Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04793-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04793-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04793-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
21 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04793-00
Actor: CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CÍA. S. EN C.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la Constructora Palo Alto y Cía.
S. en C., contra la Sección Primera del Consejo de Estado.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 5 de septiembre de la presente anualidad, la Constructora Palo Alto y Cía. S.
en C., por conducto de su representante legal, interpuso acción de tutela contra la
Sección Primera del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con
ocasión de las providencias proferidas el 24 de junio y 26 de agosto de 2022, en
el trámite del proceso de nulidad con radicado 11001-03-24-000-2001-00126-01
(Acumulados 11001-03-26-000-2001- 00047-01, 11001-03-26-000-2001-00054-
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04793-00
Actor: Constructora Palo Alto y Cía. S. en C.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de primera instancia
01, 11001-03-026-000-2001-00055- 01). Formuló la siguiente pretensión:
Por todo lo anteriormente probado, solicito del H. Juez Constitucional que se
ordene al H. Consejero Ponente Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, dejar
sin efectos las pruebas de OFICIO de los procesos penales, y a cambio se
ordene la realización del peritazgo necesario, procedente y pertinente
ordenado el 30 de Noviembre de 2011, peritazgo ratificado en la audiencia del
4 de Abril de 2022 y que fuera enriquecido con la solicitud de fecha 22 de abril
de 2022 hecha por la Constructora Palo Alto y Cía. En C.
De igual forma, como medida provisional solicitó que;
De conformidad a lo ordenado en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, y
para evitar que el H. Consejero de Estado Dr. Roberto Augusto Serrato
Valdés siga incurriendo en sus conductas al margen de la ley, que como
mecanismo transitorio se ordene la suspensión de lo dispuesto en el Artículo
Segundo del Auto de fecha 26 de Agosto de 2022, en el que se ordena correr
traslado para alegatos de conclusión, hasta cuando la H. Corte Constitucional
decida de fondo esta Acción de Tutela.
1.2 Hechos
Del confuso escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
En ejercicio de la acción de nulidad, el señor Robinson Humberto Patiño Cuberos
demandó al Ministerio de Minas y Energía, con el fin de que se declarara la
nulidad de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Resolución 81098 del 12 de octubre de
2000, «por la cual se decreta la expropiación de un predio», y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
de la Resolución 80027 del 12 de enero de 2001, «por la cual se resuelve unos
recursos de reposición y unas solicitudes de revocatoria directa», expedidas por
esa entidad. A este proceso se le asignó el radicado 11001-03-24-000-2001-
00126-01, al cual, mediante auto del 8 de agosto de 2003, se le acumularon los
expedientes 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-
01 y, en providencia del 25 de abril de 2006, el 11001-03-26-000-2001- 00047-01.
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Actor: Constructora Palo Alto y Cía. S. en C.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de primera instancia
Durante el trámite del proceso en mención, la sociedad Constructora Palo Alto y
Cía. S. en C. solicitó la nulidad de las pruebas ordenadas de oficio, en el auto de 5
de abril de 2022, a saber, la prueba consistente en oficiar al Tribunal Superior de
Bogotá -Sala Penal- (Magistrado ponente Hermes Darío Lara Acuña), para que
remitiera «copia íntegra, en medio magnético, de los dictámenes periciales,
estudios técnicos o documentos que hayan sido utilizados y analizados para
determinar si el predio rural denominado “El Santuario” perteneciente a un lote de
mayor extensión denominado “Lomitas”, ubicado en la vereda Aurora Alta del
municipio de La Calera (Cundinamarca), se encuentra dentro de áreas de reserva
forestal o ambiental; pruebas estas que deben obrar en el proceso penal con
radicación 11001-60-00- 000-2015-01203-00, seguido en contra de la señora
Ingrid Moller Bustos como coautora de los delitos de daño a recursos naturales
agravado y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales».
