Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2001-00126-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2001-00126-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2001-00126-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
15 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Acción de nulidad especial ambiental - artículo 73 de la Ley
99 de 1993
Radicación: 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-
26-000-2001-00047-01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y
11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo
Alméciga Martínez, Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos
Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Terceros: Constructora Palo Alto y Cia S. En C., Luis Vicente Alméciga
Martínez y Alba Tulia Peñarete Murcia
Tema: Reserva Forestal Protectora / Reserva Forestal Protectora
Productora / Sabana de Bogotá, Cerros Orientales de
Bogotá y Cuenca Alta del Río Bogotá: Zonas de Interés
Ecológico Nacional / Resolución Administrativa en Materia
de Medio Ambiente / Inscripción en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos / Principio de Instrumentalidad de las
Formas / Principios de armonía regional, gradación
normativa y rigor subsidiario / Principio de coordinación
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
En cumplimiento a lo ordenado el 11 de diciembre de 2023 por la Sección Tercera,
Subsección B, de esta Corporación, dentro de la acción de tutela con radicado
11001-03-15-000-2023-04410-011, la Sala procede a decidir, en única instancia, las
demandas de nulidad instauradas por los señores Robinson Humberto Patiño
Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez, Juan José Gabriel Luna Conde,
Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez y la Asociación Ecológica Colombiana -ASOECO
en contra del Ministerio de Minas y Energía.
1 Sentencia de 11 de diciembre de 2023. Radicado: 11001-03-15-000-2023-04410-01. Actor: Carlos Alberto
Mantilla Gutiérrez. En la decisión la Sección Tercera, Subsección B, de esta Corporación decidió: “[…]
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia proferida el 2 de noviembre de 2023 por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, que negó la solicitud de amparo y, en su lugar, AMPÁRANSE los derechos
fundamentales invocados por el accionante. Se revoca la sentencia de primera instancia. SEGUNDO:
ORDÉNASE al Consejo de Estado, Sección Primera, que en el término de veinte (20) días profiera sentencia
en el proceso con radicado 11001-03-24-000-2001-00126-01 […]”.
2
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
I. ANTECEDENTES
I.1. Las demandas
I.1.1. La demanda del proceso radicado: 11001-03-24-000-2001-00126-012
1. El señor Robinson Humberto Patino, obrando a través de apoderado y en ejercicio
de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo, en adelante CCA, interpretada como de nulidad especial ambiental
consagrada en el artículo 73 de la Ley 99 de 19933, presentó demanda ante esta
Corporación con el fin de obtener las siguientes declaraciones4:
“[…] 1ª. - Que son nulos los Artículos 1°; 2°; 3° y 4° de la Resolución No.81098
de fecha 12 de octubre del año 2000 expedida por el Ministerio de Minas y
Energía.
2ª. - Que son nulos los Artículos 1°, 2°; 3°; 4°; 5°; 6°; 7° y 8° de la Resolución
No.80027 de fecha 12 de enero de 2001, también expedida por el Ministerio de
Minas y Energía.
3ª. - Que se condene en costas a la entidad demandada, el Ministerio de Minas
y Energía.
4ª. - Que una vez ejecutoriada la sentencia que ponga fin a la presente acción,
se comunique al ministro de Minas y Energía, para los efectos legales
correspondientes […]”.
I.1.2. La demanda del proceso radicado: 11001-03-26-000-2002-00047-015
2. La Asociación Ecológica Colombiana -ASOECO, en ejercicio de la acción de
nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, interpretada como de nulidad especial
ambiental consagrada en el artículo 73 de la Ley 99 de 1993 6, presentó demanda
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera 7, con el fin de
obtener las siguientes declaraciones8:
“[...] Que el Honorable Tribunal de Cundinamarca declare la nulidad de las
resoluciones Número 80027 del 12 de enero de 2011 y 8 1098 del 12 de octubre
de 2000, proferidas por el Ministerio de Minas y Energía, por cuanto dicho acto es
2 Folios 25 a 84 C 1.
3 Auto de 27 de Abril de 2001. Folios 89 a 97 C 1. Auto de 8 de agosto de 2003. Folios 1098 a 1103 C 3.
4 Folio 26 C 1.
5 Folios 1 a 4 del C pp.
6 Auto de 27 de Abril de 2001. Folios 89 a 97 C 1. Auto de 8 de agosto de 2003. Folios 1098 a 1103 C 3.
7 Mediante providencia de 29 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “B”, remitió el proceso al Consejo de Estado, luego de declarar la nulidad de todo lo actuado a partir
del auto admisorio de la demanda, al considerar que carecía de competencia funcional, toda vez que es esta
Corporación la que conoce de la nulidad de actos administrativos que versan sobre asuntos mineros en que sea
parte la Nación, de acuerdo con el numeral 11 del artículo 128 del C.C.A.
8 Folio 1 C pp.
3
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
contrario a los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia y el artículo
61 de la ley 99 de 1993, y demás normas concordantes […]”.
I.1.3. La demanda del proceso radicado: 11001-03-26-000-2001-00054-019
3. Los señores Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Eduardo Alméciga Martínez,
en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, interpretada
como de nulidad especial ambiental consagrada en el artículo 73 de la Ley 99 de
199310, presentaron demanda ante esta Corporación11 con miras a obtener las
siguientes declaraciones12:
“[...] 1°- Que es nula la Resolución No. 81098 de fecha 12 de octubre del año 2000
expedida por el Ministerio de Minas y Energía.
2° – Que es nula la Resolución No. 80027 de fecha 12 de enero de 2001, también
expedida por el Ministerio de Minas y Energía.
3°- Que se condene en costas a la entidad demandada, el Ministerio de Minas y
Energía.
4°- Que una vez ejecutoriada la sentencia que ponga fin a la presente acción, se
comunique al ministro de Minas y Energía, para los efectos legales
correspondientes […]”.
I.1.4. La demanda del proceso radicado: 11001-03-26-000-2001-00055-0113
4. El señor Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, en ejercicio de la acción de nulidad
prevista en el artículo 84 del CCA, interpretada como de nulidad especial ambiental
consagrada en el artículo 73 de la Ley 99 de 199314, presentó demanda ante esta
Corporación15, con el fin de obtener las siguientes declaraciones16:
“[...] 1ª. - Que es nula la resolución No.5-0001 de fecha 04 de enero de 1.993 de
la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Minas y Energía que
otorga licencia de exploración;
9
Folios 29 a 74 del C pp.
10 Auto de 8 de agosto de 2003. Folios 1098 a 1103 C 3.
11 Mediante auto de 21 de octubre de 2002, el magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Doctor Alier
Eduardo Hernández Enríquez remitió el expediente al Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Magistrado
del Consejo de Estado, Sección Primera, con el fin de que estudiara la acumulación de procesos. Frente a lo
cual, la constructora Palo Alto presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto, mediante auto de 10 de
diciembre de 2002, en el sentido de confirmar la remisión del expediente. Finalmente, mediante providencia de
6 de febrero de 2003, el magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Doctor Alier Eduardo Hernández
Enríquez ordenó se cumpliera lo decidido en el auto de 21 de octubre de 2002.
12 Folio 30 C pp.
13 Folios 84 a 153 del C pp.
14 Auto de 25 de abril de 2006. Folios 1537 a 1539 C 3.
15 El 30 de enero de 2003, el magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Doctor Ricardo Hoyos Duque,
ordenó enviar el expediente a la secretaría de la Sección Primera para que se estudiara la acumulación del
proceso.
16 Folio 86 C pp.
4
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
2ª.- Que es nula la resolución No.701352 de fecha 26 de octubre de 1.998 de la
Dirección General de Minas del Ministerio de Minas y Energía que declara
perfeccionada Cesión;
3ª. - Que es nula la resolución No.5-0006 de fecha 07 de enero de 1.993 de la
Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Minas y Energía que
otorga licencia de exploración;
4ª. - Que es nula la resolución No. 700521 de fecha 09 de mayo de 1996 proferida
por la Dirección General de Minas del Ministerio de Minas y Energía que autoriza
cesión;
5ª.- Que es nula la resolución No.700771 de fecha 08 de julio de 1.996 proferida
por la Dirección General de Minas del Ministerio de Minas y Energía que declara
perfeccionada Cesión;
6ª.- Que es nula la resolución No.5-1154 de fecha 10 de marzo de 1.993 proferida
por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Minas y Energía,
que autorizó la cesión del 50% derechos de explotación minera de materiales de
construcción;
7ª.- Que es nula la resolución No. 5-1979 de fecha 02 de abril de 1.993 proferida
por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Minas y Energía,
que declaró perfeccionada la cesión del 50% derechos de explotación minera de
materiales de construcción;
8.ª - Que es nulo el auto de fecha 27 de mayo de 1.993 proferido por la Dirección
General de Asuntos Legales del Ministerio de Minas y Energía […];
9ª.- Que es nula la resolución No.100570 de fecha 10 de mayo de 1.994 expedida
por la División Legal de Minas del Ministerio de Minas y Energía que aprobó
subcontrato de arrendamiento de 25 mil Metros cuadrados;
10ª. - Que es nula la resolución No.700526 de fecha 09 de mayo de 1.996
expedida por la División Legal de Minas del Ministerio de Minas y Energía, que
autoriza cesión;
11°. - Que es nula la resolución No.701329 de fecha 31 de octubre de 1.996
expedida por la División Legal de Minas del Ministerio de Minas y Energía, que
declara perfeccionada cesión;
12ª. - Que es nula la resolución No.700903 de fecha 06 de Julio de 1.998 expedida
por la Dirección General de Minas del Ministerio de Minas y Energía que declara
perfeccionada Cesión;
13°. - Que es nula la resolución No. 81098 de fecha 12 de octubre del año 2000
del Ministerio de Minas y Energía que decretó la expropiación de 165.778
hectáreas de suelos de zonas ambientalmente protegidas y prohibidas para ese
efecto;
14°. - Que es nula la resolución No.80027 de fecha 12 de enero de 2001 del
Ministerio de Minas y Energía, que decretó la expropiación de 165.778 hectáreas
de suelos de zonas ambientalmente protegidas y prohibidas para ese efecto;
5
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
15°. - Que se condene en costas a la entidad demandada, La Nación - Ministerio
de Minas y Energía;
16°. - Que una vez ejecutoriada la sentencia que ponga fin al presente proceso,
se comunique al ministro de Minas y Energía; a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte; a la Presidencia de Minercol S.A.;
al Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Cundinamarca y al Ministro del Medio Ambiente, para los efectos legales
correspondientes y de su competencia […]”.
I.2. Los hechos comunes y relevantes de las demandas acumuladas17
5. Como fundamentos fácticos en las demandas acumuladas se indicaron, en
síntesis, los siguientes:
6. El 24 de agosto de 1992, el señor Ricardo Vanegas Sierra presentó una solicitud
de licencia de exploración ante el Ministerio de Minas y Energía para llevar a cabo
la exploración técnica de materiales de construcción en el municipio de La Calera,
bajo el número de radicación 16569.
7. El 22 de septiembre de 1992, el señor Jorge Enrique Ponguta Orduz solicitó al
Ministerio de Minas y Energía una Licencia de Exploración para llevar a cabo una
exploración técnica de materiales de construcción en un sector colindante a la
anterior solicitud, la cual se radicó con el número 16715.
8. Antes de conceder esas licencias de exploración, el Ministerio de Minas y Energía,
mediante los oficios 512-4626 y 512-4628 de 30 de octubre de 1992, solicitó a la
Corporación Autónoma Regional - CAR un concepto sobre la viabilidad de las
labores mineras en el área de esa solicitud.
9. La respuesta de la autoridad ambiental fue emitida a través del oficio número
13398 de 17 de diciembre de 1992. El concepto precisó que el área solicitada no
correspondía al Distrito Capital de Bogotá y, por lo tanto, no formaba parte del área
de Reserva Forestal Protectora. Sin embargo, la autoridad ambiental aclaró que el
predio en cuestión se ubicaba en la vertiente de la cuenca del Río Teusacá, en la
zona identificada como Área de Reserva Forestal Protectora Productora, donde
cualquier uso diferente al forestal requería una licencia previa, conforme a lo
establecido en los artículos 208 y 210 del Decreto Ley 2811 de 1974.
10. Basándose en este concepto y en el estudio técnico elaborado el 22 de diciembre
de 1992 por la Sección de Estudios de Ingeniería de la División de Ingeniería y
Proyectos, el Ministerio de Minas y Energía emitió la Resolución 50001 de 4 de
enero de 1993, a través de la cual otorgó al señor Ricardo Vanegas Sierra la
17 Expediente No. 2001-00126-01, folios 26 a 48 C 1. Expediente No. 2001-00047-01, folio 2 C pp. Expediente
No. 2001-00054-01, folios 30 a 47 C pp. Expediente No. 2001-00055-01, folios 87 a 109 C pp.
6
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Licencia número 16569 para la exploración técnica de un yacimiento de materiales
de construcción en La Calera.
11. Igualmente, mediante Resolución 50006 de 4 de enero de 1993, el Ministerio de
Minas y Energía otorgó al señor Jorge Enrique Ponguta Orduz la licencia 16715,
válida por dos (2) años, para la exploración técnica de un yacimiento de Materiales
de Construcción en el municipio de La Calera. La inscripción de ese título en el
Registro Minero Nacional se llevó a cabo el 24 de febrero de 1993.
12. Mediante auto fechado el 3 de junio de 1993, la Sección de Licencias del
Ministerio de Minas y Energía precisó que antes de la firma del contrato, la Sección
de Protección del Medio Ambiente debía evaluar si el interesado cumplía con los
requisitos establecidos en el inciso 2° del artículo 208 del Decreto 2811 de 1974,
concepto que fue emitido favorablemente el 22 de junio de 1993.
13. El 12 de julio de 1993, el Ministerio de Minas y Energía formalizó el Contrato de
Concesión Minera 16569 con el señor Ricardo Vanegas Sierra para la explotación
de materiales de construcción en el municipio de La Calera. Además, el 15 de
septiembre de 1993, el Ministerio de Minas y Energía suscribió con el señor Jorge
Enrique Ponguta Orduz el Contrato de Concesión Minera 16715.
14. El 22 de diciembre de 1993 el Congreso de la República promulgó la Ley 99, en
cuyo artículo 61 declaró la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños,
cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional,
con destinación prioritaria para la actividad agropecuaria y forestal. En esa misma
disposición, se consagró el deber del Ministerio del Medio Ambiente de determinar
las zonas en las cuales existe compatibilidad con las explotaciones mineras. Con
base en dicha reglamentación del suelo, la CAR debía otorgar o negar las
correspondientes licencias ambientales.
15. El Ministerio del Medio Ambiente expidió la Resolución 222 de 1994 que
especificó la zonificación de las áreas compatibles con las actividades mineras. El
artículo 6 ibidem, modificado por el artículo 2º la Resolución 249 de 1994, señaló
que las actividades mineras localizadas fuera de las zonas declaradas como
compatibles que contarán con permisos, concesiones, contratos o licencias
vigentes, otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, al momento de la
expedición de esa resolución, debían presentar un Plan de Manejo y Restauración
Ambiental ante la autoridad ambiental competente.
16. En cumplimiento de lo anterior, el señor Ricardo Vanegas Sierra presentó ante
la CAR, para su aprobación, el Plan de Manejo y Restauración Ambiental de que
trata la norma antes referida.
7
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
17. A través de la Resolución número 0421 de 17 de marzo de 1997, la CAR ordenó
a Ricardo Vanegas Sierra ejecutar el plan de manejo y restauración ambiental para
la actividad extractiva de materiales de construcción en la fracción de terreno
vinculada al contrato de concesión 16569.
18. A través de las Resoluciones 701352 de 26 de octubre de 1998 y 700771 de 8
de julio de 1996, el Ministerio de Minas y Energía declaró formalmente
perfeccionada la cesión del Contrato de Concesión número 16569, realizada por
Ricardo Vanegas Sierra a favor de la sociedad Constructora Palo Alto y Cia. S. En
C; así como la cesión de derechos del señor Jorge Enrique Ponguta Orduz dentro
del contrato 16715 a favor de la sociedad Constructora Palo Alto y Cia. S. En C.
19. El 5 de mayo de 2000, la referida sociedad, en calidad de titular de los Contratos
de Concesión Minera números 16569 y 16715, solicitó al Ministerio de Minas y
Energía la declaración de expropiación, por motivos de utilidad pública e interés
social del predio denominado “El Santuario”, ubicado dentro de la finca “[…] Las
Lomitas […]” en el municipio de La Calera, identificado con el folio de Matrícula
Inmobiliaria número 50N-20334163.
20. El Ministerio de Minas y Energía solicitó a la Presidencia de la Empresa Nacional
Minera Ltda. Minercol Ltda., mediante el oficio número 31655 de 17 de mayo de
2000, la realización de una visita técnica a la zona de la solicitud de expropiación
con el fin de inspeccionar el predio rural.
21. Mediante comunicación 06436 de 14 de agosto de 2000, Minercol Ltda., remitió
el informe de la visita efectuada entre los días 28 y 30 de junio de 2000, en el cual
precisó que los títulos mineros se superponen a las áreas solicitadas en
expropiación.
22. Con fundamento en lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía expidió la
Resolución 81098 de 12 de octubre de 2000, que declaró los motivos de utilidad
pública e interés social de la expropiación del predio a favor de la sociedad
Constructora Palo Alto y Cia. S. En C.
23. La señora Alba Tulia Peñarete Murcia y la sociedad Constructora Palo Alto y Cia.
S. En C. presentaron recurso de reposición en contra de la Resolución 81098.
Adicionalmente, el ciudadano Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez radico 2 solicitudes
de revocatoria directa, una en nombre propio y otra en calidad de apoderado de la
señora Peñarete Murcia. Estos recursos y solicitudes fueron resueltos mediante la
Resolución número 80027 de 12 de enero de 2001, confirmando la decisión
expropiatoria y negando la revocatoria de la misma.
8
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
I.3. Fundamentos de derecho y el concepto de violación propuesto en las
demandas acumuladas
I.3.1. Fundamentos de derecho
24. Los demandantes señalaron que los actos administrativos acusados
quebrantaron: (i) la Constitución Política, artículos 1°, 2° (inciso 1°), 4°, 8°, 13, 49,
58, 63, 79 (inciso 2°), 80, 82, 88 (inciso 2°) 93, 95 (inciso 2° y numeral 8°) 101, 113,
114, 115 (inciso 2°), 123 (inciso 2°) 150, 208 (inciso 1°), 209, 313 (ordinares 7 y 9)
332, 333, 334, 360 (inciso 1°), 360 y 366; (ii) la Ley 153 de 1887, artículos 1°, 2°, y
3° (iii) el Código Civil, artículo 18; (iv) la Ley 99 de 1993, artículos 2°, 3°, 5°, 6°, 49
al 73, 83, 84, 85, 103 y 118; (v) el Código Nacional de Recursos Naturales y de
Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, artículos 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 30,
39, 42, 43 (literales b, c, e y h) 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 67, 178, 179 (literal c) y
180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 202 a 210, 302 a 304, 312 y 314; (vi)
el Código de Minas, Decreto 2655 de 1988, artículos 7º, 9º, 10º, 11, 13, 15, 16, 22,
24, 26, 45, 76, 166, 183, 184, 185, 247, 302 y 303; (vii) la Ley 2° de 1959, parágrafo
2° del artículo 5°; (viii) la Ley 79 de 1986; (ix) la Ley 165 de 1994, artículo 2°; (x) la
Ley 356 de 1997; (xi) la Ley 23 de 1973, artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 16 y 17; (xii) la Ley
388 de 1997, artículos 2°, 3°, y 7°; (xiii) la Ley 491 de 1999, artículo 21; (xiv) el
Decreto Ley 1042 de 1978, artículo 2°; (xv) el Decreto 2278 de 1953, artículo 4°;
(xvi) el Decreto 1300 de 1941, artículo 1°; (xvii) el Decreto 1383 de 1940, artículos
1°, 2º y 3°; (xviii) el Decreto 1050 de 1968, artículo 1°; (xix) el Decreto 2857 de 1981,
artículos 40 a 43; (xx) el Decreto 01 de 1984, artículo 2°; (xxi) el Decreto 1753 de
1994; (xxii) el Decreto 501 de 1995, artículo 1°; (xxiii) las Resoluciones No. 00222 y
00249 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente; (xxiv) el Decreto 1124 de 1999,
artículos 5° y 6°; (xxv) las Resoluciones No. 3482 de 16 de septiembre de 1986;
4393 de 11 de noviembre de 1986 y 3921 de agosto 30 de 1988 de la Corporación
Autónoma regional de las Cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez (CAR); (xxvi)
el Acuerdo 30 de 30 de septiembre de 1976; (xxvii) la Resolución ejecutiva 076 de
31 de marzo de 1977 y; (xxviii) el Acuerdo No. 043 de 09 de febrero de 1999 del
municipio de la Calera.
I.3.2. El concepto de violación
25. Los demandantes señalaron como cargos de violación en contra de los actos
acusados los siguientes: (i) falta de competencia; (ii) desconocimiento de las normas
en que debieron fundarse y; (iii) falsa motivación, tal y como se observa a
continuación:
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
I.3.2.1. Falta de competencia
26. Mencionaron que el Ministerio de Minas y Energía, sin competencia o facultad
legal, dio a los suelos objeto de la solicitud de expropiación, un uso y destinación
diferente al permitido por la ley, desconociendo los principios de zonificación,
planeación, intervención y ordenamiento territorial ambiental, así como los artículos
333 y 334 de la Constitución Política, el artículo 1° del Decreto 1050 de 1968, los
artículos 2°, 3°, y 7° de la Ley 388 de 1997, los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 69, 70,
71, 72, 83, 84, 85, 103, 118 de la Ley 99, los artículos 5° y 6° del Decreto 1124 de
1999 y los artículos 7º y 183 del Código de Minas vigente en esa época.
27. Aseguraron que el Ministerio de Minas y Energía no podía otorgar títulos mineros,
licencias de exploración, licencias de explotación, aprobar la reducción del área de
explotación minera, aprobar cesiones de derechos mineros y decretar la
expropiación de bienes para el ejercicio de las actividades mineras, si con ello
afectaba áreas protegidas, independientemente de la competencia enunciada en
los artículos 13, 15, 16, 22, 24, 26, 45, 183 y siguientes del Código de Minas.
28. Explicaron que las resoluciones de expropiación desconocieron el uso del suelo
autorizado en un territorio de interés ecológico nacional, a pesar de lo reglado en
los artículos 2°; 3° y 7° de la Ley 388 de 1997.
29. Finalmente, mencionaron que dicha competencia era del entonces Ministerio del
Medio Ambiente y del Congreso de la República de acuerdo con los artículos 8°, 63,
79, 80, 114, 150, 333, 360, 333, 334 y 366 de la Constitución Política. Explicaron
que la Ley 99 de 1993 derogó la facultad otorgada al Ministerio de Minas y Energía
para definir las zonas restringidas para la minería mediante acto administrativo.
I.3.2.2. Desconocimiento de las normas en que debieron fundarse los actos
acusados
30. Los demandantes señalaron que los actos cuestionados quebrantaron: (i) la
Constitución Política, artículos 1°, 2° (inciso 1°), 4°, 8°, 13, 49, 58, 63, 79 (inciso 2°),
80, 82, 88 (inciso 2°), 93, 95 (inciso 2° y numeral 8°), 101, 113, 114, 115 (inciso 2°),
123 (inciso 2°), 150, 208 (inciso 1°) 209, 313 (ordinares 7 y 9), 332, 333, 334, 360
(inciso 1°), 360 y 366; (ii) la Ley 99 de 1993, artículos 49 a 61 y 63; (iii) el Código
Nacional de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811
de 1974, artículos 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 30, 39, 42, 43 (literales b, c, e y h), 44, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 67, 178, 179 (literal c) y 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191,
202 a 210, 302 a 304, 312 y 314; (iv) el Código de Minas, Decreto 2655 de 1988,
artículos 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 45, 76, 166, 183, 184, 185, 247, 302 y
303; (v) la Ley 2° de 1959, parágrafo 2° del artículo 5°; (vi) la Ley 79 de 1986; (vii)
la Ley 165 de 1994, artículo 2°; (viii) la Ley 356 de 1997; (ix) la Ley 23 de 1973,
10
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 16 y 17; (x) la Ley 491 de 1999, artículo 21; (xi) el Decreto
Ley 1042 de 1978, artículo 2°; (xii) el Decreto 2278 de 1953, artículo 4°; (xiii) el
Decreto 1300 de 1941, artículo 1°; (xiv) el Decreto 1383 de 1940, artículos 1°, 2º y
3°; (xv) Decreto 2857 de 1981, artículos 40 a 43; (xvi) el Decreto 01 de 1984, artículo
2°; (xvii) el Decreto 1753 de 1994; (xviii) el Decreto 501 de 1995, artículo 1°; (xix)
las Resoluciones No. 00222 y 00249 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente;
(xx) las Resoluciones No. 3482 de 16 de septiembre de 1986; 4393 de 11 de
noviembre de 1986 y 3921 de agosto 30 de 1988 de la Corporación Autónoma
regional de las Cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez (CAR); (xxi) la
Resolución 076 de 1977, artículos 1º y 2°; y (xxii) Acuerdo No. 043 de 09 de febrero
de 2000 del municipio de la Calera.
31. Argumentaron que los actos acusados vulneraron los artículos 1° y 2° de la
Resolución 76 de 31 de marzo de 1977, el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 y los
artículos 2°, 3°, 4°, 6º y 10° de la Resolución 222 de 1994, porque esas
disposiciones prohibieron el establecimiento de explotaciones mineras en la Sabana
de Bogotá, fuera de las zonas delimitadas como compatibles.
