Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04767-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04767-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04767-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
25 de enero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04767-00(7646)
Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECISIETE ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04767-00(7646)
Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
Acusada: Ana Paola García Soto
Referencia: Pérdida de Investidura
Tema: Pérdida de investidura de Congresista
Subtema 1: Violación de los topes máximos de financiación de la campaña electoral
Subtema 2: Gastos por eventos públicos y propaganda
Subtema 3: Presupuestos de configuración de la causal - Supuesto de hecho no acreditado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala Diecisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, en virtud de lo
previsto en el artículo 2° de la Ley 1881 de 2018, procede a decidir la demanda de
pérdida de investidura presentada por Jorge Enrique Lugo Bustos en contra de Ana
Paola García, en condición de Representante a la Cámara por el departamento de
Córdoba elegida para el periodo 2022-2026.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
Jorge Enrique Lugo Bustos, por medio de apoderado judicial, solicita la pérdida de
investidura de la congresista Ana Paola García Soto, a quien acusa de haber incurrido
en la violación de los límites a los montos de gastos de la campaña electoral por el
partido de la U, para el periodo 2022-2026, fijados por el Consejo Nacional Electoral (en
adelante CNE) mediante la Resolución 0227 de 2021.
Como fundamento fáctico de la pretensión, aduce, en síntesis, que el reporte de gastos
de campaña presentado por la congresista al CNE, por valor de trescientos quince
millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos setenta y siete pesos ($
315.349.277), no coindice con el monto real invertido en la campaña de la
Representante García Soto, pues, según afirma el actor, este valor asciende a mil
cuatrocientos seis millones doscientos sesenta y ocho mil seiscientos siete pesos ($
1.406.268.607), suma que supera el tope máximo de gastos por candidato inscrito en
la lista del partido de la U, correspondiente a mil ciento veintiuno millones doscientos
cuarenta y cinco mil quinientos noventa y un pesos ($ 1.121.245.591).
Para sustentar la endilgada violación al límite del monto de gastos de campaña,
sostiene que la congresista “omitió de manera deliberada” el reporte de costos por
eventos públicos y artículos de propaganda, así1:
Gastos no reportados
Concepto Valor
Eventos públicos 601.200.000
Gorras 45.000.000
Camisetas 60.000.000
Pendones 81.246.000
Desplazamientos 6.750.000
Propaganda electoral 296.732.539
1 Índice 2 del expediente digital, SAMAI, demanda y anexo 5.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04767-00(7646)
Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
Total 1.090.928.539
Ingresos y gastos reportados al CNE
Ingresos 315.349.277
Gastos 315.340.068
Gastos Totales
1.406.268.607
Límite al monto de gastos por candidato
1.121.245.591
Diferencia entre los gastos reales no reportados y el tope
máximo
285.023.016
En lo concerniente a los eventos públicos no reportados, el demandante afirma que él
pudo constatar la omisión merced a la investigación realizada al perfil de Facebook de
la hoy congresista, tarea que le permitió observar imágenes de la entonces candidata
en reuniones multitudinarias con exhibición de artículos de propaganda alusivos a su
campaña política, publicadas en diferentes periodos. Este ejercicio le permitió concluir
que la candidata realizó 60 eventos públicos, cada uno por valor de diez millones veinte
mil pesos ($10.020.000), cifra que calculó a partir del costo de los elementos (sillas,
mesas, animación, refrigerios, sonido, meseros) usados en la realización de los seis
eventos reportados.
Igual operación aritmética hizo para calcular el valor de los elementos de propaganda
que, a su juicio, no fueron incluidos en el reporte de gastos, pues tomó el costo de las
camisetas, gorras y pendones reportados para los seis eventos, calculó la proporción
utilizada en cada uno y la multiplicó por el número de actos públicos no registrados. En
cuanto a la publicidad electoral, el actor aduce que la congresista reportó gastos
correspondientes a cuatro (4) vallas publicitarias por la suma de treinta y un millones de
pesos ($31.000.000), “cuando en realidad fueron un promedio de 20”.
El actor también afirma que la congresista dejó de reportar gastos por
“desplazamientos”, dado que, según su dicho, Ana Paola García Soto realizó un
promedio de 45 viajes por el departamento de Córdoba, por valor de 150 mil pesos cada
uno, sumas que infiere de la información reportada en la página de Facebook de la
candidata.
Por último, consideró de “especial relevancia” que la empresa Multisuministros y
Asesorías SAS -que expidió facturas por la prestación de servicios relacionados con
publicidad y realización de eventos de campaña- no tenga reportado ese objeto en el
RUT y tampoco cuente con locales comerciales en el departamento de Córdoba;
asegura el demandante que “su actividad comercial es la comercialización de
medicamentos, por ende se puede presumir que las facturas allegadas (…) obedecen
a la manipulación de la información contable y ocultamiento de gastos propios de la
campaña”. Sostuvo, además, que el certificado de matrícula mercantil muestra
inscripciones de embargos, lo que lleva a inferir que existen “anomalías contables” que
buscan encubrir la violación de los topes de campaña.
En el acápite de la demanda que corresponde a la relación de normas violadas y a la
exposición del concepto de violación, el accionante acusa a la congresista de incurrir
en la causal de pérdida de investidura consistente en la “violación de los topes máximos
de financiación de las campañas”, prevista en los artículos 109 de la Constitución
Política y 26 de la Ley 1475 de 2011, porque, a su juicio, la demandante vulneró y
violentó “dolosamente” las reglas de rendición de cuentas del informe de ingresos y
gastos de campaña, así como el límite a los montos de gastos de campaña previstos
por el CNE.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04767-00(7646)
Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
Con fundamento en la normativa citada y en los hechos narrados, concluyó que “la
actuación dolosa” de la congresista acusada encuadra en la causal de pérdida de
investidura porque, por un lado, “superó los montos máximos de financiación de su
campaña electoral” y, por otro, “obró con la intención, el querer o la voluntad de
quebrantar la ley o fue negligente o descuidado”.
1.2. Trámite procesal relevante
1.2.1.- La demanda de pérdida de investidura presentada ante esta Corporación el 2
de septiembre de 2022, fue admitida por medio de auto expedido el 6 de septiembre
de esta anualidad, notificado personalmente por mensaje de datos al agente del
Ministerio Público y a la congresista acusada el 8 de septiembre de 2022[2].
1.2.2.- La congresista Ana Paola García Soto, mediante apoderado judicial, en el escrito
de contestación de la demanda, propuso la excepción de inepta demanda por falta de
competencia del Consejo de Estado para declarar la violación del límite al monto de
gastos de campaña y se opuso a la pretensión de pérdida de investidura. Para sustentar
la excepción adujo, en síntesis, que el CNE es el organismo competente para “certificar
la aprobación de las cuentas” por medio de un acto administrativo que “apruebe o
desapruebe el informe de cuentas de campañas electorales”, tal como lo prevén la Ley
1475 de 2011 y las normas reglamentarias. Considera que, en línea con lo anterior, el
accionante debe, en este tipo de proceso, demandar el acto administrativo que culmina
el trámite de verificación de cuentas, “como requisito previo” de procedencia de la
acción, dado que el supuesto de hecho que configura la conducta constitutiva de
pérdida de investidura se entiende debidamente acreditado cuando el CNE finaliza el
procedimiento para la presentación y evaluación del informe de ingresos y gastos de
campaña electoral. Agregó que “ese juicio de legalidad (…) no puede cumplirse por vía
de la acción de pérdida de investidura, sino a través de la acción de simple nulidad o
nulidad y restablecimiento del derecho”3. Propuso, además, la excepción de “falta de
agotamiento de la vía administrativa”, con argumentos semejantes a los que apoyaron
la excepción de falta de competencia.
Para sustentar la oposición a la pretensión, el apoderado de la congresista adujo que
no existe prueba que acredite el fundamento de hecho de la causal de pérdida de
investidura; el demandante solo presenta una “investigación propia para concluir unas
afirmaciones temerarias y basadas en imaginarios”, pues toma el valor reportado por
eventos públicos, publicidad y traslados, y lo multiplica por el número de reuniones y
elementos de propaganda que considera fueron omitidos en el informe de gastos de
campaña que, en todo caso, no ha sido evaluado por el CNE por medio de un acto
administrativo definitivo que apruebe o impruebe el informe de cuentas.
Precisa, además, que la empresa Multisuministros y Asesorías SAS tiene un objeto
social amplio, a partir del cual presta y contrata servicios en diferentes campos; que
tiene sede principal en el barrio Pasatiempo de la ciudad de Montería, Córdoba, y
cuenta con la página web “multisuministrosas.com”.
En cuanto al informe de aseguramiento digital del perfil de Facebook aportado con la
demanda, manifiesta que no reúne los requisitos de un dictamen pericial, porque no se
aportaron los documentos que le sirvieron de fundamento y tampoco se allegaron los
que acreditaran la idoneidad y experiencia del perito, razones por las cuales carece de
valor probatorio. Asimismo, afirma que las imágenes, videos y audios que el
demandante tomó de la red social Facebook no demuestran los hechos inferidos por
este, dado que no está demostrada su autenticidad, originalidad e integralidad.
1.2.3.- El ciudadano Iván Alberto de la Espriella Vergara, en condición de ciudadano
2 Índice 8 del expediente digital, SAMAI.
3 Índices 10 y 12 del expediente digital, SAMAI.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04767-00(7646)
Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
en ejercicio, presentó escrito de coadyuvancia a la oposición de la demanda bajo la
consideración de que la pretensión de pérdida de investidura carece de respaldo
probatorio porque se apoya en inferencias que muestran “mala fe y temeridad”4. El
representante legal de la Red Colombiana de Veedurías también presentó escrito de
coadyuvancia a la oposición, con el argumento de que la causal de pérdida de
investidura se edifica en “afirmaciones personales del demandante”, sin soporte
probatorio alguno5.
1.2.4.- El apoderado de la demandante presentó escrito de oposición a las
excepciones propuestas por la acusada. Adujo que la competencia del Consejo de
Estado para adelantar el procedimiento de pérdida de investidura está prevista en la
Constitución Política y no consagra el agotamiento de un proceso administrativo previo,
por lo que puede ser ejercida por cualquier ciudadano; la prosperidad de la pretensión
solo requiere acreditar que el congresista incurrió en la violación de los topes máximos
de financiación de la campaña con la intención, el querer o la voluntad de quebrantar la
ley, o con negligencia o descuido, “sin agotamiento de instancias, procesos y/o
procedimientos previos”. Afirmó, además, que la oposición al decreto de pruebas carece
de fundamento, porque los medios de convicción solicitados en la demanda son útiles,
pertinentes y conducentes para esclarecer puntos oscuros del informe de ingresos y
gastos presentado por la acusada; motivo por el cual, “procede a subsanar” el informe
pericial con el aporte de los “requisitos faltantes” 6.