Mediante providencia del 24 de junio de 2022, la Sección Primera del Consejo de
Estado rechazó de plano la solicitud de nulidad procesal elevada por la hoy
accionante y dispuso, además, aceptar «el desistimiento de la prueba consistente
en que se adelante una diligencia inspección judicial con la intervención de dos
peritos cartógrafos designados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC,
cuyo propósito estaba encaminado a que se determinara si el predio rural
denominado “El Santuario” se encuentra ubicado o no “[…] dentro de las áreas
objeto de reserva forestal declaradas como tal por los Artículos 2°. y 1º, de la
resolución No.076 de 1.977 del Ministerio de Agricultura y dentro del área
denominada ‘Sabana de Bogotá, declarada como tal por el Art.61 de la ley 99 de
1.993 y las resoluciones 00222 y 00249 de 1.994 del Ministerio del Medio
Ambiente […]».
Contra la decisión anterior, la Constructora Palo Alto y Cía. S. en C. interpuso
recurso de reposición, el cual se le negó en auto del 26 de agosto de 2022.
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Actor: Constructora Palo Alto y Cía. S. en C.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de primera instancia
1.3 Argumentos de la tutela
Del confuso escrito de tutela se extrae que la Constructora Palo Alto y Cía. S. en
C. se encuentra inconforme con las actuaciones realizadas por el señor Carlos
Alberto Mantilla, quien funge en el proceso radicado 11001-03-24-000-2001-
00126-01, como apoderado del señor Robinson Humberto Patiño Cuberos y otros
y, además, como demandante; y contra el cual se extiende en realizar serias
acusaciones.
Respecto a la Sección Primera del Consejo de Estado, observa la Sala que la
accionante está en desacuerdo con las pruebas ordenadas de oficio referentes a
las obrantes en el proceso penal con radicación 11001-60-00-000-2015-01203-00,
seguido en contra de la señora Ingrid Moller Bustos, pues, a su juicio, el
magistrado Roberto Augusto Serrato pretende trasladar pruebas que no tienen un
carácter definitivo, toda vez que aun son objeto de estudio en sede de casación
ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que deben ser desestimadas en el
proceso administrativo.
De igual forma, sostuvo que, al aceptar el desistimiento de la inspección judicial,
en el auto del 24 de junio de 2022, el despacho judicial accionado incurrió en
irregularidades que buscan favorecer a la parte actora del proceso de nulidad
pues, en su parecer, dicha prueba era necesaria, procedente y pertinente para
resolver el asunto y desmentir las falsas afirmaciones realizadas por los allá
demandantes.
Precisa la Sala que, en la demanda, la Constructora Palo Alto y Cía. S. en C.
hace graves acusaciones en contra del magistrado Roberto Augusto Serrato,
integrante de la Sección Primera del Consejo de Estado, a quien inculpa de
realizar maniobras no acordes con la lealtad procesal para favorecer a la parte
actora en el proceso de nulidad.
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Actor: Constructora Palo Alto y Cía. S. en C.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de primera instancia
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 9 de septiembre de 2022, se admitió la acción de tutela y
se ordenó que se notificara a los magistrados que integran la Sección Primera del
Consejo de Estado, como parte demandada y, como terceros con interés, al señor
Robinson Humberto Patiño Cuberos y al ministro de Minas y Energía 1. Así mismo,
se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En la misma providencia se negó la medida provisional solicitada con la demanda.
2.2. El Ministerio de minas y Energía, por medio de la oficina asesora jurídica,
manifestó que no se evidenciaba la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la constructora accionante respecto a las actuaciones surtidas por
la Sección Primera del Consejo de Estado, por lo que se abstenía de hacer algún
pronunciamiento en su contra. Sin embargo, solicitó que se adelantaran las
actuaciones «tendientes a garantizar la aplicación de los principios
constitucionales en el marco del proceso judicial No. 11001032400020010012601
y todos y cada uno en los que intervenga el abogado Carlos Mantilla pues es
evidente que este carece de lealtad procesal».
Adujo que es el extremo procesal y, específicamente, el abogado Carlos Mantilla
quien ha desplegado múltiples actos procesales tendientes a entorpecer los
procesos judiciales en los que se debaten los derechos derivados de los contratos
de concesión minera No. 16.569 y 16.715 de los cuales es titular la sociedad
Constructora Palo Alto y Cía. S en C.