32. Manifestaron que el Ministerio de Minas y Energía desconoció los deberes del
Estado en cuanto a la protección de las riquezas naturales, la conservación de la
diversidad e integridad del ambiente, la salvaguarda de las áreas de especial
importancia ecológica y el mantenimiento del interés general.
33. Puntualmente, indicaron que el predio El Santuario hace parte de la reserva
forestal de la cuenca alta del río Bogotá y de la reserva del Bosque Oriental de
Bogotá, en la cabecera del afluente del río Teusacá. En ese sector nacen las
quebradas Hoyo del Caballo, El Ocal, El Ajizal, el Romeral, Aguas Claras y
Honduras, “[…] acuíferos todos que surten de aguas a acueductos del sector, con
más de 400 familias como usuarios […]”.
34. Sostuvieron que no era posible autorizar actividades mineras en ese ecosistema
por expresa disposición legal, conforme a lo previsto en el artículo 4° del Decreto
2278 de 1953, en el artículo 1° del Decreto 1300 de 1941, en los artículos 1°, 2º y
3° del Decreto 1383 de 1940, en el parágrafo 2° del artículo 5° de la Ley 2 de 1959,
en los artículos 40 a 43 del Decreto 2857 de 1981, en las Leyes 79 de 1986 y 99 de
1993 y en el artículo 2° del Decreto 883 de 1997.
35. Anotaron que las actividades mineras autorizadas por el Ministerio de Minas y
Energía atentan contra la integridad de la Cuenca del Río Bogotá, al autorizar el
desmonte y arrasamiento de 165.77 hectáreas de bosque protector.
36. De igual manera, precisaron que ese predio hacía parte de "[…] ZONAS ZRC;
ZAI Y ZAT […]", según el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de La
11
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Calera, aprobado mediante el Acuerdo No. 043 de 09 de febrero de 2000, tal y como
lo certificó Planeación municipal, mediante el oficio PLA-134-01.
37. Explicaron que dicha declaratoria de protección se fundamentó en el artículo 360
de la Constitución Política, en el artículo 2° de la Ley 165 de 1994, en los numerales
1° y 2º de los artículos 3° y 4° de la Ley 356 de 1997 y en el artículo 7° del Decreto
2655 de 1988.
38. Aseveraron que las resoluciones de expropiación desconocieron los Acuerdos 33
de 1979, 13 de 1980, 53 de 1981, 58 de 1987 y 59 de 1987 de la Corporación
Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá
y, la Resolución No. 16 de 1998 de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR, en cuanto a la zonificación de esa área protegida.
39. También estimaron quebrantados los artículos 47 y 202 a 210 del Decreto Ley
2811 de 1974, y los artículos 10, 2° y 5º de la Resolución 076 de 1977, en cuyo
marco los suelos del predio El Santuario tienen una destinación forestal protectora,
incompatible con el desarrollo minero.
40. Consideraron que se desconocieron las Resoluciones 3482 de 16 de septiembre
de 1986, 4393 de 11 de noviembre de 1986 y 3921 de 30 de agosto de 1988,
expedidas por Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Bogotá,
Ubaté y Suárez (CAR) y, el certificado No. 77 de 9 de febrero de 2001, expedido por
la misma autoridad ambiental, que prohíben la extracción de arena, la tala de
bosques y la explotación de materiales de construcción en todo el predio objeto de
la expropiación.
41. Indicaron que el Ministerio de Minas y Energía desconoció lo dispuesto en los
artículos 1°; 2°; 30; 4°; 16 y 17 de la Ley 23 de 19 de diciembre de 1973 y, los
artículos 1°, 4°, 5°, 6° y 7° del Decreto 1715 de 1978, conforme a los cuales el
paisaje es un recurso protegido por el Estado y “[…] el ambiente es patrimonio
común, cuya conservación y mejoramiento son actividades de utilidad pública […]”.
42. Anotaron que la entidad demandada no tuvo en cuenta la zonificación establecida
en la Ley 99 de 1993, ni las consecuencias negativas de la minería a cielo abierto
en los ecosistemas protegidos, conforme a lo previsto en los artículos 30, 39, 189,
190, 202 a 210 del Decreto 2811 de 1974. Concretamente, el Ministerio de Minas y
Energía autorizó la expropiación de un territorio amplio que no había sido sustraído
de un área de reserva forestal para destinarlo a una actividad contraria al uso
permitido por la ley.
43. Finalmente, mencionaron que, desde la expedición de la Ley 99 de 1993, “[…]
quedaron insubsistentes, decaídos, sin efecto alguno, los actos administrativos
ilegales, las licencias ilegales y los contratos mineros ilegales, que existían
12
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
ilegalmente sin licencia previa, y sin derecho adquirido alguno respecto de zonas de
reserva forestal y que tenían como objeto actividades prohibidas […]”. En
consecuencia, consideraron que se debía inaplicar las resoluciones que otorgaron
licencias y contratos de concesión para explotar materiales de construcción en el
predio.
I.3.2.3. Falsa motivación
44. Indicaron que los actos acusados adolecen de una real y adecuada motivación
porque la expropiación de las áreas que se superponen con los títulos mineros
16659 y 16715 se justificó en “[…] motivos de utilidad pública e interés social […]”,
a pesar de que dicho predio pertenece a un área protegida en la que la minería está
prohibida.
45. A su juicio, la autoridad minera “[…] ocultó que los verdaderos motivos de la
expropiación, […] contrarían de plano el interés social e intereses y derechos
colectivos, al pretender descapotar la vegetación nativa de reservas forestales,
destruyendo las fuentes de agua […] el paisaje de los cerros orientales y sistemas
montañosos de la Sabana de Bogotá […]”.
46. Aunado a lo anterior, señalaron que son falsos los motivos que sustentan la
decisión expropiatoria en la supuesta compatibilidad de la actividad con los usos
autorizados en el Plan de Ordenamiento Territorial, en tanto esa aplicación
normativa desconoce la zonificación ambiental de dicho territorio de mayor
jerarquía.
47. En suma, sostuvieron que, desde antes de 1993, el ordenamiento prohibió la
actividad minera en la Sabana de Bogotá, así que, para la fecha en que se
expidieron los actos de expropiación, el predio pertenecía a un área de interés
ecológico nacional, incompatibilidad con la exploración y explotación minera.
II. INTERVENCIONES DENTRO DE LOS PROCESOS ACUMULADOS
II.1. Intervención del Ministerio de Minas y Energía
48. La apoderada judicial del Ministerio de Minas y Energía contestó oportunamente
las demandas18, para lo cual se refirió en primer lugar al procedimiento de
expedición de los títulos mineros 16569 y 16715. En segundo lugar, abordó los
motivos y actuaciones que justificaron la declaratoria de utilidad pública e interés
social de la expropiación del predio “El Santuario”.
18 Expediente Nro. 11001-03-24-000-2001-00126-01, folios 19 al 31 C 1. Expediente No.
11001032600020010005401, folios 240 a 266 C pp. Expediente No. 1100103260002002004701, folios 198 a
233 C pp y 527 a 542 C pp.
13
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
49. Recordó que, conforme al artículo 332 de la Constitución Política y los artículos
3° y 4° del Decreto Ley 2655 de 1998, los recursos naturales no renovables y
renovables pertenecen a la Nación y, en ejercicio de esa propiedad, el Estado puede
explotarlos directamente o conferir a los particulares el derecho de hacerlo.
50. Puso de presente que el régimen jurídico aplicable para los títulos mineros del
caso es el anterior Código de Minas, estatuto conforme al cual el título minero lleva
implícita la licencia ambiental (artículos 246, 248, 249 y 250).
51. Agregó que el Ministerio de Minas y Energía otorgó las licencias mineras 16569
y 16715 mediante las Resoluciones 50001 de 4 de enero de 1993 y 50006 de 7 de
enero de 1993, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos enunciados en el
artículo 183 del Estatuto Minero. Por ello, cuando la Corte Constitucional declaró
inexequible el artículo 246 del Estatuto Minero a través de la sentencia C-216 de 9
de junio de 1993, esos titulares tenían una situación jurídica consolidada sobre los
permisos ambientales exigibles al proyecto.
52. En este punto, señaló que los titulares de dichas licencias, mediante oficios
016530 de 16 de febrero de 1993 y 017512 de 11 de marzo de 1993, presentaron
los informes finales de exploración, los programas de trabajos e inversiones y los
estudios de declaración de impacto ambiental, a efectos de suscribir los respectivos
contratos de concesión.
53. Afirmó que el Decreto 1753 de 1994, el cual reglamentó los títulos VIII y XII de la
Ley 99, estableció un régimen de transición para las licencias mineras otorgadas
antes de la vigencia de esa ley. Concretamente, el artículo 6° de la Resolución 222
de 1994 dispuso que debían realizar un Plan de Manejo y Restauración Ambiental.
54. Respecto del contrato de concesión 16569, explicó que el Plan de Manejo y
Restauración fue aprobado por la CAR a través de las Resoluciones 421 de 17 de
marzo de 1997. Pero la CAR recomendó no dar continuidad al trámite de aprobación
del Plan de Manejo y Restauración Ambiental del contrato de concesión 16715, en
el informe técnico DSC-17 de 25 de enero de 2001.
55. En lo atinente a la expropiación del predio denominado “El Santuario”, mencionó
que la sociedad Constructora Palo Alto y Cia S en C., en calidad de titular de los
contratos de concesión minera 16569 y 16715, fundamentó la solicitud en que dicho
territorio era necesario para realizar actividades conexas al proyecto extractivo.
Además, los propietarios de esos predios estaban perturbando de forma violenta el
desarrollo de la minería autorizada.
56. Agregó que el Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento del artículo 184
del Estatuto Minero, solicitó a la Empresa Nacional Minera Ltda. el 17 de mayo de
2000 que realizara una visita técnica al área solicitada para su inspección y examen.
14
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Frente a lo cual la empresa remitió informe técnico favorable mediante oficio 06436
de 14 de agosto de 2000.
57. Puso de presente que el Concejo Municipal de La Calera, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, mediante
Acuerdo 24 de 1995, declaró como área de producción Minera la zona en cuestión.
58. Precisó que tanto la CAR como la Dirección General de Minas del Ministerio de
Minas y Energía informaron a la Constructora Palo Alto y Cia S. En C, que la zona
otorgada no incluía la reserva forestal “Bosque Oriental de Bogotá”, sino que
corresponde a la vertiente opuesta. Por lo tanto, el área objeto de estudio se
encontraba ubicada exclusivamente en el municipio de La Calera.
59. Además, resaltó que la Resolución 076 de 1977, si bien declaró como reserva
forestal el área expropiada, no la excluyó en forma expresa para la realización de
labores mineras, además la misma no fue inscrita en la oficina de registro, por lo
que era inoponible. Dicha prohibición surgió después del otorgamiento de los títulos
16569 y 16715, a través del artículo 61 de la Ley 99 de 1993. En consecuencia,
afirmó que, conforme con el artículo 6° del Código de Minas, se trataban de
derechos adquiridos a favor de la sociedad Constructora Palo Alto y Cia S en C.
60. Por último, manifestó que los estudios sobre los efectos ambientales generados
por la explotación de materiales de construcción en el predio “El Santuario” se
ajustaban al Código de Minas, al Decreto 632 de 1994 y al artículo 6° de la
Resolución 222 de 1994.
II.2. Intervención de la sociedad Constructora Palo Alto y Cia. S. En C.19
61. La sociedad Constructora Palo Alto y Cia S. en C. solicitó negar las pretensiones
de la demanda y propuso cinco excepciones previas y mixtas, a saber: (i)
improcedencia parcial de la acción respecto de los actos demandados de contenido
minero; (ii) inepta demanda; (iii) cosa juzgada; (iv) darle a la demanda un trámite
diferente al que corresponde y; (v) caducidad.
62. Frente a la primera excepción, el apoderado puso de presente que resultan
improcedentes las pretensiones de nulidad respecto de las Resoluciones 5-0001 de
4 de enero de 1993, 701352 de 26 de octubre de 1998, 5-0006 de 7 de enero de
1993, 700521 de 9 de mayo de 1996, 700771 de 8 de julio de 1996, 5-1154 de 10
de marzo de 1993, 5-1979 de 2 de abril de 1993, 100570 de 10 de mayo de 1994,
700526 de 9 de mayo de 1996, 701329 de 31 de octubre de 1996 y 700903 de 6 de
19 Expediente Nro. 11001-03-24-000-2001-00126-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01. Folios 1583 a 1596
y 1656 a 104 C 4. Expediente 1100103260002002004701. Folios 64 a 78 C pp y 302 a 331 C pp.
15
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
julio de 1998 y del Auto sin número de 27 de mayo de 1993, expedidas por el
Ministerio de Minas y Energía.
63. Al respecto, explicó que la acción de nulidad especial se instaura para atacar
actos de contenido ambiental, pero en los actos previamente citados no existe
propiamente un pronunciamiento de esa naturaleza. Adicionalmente, de
conformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el artículo 289 de la Ley 685
de 2001, el artículo 73 de la Ley 99 de 1993 y los artículos 85 y 87 del CCA, lo que
debía atacar el demandante eran los contratos de concesión minera 16569 y 16715
a través de la acción de nulidad y restablecimiento o de la acción de nulidad
contractual.
64. Sobre la excepción de inepta demanda, afirmó que la parte demandante no
cumplió con el requisito de anexar copia de los actos demandados, con sus
constancias de publicación, notificación y ejecución. Así mismo, porque solo
anunció un conjunto de normas sin señalar el concepto de violación.
65. De la cosa juzgada erga omnes, señaló que el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, dentro del proceso No.
25000232500020010039801, mediante sentencia de 8 de mayo de 2003, amparó
el derecho colectivo al goce de un ambiente sano y a la preservación del equilibrio
ecológico. Por ello, ordenó a la constructora iniciar las acciones necesarias para
aplicar el Plan de Manejo y Restauración Ambiental sobre los contratos de
concesión 16569 y 16715, conforme con la Resolución 421 de 17 de marzo de 1997,
de la CAR. En ese orden, sostuvo que la constructora realizó la totalidad de las
obligaciones ambientales impuestas, como lo certificó el comité de verificación.
66. Advirtió, igualmente, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “B”, dentro del proceso número 2001-0809, negó la nulidad de
las Resoluciones 81098 de 12 de octubre de 2000 y 80027 de 12 de enero de 2001
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por
los señores Alba Tulia Peñarete Murcia y Luis Vicente Alméciga Martínez.
67. Respecto de las excepciones de “[...] habérsele dado a la demanda un trámite
diferente al que corresponde [...]” y caducidad, explicó que la acción procedente
para abordar la problemática era la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, y no la acción de nulidad especial ambiental regulada en el artículo 73 de
la Ley 99 de 1993.
68. En lo que atañe al fondo de la problemática, consideró que los actos
administrativos demandados se ajustaban a la Constitución Política y promueven el
principio de desarrollo sostenible. Aclaró que, mediante las Resoluciones 50001 de
4 de enero de 1993 y 50006 de 7 de enero de 1993, el Ministerio de Minas y Energía
16
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
otorgó los títulos mineros 16569 y 16715, los cuales se encuentran inscritos en el
registro minero, según certificados 16569-11 de 9 de febrero de 1993 y 16715-11
de 26 de febrero de 1993 y, llevan implícitos la licencia ambiental prevista en el
artículo 246 del Código de Minas.
69. Especificó que, sobre los títulos mineros, se constituyeron pólizas las cuales se
mantienen vigentes. Así mismo, indicó que respecto del título minero 16569 se firmó
un contrato de concesión el 12 de julio de 1993, para la extracción mínima de 14.400
metros cúbicos por año. Y, en cuanto al título minero 16715 se firmó un contrato de
concesión el 15 de septiembre de 1993, para la explotación mínima de 72.000
metros cúbicos por año.
70. Precisó que los titulares de los mencionados contratos, en cumplimiento del
artículo 165 del Código de Minas, otorgaron una caución previa, así como la
indemnización correspondiente sobre el resto de la finca “Las Lomitas” para ejercer
legalmente la actividad minera, como lo demuestran las escrituras públicas 1766 de
24 de marzo de 1993 y 4970 de 28 de julio de 1993 de la Notaria 18 de Bogotá.
71. Aseveró que las Resoluciones 222 de 3 de agosto de 1994 y 249 de 1993
reconocen los derechos adquiridos emanados de esos contratos de concesión,
razón por la que en el expediente No. 2885 de la CAR obra el respectivo Plan de
Manejo y Recuperación Ambiental presentado el 23 de febrero de 1994.
72. Señaló que los Planes de Manejo y Recuperación Ambiental contaban con
estudios georreferenciados, y delimitan las actividades mineras a las áreas
degradadas, donde los recursos naturales renovables fueron destruidos por
intervenciones mineras de terceros no autorizados. Adicionalmente, el 75% de las
áreas de esos contratos están siendo conservadas como “Fábricas de agua”, con el
objeto de complementar y hacer viable económicamente la explotación minera.
73. Refirióque el artículo 6° del Código de Minas establece como derechos
adquiridos los contratos de concesión y los permisos y licencia otorgadas. También
mencionó que, el artículo 16 ibidem prevé que el título minero otorga el derecho a
explorar y explotar el subsuelo minero. Y, que el artículo 246 del mismo código
regula que el título minero lleva implícita la licencia ambiental.
74. En ese contexto, aseguró que los títulos mineros No. 16569 y 16715 otorgaban
el permiso para realizar actividades de minería sobre los recursos renovables del
predio denominado “El Santuario”, sin las restricciones de los artículos 206, 207,
208 y 210 del Código de los Recursos Naturales.
75. Recordó que, conforme con el concepto 047071 de 26 de noviembre de 1993 de
la División Legal de Minas del Ministerio de Minas y el oficio 13461 de 26 de
17
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
diciembre de 1994 de la Subdirección de Manejo y Control de Recursos Naturales
de la CAR, la licencia ambiental queda incorporada en los títulos mineros.
76. Mencionó que si bien la Corte Constitucional en la sentencia C -216 de 1993,
declaró la inexequibilidad del artículo 246 del Código de Minas, también lo era que
esto sucedió 90 días después de otorgados los mencionados títulos mineros, de
manera que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, la derogatoria surtía
efecto hacia el futuro sin afectar lo ocurrido durante la vigencia de la norma.
77. Indicó que el artículo 1° de la Ley 99 de 1993 se refirió al principio de desarrollo
sostenible. Por su parte, el artículo 60 de esa ley estableció que la restauración o
sustitución morfológica y ambiental de suelos intervenidos por la explotación minera
a cielo abierto era por cuenta del concesionario, con una póliza de garantía. El
artículo 117 ibidem se refirió a que los permisos y licencias concedidos continuarían
vigentes por el tiempo de su expedición. Y el artículo 118 señaló que esa ley regiría
a partir de la fecha de su promulgación.
78. Anotó que el Concejo municipal de La Calera, en uso de sus atribuciones
conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política, emitió el Acuerdo 24 de
1995 para declarar la zona en que se ubican los contratos de concesión de los títulos
16569 y 16715 como compatible con la actividad minera.
79. Subrayó que, dentro del contrato de concesión minera para el título minero
16569, la CAR, mediante la Resolución 421 de 1997, consideró que la explotación
era totalmente técnica y ambientalmente viable. Y para el contrato de concesión
sobre el título minero 16715, la misma corporación, mediante informe DSC-17 de
25 de enero de 2001, consideró que en la zona se había dado cumplimiento con la
restauración en dos frentes de explotación.
80. Precisó que, ante múltiples inconvenientes para el desarrollo de los contratos de
concesión, como atentados y constreñimientos, solicitó al Ministerio de Minas y
Energía que decretara la expropiación del mencionado predio por motivos de
utilidad pública e interés social.
81. Sostuvo que mediante Resolución 311 de 27 de febrero de 2001, la CAR ordenó
suspender provisionalmente todas las actividades minero - ambientales de los
contratos de concesión 16569 y 16715, decisión que fue declarada nula por el
Consejo de Estado.
82. Finalmente, refirió a la sentencia de 8 de mayo de 2003, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en la que se consideró que la actividad minera
desarrollada en el área de las licencias 16569 y 16715 era legal.
18
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
II.3. Intervención del Ministerio del Medio Ambiente hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible20
83. En el proceso con radicado 11001-03-26-000-2002-00047-01, mediante auto de
29 de marzo de 2001, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vinculó como parte demandada al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El MADS contestó oportunamente la demanda.
84. Posteriormente, mediante providencia de 29 de agosto de 200221, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del
auto admisorio, por carecer de competencia funcional.
85. El reparto de este proceso le correspondió al Consejero de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, Doctor Germán Rodríguez Villamizar, quien a través de auto
de 1° de abril de 200422, admitió la demanda, ordenó vincular al Ministerio de Minas
y Energía, como parte demandada y, a la sociedad Constructora Palo Alto y Cia. S
en C, como tercero interesado, excluyendo a la autoridad ambiental en comento.
86. Sin perjuicio de lo anterior, se mencionan apartes relevantes del pronunciamiento
de la autoridad ambiental. En efecto, el apoderado aseveró que, de acuerdo con los
artículos 2°, 5° y 61 de la Ley 99 de 1993, ese ministerio era la autoridad competente
para determinar las zonas compatibles con la minería en la Sabana de Bogotá23.
87. Sobre el predio denominado “[…] El Santuario” […]”, afirmó que se encontraba al
interior de la reserva forestal protectora y productora de la cuenca alta del río
Bogotá, declarada en el Acuerdo No. 30 de 1976, aprobado por la Resolución No.
76 de 1977, por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente -INDERENA.
88. Puso de presente que, según los artículos 204 y 205 del Decreto Ley 2811, en el
área protectora solo se permite la permanencia de bosques que ofrezcan el efecto
20
Expediente Número 1100103260002002004701, folios 35 a 43 C pp.
21 Folio 279 a 283 C pp.
22 Folio 287 a 296 C pp.
23 Indicó que en dichos preceptos establecieron: (i) las zonas compatibles con la actividad minera en la sabana
de Bogotá; (ii) que no se permitían nuevas explotaciones mineras por fuera de las zonas compatibles con la
actividad minera en la sabana de Bogotá; (iii) que las explotaciones mineras en las zonas compatibles requieren
de una licencia ambiental; (iv) un régimen transitorio para las actividades mineras que, con posterioridad al 3 de
agosto de 1994, contaran con títulos, contratos de concesión y permisos vigentes y, estuvieran localizados por
fuera de las zonas compatibles de la actividad minera en la sabana de Bogotá, bajo la aprobación y la ejecución
de un Plan de Manejo y Restauración Ambiental; (v) un régimen transitorio para las actividades mineras que,
con anterioridad al 3 de agosto de 1994, no contaban con permisos, concesiones y autorizaciones ambientales
y, se encontraban dentro de las zonas compatibles con la actividad minera en la sabana de Bogotá, debiendo
obtenerlos ante la autoridad ambiental y para su aprobación y conforme con la ejecución del Plan de Manejo y
Restauración Ambiental y; (vi) las actividades mineras que se encontraran por fuera de las zonas compatibles
con la actividad minera en la sabana de Bogotá y, que no contaran con permisos ambientales, serian cerradas
sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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protector y el aprovechamiento de frutos secundarios. Mientras que en el área
productora se pueden realizar actividades de producción siempre que mantengan
el efecto protector.
89. Mencionó que, mediante el oficio No. 01531 de 1992, la CAR informó al Ministerio
de Minas y Energía la ubicación de las áreas de explotación en la reserva forestal
protectora y productora de la cuenca alta del río Bogotá y, la necesidad de adelantar
la sustracción del área de reserva, de acuerdo con el artículo 210 del Decreto Ley
2811 de 1974.
90. Así mismo, que a través del Acuerdo No. 43 de 20 de febrero de 2000, el Concejo
Municipal de La Calera adoptó el Plan de Usos del Suelo y clasificó las zonas en las
que se localizan las concesiones mineras, como zonas para la rehabilitación de la
vegetación forestal nativa, con prácticas de conservación de suelos y aguas, control
de erosión, incompatible con usos mineros y de canteras.
91. Advirtió que “[…] hasta la fecha el predio objeto de la presente demanda, se
encuentra en una zona incompatible con la minería y que no se ha sustraído del
área de Reserva Forestal, por parte de este Ministerio; por lo tanto, no puede darse
la expansión minera en esa zona […]”.
92. Finalmente, subrayó que mediante la Resolución 311 del 27 de febrero de 2001,
la CAR impuso una medida preventiva consistente en la suspensión de actividades
de explotación minera al señor Ricardo Vanegas Sierra y a la Constructora Palo Alto
por el incumplimiento del Plan de Manejo y Restauración en el contrato de
concesión minera 16569, el cual había sido aprobado mediante la Resolución No.
421 de 17 de marzo de 1997.
II.4. Intervención de los señores Carlos Eduardo Alméciga y Luis Vicente
Alméciga Martínez24
93. Losseñores Carlos Eduardo Alméciga y Luis Vicente Alméciga Martínez
coadyuvaron la demanda presentada por el señor Robinson Humberto Patiño
Cuberos y se limitaron a señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
61 de la Ley 99 de 1993 y la Resolución 222 de 1994, el predio que se ordenó
expropiar era incompatible con las labores de explotación minera.
II.5. Intervención de la señora Alba Tulia Peñarete Murcia25
94. El apoderado judicial de la señora Alba Tulia Peñarete Murcia coadyuvó la
demanda presentada por el señor Robinson Humberto Patiño Cuberos; solicitó tener
24 Expediente Nro. 11001-03-24-000-2001-00126-01. Folios 100 a 102 C 1.
25 Expediente 11001-03-24-000-2001-00126-01, folios 1017 a 1030 y 1050 a 1063 C 2.
20
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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en cuenta los hechos, el concepto de violación y las pruebas allegadas con la
demanda, las decretadas y practicadas dentro del trámite del proceso.
