Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04767-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04767-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04767-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
9 de abril de 2024
Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04767-01 (1849)
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Pérdida de investidura
Radicación 11001-03-15-000-2022-04767-01 (1849)
Accionante JORGE ENRIQUE BURGOS LUGO
Accionado ANA PAOLA GARCÍA SOTO
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a
decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la
sentencia del 25 de enero de 2023, por medio de la cual la Sala Especial de
Decisión Nro. 17 de Pérdida de Investidura negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de pérdida de investidura1
1.1. El ciudadano Jorge Enrique Burgos Lugo, a través de apoderado judicial, y
de acuerdo con lo contemplado en los artículos 109 superior, y 26 (numeral 1) de
la Ley 1475 de 2011, solicitó la pérdida de investidura de la congresista Ana Paola
García Soto por violar el límite de gastos de la campaña electoral por el partido de
la U para el periodo 2022-2026.
A su juicio, el monto máximo de gastos fijado por el Consejo Nacional Electoral (en
adelante CNE) se superó en cuantía equivalente a los $285.023.016.
Lo anterior, porque ese tope ascendía, en el caso concreto, a $1.121.245.5912,
pese a lo cual la accionada efectuó erogaciones por valor total de $1.406.268.607;
suma esta última resultante de agregar (i) los gastos que reportó al CNE en
cuantía de $315.340.068 a través del aplicativo “CUENTAS CLARAS”, y (ii) aquellos
que no reportó a esa entidad por valor de $1.090.928.539.
Con relación a los gastos no reportados, la parte actora afirmó haberlos
establecido a partir de las labores investigativas que desarrolló y producto de las
cuales encontró que no se informaron los que pasan a relacionarse3:
1 Índice 2 del SAMAI del proceso 1100-03-15-000-2022-04767-00, correspondiente a la primera instancia
del presente asunto.
2 Monto obtenido al dividir el límite máximo de gastos por lista -que según el libelo introductor correspondía
a $5.606.227.956, de acuerdo con la Resolución Nro. 0227 de 2021 del CNE- entre el número de
candidatos inscritos -que en el caso ascendió a 5-.
3
Información consignada en la demanda, y en los anexos 5, 6, y 7, denominados, en su orden: “ANÁLISIS
JURÍDICO AL INFORME DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA DEMANDADA-ANA PAOLA GARCÍA
SOTO”; “INFORME DE ASEGURAMIENTO DIGITAL -PERFIL FACEBOOK ana.paola.garcia.soto.5”; y,
1
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Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04767-01 (1849)
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
EVENTOS PÚBLICOS 604 $ 10.020.0005 $ 601.200.000
GORRAS 6000 $ 7.5006 $ 45.000.000
CAMISETAS 6000 $ 10.0007 $ 60.000.000
PENDONES 6000 $ 13.5718 $ 81.246.000
REPORTE DESPLAZAMIENTO 45 $ 150.0009 $ 6.750.000
PROPAGANDA ELECTORAL - - $ 296.732.53910
PUBLICIDAD EN VALLAS 20 - -
Total gastos no reportados $ 1.090.928.539
1.2. Adicionalmente, como hechos de “especial relevancia” que acreditaban,
también, la violación de lo previsto en el artículo 20 de la Resolución Nro. 8586 de
2021 del CNE, el actor manifestó los siguientes: (i) la empresa Multisuministros y
Asesorías S.A.S., a la que se le realizaron pagos por concepto de propaganda
electoral, no tenía reportada esa actividad dentro de su objeto social, pues se
dedicaba a la comercialización de medicamentos; (ii) una vez visitadas las
direcciones de las sedes de la empresa, consignadas en el RUT11, se informó que
no la conocían y no existía negocio dedicado a la venta de material de publicidad;
y (iii) en el certificado de matrícula mercantil aparecían inscripciones de
embargos, lo que permitía inferir la existencia de “anomalías contables” orientadas a
encubrir la violación de los topes de la campaña.
1.3. La causal de desinvestidura se imputó a título de dolo, ya que los diferentes
elementos de convicción daban cuenta “de la intención de la demandada de conculcar de
forma concreta y evidente el ordenamiento jurídico que regula los gastos e ingresos de campaña y
de especial relevancia la violación de los topes”.
1.4. Finalmente, el actor refirió la presunta configuración del delito de violación
de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, previsto en el
artículo 396B del Código Penal -en adelante C.P.-.
2. Oposición de la congresista12
2.1. A través de apoderado judicial, la congresista propuso las excepciones
denominadas “INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA Y FALTA DE COMPETENCIA
DEL CONSEJO DE ESTADO PARA DECLARAR LA VIOLACIÓN DE LOS TOPES DE LOS
GASTOS E INGRESOS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE LA DEMANDADA” y “FALTA DE
AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA” , al considerar que el Consejo Nacional
Electoral era el competente para establecer la violación de los límites de ingresos
y gastos de la campaña electoral, previo el agotamiento del procedimiento
“ANEXOS IMÁGENES Y LINK DE CONSULTA EVENTOS NO SOPORTADOS Y NO REPORTADOS
ANTE EL CNE EN EL INFORME DE INGRESOS Y GASTOS”.
4 Actos realizados desde el 23 de enero hasta el 10 de marzo de 2022, según análisis del perfil de Facebook
de la convocada por pasiva.
5 Monto establecido a partir de la información consignada en el comprobante de egreso efectivo Nro. 017 del
13 de marzo de 2022.
6 Cifra establecida a partir de la información consignada en el comprobante de egreso efectivo Nro. 06 del
11 de marzo de 2022, y de la factura M-1278, expedida el 11 del mismo mes y año.
7 Suma establecida con base en los documentos relacionados en la nota al pie Nro. 6.
8 Valor establecido con base los documentos relacionados en la nota al pie Nro. 6.
9 De acuerdo con el “trabajo de campo” realizado por la parte actora.
10 Monto total resultante de la diferencia entre el valor promedio total del que el accionante afirmó haber
tenido conocimiento pagó la hoy accionada por concepto de propaganda electoral ($450.000.000) y el
valor reportado, por ella, ante el CNE por este concepto ($153.267.461).
11
A saber: Calle 9ª Nro. 8-60 San José CAMU Buenavista; Km 1 Vía Lorica-Hospital San José; Carrera 3
Nro. 16-95 Montelíbano; y, Calle 29 Nro. 20-148 Montería.
12 Índice 10 del SAMAI del proceso 1100-03-15-000-2022-04767-00.
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establecido en la Resolución Nro. 8586 de 2021 para la presentación del informe
de ingresos y gastos correspondiente.
Como dicho procedimiento culminaba con la aprobación o desaprobación del
informe de cuentas, era ese acto el que debía demandarse, a través de los
medios de control de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho,
para demostrar la vulneración del tope de gastos, lo que no había sucedido al
momento de presentación de la demanda e impedía, entonces, que el Consejo de
Estado asumiera ese análisis en el proceso de la referencia.
2.2. Con relación al fondo del asunto, la convocada por pasiva se opuso a la
pretensión de desinvestidura, porque no se acreditó la configuración de la causal
invocada.
En su sentir, la demanda se edificó sobre suposiciones -bajo el rótulo de
investigaciones propias- respecto del número de eventos realizados, gorras,
camisetas, pendones y publicidad electoral utilizados, pero con ella no se
allegaron pruebas que acreditaran las operaciones adelantadas para adquirir esos
elementos. Así:
(i) Las fotografías aportadas con la demanda no daban cuenta de la realización
de 60 eventos públicos. Además, no se probó que el valor de cada acto
ascendiera a la suma de $10.020.000, pues solo se asumió que todos
tuvieron el mismo costo -los reportados y los no reportados-;
(ii) No se adquirieron “en promedio” 6.000 gorras, camisetas, y pendones para la
campaña electoral;
(iii) La cuantificación de los desplazamientos no consideró que algunos de los
eventos tuvieron lugar en el mismo departamento y que varios de ellos se
adelantaron en la residencia de la congresista, a más de que tampoco se
informaron aspectos relevantes para analizar la operación efectuada (v.gr.,
el precio de la gasolina para la fecha respectiva, el automóvil usado y su
consumo, y la ubicación de los peajes y su valor);
(iv) El monto señalado por concepto de propaganda electoral correspondió a un
“valor aproximado del que [la parte actora] tuvo conocimiento”, lo que no daba cuenta
del pago de suma superior y diferente de la que se reportó al CNE; y,
(v) No se indicaron los sitios de ubicación ni la(s) persona(s) con quién(es) se
contrataron las vallas publicitarias que se adujeron como no reportadas.
Manifestó, además, que no existían irregularidades respecto de la empresa
Multisuministros y Asesorías S.A.S. 13, por lo que resultaba improcedente afirmar
que las facturas que expidió obedecían a una manipulación contable, más cuando
13 Esto, por cuanto: (i) su objeto social amplio le permitía efectuar las ventas realizadas a la congresista y
reportadas al CNE; (ii) la empresa sí contaba con sede principal en Montería (Córdoba), ubicada en el
barrio Pasatiempo, cuestión diferente es que sus establecimientos tuvieran un objeto limitado, y que, en
esa medida, se hubieran dispuesto para cumplir, como puntos de distribución, entre otros, con los
contratos CSUM-019, y 37109; (iii) la existencia de embargos no impedía el funcionamiento de la empresa
y no se relacionaba con el manejo de gastos de la campaña electoral; y, (iv) en el “trabajo de campo”
realizado por el actor no existió claridad respecto de las direcciones visitadas en San Bernardo del Viento,
Montelíbano y Montería -algunas de las fotografías carecían de dirección de ubicación, y, en otras, ese
dato no era legible, y tampoco se allegaron elementos de convicción que informaran de la inexistencia o
desconocimiento de los establecimientos por parte de las personas supuestamente indagadas.
3
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las mismas fueron aportadas ante el CNE y se encontraban surtiendo el trámite
para su reconocimiento.
2.3. De otro lado, estimó que la prueba pericial arrimada con la demanda,
denominada “perfil de aseguramiento de Facebook”, carecía de valor probatorio ante el
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 226 del C.G.P., pues no se
acompañaron los documentos para acreditar la experiencia e idoneidad del perito.
En todo caso, señaló que las imágenes contenidas en dicho documento no
cumplían con el atributo de autenticidad14, porque no se acreditó quién las
elaboró, carga que le correspondía al actor y que no cumplió.
2.4. Por último, aseveró que no incurrió en el tipo penal imputado, ya que, en su
calidad de aspirante al Congreso, no se desempeñó como gerente de la campaña
electoral, de modo que no era el sujeto activo de la conducta punible endilgada, a
más de que no se acreditó la violación del límite de gastos.
3. Intervención de terceros
Iván Alberto de la Espriella Vergara y la Red Colombiana de Veedurías
concurrieron al proceso para oponerse a las pretensiones de la demanda 15;
intervenciones rechazadas a través de auto del 27 de septiembre de 202216,
determinación confirmada en providencia del 18 de octubre de la misma
anualidad17.
4. Audiencia pública 18
El 23 de noviembre de 2022 tuvo lugar la audiencia pública de que trata el artículo
11 de la Ley 1881 de 2018, con la participación del actor y su apoderado, el
Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, y el apoderado de la
congresista Ana Paola García Soto.
4.1. Solicitante o su apoderado19
4.1.1. El apoderado del actor se opuso a la prosperidad de las excepciones
propuestas en la contestación de la demanda porque no se requería agotar, de
forma previa, una actuación administrativa ante el CNE ni acudir a otros medios
de control. Esto, por cuanto la competencia del Consejo de Estado deviene
directamente de la Constitución Política en materia de pérdidas de investidura,
acción autónoma de acuerdo con la jurisprudencia de la misma corporación.
4.1.2. Frente al fondo de la controversia, y luego de referir la validez probatoria de
los anexos 5, 6 y 7 de la demanda por cumplir con lo dispuesto en la Ley 527 de
1999, la parte actora señaló el desconocimiento del límite de gastos aplicable a la
campaña de la accionada, en orden a lo cual planteó los 2 escenarios que pasan
a referirse.