1 Posteriormente, mediante providencia del 4 de octubre de la presente anualidad, se vinculó, en
calidad de terceros con interés, a los señores Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Juan José Gabriel
Luna Conde, Carlos Eduardo Almeciga Martínez y Luis Vicente Almeciga Martínez, así como a la
Asociación Ecológica Colombiana, toda vez que actúan como demandantes en los procesos
acumulados al radicado N° 11001-03-24-000-2001-00126-01.
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2.3. La Sección Primera del Consejo de Estado, por conducto del magistrado
Roberto Augusto Serrato Valdés, manifestó que, en la tutela, la parte actora
sugiere que ese despacho judicial actúa irregularmente favoreciendo los intereses
de una de las partes, afirmaciones completamente irrespetuosas y sin soporte
probatorio alguno, lo cual resulta completamente reprochable.
Respecto a la providencia atacada, esto es la dictada 26 de agosto de 2022,
señaló que la tutela resulta improcedente por incumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional pues no se aduce la configuración de ningún defecto,
evidenciándose que, además, la accionante pretende reabrir una discusión ya
resuelta en el trámite del proceso ordinario, con ocasión del decreto oficioso de
pruebas, lo cual ya fue objeto de resolución en auto de 24 de junio de 2022. De
igual forma, el reproche formulado por la accionante frente a la procedencia del
desistimiento de una inspección judicial fue resuelto el 26 de agosto de esta
misma anualidad.
2.4. El señor Robinson Humberto Patiño Cuberos, por medio de apoderado
judicial, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de la referencia al
no evidenciarse la vulneración de los derechos de la parte actora pues, a su juicio,
el despacho accionado ha respetado religiosamente el debido proceso de las
partes.
Manifestó que la constructora accionante pretende «por la vía de los insultos, la
descalificación, las argucias, y el maltrato a la judicatura y a las partes, demorar,
dilatar, aún más este proceso, para mantener un statu quo dañino y perjudicial
para los propietarios de los predios afectados con una expropiación ilícita y
amañada contra los derechos colectivos de los colombianos, que producto de esa
estratagema, llevan más de 21 años esperando una decisión de fondo»
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2.5. Los demás vinculados al proceso y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir
del año 20122, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la
Corte Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún
derecho fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.
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decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.
Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las
razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la
protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se
hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea
de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a
terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte,
acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
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de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente
dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
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instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional3».
2. Problema jurídico
Lo primero que la Sala deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento
del requisito de la relevancia constitucional y, solo en el evento de que se reúna
esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si el despacho
3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
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Referencia: sentencia de primera instancia
judicial accionado vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
actora.
3. Análisis de la Sala
3.1. Requisitos generales de procedibilidad
3.1.1. De la relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
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ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores
excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
3.2. Caso concreto y solución del problema jurídico
En los términos de la acción de tutela, el reproche formulado por la Constructora
Palo Alto y Cía. S. en C. en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado
radica en que, a su juicio, el magistrado ponente en cuyo despacho se tramita la
nulidad radicada bajo el N° 11001-03-24-000-2001-00126-01, no debía decretar de
oficio unas pruebas contenidas en un proceso penal que se encontraba aún en
trámite de casación. Asimismo, se encuentra inconforme con la aceptación del
desistimiento de una inspección judicial solicitada por la parte actora.
Precisa la Sala que, si bien en el confuso escrito de tutela la parte actora realizó
varias acusaciones, lo cierto es que, frente a las actuaciones surtidas por el
despacho accionado se limitó a manifestar su inconformidad frente a las
decisiones que resolvieron decretar unas pruebas de oficio y aceptar el
desistimiento de una inspección judicial, sin invocar la configuración de algún
defecto de procedencia de la tutela frente a providencias judiciales. Bajo este
contexto la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional por su insuficiente carga argumentativa.