III. TRÁMITE DEL PROCESO
95. Mediante providencia de 27 de abril de 200126, se admitió la demanda de nulidad
con radicado 11001-03-24-000-2001-00126-01, para lo cual se dispuso notificar al
Ministerio de Minas y Energía como parte demandada. Adicionalmente, se
reconoció como terceros con interés directo en las resultas del proceso a la
sociedad Constructora Palo Alto y Cia. S en C. Finalmente, se negó la solicitud
cautelar de suspensión provisional.
96. A través de auto de 1° de agosto de 2001 27, el Despacho sustanciador tuvo por
presentada oportunamente la contestación del Ministerio de Minas y Energía.
97. En auto de 30 de noviembre de 200128, el Despacho abrió el proceso a pruebas
y decretó las solicitadas por los diferentes sujetos procesales. A través de autos de
11 de marzo de 200229, el Despacho sustanciador ordenó la expedición de copias,
certificaciones y puso en conocimiento los oficios presentados por la CAR.
98. Por autos de 5 de julio30 y 12 de noviembre de 200231, el Despacho ordenó oficiar
a la secretaría de la Sección Tercera para que remitiera el expediente 11001-03-26-
000-2001-00054-01 (21623) para estudiar la acumulación de procesos.
99. En auto de 8 de agosto de 200332, el Despacho decretó la acumulación de los
procesos 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-0005501 al
proceso 11001-03-24-000-2001-00126-01. Y suspendió el trámite de los
expedientes 00054 y 00126, por no encontrarse en la misma etapa procesal.
100. Mediante providencia de 27 de agosto de 200433 se ordenó tener como tercero
con interés en las resultas del proceso a la sociedad Constructora Palo Alto y Cia.
S. en C. frente a lo cual se interpuso recurso de súplica.
101. En auto de 17 de marzo de 200534, se resolvió el recurso de súplica contra la
decisión de 27 de agosto de 2004, en el sentido de confirmar y ordenó la devolución
del expediente para que continuara el trámite de rigor.
26 Folios 89 a 97 C pp.
27 Folios 586 a 587 C pp.
28 Folios 589 a 592 C pp.
29 Folios 671 a 674 C pp.
30 Folio 875 C pp.
31 Folio 1005 C pp.
32 Folios 1097 a 1103 C pp.
33 Folios 1148 a 1152 C pp.
34 Folios 1275 a 1282 C pp.
21
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
102. Porauto de 25 de abril de 200635, el Despacho sustanciador decretó la
acumulación del proceso 11001-03-26-000-2001-00047-01 al proceso 11001-03-
24-000-2001-00126-01 y suspendió el trámite de los restantes hasta que todos se
encontraran en la misma etapa procesal.
103. A través de auto de 15 de mayo de 2006 36, ordenó dar cumplimiento a los
numerales 3º, 4º y 5º del auto que admitió la demanda dentro del expediente 11001-
03-026-000-2001-0005501, el cual disponía que se fijara en lista la demanda, se
notificara al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio Público.
104. Mediante auto de 8 de junio de 200637el Despacho sustanciador vinculó como
terceros dentro del proceso 11001-03-026-000-2001-0005501 a la Constructora
Palo Alto y Cia. S. en C., y a los señores Carlos Eduardo Almeciga Martínez, Luis
Vicente Almeciga Martínez y Alba Tulia Peñarete Murcia.
105. Mediante auto del 28 de enero de 200838, se ordenó que se diera cumplimiento
a los numerales 3º, 4º y 5º del auto que admitió la demanda dentro del expediente
11001-03-026-000-2001-0005501.
106. Mediante auto de 25 de marzo de 200839, el Despacho sustanciador tuvo como
presentadas oportunamente las contestaciones del Ministerio de Minas y Energía y
la Constructora Palo Alto y Cia. S. en C.
107. Mediante auto del 19 de diciembre de 201640, se decretaron unas pruebas y
negó otras y además se fijó fecha para la realización de una inspección judicial.
También se advirtió que los demandantes de los procesos No. 11001-03-26-000-
2001-00054-01 y 11001-03-24-000-2001-00126-01 debían sufragar los gastos de
esa inspección, los peritos y los funcionarios del IGAC.
108. El 15 de febrero de 201741, el Despacho sustanciador ordenó requerir al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y a diferentes instituciones universitarias para efectos
de designar peritos, de acuerdo con lo anterior, aplazó la práctica de la inspección
judicial en comento.
109. En auto de 22 de noviembre de 201742, el Despacho reconoció al señor Carlos
Alberto Mantilla Gutiérrez como coadyuvante del señor Robinson Humberto Patiño
Cuberos, también negó las pruebas solicitadas por él, puso en conocimiento oficios
35 Folios 1537 a 1540 C pp.
36 Folio 1542 C pp.
37 Folios 1555 a 1559 C pp.
38 Folio 1581 C pp.
39 Folios 1843 a 1844 C pp.
40 Folios 1583 a 1590 C pp.
41 Folios 1602 a 1603 C pp.
42 Folios 2010 a 2012 C pp.
22
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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del IGAC, designó peritos y, fijó nueva fecha para la práctica de la inspección
judicial.
110. Por auto de 1° de marzo de 201843, el Despacho sustanciador dispuso que las
excepciones previas presentadas se resolverían en la sentencia que ponga fin al
proceso, aplazó la diligencia de inspección judicial y, ordenó poner en conocimiento
de las partes la información allegada por la CAR sobre la localización del lindero de
la Reserva Cerros Orientales de Bogotá.
111. El 23 de octubre de 201844, el Despacho requirió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, para que remitiera copia de las
providencias y documentos relacionados con la localización del lindero de la
Reserva Forestal Cerros Orientales de Bogotá, obrantes en el expediente
25000232500020050066203. También requirió a la CAR Cundinamarca para que
allegara un informe sobre las labores ejecutadas para efectos de localizar el lindero
de esa reserva. Finalmente, señaló que, una vez se tuviera certeza de la fijación del
lindero, fijaría fecha para llevar a cabo la inspección judicial.
112. A través de auto de 22 de enero de 201945, se tuvo por desistida la prueba
tendiente a obtener copia del Diario Oficial 34777 de 1977 y los contratos de
concesión minera 16715 y 16569. También se requirió por segunda vez al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, para que
remitiera copia de las providencias y documentos relacionados con la localización
del lindero de la Reserva Forestal Cerros Orientales de Bogotá, obrantes en el
expediente 25000232500020050066203.
113. Mediante autos de 30 de septiembre de 2019 46, el Despacho sustanciador
incorporó el informe rendido por la CAR Cundinamarca para localizar el lindero de
la Reserva Cerros Orientales de Bogotá. También corrió traslado a las partes y
terceros intervinientes de la nulidad solicitada por el señor Carlos Alberto Mantilla,
en calidad de coadyuvante y apoderado de la parte demandante.
114. A través de autos de 13 de noviembre de 2019 47, el Despacho, por una parte,
rechazó una nueva solicitud de pruebas presentada por la parte demandante y, la
Constructora Palo Alto y Cia. S. en C. El señor Carlos Alberto Mantilla presentó
recurso de reposición y apelación en contra de la anterior decisión el cual fue
resuelto mediante auto de 30 de junio de 202048, en el sentido de no reponer y
rechazar el recurso de apelación por improcedente.
43 Folios 2028 a 2029 C pp.
44 Folio 2042 C pp.
45 Folio 2060 C pp.
46 Folios 2420 y 2421 C pp.
47 Folios 2598 a 2602 y 2603 a 2604 C pp.
48 Folios 2647 a 2649 C pp.
23
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
115. Mediante auto de 30 de junio de 202049, el Despacho sustanciador adecuó el
recurso de apelación presentado en contra del auto de 13 de noviembre de 2019 al
recurso ordinario de súplica. El señor Carlos Alberto Mantilla desistió del recurso
presentado, frente a lo cual, mediante auto de 22 de abril de 2021, se aceptó el
desistimiento del recurso de súplica contra el auto que negó pruebas de la parte
demandante.
116. A través de auto de 10 de noviembre de 202050, se requirió al apoderado de la
parte demandante para que indicara si desistía de la inspección judicial decretada
como prueba y del incidente de nulidad por él promovido. Mediante auto de 12 de
febrero de 202151 se rechazó de plano la solicitud de nulidad procesal por indebida
notificación del auto admisorio, declaró el saneamiento del proceso hasta esa
instancia e instó al apoderado de la parte demandante a que no presentara
peticiones dilatorias.
117. Mediante auto de 12 de febrero de 202152, el Despacho requirió al IGAC para
que designara dos funcionarios de la entidad con estudios en cartografía para que
rindieran informe pericial para identificar el área expropiada.
118. El 23 de febrero de 202153, el Despacho rechazó de plano la solicitud de nulidad
procesal instaurada por el apoderado de la parte demandante, relacionada con la
falta de notificación e integración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
así como de la CAR. Además, declaró saneados los vicios de nulidad relativa que
pudiera adolecer el proceso. Finalmente, instó al apoderado de la parte demandante
a no presentar peticiones dilatorias.
119. El 26 de abril de 202154, el Despacho sustanciador ordenó se dispusiera, por
Secretaría, y a costa de la parte demandante, remitir copia de la totalidad del
presente proceso a la Subdirección General de la Entidad Descentralizada del
IGAG. Mediante auto de 30 de junio de 2021 55, requirió por última vez a la parte
demandante para que cancelara las copias requeridas por el IGAC, a efectos de
rendir el dictamen pericial que le fue encomendado.
120. En auto de 8 de octubre de 202156, se autorizó el ingreso a SAMAI a la señora
Pamela del Pilar Mayorga Ramos, en su calidad de Subdirectora General de la
Entidad Descentralizada del IGAC, con el propósito de que pudiera consultar el
49 Folios 2651 a 2654 C pp.
50 Folios 2669 a 2670 C pp.
51 Folios 2739 a 2743 C pp.
52 Folio 2739 C pp.
53 Folios 2740 a 2743 C pp.
54 Folio 2745 C pp.
55 Folios 2746 a 2747 C pp.
56 Folio 2748 C pp.
24
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
expediente digital en el índice 238, y así diera cumplimiento inmediato a la
providencia de 12 de febrero de 2021.
121. A través de auto de 3 de diciembre de 202157, se corrió traslado a las partes y
demás intervinientes de la nulidad solicitada por el apoderado judicial de la
Constructora Palo Alto y Cia. S. en C., relacionada con el auto de 23 de febrero de
2021, al considerar que no se había resuelto la excepción de cosa juzgada.
122. El 4 de marzo de 202258, el Despacho negó la nulidad procesal, fijo para el 4 de
abril de 2022 la inspección judicial y solicitó al IGAC que garantizara la asistencia
de los dos profesionales adscritos designados para elaborar el informe pericial.
123. El 28 de marzo de 202259, el Despacho fijó el 30 de marzo de 2022, para realizar
diligencia de toma de juramento y posesión de los peritos designados.
124. En auto de 4 abril de 202260, se decretó prueba de oficio, consistente en oficiar
al Juzgado 23 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá con miras
a que remitiera copia íntegra, en medio magnético de los dictámenes periciales,
estudios técnicos o documentos que hayan sido utilizados para determinar la
ubicación del predio denominado “El Santuario”.
125. Mediante auto de 5 de abril de 202261, se decretó una prueba de oficio,
consistente en oficiar al Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal, con miras a que
remitiera copia de los dictámenes periciales, estudios técnicos o documentos que
hayan sido utilizados para determinar la ubicación del predio denominado “El
Santuario”.
126. El 24 de junio de 202262, se rechazó de plano la nulidad procesal elevada por la
Constructora Palo Alto y Cia. S. en C., consistente en que las pruebas solicitadas al
Juzgado 23 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y al Tribunal
Superior de Bogotá – Sala Penal, no pueden ser incorporadas al proceso porque
las decisiones no se encuentran en firme. Por otra parte, se aceptó el desistimiento
de la prueba consistente en que se adelante una diligencia de inspección judicial.
127. Mediante auto de 26 de agosto de 202263, el Despacho sustanciador rechazó el
recurso de reposición incoado por la sociedad Constructora Palo Alto y Cia. S. en
C., en contra del ordinal segundo del auto de 24 de junio de 2022, por medio del
cual se aceptó el desistimiento de una prueba.
57 Folio 2750 C pp.
58 Índice 251 del del aplicativo de gestión judicial Samai.
59 Índice 260 del del aplicativo de gestión judicial Samai.
60 Índice 273 del del aplicativo de gestión judicial Samai.
61 Índice 279 del del aplicativo de gestión judicial Samai.
62 Índice 316 del del aplicativo de gestión judicial Samai.
63 Índice 340 del del aplicativo de gestión judicial Samai.
25
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
128. A través de auto de 26 de agosto de 202264, el Despacho corrió traslado a las
partes por el término de 10 días para que presentaran alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto. Vencido el plazo, las partes
presentaron sus escritos de alegatos en los que reiteraron sus argumentos de
nulidad y defensa65. El agente del Ministerio Público guardó silencio.
129. El apoderado de la sociedad Constructora Palo Alto y Cia. S. en C., agregó,
como hecho nuevo, que el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del
proceso con radicado 110013103222 2004 00450 01, declaró la expropiación del
lote de terreno rural denominado "área minera No. 1 – Santuario” ubicado en la
vereda Aurora Alta Jurisdicción del Municipio de La Calera, con la matrícula
inmobiliaria No. 50N 20334163, por lo que se configura el fenómeno jurídico de la
cosa juzgada.
130. Finalmente, por auto de 6 de marzo de 202366, se rechazó la nueva solicitud de
medida cautelar presentada por la parte demandante.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. Competencia
131. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12867 del Código Contencioso
Administrativo, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer en única instancia de los procesos de nulidad de los actos administrativos
expedidos por las autoridades del orden nacional, norma que resulta armónica con
el Acuerdo 080 de 2019, que contienen las reglas de reparto entre las distintas
secciones de la Corporación.
IV.2. Problema jurídico
132. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 5-0001 de 4 de
enero de 1993; 701352 de 26 de octubre de 1998; 5-0006 de 7 de enero de 1993;
700521 de 9 de mayo de 1996; 700771 de 8 de julio de 1996; 5-1154 de 10 de
marzo de 1993; 5-1979 de 2 de abril de 1993; 100570 de 10 de mayo de 1994;
700526 de 9 de mayo de 1996; 701329 de 31 de octubre de 1996; 700903 de 6 de
Julio de 1998; Auto sin número de fecha 27 de mayo de 1993; 81098 de 12 de
octubre de 2000; y 80027 de 12 de enero de 2001 expedidas por el Ministerio de
Minas y Energía.
64 Índice 340 del del aplicativo de gestión judicial Samai.
65 Índice 345, 346 y 347 del del aplicativo de gestión judicial Samai.
66 Índice 365 del del aplicativo de gestión judicial Samai.
67 “[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá de los siguientes procesos
privativamente y en única instancia: 1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional […]”.
26
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
133. La Sala deberá determinar si la autoridad minera actuó con falta de competencia
para expedir los actos acusados y, por ende, no podía darle una destinación
diferente al uso del suelo previsto en el ordenamiento jurídico ambiental,
desconociendo los principios relacionados con la zonificación, planeación,
intervención y ordenamiento.
134. Asimismo, se deberá analizar si los actos desconocieron las normas en que
debían fundarse y fueron falsamente motivados, toda vez que el Ministerio de Minas
y Energía presuntamente desconoció los principios y derechos relacionados con la
protección de las riquezas naturales, la diversidad e integridad del ambiente, la
conservación de las áreas de especial importancia ecológica, así como el interés
general y el derecho a gozar de un ambiente sano, al permitir la ejecución de
actividades mineras en una zona de interés ecológico nacional.
135. Previo a resolver lo anterior, la Sala se referirá a las excepciones propuestas
por la sociedad Constructora Palo Alto y Cia S. En C. relativas a la improcedencia
de la acción respecto de los actos administrativos propiamente mineros, inepta
demanda, cosa juzgada, habérsele dado a la demanda un trámite diferente al que
corresponde y caducidad de la acción
136. Para lo anterior, la Sala abordará: (i) identificación de los actos administrativos
demandados; (ii) las excepciones propuestas (iii) el caso concreto.
IV.2.1. Actos demandados
137. En el asunto sub examine, los señores Robinson Humberto Patiño Cuberos,
Carlos Eduardo Alméciga Martínez, Juan José Gabriel Luna Conde, Carlos Alberto
Mantilla Gutiérrez y la Asociación Ecológica Colombiana - ASOECO solicitaron la
nulidad de los siguientes actos administrativos:
i) Resolución 5-0001 de 4 de enero de 1993, expedida por la Dirección General
de Asuntos Legales del Ministerio de Minas y Energía68.
ii) Resolución 5-0006 de 7 de enero de 1993, expedida por la Dirección General
de Asuntos Legales del Ministerio de Minas y Energía69.
68 Folios 3 a 4 C pp. “[…] ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor Vanegas Sierra Ricardo la licencia número
16569, para la explotación técnica de un yacimiento de MATERIALES DE CONSTRUCCION ubicado en
jurisdicción del municipio de LA CALERA, Departamento de CUNDINAMARCA, cuya área es la comprendida
dentro de los linderos, punto arcifinio y coordenadas señaladas por la Sección de Estudios de Ingeniería en su
concepto de 22 de diciembre de 1992, obrante a folio 67 del expediente, con una extensión superficiaria de 27
HECTÁREAS Y 2.430 METROS CUADRADOS. Observación: En relación con los artículos 208 y 210 del Código
de Recursos Naturales y de acuerdo con lo manifestado por el interesado […] las medidas de protección se
establecerán en la oportunidad señalada en el artículo 250 del Código de Minas […]”.
69 Folios 6 a 9 C pp. “[…] ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor Ponguta Orduz Jorge Enrique la licencia
número 16715, para la explotación técnica de un yacimiento de MATERIALES DE CONSTRUCCION localizado
en jurisdicción del municipio de LA CALERA, Departamento de CUNDINAMARCA, cuya área es la comprendida
dentro de los linderos, punto arcifinio y coordenadas señaladas por la Sección de Estudios de Ingeniería en su
concepto de 30 de diciembre de 1992, obrante a folio 12 del expediente, con una extensión superficiaria de 168
27
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
iii) Resolución 5-1154 de 10 de marzo de 1993, expedida por la Dirección
General de Asuntos Legales del Ministerio de Minas y Energía, que autorizó
la cesión del 50% derechos de explotación minera de materiales de
construcción;
iv) Resolución 5-1979 de 2 de abril de 1993, expedida por la Dirección General
de Asuntos Legales del Ministerio de Minas y Energía70.
v) Resolución 700526 de 9 de mayo de 1996, expedida por la División Legal de
Minas del Ministerio de Minas y Energía71.
vi) Resolución 100570 de 10 de mayo de 1994, expedida por la División Legal
de Minas del Ministerio de Minas y Energía72 .
vii) Auto de fecha 27 de mayo de 1993, expedida por la Dirección General de
Asuntos Legales del Ministerio de Minas y Energía 73.
viii)Resolución 700521 de 9 de mayo de 1996, expedida por la Dirección General
de Minas del Ministerio de Minas y Energía74.
ix) Resolución 700771 de 8 de julio de 1996, expedida por la Dirección General
de Minas del Ministerio de Minas y Energía75.
x) Resolución 701329 de 31 de octubre de 1996, expedida por la División Legal
de Minas del Ministerio de Minas y Energía76.
HECTÁREAS. Parágrafo; En relación con los artículos 208 y 210 del Código de Recursos Naturales y de
acuerdo con lo manifestado por el interesado […] las medidas de protección se establecerán en la oportunidad
señalada en el artículo 250 del Código de Minas […]”.
70 Folio 19 C pp. “[…] ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar perfeccionada la cesión de los derechos que el señor
MARCO TULIO PAEZ y los señores ARMANDO GIEDELMANN, NGRID MOLLER BUSTOS Y ANGÉLICA
MESA JIMENEZ del cincuenta por ciento (50%) de los derechos y obligaciones que tiene para celebrar el
contrato de concesión […]”.
71 Folios 25 a 27 C pp. “[…] ARTÍCULO PRIMERO. - Negar la autorización solicitada por el doctor Laureano
Sáenz Suarez, para la celebración del subcontrato de arrendamiento entre los beneficiarios del contrato número
15148 y los señores Myriam Lyseth Muñoz Henao, Jorge Garcés Londoño y Ernesto Grajales Olsen. ARTÍCULO
SEGUNDO. - Conceder autorización a la señora Angélica Mesa Jiménez para ceder los derechos que tiene en
el contrato número 15148 a favor del señor Eduardo Rativa […]”.
72
Folios 23 a 24 C pp. “[…] ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el Subcontrato de arrendamiento celebrado entre
los señores Ingrid Moller Bustos, Angélica Mesa Jiménez, Armando Giedelman Vásquez, titulares del Contrato
No. 15148 y la señora Nubia Puentes Fajardo, de una parte, de la zona de dicho contrato, con un área
superficiaria de 25.000 metros cuadrados […]”.
73 Folio 22 C pp. “[…] En atención a lo solicitado por la señora INGRID MOLLER BUSTOS, una de las
beneficiarias de la propuesta de Contrato de Concesión No. 15.148, es del caso concederles el término de un
(1) mes, […] para que alleguen la garantía solicitada para firmar el correspondiente Contrato de Concesión
[…]”.
74 Folios 10 a 11 C pp. “[…] Artículo Primero. - Autorizar al señor Jorge Enrique Pongutá Orduz, para ceder los
derechos que tiene en el contrato número 16715 a favor de la sociedad CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA.
S. en C […]”.
75 Folio 12 C pp. “[…] Artículo Primero. - Declarar perfeccionada la cesión de los derechos que el señor Jorge
Enrique Pongutá Orduz, tiene en el contrato 16715, a favor de la Sociedad Constructora Palo Alto y Cia S. en
C. […]”.
76 Folios 28 a 29 C pp. “[…] Artículo Primero. – Declarar perfeccionada la cesión de derechos que la señorea
ANGÉLICA MESA JIMENEZ tiene en el contrato No. 15148 a favor del señor EDUARDO RATIVA […]”.
28
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
xi) Resolución 700903 de 6 de julio de 1998, expedida por la Dirección General
de Minas del Ministerio de Minas y Energía77.
xii) Resolución 701352 de 26 de octubre de 1998, expedida por la Dirección
General de Minas del Ministerio de Minas y Energía78.
xiii) Resolución 81098 de fecha 12 de octubre del año 2000, a través de la cual
se decretó la expropiación de 165.77 hectáreas de suelos de zonas
ambientalmente protegidas y prohibidas para ese efecto.
xiv) Resolución 80027 de fecha 12 de enero de 2001, que decretó la
expropiación de 165.77 hectáreas de suelos de zonas ambientalmente
protegidas y prohibidas para ese efecto.
IV.2.2. De las excepciones propuestas por el apoderado de la Constructora
Palo Alto y Cia S. En C.
IV.2.2.1. De la excepción de improcedencia de la acción frente a los actos
administrativos propiamente mineros
138. El apoderado de la sociedad Constructora Palo Alto y Cia S. En C. señaló que
resulta improcedente la acción incoada respecto de los actos administrativos
adicionales a los expropiatorios a los cuales hizo referencia el señor Carlos Alberto
Mantilla Gutiérrez en la demanda 11001-03-026-000-2001 0005501, esto es, las
Resoluciones 5-0001 de 4 de enero de 1993; 701352 de 26 de octubre de 1998; 5-
0006 de 7 de enero de 1993; 700521 de 9 de mayo de 1996; 700771 de 8 de julio
de 1996; 5-1154 de 10 de marzo de 1993; 5-1979 de 2 de abril de 1993; 100570 de
10 de mayo de 1994; 700526 de 9 de mayo de 1996; 701329 de 31 de octubre de
1996; 700903 de 6 de Julio de 1998; Auto sin número de fecha 27 de mayo de 1993,
expedidos por el Ministro de Minas y Energía.
139. Lo anterior, en el entendido que la acción de nulidad especial se instaura para
atacar actos de contenido ambiental y lo cierto es que en los actos citados no existe
propiamente un pronunciamiento de esa naturaleza.
140. Para resolver, la Sala encuentra que las demandas de nulidad instauradas por
los señores Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga
Martínez, Juan José Gabriel Luna Conde, Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez y por la
Asociación Ecológica Colombiana, coinciden en cuestionar la legalidad de las
Resoluciones 81098 de 12 de octubre de 2000 y 80027 de 12 de enero de 2001;
77 Folio 30 C pp. “[…] Artículo Primero. – Declarar perfeccionada la cesión de los derechos que el señor
EDUARDO RATIVA MELO, tiene en el contrato de concesión No. 15148, a favor de la Sociedad Proyectos y
Construcciones Machetá Téllez Procomat Ltda. […]”.
78 Folio 5 C pp. “[…] Artículo Primero. - Declarar perfeccionada la cesión de los derechos que el señor Ricardo
Vanegas tiene en el contrato 16569, a favor de la Sociedad Constructora Palo Alto y Cia S. en C. […]”.
29
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
actos en los que el Ministerio de Minas y Energía declaró por motivos de utilidad
pública e interés social la expropiación del predio rural denominado El Santuario.
141. Eldemandante Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez solicitó adicionalmente la
nulidad de doce actos administrativos propiamente mineros, a saber: i) la
Resolución 5-0001 de 4 de enero de 1993; ii) la Resolución 5-0006 de 7 de enero
de 1993; iii) la Resolución 701352 de 26 de octubre de 1998; iv) la Resolución
700521 de 9 de mayo de 1996; v) la Resolución 700771 de 8 de julio de 1996; vi) la
Resolución 5-1154 de 10 de marzo de 1993; vii) la Resolución 5-1979 de 2 de abril
de 1993; viii) la Resolución 700526 de 9 de mayo de 1996; ix) la Resolución 701329
de 31 de octubre de 1996; x) la Resolución 700903 de 6 de julio de 1998; xi) la
Resolución 100570 de 10 de mayo de 1994 y; xii) el auto de 27 de mayo de 1993.