14 Aspecto relevante al tener presente que en el perfil de aseguramiento se consignó la necesidad de solicitar
a Facebook la confirmación del registro biográfico como medio para validar la autenticidad y los datos
privados existentes (punto 6.5 del documento), lo que no se solicitó en las peticiones probatorias de la
demanda.
15 En su orden, índices 13 y 14 del SAMAI del proceso 1100-03-15-000-2022-04767-00.
16
Índice 18 del SAMAI del proceso 1100-03-15-000-2022-04767-00.
17 Índice 38 del SAMAI del proceso 1100-03-15-000-2022-04767-00.
18
Índices 56 y 59 del SAMAI del proceso 1100-03-15-000-2022-04767-00.
19
Según lo manifestado por la parte en la audiencia pública y lo manifestado en el memorial obrante en el
índice 61 del SAMAI del proceso 1100-03-15-000-2022-04767-00.
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En el primer escenario, el límite se desconoció en cuantía de $5.840.877, toda
vez que el tope aplicable era equivalente a $1.121.245.591, mientras que los
gastos efectuados ascendían a $1.127.086.068, resultantes de agregar los
valores reportados al CNE por cuantía de $315.340.068 y aquellas erogaciones
no reportadas por valor de $811.746.000; cifra esta última desagregada en los
siguientes conceptos, cantidades y valores:
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
20
EVENTOS PÚBLICOS 60 $ 10.020.000 $ 601.200.000
DELANTALES 100 $ 7.500 $ 750.000
PAPAYERA U ORQUESTA 3 $ 750.000 $ 2.250.000
GORRAS 6000 $ 7.500 $ 45.000.000
CAMISETAS 6000 $ 10.000 $ 60.000.000
PENDONES 6000 $ 13.571 $ 81.426.000
REPORTE
DESPLAZAMIENTO 45 $ 150.000 $ 6.750.000
ALQUILER DE ESCENARIOS 45 $ 300.000 $ 13.500.000
BOMBAS - - $ 870.000
Total gastos no reportados escenario 1 $ 811.746.000
En el segundo escenario, a los gastos no reportados por valor de $811.746.000
se adicionaron los montos de (i) las facturas M-1353, M-1354, M-1355, y, M-1356,
expedidas por Multisuministros S.A.S. por valor total de $129.802.501; (ii) la
factura EMFE-3483, expedida por Grupo Editado S.A.S., por valor de
$14.724.460; y, (iii) un estimado de $37.500.000, correspondientes a la instalación
de 5 vallas publicitarias grandes y 1 valla publicitaria pequeña.
En este punto, la parte demandante refirió, también, la existencia de las siguientes
irregularidades que, en su sentir, demostraban la manipulación de la información
para ocultar gastos de campaña:
• Expedición de 3 facturas que no figuraban dentro del reporte remitido por la
DIAN al presente proceso. Luego, no se “formalizaron ante la autoridad tributaria”
las facturas M-1267, M-1277, y, M-1278, por valores de $40.862.500,
$31.000.000, y $27.000.001, respectivamente21.
• Anulación posterior de facturas bajo el concepto de “notas de crédito
electrónicas”, tal como sucedió con algunas expedidas por Multisuministros y
Asesorías S.A.S. (las M-1353, M-1354, y M-1355), y por Grupo Editado
S.A.S. (la EMFE-3483), las cuales se emitieron y eliminaron después de la
contienda electoral22.
• La empresa Multisuministros y Asesorías S.A.S. no se encontraba inscrita
ante el CNE como medio de comunicación o publicidad, y tampoco rindió
informe sobre publicidad contratada. Por ello, incumplió lo previsto en los
artículos 8 y 9 de la Resolución Nro. 8586 de 2021.
20 Ningún evento fue sufragado por el candidato al senado Julio Elías Vidal, puesto que dentro de su informe
individual de ingresos y gastos no se reportó valor alguno por el concepto de “Actos Públicos”, identificado
con el código 204.
21 Conclusión a la que arribó luego de considerar los saltos numéricos en el reporte que la DIAN remitió a
este proceso acerca de las facturas expedidas por Multisuministros y Asesorías S.A.S.; información
obrante en el índice 43 del SAMAI del proceso 1100-03-15-000-2022-04767-00. Así: (i) se pasó de la
factura M-1266 a la M-1268, lo que daba cuenta de la ausencia de la factura M-1267; y, (ii) se pasó de la
factura M-1276 a la M-1279, lo que demostraba el no reporte de las facturas M-1277, y M-1278.
22
Las elecciones se registraron el 11 de marzo de 2022. Por su parte, la emisión de las facturas tuvo lugar el
12 de abril de 2022 y sus anulaciones sucedieron los días 29 de marzo para la EMFE-3483 y 5 de mayo
de la misma anualidad para las demás -esto es, las expedidas por Multisuministros.
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4.1.3. Posteriormente, refirió la ausencia de reporte al CNE de gastos por valor de
$215.600.000, adicionales a los identificados en el libelo introductor, los que, de
acuerdo con un nuevo análisis que efectuó a las redes sociales de la demandada
(Twitter y Facebook) y del gerente de su campaña (Facebook), se integraban por
los siguientes conceptos, cantidades y cuantías.
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
PINTURA DE FACHADA DE VIVIENDAS 2 $ 250.000 $ 500.000
TARJETONES DIDÁCTICOS 10.000 $ 260 $ 2.600.000
JINGLE "LEWIN LA MAKINA"
VIDEO PROMOCIONAL "LEWIN LA - - $ 3.000.000
MAKINA"
CIERRES DE CAMPAÑA (CHINÚ;
SAHAGÚN; BUENAVISTA; y CANALETE) 4 $ 49.100.000 $ 196.400.000
REUNIÓN DE LÍDERES 1 $ 13.100.000 $ 13.100.000
Total gastos no reportados conforme análisis de redes sociales adelantado por la
parte actora luego de admitida la demanda $ 215.600.000
4.1.4. Finalmente, manifestó que el elemento subjetivo de la causal de
desinvestidura se comprobó dado el “actuar doloso e irregular de la demandada al
presentar la información inexacta ante el CNE contenida en el informe de ingresos y gastos de su
campaña electoral y la manipulación y no correspondencia entre la información que se reportó
ante la DIAN (vinculada con la empresa Multiservicios asesorías SAS y Grupo Editado SAS)
versus lo reportado ante el CNE)”.
4.2. Intervención del Ministerio Público23
4.2.1. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado consideró que
las excepciones propuestas en la contestación de la demanda no estaban
llamadas a prosperar, puesto que la acción de pérdida de investidura es
constitucional y autónoma, por lo que podía adelantarse y resolverse sin perjuicio
de las competencias del CNE.
4.2.2. En lo que respecta al fondo del asunto, solicitó que se denegara la
pretensión de desinvestidura ya que no se acreditó el desconocimiento del límite
de gastos aplicable a la campaña de la accionada.
Primero, porque no se probó la realización de 60 actos públicos por valor total de
$601.200.000, pues las imágenes tomadas de la red social Facebook que se
aportaron al proceso resultaban “insuficientes para inferir que cada uno de estos eventos
correspondían a un mismo valor reportado”. Por ello, se requería de otros medios de
convicción -declarativos o contables- con el fin de establecer, de forma conjunta,
el costo parcial de los eventos y su contratación en número mayor al reportado;
empero, esos elementos no se allegaron al expediente.
Segundo, porque ninguna de las afirmaciones de los extremos procesales
contaba con soporte probatorio. La parte actora no allegó elementos de
convicción que dieran cuenta de vínculos negociales o gastos diferentes a los
reportados en el aplicativo “Cuentas Claras”, lo que impedía concluir, por ejemplo,
que se adquirieron 6.000 unidades de gorras, camisetas y pendones por valor
total de $186.246.000. Por su parte, la congresista no aportó los medios que
dieran cuenta de la trazabilidad de los materiales requeridos en campaña24.
23 De acuerdo con lo manifestado por el agente del Ministerio Público en la audiencia pública y lo expresado
en el memorial obrante en el índice 63 del SAMAI del proceso 1100-03-15-000-2022-04767-00.
24
En sus palabras: “… pese a que se reportaron unos recursos para la disposición del gasto, no se tiene
trazabilidad de la erogación, dado que no se cuenta con el soporte de la totalidad de los contratos, la
6
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Pérdida de investidura
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Con base en lo anterior, el agente del Ministerio Público concluyó que “si bien el en
(sic) presente caso concreto no se logró comprobar que la candidata haya trasgredido el tope
máximo de gastos electorales, también lo es, que en el expediente no se tiene una trazabilidad
clara de los gastos en que incurrió la entonces candidata para el desarrollo de su campaña por
concepto de gastos de por (sic) bienes o servicios en el ítem de publicidad y los proveedores
involucrados con la empresa Multisuministros y Asesorías S.A.S; en síntesis, en el proceso judicial
no se tiene claridad de que los recursos reportados correspondieron a los gastos efectivos en la
campaña electoral y mucho menos no se tiene certeza de que se hayan superado dichos topes”.
Además, aun cuando se aportaron los reportes de la facturación electrónica de
Multisuministros y Asesorías S.A.S. -como emisor y receptor- lo cierto es que no
se contó “con la trazabilidad de los contratistas o proveedores de los bienes y servicios que
[permitieran] evidenciar los gastos o la información de otro comerciante no reportado”.
4.3. Intervención de la parte demandada25
El apoderado de la congresista reiteró las excepciones propuestas, y se opuso a
la pretensión de desinvestidura, para lo cual insistió en las observaciones que
formuló respecto de los actos públicos; las gorras, camisetas y pendones; el
reporte de desplazamientos; la propaganda electoral; y, las vallas publicitarias, así
como frente a la ausencia de irregularidades respecto de la empresa
Multisuministros y Asesorías S.A.S.
A lo anterior agregó que (i) los valores reportados al CNE coincidían con los
referidos por la DIAN al contestar la prueba decretada y practicada en el proceso,
lo que confirmaba la inexistencia de anomalías sobre la materia; y, (ii)
Multisuministros y Asesorías S.A.S. no estaba obligada a registrarse ante el CNE
como medio de comunicación o publicidad, a más de que el eventual
incumplimiento de ese deber no resultaba imputable a la accionada y tampoco era
prueba conducente para demostrar el desconocimiento del límite de ingresos y
gastos de la campaña.
Culminó su intervención con la formulación de “precisiones” frente a cada una de las
fotografías aportadas por el demandante para demostrar los eventos
supuestamente llevados a cabo y no reportados (manifestó que algunos actos
públicos correspondían a otros candidatos -Julio Elías Vidal, Julio Chagui, y Jairo
Romero-; que algunas reuniones eran meras invitaciones; que otras se realizaron
en residencias de familiares; y, que se aportaron fotos de un mismo evento, las
cuales se identificaron y relacionaron como si pertenecieran a un acto distinto e
independiente).
5. Sentencia recurrida26
5.1. El 25 de enero de 2023, la Sala Especial de Decisión Nro. 17 de Pérdida de
Investidura declaró no probadas las excepciones propuestas y negó la pretensión
de desinvestidura.
5.2. Para resolver las excepciones estableció las diferencias entre la pérdida de
investidura y la pérdida del cargo por violación al límite del monto de gastos, y,
con base en ello, consideró que “el condicionamiento impuesto para la procedencia de la
acción de nulidad electoral para el caso de alcaldes y gobernadores cuando la pérdida del cargo
facturación concreta, constancia de recibidos de los insumos y la transferencia financiera por las unidades
adquiridas o pruebas testimoniales”.
25
De conformidad con lo manifestado en la audiencia pública y lo consignado en el memorial obrante en el
índice 58 del SAMAI del proceso 1100-03-15-000-2022-04767-00.
26 Índice 66 del SAMAI del proceso 1100-03-15-000-2022-04767-00.
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Pérdida de investidura
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deviene de la violación de topes máximos de financiación de campañas, no resulta extensible al
caso de los candidatos elegidos a corporaciones públicas, porque el efecto de la infracción en
tales eventos está previsto directamente en la Constitución Política con la sanción de pérdida de
investidura”.
Por eso, la solicitud de pérdida de investidura podía ser interpuesta por cualquier
ciudadano sin decisión administrativa que declarara la infracción de los topes de
gastos de la campaña electoral, pues las normas constitucionales no
establecieron condicionamiento alguno para su ejercicio, lo que tampoco hizo la
Ley 1475 de 2011.