En ese sentido, conviene señalar que la Corte Constitucional ha sostenido que
para que prospere el amparo por la ocurrencia de un defecto debe existir un error,
el cual debe ser cualificado porque debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y
tener una incidencia directa en la decisión. Sin el cumplimiento de estos requisitos
esta acción constitucional se convertiría en una instancia adicional al proceso
ordinario porque «(...) el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
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conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»4.
Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que la parte actora no cumplió con la
carga argumentativa mínima que se requiere para cuestionar providencias
judiciales a través de la acción de tutela, toda vez que, se reitera, se limitó a
realizar graves acusaciones en contra del magistrado sustanciador del proceso
ordinario y de los demandantes, sin que se invocara un defecto o argumentara la
configuración de alguno que se pudiera inferir.
Concretamente, en la tutela se manifestó como concepto de violación de sus
derechos fundamentales que:
3-1-. En una serie de maniobras no acordes con la lealtad procesal, luego de
21 años de dilaciones por parte de los diferentes Consejeros Ponentes, el H.
CONSEJERO PONENTE DR. ROBERTO AUGUSTO SERRATO, decide de
común acuerdo con el abogado Carlos Alberto Mantilla realizar la Audiencia
del 4 de Abril de 2022 y luego expedir el AUTO del 5 de Abril de 2022, ambos
debidamente acomodados para terminar anulando la prueba Conducente,
Necesaria y Procedente y avalando la Prueba inconducente improcedente e
ilegal como eran unos documentos de un proceso penal que está en pleno
juicio ante la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal
En la audiencia del 4 de abril de 2022, todo previamente acordado se ratifica
el Peritazgo procedente y conducente y se posesiona los peritos del IGAC y
así se le da visos de legalidad a la maniobra futura del desistimiento del
peritazgo.
Luego el día 5 de abril de 2022 todo previamente acordado, de OFICIO se
ordena traer unas pruebas de un proceso penal que está en pleno juicio y
como es una prueba de Oficio NO TIENE RECURSO.
Finalmente, ya conseguida la prueba de OFICIO previamente acordada, el 27
de abril de 2022, el abogado Carlos Mantilla DESISTE de la prueba que
demuestra hasta la saciedad que todos los argumentos planteados en las
cuatro demandas con REF: EXPEDIENTE NUMERO 11001 03 24 000 2001
00126 01 (ACUMULADOS 11001 03 26 000 2001 0047 01- 11001 03 26 000
2001 0054 01(número interno 21623) - 11001 03 26 000 2001 0055 01
(número interno 21625), SON SOLO MENTIRAS
4 Sentencia T-871 de 2008, reiterada en la Sentencia T-162 de 2009.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04793-00
Actor: Constructora Palo Alto y Cía. S. en C.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de primera instancia
Para el Consejero Serrato de OFICIO, y para ayudar al abogado Carlos
Mantilla y su patrón el multimillonario Luis Alejandro Motta Martínez en su
empreño de apoderarse de unas tierras ajenas, él puede violar la Constitución
y la Ley y llevar pruebas de un proceso penal a un proceso administrativo y lo
más grave que el proceso penal está siendo tramitado y no se ha producido
un fallo definitivo.
Como puede verse, la Constructora Palo Alto y Cía. S. en C. fundó sus
afirmaciones en contra de las providencias del el 24 de junio y 26 de agosto de
2022, sobre la base de que los demandantes en el proceso de nulidad han
cometido una serie de irregularidades, tanto penales como disciplinarias
favorecidas, a su juicio, por el magistrado Roberto Augusto Serrato, integrante de
la Sección Primera del Consejo de Estado.
Por consiguiente, lo afirmado por la parte actora no basta para considerar que se
cumpla con el primer elemento del requisito de la relevancia constitucional –carga
argumentativa mínima–, pues no explicó, con la suficiencia exigida por la
jurisprudencia constitucional, las razones por las cuales considera que la autoridad
judicial accionada incurrió en algún defecto.