1.2.5.- El magistrado sustanciador, por medio de auto de 27 de septiembre de 2022,
decidió: (i) rechazar la solicitud de coadyuvancia presentada por Iván Alberto de la
Espriella y por el representante legal de la Red Colombiana de Veedurías porque, en
atención a lo previsto en el artículo 228 el CPACA, pues en los procesos de pérdida de
investidura no se admite la intervención de terceros; (ii) diferir la decisión de las
excepciones al momento de definición del fondo del asunto, por no estar prevista una
etapa procesal en el procedimiento de pérdida de investidura para resolverlas; (iii) tener
debidamente incorporadas “las pruebas documentales aportadas por las partes”;
(iv) exhortar al CNE para que remitiera el informe de ingresos y gastos de campaña de
la congresista García Soto, con los soportes documentales y los documentos relativos
al registro de la empresa Multisuministros y Asesorías SAS ante esa autoridad electoral;
a la DIAN, para que enviara copia de la facturación electrónica y detalle de ventas
realizadas por la sociedad mencionada a la acusada, desde el 1 de enero hasta el 30
de junio de 2022, y a Facebook Colombia SAS, para que expidiera certificación en la
que conste si la congresista realizó pagos por publicidad o propaganda electoral y, (v)
expedir oficios al CNE para que enviara certificación de ingresos y gastos de campaña
auditados por el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales
y el acto administrativo de reconocimiento de reposición de gastos de campaña de la
representante a la cámara Ana Paola García Soto7.
1.2.6.- El apoderado de la congresista acusada y el ciudadano Iván Alberto de la
Espriella interpusieron recurso de reposición contra el auto anterior en lo relativo a las
decisiones de rechazo de la coadyuvancia y el decreto de pruebas a favor de la parte
demandante, bajo el argumento de que algunos documentos tenidos como prueba
fueron aportados en forma extemporánea (anexos del dictamen) y, además, que el
decreto oficioso desbordó la competencia del juez.
1.2.7.- El magistrado sustanciador, en auto de 18 de octubre de 2022, decidió no
reponer la providencia porque, primero, en los procesos de pérdida de investidura
resulta improcedente la intervención de terceros y, segundo, porque no encontró motivo
para modificar su juicio preliminar sobre la utilidad, necesidad y pertinencia de las
4 Índice 13 del expediente digital, SAMAI.
5 Índice 14 del expediente digital, SAMAI.
6 Índice 15 del expediente digital, SAMAI.
7 Índice 18 del expediente digital, SAMAI.
4
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Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
pruebas decretadas, para demostrar los hechos que sustentan la solicitud de pérdida
de investidura. Frente al argumento expuesto por el apoderado de la acusada relativo
a la extemporaneidad de los documentos aportados con la “oposición a las
excepciones” “para acreditación del perito”, la providencia precisó que “el auto recurrido
sólo incorporó y tuvo como pruebas los documentos aportados con la solicitud y los
aportados con la contestación, esto es, : (i) las del actor, que obran en el archivo digital
contentivo de la solicitud de pérdida de investidura; y (ii) las de la convocada por pasiva,
que obran en el índice 10 del aplicativo Samai”, es decir, que no se tuvieron como
medios de prueba los documentos registrados en el índice 15 del aplicativo Samai,
rotulados como “hoja de vida de ingeniero, requisitos CGP y títulos y soportes HV” 8.
1.2.8.- Concluida la etapa probatoria, la Sala 17 Especial de Decisión de pérdida de
investidura, presidida por el magistrado sustanciador, celebró audiencia pública el 23
de noviembre de 2022, conforme a lo dispuesto en el auto proferido el 10 de noviembre
del mismo año9. En la diligencia intervinieron, en forma virtual, el apoderado del
demandante, el agente del Ministerio Público y el apoderado de la congresista acusada,
en ese orden10.
1.2.8.1.- La parte demandante reiteró que las excepciones de falta de competencia y
ausencia de agotamiento de la vía administrativa no se configuran, porque el ejercicio
de la acción de pérdida de investidura, de origen constitucional, no está condicionado
a la realización de un procedimiento administrativo previo, por ende, cualquier
ciudadano puede ejercerla. Afirmó, además, que las pruebas aportadas y decretadas
de oficio demuestran que la acusada incurrió en una conducta dolosa “o en su defecto
culposa”, al “ocultar información” en el informe de cuentas de ingresos y gastos de
campaña, pues reportó seis eventos por valor de diez millones veinte mil pesos cada
uno ($10.020.000), cuando en realidad realizó 60 actos públicos que se pueden
cuantificar por el mismo valor asignado a cada uno de los reportados. A su juicio, la
realización de los “actos públicos” se encuentra probada “desde el análisis de las
imágenes y videos publicados en la red social Facebook (…), donde hay elementos
bienes y servicios, tanto de forma individual como conjunta con otros candidatos”.
Asimismo indicó que se presentaron irregularidades contables en el manejo de la
facturación de los bienes y servicios contratados por la campaña, porque las pruebas
aportadas por la DIAN dan cuenta de la existencia de cuatro facturas expedidas por
Multisuministros por ciento veintinueve millones ochocientos dos mil quinientos uno
pesos ($ 129.802.501) y una expedida por el grupo Editado SAS por catorce millones
setecientos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta pesos ($ 14.724.460) que no fueron
incluidas en el reporte de gastos presentado a la autoridad electoral, así como tampoco
se sumó el valor de la factura FEVP 51, correspondiente a cinco vallas grandes
por treinta y siete millones de pesos ($ 37.000.000); además, aparecen cuatro facturas
de Multisuministros y Asesorías SAS que “de manera sospechosa fueron anuladas el 5
de mayo de 2022, y una del Grupo Editado SAS anulada el 22 de marzo del mismo año.
Por último, puso de presente que la empresa Multisuministros y Asesorías SAS no se
encuentra inscrita ante el CNE “como medio de comunicación o empresa de publicidad”
prestador “de bienes y servicios electorales”. Por último, aseveró que la acusada dejó
de reportar en los gastos de campaña los relativos a tarjetones didácticos, “jingles” y
cierres de campaña que aparecen en las publicaciones de la red social Facebook11.
1.2.8.2.- El Ministerio Público por conducto del Procurador Quinto Delegado ante el
Consejo de Estado, en el concepto presentado durante la audiencia pública, solicitó
desestimar la pretensión de pérdida de investidura por no encontrar demostrado el
supuesto de hecho de la causal, porque, a su juicio, los documentos presentados por
el actor con el propósito de sustentar la solicitud son insuficientes para inferir que los
8 Índice 38 del expediente digital, SAMAI.
9 Índice 48 del expediente digital, SAMAI.
10 Índice 56 del expediente digital, SAMAI.
11 Expediente digital, SAMAI, índice 59, link de audiencia, minuto 22:28; índice 61, escrito de intervención.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04767-00(7646)
Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
gastos por los eventos públicos realizados y no reportados en el informe de campaña,
tienen el mismo valor de los que sí fueron incluidos en el reporte. Así, “en virtud de la
sana crítica, se requiere de otros documentos de carácter declarativo o contable para
que conjuntamente se pueda establecer el costo parcial de los eventos y precisar si en
efecto se contrataron (…) No hay soporte documental que permita auscultar cual fue la
demanda de bienes y servicios”, por tanto, no es posible establecer que la campaña de
la congresista hubiera superado el tope máximo de gastos de campaña12.
1.2.8.3.- El apoderado de la congresista acusada reiteró los argumentos en los que
soportó la excepción de falta de competencia y falta de agotamiento de la actuación
administrativa, en el entendido de que el artículo 26 de la Ley 1475 de 2011, prevé que
la violación de los límites al monto de gastos de campaña se sanciona con la pérdida
del cargo, no con la pérdida de investidura, lo que lleva a inferir que la acción procedente
en tales eventos es la de nulidad del acto administrativo por medio del cual el CNE
establece la infracción al tope máximo de financiación. Como proposición subsidiaria,
solicitó negar la pretensión de pérdida de investidura bajo la consideración de que los
presupuestos normativos que configuran la causal no están acreditados, dado que las
pruebas recaudadas no demuestran que la representante a la cámara hubiera violado
el tope máximo de financiación de la campaña, más aún si se tiene en cuenta que el
procedimiento para la evaluación de los informes de ingresos y gastos de campaña a
cargo del CNE no ha concluido.
En lo concerniente a los gastos no reportados por eventos públicos, publicidad y
desplazamientos, aduce que no existe en el expediente prueba idónea que demuestre
esa afirmación; el actor sólo aportó una “investigación propia” en la que toma los
comprobantes de gastos reportados por la acusada en el informe radicado ante el CNE
y multiplica las sumas indicadas por el número de eventos que supone se realizaron,
para concluir que la congresista omitió incluir costos de campaña por seiscientos un
millones doscientos mil pesos ($ 601.200.000), “por lo cual la demanda basada en
imaginarios no está llamada a prosperar”13. Frente a las presuntas irregularidades en la
facturación y registro de la empresa Multisuministros, adujo que esa sociedad no tenía
la obligación de registrarse ante la autoridad electoral, porque su objeto social no está
relacionado con la publicidad o comercialización de vallas y tampoco es un medio de
comunicación, periódico, revista, emisoras de radio o canal de televisión; sostuvo,
finalmente, que “en todo caso ello en sí mismo no constituye prueba idónea para
demostrar que se hayan violado los topes de campaña”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1.- Competencia
La Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura es competente para conocer
de la presente solicitud, en primera instancia, en virtud de lo dispuesto en los artículos
109, 184 y 237-5 de la Constitución Política; 2 de la Ley 1881 de 201814, 111-6 del
CPACA y 33 del Reglamento Interno del Consejo de Estado.
12 Expediente digital, SAMAI, índice 59, link de audiencia, minuto 32:00.
13 Expediente digital, SAMAI, índice 58, escrito de intervención; índice 59, link de audiencia, minuto 38.
14 Ley 1881 de 2018, “por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas,
se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones". Artículo 2. “Las salas
Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado conocerán en primera instancia de la
pérdida de investidura de los congresistas a solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de
cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución. La Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo será competente para decidir el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia,
sin la participación de los magistrados que decidieron el fallo recurrido. PARÁGRAFO. El Consejo de Estado
conformará Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura, las cuales estarán conformadas por 5
Magistrados, uno por cada sección.”.