142. La Sala recuerda que, de conformidad con el artículo 22 del Decreto 2655 de
1988 “[…] la cesión de los derechos emanados del título minero, la constitución de
gravámenes sobre los mismos y la subcontratación de la explotación, requieren
permiso previo del Ministerio […]”.
143. Por su parte, el artículo 24 ibidem, hace alusión a que la “[…] licencia de
exploración es el título que confiere a una persona el derecho exclusivo a realizar
dentro de una zona determinada, trabajos dirigidos a establecer la existencia de
depósitos y yacimientos de minerales y sus reservas, en calidad y cantidad
comercialmente explotables”.
144. El artículo 4479 ibidem señala que el titular de una licencia de exploración tiene
el derecho a suscribir un contrato de concesión, siempre y cuando cumpla las
obligaciones legales previstas en el Estatuto Minero.
145. En el marco de dichas obligaciones, el artículo 250 ejusdem estableció que para
la suscripción del contrato de concesión minera el Ministerio de Minas y Energía, si
lo estimaba necesario, podría solicitar la presentación de un estudio de impacto
ambiental y un plan de manejo de los recursos naturales no renovables y del medio
ambiente, como puede observarse:
“[…] Artículo 250. Declaración y Estudio Ambientales. Con base en el informe
final de exploración y el programa de trabajo e inversiones, el Ministerio
determinará si es necesaria la presentación de un estudio de impacto
ambiental y un plan de manejo de los recursos naturales no renovables y
del medio ambiente, además de la declaración de impacto ambiental, todo
de conformidad con este artículo […]” (Negrillas fuera de texto).
79 Artículo 44. Otorgamiento del Derecho a Explotar. Al vencimiento de la licencia de exploración, si el titular ha
dado cumplimiento a sus obligaciones de acuerdo con los artículos anteriores, tendrá derecho a la
correspondiente licencia de explotación si se trata de un proyecto de pequeña minería, o a que con él se suscriba
el contrato de concesión, sin ninguna exigencia, requisito o condición distinta de las señaladas en este Código.
30
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
146. La citada norma hace parte del capítulo XXVI del Decreto 2655, denominado
“[…] conservación del medio ambiente […]”, en el que también se precisó lo
siguiente:
“[…] Artículo. 246 Licencia ambiental. Con la excepción contemplada en el
artículo 168 de este Código, el título minero lleva implícita la
correspondiente licencia ambiental, o sea, la autorización para utilizar en
los trabajos y obras de minería, los recursos naturales renovables y del
medio ambiente, en la medida en que sean imprescindibles para dicha
industria, con la obligación correlativa de conservarlos o restaurarlos si
ello es factible, técnica y económicamente […]”80 (Negrillas fuera de
texto).
147. Ahora bien, la Sala considera oportuno recordar que la acción de nulidad, según
lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993 81, “[…]
procede contra los actos administrativos mediante los cuales se expide, modifica o
cancela un permiso, autorización, concesión o Licencia Ambiental de una actividad
que afecte o pueda afectar el medio ambiente […]”.
148. Esta Sección ha sostenido que los actos reglados por el supuesto del artículo
73 ibidem pueden ser objeto de control judicial tanto en la acción de nulidad allí
prevista, como en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
reglado en el artículo 85 del CCA.
149. En la sentencia de 11 de mayo de 200082, la Sección precisó que “[…] la acción
tendiente a dejar sin efecto un acto administrativo contentivo de una licencia
ambiental debe fundamentarse, básicamente, en los efectos ambientales dañinos
que se generan con la actividad autorizada por aquella […]”.
150. Posteriormente, en la sentencia de 22 de julio de 201083, la Sección explicó que:
“[…] cuando la situación de carácter individual a que se refiere el acto, comporte un
especial interés, un interés para la comunidad de tal naturaleza e importancia, que
vaya aparejado con el afán de legalidad, en especial cuando se encuentre de por
medio un interés colectivo o comunitario, de alcance y contenido nacional y de
innegable e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y
80 Artículo vigente al momento de la autorización de actividad de la exploración, toda vez que la Corte
Constitucional lo declaró inexequible mediante sentencia C- 216 de 1993.
81 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, Diario Oficial No. 41.146, de 22 de diciembre de 1993.
82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO, sentencia de 11 de mayo del 2000, Radicación número: 4620, Actor:
PATRICIA MANOTAS ECHEVERRY
83 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente: MARIA
CLAUDIA ROJAS LASSO, sentencia de 22 de julio de 2010, Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00373-
01, Actor: HECTOR SEGUNDO PEREZ FERNANDEZ
31
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
económico de gran número de colombianos […] »84, la acción de nulidad especial
sería el medio adecuado.
151. Siguiendo esta línea, en las sentencias de 5 de agosto de 2015 85, 26 de
noviembre de 201586, de 3 de mayo de 201987, 20 de junio de 201988 y en el auto
de 23 de abril de 202089, la Sala admitió la procedencia de la acción de nulidad
especial ambiental al considerar exclusivamente la disposición legal especial90.
152. Todo esto significa que el acto administrativo que tenga relación con el medio
ambiente es pasible de la acción especial de nulidad, sin perjuicio de los
instrumentos procesales de impugnación dispuestos en el ordenamiento jurídico
como es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
153. Así pues, la procedencia de la acción reglada por el artículo 73 de la Ley 99
depende de la naturaleza y contendido de los actos demandados, tal y como ocurre
en el caso examinado con los actos acusados.
154. Ciertamente, la Sala advierte que los actos administrativos están relacionados
con actividades de impacto ambiental, lo cual comporta un interés para la
comunidad de relevancia superior, al estar de por medio un interés colectivo.
155. Lo anterior en tanto que dos de ellos se relacionan con licencias de exploración
técnica de yacimientos y depósitos de materiales para la construcción, los otros
ocho se refieren a la cesión y perfeccionamiento de derechos de explotación de
unas áreas de terreno; otro a la aprobación del subcontrato de arrendamiento de
una zona destinada a la actividad minera y; finalmente, el último a un requerimiento
para que se allegue una garantía respecto de un contrato de concesión minera.
84 Sentencias de 2 de agosto de 1990, Exp. 1482, Consejero Ponente Dr. Pablo Cáceres Corrales Y de octubre
29 de 1996, Sala Plena, Exp. S-404, Consejero Ponente Dr. Daniel Suarez Hernández, reiterada, entre otras
sentencias de esta Corporación en la de 20 de febrero de 1997 de la Sección Primera -consejero ponente:
Ernesto Rafael Ariza Muñoz.
85 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: Guillermo
Vargas Ayala, sentencia de 5 de agosto de 2015, Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00247-00, Actor:
Resguardo Domo Planas
86 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente: María
Elizabeth García González, sentencia de (26) de noviembre de dos mil quince (2015), Radicación número:
11001-03-24-000-2006-00350-00, Actor: Corporinoquia
87 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: Oswaldo
Giraldo López, sentencia de 3 de mayo de 2019, Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00408-00, Actor:
Hugo Montes Paballón, Benigno Vásquez Rodríguez
88 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente: Nubia
Margoth Peña Garzón, Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil diecinueve (2019), Radicación número:
11001-03-24-000-2012-00125-00, Actor: Fenoco S.A
89 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P Hernando Sánchez
Sánchez, auto de 7 de diciembre de 2017, núm. Único de radicación 05001233300020140019501.
90 En dicha oportunidad, la Corporación no accedió al planteamiento del apelante conforme al cual no estaban
acreditados los supuestos de la Teoría de los Móviles y las Finalidades, teniendo en cuenta que el artículo 73
de la Ley 99 expresamente autoriza que los actos relativos a la expedición, modificación, cancelación o
concesión de una licencia ambiental sean controvertidos por medio de la acción de nulidad simple.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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156. En este contexto, la Sala pone de presente que el medio de control de nulidad
especial del artículo 73 de la Ley 99 resulta procedente, toda vez que los actos
acusados tienen incidencia ambiental, por lo que se declarará como no probada la
excepción propuesta, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
decisión.
IV.2.2.2. De la excepción de inepta demanda
157. El apoderado judicial de la sociedad Constructora Palo Alto y Cia. S. En C.
formuló la excepción previa denominada “ineptitud de la demanda por falta de los
requisitos formales”, en la medida que afirma que la parte demandante: (i) no anexó
la copia de los actos demandados, con sus constancias de publicación y notificación
y; (ii) tampoco desarrolló el concepto de violación.
158. Para resolver, la Sala recuerda que la demanda en forma es un requisito
procesal que debe ser controlado por el juez y por las partes durante su admisión,
por vía de las excepciones previas y durante la etapa de saneamiento.
159. Agotadas esas etapas no es procedente revivir la discusión sobre los requisitos
formales de la demanda, que deben entenderse superados, siempre que ellos,
como ocurre en la generalidad de los casos, sean subsanables. En el CCA la
demanda en forma está precedida del cumplimiento de unos requisitos previos a
demandar (artículo 135), un contenido del escrito de demanda (artículos 137 y 138)
y los anexos que se deben acompañar con la demanda (artículo 139).
160. En el sub lite y en cuanto al argumento relativo a que no se anexaron copia de
los actos demandados con sus respectivas constancias de publicación y
notificación, la Sala advierte que de la revisión del plenario se encuentra que los
documentos y constancias que echa de menos el apoderado de la sociedad
Constructora Palo Alto y Cia. S. En C. sí reposan en el proceso.
161. En efecto, a folios 2 a 59 del cuaderno acumulado con radicación 11001-03-026-
000-2001-0005501, la Sala evidencia que se encuentra copia auténtica de todas y
cada una de las resoluciones acusadas, además se evidencia el sello de notificación
y publicación de los mismos, así como sendas certificaciones sobre la publicidad de
ellas, razón por la cual el argumento no está llamado a prosperar.
162. Ahora bien y en lo atinente al contenido de la demanda, la Sala recuerda que el
mismo se encuentra regulado en los artículos 137 y 138 del CCA, los cuales
disponen que toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y debe
contener los requisitos allí dispuestos, entre los cuales, se encuentran “[…] lo que
se pretenda, expresado con precisión y claridad […]”.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
163. Por tanto, el demandante debe exponer con claridad, certeza, especificidad,
pertinencia y suficiencia, las razones por las cuales estima que los preceptos
acusados vulneran las normas constitucionales o legales enunciadas en los
fundamentos de derecho. De no atenderse tales exigencias, no es viable un
pronunciamiento de fondo por parte de la Corporación.
164. En el caso de autos y una vez revisado el plenario, la Sala advierte que la
demanda cumple con el referido requisito por cuanto la parte demandante en los
procesos acumulados individualizó con toda precisión los actos administrativos cuya
nulidad pretende y señaló con claridad y certeza el concepto de violación que
pretende hacer valer.
165. De esta manera y, en primer lugar, la Sala observa que la parte demandante
dirige su demanda en contra de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones 81098 de 12 de octubre de 2000; 80027 de 12 de enero de 2001, 5-
0001 de 4 de enero de 1993; 701352 de 26 de octubre de 1998; 5-0006 de 7 de
enero de 1993; 700521 de 9 de mayo de 1996; 700771 de 8 de julio de 1996; 5-
1154 de 10 de marzo de 1993; 5-1979 de 2 de abril de 1993; 100570 de 10 de mayo
de 1994; 700526 de 9 de mayo de 1996; 701329 de 31 de octubre de 1996; 700903
de 6 de Julio de 1998; y Auto sin número de fecha 27 de mayo de 1993, expedidas
por el ministerio de Minas y Energía, por lo que sí dio a conocer, con claridad, contra
qué manifestaciones de la voluntad de la administración eleva su reproche.
166. En segundo lugar y en lo atinente al concepto de violación, la Sala encuentra
que los demandantes formularon como cargos de violación los relacionados con la
falta de competencia, desconocimiento de las normas en que debieron fundarse y
falsa motivación de los actos expropiatorios expedidos por parte del Ministerio de
Minas y Energía.
167. Para ello reseñaron múltiples disposiciones normativas, señalando que el
ambiente es patrimonio común, cuya conservación y mejoramiento son actividades
de utilidad pública. Aseveraron que desde 1976 se habían declarado y delimitado
las áreas incompatibles con las actividades de explotación minera y áreas de
reserva forestal protectora y productora.
168. Precisaron que la Ley 99 de 1993 junto con lo dispuesto en las Resoluciones
222 y 249 de 1994, prohibieron el establecimiento de explotaciones mineras en la
Sabana de Bogotá y que el Ministerio de Minas y Energía carecía de competencia
para determinar áreas de explotación, por lo que no podría desconocer la
destinación forestal de los suelos que fueron objeto de expropiación para la
ejecución de los títulos mineros 16659 y 16715, entre otros.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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169. Eneste contexto, para la Sala las demandas están formuladas en forma
completa y se dirigen a desvirtuar la presunción de legalidad que amparan los actos
administrativos demandados.
170. Aunado a lo anterior, se tiene que el cargo de ilegalidad recae sobre una
proposición jurídica real y existente y no simplemente deducida por los
demandantes, o implícita en el cuerpo de la demanda.
171. Así pues, no le asiste razón al representante judicial de la sociedad Constructora
Palo Alto y Cia S. En C., por cuanto la parte demandante señaló con claridad contra
qué manifestación de la voluntad de la administración eleva su reproche, además el
concepto de violación se encuentra completo, razones por las cuales se declarará
como no probada la excepción de ineptitud sustancial de la demanda formulada, tal
y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
IV.2.2.3. De la excepción de cosa juzgada
172. La Sala se referirá a la excepción de cosa juzgada propuesta por el apoderado
de la Constructora Palo Alto y Cia S. En C. a través de la cual argumentó que la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa ya tuvo la oportunidad de pronunciarse
sobre los mismos cargos que acá se discuten, teniendo en cuenta lo decidido
respecto de la excepción de improcedencia de la acción para cuestionar actos
propiamente mineros.
173. Al respecto, puso de presente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “B”, dentro del proceso número 25000 23 24000 2001-
00809-01, negó la nulidad de las Resoluciones 81098 de 12 de octubre de 2000 y
80027 de 12 de enero de 2001, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho incoado por los señores Alba Tulia Peñarete Murcia y
Luis Vicente Almécigas Martínez.
174. Asimismo, precisó que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, dentro del proceso de acción popular número
25000232500020010039801, mediante sentencia de 8 de mayo de 2003 protegió
los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la preservación
del equilibrio ecológico, así como el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, para lo cual, ordenó a la
constructora iniciar las acciones necesarias para aplicar el Plan de Manejo y
Restauración Ambiental sobre los contratos de concesión 16569 y 16715, conforme
con la Resolución 421 de 17 de marzo de 1997, de la CAR.
175. Afirmó que los cargos de nulidad dentro del proceso de la referencia ya han sido
objeto de pronunciamiento, por lo que la sentencia que niega la nulidad pedida
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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configura el fenómeno de la cosa juzgada con efectos erga omnes en relación con
la causa petendi juzgada, no siendo procedente volver a debatirlos en este proceso,
por cuanto lo decidido previamente adquiere las características de vinculante y
obligatorio y, por tanto, inmutable, existiendo identidad de objeto, así como identidad
de causa en el caso concreto.
176. Finalmente, el apoderado en los alegatos de conclusión agregó, como hecho
nuevo, que el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso con
radicado 110013103222 2004 00450 01, declaró la expropiación del lote de terreno
rural denominado "área minera No. 1 – Santuario” ubicado en la vereda Aurora Alta
Jurisdicción del Municipio de La Calera, con la matrícula inmobiliaria No. 50N
20334163.
177. Para resolver, la Sala recuerda que la cosa juzgada es la cualidad atribuida por
el ordenamiento jurídico a las sentencias ejecutoriadas en virtud de la cual se
considera que las mismas son inmutables, vinculantes y definitivas, esto es, que: (i)
no pueden ser modificadas, ni siquiera por el mismo juez que las profirió; (ii) son de
obligatorio cumplimiento, y (iii) lo decidido no puede ser discutido nuevamente en
sede jurisdiccional.
178. La cosa juzgada como institución jurídica procesal permite dotar de estabilidad
jurídica y certeza a las relaciones jurídicas de los particulares, evitando el desgaste
del aparato jurisdiccional al impedir que este sea utilizado de manera indefinida por
las partes y los conflictos permanezcan indefinidos en el tiempo91. En palabras de
la Corte Constitucional92:
“[…] La firmeza de las decisiones es condición necesaria para la seguridad
jurídica. Si los litigios concluyen definitivamente un día, y tanto las partes
implicadas en él como el resto de la comunidad, tienen certeza de que a partir
de ese momento la decisión judicial es inalterable, el proceso cumple un papel
eficaz en la solución de los conflictos. Este es el sentido de la cosa juzgada, en
relación con la cual la Corte ha reconocido que hace parte de las garantías del
debido proceso, consagradas en el artículo 29 de la Constitución, y está
implícita en el concepto de administrar justicia […]”93.
179. El artículo 303 del CGP94 establece que “[…] la sentencia ejecutoriada proferida
en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior,
91 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: doctor José Gregorio Hernández
Galindo.
92 Corte Constitucional, sentencia C-548 de 1997. Magistrado ponente: doctor Carlos Gaviria Díaz. En el
Consejo de Estado, consultarse Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Rad.: 20079, sentencia de
18 de julio de 2012, Magistrado ponente: doctor Mauricio Fajardo Gómez.
94 Antes artículo 332 del CPC.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes […]” (Negrilla fuera
de texto).
180. A su vez, el CCA, en su artículo 175, trae la siguiente regla en materia de cosa
juzgada de las sentencias declarativas o denegatorias de la nulidad de los actos
administrativos, en el siguiente sentido:
“[….] Artículo 175. La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes, pero
sólo en relación con la causa petendi juzgada.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa
y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el
mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del
derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta
declaración a su favor.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o
de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte,
quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios […]”.
(negrillas fuera de texto).
181. De lo anterior se observa un tratamiento diferenciado entre las sentencias
denegatorias de la nulidad de aquellas declarativas de nulidad. Así, la sentencia que
declara la nulidad produce efectos erga omnes absolutos, por lo que no es posible
analizar nuevamente la legalidad del acto administrativo. En cambio, si se niegan
las pretensiones anulatorias, el efecto de la cosa juzgada se da en relación con la
causa petendi juzgada, lo que significa que resulta posible volver a demandar el
mismo acto administrativo por unos motivos diferentes95.
182. A nivel jurisprudencial96 y doctrinal97, la institución de la cosa juzgada se ha
construido sobre la base del cumplimiento de los siguientes requisitos:
95
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Rad.: 2011-00009. Sentencia de
4 de febrero de 2016. Magistrado ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
96 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Rad.: 2010-00514. Magistrado
ponente: doctor Guillermo Sánchez Luque: “[…] Con esa perspectiva el artículo 97 CPC hoy 92 CGP prescribe
como excepción la cosa juzgada, cuya decisión es ineludible para el juez que conozca del nuevo proceso -art.
170 CCA, hoy 187 CPACA. El objeto como uno de los elementos que configura la cosa juzgada se refiere a la
relación jurídica sustancial o el derecho que decide una sentencia. Así, se verificará la identidad de objeto, si lo
decidido en una providencia ejecutoriada coincide con el derecho o la pretensión que se presenta en una nueva
demanda -petitum. A su vez, la causa de pedir se refiere al hecho jurídico que sustenta la pretensión, es decir,
la razón o motivo por el que se pide -causa petendi. De allí que habrá identidad de causa si los supuestos de
hecho que llevaron a la adopción de una providencia ejecutoriada y los que se exponen en una nueva demanda
son en esencia los mismos. La identidad de partes se presenta si los sujetos, que comparecieron a nombre
propio o representados en un proceso decidido con una providencia ejecutoriada, vuelven a un nuevo proceso
bien sea en calidad de demandantes o de demandados […]”. Puede consultarse, igualmente, el radicado1998-
90201, sentencia de 11 de octubre de 2006. Magistrado ponente: doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
97 Hernán Fabio López Blanco, Código General del Proceso, 2013, Tomo 1.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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(i) Que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la
sentencia dictada.
(ii) Que ese nuevo proceso sea entre unas mismas partes, o, como lo anota
el artículo 332 del CPC, que exista «identidad jurídica de partes». Debe
acotarse que, tratándose de procesos de simple nulidad no es necesario
la concurrencia de este requisito por tratarse de una acción pública que
puede ser ejercitada por cualquier persona en procura de la defensa del
ordenamiento jurídico en abstracto98.
(iii) Que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, el cual se encuentra
definido «[…] tanto por las declaraciones que, en concreto, se solicitan de
la administración de justicia (petitum), como por el pronunciamiento
específico del órgano judicial en la parte resolutiva de la respectiva
sentencia con respecto al petitum99». En este sentido, habrá identidad de
objeto si lo decidido en la sentencia ejecutoriada coincide con el petitum
de la nueva demanda100.
(iv) Que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el
anterior. Conforme lo dicho por la jurisprudencia «[…] la causa petendi o
causa de pedir, las mismas fuentes señalan que ésta hace referencia a
las razones que sustentan las peticiones del demandante ante el juez. Es
así como la causa petendi contiene, por una parte, un componente fáctico
constituido por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un
componente jurídico, constituido por el específico proceso argumentativo
que sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar que la
causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los
cuales se busca extraer una concreta consecuencia jurídica101». La causa
petendi, en procesos de simple nulidad, aparece integrado por el
concepto de violación102.
183. Acontinuación y en primer lugar, la Sala entrará a estudiar la demanda
promovida en el proceso identificado con el radicado 25000 23 24000 2001-00809-
01 con el fin de determinar las partes, el objeto y la causa petendi, y a partir de su
cotejo con las de este proceso con radicado 11001-03-24-000-2001-00126-01
98 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2009-00100. Magistrado
ponente: doctor Hernando Sánchez Sánchez.
99 Sentencia T – 162 de 1998.
100 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 19 de noviembre
de 2011. Rad.: 2010-00514. Magistrado ponente: doctor Guillermo Sánchez Luque.
101 Ibidem.
102 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 4 de febrero de
2016. Rad.: 2011-00009. Magistrado ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
(acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-01, 11001-03-26-000-2001-00054-01,
11001-03-026-000-2001-0005501), establecer si se configuran o no los requisitos
para declarar el fenómeno de la cosa juzgada.
ACCIÓN NULIDAD Y NULIDAD ESPECIAL
RESTABLECIMIENTO DEL AMBIENTAL (artículo 73 de la
DERECHO (artículo 85 del CCA) Ley 99 de 1993)
11001-03-24-000-2001-00126-01
RADICADO 25000 23 24000 2001-00809-01 (acumulados 11001-03-26-000-
2001-00047-01, 11001-03-26-000-
2001-00054-01, 11001-03-026-
000-2001-0005501
Robinson Humberto Patiño
Alba Tulia Peñarete Murcia y Luis Cuberos, Carlos Eduardo
DEMANDANTES Vicente Alméciga Martínez Alméciga Martínez, Juan José
Gabriel Luna Conde, Carlos
Alberto Mantilla Gutiérrez y
Asociación Ecológica Colombiana
– ASOECO
DEMANDADO Ministerio de Minas y Energía Ministerio de Minas y Energía
La parte demandante señaló La parte demandante señaló
como disposiciones violadas: como disposiciones violadas:
1, 2, 4, 7, 8, 13, 29, 49, 58, 79, 80, i) La Constitución Política,
82 incisos 1 y 2, 93 inciso 2, 95 artículos 1°, 2° (inciso 1°), 4°, 8°,
inciso 2 numeral 8, 101, 113, 114, 13, 49, 58, 63, 79 (inciso 2°), 80,
115 inciso 2, 150, 208 inciso 1, 82, 88 (inciso 2°) 93, 95 (inciso 2°
209, 332, 333, 334, 360 inciso 1 y y numeral 8°) 101, 113, 114, 115
366 de la Constitución; 18 del (inciso 2°), 123 (inciso 2°) 150,
Código Civil; 1, 2, 3 y 4 Ley 57 de 208 (inciso 1°) 209, 313 (ordinares
1.887; 1 numerales 1, 3, 6, 8, 11 y 7 y 9) 332, 333, 334, 360 (inciso
14; 2, 3, 5 numerales 1, 2, 4, 10, 1°), 360 y 366; (ii) la Ley 153 de
12, 14, 15 y 16; 6, 7, 49 a 61, 69, 1887, artículos 1°, 2°, y 3° (iii) el
70, 71, 74, 83, 84, 85, 103 y 118 Código Civil, artículo 18; (iv) la Ley
de la Ley 99 de 1.993; 57 de la Ley 99 de 1993, artículos 2°, 3°, 5°, 6°,
4ª de 1.913; 1 a 4 de la Ley 153 de 49 al 73, 83, 84, 85, 103 y 118; (v)
1.887; 1, 2, 3, 4, 16 y 17 de la Ley el Código Nacional de Recursos
23 de 1.973; 1 del Decreto 1050 Naturales y de Protección al
de 1.968; 1 a 9, 12, 15 a 31, 34, Medio Ambiente, Decreto 2811 de
35, 36 y 40 del Decreto 1753 de 1974, artículos 1°, 2°, 4°, 7°, 8°,
1.994; 7, 9, 10, 11, 16, 76, 166, 30, 39, 42, 43 (literales b, c, e y h)
183, 184, 185, 247, 302 y 303 del 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 67, 178,
Código de Minas; 1, 2, 4, 7, 8, 30, 179 (literal c) y 180, 181, 182, 183,
39
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
39, 42, 43, 44 literales b), c), e) y 184, 185, 189, 190, 191, 202 a
h); 48, 50, 51, 52, 53, 67, 210, 302 a 304, 312 y 314; (vi) el
178,1180, 181, 182, 183, 184, Código de Minas, Decreto 2655 de
185, 189, 190, 191, 202 а 210, 1988, artículos 7º, 9º, 10º, 11, 13,
302, 303, 304, 312 y 314 del 15, 16, 22, 24, 26, 45, 76, 166,
Código de Recursos Naturales; 2 183, 184, 185, 247, 302 y 303; (vii)
y 30 del CCA y la Resolución 222 la Ley 2° de 1959, parágrafo 2° del
de 3 de agosto de 1994. artículo 5°; (viii) la Ley 79 de 1986;
(ix) la Ley 165 de 1994, artículo 2°;
(x) la Ley 356 de 1997; (xi) la Ley
23 de 1973, artículos 1°, 2°, 3°, 4°,
16 y 17; (xii) la Ley 388 de 1997,
artículos 2°, 3°, y 7°; (xiii) la Ley
491 de 1999, artículo 21; (xiv) el
Decreto Ley 1042 de 1978,
artículo 2°; (xv) el Decreto 2278 de
1953, artículo 4°; (xvi) el Decreto
NORMAS 1300 de 1941, artículo 1°; (xvii) el
VIOLADAS Decreto 1383 de 1940, artículos
1°, 2º y 3°; (xviii) el Decreto 1050
de 1968, artículo 1°; (xix) el
Decreto 2857 de 1981, artículos
40 a 43; (xx) el Decreto 01 de
1984, artículo 2°; (xxi) el Decreto
1753 de 1994; (xxii) el Decreto
501 de 1995, artículo 1°; (xxiii) las
Resoluciones No. 00222 y 00249
de 1994 del Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible;
(xxiv) el Decreto 1124 de 1999,
artículos 5° y 6°; (xxv) las
Resoluciones No. 3482 de 16 de
septiembre de 1986; 4393 de 11
de noviembre de 1986 y 3921 de
agosto 30 de 1988 de la
Corporación Autónoma regional
de las Cuencas de los ríos Bogotá,
Ubaté y Suárez (CAR); (xxvi) el
Acuerdo 30 de 30 de septiembre
de 1976; (xxvii) la Resolución
ejecutiva 076 de 31 de marzo de
1977 y; (xxviii) el Acuerdo No. 043
de 09 de febrero de 1999 del
municipio de la Calera.