Conviene anotar que esta Corporación ha sostenido que en la demanda de tutela
no se puede escuetamente señalar alguna de las causales específicas de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino que es necesario que
tal señalamiento se sustente razonablemente. Como se sabe, detrás de las
causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen
fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela
contra las providencias judiciales5.
En otras palabras, es necesario que los señalamientos que se hagan se sustenten
razonablemente en alguno de los requisitos específicos que la Corte
Constitucional ha identificado para la prosperidad del amparo, a fin de que el juez
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-
00380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04793-00
Actor: Constructora Palo Alto y Cía. S. en C.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de primera instancia
cuente con los parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial
vulnera o no derechos fundamentales.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la acción constitucional también se está
ejerciendo para convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos
fundamentales en una instancia adicional del proceso de nulidad.
Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de
reposición en contra del auto de 24 de junio de 2022, dictado por el despacho
accionado, y los propuestos en la solicitud de tutela, se evidencia que la
vulneración de los derechos fundamentales fue alegada para continuar con el
debate jurídico que ya fue decidido en el proceso ordinario.
En el escenario que propone la parte actora, la Sala tendría que examinar
nuevamente los argumentos expuestos en el recurso de reposición interpuesto
contra del auto de 24 de junio de 2022, los cuales fueron resumidos por el
magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, integrante de la Sección Primera del
Consejo de Estado así:
3. El apoderado judicial de la sociedad Constructora Palo Alto y Cia. S. en C.,
mediante escrito visible en el índice 320 de expediente digital, luego de
efectuar algunos comentarios en relación con las pruebas decretadas de
oficio por parte de este Despacho en los autos de 4 y 5 de junio de 2022 -
índices 273 y 279 del expediente digital-, interpuso recurso de reposición en
contra del numeral segundo del auto de 24 de junio de 2022, por considerar
que no era procedente acceder a la solicitud de desistimiento de la prueba de
inspección judicial decretada en favor de la parte demandante.
4. Para dar sustento a su solicitud, señaló lo siguiente: «[…] es imprescindible
e ineludible realizar el peritazgo solicitado en el año 2001, y ordenada en el 30
de Noviembre de 2011, que fuera decretada con el cumplimiento de todas los
formalismos y ritualidades dentro del Debido Proceso y el Legítimo Derecho a
la defensa […]».
5. Igualmente, señaló lo siguiente: «[…] Las CUATRO (4) demandas
ORIGINALESAMBIENTALES NO PUEDEN QUEDAR ACÉFALAS de la
inspección judicial, sobre acontecimientos, hechos sucedidos sobre
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Referencia: sentencia de primera instancia
realidades ambientales ligadas a elementos, topográficos, de cobertura
vegetal, de actividades mineras, de elementos geográficos y fisiográficos
existentes sobre terreno para ser suplidas por unas pruebas de un proceso
penal “seguido en contra de la señora Ingrid Moller Bustos como coautora de
los delitos de daño a recursos naturales agravado y explotación ilícita de
yacimiento minero y otros materiales.” Que nada tienen que ver con las
resoluciones 8 1098 de 2000 y 8 0027 de 2001 […]».
6. Finalmente, hizo unas manifestaciones tendientes a evidenciar que la
referida prueba de inspección judicial, además de ser practicada, debía ser
ampliada conforme con las sugerencias dadas por dicho sujeto procesal en
memorial de 22 de abril de 2022.
Con fundamento en la reposición en cita, el despacho accionado, en providencia
del 26 de agosto de 2022, resolvió lo siguiente frente al caso concreto:
16. El Despacho, en relación con las inconformidades expuestas por el
recurrente en torno a las pruebas que fueron decretadas de oficio en los autos
de 4 y 5 de abril de 2022, comienza por advertir que, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 169 del CGP5 otrora 179 del Código de Procedimiento
Civil – CPC, «[…] Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten
recursos […]».
17.Asimismo, es del caso destacar que en la providencia objeto de reproche
se denegó la solicitud de nulidad procesal planteada por el aquí recurrente,
encaminada a evidenciar presuntas irregularidades en relación con el decreto
y práctica de las mencionadas pruebas decretadas oficiosamente, por lo que
frente a dicho tema no hay lugar a emitir un nuevo pronunciamiento.