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Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
2.2.- Oportunidad de la acción
La demanda fue radicada en esta Corporación por medio de correo electrónico el día 2
de septiembre de 202215, es decir, dentro de termino de cinco (5) años previsto en el
artículo 6 de la Ley 1881 de 2018, contados desde el día siguiente al de la ocurrencia
del hecho generador de la causal de pérdida de investidura, puesto que los hechos en
los que el actor sustenta la causal de pérdida de investidura por “violación de los topes
máximos de financiación de las campañas”, prescrita en el artículo 109 de la
Constitución Política, ocurrieron entre enero y marzo de 2022, durante la campaña
política realizada por Ana Paola García Soto, para el período 2022-2026.
2.3.- Legitimación en la causa
Jorge Enrique Burgos Lugo anexó con la demanda la diligencia de reconocimiento
realizada ante la Notaría 12 de Bogotá el 11 de agosto de 2022, en la que exhibió la
cédula de ciudadanía No. 15.030.610, por lo que se entiende acreditada la condición
de ciudadano legitimado para promover la solicitud de pérdida de investidura de
congresista16.
Por pasiva, en este asunto está acreditada la condición de congresista de la acusada,
con la certificación expedida por el Subsecretario General de la Cámara de
Representantes de fecha 10 de agosto de 2022, por la cual hace constar que Ana Paola
García Soto fue elegida representante por la circunscripción electoral del departamento
de Córdoba para el período constitucional 2022-2026 y tomó posesión del cargo el 20
de julio de 202217.
2.4. Asunto preliminar - Excepciones
La Sala se ocupará de establecer, de manera preliminar, si en el caso bajo examen se
configuran las excepciones propuestas por la acusada en el escrito de oposición a la
pretensión, concernientes: (i) a la falta de competencia del Consejo de Estado para
declarar la violación de los topes máximos de financiación de campañas y, (ii) a la
ineptitud de la demanda por falta de agotamiento del procedimiento administrativo de
evaluación del informe de ingresos y gastos de campaña a cargo del Consejo Nacional
Electoral, por la violación del tope máximo de financiación de la campaña electoral de
Ana Paola García Soto, elegida como Representante a la Cámara por el partido de la
U para el periodo 2022-2026, por tratarse de cargos que atacan el procedimiento.
2.4.1.- El apoderado de la congresista acusada alega la falta de competencia del
Consejo de Estado para conocer del presente trámite procesal, porque, a su juicio,
esta Corporación no puede arrogarse la facultad de declarar la violación del tope de
gastos de campaña, dado que el CNE es el organismo facultado legalmente para hacer
la evaluación de los informes de financiación presentados tanto por los partidos como
por los candidatos elegidos, por ende, esa declaración resulta improcedente en el
marco de la acción pública de pérdida de investidura.
Para resolver la excepción, resulta necesario precisar que la violación de los topes
máximos de financiación de las campañas electorales debidamente comprobada, está
prevista en el artículo 109 de la Constitución Política18 como una causal de pérdida de
15 Índice 2, expediente digital, SAMAI, archivo 120.
16 Índice 2, expediente digital, SAMAI, archivo 1.
17 Expediente digital, SAMAI, índice 2 (archivo 416).
18 Modificado por el artículo 3 del Acto legislativo 1 de 14 de julio de 2009. El Estado concurrirá a la financiación
política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.
Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con Personería
Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas parcialmente con recursos estatales.
La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04767-00(7646)
Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
investidura, en el marco de las garantías atinentes a la organización y funcionamiento
de los partidos y movimientos políticos, movimientos sociales o grupos significativos de
ciudadanos, y a la concurrencia del Estado en la financiación política y electoral de esos
colectivos, con la posibilidad de “limitar el monto de los gastos” de las campañas
electorales y la cuantía máxima de las contribuciones privadas.
El precepto constitucional citado establece la sanción de pérdida de investidura por la
violación de los topes máximos de gastos de campaña, como una causal autónoma,
que sólo está sujeta a la comprobación del supuesto de hecho que compone el
elemento objetivo de la conducta sancionable, sin perjuicio de la reglamentación de los
“demás efectos por la violación de este precepto”.
Por otra parte, la Ley Estatutaria 1475 de 2011, al adoptar las reglas de organización y
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, establece la “pérdida del cargo”
por la violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales,
diferenciando dos situaciones19: i) para los candidatos elegidos a corporaciones
públicas “se seguirá el procedimiento de pérdida de investidura definido en la
Constitución y la Ley”, y, ii) para los alcaldes y gobernadores la pérdida del cargo se
declara a través del procedimiento de nulidad de la elección ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, caso en el cual, “el término de caducidad se contará a partir
de la ejecutoria del acto administrativo por medio del cual el Consejo Nacional Electoral
declare la violación de los límites al monto de gastos”.
La confrontación de las normas imperativas citadas en precedencia muestra que, el
condicionamiento impuesto para la procedencia de la acción de nulidad electoral para
el caso de alcaldes y gobernadores cuando la pérdida del cargo deviene de la violación
de topes máximos de financiación de campañas, no resulta extensible al caso de los
candidatos elegidos a corporaciones públicas, porque el efecto de la infracción en tales
eventos está previsto directamente en la Constitución Política con la sanción de pérdida
de investidura.
Distinto es que la ley estatutaria habilite al CNE para ejercer la acción de pérdida de
investidura de congresistas o pérdida del cargo, en el caso de alcaldes y
gobernadores20, en los eventos en que ese organismo establezca la violación de los
También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de
ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las
contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.
Un porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y movimientos con Personería Jurídica vigente, y a
los grupos significativos de ciudadanos que avalen candidatos, previamente a la elección, o las consultas de
acuerdo con las condiciones y garantías que determine la ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral.
(…) Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los
topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de
investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.
Los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos deberán rendir públicamente
cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.
19 Ley Estatutaria 1475 de 2011. Artículo 26. “Pérdida del cargo por violación de los límites al monto de gastos.
La violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales se sancionará con la pérdida del
cargo, así:
1. En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas se seguirá el procedimiento de pérdida de
investidura definido en la Constitución y la ley.
2. En el caso de alcaldes y gobernadores, la pérdida del cargo será decidida por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, de acuerdo con el procedimiento para declarar la nulidad de la elección. En este caso el término
de caducidad se contará a partir de la ejecutoria del acto administrativo por medio del cual el Consejo Nacional
Electoral determinó la violación de los límites al monto de gastos.
Una vez establecida la violación de los límites al monto de gastos, el Consejo Nacional Electoral presentará
ante la autoridad competente la correspondiente solicitud de pérdida del cargo.”.
20 Ley Estatutaria 1475 de 2011. Artículo 26. “Pérdida del cargo por violación de los límites al monto de gastos.
La violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales se sancionará con la pérdida del
cargo, así:
(…)
Una vez establecida la violación de los límites al monto de gastos, el Consejo Nacional Electoral presentará
ante la autoridad competente la correspondiente solicitud de pérdida del cargo.”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04767-00(7646)
Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
límites al monto de financiación de campañas en el marco del procedimiento
administrativo especial de evaluación de informes de campaña presentado por los
candidatos elegidos; revisión que puede concluir con la expedición de la certificación
del informe y del acto administrativo que reconoce el derecho a la reposición de gastos
de campaña21, o con el inicio de una investigación por la alteración o falsedad de la
información sobre el financiamiento de las campañas electorales22, caso en el que
procede la imposición de sanciones por parte del CNE de acuerdo con sus
competencias23, entre las que, evidentemente, no se encuentran las sanciones de
pérdida de investidura de elegidos a corporaciones públicas, ni la pérdida del cargo en
el caso de alcaldes y gobernadores, pues tales decisiones están a cargo de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante los mecanismos judiciales
indicados en la Ley 1475 de 2011.
Como puede apreciarse, sin dificultad, son varias las decisiones con las que puede
culminar la actuación administrativa relacionada con la evaluación del informe de gastos
de campaña por parte del CNE, y es posible que, eventualmente, pueda presentarse el
ejercicio simultáneo de medios de control procedentes, por ejemplo, el de nulidad contra
el acto que finaliza la evaluación del informe de financiación y gastos de campaña; el
de nulidad del acto de elección de quien desconoció las normas superiores; la acción
pública de pérdida de investidura que puede ser ejercida por cualquier ciudadano, o la
acción de pérdida del cargo para la cual se encuentra legitimado únicamente el CNE,
cuando encuentra demostrada la violación de los topes máximos de financiación y de
gastos de campaña en la actuación administrativa de evaluación de informes. Sin
embargo, el legislador no ha prescrito la exigibilidad de ninguno de los anteriores como
21 Resolución 8586 de 25 de noviembre de 2021, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral corrige la
Resolución 8262 de 2021 que fija el procedimiento para la presentación de informes de ingresos y gastos de
campañas electorales. Artículo 15. “Evaluación del Informe. El Contador adscrito al Fondo Nacional de
Financiación de Partidos y Campañas Electorales, revisará la totalidad del informe radicado en físico y en el
software aplicativo “Cuentas Claras” con sus respectivos soportes, verificará el cumplimiento de los requisitos
para acceder a la financiación estatal y de encontrarlo conforme a derecho, lo certificará contablemente.”.
Artículo 22. “Requisitos para la certificación y reconocimiento del derecho. Para certificar los informes de
ingresos y gastos, como para expedir el acto administrativo de reconocimiento del derecho a la reposición de
gastos de campaña, previamente se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1. Haberse presentado el
informe de ingresos y gastos de campaña. 2. No sobrepasar los límites a la financiación privada o los de gastos
previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 1475 de 2011. 3. Haber obtenido el candidato o la lista de candidatos,
el porcentaje mínimo de votación exigido en el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011. 4. Acreditar un sistema de
auditoria interna. (…)”
22 Resolución 8586 de 25 de noviembre de 2021. Artículo 20. “Alteración y falsedad de la información. Toda
alteración o falsedad de la información debidamente comprobada de los datos contenidos en los informes físicos
y/o en los registrados en el software aplicativo Cuentas Claras, será investigada y sancionada por el Consejo
Nacional Electoral de acuerdo con sus competencias. Del mismo modo, esta Corporación, compulsara copia a
las entidades que correspondan.”
Artículo
23 Ley 1475 de 2011. Artículo 10. Faltas. Constituyen faltas sancionables las siguientes acciones u omisiones
imputables a los directivos de los partidos y movimientos políticos: (…) 4. Violar o tolerar que se violen los topes
o límites de ingresos y gastos de las campañas electorales (…)
Artículo 12. Sanciones aplicables a los partidos y movimientos. Los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica podrán ser objeto de las siguientes sanciones según la gravedad o reiteración de las faltas,
la categoría de las entidades territoriales, cuando ellas sean imputables a sus directivos, a sus candidatos a
cargos o corporaciones de elección popular o, en general, cuando sus directivos no adopten las medidas
tendientes a evitar la realización de tales acciones u omisiones o cuando no inicien los procedimientos internos
tendientes a su investigación y sanción:
1. Suspensión o privación de la financiación estatal y/o de los espacios otorgados en los medios de
comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético, en los casos de incumplimiento grave de los
deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la
organización, funcionamiento y/o financiación de dichas organizaciones políticas, y cuando se trate de las faltas
a que se refieren los numerales 1 al 8 del artículo 10.