40
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Que se declare la nulidad de los Que se declare la nulidad de los
siguientes actos administrativos: siguientes actos administrativos:
OBJETO – Resoluciones 81098 de 12 de Resoluciones 81098 de 12 de
CAUSA DEL octubre de 2000 y 80027 de 12 octubre de 2000 y 80027 de 12
PROCESO de enero de 2001, expedidas por de enero de 2001, expedidas por
el Ministerio de Minas y Energía. el Ministerio de Minas y Energía.
184. Teniendo en cuenta el cuadro anterior, la Sala concluye que no se configura la
excepción de cosa juzgada, toda vez que si bien es cierto que la decisión proferida
el 5 de octubre de 2005 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
expediente con radicado 25000 23 24000 2001-00809-01 se encuentra ejecutoriada
al no haber sido apelada, también lo es que la misma se adoptó dentro de un
proceso contencioso subjetivo, esto es, acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, diferente a los que cursan en esta Sección que se tramitan bajo la cuerda
procesal de la acción especial de nulidad ambiental consagrada en el artículo 73 de
la Ley 99 de 1993, por lo que ambos tienen un causa y finalidad distinta.
185. Aunado a ello, los fundamentos de derecho no coinciden y, a pesar de que en
ambos se consideró que el Ministerio de Minas y Energía, al expedir los actos
expropiatorios, desconoció lo dispuesto en los artículos 183 a 186 del Código de
Minas, el tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre los mismos, al considerar que
“[…] si bien la parte demandante los señaló como vulnerados, no explicó las razones
que lo sustentan […]”.
186. En cuanto la identidad jurídica de partes, la Sala precisa que los demandantes
no son los mismos y, además, se debe tener en cuenta que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho la interpone las personas que se crean lesionadas en
un derecho amparado en una norma jurídica, mientras que la acción de nulidad
especial ambiental puede ser incoada por cualquier personas natural o jurídica para
la protección en abstracto del ordenamiento jurídico de dicha naturaleza.
187. En segundo lugar y en lo atinente al argumento de la existencia de la cosa
juzgada respecto de la decisión proferida el 8 de mayo de 2003 dentro del proceso
de acción popular 25000232500020010039801, la Sala pone de presente que el
objeto y la causa de las acciones incoadas son diferentes, toda vez que en la acción
popular se busca la protección de derechos e intereses colectivos que se ejerce
para evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza y vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos, mientras que la acción de nulidad
especial consagrada el mencionado artículo 73 de la Ley 99, tiene por finalidad la
protección en abstracto del ordenamiento normativo ambiental.
41
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
188. Cabe resaltar que en la sentencia que desató la acción popular se consideró
“[…] que es claro no que no corresponde a la Sala hacer pronunciamiento alguno
sobre el tema [ilegalidad de los actos administrativos expropiatorios], porque no es
a través de la acción popular que puede ejercerse el control de legalidad de los
mismos. Lo anterior sin perjuicio de que, frente a la constatación de una amenaza
o vulneración de un derecho colectivo, se adopten por el juez constitucional las
medidas requeridas para su protección […]”, corroborando la consideración de que
tampoco se configura el fenómeno de la cosa juzgada respecto de dicho proceso.
189. Finalmente, y en lo relacionado con la decisión del Juzgado 22 Civil del Circuito
de Bogotá, dentro del proceso con radicado 110013103222 2004 00450 01, que
declaró la expropiación del lote de terreno rural denominado "área minera No. 1 –
Santuario” ubicado en la vereda Aurora Alta Jurisdicción del municipio de La Calera,
con la matrícula inmobiliaria No. 50N 20334163, la Sala considera que tampoco se
configura el fenómeno jurídico de la cosa juzgada al tener ambos procesos
finalidades diferentes.
190. En efecto, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para
juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias
de los distintos órganos del Estado, como son las decisiones del Ministerio de Minas
y Energía referentes a la determinación de los motivos de utilidad pública e interés
social para ordenar la expropiación de una determinada área, mientras que la
Jurisdicción Ordinaria conoce del proceso especial de expropiación contenido en
las Leyes 9ª de 1989, 388 de 1997 y en el Código de Procedimiento Civil.
191. Nótese que el artículo 175 del CCA dispone que, para que se configure la
excepción propuesta, debe tratarse de una sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso administrativo, lo cual no se presente en el caso en estudio
al tratarse de una decisión de la justicia ordinaria.
192. Por las anteriores razones, la Sala declarará como no probada la excepción de
cosa juzgada propuesta, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
este proveído.
IV.2.2.4. De las excepciones de habérsele dado a la demanda el trámite de un
proceso diferente al que corresponde y de caducidad
193. El apoderado judicial de la sociedad Constructora Palo Alto y Cia. S. En C.
formuló la excepción previa prevista en el numeral 7° del artículo 100 del Código
General del Proceso, denominada “habérsele dado a la demanda el trámite de un
proceso diferente al que corresponde” y la excepción de caducidad, para lo cual
señaló que no era la acción de nulidad especial ambiental, regulada en el artículo
42
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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73 de la Ley 99 de 1993 la acción procedente sino la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho la cual se encuentra caducada.
194. Para resolver, la Sala considera pertinente remitirse a las consideraciones
expuestas en esta decisión relacionadas con la excepción de improcedencia de la
acción, acápite donde se se concluyó que los actos administrativos que tenga
relación con el medio ambiente resultan ser pasible de la acción especial de nulidad,
sin perjuicio de los instrumentos procesales de impugnación dispuestos en el
ordenamiento jurídico como es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
195. No debe olvidarse que esta tipología de acto administrativo posee una
naturaleza mixta, en virtud de la cual genera efectos particulares porque autoriza a
determinado sujeto a desarrollar una actividad antrópica que impacta los recursos
naturales; pero también produce efectos generales por las repercusiones de orden
público, social, ambiental y ecológico propias de la actividad económica permitida,
razón por la cual la excepción propuesta no está llamada a prosperar.
196. Igual suerte corre la relativa a la excepción de caducidad, puesto que el medio
de control de nulidad de que trata el artículo 73 de la Ley 99 se puede ejercer en
cualquier tiempo, según lo previsto en el artículo 136 del CCA, razón por la cual
también se declararán como no probada.
IV.3. Análisis del caso concreto
197. De conformidad con el planteamiento del problema jurídico, la Sala estudiará los
cargos de nulidad de: (i) falta de competencia y (ii) de manera conjunta, al estar
relacionados, los atinentes al desconocimiento de las normas en que debieron
fundarse los actos acusados y falsa motivación.
IV.3.1. Falta de competencia
198. Los demandantes sostienen que la autoridad minera actuó sin competencia o
facultad legal para expedir los actos acusados y, por ende, no podían darle una
destinación diferente al uso del suelo previsto en el ordenamiento jurídico ambiental,
desconociendo los principios relacionados con la zonificación, planeación,
intervención y ordenamiento.
199. En contraposición, el Ministerio de Minas y Energía y la Constructora Palo Alto
y Cia S. En C. explicaron que los títulos mineros tenían implícita la licencia ambiental
y los demás permisos ambientales exigibles, en los términos del artículo 246 del
Estatuto Minero aplicable a la actividad extractiva cuestionada y que, por ello, tenía
la facultad de declarar la utilidad pública e interés social de las áreas expropiadas,
además de expedir los demás actos acusados.
43
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
200. Para resolver, la Sala pone de presente que el Ministerio de Minas y Energía
expidió los actos acusados “[…] en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial
de las conferidas por los artículos 7º, 183 y siguientes del Decreto 2655 de 1988 -
código de minas- y demás normas concordantes […]”, además de las consagradas
en los artículos 13, 16, 22, 44, 246, 250, 251, 252 y 254 del mismo estatuto.
201. En efecto, el artículo 7º señala que le corresponde al Ministerio de Minas y
Energía declarar la utilidad pública o de interés social la industria minera en sus
ramas de prospección exploración, explotación, beneficio, transporte, fundición,
aprovechamiento, procesamiento, transformación y comercialización y, como
consecuencia de ello, decretar las expropiaciones de bienes y derechos necesarios
para su ejercicio o su eficiente desarrollo.
202. El artículo 13 del Decreto 2655 de 1988 consagró que el acto administrativo
mediante el cual se otorga a una persona la facultad de explorar y explotar el suelo
confiere a su titular, entre otros, el derecho a limitar el ejercicio de la propiedad
superficiaria de terceros con las servidumbres y usos necesarios para el ejercicio
de aquellas actividades.
203. Por su parte, el artículo 16 ibidem, dispone que el título minero es el acto
administrativo expedido por medio del cual la autoridad administrativa, con el lleno
de los requisitos señalados en ese Código, otorga el derecho a explorar y explotar
el suelo y el subsuelo mineros de propiedad de la Nación.
204. Asimismo, el artículo 22 se refiere a la cesión, en el entendido que “[…] la cesión
de los derechos emanados del título minero, la constitución de gravámenes sobre
los mismos y la subcontratación de la explotación, requieren permiso previo del
Ministerio […]”.
205. Ahora, el artículo 44103 señala que el titular de una licencia de exploración tiene
el derecho a suscribir un contrato de concesión, siempre y cuando cumpla las
obligaciones legales previstas en el Estatuto Minero.
206. Y, en el marco de dichas obligaciones, el artículo 250 ejusdem estableció que
para la suscripción del contrato de concesión minera el Ministerio de Minas y
Energía, si lo estimaba necesario, podría solicitar la presentación de un estudio de
impacto ambiental y un plan de manejo de los recursos naturales no renovables y
del medio ambiente, como puede observarse:
103 Artículo 44. Otorgamiento del Derecho a Explotar. Al vencimiento de la licencia de exploración, si el titular ha
dado cumplimiento a sus obligaciones de acuerdo con los artículos anteriores, tendrá derecho a la
correspondiente licencia de explotación si se trata de un proyecto de pequeña minería, o a que con él se suscriba
el contrato de concesión, sin ninguna exigencia, requisito o condición distinta de las señaladas en este Código.
44
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
“[…] Artículo 250. Declaración y Estudio Ambientales. Con base en el informe
final de exploración y el programa de trabajo e inversiones, el Ministerio
determinará si es necesaria la presentación de un estudio de impacto
ambiental y un plan de manejo de los recursos naturales no renovables y
del medio ambiente, además de la declaración de impacto ambiental, todo
de conformidad con este artículo […]” (Negrillas fuera de texto).
207. La citada norma hace parte del capítulo XXVI del Decreto 2655, denominado
“[…] conservación del medio ambiente […]”, en el que también se precisó lo
siguiente:
“[…] Artículo 246. Licencia ambiental. Con la excepción contemplada en el
artículo 168 de este Código, el título minero lleva implícita la
correspondiente licencia ambiental, o sea, la autorización para utilizar en
los trabajos y obras de minería, los recursos naturales renovables y del
medio ambiente, en la medida en que sean imprescindibles para dicha
industria, con la obligación correlativa de conservarlos o restaurarlos si
ello es factible, técnica y económicamente […]”104 (Negrillas fuera de
texto).
208. Finalmente, los artículos 251, 252 y 254 del Estatuto Minero determinaron que
el Ministerio de Minas y Energía es la entidad responsable de conocer de todos los
asuntos administrativos que tienen relación directa y principal con la industria minera
en todas sus ramas. Dicha autoridad administra y conserva los recursos mineros y,
para ello, expide “[…] los actos que otorguen títulos mineros y los que exijan la
vigilancia y supervisión de las obligaciones de orden técnico, económico y operativo
emanados de dichos títulos […]”.
209. Por lo anterior, la autoridad demandada era la entidad competente para declarar
la utilidad pública o de interés social de la expropiación de las zonas requeridas para
la actividad minera, así como para expedir las licencias de exploración, la aprobación
y perfeccionamiento de la cesión los derechos derivados de dicha actividad, razón por
la cual el cargo no tiene vocación de prosperidad.
210. Cabe resaltar que otra cosa es determinar sí, con dicha declaratoria, el Ministerio
de Minas y Energía permitió un uso del suelo que desconocía lo previsto en el
ordenamiento normativo ambiental, lo cual será objeto de análisis en el siguiente cargo
de nulidad.
IV.3.2. Desconocimiento de las normas en que debieron fundarse los actos
acusados y falsa motivación
211. De acuerdo con los demandantes los actos acusados desconocen la regulación
ambiental al no proteger una zona de interés ecológico.
104Artículo vigente al momento de la autorización de actividad de la exploración, toda vez que la Corte
Constitucional lo declaró inexequible mediante sentencia C- 216 de 1993.
45
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
212. Argumentaron que el Ministerio de Minas y Energía desconoció los artículos 61
de la Ley 99 de 1993, 2°, 3°, 4°, 6º y 10° de la Resolución 222 de 3 de agosto de
1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, aclarado por la Resolución
249 de 5 de agosto de 1994, del mismo Ministerio, que prohibieron el
establecimiento de nuevas explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá, fuera de
las zonas delimitadas en ellas; y 1° y 2° de la Resolución 076 de 31 de marzo de
1977 a través de la cual declararon, hace más de 23 años, áreas incompatibles con
las actividades de explotación minera de materiales de construcción.
213. Puntualmente, indicaron que el predio "El Santuario" se ubicaba en la reserva
forestal de la cuenca alta del río Bogotá, así como en la reserva del Bosque Oriental
de Bogotá, en la cabecera del afluente del río Teusacá; en el nacimiento de las
quebradas Hoyo del Caballo; El Ocal, El Ajizal, el Romeral, Aguas Claras y
Honduras, “acuíferos todos que surten de aguas a acueductos del sector, con más
de 400 familias como usuarios” en los cuales, no se podía realizar actividades
mineras, entre otros.
214. En cuanto a la falsa motivación, indicaron que los actos acusados adolecen de
una real y adecuada fundamentación porque la expropiación de las áreas que se
superponen con los títulos mineros 16659 y 16715 se justificó en “[…] motivos de
utilidad pública e interés social […]”, a pesar de que dicho predio pertenece a un
área protegida en la que la minería está prohibida.
215. A su juicio, la autoridad minera “[…] ocultó que los verdaderos motivos de la
expropiación, […] contrarían de plano el interés social e intereses y derechos
colectivos, al pretender descapotar la vegetación nativa de reservas forestales,
destruyendo las fuentes de agua […] el paisaje de los cerros orientales y sistemas
montañosos de la Sabana de Bogotá […]”.
216. Aunado a lo anterior, señalaron que son falsos los motivos que sustentan la
decisión expropiatoria en la supuesta compatibilidad de la actividad con los usos
autorizados en el Plan de Ordenamiento Territorial, en tanto esa aplicación
normativa desconoce la zonificación ambiental de dicho territorio de mayor
jerarquía.
217. Es por lo anterior, que fundan su concepto de violación en el entendido que las
Resoluciones 81098 de 12 de octubre de 2000 y 80027 de 12 de enero de 2001
inaplicaron la normatividad en materia ambiental y desconocieron que las áreas
expropiadas hacen parte de la Reserva Forestal Protectora – Productora.
218. Así pues, para poder desatar el cargo propuesto, la Sala: (i) hará alusión a las
disposiciones relacionadas con la conservación y protección de la zona de interés
ecológico nacional (zonas protectora y protectora productora), particularmente a la
normativa que regula el uso de los suelos del municipio de La Calera; (ii) se referirá
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
a la oponibilidad de la declaratoria de la Reserva Forestal Protectora y Reserva
Forestal Protectora Productora de la cuenta alta del río Bogotá – Acuerdo 30 de 30
de septiembre de 1976; (iii) determinará si el predio rural El Santuario objeto de
expropiación y el relativo al contrato de concesión 15.148 se encuentran dentro de
la zona declarada como de interés ecológico de la Nación en la cual no era posible
realizar actividad minera y; (iv) desatará los argumentos de nulidad propuestos.
IV.3.2.1. Conservación y protección de las zonas de interés ecológico nacional
denominadas Reserva Forestal Protectora de los cerros Orientales de Bogotá
y Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del río Bogotá:
actividad minera en el municipio de La Calera
219. LasReservas Forestales comprenden espacios geográficos delimitados
mediante instrumentos legales a través de los cuales se pretende conservar los
bosques y sus servicios ecosistémicos. Estas áreas de conservación han
demostrado tener funciones para la preservación de la biodiversidad, la mitigación
del cambio climático y la prevención de la pérdida de especies y biomas105.
220. A efectos de comprender el régimen de usos permitido en estas zonas de
conservación, es necesario tener en cuenta que el Código de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente106 clasificó las “Áreas Forestales”
como: protectoras, productoras y protectoras-productoras. Respecto del significado
de cada categoría, los artículos 203, 204 y 205 del Decreto Ley 2811 de 1974
señalan lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 203.- Es área forestal productora la zona que debe ser
conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para
obtener productos forestales para comercialización o consumo.
El área es de producción directa cuando la obtención de productos implique
la desaparición temporal del bosque y su posterior recuperación.
Es área de producción indirecta aquella en que se obtiene frutos o productos
secundarios, sin implicar la desaparición del bosque.
ARTÍCULO 204.- Se entiende por área forestal protectora la zona que debe
ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para
proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables.
En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se
permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque.
105 El deber de conservación in situ a cargo del Estado está plasmado en el artículo 8 del Convenio de Diversidad
Biológica (CDB), del cual es parte Colombia, ratificado mediante la Ley 165 de 1994, cuya vigencia entró en
vigor para el país el 26 de febrero de 1995.
106 Decreto Ley 2811 de 1974
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
ARTÍCULO 205.- Se entiende por área forestal protectora-productora la
zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales
o artificiales para proteger los recursos naturales renovables, y que,
además, puede ser objeto de actividades de producción sujeta
necesariamente al mantenimiento del efecto protector […]” (Negrillas
fuera de texto).
221. En esos ecosistemas, los normas en comento autorizaron el desarrollo de
actividades económicas, previa obtención de la respetiva licencia ambiental y luego
de la sustracción de los espacios geográficos afectados, tal y como puede
apreciarse:
“[…] Artículo 206. Se denomina área de reserva forestal la zona de
propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al
establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales
productoras, protectoras o productoras-protectoras”
ARTÍCULO 207.- El área de reserva forestal sólo podrá destinarse al
aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella existan o se
establezcan y, en todo caso, deberá garantizarse la recuperación y
supervivencia de los bosques.
En el caso, previamente determinado, en que no existan condiciones
ecológicas, económicas o sociales que permitan garantizar la recuperación y
supervivencia de los bosques, el concesionario o titular de permiso pagará la
tasa adicional que se exige en los aprovechamientos forestales únicos.
Artículo 208. La construcción de obras de infraestructura, como vías,
embalses, represas o edificaciones, y la realización de actividades
económicas dentro de las áreas de reserva forestal, requerirán licencia
previa.
La licencia sólo se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución
de las obras y el ejercicio de las actividades no atenta contra la
conservación de los recursos naturales renovables del área.
El titular de licencia deberá adoptar a su costa, las medidas de protección
adecuadas.
Artículo 210. Si en área de reserva forestal, por razones de utilidad pública
o interés social, es necesario realizar actividades económicas que
impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o
cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los
bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser
previamente sustraída de la reserva.
También se podrán sustraer de la reserva forestal los predios cuyos
propietarios demuestren que sus suelos pueden ser utilizados en explotación
diferente de la forestal, siempre que no se perjudique la función protectora de
la reserva […]” (Negrillas fuera de texto).
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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222. Ahora, descendiendo a la regulación del Área de Reserva Forestal Protectora
denominada Bosque Oriental de Bogotá, ubicada en jurisdicción del Distrito Especial
de Bogotá y al Área de Reserva Forestal Protectora - Productora de la cuenca alta
del río Bogotá, la Sala recuerda que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente – INDERENA expidió el Acuerdo 30 de 30 de
septiembre de 1976, a través del cual definió dichas áreas como zonas de interés
ecológico nacional.
223. El artículo 1º del Acuerdo 30 “[…] declaró como Área de Reserva Forestal
Protectora a la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá, ubicada en
jurisdicción del Distrito Especial de Bogotá […]”, conforme a los linderos allí
indicados107.
224. Por su parte, el artículo 2° declaró como Área de Reserva Forestal Protectora -
Productora la cuenca alta del río Bogotá, aguas arriba de la cota superior del Salto
del Tequendama, con excepción de las tierras que están por debajo de la cota 2.650
o que tengan una pendiente inferior al 100%, así como el perímetro urbano y
sanitario de la ciudad de Bogotá y los sectores definidos en el artículo 1º de dicho
Acuerdo.
107 “[…] Por el Oriente: Partiendo del Boquerón de Chipaque en la intersección con la Carretera del Oriente;
continúa en línea recta hasta el punto geodésico Cax 352, y siguiendo en dirección noreste por la divisoria de
aguas hasta el Alto de las Mirlas; de allí por la Cuchilla hasta el Alto de la Horqueta; siguiendo la misma divisoria
en dirección noreste, pasando por el Alto de la Cruz Verde, Alto del Buitre, el Cerro de Plazuelas y el Alto de los
Tunjos. Siguiendo la misma divisoria al Sur de la Laguna de Vergón, en dirección Oriente, hasta el Morro de
Matarredonda; de allí, siguiendo en dirección Norte, por la divisoria de aguas a través del Alto de la Bolsa, Alto
del Rejo, Alto de la Cruz, hasta el Alto de Sarnoso. Desde este punto, en dirección Occidente, en línea recta
hasta el nacimiento de la Quebrada Turín, y por ésta aguas abajo hasta la confluencia de la Quebrada Carrizal,
siguiendo ésta aguas arriba hasta su nacimiento, de donde se sigue en línea recta, en dirección noreste, hasta
el Alto de Piedra Ballena; siguiendo la divisoria hacia el Norte, hasta el punto geodésico ‘Piedras’, y de allí por
la misma divisoria hasta el nacimiento de la Quebrada El Chicó, luego a la cumbre del Cerro La Moya, y en línea
recta hasta el sitio Los Patios (intersección con la carretera Bogotá - La Calera); luego sigue por la misma
divisoria de aguas, en dirección Norte; hasta la Estación La Cuchilla, del cable aéreo de Cemento Samper, de
allí se sigue al Norte hasta el Alto de Serrezuela, continuando a los Cerros de Cañada, Moreno, los Cerros de
La Cumbre, y siguiendo hacia el Norte por la divisoria hasta el Alto de Pan de Azúcar en el punto geodésico
‘Pan’. Por el Norte: Partiendo del punto geodésico ‘Pan’, tomando en dirección noreste, hacia la cima de la
Lomita de Torca, hasta interceptar la Carretera Central del Norte (Alto de Torca). || Por el Occidente: Partiendo
del punto Alto de Torca, en la Carretera Central del Norte, se continúa por esta vía hacia el Sur, hasta la calle
193, se sigue por la prolongación de esta calle en dirección Este hasta encontrar el perímetro sanitario en la
cota 2.700 metros se continúa por esta cota en dirección general Sur hasta el límite Norte del Barrio El Paraíso
(corresponde a los planos 223/4-1 y 223/4-2, regularizado por el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital), bordeando este Barrio por el Oriente; se continúa por la misma curva de nivel (2.700 metros) hasta
encontrar el Paseo Bolívar (Carretera de Circunvalación ); se sigue por dicho Paseo en dirección Este hasta
encontrar la calle 9 Sur; por esta vía se continúa hasta la curva de nivel 2.750 metros; se sigue por esta cota,
en dirección Sur, hasta la calle 15 Sur, por esta vía hacia el sureste, hasta encontrar la curva de nivel 2.850; se
sigue por esta cota hasta encontrar la Quebrada Ramajal; por esta Quebrada, aguas arriba, hasta encontrar la
curva de nivel 2.920 metros en el Barrio Los Alpes, se continúa por esta curva hasta encontrar el lindero Norte
de la propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en dicho Barrio; por este lindero hasta donde la
curva de nivel 2.900 metros la corta; se sigue en línea recta hasta el punto de intersección de la curva de nivel
3.100 metros con la prolongación del lindero Sur de la mencionada propiedad (Tanque de Los Alpes); se
continúa por dicha curva de nivel hacia el Sur hasta encontrar el divorcio de aguas del Boquerón de Chipaque,
se sigue por esta divisoria de aguas, en dirección Oeste, hasta su intersección con la Carretera de Oriente,
punto de partida […]”.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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225. Igualmente, precisó que “[…] además de los requisitos exigidos por las
disposiciones vigentes del Gobierno Distrital y del Concejo de Bogotá, la
construcción de obras de infraestructura, como vías, embalses, represas o
edificaciones, y la realización de actividades económicas dentro de las áreas
de reserva forestal alindadas en los artículos 1 y 2 de este Acuerdo requerirá
licencia […]”, y sustracción previa del área conforme a lo dispuesto en el artículo
210 del Código de Recursos Naturales.