5.3. Luego de hacer referencia a la naturaleza del medio de control incoado, así
como a los presupuestos de la causal de desinvestidura imputada, la primera
instancia consideró que no se demostró su configuración.
5.3.1. Primero, porque no se realizaron actos públicos de campaña en la cuantía
manifestada por la parte actora.
Para el efecto señaló que las imágenes extraídas del perfil de Facebook de la
accionada, aportadas con la demanda, eran susceptibles de valoración al cumplir
con los atributos establecidos en la Ley 527 de 199927. No obstante, estos
elementos representativos solo mostraban “que la congresista realizó actos de campaña
en diferentes municipios del departamento de Córdoba durante el primer trimestre de 2022…[pero]
no [llevaban] a establecer el número de actos políticos de campaña que García Soto realizó ni el
costo por concepto de logística y compra de camisetas, gorras, pendones y desplazamientos que
representó cada uno, más si se tiene en cuenta que algunas imágenes [mostraban] a la acusada
con grupos de personas en vías públicas o en residencias que, según sus comunicados, son de
familiares o vecinos de los municipios que identificó en cada imagen de su cuenta de Facebook”.
Por lo tanto, carecían de eficacia probatoria dado que “…no [tenían] la virtualidad de
demostrar el número de eventos que realizó la entonces candidata Ana Paola García Soto, como
tampoco el costo económico de la logística que empleó, ni el tipo y número de elementos de
propaganda política que usó”.
5.3.2. Segundo, porque a partir de los valores unitarios reportados al CNE no era
posible cuantificar los eventos supuestamente realizados, ni la propaganda
electoral que se estimó adquirida (gorras, camisetas, pendones, vallas).
Esas cantidades tampoco podían establecerse con base en las imágenes de
Facebook aportadas al proceso, ya que no daban cuenta del “valor de los bienes y
servicios contratados”. Adicionalmente, no se allegó otro elemento de convicción que
soportara el valor utilizado en el guarismo de estimación empleado por la parte
actora.
5.3.3. Tercero, porque no existieron irregularidades en materia de facturación por
parte de Multisuministros y Asesorías S.A.S. ni de Paula Andrea Ochoa Ramírez:
las facturas emitidas por ellos coincidieron con las recibidas por la hoy
demandada en número total, fecha de expedición, valor individual, y valor total;
cuestión relevante porque no se acreditó la existencia de facturas anuladas,
27 Así: (i) la accesibilidad del mensaje de datos se cumplió por cuanto las imágenes y comentarios
relacionados en el libelo introductor se encontraban disponibles en el perfil de Facebook atribuido a la
demandada, según consulta que del mismo adelantó la Sala Especial de Decisión; (ii) la originalidad se
satisfizo porque la consulta del perfil mencionado demostró que ese era el iniciador del mensaje de datos;
(iii) la integridad se verificó ya que la información publicada en la red social permaneció completa e
inalterada al coincidir con las imágenes arrimadas con la solicitud de desinvestidura; y, (iv) la autenticidad
tuvo lugar ante la ausencia de tacha o desconocimiento de la información, más cuando la accionada solo
formuló “precisiones” respecto de su contenido, lo que no discutía, entonces, su validez, sino su eficacia
probatoria.
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puesto que en el reporte remitido por la DIAN al proceso todas figuraban como
“aprobadas”.
Por demás, la sola concordancia entre emisor y receptor de las facturas no
demostraba que se tratara de pagos por actos públicos y propaganda electoral
adicionales a los reportados ante el CNE en cuantía total de $213.386.46128. Esto,
por cuanto del reporte de la DIAN no era posible establecer “a partir del detalle de
facturación, el bien o servicio que generó la emisión de la factura”.
Si en gracia de discusión se considerara que esas facturas correspondieron a
gastos de campaña, lo cierto es que la adición de sus valores al reportado por
concepto de gastos ante el CNE estaba lejos de violar el límite aplicable en la
materia, el cual se estimó en mil ciento veintiuno millones doscientos cuarenta y
cinco mil quinientos noventa y un pesos ($1.121.245.591).
5.3.4. Para finalizar, el a quo estimó que las irregularidades atribuidas a
Multisuministros y Asesorías S.A.S. en la facturación de los servicios, por no
encontrarse comprendidos dentro de su objeto social, no guardaban “relación fáctica
ni jurídica directa con el supuesto de hecho que estructura la causal de pérdida de investidura por
la violación del tope máximo de financiación y gastos de la campaña” . La presunta comisión o
estructuración de esas anomalías “no acredita por sí misma, la realización de gastos por
valor que exceda el tope máximo”.
5.4. Teniendo presente que no se configuró el elemento objetivo, la Sala
Especial de Decisión se relevó de analizar el elemento subjetivo.
6. Recurso de apelación29
Inconforme con la determinación anterior, la parte actora, a través de su
apoderado, presentó recurso de apelación con el fin de que se declarara la
pérdida de investidura de la congresista, para lo cual formuló los reparos que
pasan a relacionarse.
6.1. La estimación de los costos de los eventos, su logística, y demás
elementos utilizados en ellos, se sustentó en parámetros objetivos, tal como lo
fueron los precios unitarios que la misma convocada por pasiva incorporó en su
informe de ingresos y gastos de campaña30.
Bajo esa línea de pensamiento, no podían exigirse “documentos técnicos y contables
constitutivos de la infracción”, pues ellos son del dominio del infractor o no existe rastro
de ellos, precisamente, por la naturaleza irregular de la conducta.
Una exigencia de tales características obliga a la obtención de una prueba de
“imposible consecución”, lo que desconoce el deber de veracidad de los datos
consignados en el aplicativo “Cuentas Claras” y hace inoperante la causal de
desinvestidura.
28 Resultantes de sumar los valores de los siguientes códigos del informe individual de ingresos y gastos de
la campaña electoral de la demandada: 204 “Actos Públicos” (que ascendió a $60.120.000), y 208
“Propaganda Electoral” (equivalente a $153.267.461).
29
Índice 70 del SAMAI del proceso 1100-03-15-000-2022-04767-00.
30 En sus palabras: “el único elemento objetivo en el que se puede sustentar la prueba de la configuración de
la infracción, derivada de un análisis individual y conjunto como lo dispone la sana crítica, es con
fundamento en las cuentas presentadas por la demandada al CNE las cuales de conformidad con el
ordenamiento jurídico, tienen un grado de certeza”.
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6.2. La valoración de los medios de convicción a la luz de la sana crítica
permitía concluir que la demandada sí realizó un número de eventos superior al
que reportó ante el CNE31: 60 en total (no 6), de acuerdo con las imágenes
tomadas de su perfil de Facebook, red social que funcionó como una bitácora de
campaña.
De ese número total de actos, el apelante consideró que no era posible realizar
sustracción alguna. De una parte, porque “en materia de campaña electoral nada es
gratis”, de suerte que los actos realizados en vías públicas o en residencias -bien
de familiares o amigos- debían reportarse.
De otra, porque ninguno de los eventos proselitistas se sufragó por el candidato
Julio Elías Vidal, quien no reportó valor alguno por dicho concepto dentro de su
informe individual de ingresos y gastos -el cual aportó-, máxime que la señora
García Soto tampoco acreditó quien asumió el costo de dichos actos, carga que le
correspondía.
La conclusión acerca de la existencia de un número mayor de eventos se
reforzaba, a juicio del recurrente, a partir de un análisis “contextual de la realidad social,
cultural y electoral del departamento de Córdoba” , por lo que también era del caso tener
en cuenta que:
• Se realizaron 2 actos de cierre de campaña que no se reportaron -Chinú, y
Sahagún-, según se desprendía de la consulta de la red social Twitter de la
demandada.
• La accionada registró una votación “inusual, anormal” ya que “resulta[ba] poco
probable en proporción a los actos públicos reportados al CNE (6 eventos) que … sin
ningún antecedente ni experiencia previa en la política” obtuviera 57.051 votos en el
departamento y 6.263 en el municipio de Buenavista32; aspecto este último
relevante, de un lado, por “la relación sentimental cercana” que existía entre ella y
el alcalde del ente municipal en comento, y, por el otro, considerando que
Multisuministros y Asesorías S.A.S. contrató con ese ente local en los años
2021 y 2022, en su orden, por valores de $351.751.091 y $442.186.55033.
Para culminar el reproche, la parte actora señaló la existencia de otros gastos no
reportados, a saber: alquiler de tarimas por $78.000.00034 para eventos que
tuvieron lugar los días 12, 26 y 28 de febrero de 2022 en Montería, Sahagún, y
San Pelayo, respectivamente; y, jingle y video promocional del cantante “Lewin La
Makina”, valorado en $9.000.00035.
31 Como la primera instancia reconoció que se realizaron actos de campaña en diferentes municipios del
departamento de Córdoba durante el primer trimestre de 2022, mal podía desconocer el deber de su
reporte; incumplimiento que demostraba, para el actor, el ocultamiento de la información reportada a la
autoridad electoral. Por eso, en sus palabras, se omitió el reconocimiento de la “relación causa-efecto
entre dichos actos y lo que la demandada debió reportar al CNE considerando que conforme a la
evidencia, efectúo (sic) en 60 oportunidades actos de campaña y no únicamente en 6, como lo reportó
ante dicha entidad”.
32 Cifra que superaba, por mucho, la obtenida en el año 2018 por el candidato Erasmo Elías Zuleta Bechara,
quien logró la mayor votación en el municipio con 1567 votos, según los datos históricos consultados por el
actor.
33 En esa medida, la persona jurídica se utilizó como vehículo para ocultar información al organismo
electoral, lo que se confirmaba por las irregularidades existentes respecto de su objeto social,
establecimientos de comercio, embargos, e incumplimiento de los deberes de registro ante el CNE y de
remisión de informe en materia de publicidad electoral.
34
Según cotización del 6 de enero de 2023, expedida por Logistar del Sinú S.A.S., y aportada con el recurso.
35
Según cotización del 4 de febrero de 2023, expedida por la organización musical Lewin La Makina,
aportada con la impugnación.
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6.3. Sí existieron irregularidades en la facturación, lo que demostraba la
manipulación de la información contable y, en últimas, el proceder contrario a
derecho de la congresista.
Ello, habida cuenta de que se anularon las facturas electrónicas M-1353, M-1354,
M-1355, y M-1356, en tanto que, con posterioridad a la finalización de la
contienda electoral, se extendieron notas de crédito electrónicas que
referenciaron dichas facturas; conclusión que no se desdibujaba por el estado
“aprobado” de esos elementos.
Además, porque existieron algunas facturas (las M-1267, M-1277, y M-1278) que
no figuraban en el sistema de facturación de la DIAN, a pesar de haber sido
reportadas al CNE.
6.4. Finalmente, el recurrente solicitó compulsar copias para que se adelanten
las investigaciones procedentes ante la presunta configuración de los punibles de
violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, omisión de
información del aportante, y fraude procesal, contemplados, en su orden, en los
artículos 396B, 396C, y 453 del C.P.
7. Trámite del recurso
Por auto del 6 de junio de 202336 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte actora, se negaron unas solicitudes probatorias, y se corrió el traslado
del recurso a la accionada y al Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018; providencia que no fue recurrida.
7.1. Oposición de la parte demandada37
7.1.1. Dentro de la oportunidad establecida para el efecto, la demandada, a
través de su apoderado, se opuso a la prosperidad del recurso al considerar que
se utilizó como un espacio para esbozar hechos y cargos nuevos, diferentes a
aquellos presentados en la solicitud de desinvestidura, a saber: cierres de
campaña, cantidad de votos obtenidos en el municipio de Buenavista, y relación
sentimental con el burgomaestre de esa entidad territorial.
Por tal razón, estimó que tales temas no deben ser examinados por el ad quem,
so pena de desconocer el derecho al debido proceso, y los principios de igualdad
y confianza legítima.
7.1.2. Frente al fondo del asunto, manifestó que no se acreditó el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura, por cuanto no existen pruebas que
demuestren la transgresión del límite de gastos aplicable a su campaña electoral
y dicha información tampoco puede extraerse, so pretexto de una sana crítica, de
las afirmaciones temerarias realizadas por la parte actora al momento de valorar y
estimar los elementos no reportados al CNE38.