2. Suspensión de su personería jurídica (…)
3. Suspensión del derecho de inscribir candidatos o listas en la circunscripción (…)
4. Cancelación de su personería jurídica, (…)
5. Disolución de la respectiva organización política, (…)
6. Cuando se trate de condenas ejecutoriadas en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la
vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de
participación democrática o de lesa humanidad, el partido o movimiento que inscribió al condenado no podrá
presentar candidato para la siguiente elección en la misma circunscripción. (…)”.
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Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
presupuesto procesal de otro de ellos, y no puede el operador jurídico, por tanto,
imponer tal tipo de exigencia.
Para ejemplificar la concurrencia de acciones resultan oportunas las consideraciones
expuestas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado al
resolver una acción de pérdida de investidura en un caso en el que la Sección Quinta,
en el marco de una acción de nulidad electoral24, había declarado previamente la
nulidad parcial del acto administrativo que dispuso la elección de la congresista Aida
Merlano y ordenó cancelar la credencial por encontrar acreditado que “(…) las conductas
invocadas como fundamento de la demanda –concretamente la existencia y
funcionamiento de una organización destinada a la compra de votos a favor de la
acusada, liderada por ella - fueron debidamente acreditadas”, precisó que esa
circunstancia (nulidad) “no configuró cosa juzgada porque la conducta que sustentó
la solicitud de pérdida de investidura fue “la violación de los topes máximos de
financiación y de los límites al monto de gastos (…); es decir, se trata de una conducta
diferente a la que fue objeto de pronunciamiento en la sentencia, (…) en la que se
encontró (…) configurada la causal de nulidad consagrada en el artículo 137 de la Ley
1437 de 2011 de violación de las normas en que debía fundarse”25.
Situación diferente se presenta cuando la concurrencia de medios de control ocurre por
el ejercicio de la acción de “pérdida del cargo” , cuya titularidad reside, por voluntad
del legislador, en el CNE, y la acción de nulidad contra el acto que declara la
violación de los topes máximos de financiación y gastos de campaña, expedido por
ese organismo, pues en tal evento, la Sección Quinta de esta Corporación precisó que
se debe “esperar la resolución del juez de la legalidad del acto”, dado que esa decisión
administrativa es la que legitima a ese organismo para ejercer la acción de pérdida del
cargo, por ende, en ese único evento, “el acto administrativo expedido por el Consejo
Nacional Electoral revestido de la presunción de legalidad constituye requisito de
procedibilidad ante la jurisdicción contenciosa y prueba de la materialidad de la
conducta o aspecto objetivo”26.
Además, en el hipotético caso en que se presenten acciones simultaneas, el artículo 1º
de la Ley 1881 de 201827, que reglamenta el procedimiento del mecanismo judicial que
ahora se analiza, prescribe que “el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el
otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad
del Congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura. En todo
caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto
del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la causal.”.
En ese orden, no le asiste razón al apoderado de la congresista acusada cuando
pretende condicionar el ejercicio de la acción de pérdida de investidura “contra
congresistas” por violación del límite al monto de gastos de campaña, a la culminación
24 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de mayo de 2019, expediente 2018-00084-00. Actor:
Procuraduría General de la Nación; demandado: Aida Merlano Rebolledo; “Referencia: NULIDAD ELECTORAL
• Prácticas contrarias a la libertad del elector”.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 22 de octubre de 2019,
expediente PI-2018-01294-01.
26 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de diciembre de 2016, expediente 2015-00006-01,
“Naturaleza: pérdida del cargo (Artículo 109 constitucional y 26 de la Ley 1475 de 2011). Asunto: fallo por
importancia jurídica”. “(…) para decidir sobre la pérdida del cargo se tendrá que esperar la resolución del juez
de la legalidad del acto (…) En caso de no mediar demanda de nulidad, el acto administrativo expedido por el
Consejo Nacional Electoral revestido de la presunción de legalidad constituye requisito de procedibilidad ante
la jurisdicción contenciosa y prueba de la materialidad de la conducta o aspecto objetivo”.
27 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra la
doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones"
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Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
del trámite administrativo de evaluación del informe de financiación y gastos, porque,
conforme a lo expuesto en precedencia, este mecanismo judicial puede ser ejercitado
por cualquier ciudadano que considere configurada la causal de pérdida de investidura
sin que se requiera, como requisito de procedibilidad, decisión administrativa que
declare la infracción de los topes. Tampoco es posible equiparar la acción de pérdida
de investidura con la de pérdida del cargo, como lo sugiere la parte acusada, porque
en los términos del artículo 26 de la ley 1475 de 2011, la legitimación para el ejercicio
de la acción de “pérdida del cargo” la tiene exclusivamente el CNE, “una vez establece
la violación de los límites al monto de gastos”; por tanto, no resulta válido considerar
que esa acción especial habilitada para un organismo estatal tiene el alcance de limitar
el ejercicio de la acción pública de pérdida de investidura.
Por lo expuesto, la Sala desestimará la falta de competencia alegada por el
apoderado de la acusada, dado que en el asunto bajo examen la Constitución Política
prescribe en forma expresa que la violación del tope máximo de gastos de campaña
configura una causal de pérdida de investidura que puede alegar cualquier ciudadano
en ejercicio de dicha acción pública, por tanto, corresponde al Consejo de Estado
decretarla cuando la encuentre debidamente acreditada (art. 184 C.P.).
2.4.2.- Por otra parte y, teniendo en cuenta que los argumentos que sustentan la
excepción de “falta de agotamiento de la vía administrativa” hacen referencia a la
omisión de un supuesto requisito de procedibilidad, la Sala reitera las razones que
motivaron la desestimación de la excepción de falta de competencia, dado que está
claro que ni la Constitución Política ni la ley prescriben un condicionamiento para el
ejercicio de la acción de pérdida de investidura, lo que sí establecen es su naturaleza
autónoma, pública y sancionatoria, características que, por sí mismas, desligan ese
mecanismo judicial de la actuación administrativa concerniente a la evaluación de
informes de ingresos y gastos de campaña. Al respecto, vale reiterar que la culminación
del trámite administrativo de evaluación de informes con hallazgo de violación de tope
de gastos habilita al CNE para incoar la solicitud de desinvestidura del congresista que
incurre en esa conducta, pero no condiciona su presentación a la culminación de esa
actuación, precisamente, porque el carácter público de la acción de pérdida de
investidura faculta a “cualquier ciudadano”28 para ejercerla. En ese orden, la excepción
de “falta de agotamiento de la vía administrativa” también será desestimada.
2.5.- Problema jurídico
Una vez resueltas las excepciones propuestas, procede la Sala a dar respuesta al
problema atinente al fondo de la litis, en el siguiente sentido:
La señora Ana Paola García Soto, elegida Representante a la Cámara por el
departamento de Córdoba de la lista de candidatos del partido de la U para el periodo
constitucional 2022-2026, ¿incurrió en la causal de pérdida de investidura consistente
en la “violación de los topes máximos de financiación de las campañas” y “límites al
monto de gastos” prevista en los artículos 109 de la Constitución Política y 26 de la Ley
1475 de 2011?
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas: (i)
naturaleza del juicio de pérdida de investidura; (ii) presupuestos de configuración de la
causal de pérdida de investidura por violación de los topes máximos de financiación y
gastos prevista en los artículos 109 de la Constitución Política y 26 de la Ley 1475 de
2011; (iii) medios de prueba allegados al expediente y, (iv) solución al caso concreto.
28 Constitución Política, artículo 184. “La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de
acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud
formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.”.
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2.6.- Naturaleza del juicio de pérdida de investidura
La Sala rememora que, conforme a lo previsto en la Constitución Política y la Ley 1881
de 201829, la pérdida de investidura es una acción pública que puede ser ejercida por
cualquier ciudadano, para cuestionar la conducta del congresista que incurra en
conductas lesivas para la función legislativa, como la violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, conflicto de intereses, incumplimiento del deber de
asistencia a sesiones plenarias, indebida destinación de dineros públicos, tráfico de
influencias o infracción de los topes máximos de financiación de campañas, entre otras.
El proceso de pérdida de investidura tiene naturaleza sancionatoria, pues involucra un
juicio de responsabilidad subjetiva en contra de los congresistas que hubieren incurrido
en una de las causales que configuran esa sanción (elemento objetivo), establecidas
en la Constitución Política, por su conducta dolosa o gravemente culposa (elemento
subjetivo). Constituye, además, un mecanismo judicial por medio del cual los
ciudadanos ejercen el control político de los candidatos elegidos para ejercer la función
legislativa, que tiene como propósito preservar la dignidad del mandato conferido bajo
condiciones éticas de rectitud, pulcritud y transparencia.
La naturaleza sancionatoria de la acción de desinvestidura, como juicio de
responsabilidad subjetiva, impone la aplicación de las garantías constitucionales que
integran el debido proceso, en particular, la observancia de los principios pro homine,
in dubio pro reo, legalidad, “que implica que las causales son taxativas, de interpretación
restrictiva y no hay lugar a aplicar normas por analogía”, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad30. En ese orden, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha considerado que, en materia de pérdida de investidura, las conductas sancionables
deben estar plenamente determinadas en la Constitución Política o en la ley, por ende, la
consecuencia de la comisión de tales actuaciones se ciñe estrictamente a la comprobación
del “espectro conductual fijado por la literalidad de la prohibición” o circunstancia
configurativa de desinvestidura31.
2.7.- Presupuestos para la configuración de la causal de pérdida de investidura
por violación de los topes máximos de financiación de las campañas
De acuerdo con lo previsto en el artículo 109 de la Constitución Política, las campañas
políticas son financiadas parcialmente con recurso estatales, por lo que resulta
necesario, por un lado, limitar el monto de los gastos que los partidos y movimientos
políticos realizan en las contiendas electorales y, por otro, fijar topes máximos de
financiación con el propósito de garantizar los principios de participación, igualdad,
pluralismo, transparencia y moralidad que rigen la organización y funcionamiento de
esas colectividades.
Para garantizar la aplicación de los principios mencionados, la Ley 1475 de 2011
establece las fuentes de financiación, entre las que se encuentra la proporcionada por
el Estado a través del “sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos”;
además, fija los límites a la financiación privada y al monto de gastos; prevé la
29 ARTÍCULO 1. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad
subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución.
Se observará el principio del debido proceso, conforme al artículo 29 de la Constitución Política.