226. Cabe advertir que la norma en comento dispuso que la licencia “[…] sólo se
otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las obras y el ejercicio de
las actividades no atentan contra la conservación de los recursos naturales
renovables y no desfiguran los paisajes de dichas áreas […]”; adicionalmente que
“[…] el titular de la licencia deberá adoptar, a su costa, las medidas de protección
adecuadas […]”.
227. En su último artículo el Acuerdo 30 señaló los requisitos para su validez, así
como la forma de darle publicidad, tal y como se observa a continuación:
“[…] Artículo 10.- Tal como lo establecen los artículos 38 y 77 del Decreto-
Ley número 133 de 1976, para su validez el presente Acuerdo requiere la
aprobación y autorización del Gobierno Nacional mediante resolución
ejecutiva y, deberá ser publicado en las cabeceras de los Municipios en
cuya jurisdicción están ubicadas las áreas reservadas, en la forma prevista
en el artículo 55 del Código de Régimen Político y Municipal, y en el Diario
Oficial e inscrito en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá D.E., Facatativá y Zipaquirá, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 96 y 97 del Código Fiscal Nacional […]” (Negrillas fuera de texto).
228. En cumplimiento de ese requisito de validez, el presidente de la República
expidió la Resolución Ejecutiva 76 de 1977 a través de la cual aprobó el Acuerdo
30 de 1976, acto administrativo que fue publicado el 3 de mayo de 1977 en el Diario
Oficial 34777.
229. Un vez constituidas y aprobadas dichas áreas, la Junta Directiva de la entonces
Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté
y Chiquinquirá (CAR) expidió el Acuerdo 33 de 1979, a través del cual adoptó el
“[…] Estatuto de Zonificación, correspondiente al territorio de jurisdicción de la CAR,
conforme a los estudios del mejor uso de las tierras dentro del marco del Plan
Maestro […]”. El Acuerdo 33 de 1979 regía desde su fecha de expedición (artículo
44) y cuenta con el siguiente objeto:
“[…] incrementar el uso agropecuario de los suelos de mejor potencialidad
agrícola, susceptibles de una óptima utilización de su aptitud y vocación
agrícola, Restringir y limitar usos agropecuarios, urbanos o industriales o
cualquiera otro que pueda apartar de la función reguladora de
preservación y conservación de las aguas y del ecosistema natural a los
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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suelos de baja potencialidad agrícola, muy susceptibles de degradación
o que requieren reposo u obras para su recuperación de actuales estados
de degradación. 4°. Contener y ordenar dentro de los actuales perímetros
urbanos, los desarrollos urbanísticos, industriales y los asentamientos
humanos para el área bajo jurisdicción de la CAR. Contención y ordenación
necesarias para evitar la expansión e incremento de los efectos de
contaminación y degradación ambiental, y el mal uso de los recursos
renovables, y de las tierras de mayor potencial agrológico. 5°. Estimular,
promover y organizar los desarrollos urbanos e industriales y los asentamientos
humanos para la cuenca hidrográfica de los Ríos Ubaté y Suárez localizados
en el territorio de los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá […]”
(Negrillas fuera de texto).
230. El artículo 8º del Acuerdo 33 estableció que la Zona Rural Protectora (ZR-P)
“[…] se localiza entre los 2.800 y 3.500 metros s.n.m. aproximadamente, en la
formación de páramo, sobre suelos clasificados por el Instituto Geográfico ‘Agustín
Codazzi’ como clases de manejo VI e – s y VII c, que se caracterizan por su relieve
ondulado y escarpado, predominantemente pedregoso y superficial, de media o
baja calidad agrícola, clima con altas precipitaciones, bajas temperaturas e intensa
radiación solar, con vegetación con poca altura y baja densidad […]”.
231. El artículo 9° de dicho Acuerdo delimitó cada una de las 32 subzonas que
componen la Zona Rural Protectora, ZR-P y en la primera de ellas, la ZRP-1,
contempló buena parte de los Cerros Orientales, agrupando áreas localizadas “[…]
en jurisdicción de Bogotá Distrito Especial y de los municipios de Sibaté, Soacha,
La Calera, Chía y Sopó […]” (Negrillas fuera de texto).
232. No debe pasarse por alto que los usos permitidos en la Zona Rural Protectora,
según el Acuerdo, son “[…] la repoblación forestal con fines de protección sin
explotación económica; en pendientes no mayores a 40% y en suelos no
denudados o degradados repoblación vegetal, pastos, actividades agropecuarias
tales como pastoreo técnico con manejo técnico de porteros cultivos permanentes
y cultivos limpios de subsistencia; vivienda para el propietario y celador […]”
(artículo 11°).
233. Los usos restringidos, según el Acuerdo 33, son “el cultivo y la explotación
forestal; la piscicultura; explotación agropecuaria que significa cortes a tala rasa,
descuajes, quemas y cortes de árboles; pastoreo incontrolado de caprinos, ovinos
y cualquier otra especie que ofrezca peligro para el mantenimiento de la vegetación
protectora; la caza, el uso de trampas, cebos y toda acción que atente contra la vida
silvestre; la industria extractiva, minería a cielo abierto, la construcción de
caminos y cualquier obra que altere los suelos y destruya el equilibrio
ambiental; parcelaciones cuyo fin principal sea la explotación agropecuaria o
forestal; establecimientos comerciales, industriales, agroindustriales, institucionales
y recreativos” (Negrillas fuera de texto).
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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234. Igualmente, el Acuerdo 33 estableció como Zona Rural Protectora Productora,
ZR-PP, el área de suelos planos y praderas, “[…] reconocidos por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi en las clases II e, II e h, III e s, III h, III e y IV e, que se
caracterizan en general por relieve de plano a moderadamente ondulado;
profundidad efectiva de superficial a moderadamente profunda; drenaje interno
lento y externo rápido; sensibilidad a la erosión de ligera a moderada; nivel de
fertilidad de alto a mediano. Permite actividad agropecuaria extensiva y forestal,
requiere medidas de protección y conservación, manejo técnico de las
explotaciones con sistemas de riego y drenaje, uso de fertilizantes correctivos del
suelo y prácticas especiales en los cultivos […]”.
235. Y, en su artículo 15 la CAR delimita de forma detallada cada una de las 13
subzonas que componen la Zona Rural Protectora Productora, ZR-PP. La cuarta
de ellas, la ZR-PP-4, cubre áreas localizadas “[…] en jurisdicción de Bogotá Distrito
Especial y de los municipios de La Calera, Chía, Sopó y Guasca […]” (Negrillas
fuera de texto).
236. En cuanto a los usos permitidos y restringidos, el artículo 16 autorizó la “[…]
actividad agrícola intensiva y extensiva, ganadería extensiva; forestal y usos afines
a las explotaciones tales como vivienda del propietario y del celador y de los
trabajadores, silos, depósitos, establos y pesebreras”; y restringió las
“explotaciones avícolas, cunícolas, apícolas, piscícolas, porcinas, cultivo de flores;
industria minera a cielo abierto, extractiva, agroindustrial y manufacturera;
establecimientos con fines administrativos, institucionales, de seguridad social,
tales como los educativos, culturales y de salud, recreativos, instalaciones
materiales, reformatorios y cárceles, coliseos de exposiciones y ferias, mataderos
y frigoríficos, centrales de abasto, almacenamiento y distribución de combustibles,
terminales de transporte; las instituciones afines y complementarias para estos
establecimientos; parcelaciones cuyo fin principal sea el residencial – explotación
agropecuaria […]” (Negrillas fuera de texto).
237. Además, el Acuerdo 33 señaló que toda persona natural o jurídica, pública o
privada que esté utilizando estos terrenos o quiera hacerlo deberá pedir el permiso
correspondiente (artículo 29), advirtiendo que “[…] en ningún caso la Corporación
otorgará permisos de localización cuando el uso propuesto no cumpla con
las normas contempladas en el presente Acuerdo, en el Código Nacional de
los Recursos Naturales y protección del Medio Ambiente y demás normas
pertinentes” (artículo 30) (Negrillas fuera de texto).
238. Como puede observarse el Acuerdo 30 de 1976, la Resolución Ejecutiva 76 de
1977 y el Acuerdo 33 de 1979 con las delimitaciones zonales, establecieron los
linderos y la zonificación general de esta área protegida, en cuyo marco quedó claro
que la minería era una actividad restringida, especialmente en el municipio de
La Calera.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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239. También debe mencionarse que, la Junta Directiva de la Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y Suárez, a través del Acuerdo
59 de 1987, expidió la Reglamentación de los Cerros Orientales. Ese acto
administrativo estableció varias obligaciones para los usuarios “[…] con cualquier
finalidad en las Zonas del Área de Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales
[…]” y diversas conductas prohibidas que alteran o deterioran ese ecosistema.
“[…] “Prohíbase (…) 5. Realizar excavaciones de cualquier índole con
excepción de autorización expresa de la CAR expedida por razones de
orden técnico o científico. (…) 7. Toda actividad que la CAR determine que
pueda ser causa de modificaciones significativas del ambiente o de los
elementos naturales […]” (Negrillas fuera de texto).
240. En línea con esta estrategia de conservación natural, el Congreso de la
República declaró en la Ley 99 de 1993 a la Sabana de Bogotá “área de interés
ecológico nacional”, al señalar:
“[…] Articulo 61.- Declárase la sabana de Bogotá, sus páramos, aguas,
valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de
interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la
agropecuaria y forestal.
El Ministerio del Medio Ambiente determinará las zonas en las cuales
exista compatibilidad con las explotaciones mineras, con base en esta
determinación, la corporación autónoma regional de Cundinamarca, CAR,
otorgará o negará las correspondientes licencias ambientales.
Los municipios y el Distrito Capital expedirán la reglamentación de los usos del
suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de que trata este artículo y las que
a nivel nacional expida el Ministerio del Medio Ambiente […]”108 (Negrillas
fuera de texto).
241. Con fundamento en lo anterior, el 3 de agosto de 1994 el Ministerio del Medio
Ambiente expidió la Resolución 222, con el propósito de reglamentar el artículo 61
de la Ley 99 de 1993, en cuanto a “[…] la zonificación de áreas compatibles con
las actividades mineras relacionadas con los materiales de construcción, en
especial canteras, areneras, gravilleras, chircales, receberas y demás
108 El tercer inciso de este artículo fue demandado ante la Corte Constitucional por Andrés Vanegas Moller, por
considerar que desconocía las competencias de las entidades municipales para regular el uso de los suelos.
En la sentencia C-534 de 1996 la Corte declaró exequible la norma bajo el entendido de que las disposiciones
que expide el Ministerio del Medio Ambiente son aquellas que se derivan de las competencias específicas y
expresas que surgen de la ley y de su decreto reglamentario, y que tienen el sentido de velar por su estricto
cumplimiento. En la sentencia se consideró que el artículo 61 de la ley 99 de 1993 “en nada interfiere con el
ejercicio de la facultad que la Constitución otorgó a los Concejos de los municipios de Cundinamarca y de
Santafé de Bogotá, para reglamentar los usos del suelo y dictar normas tendientes a la protección de su
patrimonio ecológico; ellas configuran limitaciones a la autonomía de esa entidades territoriales, legítimamente
establecidas por el Congreso de la República en ejercicio de su potestad legislativa, para preservar el patrimonio
ambiental de la Nación, que como tales deberán ser tenidas en cuenta por las corporaciones municipales de
elección popular, a la hora de desarrollar las competencias reglamentarias que les corresponden”.
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01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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actividades mineras extractivas de dichos materiales […]”109 (Negrillas fuera de
texto).
242. De manera particular el artículo 2º ibidem señaló que la Sabana de Bogotá está
integrada por los páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas
montañosos, comprenden los municipios de Bojacá, Cajicá, Chía, Chocontá,
Cogua, Cota, Cucunubá, Facatativá, Funza, Gachancipá, Guasca, Guatavita, La
Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón, Santafé de Bogotá, Sesquilé, Sibaté, Soacha,
Sopo, Subachoque, Suesca, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocancipá, Villapinzón y
Zipaquirá.
243. El artículo 3º dispuso que toda explotación minera en la Sabana de Bogotá
deberá realizarse en áreas “[…] donde los efectos o impactos ambientales puedan
ser satisfactoriamente (i) prevenidos, (ii) controlados, (iii) mitigados, (iv) corregidos,
(v) compensados, y donde dichas actividades no produzcan (vi) deterioro grave a
los recursos naturales renovables o al medio ambiente, o (vii) introduzcan
modificaciones notorias o considerable al paisaje […]”.
244. Ese acto delimitó las áreas protegidas de la siguiente forma:
“[…] Resolución 222 de 1994, artículo 4.- (Aclarado por la Resolución 249 de
1994, artículo 1.) Las áreas de que trata el artículo 3° de la presente
resolución son las siguientes: Zona A: Está situada dentro del área de
jurisdicción de los municipios de Cogua, Nemocón y Tausa, y delimitada
dentro de las siguientes coordenadas planas y cotas, definidas en las planchas
209-I-D y 209-III-B del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- y que
acompañan esta resolución: Punto X Y || 1.064.500 1.022.600 || 1.059.050
1.021.800 || Del punto 2 al 3, hacia el Suroccidente, la línea de unión es la
cota de 2.600 m. n. s. m. 1.055.700 1.016.500 || 1.058.450 || 1.015.700 || Del
punto 4 al 5, hacia el Nororiente, la línea de unión es la cota de 3.000 m. n. s.
m. 1.061.350 1.017.675 || 1.062.100 1.017.575 || 1.064.250 1.019.700 || Zona
B: Está situada dentro del área de jurisdicción del municipio de Cogua, y
delimitada dentro de las siguientes coordenadas planas y cotas, definidas en
las planchas 209-III-A y 209-III-B del IGAC, y que acompañan la presente
resolución: Punto X Y 1.053.550 1.012.700 || 1.054.675 1.013.400 || Del punto
2 al 3, hacia el Oriente, la línea de unión es la cota de 2.600 m. n. s. m.
1.052.975 1.012.750 || Del punto 3 al 1, hacia el Norte, la línea de unión coincide
con la margen derecha de la quebrada Agua Sucia. || Zona C: Está situada
dentro del área de jurisdicción del municipio de Tocancipá y delimitada por
las siguientes coordenadas planas y cotas, definidas en las planchas 209-III-D
y 228-I-B, del IGAC, y que acompañan la presente resolución: Punto X Y
1.041.550 1.020.550 || 1.041.075 1.020.800 || Del punto 2 al 3, hacia el
Suroccidente, la línea de unión es la cota de 2.800 m. s. n. m. 1.036.925
1.016.700 || 1.038.700 1.017.000 || Del punto 4 al 1, hacia el Nororiente, la línea
de unión es la cota de 2.600 m. s. n. m. || Zona D: Está situada dentro del
área de jurisdicción de los municipios de Mosquera y Bojacá, y delimitada
dentro de las siguiente coordenadas planas y cotas, definidas en la plancha
109 De acuerdo con el artículo 1º las actividades mineras antes mencionadas comprenden el conjunto de trabajos
de prospección, exploración, explotación, beneficio y depósito de minerales.
54
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
227-IV-C del IGAC, y que acompañan la presente resolución: Punto X Y
1.007.300 972.900 || 1.008.000 973.450 || 1.007.600 973.750 || Del punto 3
al 4, hacia el Suroriente, la línea de unión es la cota de 2.600 m. s. n. m. ||
1.007.000 975.100 || 1.005.450 976.325 || 1.007.225 976.600 || 1.008.000
978.475 || Del punto 7 al 8, hacia el Oriente, la línea de unión es la cota de
2.600 m. s. n. m. 1.003.700 978.975 || 1.003.400 976.900 || Zona E: Está
situada dentro del área de jurisdicción de los municipios de Soacha y
Santafé de Bogotá, y delimitada dentro de las siguientes coordenadas planas
y cotas, definidas en las planchas 246-II-A, 246-II-B y 246-II-C del IGAC, y que
acompañan la presente resolución: Punto X Y 992.950 990.075 || 992.500
991.650 || Del punto 2 al 3, hacia el Sur, la línea de unión es la cota de 2.900
m. s. n. m. 991.000 991.825 || 990.000 991.450 || Del punto 4 al 5, hacia el Sur,
la línea de unión es la cota de 3.000 m. s. n. m. 987.300 992.125 || 987.300
988.300 || 988.650 986.000 || 992.000 985.350 || Del punto 8 al 9, hacia el
Occidente, la línea de unión es la cota de 2.800 m. s. n. m. || 995.800 984.675
995.800 986.950 || 994.450 987.875 || Del punto 11 al 1, hacia el Oriente, la
línea de unión es la cota de 2.900 m. s. n. m. || En esta Zona E también se
consideran compatibles con la actividad minera de las zonas del sector
de Tunjuelito comprendidas dentro del área de las licencias de explotación y
de los contratos de concesión otorgados por el Ministerio de Minas y que se
encuentren vigentes a la fecha de expedición de la presente resolución. La
continuidad de las explotaciones mineras en esta zona estará supeditada al
cumplimiento de las obligaciones y requerimientos ambientales establecidos
por la autoridad ambiental competente […]” (Negrillas fuera de texto).
245. Como se observa en la delimitación no se encontraba y, mucho menos, se
habilitó como zona compatible con la minería al municipio de La Calera. Y, se
resalta, que dicha disposición ordenó cerrar definitivamente las actividades
mineras que se encontraban por fuera de las zonas compatibles con la minería
y exigió un Plan de Manejo y Restauración Ambiental para la minería que: i)
estaba ubicada en zonas incompatibles pero que contaba con las
autorizaciones legales (artículo 6110); o ii) que a pesar de hacer parte de un área
compatible o cuenten con los permisos, concesiones y autorizaciones concedidos
por las autoridades ambientales (artículo 8°) .
246. El artículo 3º dispuso que las actividades mineras presentes fuera de las zonas
compatibles con la minería que no contaran con los permisos, concesiones,
contratos o licencias vigentes otorgados por el Ministerio de Minas, serían cerradas
definitivamente, sin perjuicio a las demás sanciones legales a que haya lugar.
247. El artículo 9º de dicha resolución además estableció que “[…] los municipios de
la Cuenca Alta del río Bogotá y el Distrito Capital, de acuerdo con lo establecido en
110 La Resolución No. 249 de 1994 que aclaró la Resolución 222 señaló que: “Las actividades mineras que al
momento de la expedición de la presente resolución cuenten con los permisos, concesiones, contratos o
licencias vigentes, otorgados por el Ministerio de Minas; y estén localizadas, delimitadas en el artículo 4° de la
presente resolución, deberán presentar, dentro de los seis meses siguientes a la expedición de ésta un plan de
manejo y restauración ambiental ante la autoridad competente, quien se pronunciará sobre el mismo. El
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en la legislación
ambiental.”
55
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, expedirán la reglamentación de los usos del
suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de la presente resolución […]”; y
prohibió el otorgamiento de nuevas explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá,
fuera de las zonas delimitadas.
248. Posteriormente, el Ministerio del Medio Ambiente resolvió mediante la
Resolución 1277 del 26 de noviembre de 1998, entre otras cosas, modificar el
artículo 7° de la Resolución 222 de 1994, en los siguientes términos:
“[…] Artículo Segundo. - Modificase el artículo 7° de la Resolución N° 222 del
3 de agosto de 1994, el cual quedará así:
Las explotaciones mineras de materiales de construcción que se
encuentren en zonas incompatibles con la minería, de acuerdo a la
delimitación hecha en el artículo cuarto de la Resolución 222 de 1994 y
que no cuenten con permisos, licencias o contratos de concesión
vigentes, otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, serán cerradas
definitivamente.
Para llevar a cabo la restauración ambiental y morfológica de la zona
intervenida, la autoridad ambiental competente establecerá o impondrá
un Plan de Manejo, Recuperación o Restauración Ambiental, en los
términos y condiciones establecidos en esta Resolución.
Los materiales extraídos durante la ejecución del Plan de Manejo,
Recuperación o Restauración Ambiental, establecido o impuesto por la
Autoridad Ambiental competente podrán ser comercializados. […]”111
(Negrillas fuera de texto).
249. La referidas normas de protección ambiental fueron precisadas y ratificadas con
posterioridad a través de la Resolución 0138 de 2014, por medio de la cual se
realinderó la Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del río
Bogotá, de la cual hace parte el municipio de La Calera.
250. El artículo 2º y 3º hicieron referencia al efecto protector con el que se deben
destinar los sectores y polígonos allí definidos112, entendiendo por aquel el que
permite conservar las coberturas naturales, el paisaje agropecuario y forestal
característico de la Sabana de Bogotá y el recurso hídrico superficial y subterráneo,
así como establecer y mantener la conectividad de los mismos.
251. Las actividades restringidas fueron reguladas en el artículo 12, en el cual se
dispuso que no se permitirá el desarrollo de actividades de exploración y explotación
minera al interior de la Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del
111 Folios 183 a 194 del cuaderno 1 del expediente 2001-00126.
112 En ellos sectores 13 a 16 se incluyó al municipio de La Calera.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
río Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 685 de 2001
en concordancia con el artículo 210 del Decreto 2811 de 1974.
252. En suma, la normativa ambiental fue clara en cuanto a la obligación de
protección de las montañas situadas alrededor de la Sabana de Bogotá por su
efecto regulador de la cantidad y calidad de agua que produce. Además, que se
trata de áreas que deben ser destinadas exclusivamente al establecimiento o
mantenimiento y utilización racional.
253. En términos generales, las zonas declaradas y delimitadas conforme con la
normativa como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o
de ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones excluyan trabajos de
exploración y explotación minera, son áreas protegidas dada su importancia
ecológica y los valores ecosistémicos que representan.
254. En general, las área de exclusión son aquellas que integran el sistema de
parques nacionales, parques naturales de carácter regional, zonas de reservas
forestales protectoras, ecosistemas como paramos, humedales, entre otros.
255. Y, entre dichas áreas, se encuentra la Sabana de Bogotá de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, razón por la cual una interpretación
sistémica, integral, holística y armónica del ordenamiento jurídico ambiental, nos
llevan a concluir la limitación y prohibición de la actividad extractiva en dicha zona
dado el interés ecológico nacional de la misma, tal y como ocurrió con el área rural
del municipio de La Calera.
IV.3.2.2. Oponibilidad de la declaratoria de la Reserva Forestal Protectora y
Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenta alta del río Bogotá –
Acuerdo 30 de 1976
256. Como se precisó en el numeral anterior, el artículo 1º del Acuerdo 30 de 30 de
septiembre de 1976 “[…] declaró como Área de Reserva Forestal Protectora a la
zona denominada Bosque Oriental de Bogotá […]” y, en su artículo 2°, declaró como
Área de Reserva Forestal Protectora - Productora la Cuenca alta del río Bogotá,
aguas arriba de la cota superior del Salto de Tequendama, con excepción de las
tierras que están por debajo de la cota 2.650 y tengan una pendiente inferior al
100%.
257. El Acuerdo señaló los requisitos para su validez, así como la forma de darle
publicidad y, como consecuencia de ello, que el mismo sea oponible, exigible y
obligatorio, tal y como se observa a continuación:
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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“[…] Artículo 10.- Tal como lo establecen los artículos 38 y 77 del Decreto-
Ley número 133 de 1976, para su validez el presente Acuerdo requiere la
aprobación y autorización del Gobierno Nacional mediante resolución
ejecutiva y, deberá ser publicado en las cabeceras de los Municipios en
cuya jurisdicción están ubicadas las áreas reservadas, en la forma
prevista en el artículo 55 del Código de Régimen Político y Municipal, y
en el Diario Oficial e inscrito en las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá D.E., Facatativá y Zipaquirá, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del Código Fiscal
Nacional […]” (negrillas fuera de texto).
258. En cumplimiento del requisito de validez antes reseñado, el presidente de la
República expidió la Resolución Ejecutiva 76 de 1977 a través de la cual aprobó el
Acuerdo 30 de 30 de septiembre 1976 del INDERENA.
259. En cuanto a su publicidad, la Sala pone de presente que en el transcrito artículo
10 se ordenó la inscripción del Acuerdo en el registro de instrumentos públicos,
mandato que en principio no se cumplió, a pesar de la orden judicial impartida
mediante sentencia del 1 de marzo de 2001, dentro de la acción de cumplimiento
instaurada por el acá actor señor Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez y, si bien es cierto
que la falta de registro no afecta la validez del acto, también lo es que incide en su
oponibilidad.