Adicionalmente, consideró que la primera instancia otorgó validez al “informe de
aseguramiento del perfil digital” , pese a que no se aportó el registro biográfico, emitido
36 Índice 4 del SAMAI del proceso 1100-03-15-000-2022-04767-01, que corresponde a la segunda instancia
del asunto.
37 Índice 10 del SAMAI del proceso 1100-03-15-000-2022-04767-01.
38
En sus palabras: “al no obrar facturas que hagan establecer o concluir que se violó el límite de topes y
gastos, las demás pruebas, que son estudios y análisis de autoría del apoderado del actor, no constituyen
una prueba idónea para que pueda ser valorada como lo establece la sana crítica”.
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por Facebook, para confirmar la autenticidad del usuario de la red social del que
se extractaron las imágenes allegadas al proceso.
En todo caso, contrario a lo referido en el recurso, no fue cierto que dicha
instancia individualizara y aceptara como medio de prueba los supuestos actos
políticos documentados con fundamento en la investigación adelantada por el
actor.
De otro lado, manifestó que (i) Multisuministros y Asesorías S.A.S. no tenía el
deber de registrarse ante el CNE y presentar informe de publicidad contratada,
aspecto que tampoco le era atribuible, a más de que (ii) no existió irregularidad
alguna en las notas de crédito electrónicas, dado el estado “aprobado” de las
facturas correspondientes.
Para concluir, reiteró las observaciones que desde la contestación de la demanda
formuló con relación al número de eventos; adquisición de gorras, camisetas y
pendones; cuantificación de desplazamientos; y monto de propaganda electoral.
7.2. Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con los artículos 184 y 237-5 de la Constitución Política, 37-7 de
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y 14 de la Ley 1881 de 2018, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer en
segunda instancia de la solicitud de pérdida de investidura de un congresista.
2. Delimitación del objeto del pronunciamiento
De acuerdo con el artículo 320 del C.G.P., aplicable por remisión del artículo 21
de la Ley 1881 de 2018, el recurso de apelación “tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante,...”.
De ahí que, al momento de sustentar el recurso de alzada, al recurrente le
corresponde señalar las referencias conceptuales y argumentativas que esgrime
en contra de la decisión de primera instancia, a las que el superior debe ceñirse,
sin perjuicio de las determinaciones de oficio que deban adoptarse, según lo
previsto en el artículo 328 de la misma codificación.
Con todo, el recurso de apelación no es un espacio para aducir pretensiones,
hechos o fundamentos nuevos y diferentes de aquellos que se plantearon en la
demanda. Una posición contraria desconocería los principios de lealtad procesal,
contradicción y defensa, y de congruencia, así como la carga del demandante de
“[invocar] la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y su debida explicación”, que
impone la exposición clara y completa de los elementos -de hecho y de derecho-
sobre los que se edifica la causal respectiva39.
39 Prevista en el literal c) del artículo 5 de la Ley 1881 de 2018.
12
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Atendiendo lo anterior, la Sala observa que el apelante, bajo el rótulo de un
análisis contextual de los elementos de prueba, pretendió ampliar el contorno
fáctico que soportó la causal de pérdida de investidura endilgada, en orden a lo
cual adujo los siguientes hechos:
• 2 actos públicos no reportados, los cuales identificó como “cierres de
campaña” y afirmó que tuvieron lugar el 27 de febrero de 2022 en los
municipios de Chinú y Sahagún.
Sin embargo, en la demanda no se hizo alusión a tales eventos en la fecha
mencionada. Para el 27 de febrero de 2022 solo se relacionaron actos
proselitistas supuestamente adelantados en los municipios de San Bernardo
del Viento y Lorica.
No se pierde de vista que en la solicitud de desinvestidura sí se relacionaron
eventos políticos en los municipios de Chinú y Sahagún en fechas diferentes
al 27 de febrero de 202240, pero ello no implica que se trate de aquellos
identificados en la alzada.
Todo, por cuanto la mención de los denominados “cierres de campaña” se
registró con ocasión de la revisión que la parte actora efectuó, con
posterioridad a la finalización de la etapa probatoria, de una red social
(Twitter) diferente de aquella que le sirvió de fundamento para iniciar la
presente acción (Facebook).
• Gastos no reportados por concepto de alquiler de tarimas y de jingle y
video promocional de un cantante (Lewin La Makina). Empero, en la
solicitud de desinvestidura nada se dijo sobre estas erogaciones.
• Votación inusual, anormal, obtenida por la accionada en el departamento
de Córdoba y en el municipio de Buenavista41, argumento que no se
referenció en el libelo introductor.
• Aparente relación sentimental entre el alcalde del municipio de Buenavista
y la congresista demandada, así como contratos celebrados entre ese ente
territorial y Multisuministros y Asesorías S.A.S. en los años 2021 y 2022 ,
supuestos que no se mencionaron en la solicitud de pérdida de investidura
de la referencia.
Esos hechos se expusieron al sustentar el recurso de alzada, al punto que con él
se aportaron diferentes elementos para acreditar su acaecimiento, los cuales
fueron rechazados en providencia del 6 de junio de 2023, determinación que no
fue recurrida.
Así pues, los aspectos mencionados no pueden tenerse en cuenta para la
resolución del recurso de apelación, máxime que, según lo señalado por el
apelante, tuvieron lugar antes de la interposición del presente medio de control,
pese a lo cual solo se esgrimieron luego de que hubiera fenecido la oportunidad
para contestar la demanda.
40 En Chinú se identificaron eventos adelantados en los días 12, 13 y 14 de febrero de 2022; y, en Sahagún
se mencionaron actos que tuvieron lugar los días 7, 8, 13, y 28 de febrero del mismo año.
41
Atendiendo su poca experiencia y el hecho de que superó por una cantidad considerable el número de
votos obtenido en el año 2018 por el señor Erasmo Elías Zuleta Bechara.
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3. Problema jurídico
Considerando lo dicho, a esta Sala le corresponde determinar si se desconoció el
límite de gastos que resultaba aplicable a la campaña de la congresista Ana Paola
García Soto, en orden a lo cual debe definir si existió una indebida valoración del
material probatorio anexado al proceso en relación con los siguientes puntos:
(i) Metodología utilizada por la parte actora para cuantificar los montos -
individuales y globales- de los elementos utilizados o adquiridos en o para la
campaña electoral de la demandada, así como para establecer sus
cantidades;
(ii) Acreditación de un número mayor de actos políticos a los reportados al CNE
(60 eventos en lugar de 6); y,
(iii) Manipulación contable de información, debido a la anulación de algunas
facturas electrónicas y al hecho de que otras no figuraran en la relación que
la DIAN remitió al presente proceso acerca de las facturas emitidas por
Multisuministros S.A.S.
Para el efecto, se realizarán algunas consideraciones frente a la causal de
pérdida de investidura invocada y, posteriormente, se examinarán los
cuestionamientos del recurrente.
4. Pérdida de investidura por violación de los límites de gastos de
campaña electoral
4.1. Evolución normativa
4.1.1. Desde el texto original de la Constitución Política se han dispuesto normas
orientadas a regular la financiación de las campañas políticas, con el propósito de
promover la igualdad en la contienda electoral, impedir que intereses privados
permearan la actuación de los elegidos y las organizaciones políticas en atención
al apoyo que se les hubiera brindado, y garantizar el origen lícito de los dineros
utilizados en la capitalización de las campañas correspondientes42.
Por eso, en el texto inicial del artículo 109 constitucional se consagró lo siguiente:
“ARTÍCULO 109. El Estado contribuirá a la financiación del funcionamiento y de las
campañas electorales de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.
Los demás partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que postulen
candidatos, se harán acreedores a este beneficio siempre que obtengan el porcentaje de
votación que señale la ley.
42 Propósitos reconocidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-089 de 1994, en la que revisó la
constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria por el cual se dictaba el Estatuto Básico de partidos y
movimientos políticos y se dictaban normas sobre su financiación y la de las campañas electorales.
En dicha providencia se manifestó que la finalidad de la contribución estatal para la financiación del
funcionamiento de las campañas electorales de los partidos y movimiento políticos era la de “neutralizar la
dependencia y servidumbre que las organizaciones políticas pueden adquirir respecto de los centros
privados de poder que les prodigan su apoyo económico y pueden prevalerse de él para derivar una
malsana influencia sobre los asuntos políticos o exigir reciprocidades que deterioran la moral social y
socavan la confianza en el correcto desempeño de su función representativa y mediadora, que debería
inspirarse únicamente en el interés general”.
Ese objetivo también orientó la fijación de límites de gastos a las campañas electorales, la que persiguió,
además, que “la lucha política, en lo posible sea igualitaria, y que la idoneidad intelectual y moral de los
candidatos, las ideas y los programas, sean los medios preponderantes a los que apelen los actores en la
contienda electoral y los únicos recursos que decidan su suerte”. De modo que la financiación de la
actividad electoral resulta esencial para el mantenimiento de la democracia.
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La ley podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos
puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las
contribuciones individuales. Los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir
públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.”
4.1.2. Pese a lo anterior, lo cierto es que solo hasta la expedición del Acto
Legislativo Nro. 01 de 2003, que modificó el artículo 109 superior, se
establecieron, a nivel constitucional y de manera expresa, las siguientes
consecuencias normativas para quienes superaran los topes máximos de
financiación de campañas políticas: la pérdida de investidura o del cargo, y las
demás reglamentadas en la ley por el desconocimiento de dichos topes43.
Así, en el inciso 6° de la norma en mención se dispuso: “[p]ara las elecciones que se
celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de
financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de
investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto”.
4.1.3. Esas consecuencias normativas -pérdida de investidura o del cargo, según
el caso- se mantuvieron en la reforma que del artículo 109 constitucional efectuó
el acto Legislativo Nro. 1 de 2009; disposición actualmente vigente.
Por eso, en el inciso 7° de la norma en comento se previó que: “[p]ara las elecciones
que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes
máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la
pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este
precepto”.
4.1.4. No obstante, fue solo hasta la expedición de la Ley 1475 de 2011 que se
reglamentaron sus efectos por el legislador, tal como se previó en el artículo 26,
cuyo tenor literal corresponde al siguiente:
“ARTÍCULO 26. PÉRDIDA DEL CARGO POR VIOLACIÓN DE LOS LÍMITES AL MONTO
DE GASTOS. La violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales, se
sancionará con la pérdida del cargo, así:
1. En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas se seguirá el procedimiento
de pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley.
2. En el caso de alcaldes y gobernadores, la pérdida del cargo será decidida por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con el procedimiento para
declarar la nulidad de la elección. En este caso el término de caducidad se contará a
partir de la ejecutoria del acto administrativo por medio del cual el Consejo Nacional
Electoral determinó la violación de los límites al monto de gastos.
43 Vale anotar que en el artículo 14 de la Ley 130 de 1994 “Por la cual se dicta el estatuto básico de los
partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales
y se dictan otras disposiciones”, se establecieron consecuencias para los candidatos que desconocieran
los límites previstos en materia de aportes particulares, a saber: la prohibición de “recibir dineros
provenientes de fondos estatales, sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar de acuerdo con el literal
a) del artículo 39 de la [misma] ley”, las cuales no podían ser inferiores a dos millones de pesos
($2.000.000) ni superar los veinte millones de pesos ($20.000.000).
La constitucionalidad de dichas sanciones se estableció en la sentencia C-089 de 1994. Así, se señaló, de
una parte, que se trataba del desarrollo de lo dispuesto en el artículo 109 superior para que “la lucha
política, en lo posible sea igualitaria, y que la idoneidad intelectual y moral de los candidatos, las ideas y
los programas, sean los medios preponderantes a los que apelen los actores en la contienda electoral y
los únicos recursos que decidan su suerte”. y, de otra, se hizo énfasis en la posibilidad de asignar el
ejercicio de funciones electorales al Consejo Nacional Electoral (artículo 265 numeral 12 constitucional),
sin perjuicio de las de sus facultades constitucionales propias relacionadas con la vigilancia del
cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos, los derechos de la oposición y el
desarrollo de los procesos electorales, así como en aquéllas en cuya virtud puede servir como cuerpo
consultivo del Gobierno en materias de su competencia y presentar al Congreso proyectos de actos
legislativos y de ley (art. 265 numerales 5 y 6 constitucionales).