ARTÍCULO 2. Las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado conocerán
en primera instancia de la pérdida de investidura de los congresistas a solicitud de la Mesa Directiva de la
Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución. La Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo será competente para decidir el recurso de apelación frente a la
sentencia de primera instancia, sin la participación de los magistrados que decidieron el fallo recurrido.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de marzo de 2010,
expediente 2009-00198(PI).
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 22 de octubre de 2019,
expediente PI-2018-01294-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04767-00(7646)
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presentación de informes de ingresos y gastos de campaña, y prescribe la sanción
aplicable a los candidatos elegidos a corporaciones públicas, alcaldes y gobernadores
que incurran en la violación de los topes de ingresos y gastos de campaña.
En lo atinente a la fijación de límites para la financiación y gastos de campaña, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo ha precisado, “por un lado: i) que la causal de
desinvestidura prevista en el artículo 109 de la Constitución Política sanciona con la
desinvestidura al candidato elegido para una corporación pública de elección popular
que incurra en la conducta consistente en ‘[…] violación de los topes máximos de
financiación de las campañas […]’, entendida como aportes y como gasto; y ii) el
artículo 26 de la Ley 1475 sanciona la violación del límite al monto de gastos en la
campaña electoral. Por el otro, [que] corresponde al Consejo Nacional Electoral fijar los
límites de gastos de las campañas electorales a los distintos cargos y corporaciones de
elección popular, teniendo en cuenta los costos reales de las campañas, el
correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para la financiación
estatal de las mismas.”32- 33.
Las disposiciones constitucionales y legales citadas le atribuyen competencia al
Consejo Nacional Electoral para adelantar el procedimiento para la presentación de
informes de ingresos y gastos de campañas electorales de candidatos, partidos y
movimientos políticos, a través del cual el contador adscrito al Fondo Nacional de
Financiación de Partidos y campañas Electorales, revisa aspectos contables, verifica el
cumplimiento de los topes y, si resulta procedente, remite al CNE para que expida la
certificación necesaria para dictar el acto administrativo de reconocimiento del derecho
a la reposición de gastos de campaña34.
Por su lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha emitido pronunciamientos
del siguiente tenor:
“(…) el establecimiento de límites a las cantidades y montos globales que
pueden aportarse por parte de particulares a las campañas políticas, o de
topes a las contribuciones provenientes del sector privado en la financiación
de estas campañas, reviste tal trascendencia, que esta regla constituye el
principal contenido que informa a los principios de pluralismo político y de
igualdad, los cuales deben garantizarse en todas las campaña políticas y
electorales, así como en la implementación de los mecanismos de
participación ciudadana. De otra parte, evidenció la jurisprudencia
constitucional, que las limitaciones a los montos de financiación privada,
constituyen un claro mandato constitucional que se encuentra en armonía
con la tendencia en el ámbito internacional, encaminada a regular y limitar
de manera detallada el tema de la financiación privada de las campañas
32 Ídem.
33 Corte Constitucional, sentencia de C-490 de 23 de junio de 2011. “Esta Corte se ha pronunciado de manera
reiterada en relación con los límites a los montos de los gastos que las organizaciones políticas pueden realizar
en el desarrollo de las contiendas políticas y electorales y sobre la importancia de esta limitación para la garantía
de los principios de transparencia, igualdad y pluralismo político, por lo que considera que la regulación prevista
en el proyecto, relativa a los límites de gastos de las campañas electorales de los partidos, movimientos y grupos
significativos de ciudadanos, lo hace de una manera razonable y proporcional, utilizando criterios que garantizan
la igualdad, la transparencia, el pluralismo político y la moralidad pública, además de otorgar competencia al
Consejo Nacional Electoral para establecer estos límites. En cuanto al tema relativo a las sanciones por la
violación de topes o límites de gastos o financiación de las campañas políticas y electorales, la Corte también
se ha pronunciado encontrando que el establecimiento de sanciones para el candidato o el partido político por
incumplimiento del monto de recursos de una campaña electoral o del deber de rendir cuentas o balances al
término de las elecciones, es válido constitucionalmente y se origina en la concreción del principio de
transparencia. De ahí que las sanciones previstas por el Legislador por incumplimiento de los montos máximos
de gastos en las campañas resulta plenamente constitucional y constituye un claro desarrollo del expreso mando
constitucional, contenido en el artículo 109 Superior. En todo caso, estas sanciones, deberán adoptarse con
plena garantía de los principios, valores y derechos constitucionales, tales como el respeto del debido proceso,
entre otros derechos, así como ser razonables y proporcionales.”.
34 Resolución, 8262 de 2021, corregida por la Resolución 8586 del mismo año, “por la cual se adopta el
procedimiento para la presentación de informe de ingresos y gastos de campañas electorales”.
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Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
políticas, a través de la fijación de cuantías máximas de contribuciones por
parte de particulares, con el fin de evitar todo abuso del poder económico en
la actividad política, de prevenir el fenómeno de la corrupción y evitar la
injerencia de intereses particulares que vicien los procesos democráticos.
En este sentido, expresó la Corte que la fijación de topes máximos a las
contribuciones de particulares a las campañas políticas, tiene un doble
efecto democrático: de un lado garantizar la igualdad en la contienda
electoral, y de otro lado, el pluralismo político, ya que con esta medida se
logra evitar que partidos y candidatos con mayores recursos económicos
tengan una mayor visibilidad ante el electorado y logren una ventaja
considerativa e inaceptable en materia de mecanismos de participación”35.
De acuerdo con lo expuesto, la causal de pérdida de investidura por la violación de los
límites al monto de gastos fijados por el Consejo Nacional Electoral, procederá siempre
que se acrediten los siguientes presupuestos: (i) que el candidato fue elegido por voto
popular para una corporación pública; (ii) que el elegido infringió el tope de gastos de
campaña conforme a la proporción que le corresponda del límite fijado para la lista con
voto preferente, lo que resulta de dividir el monto total del gasto en que incurrió la lista
por el número de los integrantes de la lista (elemento objetivo)36; (iii) que la infracción
del límite al monto de gastos devino a consecuencia de que “la persona obró con la
intención, el querer o la voluntad de quebrantar la ley o que fue negligente o descuidado
y no tomó las medidas necesarias para evitar que ello ocurriera” (elemento subjetivo)37.
2.8.- Medios de prueba allegados al expediente
En virtud de lo dispuesto en el auto de 27 de septiembre de 202238 que reconoció
como tales los medios de prueba documentales aportados por las partes y ordenó,
de oficio, exhortar al Consejo Nacional Electoral -CNE-, a la DIAN y a Facebook
Colombia SAS para que aportaran la información allí requerida, al expediente fueron
allegados los siguientes documentos39:
• Certificación del 10 de agosto de 2022, expedida por el Subsecretario General
de la Cámara de Representantes, en la que consta que Ana Paola García Soto
fue elegida representante a la Cámara por la circunscripción electoral del
departamento de Córdoba para el período constitucional 2022-2026 y tomó
posesión del cargo el 20 de julio de 202240.
• Resolución 0227 de 29 de enero de 2021, por medio de la cual el Consejo
Nacional Electoral fija los límites a los gastos de las campañas electorales para
35 Corte Constitucional, Sentencia C-490 de 2011, M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva
36 Ley 1415 de 2011, artículo 24. Límites al monto de gastos. Los límites de gastos de las campañas electorales
a los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el Consejo Nacional Electoral en el
mes de enero de cada año, teniendo en cuenta los costos reales de las campañas, el correspondiente censo
electoral y la apropiación presupuestal para la financiación estatal de las mismas.
Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los estudios que correspondan con el objeto de
garantizar que los límites al monto de gastos fijados reflejen el valor real de las campañas electorales.
El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato a cargo uni-nominal o por lista de candidatos a
corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto preferente el monto máximo de gastos por
cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el
número de candidatos inscritos. El Consejo Nacional Electoral señalará, adicionalmente, el monto máximo que
cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral institucional a favor
de sus candidatos o listas. Parágrafo transitorio. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente
ley, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda realizarán el estudio base para la actualización
de los costos reales de las campañas.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 22 de octubre de 2019,
expediente PI-2018-01294-01.
38 Índice 18 del expediente digital, SAMAI.
39 Expediente digital, SAMAI, índice 18.
40 Expediente digital, SAMAI, índice 2 (archivo 416).
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Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
las elecciones de 2022, entre los que incluye el límite máximo del monto de
gastos de las campañas de cada una de las listas de candidatos inscritos a la
Cámara de Representantes por los departamentos con censo electoral entre
885.001 y 1.500.000 ciudadanos, por la suma de cinco mil seiscientos seis
millones doscientos veintisiete mil novecientos cincuenta y seis pesos
($5.606.227.956)41.
• Acta parcial de escrutinio de 13 de marzo de 2022, correspondiente a la
circunscripción electoral del departamento de Córdoba, que da cuenta de que la
congresista Ana Paola García Soto formó parte de la lista presentada por el
Partido de la Unión por la Gente “Partido de la U”, para el periodo constitucional
2022-2026, integrada por cinco candidatos42.
• Certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de
Montería el 26 de agosto de 2022, en el que consta que la empresa
Multisuministros y Asesorías SAS fue constituida el 2 de julio de 2013, tiene
domicilio en Montería y que la última renovación de matrícula ocurrió el 12 de
abril de 202243.
• Documento con 109 imágenes que, según el dicho del demandante,
corresponde a eventos públicos de campaña publicados en el perfil de Ana
Paola García Soto en la red social Facebook44. Para acreditar la autenticidad de
la cuenta que publicó las imágenes, el demandante aportó el “Informe de
aseguramiento digital” suscrito por Andrés Senin Muñoz Bermúdez, en condición
de Ingeniero de Sistemas, perito informático forense, en el que describe el
procedimiento para la “identificación única HASH SHA – 256 de un perfil digital
del usuario Ana Paola García Soto identificada con la URL
www.facebook.com/anapaola.garciasoto.5.”, presenta el resultado de la
“exportación digital del contenido del perfil digital Ana María (sic) García Soto” y
reproduce 12 imágenes extraídas del perfil. En el aparte de conclusiones cita,
entre otras, las siguientes45:
“6.3. Se establece que el perfil cuenta a la fecha del aseguramiento tres mil
cuatrocientos cuarenta y tres (3.443) amigos, mil setecientos cuarenta y tres
(1.743) seguidores y dentro de la información expuesta por el perfil digital
corresponde a una Abogada. Comprometida con Córdoba, dejando huellas ♥.
Representante a la Cámara 2022-2066. 6.4. Segmento de la información del
perfil se encuentra de forma privada, razón por la cual datos del usuario, como
fecha de nacimiento, datos personales e información detallada se encuentra de
manera restringida.