18. Por otro lado, y en lo que respecta al argumento asociado a la
improcedencia de aceptar el desistimiento de la prueba de inspección judicial,
es oportuno traer a colación el contenido del artículo 316 del CGP, norma que
prevé lo siguiente: «[…] Las partes podrán desistir de los recursos
interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos
procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas
practicadas […]»
19. En ese orden de ideas, y en los mismos términos de lo expuesto en el
auto impugnado, es claro que la diligencia inspección judicial decretada en el
auto de 30 de noviembre de 20118 no se ha llevado a cabo, razón por la que
es procedente que la parte interesada en su práctica desista de dicha
actuación procesal, independientemente de las consideraciones que los
demás sujetos procesales tengan al respecto. Debe enfatizarse en que esta
facultad de desistir de las actuaciones o pruebas solicitadas es propia de la
parte interesada en su práctica, y que no la misma no se encuentra sujeta a
ningún condicionamiento o requisito especial para su aceptación […].
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21. Ahora bien, en el caso de autos, sumado al hecho consistente en que la
prueba desistida no ha sido practicada, se debe resaltar que existe certeza en
torno a que la diligencia de inspección judicial con asistencia de peritos -
decretada a través de proveído de 30 de noviembre de 2011- fue solicitada
por el apoderado judicial del señor Robinson Humberto Patiño Cuberos dentro
del expediente principal con radicación 11001-03-24-000-2001-00126-01 -folio
77 del c. ppal. número 1-; de allí que, contrario a lo manifestado por el
impugnante, dicho sujeto procesal sí está habilitado para solicitar el
desistimiento de la mencionada prueba de inspección.
Visto lo anterior, es palmario que la presente solicitud de amparo también deviene
en improcedente, justamente porque busca revivir la discusión planteada y
decidida en el trámite del proceso de nulidad, en el que se resolvió,
razonablemente que, frente al auto que decretó las pruebas de oficio no procedía
ningún recurso y que las inconformidades planteadas por lo mismo en una
solicitud de nulidad, también habían sido resueltas sin que prosperara la petición
de la constructora; y que, en cuanto a la aceptación del desistimiento, en los
términos del artículo 316 del CGP, al no haberse llevado a cabo la misma, era
procedente aceptar el desistimiento pedido por esa misma parte.
A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche
alguno desde el punto de vista constitucional, el hecho de que la parte actora no
los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya
fue decidido razonablemente por la Sección Primera del Consejo de Estado.
La Sala reitera que la tutela no puede convertirse en el único y el preferido medio
de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses.
Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto jurídico,
son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal para
zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional
de todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina
por desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural6.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de febrero de
2016, expediente No. 2016-03419-00.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04793-00
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Referencia: sentencia de primera instancia
La Sala precisa que la tutela sigue siendo un mecanismo subsidiario y excepcional
y, por ende, no puede convertirse en el único y preferido medio de la parte que
pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses. El ejercicio
hermenéutico que realiza el juez natural en la decisión judicial forma parte de su
autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela
cuando no observa la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
que haga necesaria su intervención.
En este contexto, resulta claro que la interposición de la tutela bajo el pretexto de
controvertir las providencias proferidas el 24 de junio y 26 de agosto de 2022, en
el trámite del proceso de nulidad con radicado 11001-03-24-000-2001-00126-01,
deviene en improcedente no solo por incumplimiento del requisito de la relevancia
constitucional, sino también porque, en ejercicio de la presente acción, la parte
actora pretende que se realicen juicios disciplinarios y penales frente a los
demandantes del proceso de nulidad y respecto de un magistrado de esta
Corporación, siendo que tales pretensiones escapan del objeto de la tutela y, por
tanto, exceden la competencia del juez constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la
Constructora Palo Alto y Cía. S. en C., por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04793-00
Actor: Constructora Palo Alto y Cía. S. en C.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de primera instancia
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que
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