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Una vez establecida la violación de los límites al monto de gastos, el Consejo Nacional
Electoral presentará ante la autoridad competente la correspondiente solicitud de pérdida del
cargo.”
Disposición que se examinó en la sentencia C-490 de 2011 y respecto de la cual
se concluyó su exequibilidad (i) al constituir un desarrollo directo de la norma
constitucional (artículo 109), (ii) orientarse a la protección o garantía de principios
como el de transparencia y moralidad pública, y (iii) encontrarse en consonancia
con la jurisprudencia constitucional que había avalado la constitucionalidad de
sanciones por el desconocimiento del tope de gastos, las cuales iban desde la
devolución total o parcial de la financiación otorgada hasta la pérdida de
investidura44.
4.2. Elementos de la causal de desinvestidura
4.2.1. De acuerdo con la jurisprudencia de la corporación, el elemento objetivo de
esta causal de pérdida de investidura requiere (i) que el sujeto haya sido elegido
por voto popular para una corporación pública; y (ii) la debida comprobación de la
conducta prohibida, esto es, “que la campaña electoral correspondiente haya violado los
topes máximos de financiación y/o los límites al monto de gastos establecidos por la autoridad
competente45”.
Teniendo en cuenta el sustento fáctico de la causal endilgada en la demanda,
resulta relevante considerar lo siguiente:
• Los límites que deben respetarse corresponden tanto a los de financiación,
como a los gastos o erogaciones aplicables a la campaña. Así se sostuvo
en sentencia del 22 de octubre de 201946, al señalar que:
“104. En relación con el contenido normativo del artículo 109 de la Constitución Política y
atendiendo a lo manifestado en párrafos anteriores de esta providencia, la Sala Plena
considera que cuando la norma constitucional hace relación a la “[…] violación de los topes
máximos de financiación de las campaña […]”, no solamente prohíbe la violación de los
44 En palabras de la Corte Constitucional: “86.2. Estas medidas se ajustan plenamente a lo dispuesto por el
inciso séptimo del artículo 109 de la Constitución Política que consagra expresamente que (i) la violación
de los topes máximos de financiación de las campañas, que haya sido debidamente comprobada,
acarreará la sanción de la pérdida de la investidura o del cargo; y (ii) mediante ley, podrán determinarse
otras sanciones por violación de los mandatos constitucionales contenidos en el artículo 109 Superior.
Por tanto, las sanciones estatuidas por el Legislador debido a la violación del límite al monto de gastos
autorizados por la ley, constituye para la Corte un claro desarrollo del expreso mando constitucional,
contenido en el artículo 109 Superior. En todo caso, estas sanciones, deberán adoptarse con plena
garantía de los principios, valores y derechos constitucionales, tales como el respeto del debido proceso,
entre otros derechos, así como ser razonables y proporcionales. Encuentra la Sala que en este caso, estos
criterios constitucionales para la imposición de sanciones se encuentran plenamente salvaguardados, ya
que la norma prevé que las sanciones se impondrán (i) de conformidad con los procedimientos
establecidos por la Constitución y la ley para los candidatos elegidos a corporaciones públicas; (ii) de
acuerdo con el procedimiento contencioso administrativo respectivo para el caso de los alcaldes y
gobernadores; y (iii) que se iniciarán a través de la solicitud de pérdida del cargo que deberá presentar el
Consejo Nacional Electoral, una vez haya sido establecida la violación de los límites al monto de gastos.
86.3. Finalmente, encuentra la Sala que esta disposición se ajusta plenamente a las reglas
jurisprudenciales que sobre la imposición de sanciones por la violación de topes o límites de gastos o
financiación de las campañas políticas y electorales, ha desarrollado esta Corporación, en cuanto (i) ha
avalado la constitucionalidad de sanciones que van desde la devolución total o parcial de los dineros de la
campaña, hasta las más graves, tales como la pérdida de la investidura o del cargo; (ii) ha aclarado que
estas sanciones se pueden imponer tanto al candidato como al partido; y (iii) se encuentran dirigidas a
garantizar los principios de transparencia y de moralidad pública en el manejo de la financiación de las
campañas electorales.” (Resalto fuera del original). Sentencia C-490 de 2011.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, M.P.: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
del 22 de octubre de 2019, radicado Nro.: 11001-03-15-000-2018-01294-01 (PI).
46 Idem nota al pie inmediatamente anterior.
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topes máximos de financiación entendida como aportes a la campaña electoral, sino también
la violación de los topes máximos de financiación entendido como gasto.
105. El estudio normativo del artículo 109 supra permite concluir que, por regla general, la
acepción “financiación” es utilizada en la norma constitucional como sinónimo de
aporte47. Asimismo, la norma utiliza la acepción “financiación” como sinónimo de gasto48.
106. Es importante resaltar que la Corte Constitucional, en la sentencia C-490 de 23 de junio
de 2011, consideró que el artículo 26 de la Ley 1475, que establece la causal de
desinvestidura por “[…] violación de los límites al monto de gastos de las campañas
electorales […]” – norma que utiliza la acepción gasto –, constituía un desarrollo del artículo
109 de la Constitución Política. Ese pronunciamiento de la Corte otorga un alcance tanto a la
norma legal como a la norma constitucional que permite concluir que el artículo 109 ibidem,
en armonía con el artículo 26 de la Ley 1475, castiga con la pérdida de investidura tanto al
candidato que en su campaña electoral viola los topes máximos de financiación - entendido
como aporte -, como también al candidato que en su campaña electoral viola los límites al
monto de gastos; es decir, financiación entendida como gasto”. (Resalto del original).
• El límite máximo de gastos que se puede invertir en una campaña electoral
a los distintos cargos y corporaciones de elección popular es fijado
anualmente por el Consejo Nacional Electoral -CNE.
Así lo prevé el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, según el cual:
“ARTÍCULO 24. LÍMITES AL MONTO DE GASTOS. Los límites de gastos de las campañas
electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el
Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta los costos
reales de las campañas, el correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal
para la financiación estatal de las mismas.
Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con el
apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los
estudios que correspondan con el objeto de garantizar que los límites al monto de gastos
fijados reflejen el valor real de las campañas electorales.
47 Nota original: El artículo constitucional señala: i) en el inciso primero, que “[…] [e]l Estado concurrirá a la
financiación política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de
conformidad con la ley […]”; ii) en el inciso segundo, que “[…] [l]as campañas electorales que adelanten
los candidatos avalados por partidos y movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de
ciudadanos, serán financiadas parcialmente con recursos estatales […]”; iii) en el inciso tercero, que
“[…] [l]a ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación
[…]”; iv) en el inciso quinto, que “[…] [u]n porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y
movimientos con Personería Jurídica vigente, y a los grupos significativos de ciudadanos que avalen
candidatos, previamente a la elección, o las consultas de acuerdo con las condiciones y garantías que
determine la ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral […]”; v) en el inciso séptimo contiene la
causal de desinvestidura sub examine –que utiliza la acepción financiación-; y vi) en el inciso noveno, la
norma señala que “[…] [e]s prohibido a los Partidos y Movimientos Políticos y a grupos significativos de
ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas
extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del
orden público […]”. Asimismo, El parágrafo del artículo 109 de la Constitución también utiliza la acepción
financiación como sinónimo de aporte al señalar: i) que “[…] [l]a financiación anual de los Partidos y
Movimientos Políticos con Personería Jurídica ascenderá como mínimo a dos punto siete (2.7) veces la
aportada en el año 2003, manteniendo su valor en el tiempo […]”; ii) “[…] [l]a cuantía de la financiación
de las campañas de los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica será por lo menos tres
veces la aportada en el período 1999-2002 en pesos constantes de 2003 […]” –se usa en forma dual
como se verá más adelante-; y iii) “[…] [l]as consultas de los partidos y movimientos que opten por este
mecanismo recibirán financiación mediante el sistema de reposición por votos depositados, manteniendo
para ello el valor en pesos constantes vigente en el momento de aprobación de este Acto Legislativo […]”.
48 Nota original: La norma señala, en su parágrafo, que “[…] [l]a cuantía de la financiación de las campañas
de los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica será por lo menos tres veces la aportada
en el período 1999-2002 en pesos constantes de 2003. Ello incluye el costo del transporte del día de
elecciones y el costo de las franquicias de correo hoy financiadas […]”. Finalmente, el artículo
constitucional supra, en su inciso cuarto, señala que “[…] [t]ambién se podrá limitar el monto de los
gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar
en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con
la ley […]”
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El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato a cargo uninominal o por lista de
candidatos a corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto preferente el
monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de
dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos. El
Consejo Nacional Electoral señalará, adicionalmente, el monto máximo que cada partido o
movimiento con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral institucional a
favor de sus candidatos o listas.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la
presente ley, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda realizarán el estudio
base para la actualización de los costos reales de las campañas.”
• Un elemento cardinal de la causal de desinvestidura en comento es la
campaña electoral, definida en el artículo 34 de la Ley 1475, y entendida por
esta Corporación como “[…] el conjunto de actividades tendientes a persuadir a los
electores, por medio del uso de la información, de las bondades de una determinada opción
política –en el sentido amplio del término que refiere a los diferentes contextos que plantean
los mecanismos de participación ciudadana– […] definición que se soporta en principios
democráticos, de publicidad y transparencia, que mejoran la calidad del debate público […]”.
Luego, la causal de desinvestidura no se estructura si la infracción no ocurrió o si
las pruebas decretadas y practicadas son insuficientes para demostrar que el
congresista incurrió en la falta que se le imputa, esto es, el desconocimiento de los
topes máximos de financiación y/o los límites al monto de gastos establecido por
la autoridad competente.
4.2.2. Por su parte, el elemento subjetivo requiere determinar si la persona obró
en forma dolosa o gravemente culposa, de conformidad con lo previsto en el
artículo 4 de la Ley 2003 de 2019, que modificó el artículo 1 de la Ley 1881 de
2018.
5. Caso concreto
5.1. Del yerro atribuido respecto de la cuantificación de los ítems no
reportados
5.1.1. Según el recurso de apelación, era viable acudir a los valores individuales
consignados en el “informe individual de ingresos y gastos” de la señora García Soto
para cuantificar los montos -individuales y globales- de los elementos utilizados o
adquiridos en o para su campaña electoral.
Por ello, considera errado que se le exigiera, como única prueba idónea, el
soporte documental de los bienes y servicios contratados para la logística de los
distintos eventos, pues ello aparejaría la inoperancia de la causal de pérdida de
investidura al requerir una prueba de imposible consecución, puesto que,
atendiendo la naturaleza de la infracción, los elementos estarían bajo el dominio
del infractor, o no existiría rastro de ellos.
5.1.2. Es menester señalar que en la sentencia de primera instancia no se exigió
un medio de prueba específico o determinado para acreditar los supuestos
constitutivos de la causal de desinvestidura invocada.
En dicha providencia solo se manifestó que los elementos de convicción
aportados no daban cuenta de los valores de los ítems supuestamente utilizados
en la logística de actos públicos ni en propaganda electoral. Fue por eso que
sobre el particular se expresó lo siguiente:
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“2.9.2.- Frente a la segunda premisa expuesta por el demandante, esto es, que los
supuestos sesenta (60) eventos políticos que realizó la congresista Ana Paola García Soto
tuvieron un costo calculable a partir del valor asignado a los seis (6) actos de campaña que
sí fueron reportados a la autoridad electoral, tal aserto carece de soporte probatorio,
primero, porque el número de eventos omitidos en el reporte de gastos no se encuentra
acreditado y, segundo, porque no es posible establecer, a partir de la información publicada
en el perfil de Facebook de la acusada, el valor de los bienes y servicios contratados para
logística de actos públicos.
El supuesto gasto no reportado por la presunta compra de elementos de propaganda
electoral como gorras, camisetas y pendones, soportado también en una apreciación
personal del demandante, tampoco es veraz pues el actor tomó el valor real indicado en el
informe de gastos reportado a la autoridad electoral por esos conceptos y lo multiplicó por el
número de eventos que infirió, fueron realizados, guarismo que estableció a partir de la
información publicada en el perfil de Facebook de la hoy congresista Ana Paola García
Soto” (Resalto del original).
