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […].
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y
revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede
ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior,
según el caso».
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IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
V. FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Gustavo de Jesús Moncada Muñoz, por la causal 5.ª del artículo 250
del CPACA, contra la sentencia de 15 de julio de 2021 del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: Condenar en costas, por el componente de agencias en derecho, al
señor Gustavo de Jesús Moncada Muñoz y en favor del Ministerio de Educación
Nacional, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
Tercero: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta decisión, la cual
deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo del recurrente.
Cuarto: En firme esta providencia, el expediente deberá regresar al despacho
del magistrado ponente para la aprobación de las costas liquidadas por la
Secretaría General del Consejo de Estado.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sala Magistrado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Magistrado Magistrada
Salva voto parcialmente
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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