260. La Sala advierte que la protección de la zona de interés ecológico nacional
Cerros Orientales de Bogotá y la Reserva Forestal Productora y Protectora de la
cuenca alta del río Bogotá no depende de la publicidad del Acuerdo de creación de
la misma.
261. La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la eficacia de un acto
administrativo supone, por lo menos, que éste sea conocido por los administrados,
esto es, que se le haya dado publicidad al acto para que el mismo sea exigible y
oponible113.
262. En lo atinente a los actos de carácter general, en principio, no se requiere una
notificación personal, toda vez que el CCA en su artículo 43 dispone que esa clase
de actos son obligatorios cuando hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el
diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto, o en un periódico
de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expide el acto, los
municipios en donde no haya órgano oficial de publicidad podrán divulgar estos
actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros
medios, o por bando.
263. No obstante, como se precisó, dicha disposición consagró que además de la
publicación en el Diario Oficial se debía proceder a la inscripción en la Oficina de
113 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de julio de
2018. Rad.: 2012-00073. Magistrado Ponente: Dr. Oswaldo Giraldo López.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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Registro de Instrumentos Públicos, de “[…] acuerdo con lo dispuesto en los artículos
96 y 97 del Código Fiscal Nacional […]”.
264. La finalidad de dicha medida se encontraba dirigida a garantizar los derechos
de las personas que podían verse afectadas por la decisión de proteger las zonas
de reserva ambiental forestal y protectoras productoras y las limitaciones que ello
implicaba.
265. En términos generales, la falta del cumplimiento del requisito de publicidad
conduce a la ineficacia de los actos administrativos y, por ende, a su inoponiblidad.
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que, en desarrollo
del principio de instrumentalidad de las formas, si la finalidad que se buscaba con
el cumplimiento de la notificación (la publicidad del acto) se cumplió, el haberla
omitido o haberla hecho indebidamente no afecta la eficacia del acto 114. Ello ocurre,
verbi gracia, cuando releva el conocimiento del acto por algún medio o cuando
consienta en él.
266. En este sentido, la Corte Constitucional115 consideró importante preguntarse
¿cuándo debe entenderse que una persona ha sido notificada por conducta
concluyente del Acuerdo 30 de 1976 y la Resolución Ejecutiva 76 de 1977?, para lo
cual señaló que, desde el punto de vista del análisis constitucional, es preciso
resaltar los factores de análisis que todo juez, bajo el orden constitucional vigente,
ha de considerar.
“[…] (i) La interpretación de reglas anteriores a la Constitución de 1991,
en especial aquellas proferidas por entes de la administración, debe
adecuarse a los principios de un estado social y democrático de derecho.
En especial cuando de esta norma depende la protección de valores o
principios constitucionales imperiosos, como lo es la protección de los
recursos naturales y culturales, por parte tanto del Estado como de los
particulares.
Debe tenerse en cuenta que en este caso la norma ha debido ser
publicitada de acuerdo con lo dispuesto en el Código Fiscal Nacional,
Ley 110 de 1912, ley expedida en un momento en el que la protección al
medio ambiente no tenía el valor que tiene actualmente en la
Constitución y no existía la exigencia de que dicha protección sea real y
efectiva. La interpretación de estas normas ha de hacerse a la luz del
orden constitucional vigente.
(ii) Para establecer si la Resolución 76 de 1977 es oponible o no a una
persona, debe tenerse en cuenta si ésta conocía el acto o no. Por
ejemplo, aquellos casos en que la persona ha interpuesto recursos
114 Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 13 de agosto de 2004. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda.
115 Ibidem.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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administrativos o judiciales acerca de la validez, la legalidad o a la
aplicación de la Resolución, evidencian, de forma cierta y manifiesta, que
el acto se conocía.
(iii) La oponibilidad de la Resolución 76 de 1977 también dependerá de
la materia que esté bajo discusión. Por ejemplo, debe tenerse en cuenta
si la actividad que pretende desarrollar la persona es de aquellas que se
encuentra dentro de la órbita del libre ejercicio de sus derechos, o si, por
el contrario, se trata de una actividad sometida a una intensa
intervención y control del Estado. En el primer caso, el Estado tiene un
deber de publicidad frente al administrado, puesto que materialmente se
le están limitando sus derechos. Si no se entera del acto es probable
que, de buena fe, desconozca la regla que ha debido seguir. En el
segundo caso, por el contrario, el particular es responsable de conocer
las reglas de la actividad estatal que desea llevar a cabo para poder
ejercerla. Si se trata de casos de explotación minera, por ejemplo, debe
tenerse en cuenta que se trata de una industria declarada legalmente
“de utilidad pública o interés social” (Ley 57 de 1987, art 1º, ord. 7) […]”:
267. Cabe resaltar que la ineficacia del Acuerdo 30 de 1976 se podría predicar del
particular afectado que no conocía la decisión de la administración, pero, en ningún
caso, del Estado quien tiene la responsabilidad y obligación de proteger los recursos
ambientales de la Nación.
268. Así lo consideró la Corte Constitucional cuando precisó que “[…] la
inoponibilidad se predica, principalmente, en beneficio de un particular, no del
Estado. Mucho menos si se trata de autoridades ambientales o de autoridades que
tengan competencias específicas sobre la materia […]”116.
269. Nótese, entonces, que el Acuerdo 30 de 1976 es oponible a aquellas
autoridades que tienen responsabilidades sobre el manejo de los recursos naturales
y que cumplen funciones de vigilancia en el sector, como es el caso del Ministerio
de Minas y Energía.
270. En consecuencia, no podría fundamentarse la inaplicabilidad de la regulación
ambiental y el desconocimiento de las áreas de interés ecológico nacional, llámense
Reserva Forestal Protectora o Reserva Forestal Protectora Productora, en una
pretendida ineficacia del Acuerdo 30 de 1976, máxime cuando las normas
ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de
renuncia a su aplicación, tal y como lo dispone el artículo 107, inciso 2°, Ley 99 de
1993.
116 Ibidem.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
IV.3.2.3. Ubicación del predio denominado El Santuario objeto de expropiación
271. De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala considera necesario
tener en cuenta lo demostrado en el plenario y del cual se advierte que el predio El
Santuario: (i) hace parte de la reserva forestal protectora y productora de la cuenca
alta del río Bogotá; (ii) se encuentra excluido de las áreas compatibles con la
actividad minera y; (iii) sobrepasa el espacio geográfico de los títulos mineros 16569
y 16715, tal y como se observa a continuación:
272. En este proceso se acreditó que la sociedad Constructora Palo Alto solicitó al
Ministerio de Minas y Energía, mediante oficio 00007 de 5 de mayo de 2000, que
decretara por motivos de utilidad pública e interés social, la expropiación del predio
denominado El Santuario con folio de matrícula 50N-20334163117. Como
fundamento de la solicitud la sociedad explicó, entre otros aspectos, lo siguiente:
“[…] 11. Para poder realizar sus actividades mineras en forma óptima, la
sociedad CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA S. EN C. requiere utilizar el
predio rural privado que se identifica en el plano adjunto y que se denomina E1
SANTUARIO, y que se encuentra ubicado dentro del área contractual, en el
municipio de la CALERA. Anexo No 7 12. Los Títulos Mineros 16.569 y 16.715
se encuentran plenamente vigentes, y otorgan a la sociedad
CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA S.EN C la facultad exclusiva de explorar
y explotar los yacimientos de materiales de construcción que puedan existir en
las zonas contratadas.
13.- Posterior a la firma de los Contratos de Concesión No 16.569 y No
16.715 los titulares de estos han sido víctimas de perturbaciones,
atentados, amenazas, borrado ilegal de gravámenes mineros y falsas
denuncias dentro de los más evidentes están: (…)
Sin embargo, la adquisición directa de tal predio no ha sido posible, porque los
actuales propietarios se niegan a vender, tal y como consta en la comunicación
adjunta. (…)
INI.- UTILIZACIÓN DEL PREDIO A EXPROPIAR
El predio cuya expropiación se solicita, es en conjunto lo que se denomina en
Desarrollo Sostenible una MAQUINA VIVA y cubre áreas destinadas
exclusivamente a la explotación minera, áreas destinadas al apoyo logístico-
técnico de la actividad minera, y áreas de manejo, conservación y producción
ambiental, fábricas de agua, elemento vital para la viabilidad económica del
proyecto minero.
117 Folios 477 y ss.
61
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
(…) en este caso que nos ocupa las áreas requeridas como vitales para la
sostenibilidad del proyecto en su gran mayoría se encuentran dentro del área
de los Contratos de Concesión No 16.569 y No 16.715, pero algunas áreas
que desde el año 1993 empezaron a ser revegetalizadas mediante
proyectos científicamente planeados y ejecutados cuyos resultados ya
fueron reconocidos por la C.A.R como es el de la siembra de 60.000
árboles nativos y que ya empezaron a rendir sus resultados en cuanto a
la producción de agua, en el momento de iniciarse el proyecto minero,
año 1993, la Quebrada el Ocal no tenía agua, lo cual imposibilitaba el
lavado de arena, hoy, gracias al manejo ambiental planeado y permanente
ya existe agua lo que permite potencializar y viabilizar el proyecto.
Los terrenos que se encuentran por fuera de los Títulos mineros serán
empleados como áreas para localizar provisionalmente la capa vegetal e
"inerte y como fábricas de agua. Bosque Nativo, que gracias al manejo
ambiental cada vez será más frondoso y con mayor masa vegetal lo cual
permitirá mayor captación de agua de rocío, redundando en una mayor
posibilidad de captación de agua para el proyecto minero.
Como resultado final de explotaciones previamente planeadas para tal fin, se
han construido 6 Humedales Artificiales que serán habitad-humedal de un
aviario de especies en peligro de extinción en la Sabana de Bogotá y que
servirán a la vez de Reservorio de aguas lluvias para épocas de verano y al
final de ellas se montará la estación de Bombeo […]” (Negrillas fuera de
texto).
273. Dicha petición tenía adjunta la siguiente cartografía que acredita que el
Ministerio de Minas y Energía, al adoptar esa decisión, consideró el área geográfica
de los títulos, y las determinantes del Plan de Ordenamiento Territorial de la Calera.
Mapa 2
Delimitación predio “El Santuario”
62
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Mapa 2
Títulos mineros
16569
16715
Mapa 3
Destinación de los predios
“Fábrica
de agua”
Mapa 4
POT LA CALERA CUNDINAMARCA
Zona de uso minero y
recuperación morfológica
Zona de uso residencial y
turístico
Reserva minera de la
sociedad civil El Santuario
Reserva forestal protectora
para la conservación y
preservación del agua
274. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 184 del Estatuto Minero, el
Ministerio de Minas y Energía solicitó mediante el oficio número 31655 del 17 de
mayo de 2000 a la Presidencia de la Empresa Nacional Minera Ltda. (Minercol
Ltda.), la designación de unos funcionarios con el fin de que efectuaran la visita
técnica a la zona de la solicitud de expropiación formulada por la sociedad
constructora, para la inspección y examen del predio rural.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
275. En informe de 29 de marzo de 1993, la Dirección General de Minas, División de
Seguridad e Higiene del Ministerio de Minas y Energía, manifestó que las zonas de
los contratos de concesión minera se localizan en las áreas de la Reserva Forestal
Protectora y Productora de la cuenca alta del río Bogotá, de conformidad con el
artículo 9º del Decreto 2655 de 1988.
276. En el informe GOR. 20009.MAAA de 14 de junio de 2000, el ingeniero geólogo
de Minercol Ltda. advirtió al Ministerio de Minas y Energía que el titular de las
concesiones estaba desarrollando actividades extractivas por fuera del título en el
sector catalogado como “fábrica de agua”, como se detalla a continuación:
“[…] La Constructora Palo Alto y Cia S en C. como titular de los Contratos de
Concesión 16.569 y 16.715 en ejercicio de lo establecido en el Código de Minas
en su art. 169, ejerce la servidumbre minera sobre el área específica de los
Títulos Mineros y sobre un área anexa que denominan "fábrica de agua”
impuesta por la Corporación Antónima Regional y que no es más que un
bosque recuperado por dicha compañía y que actualmente gracias a su manejo
técnico produce agua vital para el futuro de la sostenibilidad del proyecto
minero (planta lavadora de arena) y para la supervivencia futura de los
habitantes del sector.
(…) CONCLUSIONES (…)
El titular de los citados contratos Constructora Palo Alto y Cia. S en C explota
una zona por fuera del área del contrato 16.569 amparado en el Plan de
Manejo y Restauración Ambiental impuesto a través de la Resolución
0421 de 1997, para la recuperación de explotaciones antitécnicas
realizadas previamente al contrato y sustenta su aprovechamiento
basándose en la Resolución 1277 del 26 de noviembre de 1995 del
Ministerio del Medio Ambiente: "Los materiales extraídos durante la
ejecución del plan de manejo, Recuperación o restauración Ambiental,
establecido a impuesto por la autoridad ambiental competente podrán ser
comercializados" según esta resolución dicha explotación no sería ilegal[…]”118.
(Negrillas fuera de texto).
277. El 14 de agosto de 2000 Minercol Ltda. remitió al Ministerio de Minas y Energía
el informe de la visita efectuada los días 28 a 30 de junio de 2000, en el cual se
presentaron las siguientes conclusiones y recomendaciones:
“[…] 6.2. Con base en los planos topográficos, la cartera de coordenadas
allegados por la sociedad Constructora Palo Alto y Cia., S. en C., y el
levantamiento topográfico efectuado tanto al predio denominado El Santuario
como a los contratos de concesión números 16.569 y 16.715 se concluye que:
• El área del predio objeto de la expropiación se superpone totalmente
con el área del Contrato de Concesión N° 16.569.
118 Folio 12 y ss anexo 4.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
• El área del predio El Santuario se superpone parcialmente con el
área del contrato de concesión N° 16.715.
• Las áreas de los Contratos de Concesión números 16.569 y 16.715 son
contiguas.
• El predio El Santuario tiene una extensión de 165.77 hectáreas, de
las cuales 125.25 hectáreas (el 75.56% del terreno) están incluidas dentro
de los Contratos N° 16.569 y 16.715.
• 40.52 hectáreas (el 24.44%) del predio El Santuario se encuentran
por fuera de los Contratos N° 16.569 y 16.715.
• Las anteriores 40.52 hectáreas del predio objeto de la solicitud de
expropiación no serán afectadas por la minería, empero, en esta zona se
está adelantando labores de recuperación del bosque nativo. (…)
6.5. Una vez realizada la inspección técnica y el levantamiento topográfico tanto
al predio El Santuario, como a los Contratos de Concesión números 16.569 y
16.715, localizados en el municipio de La Calera, departamento de
Cundinamarca, dentro del trámite de expropiación instaurado por la sociedad
Constructora Palo Alto y Cia., S. en C., ante el Ministerio de Minas y Energía, se
concluye que: se hace necesaria la afectación del Predio El Santuario, para
que las actividades de explotación y beneficio de los materiales de
construcción (arenas), que se realizan en el área de los Contratos de
Concesión números 16.569 y 16.715, se adelanten dentro de un
DESARROLLO SOSTENIBLE. […]”119 (Negrillas fuera de texto).
278. Con fundamento en lo anterior, en la Resolución 8 109812 de octubre de 2000,
el Ministerio de Minas y Energía resolvió “[d]ecretar por motivos de utilidad pública
e interés social, la expropiación del predio rural denominado El Santuario, ubicado
en jurisdicción del municipio de La Calera, departamento de Cundinamarca (…)”. La
parte motiva del acto acusado aclaró lo siguiente:
“[…] Que los títulos mineros se encuentran plenamente vigentes y otorgan a la
sociedad CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA. S. EN C. la facultad exclusiva
de explorar y explotar los yacimientos de materiales de construcción que
puedan existir en las zonas contratadas;
Que la sociedad CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA. S. EN C., a través de
apoderado formuló por motivos de utilidad pública e interés social, solicitud de
expropiación a su favor, del predio EL SANTUARIO, que hace parte de la finca
LOMITAS, distinguido con el folio de Matricula Inmobiliaria número 50N-
20334163 (…).
Que la solicitud tiene como fundamento entre otros el hecho de que la
sociedad CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA... S. EN C., requiere dicho
predio para ser destinado y utilizado en la explotación de materiales de
construcción y demás actividades mineras complementarias, vitales e
119 Folios 487 y ss Cuaderno 1 exp. 2001-00126.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
indispensables para el desarrollo de los contratos mineros números
16.569 y 16.715;
Que la solicitud reúne los requisitos que señala el artículo 183 referido, así: a)
Nombre y domicilio del solicitante; b) Clase y número de registro del título
minero que lo habilita para realizar las actividades de explotación minera o de
ejercitar las correspondientes servidumbres; c) La manifestación del interés
legítimo que tiene CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA. S. EN C. en las
actividades a que se refiere el artículo 7o. del Código de Minas, lo cual acredita
con la presentación de los Certificados de Registro Minero correspondientes a
los contratos de concesión minera números 16.569 y 16.715 de los cuales es
su titular, la exposición de las razones por las cuales, a su juicio la expropiación
es necesaria para el desarrollo de las actividades objeto de los contratos
citados, e igualmente señala los beneficios económicos que obtendrá
CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA. S. EN C. con la expropiación solicitada;
d) nombre, domicilio y residencia del dueño o poseedor de dichos bienes y e)
El área y linderos del predio adjuntando los planos técnicos y el certificado de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos sobre matrícula e inscripción
vigente; Que el señor apoderado de la sociedad CONSTRUCTORA PALO
ALTO Y CIA. S. EN C., manifiesta en el escrito de solicitud que las constantes
perturbaciones y agresiones por parte de los propietarios de la finca Las Lomas,
impiden a la sociedad CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA. S. EN C. el
normal desarrollo de la actividad minera, no obstante, el haber realizado
ingentes esfuerzos tendientes a adquirir, mediante negociación directa el predio
rural, cuya expropiación solicita; Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 184 del Estatuto Minero, este Ministerio solicitó mediante oficio
número 31655 del 17 de mayo de 2000, a la Presidencia de la Empresa
Nacional. Minera. A (da EMINERCÓL LTDA.,
Que mediante comunicación 06436 del 14 de agosto de 2000, radicada en el
Ministerio con el número 33043 de la misma fecha, MINERCOL LTDA., remitió
el informe de visita efectuada durante los días 28 al 30 de junio de 2000,
elaborado por el Ingeniero Manuel Acevedo López, Gerencia Operativa
Regional No. 2, Ubaté de la citada Empresa, en el cual señaló en su numeral
6: "6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. (…) se hace necesaria la
afectación del predio El Santuario, para que las actividades de
explotación y beneficio de los materiales de construcción (arenas), que
se realizan en el área de los contratos de Concesión números 16569 y
16715, se adelanten dentro de un desarrollo sostenible”. Teniendo en
cuenta que se encuentran debidamente acreditados los requisitos exigidos por
el Código de Minas, es procedente decretar la expropiación del predio solicitado
a favor de la sociedad CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA S. EN C. (sic)
RESUELVE:
Decretar por motivos de utilidad pública e interés social, la expropiación del
predio rural denominado El Santuario, ubicado en jurisdicción del municipio de
La Calera, departamento de Cundinamarca, cuyo propietario, área y
coordenadas se describen a continuación: (…). POSEEDOR: RICARDO
VARGAS SIERRA (…) EXTENSIÓN SUPERFICIARIA: 165,77 hectáreas […]”
(negrillas fuera de texto).
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
279. Posteriormente, mediante Resolución número 8 0027 de 12 de enero de 2001,
el Ministerio de Minas y Energía resolvió los recursos de reposición presentados por
la Constructora Palo Alto y Cia. S. en C. y la señora Alba Tulia Peñarete Murcia.
Adicionalmente, respecto de la problemática del debate judicial, la cartera
ministerial demandada consideró lo siguiente:
“[…] es pertinente señalar que efectivamente en lo que se relaciona con las
actividades mineras, con la expedición de la Ley 99 de 1993, fueron
deslindadas las competencias en estas dos materias.
Por lo tanto, los actos administrativos expedidos por la autoridad
ambiental respecto de los Contratos de Concesión en cuestión son
independientes de los proferidos por el Ministerio de Minas y Energía;
razón por la cual, si existe alguna inconformidad en relación con los actos
emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR,
deberá dirigir los respectivos recursos ante esa Entidad.
Sin embargo, es preciso aclarar que respecto del Contrato de Concesión
Minera número 16569, (…) la CAR profirió la Resolución número 0421 del
17 de marzo de 1997, mediante la cual ordenó al titular del Contrato
ejecutar el Plan de Manejo y Restauración Ambiental para la actividad
extractiva de material de construcción, que adelanta en una fracción de
terreno que hace parte del inmueble denominado Lomitas, cuyos linderos
y demás especificaciones se hallan consignadas en la cláusula tercera del
Contrato de Concesión celebrado el 12 de julio de 1993, entre este Ministerio y
el señor Ricardo Vanegas Sierra. Algunos apartes de dicho acto
administrativo son los siguientes:
"Que en el caso sub examine, el titulo minero otorgado por el Ministerio de
Minas y Energía a favor del señor Ricardo Vanegas Sierra se produjo con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del precitado precepto,
título inscrito en el registro minero el 9 de febrero de 1993, bajo el Código
930158 - 16569 - 03 - 00000 - 00.
"Que al tenor de lo consagrado en el artículo 6° del Código de Minas, el contrato
de concesión celebrado, entre el Ministerio de Minas y Energía y el señor
Ricardo Vanegas Sierra, (…) constituye una situación jurídica, subjetiva y
concreta radicada en cabeza del concesionario.
"Que en ejercicio de las facultades consagradas en él numeral 7° del artículo
313 de la Constitución Nacional, el Concejo Municipal de La Calera mediante
el acuerdo 24 de junio de 1995, reglamentó el uso del suelo de la referida
localidad declarando el sector donde se ubica la industria extractiva
compatible con la actividad minera y cuyo plan de manejo es objeto de
evaluación en este acto administrativo.
"Que el área declarada por el Concejo Municipal de La Calera a través del acto
administrativo inmediatamente citado corresponde igualmente a un área
productora - productora, según el acuerdo 33 de 1979, originario de la Junta
Directiva de la CAR.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
Colombiana - ASOECO
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
"Que con todo aún la dificultad interpretativa originada por la disyuntiva
normativa provocada por las reglamentaciones del uso del suelo contempladas
en los acuerdos 24 del 11 de junio de 1995 y el acuerdo 33 de 1979 de la Junta
Directiva de la CAR, debe resolverse atendiendo a la potestad reguladora
conferida por los numerales 7 y 9 del artículo 313 de la Constitución
Nacional, norma que revistió de autonomía a los entes territoriales para
reglamentar los usos del suelo.
(…) Con fundamento en la anterior disposición la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca - CAR, expidió la Resolución número 0421 del 17
de marzo de 1997, por medio de la cual ordenó ejecutar el plan de manejo y
restauración ambiental para la actividad extractiva de material de construcción
dentro del área delimitada en la cláusula tercera del contrato de concesión
número 16.569 […]” (Negrillas fuera de texto).
280. Como se evidencia, el Ministerio de Minas y Energía conocía desde el 24 de
agosto de 1992 que la zona otorgada en las concesiones mineras que
fundamentaron los actos de declaratoria de expropiación pertenecía a un área
forestal protectora-productora.
281. En esa fecha, el señor Ricardo Vanegas Sierra presentó una solicitud de licencia
de explotación técnica de materiales de construcción dentro de un área de 27.33
hectáreas120 y acompañó ese formulario con los siguientes anexos:
“[…] 1. Copia Acuerdo 53 de 1981 de la C.A.R. (Artículo 23 donde se determinan
las Reservas Forestales)
2.Resolución 76 de 1977 donde se determina la Reserva Bosque Oriental de
Bogotá.
3.Acuerdo 14 de 1980 por la cual se declara zona de Reserva Forestal la
Calera.
4. Resolución 209 de 1991 del Ministerio de Obras Publicas por el cual se
declara de utilidad pública una zona para el embalse de San Rafael.
5. Plano general incluyendo zonas de reserva Forestal existentes en la
solicitud […]”121 (Negrillas fuera de texto).
282. Porsu parte, el señor Jorge Enrique Ponguta Orduz presentó el 22 de
septiembre de 1992 una solicitud de licencia de explotación técnica de materiales
de construcción dentro de un área de 186 hectáreas122.
283. Para resolver ambas solicitudes, mediante oficios 512-4626 y 512-4628 de 30
de octubre de 1992, el Ministerio de Minas solicitó a la CAR concepto sobre la
120 Folio 1 y ss del anexo 6.
121 Folio 3 del anexo 6.
122 Folio 9 del anexo 1.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
viabilidad de las labores mineras en el área de la solicitud de licencia número
16.569123.
284. El 3 de diciembre de 1992 la Subdirección de Manejo y Control de Recurso
Naturales de la CAR emitió la siguiente respuesta a la solicitud:
“[…] La Corporación no considera viable la localización de industrias para
efectuar labores de minería por cuanto el área objeto de la petición en la licencia
16569 se encuentra localizada en los Cerros Orientales de Bogotá dentro
del área declarada como zona de reserva forestal protectora mediante la
Resolución Ejecutiva No 76 de 1977, en donde la actividad minera es
incompatible con los méritos ecológicos.
La zona debe conservarse y protegerse de usos que no compatibles con la
preservación y conservación […]"124 (Negrillas fuera de texto).
285. Posteriormente, mediante oficio 13398 de 17 de diciembre de 1992, la autoridad
ambiental rectificó la anterior respuesta, en el siguiente sentido:
“[…] la zona donde se localiza el área solicitada por el señor Ricardo Vanegas
mediante Licencia No. 16569 no corresponde al Distrito Capital Santafé de
Bogotá, por lo tanto, no hace parte del área de Reserva Forestal
Protectora, según lo establecido en el Artículo 1° del Acuerdo 30 de 1976 del
Inderena acogido por la Resolución Ejecutiva 76 de 1997.