5.1.3. Ahora bien, la apreciación de la prueba efectuada por la Sala Especial de
Decisión no se estima errada. Ninguno de los medios acredita los valores
sufragados por los bienes y/o servicios aducidos como adquiridos y no
reportados.
En las imágenes extractadas de Facebook no obra elemento que informe precios
o montos correspondientes a erogaciones, efectuadas por la congresista y no
reportadas, para la atención de la logística de actos públicos o por concepto de
gorras, camisetas y pendones. En ellas, solo se observa a la convocada por
pasiva en acciones de campaña electoral.
Esos datos tampoco figuran en los demás documentos allegados al proceso y que
corresponden a los remitidos por Facebook49, el CNE50 y la DIAN51.
5.1.4. No desconoce esta Sala que para determinar las sumas totales que se
señalaron como no reportadas por actos públicos y propagada electoral, la parte
actora, desde la demanda, acudió al “informe individual de ingresos y gastos” de la
señora García Soto para extractar los valores unitarios de dichos ítems y
aplicarlos a las cantidades que según su propia estimación fueron utilizadas o
adquiridas. Así:
49 La entidad precisó que la información de los usuarios de Facebook es manejada por Meta Platforms Inc
(“incluyendo las URLs o enlaces del contenido (…) y en tal carácter, es la única titular de la relación
jurídica … y la única que está legalmente capacitada para dar respuesta a una solicitud de información
relativa a sus usuarios”). Índice 26 del SAMAI de la primera instancia del presente asunto.
50
El organismo electoral remitió la respuesta, de radicado interno CNE-S-FNFP-4132-2022-FNFPCE-900, en
la que informó (i) que la empresa Multisuministros y Asesorías S.A.S. no se encontraba inscrita ante la
autoridad electoral como medio de comunicación o empresa de publicidad, y que no allegó los informes en
relación con la propaganda contratada; (ii) los gastos reportados por propaganda electoral por Ana Paola
García Soto, así como los pagos por concepto de publicidad política que dicha candidata canceló a la
empresa mencionada -soportes contables que se adjuntaron-; (iii) acerca de la existencia de
observaciones del contador correspondiente al informe de ingresos y gastos de campaña de la Cámara de
Representantes del Departamento de Córdoba del Partido de la U para las elecciones del 13 de marzo de
2022. Además, adjuntó copia de los 7B y anexos -Informe Consolidado de Ingresos y Gastos de Campaña
de la Cámara de Representantes del Departamento de Córdoba del Partido de la U; y, 6B y anexos-
Informe Individual de Ingresos y Gastos de Campaña de la candidata Ana Paola García Soto-, así como la
relación de facturas adjuntadas a Cuentas CLARAS por concepto de gastos de administración, gastos
judiciales y de rendición de cuentas, propaganda electoral y costos financieros. Índice 35 del SAMAI de la
primera instancia del presente proceso.
51 La DIAN remitió la información acerca de la siguiente facturación en el periodo comprendido entre el 1° de
enero y el 30 de junio de 2022: (i) emitida y recibida por Multisuministros S.A.S., (ii) emitida por Paula
Andrea Ochoa Ramírez, y (iii) emitida y recibida por la señora García Soto. Asimismo, informó que dentro
de la “información de las facturas electrónicas emitidas por parte de Ana Paola Garcia Soto en el año 2021
dentro de las cuales no se evidencian facturas emitidas para Facebook Colombia S. A. S. Para el año
2022 no se encuentra información”. Índices 28 y 43 del SAMAI de la primera instancia del asunto.
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• Tratándose de actos públicos, su valor unitario fue el resultante del
presupuesto por evento reportado por la accionada al informar las donaciones
que se efectuaron a su campaña electoral; monto que se multiplicó por los
60 eventos que el accionante señaló como ejecutados, pero no reportados.
• El precio unitario de las gorras, camisetas y pendones correspondió al
consignado por dichos conceptos en la factura electrónica M-1278 del 11 de
marzo de 2022, expedida por Multisuministros S.A.S. (en su orden, $7.500,
$10.000, y $13.571); cifras que se multiplicaron por las cantidades que la
parte actora señaló como adquiridas y no reportadas, esto es, 6.000
unidades de cada elemento.
Ello, bajo el entendido de que “en promedio” se utilizaron 100 unidades por
cada ítem en cada uno de los 60 eventos aducidos como efectuados y no
reportados.
5.1.5. Sin embargo, para esta Sala, esa metodología no acredita erogaciones
supuestamente efectuadas y no reportadas.
Primero, porque se desconocería el contenido mismo de la causal de pérdida de
investidura, que exige la debida comprobación de la violación de los topes de
gastos aplicables: el cómputo de las erogaciones aducidas se sustenta en meras
inferencias y no en la realidad de las operaciones correspondientes y adelantadas
por la campaña electoral respectiva.
Téngase en cuenta que la metodología utilizada por el actor aplica los precios
unitarios de diversos ítems a operaciones diferentes de aquellas en las que
tuvieron lugar y respecto de las que se desconocen las circunstancias modales de
su realización, en caso de haber existido.
Al tratarse de negocios distintos mal puede entenderse, sin pruebas que así lo
indiquen, no solo que se celebraron conservando y respetando las mismas
condiciones -en este caso el precio por unidad de cada elemento-, sino que
también fueron sufragados por la campaña electoral de la demandada.
No porque los eventos públicos donados se hubieren estimado en $10.020.000,
los demás actos proselitistas que eventualmente se hubieren contratado tendrían
el mismo costo y habrían sido costeados por la accionada o su campaña.
Lo mismo puede decirse respecto de las gorras, camisetas y pendones. Si la
operación se registró el 11 de marzo de 2022, según la factura M-1278 ¿cómo
afirmar que el precio unitario establecido en ella era el mismo que se tenía para
otras adquisiciones de elementos similares y respecto de las que se desconoce el
momento, espacio y proveedor con el que supuestamente se adelantaron? No es
posible concluirlo.
Segundo, porque la parte actora podía acudir a diferentes instrumentos para
acreditar los supuestos que refirió.
No puede perderse de vista que en los juicios de pérdida de investidura opera el
principio de libertad probatoria, de suerte que “cualquier medio de prueba puede ser
utilizado para acreditar los hechos y circunstancias que son objeto de debate, siempre que se
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respeten las garantías constitucionales y los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad de la
prueba52”.
Adicionalmente, como lo ha sostenido esta corporación53, la carga de la prueba
“recae sobre el solicitante de la pérdida de investidura54, quien debe acreditar los elementos
objetivo y subjetivo de la causal que invoca 55, incluso sin que sea dable afirmar que opera una
inversión de dicha carga, dado el carácter sancionatorio del proceso y la aplicación de la
presunción de inocencia56”.
En esas condiciones, tal como lo puso de presente el juez de instancia, no se
acreditó el monto total sufragado por los actos públicos, camisetas, gorras y
pendones, señalados como no reportados ante el CNE, lo que excluye el error
señalado en la alzada.
5.2. Del error endilgado en materia de eventos públicos atribuidos a la
accionada
5.2.1. Dos son los yerros que el recurrente atribuyó a la sentencia cuestionada.
De una parte, la existencia de una supuesta incongruencia al reconocer la
realización de diferentes actos de campaña en el primer trimestre de 2022, pero
señalar que no se demostró su número total aun cuando la prueba evidenciaba,
en su sentir, que fueron 60.
De otra, porque de ese número total se sustrajeron eventos bajo el entendido de
que fueron sufragados por el también candidato Julio Elías Vidal; cuestión
improcedente ya que dentro del proceso no se acreditó ese hecho, comoquiera
que en su informe individual de ingresos y gastos no consignó monto alguno en el
concepto 204, “Actos públicos”, a más de que considera existía la obligación de
reportar la totalidad de actos realizados, lo que incluía los adelantados en vías
públicas o residencias de familiares y/o amigos.
5.2.2. Por su parte, la accionada señaló que la Sala Especial de Decisión no tuvo
en cuenta la ausencia de elementos necesarios para confirmar la autenticidad del
usuario o cuenta de Facebook de la que se tomaron las imágenes allegadas con
52 Consejo de estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P.: Martha Nubia Velásquez Rico,
sentencia del 12 de septiembre de 2023, radicado Nro. 11001-03-15-2023-00145-01.
53 Idem nota al pie inmediatamente anterior.
54 Nota original: La carga de la prueba en los procesos de pérdida de investidura recae sobre el actor; esta
es la regla general en los procesos de que conoce la justicia contenciosa administrativa, así: “La referida
norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo:
“incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo
Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los
supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la
prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne
al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de
defensa. Si aquel no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la
desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia
probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de
sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, un fallo adverso
a sus intereses”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de
diciembre de 2007, Radicación: 11001-03- 15-000-2006-01308-00(PI), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
55 Nota original: “[L]a aplicación del principio “onus probandi incumbit actori” acogido en el artículo 167 del
C.G.P., mueve a decir que corresponde al solicitante de la pérdida de investidura, la demostración de la
conducta que reprocha al congresista acusado, tanto en lo que atañe a sus elementos objetivos, como en
lo referente al elemento subjetivo del dolo o de la culpa grave”. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia de 8 de septiembre de 2020, radicación 11001-03-15-000-2019-04145-01(PI).
C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
56
Nota original: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 16. Sentencia
de 11 de octubre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2019-01599-00(PI) C.P. Nicolás Yepes Corrales.
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la demanda, pues no se adjuntó el registro biográfico relacionado en la prueba
pericial aportada por el actor, denominada “informe de aseguramiento digital”.
5.2.3. La Sala advierte que en la sentencia cuestionada no se omitió la valoración
de elementos para acreditar la autenticidad del iniciador de los mensajes de datos
aportados con el libelo introductor.
Ese asunto se abordó al analizar el valor probatorio de tales medios de
convicción. En esa medida, luego de establecer los parámetros de validez
aplicables, el a quo consideró que la autenticidad se demostró ante la inexistencia
de tacha o desconocimiento formulado por la demandada, lo que se reforzó
porque las observaciones que ella presentó discutieron el contenido de las
imágenes, bajo el rótulo de “precisiones”.
Una vez satisfecho ese requisito fue que se estimó inane el “informe de aseguramiento
digital”, respecto del cual se acotó, también, que no se admitió en el proceso como
prueba pericial, sino documental.
Sobre el particular se anotó lo siguiente:
“Con respecto a la autenticidad de la información, la Sala observa que ese presupuesto
se entiende acreditado ante la ausencia de tacha o desconocimiento de la información por
parte de la acusada, que en ninguna etapa procesal desconoció el perfil de Facebook de
Ana Paola García Soto, ni tachó de falsa la información publicada en la red social.
Así, en atención a que ninguno de los atributos del mensaje de datos mencionados fue
tachado de falso o desconocido por la acusada, la información e imágenes publicadas
son apreciables probatoriamente, más aún si se tiene en cuenta que en la intervención
realizada en la audiencia inicial el apoderado de la congresista no desmintió el contenido de
la información divulgada en la red social Facebook; por el contrario, realizó ‘precisiones’
frente a cada una de las 109 publicaciones con el propósito de desvirtuar su eficacia
probatoria, más no su validez 57; a título de ejemplo, se traen las siguientes imágenes y
comentarios:
(…)
Ahora bien, la Sala recuerda que el ‘informe de aseguramiento digital’ aportado con la
demanda para garantizar la accesibilidad de la información susceptible de modificación o
eliminación por encontrase en una red social, fue incorporado al proceso como una prueba
documental, tal como consta en el auto del 27 de septiembre de 2022 58 y en la decisión del
18 de octubre de 2022 que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el decreto de
pruebas, en el que se precisó que sólo se incorporaron como pruebas documentales ‘los
documentos aportados con la solicitud y los aportados con la contestación’, sin incluir los
allegados con el escrito de oposición a las excepciones ‘para acreditación del perito’ 59. Bajo
esa consideración, resulta válido afirmar que el documento denominado ‘informe de
aseguramiento digital’ o la copia de seguridad de la información publicada en Facebook
resulta inane en el caso concreto, porque las publicaciones e imágenes en que se sustenta
el cargo de la demanda siguen disponibles en el perfil de la congresista acusada:
https://www.facebook.com/anapaola.garciasoto.5 60“ (Resalto del original).