6.4. Segmento de la información del perfil se encuentra de forma privada, razón
por la cual datos del usuario, como fecha de nacimiento, datos personales e
información detallada se encuentra de manera restringida.
6.5. Es necesario solicitar a la administración de la red social Facebook un
registro biográfico del usuario ANAPAOLA.GARCIASOTO.5, con el fin de
poder confirmar datos privados y autenticidad del usuario.”.
Viene oportuno precisar que este “informe de aseguramiento digital” aportado
por la parte demandante fue considerado en el auto del 27 de septiembre de
2022 como un medio de prueba documental y no como un dictamen pericial46.
En efecto, el dictamen pericial -como medio de prueba- requiere de la
41 Expediente digital, SAMAI, índice 2 (archivo 64).
42 Expediente digital, SAMAI, índice 2, (archivo 966, página 2).
43 Expediente digital, SAMAI, índice 2 (archivo 209).
44 Expediente digital, SAMAI, índice 2 (archivo 9).
45 Expediente digital, SAMAI, índice 2 (archivo 2).
46 Índice 18 del expediente digital, SAMAI.
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Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
acreditación de la idoneidad y experiencia de quien lo rinde y de que el concepto
científico o técnico obedezca a “hechos que tienen que ser probados” y
sustentados “en datos e información científica y técnicamente fiable”47, que lo
doten de solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad en sus
fundamentos tal como lo prevé el artículo 226 del Código General del Proceso48.
• El demandante también allegó al expediente el documento denominado “análisis
jurídico al informe de ingresos y gastos de campaña” de la congresista acusada,
en el que reproduce dos imágenes de comprobantes, el número 17, de 13 de
marzo de 2022, por valor de sesenta millones ciento veinte mil ($ 60.120.000)
por concepto de “donación de seis eventos públicos políticos de la campaña Ana
Paola García Soto”; y el número 6, de 11 de marzo de 2022, por valor de
veintisiete millones de pesos ($ 27.000.000), correspondiente a “material
publicaciones”. También muestra la imagen de la factura electrónica M 1278
emitida por la empresa Multisuministros y Asesorías SAS a la congresista García
Soto, por la compraventa de mil gorras, mil camisetas y setecientos pendones
por la suma de veintisiete millones de pesos ($ 27.000.000). Con esa
información presenta un reporte del número y valor de los eventos públicos,
elementos de publicidad, desplazamientos y propaganda electoral que afirma,
no fueron reportados en el informe de gastos de campaña, calculados así49:
“Se evidencia una clara omisión de gastos en relación a la campaña adelantada
por la candidata ANA PAOLA GARCIA SOTO, de acuerdo a la revisión de la
página de Facebook denominada ANA PAOLA GARCIA SOTO (se realiza
aseguramiento mediante informática forense de las publicaciones realizadas en
esta red social), se detallan y documentan un promedio de sesenta (60)
eventos públicos los cuales no fueron reportados en el informe de ingresos y
gastos suscrito por la candidata, para cuantificar dichos eventos públicos se
tomara como parámetro la información descrita en el comprobante de egreso
No. 17
(…)
Se evidencia una clara omisión de gastos en relación a la campaña adelantada
por la candidata ANA PAOLA GARCIA SOTO, de acuerdo a la revisión de la
página de Facebook denominada ANA PAOLA GARCIA SOTO (se realiza
aseguramiento mediante informática forense de las publicaciones realizadas en
esta red social), se detallan y documentan un promedio de seis mil (6.000)
gorras, seis mil ( 6.000) camisetas y seis mil (6.000) pendones, elementos
publicitarios que no fueron reportados en el informe de ingresos y gastos suscrito
por la candidata, para cuantificar dichos elementos se tomara como parámetro
la información descrita en el comprobante de egreso No. 06
(…)
Se evidencia la omisión en el reporte del ingreso y gastos en relación a la
adquisición de productos publicitarios, ya que estos productos se detallan en la
realización de un promedio de sesenta (60) eventos públicos, productos
publicitarios los cuales no fueron reportados en el informe de ingresos y gastos
y no se realizó la valoración al precio de mercado, por tal motivo se realiza su
valoración según el siguiente detalle: Fuente: elaboración propia grupo auditor.
En la adquisición de productos publicitarios, se evidencia una posible omisión
47 TARUFO, Michele, La Prueba, Editorial Marcial Pons, 2008, Madrid, España, p. 93
48 Código General del Proceso, artículo 226. PROCEDENCIA. “La prueba pericial es procedente para verificar
hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. (…) El
perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión es
independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los
documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito.
Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos,
experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de
sus conclusiones. El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones
e informaciones: (…)”.
49 Expediente digital, SAMAI, índice 2 (archivo 753).
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Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
de ingresos y gastos por valor de ciento ochenta y seis millones doscientos
cuarenta y seis mil pesos ($186.246.000). DETALLE DEL PRODUCTO
CANTIDAD VALORACION PRECIO GORRAS 6.000 7.500 CAMISETAS 6.000
10.000 PENDONES”.
• Certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de
Montería el 26 de agosto de 2022, en el que consta que la empresa
Multisuministros y Asesorías SAS fue constituida el 2 de julio de 2013, tiene
domicilio en Montería y que la última renovación de matrícula ocurrió el 12 de
abril de 202250.
• La congresista Ana Paola García Soto aportó el informe individual de ingresos y
gastos de campaña presentado ante el CNE, Fondo Nacional de Financiación
Política, con los soportes contables y certificados de matrícula mercantil emitidos
por la empresa Multisuministros y Asesorías SAS. En cuanto al informe de
campaña, los ingresos y gastos reportados corresponden a los siguientes
conceptos51:
Código Concepto Valor
101 Créditos o aportes que provengan del patrimonio de $ 161.070.000,00
los candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros
permanentes, o de sus parientes (Anexo 6.1B)
102 Contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o $ 154.279.277,00
especie, que realicen los particulares (Anexo 6.2B)
103 Créditos obtenidos en entidades financieras $ 0,00
legalmente autorizadas (Anexo 6.3B)
104 Ingresos originados en actos públicos, publicaciones $ 0,00
y/o cualquier otra actividad lucrativa del partido o
movimiento (Anexo 6.4B)
105 Financiación estatal - anticipos (Anexo 6.5B) $ 0,00
106 Recursos propios de origen privado que los partidos y $ 0,00
movimientos políticos destinen para el financiamiento
de las campañas en las que participen (transferencias)
(Anexo 6.6B)
107 Otros ingresos (rendimientos financieros) (Anexo $ 0,00
6.7B)
100 TOTAL DE LOS INGRESOS DE LA CAMPAÑA $ 315.349.277,00
201 Gastos de administración (Anexo 6.8B) $ 15.500.000,00
202 Gastos de oficina y adquisiciones. $ 0,00
203 Inversión en materiales y publicaciones (Anexo 6.9B) $ 0,00
204 Actos públicos (Anexo 6.10B) $ 60.120.000,00
205 Servicio de transporte y correo (Anexo 6.11B) $ 0,00
206 Gastos de capacitación e investigación política $ 0,00
207 Gastos judiciales y de rendición de cuentas $ 86.000.000,00
208 Propaganda electoral (Anexo 6.12B) $ 153.266.461,00
209 Costos financieros $ 452.607,00
210 Gastos que sobrepasan la suma fijada por el consejo $ 0,00
nacional electoral
211 Otros gastos $ 0,00
200 TOTAL DE LOS GASTOS DE LA CAMPAÑA $ 315.339.068,00
• Oficio suscrito por la apoderada judicial de la sociedad Facebook Colombia SAS,
radicado en el expediente el 3 de octubre de 2022, por medio del cual aquella
50 Expediente digital, SAMAI, índice 2 (archivo 209).
51 Expediente digital, SAMAI, índice 10 (página 25).
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Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
da respuesta al exhorto emitido por esta Corporación, en el sentido de precisar
que la información de los usuarios del servicio de Facebook es manejada por la
empresa Meta Platforms Inc., “incluyendo las URLs o enlaces del contenido (…)
y en tal carácter es la única titular de la relación jurídica con dichos usuarios”,
motivo por el que no le es posible certificar si Ana Paola García Soto realizó
pagos por publicidad o propaganda electoral52.
• Oficio fechado el 3 de octubre de 2022, por medio del cual el subdirector de
Factura Electrónica y Soluciones Operativas de la DIAN da respuesta al exhorto
emitido por esta Corporación en el que se solicitaba a ese organismo, la copia
de las facturas en las que constara el detalle de ventas realizada a la acusada
por la empresa Multisuministros y Asesoría SAS. Para el efecto, remitió la
información correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30
de junio de 2022, con las facturas electrónicas correspondientes. También
remitió las facturas emitidas por Ana Paola García Soto en 2021, “dentro de las
cuales no se evidencian facturas emitidas para Facebook Colombia SAS. Para
el año 2022 no se encuentra información”53.
• Oficio 4132-2022 de 12 de octubre de 2022, suscrito por el asesor del Fondo
Nacional de Financiación de Partidos y Campañas -CNE-, por medio del cual da
respuesta al exhorto proferido por esta Corporación, así: (i) la empresa
Multisuministros y Asesorías SAS no se encuentra inscrita ante el CNE como
“medio de comunicación o empresa de publicidad” en los términos previstos en
el parágrafo segundo del artículo 8° de la Resolución No. 0228 de 2021 54; (ii)
“CERTIFICA” que la empresa mencionada no presentó informe sobre
propaganda electoral a cargo de “los medios de comunicación social, periódicos,
revistas, emisoras de radio o canales de televisión y empresas de publicidad o
comercializadoras de vallas; (iii) el informe individual de ingresos y gastos de
campaña correspondiente a la congresista Ana Paola García Soto reporta
gastos por concepto de propaganda política por la suma de $ 153.267.461; (iv)
el citado informe también reporta pagos por concepto de publicidad política a
la empresa Multisuministros y Asesoría SAS por $ 98.862.500, acreditados con
la copia de los soportes contables (comprobante de egresos 3, 4 y 6); (v) el
informe de ingresos y gastos presentado por el partido de la Unión por la Gente
-Partido de la U- no se encuentra certificado porque este “fue objeto de
observaciones por parte del contador responsable de la revisión. Por tanto, esta
dependencia se encuentra a la espera de la respuesta a los requerimientos (…),
a fin de continuar con el trámite de certificación, reconocimiento y pago” 55.