5.2.4. Dilucidado lo anterior, la Sala encuentra que en las imágenes y videos de
Facebook aportados al proceso, la demandada aparece en diferentes espacios
con propaganda electoral61 alusiva a su candidatura a la Cámara de
Representantes por el partido de la U, la cual se identificó con el número 105.
57 Nota original: [e]xpediente digital, SAMAI, índice 58.
58
Nota original:[í]ndice 18 del expediente digital, SAMAI.
59 Nota original:[í]ndice 15 del expediente digital, SAMAI.
60
Nota original: [l]a última consulta realizada al perfil https://www.facebook.com/anapaola.garciasoto.5, se
llevó a cabo el 5 de diciembre de 2022.
61 Gorras, camisetas, afiches y pendones.
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De suerte que sí se adelantaron actividades cuyo propósito fue el de convocar a
los ciudadanos a votar en un determinado sentido, en este caso, a favor de la
candidatura de Ana Paola García Soto. Conclusión reafirmada al apreciar el
contenido de los mensajes de los posts de Facebook en el mismo sentido.
Empero, en esa prueba documental no figura información alguna respecto de
gastos por concepto de logística, propaganda electoral o desplazamientos.
Y si bien es cierto que en tales medios de prueba aparecen ítems de propaganda
electoral, no lo es menos que, a partir de ellos, no se pueden establecer las
cantidades usadas y, mucho menos, que las mismas superaran las adquiridas y
reportadas por la campaña de la entonces candidata.
Por eso, no se observa yerro de la primera instancia al señalar que:
“La información (imágenes y comentarios) divulgados en el perfil de Ana Paola García Soto,
sólo muestran que la congresista realizó actos de campaña en diferentes municipios del
departamento de Córdoba durante el primer trimestre de 2022, tal como consta en las
imágenes en las que aparece la candidata junto a otras personas en eventos realizados en
lugares dotados con sillas y elementos de propaganda electoral, como pendones, gorras y
camisetas de su campaña y de la de otro candidato de su partido.
Ahora bien, las imágenes representativas de esos hechos y los comentarios realizados por la
candidata con relación a cada una de las fotografías no llevan a establecer el número de
actos políticos de campaña que García Soto realizó ni el costo por concepto de
logística y compra de camisetas, gorras, pendones y desplazamientos que representó
cada uno, más aún si se tiene en cuenta que algunas imágenes muestran a la acusada con
grupos de personas en vías públicas o en residencias que, según sus comunicados, son de
familiares o vecinos de los municipios que identificó en cada imagen de su cuenta de
Facebook, circunstancia esta que desestima las apreciaciones personales del actor. Al punto
se traen como ejemplo dos de ellas:
(…)
En ese orden, concluye la Sala que, si bien la información tomada del perfil de Facebook en
este caso cuenta con validez probatoria por reunir los presupuestos dispuestos en la ley
para tal efecto, las imágenes y comentarios publicados en esa red social carecen de
eficacia probatoria para acreditar los hechos que con ellos se pretendía demostrar,
pues no tienen la virtualidad de demostrar el número de eventos que realizó la entonces
candidata Ana Paola García Soto, como tampoco el costo económico de la logística que
empleó, ni el tipo y número de elementos de propaganda política que usó (gorras, camisetas,
pendones). Así, queda desvirtuada la primera premisa expuesta por el actor para
sustentar la violación del tope máximo de gastos de campaña.” (Resalto del original).
De esos apartes se sigue, además, que la presencia de otro candidato en algunos
actos políticos -en los que también aparecía la convocada por pasiva- se refirió al
momento de señalar, a modo descriptivo, cuál era el contenido de las imágenes
aportadas al plenario, y no para sostener que los eventos en los que figurara otro
candidato electoral debían entenderse sufragados por él, y no por la accionada.
Por tanto, contrario a lo afirmado por el recurrente, el hecho de que en las
imágenes de algunos actos proselitistas aparecieran otros candidatos no incidió
en el análisis acerca de la configuración, o no, de la causal de desinvestidura, lo
que permite desechar el error formulado en este sentido62.
62 Si en gracia de discusión se hiciere abstracción de lo dicho, lo cierto es que no existe soporte probatorio
de la negación que el recurrente incorporó como sustento del recurso sobre el particular, a saber: que el
señor Julio Elías Vidal no sufragó evento alguno.
Todo, por cuanto el informe individual de ingresos y gastos del señor Vidal, aportado con el recurso de
apelación, y sobre el cual se estructuró el yerro atinente a la sustracción de determinados eventos políticos
realizados, se rechazó como prueba en auto del 6 de junio de 2023, determinación que no fue recurrida.
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5.2.5. Así las cosas, la Sala estima que, en el caso concreto, no es necesario
abordar el análisis acerca del número de eventos políticos que realmente tuvo
lugar, puesto que tal labor resulta intrascendente, para efectos de la
estructuración de la causal de pérdida de investidura endilgada: de la eventual
existencia de un número de eventos superior al efectivamente reportado no se
seguiría, sin más, y de forma automática, que los mismos hubieren sido
sufragados por la demandada o su campaña y que, con ocasión de ellos, se
hubiera excedido el tope aplicable en materia de gastos.
Téngase en cuenta que en el plenario no existen medios suasorios que
demuestren los gastos efectuados para atender eventos políticos adicionales a los
reportados, pues se desconocen las cantidades de logística y propaganda
electoral requerida y utilizada en ellos, así como los valores individuales
sufragados por cada concepto; cuestiones que impiden establecer el
desconocimiento del límite de gastos aplicable.
Esta Sala no pierde de vista que la configuración del elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura que ocupa su atención puede tener lugar, según
se anotó, por la superación del límite de gastos, así como por el desconocimiento
de los topes de financiación; aspecto este último que pone en evidencia la
relevancia, entre otras cuestiones, de las formas de financiación -en dinero o en
especie- y su estimación o valoración.
Pese a ello, la estructuración de la causal de desinvestidura en el presente
proceso no se fundamentó en la violación de los topes de financiación o aportes,
razón por la que no es procedente abordar el examen de dicho supuesto.
5.2.6. Con todo, lo cierto es que de la valoración de las imágenes de Facebook y
de los posts de los que hacen parte no puede concluirse que, en efecto, existieran
60 eventos proselitistas realizados por la accionada y que no reportó.
Así se tiene que:
• El señor Julio Elías Vidal, o propaganda alusiva a su candidatura, aparece
en elementos relativos a los siguientes eventos que el accionante señaló
como efectuados por la demandada y que supuestamente tuvieron lugar en
los meses de enero (1), febrero (9), y marzo de 2022 (2).
Fecha evento Municipio evento DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE CONSULTA DEL POST CONTENTIVO DE
según demanda según la demanda LA IMAGEN APORTADA63
https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/posts/pfbid0r3e2zFH3cZZwdK6nP3poy72
Enero 30 San Pelayo PCfWY2EQyQgceiF6JTJtQA6wTgKDGwdcwZETwa2SWl
https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/posts/pfbid0P6WpuTkorjnnvbAi2uK6iQUE
Febrero 7 Tuchín mU15ZW7NGnvvA5XVfgGXDARi1fmZGU98KT1zL2nSl
Febrero 8 Sahagún https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/videos/1322976144837366
Febrero 12 San Antero https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/videos/471744697763011
https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/posts/pfbid0NfcV1qqb9s4dkaisf8jVYnbGt7
Febrero 13 Sahagún Juu9toFZGb6fnAkQ4m49NmKPBBScH5Cxb1Fvqyl
https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/posts/pfbid0377eKVZgctETufXAgszWPXq
Febrero 13 Chinú Yc932Db5Ws9scczNv5uiRE5DiUR4tMTmVuELHb5HvYl
https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/posts/pfbid0iB2gJiXpu9T3vC9c7RAXRWR
Febrero 14 Canalete dfLwm6RRKm4Y8SixAuB8ny3kDdUZW1PcL3vHntBPul
https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/posts/pfbid0xVMULN9DTKYLbyKRVqa3Jo
Febrero 18 Buenavista jxVMszmBi6RdfBhP9DPm32zJRp6i3Jvf2LrnZyM4ocl
https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/posts/pfbid0273PKbeWUGhfSh5A2kBMEs
Febrero 18 Pueblo Nuevo wS7KxZySyt7FG542jxqNQob4pUQZWaAzvekNm9RSogdl
63
Para la apertura de la información a la que remite el link se requiere una cuenta activa de la red social
correspondiente.
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Fecha evento Municipio evento DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE CONSULTA DEL POST CONTENTIVO DE
según demanda según la demanda LA IMAGEN APORTADA63
https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/posts/pfbid02Mc8EA3k7NNJys39cj1FtQ4B
Febrero 19 Planeta Rica SJb86vSpytrFdAzezvZ3JyrwRo8xo9eSF3G4b2wBtl
https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/posts/pfbid02N3twtU2KRhoRCC7PiSRjVT
Marzo 6 Canalete nR5qXymjzSxS2dNwo6ZLr9yBiy6cjyv4RMPmjZnqPil
https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/posts/pfbid02nkx93seyVYkBcbvwsmdSM4
Marzo 10 Planeta Rica keUErDi4eWU6r3VG7HxCPAQsTjtcGLyr5r2PWPX3NQl
De acuerdo con la prueba del proceso, no es posible establecer si se trató
de reuniones financiadas por la actora o por el señor Vidal, más si se tiene
presente que la prueba aportada por el recurrente en el recurso de alzada no
fue decretada.
• El señor Julio Chagüi, o propaganda relativa a su candidatura, figura en
material relativo a eventos que se imputaron como realizados y no
reportados por la congresista a razón de: 2 en enero, 2 en febrero, y 1 en
marzo de 2022, según el siguiente cuadro.
Fecha evento Municipio evento DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE CONSULTA DEL POST CONTENTIVO DE
según demanda según la demanda LA IMAGEN APORTADA64
Enero 24 San Jorge https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/videos/3764634053675539
Enero 24 La Apartada https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/videos/491658032302614
https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/posts/pfbid02fqB3EnadcjsfNG
Febrero 5 Montelíbano
CbTKJ8ZpmHoi3oXRoDHEqu7RZv4K6bZjWGM4xtzrZE1wzFSviql
https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/posts/pfbid0nNu3HT459c3nC
Febrero 6 Montelíbano
F8Yi7LHYQmz5U9pQfEYufB4ed9keDCkP7eGqzC3isXnurhXbz9Hl
https://web.facebook.com/anapaola.garciasoto.5/posts/pfbid0B8UkXT6k9vpyj8
Marzo 7 Montería
PTukZ5vWgYaWHGoEscNyES7pCL2rLZyMeYr46FDYeXS68JKXj7l
Sin embargo, de conformidad con los elementos de prueba allegados al
expediente, no es posible establecer si se trata de actos financiados por la
demandada y ello no se deriva de su sola presencia en los mismos.
De ahí, entonces, que no se pueda hablar de 60 eventos realizados y no
reportados cuando hay 17 en los que no se tiene claridad acerca de quién asumió
su pago.
Considérese, también, que en varios de los eventos restantes no es posible
establecer una fecha cierta de su realización. En efecto, en 28 de ellos no es clara
la coincidencia entre la fecha de cargue del post a la red social Facebook y la
información a la que el mismo se refiere65.
Empero, como se anotó, de esas imágenes no se desprenden gastos en los que
se incurrió, y tampoco dan cuenta de las cantidades de bienes o servicios
requeridos y sufragados.
Por demás, contrario a lo señalado por el apelante, no se observa que dentro del
procedimiento aplicable exista obligación de reportar los actos realizados en vías
públicas o en residencias. Cuestión diferente es que en esas materias se requiera
64 Para la apertura de la información a la que remite el link se requiere una cuenta activa de la red social
correspondiente.
65 Tal es el caso de los eventos que se señalan como efectuados en las fechas y municipios que pasan a
exponerse. En enero, los de los días 25 (Buenavista), 27 (Planeta Rica), 28 (Planeta Rica), 30 (Ciénaga de
Oro), y, 31 (Buenavista). En febrero, los correspondientes a los días 1 (Buenavista y Los Córdobas), 8
(San Antero), 9 (Tuchín y Momil), 11 (Buenavista y Puerto Escondido), 14 (Chinú), 17 (Montería), 20
(Valencia, Tierralta, Planeta Rica, Ayapel, y Buenavista), 26 (San Carlos y San Pelayo), 27 (San Bernardo
del Viento y Lorica), y 28 (Sahagún). En marzo, los de los días 4 (Cereté), 5 (Cereté), y 9 (Ciénaga de
Oro).
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de permisos especiales (solicitados a los gobernadores o alcaldes, según el
caso), sin embargo, nada se expuso en la alzada sobre el particular.
5.3. De los errores imputados a la valoración de la información remitida por
la DIAN
5.3.1. Dos fueron las equivocaciones que el apelante atribuyó en esta materia a la
sentencia de primer grado, las cuales, en su sentir, evidencian la manipulación de
la información contable por la accionada con el fin de ocultar gastos de su
campaña.
En primer lugar, señaló que sí existió una irregularidad frente a las facturas
electrónicas M-1353, M-1354, M-1355, y M-1356 -expedidas por Multisuministros
S.A.S.-, ya que se anularon con posterioridad a la finalización de la contienda
electoral mediante notas de crédito electrónicas. Pese a ello, en la providencia
apelada se señaló que no existió anomalía alguna sobre el particular.
En segundo lugar, indicó que las facturas M-1267, M-1277, y M-1278, expedidas
por la sociedad mencionada y reportadas al CNE, no figuraban en el sistema de
facturación de la DIAN, según se desprendía de la información expedida por el
ente recaudador con destino a este proceso, lo que daba cuenta de una
irregularidad.
5.3.2. Facturas electrónicas M-1353 a M-1356
Examinado el material de prueba obrante en el expediente, se observa que, en
efecto, respecto de las facturas M-1353 a M-1356 se emitieron las siguientes
notas crédito que las referenciaron:
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y NOTAS CRÉDITO66
Nro. factura Nro. nota de Código y
electrónica y fecha Valor Objeto, bien o servicio crédito y fecha de concepto de la
de su emisión emisión corrección
Afiches 50x30 cms; Calcomanía litográfica
40x25 cms; Pasacalles 5x70 cms; Pendones
M-1353 del 12 de C00218 del 10 de
$ 40.862.500 70x100 cms; Calcomanía circular; 5: Otros
abril de 2022 mayo de 2022
Microperforador; Backing 3x2 mts con
estructura; Lonas 1140x360
M-1354 del 12 de } (sic); e instalación, montaje y alquiler C00213 del 12 de
$ 31.000.000 5: Otros
abril de 2022 estructura valla pública pequeña abril de 2022
Instalación, montaje y alquiler estructura valla
M-1355 del 12 de C00219 del 10 de
$ 31.000.000 pública grande; e, instalación, montaje y 5: Otros
abril de 2022 mayo de 2022
alquiler estructura valla pública pequeña
M-1356 del 12 de C00220 del 10 de
$ 27.000.001 Gorras, camisetas, y pendones 5: Otros
abril de 2022 mayo de 2022
Así, dichos elementos se emitieron con posterioridad a la contienda electoral (que
fue el 13 marzo de 2022) y luego de ella, naturalmente, se emitieron las notas
créditos que los referencian (abril y mayo de 2022).
En esa medida, en principio, no se requería del reporte de dichas facturas en el
aplicativo “CUENTAS CLARAS”, máxime cuando sobre dichos elementos se
expidieron notas de crédito electrónicas; actuación que, por sí misma, no puede
66
Información extractada de lo remitido al proceso por la DIAN -específicamente de los cuadros de facturas
emitidas por Multisuministros S.A.S., y las recibidas por la congresista convocada por pasiva-, así como de
la dirección electrónica https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument informada por la DIAN
como portal para la consulta de la representación gráfica de las facturas electrónicas por medio de su
CUFE (Código Único de Factura Electrónica).
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catalogarse como irregular, en tanto se trata del uso de un mecanismo válido
comercial y contablemente respecto del cual no se acreditó la finalidad desviada
señalada en la demanda y en el recurso.
En todo caso, si se adicionara el valor de esas facturas electrónicas a los gastos
efectuados y reportados por la campaña de la accionada, lo cierto es que no se
demostraría el desconocimiento del tope de gastos aplicable. Veamos:
• Los valores individuales de las facturas electrónicas M-1353, M-1354, M-
1355, y M-1356 ascienden, en su orden, a $40.862.500; $31.000.000;
31.000.000; y, $ 27.000.001, por lo que el monto obtenido luego de su
sumatoria correspondería a $129.862.501.
• En la sentencia cuestionada se estableció que el límite de gastos aplicable a
la campaña electoral de la congresista demandada era de mil ciento
veintiuno millones doscientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y un
pesos ($1.121.245.591); tope que no se discutió en el recurso de alzada.
• Luego, si al total de gastos de campaña ($315.340.068) se adicionaran los
valores de las facturas M-1353 a M-1356 ($129.862.501) se obtendría un
monto de $445.202.569, el cual estaría lejos de superar el tope de gastos
que se determinó como aplicable a la campaña de la demandada
($1.121.245.591).
5.3.3. Facturas electrónicas M-1267 y demás
Las facturas electrónicas M-1267, M-1277, y M-1278 corresponden a los
siguientes valores y conceptos:
Fecha
Nro. factura Nro. y fecha del
instrumento
electrónica y fecha Valor Objeto, bien o servicio comprobante de
de pago
de su emisión egreso efectivo
(Cheque)
Afiches 50x30 cms; Calcomanía litográfica
40x25 cms; Pasacalles 5x70 cms; Pendones LO 632802 de
M-1267 del 7 de 3 del 8 de marzo de
$ 40.862.500 70x100 cms; Calcomanía circular; 8 de marzo de
marzo de 2022 2022
Microperforador; Backing 3x2 mts con 2022
estructura; Lonas 1140x360
Instalación, montaje y alquiler estructura valla LO 632804 del
M-1277 del 10 de 4 del 11 de marzo
$ 31.000.000 pública grande; e, instalación, montaje y 11 de marzo de
marzo de 2022 de 2022
alquiler estructura valla pública pequeña 2022
LO 632806 del
M-1278 del 11 de 6 del 11 de marzo
$ 27.000.001 Gorras, camisetas, y pendones 11 de marzo de
marzo de 2022 de 2022
2022
Los valores consignados en ellas fueron sufragados por la campaña electoral de
la demandada e incluidos en el “informe individual de ingresos y gastos” presentado por
la demandada al organismo electoral67.
Así se desprende del anexo 6.12B, referido a propaganda electoral, y aportado
con la contestación de la demanda, en el que se consignó lo siguiente en las
secciones demarcadas por la Sala:
67
Dichas facturas, junto con copias de sus egresos efectivos y demás documentación, hacen parte de ese
informe y obran en el archivo contentivo de la contestación de la demanda, específicamente en las
siguientes páginas: 277 a 305, y 320 a 333.
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Lo dicho se reafirma porque el valor total de propaganda electoral (identificado
bajo el código 208) se adicionó para obtener el total de los gastos de la campaña,
(identificado con el código 200) dentro del informe mencionado, correspondiente
al formulario 6B, según lo informa la lectura de los siguientes apartes destacados
por la Sala:
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En esas condiciones, los montos de estas últimas facturas electrónicas ya se
encuentran dentro del cómputo del total de los gastos de la campaña, por lo que
dilucidar si existió la anomalía relacionada en el recurso no modificaría esos
valores, y, mucho menos, daría cuenta del desconocimiento del límite aplicable a
la campaña electoral de la señora García Soto.
5.3.4. Por último, se observa que mediante oficio Nro. CNE-S-FNFP-4112-2022-
FNFPCE-900 del 10 de octubre de 202268, el CNE, dentro del trámite para la
reposición de gastos, formuló observaciones al informe integral de ingresos y
gastos presentado por el partido de la U respecto de los candidatos que avaló a la
Cámara de Representantes por el Departamento de Córdoba, dentro de las
cuales se incorporaron unas relacionadas con la información presentada por la
demandada.
No obstante, lo cierto es que esas observaciones se refieren a ciertos
comprobantes de ingresos (identificados con los Nros. 08, 14, y 15) y al
diligenciamiento de un formato del partido denominado “Declaración ayuda en especie
valorada a su precio comercial”.
En su tenor literal, en el aparte pertinente del oficio se consignó lo siguiente:
“Candidato Ana Paola García Soto
• Comprobante de ingreso No 08 – Juan David García- el contrato adjunto no se
encuentra debidamente firmado.
• Se puede evidenciar que el formato del partido – “Declaración ayuda en especie
valorada a su precio comercial”; no se encuentra diligenciado de la manera correcta,
debido a que el campo que es para el donante tiene el nombre de la candidata, por lo
tanto, no se puede verificar que dicho documento sea del donante que se menciona en
el comprobante de egreso.
• Adjunto al comprobante de ingreso No 14, se encuentra adjunta la factura No D317465,
aclarar si tiene algún vínculo con este comprobante; de igual manera se solicita
adjuntar de nuevo los documento (sic) debido a que se encuentran muy borrosos y no
se puede verificar la información de los mismos.
• Comprobante de ingreso No 15 -el valor del comprobante y de sus aportes no coincide
con lo registrado en cuentas claras.”
Por lo tanto, las observaciones recaen sobre elementos diferentes a los discutidos
en el presente proceso, por lo que no demuestran la configuración de la causal de
desinvestidura invocada.
En esa medida, no se observa la estructuración de las irregularidades señaladas
por el recurrente.
Corolario de todo lo dicho, se tiene que no se demostró el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura. Por eso, esta Sala no abordará el examen del
elemento subjetivo.
Así las cosas, se confirmará la sentencia recurrida.
6. Solicitud de compulsa de copias
La Sala no accederá a la solicitud de compulsa de copias formulada en el recurso
de apelación.
68
Obrante con la información allegada en el índice 35 del SAMAI de la primera instancia del presente
proceso.
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En el proceso no se demostró el desconocimiento del límite de gastos aplicable a
la campaña electoral de señora Ana Paola García Soto, ni se observaron
conductas constitutivas o relativas a la comisión de fraude procesal, de modo que
no se observan elementos que indiquen la eventual estructuración de los punibles
establecidos en los artículos 396B y 453 del C.P.
Además, tampoco obra medio de convicción que indique la posible ocurrencia de
la conducta tipificada en el artículo 396C del C.P., denominada omisión de
información del aportante, máxime cuando el objeto de discusión en el presente
proceso giró en torno a las erogaciones o gastos de campaña, no a aportes o
ingresos dejados de reportar.
No obstante lo anterior, el accionante, si así lo considera, puede acudir
directamente ante las autoridades pertinentes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 25 de enero de 2023, por medio de la cual la
Sala Especial de Decisión Nro. 17 de Pérdida de Investidura negó las
pretensiones de la demanda.
2. No compulsar copias, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.
3. Reconocer personería para actuar en representación de la parte
demandada al profesional Juan Camilo Sánchez Carvajal, identificado con la
cédula de ciudadanía Nro. 1.000.803.188 y portador de la tarjeta profesional
Nro. 404.395, de conformidad con la sustitución de poder a él efectuada69.
4. No aceptar la renuncia presentada por el profesional Camilo Eduardo
Ortega Sáchica70 frente al poder a él conferido, por no cumplir con lo
previsto en el artículo 76 del C.G.P. 71
Cópiese, notifíquese, y cúmplase,
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala Plena en sesión
celebrada en la fecha.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Presidente
69 Índice 12 del SAMAI.
70
Índice 19 del SAMAI.
71
No se allegó elemento que diera cuenta de la remisión de la comunicación de renuncia enviada al
poderdante.
30
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Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04767-01 (1849)
WILLIAM BARRERA MUÑOZ OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Con aclaración de voto
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejera de Estado Consejera de Estado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARÍA ADRIANA MARÍN
Consejero de Estado Consejera de Estado
ALBERTO MONTAÑA PLATA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Con aclaración de voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado Consejero de Estado
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