2.9.- Del caso concreto
La parte actora sustenta la causal de pérdida de investidura consistente en la violación
de los topes máximos de gastos de la campaña realizada por la candidata Ana Paola
García Soto, elegida Representante a la Cámara por el partido de la U para el periodo
2022-2026, en el hecho de que la hoy congresista realizó actos públicos de campaña
en un número superior al reportado ante la autoridad electoral, lo que representa, a su
juicio, un gasto mayor por concepto de logística, desplazamientos y elementos de
propaganda electoral como gorras, camisetas, pendones y vallas. Apoya la tesis en la
52 Expediente digital, SAMAI, índice 26.
53 Expediente digital, SAMAI, índice 28.
54 ARTÍCULO OCTAVO: Los medios de comunicación social, periódicos, revistas, emisoras de radio o canales
de televisión y empresas de publicidad o comercializadoras de vallas, deberán informar al Consejo Nacional
Electoral acerca de la propaganda electoral contratada con ellos por los partidos y movimientos políticos, grupos
significativos de ciudadanos, campañas electorales, candidatos y gerentes de campaña (…) PARÁGRAFO
SEGUNDO: Para lo anterior, los medios de comunicación social, periódicos, revistas, emisoras de radio o
canales de televisión y empresas de publicidad o comercializadoras de vallas se deberán inscribir ante el
Consejo Nacional Electoral en el portal www.cnecuentasclaras.com.
55 Expediente digital, SAMAI, índice 35 (archivo 138).
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Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
“revisión” de las imágenes que aparecen en el perfil de la red social Facebook
perteneciente, según su dicho, a la congresista Ana Paola García Soto.
2.9.1.- Para sustentar la primera premisa, esto es, que la congresista acusada realizó
más actos públicos de los reportados por ella, el actor adjuntó imágenes de un perfil de
la red social Facebook en el que se observa a la candidata en eventos que muestran
elementos de propaganda electoral (gorras, camisetas, pendones); imágenes y
publicaciones que, en su criterio, demuestran el número real de eventos realizados,
pues es la candidata quien directamente informa el municipio del departamento de
Córdoba en el que se encuentra, la fecha y el evento o actividad realizada. Entre las
109 imágenes que allega con la demanda se observan -a título de ejemplo- las
siguientes:
“1. EVENTO 10 DE MARZO DE 2022 DESARROLLADO EN PLANETA RICA
CORDOBA
IMAGEN 1
SE ADJUNTA LINK DE CONSULTA DE LA IMAGEN: https://scontent.fbog17-
1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808- (...)
2. EVENTO 10 DE MARZO DE 2022 DESARROLLADO EN PLANETA RICA
CORDOBA
IMAGEN 1
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Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
SE ADJUNTA LINK DE CONSULTA DE LA IMAGEN:
https://scontent.fbog2-5.fna.fbcdn.net/v/t39.30808
IMAGEN 2
Respecto de la validez probatoria de la información e imágenes publicadas en las redes
sociales, la Sección Quinta de esta Corporación, al decidir un proceso de nulidad
electoral por doble militancia sustentado fácticamente en dos videos, uno de ellos
tomado de un perfil de Facebook, reiteró la jurisprudencia de esa Sala sobre la validez
probatoria de ese tipo de mensaje de datos56, en el siguiente sentido57:
“El propósito de la Ley 527 fue crear una plataforma digital homóloga que
permitiera garantizar que los mensajes de datos cumplieran las mismas funciones
del documento en papel, a saber, su inalterabilidad, su reproducción y
autenticación58, mediante la implementación de los equivalentes funcionales59
entre el documento tradicional y el digital.
Así, en palabras de la Corte Constitucional, el reconocimiento del valor probatorio
de los mensajes de datos se traduce en la obligación de demostrar los
equivalentes funcionales que permitan asemejarlo al documento escrito:
“El primer inciso del artículo 247, interpretado en conjunto con el artículo 2 de
la Ley 527 de 1999, comporta que si una información generada, enviada o
recibida a través de medios electrónicos, ópticos o similares, como el EDI, el
Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax, es allegada al
proceso en el mismo formato o en uno que reproduzca con exactitud la
modalidad en que fue transmitida o creada, ese contenido deberá valorarse
como un mensaje de datos. Más exactamente, esto quiere decir que solo si el
mensaje electrónico es aportado en el mismo formato en que fue remitido o
generado, de un lado, se considerará un mensaje de datos y, del otro, deberá
ser probatoriamente valorado como tal.
Lo anterior, a su vez, supone dos elementos. En primer lugar, debido a que la
norma hace referencia a la incorporación de verdaderos mensajes de datos,
como pruebas, al proceso, su introducción a la actuación presupone los
56 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 y 11001-03-28-000-2020-00017-00.
57 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de noviembre de 2022, expediente 2022-00271-00,
demandante Cristhian Fernando Díaz, demandado: Cesar Augusto Pachón.
58 Exposición de motivos de la Ley.
59 Corte Constitucional. Sentencia C-831 de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
«equivalentes funcionales» a los que se hizo referencia con anterioridad,
previstos en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 527 de 1999, que reemplazan la
exigencia escritural del documento, la necesidad de la firma y la obligación de
su aportación en original…´60.
Es decir que, a la luz del parámetro jurisprudencial parcialmente reproducido, el
demandante en un proceso judicial deberá garantizar: (i) que la información
contenida en el mensaje de datos sea accesible para su posterior consulta –art.
6° de la Ley 527 de 1999–; (ii) la identificación del iniciador del mensaje–quien lo
genera –art. 7° de la Ley 527 de 1999–; (iii) la integralidad de su contenido, esto
es, que no haya sido alterado a partir del momento en que se generó por primera
vez en su forma definitiva –arts. 8° y 9° de la Ley 527 de 1999–61.
Todo ello, con el propósito de reafirmar la validez probatoria de estos medios de
convicción digitales, –entiéndase correos electrónicos, fotos y videos subidos a
las redes sociales, leyendas que acompañan los “post” de Instagram y Facebook–
, como requisitos “sine qua non” para su apreciación, de acuerdo con las reglas
de la sana crítica y sus particularidades propias62.
De acuerdo con los lineamientos legales y jurisprudenciales citados en precedencia,
respecto de la información e imágenes que el actor afirma haber tomado del perfil de
Facebook de la congresista acusada se puede predicar, lo siguiente:
.
En lo concerniente a la accesibilidad o disponibilidad del mensaje de datos, el actor
señaló dos vías para consultarlo, la primera, por medio del hipervínculo señalado en el
texto de la demanda para cada una de las imágenes y, la segunda, mediante la consulta
directa al perfil de Facebook correspondiente al usuario Ana Paola García Soto. Debido
a que los hipervínculos señalados en la demanda no se encontraron disponibles 63, la
Sala acudió a la segunda vía, esto es, al perfil
https://www.facebook.com/anapaola.garciasoto.564, en el que pudo constatar que las
imágenes y comentarios sobre actos de campaña que sustentan la demanda se
encuentran en la red social con ese nombre de usuario. En ese orden, el primer requisito
de validez del mensaje de datos como medio de prueba, esto es, la accesibilidad, se
encuentra acreditado con la información disponible en la red social.
En cuanto al atributo de originalidad del mensaje de datos, la consulta al perfil de
Facebook indicado en la demanda demuestra que las imágenes allí publicadas
corresponden a las allegadas con la solicitud de pérdida de investidura, hecho indicador
de que no fueron alteradas y de que el iniciador del mensaje de datos en los dos
escenarios corresponde al usuario de Ana Paola García Soto; corroboración que
también lleva a tener por acreditado el atributo de integridad, pues la información
publicada permanece completa e inalterada.
Con respecto a la autenticidad de la información, la Sala observa que ese
presupuesto se entiende acreditado ante la ausencia de tacha o desconocimiento de la
información por parte de la acusada, que en ninguna etapa procesal desconoció el perfil
de Facebook de Ana Paola García Soto, ni tachó de falsa la información publicada en
la red social.
Así, en atención a que ninguno de los atributos del mensaje de datos mencionados fue
tachado de falso o desconocido por la acusada, la información e imágenes
60 Corte Constitucional. Sentencia C-604 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
61 Ibidem.
62 Art. 11 de la Ley 527 de 1999.
63 Mensaje que arroja la consulta de los hipervínculos: “URL signature expired”. Consulta, 5 de diciembre de
2022.
64 La última consulta realizada al perfil https://www.facebook.com/anapaola.garciasoto.5, se llevó a cabo el 5
de diciembre de 2022.
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publicadas son apreciables probatoriamente, más aún si se tiene en cuenta que en
la intervención realizada en la audiencia inicial el apoderado de la congresista no
desmintió el contenido de la información divulgada en la red social Facebook; por el
contrario, realizó “precisiones” frente a cada una de las 109 publicaciones con el
propósito de desvirtuar su eficacia probatoria, más no su validez65; a título de ejemplo,
se traen las siguientes imágenes y comentarios:
“(…) ANEXO CORRESPONDIENTE A PRECISIONES DEL RESUMEN DE LA
INTERVENCIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA.
1. EVENTO 10 DE MARZO DE 2022 DESARROLLADO EN PLANETA RICA-
CORDOBA
IMAGEN 1
PRECISIÓN: Este evento corresponde al señor Julio Elias como se evidencia en
las imágenes y pancartas, por lo cual, la Congresista Ana Paola, únicamente
estaba haciendo acto de presencia.
Se evidencia 1 sola gorra, sin camiseta
2. EVENTO 09 DE MARZO DE 2022 DESARROLLADO EN CIENAGA DE ORO-
CORDOBA
IMAGEN 1
Precisión: Esta reunión se realizó en la calle, y se evidencian únicamente 4 gorras
y 2 camisetas de manera clara y correspondiente a la Congresista, haciendo la
salvedad que la gorra de la Congresista es la que se ve en la primera imagen, por
lo cual serían 3 gorras (…)”
Ahora bien, la Sala recuerda que el “informe de aseguramiento digital” aportado con la
demanda para garantizar la accesibilidad de la información susceptible de modificación
65 Expediente digital, SAMAI, índice 58.
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o eliminación por encontrase en una red social, fue incorporado al proceso como una
prueba documental, tal como consta en el auto del 27 de septiembre de 202266 y en
la decisión del 18 de octubre de 2022 que resolvió el recurso de reposición interpuesto
contra el decreto de pruebas, en el que se precisó que sólo se incorporaron como
pruebas documentales “los documentos aportados con la solicitud y los aportados con
la contestación”, sin incluir los allegados con el escrito de oposición a las excepciones
“para acreditación del perito”67. Bajo esa consideración, resulta válido afirmar que el
documento denominado “informe de aseguramiento digital” o la copia de seguridad de
la información publicada en Facebook resulta inane en el caso concreto, porque las
publicaciones e imágenes en que se sustenta el cargo de la demanda siguen
disponibles en el perfil de la congresista acusada:
https://www.facebook.com/anapaola.garciasoto.5.68
Superado el presupuesto de validez del mensaje de datos como medio de prueba,
la Sala procede a su valoración, en los siguientes términos:
La información (imágenes y comentarios) divulgados en el perfil de Ana Paola García
Soto, sólo muestran que la congresista realizó actos de campaña en diferentes
municipios del departamento de Córdoba durante el primer trimestre de 2022, tal como
consta en las imágenes en las que aparece la candidata junto a otras personas en
eventos realizados en lugares dotados con sillas y elementos de propaganda electoral,
como pendones, gorras y camisetas de su campaña y de la de otro candidato de su
partido.
Ahora bien, las imágenes representativas de esos hechos y los comentarios realizados
por la candidata con relación a cada una de las fotografías no llevan a establecer el
número de actos políticos de campaña que García Soto realizó ni el costo por
concepto de logística y compra de camisetas, gorras, pendones y
desplazamientos que representó cada uno, más aún si se tiene en cuenta que
algunas imágenes muestran a la acusada con grupos de personas en vías públicas o
en residencias que, según sus comunicados, son de familiares o vecinos de los
municipios que identificó en cada imagen de su cuenta de Facebook, circunstancia esta
que desestima las apreciaciones personales del actor. Al punto, se traen como ejemplo
dos de ellas69:
66 Índice 18 del expediente digital, SAMAI.
67 Índice 15 del expediente digital, SAMAI.
68 La última consulta realizada al perfil https://www.facebook.com/anapaola.garciasoto.5, se llevó a cabo el 5
de diciembre de 2022.
69 Expediente digital, SAMAI, índice 58.
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En ese orden, concluye la Sala que, si bien la información tomada del perfil de Facebook
en este caso cuenta con validez probatoria por reunir los presupuestos dispuestos en
la ley para tal efecto, las imágenes y comentarios publicados en esa red social carecen
de eficacia probatoria para acreditar los hechos que con ellos se pretendía
demostrar, pues no tienen la virtualidad de demostrar el número de eventos que realizó
la entonces candidata Ana Paola García Soto, como tampoco el costo económico de la
logística que empleó, ni el tipo y número de elementos de propaganda política que usó
(gorras, camisetas, pendones). Así, queda desvirtuada la primera premisa expuesta
por el actor para sustentar la violación del tope máximo de gastos de campaña.
2.9.2.- Frente a la segunda premisa expuesta por el demandante, esto es, que los
supuestos sesenta (60) eventos políticos que realizó la congresista Ana Paola García
Soto tuvieron un costo calculable a partir del valor asignado a los seis (6) actos de
campaña que sí fueron reportados a la autoridad electoral, tal aserto carece de soporte
probatorio, primero, porque el número de eventos omitidos en el reporte de gastos no
se encuentra acreditado y, segundo, porque no es posible establecer, a partir de la
información publicada en el perfil de Facebook de la acusada, el valor de los bienes y
servicios contratados para logística de actos públicos.
El supuesto gasto no reportado por la presunta compra de elementos de propaganda
electoral como gorras, camisetas y pendones, soportado también en una apreciación
personal del demandante, tampoco es veraz pues el actor tomó el valor real indicado
en el informe de gastos reportado a la autoridad electoral por esos conceptos y lo
multiplicó por el número de eventos que infirió, fueron realizados, guarismo que
estableció a partir de la información publicada en el perfil de Facebook de la hoy
congresista Ana Paola García Soto.
Conforme con lo expuesto, la conclusión que el demandante dedujo de las dos
proposiciones analizadas, esto es, que la representante a la Cámara por el
departamento de Córdoba Ana Paola García Soto violó el tope máximo de gastos de
campaña y, por ende, incurrió en causal de pérdida de investidura, fue soportada en
premisas carentes de demostración, pues no existe prueba idónea que acredite
la realización de actos públicos en número superior al reportado ante la autoridad
electoral que, sumado con los demás ítems arroje un valor superior al total reportado
por la suma de trescientos quince millones trescientos cuarenta mil sesenta y ocho
pesos ($ 315.340.068). Además, tampoco acreditó el actor que los supuestos
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eventos políticos no reportados hayan superado el límite de los montos de gastos
previsto en la Resolución 0227 de 2021 del CNE, que para la lista a la Cámara de
Representantes del partido de la U por el departamento de Córdoba ascendía a la suma
de mil ciento veintiuno millones doscientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y un
pesos ($ 1.121.245.591), por cada uno de los cinco candidatos que la conformaban.
2.9.3.- Por otra parte, el detalle de las facturas electrónicas emitidas por
Multisuministros y Asesorías SAS entre enero y junio de 2022, remitidas al expediente
en cumplimiento del exhorto realizado a la DIAN, muestra que esa sociedad expidió
facturas a nombre de Ana Paola García Soto, así70:
A su turno, el detalle de facturación general en la que aparece como receptora la señora
Ana Paola García Soto, durante el mismo periodo, relaciona todas las facturas emitidas
por Multisuministros y Asesorías SAS a nombre de la congresista acusada, de la
siguiente manera:
La confrontación de la información de los dos cuadros de facturación electrónica
muestra coincidencia entre la fecha de expedición de las facturas, el número total de
facturas emitidas (8) y el valor de cada una de ellas que, sumadas, arrojan un total de
doscientos cincuenta millones setecientos veinticinco mil pesos ($ 259.725.000), lo que
muestra que las irregularidades en facturación sugeridas por el actor no tienen
sustento probatorio alguno, así como tampoco lo tiene la aseveración de que algunas
de esas facturas fueron anuladas, pues el cuadro enviado por la DIAN las señala como
aprobadas.
Tampoco es posible establecer, a partir del detalle de facturación, el bien o servicio que
generó la emisión de la factura, motivo por el cual la concordancia entre emisor y
receptor no es suficiente para acreditar que la congresista realizó pagos por actos
públicos y propaganda electoral adicionales a los reportados ante la autoridad electoral
por valor de doscientos trece millones trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos
sesenta y uno pesos ($ 213.386.461). Con todo, en el hipotético caso de que se llegara
a considerar que las facturas emitidas corresponden a gastos de campaña, el valor total
está lejos de violar el límite del monto de gastos ($1.121.245.591), dado que el total
reportado es de ($ 315.340.068).
Igual situación se presenta con la factura emitida por Paola Andrea Ochoa Ramírez a
cargo de Ana Paola García Soto por la suma de treinta y un millones ochenta mil pesos
($ 31.080.000), pues si bien esta aparece reportada en la relación de facturación de
estas dos ciudadanas ante la DIAN, la primera como emisora y la segunda como
receptora, no es posible determinar el bien o servicio que generó la expedición de ese
documento, dado que la información enviada por la entidad al expediente no registra
esa información. Por tanto, la afirmación del demandante, según la cual, Paola Andrea
70 Expediente digital, SAMAI, índice 43.
25
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04767-00(7646)
Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
Ochoa fue la “proveedora de publicidad” de la campaña de Ana Paola García carece
de sustento probatorio y, en el evento de considerarse que esa facturación deriva de
servicios de publicidad, el monto tampoco excedería el tope máximo establecido por el
CNE para gastos de campaña71.
2.9.4.- Por último, la Sala considera que las irregularidades que el demandante atribuye
a la empresa Multisuministros y Asesorías SAS en la facturación de los servicios de
publicidad y logística de eventos de campaña consistentes en que, según su dicho,
tales servicios no se encuentran relacionados entre las actividades descritas en su
objeto social, así como, en que dicha sociedad carece de locales comerciales en la
zona donde se llevó a cabo la campaña, no guardan relación fáctica ni jurídica directa
con el supuesto de hecho que estructura la causal de pérdida de investidura por
la violación del tope máximo de financiación y gastos de la campaña. Por ende, la
eficacia probatoria de esa información estaba supeditada a la posibilidad de confrontar
su contenido con otros medios de prueba que sustentaran la inferencia del demandante,
esto es, que las presuntas irregularidades de la empresa Multisuministros ocultaban la
prestación de bienes y servicios a la congresista acusada por valores superiores hasta
el punto de exceder el monto máximo de gastos de campaña.
Al respecto, resulta oportuno recordar que el informe de ingresos y gastos de campaña
que los partidos y candidatos deben reportar a la autoridad electoral, como “hechos
económicos” que son, deben estar “documentados mediante soportes contables”, los
cuales son evaluados por el contador adscrito al Fondo Nacional de Financiación de
Partidos y Campañas Electorales con el propósito de verificar el cumplimiento de los
requisitos para acceder a la financiación estatal; su alteración y/o falsedad genera
investigaciones y sanciones por parte del CNE, no la pérdida de investidura del
congresista que presenta el reporte de financiación y gastos de campaña. Por
consiguiente, las irregularidades alegadas en modo alguno demostrarían la
configuración del supuesto objetivo que estructura la causal de pérdida de investidura
por infracción del límite del monto de gastos, pues su presunta comisión no acredita,
por sí misma, la realización de gastos por valor que exceda el tope máximo72.
En suma, lo que muestran las pruebas recaudadas bajo la óptica de la sana crítica, es
que la señora Ana Paola García Soto no incurrió en la causal de pérdida de investidura
consistente en la “violación de los topes máximos de financiación de las campañas” y
“límites al monto de gastos” prevista en los artículos 109 de la Constitución Política y
26 de la Ley 1475 de 2011.
En ese orden, como no se encontró acreditado el elemento objetivo de la conducta
constitutiva de pérdida de investidura, la Sala queda relevada de examinar el factor
subjetivo de la causal, esto es, la culpabilidad en la violación de los topes máximos de
financiación y gastos de las campañas electorales consistente en determinar “si la
persona obró con la intención, el querer o la voluntad de quebrantar la ley o que fue
negligente o descuidado y no tomó las medidas necesarias para evitar que ello
ocurriera”73.
En mérito de lo expuesto, la Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Constitución y la ley,
71 Expediente digital, SAMAI, índice 28.
72 Consejo Nacional Electoral, Resolución 8586 de 25 de noviembre de 2021, que corrige la 8262 del mismo
año, por medio de la cual se adopta el procedimiento para la presentación de informes y gastos de campaña.
73 Consejo de Estado, sentencia de 22 de octubre de 2019, Exp. 11001031500020180129401, M. P. Hernando
Sánchez Sánchez.
26
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04767-00(7646)
Demandante: Jorge Enrique Burgos Lugo
FALLA
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de falta de competencia y
ausencia de agotamiento de la vía gubernativa para ejercer la acción de pérdida de
investidura propuestas por la parte acusada.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de pérdida de investidura de la representante a la
Cámara Ana Paola García Soto elegida para el período constitucional 2022-2026.
TERCERO: INFORMAR que contra esta providencia procede el recurso de apelación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018.
CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, COMUNICAR su contenido a la mesa
directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio
del Interior conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente de la Sala Magistrado
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA MILTON CHAVES GARCÍA (E)
Magistrado Magistrado
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Magistrado
Firmado Electrónicamente
27
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