[…] el predio se ubica sobre la vertiente de la cuenca del Río Teusacá, en
la zona que corresponde al Área de Reserva Forestal Protectora
Productora de acuerdo con lo establecido en el Artículo Segundo del
mismo Acuerdo de Inderena y acogido por la Resolución Ejecutiva 76 de
1977 […]"125 (Negrillas fuera de texto).
286. La Sección de Estudios de Ingeniería del Ministerio, mediante concepto de 22
de diciembre de 1992, acogió el concepto de la CAR en la evaluación de la solicitud
16569, para concluir lo siguiente:
“[…] En virtud de que las zonas de reserva no están restringidas totalmente
para la realización de actividades económicas, la sección procedió a efectuar
un nuevo estudio después del cual manifiesta que la ubicación, y área
objeto de la solicitud 16569 quedan correctas y por tanto la solicitud es
técnicamente aceptable.
La División Legal de Minas indicara el trámite a seguir con relación a la
licencia previa y los artículos 208 y 210 del Decreto 2811 de 1974 […]”126
(Negrillas fuera de texto).
123 Folio 225 del cuaderno 1 del expediente 2001-00126.
124 Folio 65 del anexo 6.
125 Folio 226 ibidem.
126 Folio 228 ibidem.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
287. Igual aconteció en el trámite de la solicitud 16715, oportunidad en la que la
Sección de Estudios de Ingeniería del Ministerio emitió concepto favorable el 30 de
diciembre de 1992, tras considerar que:
“[…] En vista de que el área se encuentra en la misma zona a la que se refiere
la copia del oficio (…) 015341 de diciembre 17 de 1992 (…), se puede decir
que el área de la referencia no hace parte de reserva forestal protectora. Por
tanto, se considera técnicamente aceptable […]” (Negrillas fuera de
texto).
288. El 4 de enero de 1993, el Ministerio de Minas y Energía profirió las Resoluciones
50001 y 50006, por medio de las cuales otorgó a los señores Ricardo Vanegas
Sierra y Jorge Enrique Ponguta Orduz las licencias de exploración 16569 y
16715127.
289. El 9 de marzo de 1993 la Sección de Protección del Medio Ambiente de la
División de Seguridad e Higiene Minera de la Dirección General de Minas del
Ministerio de Minas y Energía, luego de revisar el estudio de declaración de impacto
ambiental presentado el 22 de diciembre de 1992 por el beneficiario de la Licencia
16569, emitió el siguiente pronunciamiento:
“[…] En cuanto a la Reserva Forestal Protectora a que se refiere el artículo 1o
de la Resolución Ejecutiva No 076 del 1977, se anota que la zona otorgada al
señor Ricardo Vanegas no está incluida dentro de dicha reserva, cuanto no hace
parte de la zona denominada por Bosque Oriental de Bogotá, sino que
corresponde a la vertiente opuesta.
No obstante, lo anterior la zona otorgada debe considerarse como un área
forestal protectora-productora […]”.
(…) Concepto
1. Aprobar en lo que compete al Ministerio de Minas y Energía el estudio
de declaración de efecto ambiental para la explotación de materiales de
Construcción que pretende llevar a cabo el señor Ricardo Vanegas Sierra,
en el área de la Licencia No 16569, ubicada en el municipio de La Calera,
departamento de Cundinamarca.
2. En consecuencia de lo anterior el señor Ricardo Vanegas Sierra debe
ejecutar paralelamente con la explotación las obras de control y manejo
ambiental recomendadas en el estudio presentado, así como todas
aquellas que determinen estudios posteriores o que resultaren del
monitoreo y seguimiento que se realice durante el tiempo de operación del
proyecto.
3. El presente concepto no releva al señor Ricardo Vanegas Sierra de
adelantar ante las demás entidades las licencias, permisos o concesiones
que se requiera para el desarrollo de la actividad minera a realizarse en el
127 Folio 240 ibidem.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
área del proyecto, haciéndose además responsable por los daños que se
ocasione a terceros con la ejecución del mismo.
4. El señor Ricardo Vanegas Sierra debe presentar anualmente a consideración
del Ministerio de Minas y Energía para evaluación y concepto informes de
avance relativos a la forma como se adelanta el plan de control y manejo
ambiental del proyecto (…)
5. Para efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones antes
impuestas, el Ministerio de Minas y Energía como las demás autoridades
ambientales tendrán libre acceso a las instalaciones del proyecto […]”128.
(Negrillas fuera de texto).
290. El 27 de mayo de 1993 la Sección de Protección del Medio Ambiente de la
División de Seguridad e Higiene Minera de la Dirección General de Minas del
Ministerio de Minas y Energía, aprobó la declaración de impacto ambiental
presentado por el beneficiario de la Licencia 16715. Esa decisión se dio en los
mismos términos del concepto de la Licencia 16.569, salvo por la orden de ejecutar
las obras de control y manejo ambiental recomendadas en el estudio presentado,
que no debe hacerse de forma “paralela”, sino “inmediatamente”129.
291. A través de auto de 3 de junio de 1993, la Dirección General de Asuntos Legales
División Legal de Minas del Ministerio de Minas y Energía dispuso que: "[…] antes
de la suscripción del contrato, la Sección de Protección del Medio Ambiente, deberá
conceptuar si el interesado cumple con la comprobación exigida en el inciso
segundo (2º) del artículo 208 del Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos
Naturales), y sí, por lo tanto, su concepto del 9 de marzo de 1993 tiene ese alcance
[…]”.
292. La Dirección General de Minas, el 22 de junio de 1993 se pronunció al respecto,
en los siguientes términos:
“[…] El Gobierno Nacional delegó en las Corporaciones Regionales, entre
ellas a la CAR, mediante la Ley 2ª de 1978, la administración, el manejo y
conservación de los recursos naturales renovables, existentes en el área
de su jurisdicción.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2190 de 1976, la Ley 2ª de 1978
y la Resolución No. 76 de 1977, la C.A.R. mediante Acuerdo No. 33 de 1979,
adoptó el Estatuto de Zonificación correspondiente al territorio de
jurisdicción de dicha Corporación. En el citado Acuerdo, el área
correspondiente a la Licencia No. 16569 se encuentra dentro de la
denominada Zona Rural Protectora Productora.
[…] le corresponde al Ministerio de Minas y Energía el señalamiento de zonas
restringidas para la minería; en tal sentido en la Resolución No. 2007 del 4 de
128 Folio 252 y ss
129 Folio 255 y ss.
71
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
enero de 1991, dictada dentro del R.M.C. No. 008, se señala que de
conformidad con lo establecido en los Capítulos VIl y Vill del citado Acuerdo
No. 33, en las zonas ZR - R y ZR - Res., enunciadas en los artículos 23, 24, 25,
26, 27 y 28 del mismo, no se pueden adelantar trabajos mineros de
prospección, exploración o explotación, por constituir zonas rurales
recreacionales y de reservas;
En los artículos 208 y 210 del Decreto 2811 de 1974, se habla de los
requerimientos de licencia previa para la realización de actividades
económicas dentro de las áreas de Reservas Forestal. Al estar la Licencia
No. 16569 en ZRPP, no debe cumplir con los requisitos establecidos
específicamente para las reservas, va que una cosa es Reserva y otra
cosa es Zona Rural […]”130 (Negrillas fuera de texto).
293. De otra parte, es necesario destacar que, conforme a las pruebas el titular
minero consiente de la afectación derivada del desarrollo de actividades mineras en
el área protegida obtuvo la aprobación del Plan de Manejo y Restauración Ambiental
del contrato 16569, pero no logró la aprobación del respectivo plan para el contrato
16715 a pesar de la extensión geográfica de dicha concesión.
[…]”131
294. En efecto, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 6° de la Resolución
222 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, el señor Ricardo Vanegas Sierra
presentó ante la CAR el Plan de Manejo y Restauración Ambiental del contrato
16.569.
295. Cabe resalar que el artículo 6º del mencionado acto administrativo se aplica a
las actividades mineras que al momento de la expedición del mismo cuenten con
los permisos, concesiones, contratos o licencias vigentes, otorgados por el
Ministerio de Minas, pero estén localizadas fuera de las zonas declaradas como
compatibles con la minería, delimitadas en el Artículo 5 de la presente Resolución.
296. Mediante Resolución 0421 del 17 de marzo de 1997132, la CAR aprobó dicho
plan de manejo y restauración ambiental y, como fundamento de esa decisión,
consideró lo siguiente:
130 Folio 122 del anexo 6.
131 Folios 487 y ss Cuaderno 1 exp. 2001-00126
132 Folios 474 y ss del cuaderno 1 Exp. 03-24-000-2001-00126-01
72
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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“[…] Que en desarrollo de las atribuciones asignadas en el inciso 2 del artículo
61 de la ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente, expidió la Resolución
0222 del 3 de agosto de 1994, por la cual se determinan las zonas compatibles
para las explotaciones mineras de materiales de construcción en la Sabana de
Bogotá, disposición aclarada posteriormente con la resolución 0249 del 3 de
agosto del mismo año.
Que en artículo 6 de la resolución 0222 y en el artículo 2 de la resolución 0249
del 3 y 5 de Agosto, respectivamente, de 1994, se dispuso lo siguiente: las
actividades mineras que el momento de la expedición de la presente
resolución cuenten con los permisos, concesiones, contratos y licencias
vigentes otorgadas por el Ministerio de Minas y estén localizadas fuera de
las zonas delimitadas en el artículo 4 de la presente resolución, deberán
presentar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de ésta
un plan de manejo y restauración ambiental ante la autoridad competente,
quién se pronunciará sobre el mismo. (…)
Que en acatamiento a lo reglado en las normas transcritas, el señor Ricardo
Vanegas Sierra, titular del Contrato de Concesión 16.569, celebrado entre el
citado señor Vanegas y el Ministerio de Minas y Energía, acto cumplido el 12
de julio de 1993 y debidamente escrito en el registro minero bajo el código 93-
0158-16569-03-00000-00 según se acredita con las respectivas copias de los
documentos públicos mencionados estando dentro del término previsto para tal
efecto, presentó el correspondiente estudio de restauración ambiental.
(…) Que en caso sub examine, el titulo minero otorgado por el Ministerio de
Minas y Energía a favor del señor Ricardo Vanegas Sierra se produjo con
anterioridad a la declaratoria de Inexequibilidad del precitado precepto título
inscrito en el registro minero el 9 de febrero de 1993, bajo el código 930158-
19569-03-00000-00.
Que al tenor de lo consagrado en el artículo 6 del Código de Minas y Energía y
el señor Ricardo Vanegas Sierra, mediante el cual la citada entidad en su
condición de administradora de los recursos naturales no renovables de
propiedad de la nación concedió a favor del citado señor, la explotación y
apropiación del mineral de construcción, con un mínimo anual de 14.440 metros
cúbicos que se encuentre en el globo de terreno, ubicado en jurisdicción del
municipio de la Calera, departamento de Cundinamarca, cuyos linderos y
demás especificaciones aparecen consignadas en la cláusula 3 del referido
contrato, constituye un situación jurídica, subjetiva y concreta radicada en
cabeza del concesionario.
Que en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 7 del artículo 313
de la Constitución Nacional, el Concejo Municipal de la Calera mediante el
acuerdo 24 de junio de 1995, reglamentó el uso del suelo de la referida
localidad declarando el sector donde se ubica la industria extractiva
compatible con la actividad minera y cuyo plan de manejo es objeto de
evaluación en este acto administrativo.
Que el área declarada por el Concejo Municipal de la Calera a través del acto
administrativo inmediatamente citado, corresponde igualmente a un área
productora- productora, según el acuerdo 33 de 1979, originario de la
Junta Directiva de la Car.
73
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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Que con todo aún, la dificultad interpretativa originada por la disyuntiva
normativa provocada por las reglamentaciones del uso del suelo
contempladas en los acuerdos 24 del 11 de junio de 1995 y el acuerdo 33
de 1979 de la Junta Directiva de la CAR, debe resolverse atendiendo a la
protestad reguladora conferida por los numerales 7 y 9 del artículo 313 de
la Constitución Nacional, norma que revistió de autonomía a los entes
territoriales para reglamentar los usos del suelo.
Que, con fundamento en el concepto técnico del 29 de mayo de 1996, se colige
que la industria extractiva corresponde al título minero 16569 de 1993,
garantiza un aprovechamiento racional de los recursos naturales,
circunstancia que conduce a ordenar la ejecución del plan de manejo y
restauración ambiental presentado por el concesionario Señor Vanegas
Sierra […]”133 (Negrillas fuera de texto).
297. La División de Seguimiento y Control de la Subdirección Control Calidad
Ambiental de la CAR, en el informe técnico DSC-17 de 25 de enero de 2001, explicó
lo siguiente:
“[…] Contratos de Concesión vs. Zona de Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá
Los contratos de concesión 16715 y 15569, y frentes de explotación
identificados dentro de ellos, se encuentran fuera del Área de Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental Bogotá; sin embargo, estos títulos mineros se
localizan dentro de Zona de Reserva forestal Protectora- productora.
Adicionalmente, se ubican fuera de las zonas compatibles con la minería
según resolución 222/94.
(…) 4.2 CONTRATO 16715
(…) Los contratos de concesión 16569 y 16715 y frentes de explotación dentro
de ellos, se ubican por fuera de la Zona de Reserva Forestal Protectora (artículo
1º) y dentro de la Zona de Reserva Forestal Protectora-Productora
(artículo 2° resolución 076/77. (…)
El Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente (decreto 2811/74), articulo 206, define como áreas de Reserva
Forestal "la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla
exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional
de áreas forestales productoras, protectoras y productoras-protectoras".
[…]
Igualmente, el Acuerdo 016798 define que el uso principal de las Áreas
forestales Protectoras-productoras, es la conservación y establecimiento
forestal. Sus usos compatibles son la recreación contemplativa,
rehabilitación e investigación controlada. Como usos condicionados, la
silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies forestales y
establecimiento de infraestructura para los usos compatibles, y como usos
133 Ibidem
74
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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prohibidos los agropecuarios, mineros, industriales urbanizaciones, tala y
pesca”.
(…) 5. RECOMENDACIONES
(…) 5.7 Establecer que no es necesario dar continuidad al trámite de evaluación
del Plan de Manejo y restauración ambiental sobre el contrato de concesión
16715 de acuerdo a lo mencionado en el concepto técnico de este informe.
5.8 Dar por terminados los trámites administrativos relacionados con el contrato
de concesión 16715.
5.15 Establecer que los contratos de concesión 16569 y 16715 se
encuentran por fuera de la Zona de Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá (artículo 1º, resolución 076/77) y dentro de la Zona de
Reserva Forestal Protectora-productora (artículo 2, resolución 076/77).
(…).
5.16 Teniendo en cuenta que las áreas de reserva forestal protectora y
protectora-productora, contemplan la actividad minera como uso prohibido
(acuerdo 16/98), establecer que no es viable el desarrollo de esta actividad en
los contratos de concesión mencionados en numeral 5.15 de este informe
[…]134 (Negrillas fuera de texto).
298. Mediante oficio de 30 de enero de 2001135, el subdirector jurídico de la CAR
informó a Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez que:
“[…] No admite discusión su afirmación según la cual el predio Lomitas
(…) se encuentra ubicado dentro de un área en la que no resulta
procedente el desarrollo de actividades de explotación minera. Por un
parte, el terreno es incompatible con el uso minero según se desprende
del inciso segundo del artículo 1 de la ley 99 de 1993, con base en el cual
“el Ministerio del Medio Ambiente expidió la resolución 222 de 1991, a
través de la cual se declaran las zonas compatibles con la explotación
minera de materiales de construcción en la Sabana de Bogotá, quedando
excluida el área en cuestión.
Por otra parte, el terreno fue afectado por una declaratoria de reserva
forestal protectora y protectora - productora, donde la actividad minera se
encuentra expresamente prohibida.
Sin perjuicio de lo anterior, la única actividad extractiva admisible dentro
áreas incompatibles con la minería será la que resulte extremadamente
necesaria para permitir la restauración de antiguos frentes de
explotación. En ningún caso resultará jurídicamente viable la extracción de
nuevos frentes o la explotación de frentes antiguos por fuera de un plan de
restauración debidamente impuesto por la autoridad ambiental
competente.
Este plan de restauración no se constituye en una prerrogativa, sino en una
imposición para el usuario y encuentra sustento en las siguientes normas:
134 Folios 183 a 194 del cuaderno 1 del expediente 2001-00126
135 Folios 628 a 634 del cuaderno 2 del expediente 2001-00126
75
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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• Los artículos sexto y séptimo de la resolución 222 de 1994, que establecen
el régimen de transición para aquellas actividades mineras existentes al
momento en que se expide dicha resolución.
• La resolución 1277 de 1996, que modifica el artículo séptimo de la resolución
222 de 1991 y establece las condiciones para la restauración de aquellos
frentes de
• Explotación minera desarrollados sin permiso en áreas incompatibles con la
minería.
• La resolución 803 de 1999 que modifica los plazos fijados en la resolución
1277 de 1996 para el desarrollo de los planes de manejo, recuperación o
restauración ambiental […]” (Negrillas fuera de texto).
299. A través de la Resolución 0311 de 27 de febrero de 2001136, el subdirector
Jurídico de la CAR ordenó la “[…] medida preventiva de suspensión inmediata de la
extracción minera propiamente dicha, que efectúa el señor Ricardo Vanegas Sierra
y/o la sociedad Palo Alto y Cia., S. En C., de un yacimiento de materiales de
construcción, dentro del predio denominado Lomitas, ubicado en la vereda Aurora
Alta, jurisdicción del municipio de La Calera (Cundinamarca) (…)”137. Esta decisión
se fundó, entre otras, en las siguientes consideraciones:
“[…] 2. Que adicionalmente, el mencionado informe pone también en notoria
evidencia la pérdida de material vegetal como consecuencia de las actividades
extractivas realizadas y de la ampliación de la vía de acceso en comento.
Que según se evidencia en los informes de visitas realizados y
anteriormente referidos, la explotación minera afecta el área de reserva
forestal de los Cerros Orientales, declarada mediante Resolución N° 076 de
1977.
Que de conformidad con lo previsto en la Resolución N° 222 de 1994,
proferida por el Ministerio del Medio Ambiente, en concordancia con el
artículo 61 de la Ley 99 de 1993, los predios en cuestión son incompatibles
con la explotación minera; y por ello, cualquier actividad extractiva que se
realice sobre estos predios debe tener como propósito fundamental el
manejo y la restauración de los frentes existentes, tal y como lo prevé el
respectivo Plan de Manejo y Restauración Ambiental.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral sexto del artículo 1° de la
Ley 99 de 1993, las autoridades ambientales deben obrar atendiendo el principio
de precaución, conforme al cual, cuando exista peligro o daño grave e
irreversible, la falta de certeza absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del
medio ambiente. […]” (Negrillas fuera de texto).
300. El 7 de marzo de 2001, el Ministerio de Minas y Energía realizó una visita técnica
136 Que fue declarada nula por el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativos. Sección Tercera.
Rad.: 2001-00050-01. Consejero Ponente: Dr. Danilo Rojas Betancourth. Declaratoria de nulidad se fundamentó
en el hecho de que, la CAR no estableció la duración de la medida de suspensión de las actividades mineras,
pero hizo reparo alguno en cuanto a la ubicación de los predios.
137 Folios 248 a 252 del anexo 2.
76
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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en la que advirtió lo siguiente:
“[…] 6.3.4 Inclusión de los Contratos de Concesión en la zona de reserva
forestal de la Resolución Ejecutiva No. 076 de 1977.
Tal como ya se señaló en el numeral el área de los Contratos de
Concesión se encuentran incluidos en zona de reserva forestal protectora
• productora a que se refiere la Resolución Ejecutiva No. 076/77 y el
Acuerdo No. 33/79 de la CAR..
6.3.5 Plan de Manejo Ambiental
[…]
Entre estas se destacan las siguientes:
CONCLUSIONES
7.1. Constructora Palo Alto y Cia S. en C. sólo realiza actividad extractiva
en el área del Contrato de Concesión No. 16.569 y dentro de las zonas
afectadas por explotaciones ilegales efectuadas con anterioridad a la
iniciación del periodo de exploración y explotación del citado contrato.
7.2. Según lo manifestado por el señor Ricardo Vanegas, Representante Legal
de Constructora Palo Alto y Cia S. en C y lo observado en el terreno, dentro
del área del Contrato de Concesión No. 16.715 no se realizará actividad
minera alguna; el bosque protector - productor se conservará y utilizará
como fuente reguladora del balance hídrico local y parte de dicho recurso
se empleará en el proceso de lavado de arenas.
7.3. Constructora Palo Alto y Cía S en C en el Plan de Manejo y Restauración
Ambiental que ordeno ejecutar la CAR (sin ninguna restricción respecto
de la zona de reserva forestal protectora - productora) incluyó la
recuperación de las zonas afectadas por explotaciones legales realizadas
con anterioridad a la iniciación de su actividad minera. Estas transbordan
el lindero occidental del Contrato de Concesión No. 16.569, lo cual supone que
la explotación avanzará por fuera de la zona contratada.
[…]
7.6 Por el relativo avance de la explotación hacia el sector occidental del
área del Contrato de Concesión No. 16.569 la conformación de terrazas
previstas tanto en el planeamiento minero y plan de manejo y restauración
ambiental no se ha iniciado aún; sólo en el sector Sur de la zona de
explotación se aprecia un incipiente terraceo.
7.7 Tanto la CAR como el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital determinaron desde el inicio del trámite de la Licencia hoy
Contrato de Concesión No. 16.569 que la zona por él comprendida se
encuentra por fuera de la zona de reserva forestal protectora "Bosques
Orientales de Bogotá a que se refiere el artículo 1° de la Resolución
Ejecutiva No. 079/77.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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7.8 La CAR en 1992 señalo que el área de la Licencia hoy Contrato de
Concesión No. 16.569 se encuentra dentro de la zona forestal protectora a que
se refiere el artículo 2° de la Resolución Ejecutiva No. 079/77. Este concepto
ha sido revalidado recientemente (2001) por el Ministerio del Medio Ambiente.
7.9 El título minero fue otorgado durante la vigencia del artículo 246 del
Código de Minas, Decreto ley 2655 de 1988. La aprobación de la
Declaración de Impacto Ambiental también se efectúo dentro de su
vigencia.
7.10 Cuando la CAR emitió concepto sobre el Plan de Manejo y Restauración
Ambiental y ordenó su ejecución a Ricardo Venegas - Constructora Palo Alto y
Cia S. en C. no hizo ningún tipo de exigencia legal en relación con la
actividad extractiva que se adelantaba dentro de la zona de reserva
forestal protectora – productora […]”138(Negrillas fuera de texto).
301. Mediante Resolución 0886 de 11 de julio de 2001, el Subdirector Jurídico de la
CAR resolvió “[i]mponer medida preventiva y ordenar la suspensión inmediata de
toda actividad de extracción minera propiamente dicha, y demás actividades
conexas y derivadas que efectúan los presuntos infractores (…)” advirtiendo que la
medida “(…) impuesta entra a regir a partir de la notificación de este acto
administrativo y cobija toda extensión de territorio adicional, donde se encuentren
adelantando labores de explotación (…)”.
302. La Resolución 0886 se fundó en las siguientes consideraciones:
“[…]
Que de acuerdo con la localización de la cantera a que se hace referencia,
esta se encuentra en una zona de mayor extensión y cabida, la cual fue
declarada Área de Reserva Forestal Protectora y Protectora Productora
de los Cerros Orientales mediante la Resolución 076 de 1977 por el
Gobierno Nacional y en consecuencia, corresponde a una de categoría
nacional. En forma conjunta, es preciso tener en cuenta que la cantera
se halla en una zona declarada incompatible por las Resoluciones 222
de 1994 y 249 de 1994, reglamentarias del artículo 61 de la Ley 99 de
1993.
Que de acuerdo con la localización detallada y con la anterior
información técnica y jurídica, la citada cantera se halla en un 16%
aproximadamente dentro del Área de Reserva Forestal Protectora, un
84% en la Protectora — Productora, y en un todo dentro de la zona
incompatible con la actividad de minería porque corresponde al sistema
montañoso de la Sabana de Bogotá, declarado de interés ecológico
nacional.
Que como en los predios donde se encuentra la explotación minera ilegal son
incompatibles con la explotación minera; y por ello, cualquier actividad
extractiva que se realice sobre debe tener como propósito fundamental
138 Folios 195 a 201 del cuaderno 1 del expediente 2001-00126
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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el manejo y la restauración de los frentes anteriormente explotados, de
conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 99 de 1993.
Contrario a ello, se pudo verificar que lo que en realidad se desarrolla es
una actividad de explotación en abierta contradicción con las
disposiciones citadas.
Que de acuerdo con los elementos que anteceden, la CAR, estima que de
vista la fecha de título y el contrato de concesión mineros que corresponde al
22 de noviembre de 1993, para esa época, la actividad minera localizada
en la zona incompatible a la que venido refiriéndonos, pero que contaba
con su título o contrato, debió acatar y adecuarse a lo establecido por el
artículo 60 y 61 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 y el artículo 6°
y 10° de la Resolución 222 de agosto de 1994, en el sentido de presentar
su Plan de Manejo y Restauración Ambiental dentro de los seis (6) meses
siguientes a su expedición y de contera no explotar en tal zona, puesto
que a partir de esa fecha quedó prohibida toda nueva explotación minera
en los lugares señalados por su artículo 4°.
Que las personas de orden jurídico y natural, antes citadas, que se presumen
vienen adelantando la comentada explotación en las condiciones descrita, no
han dado cumplimiento a las disposiciones legales antes referidas en los
términos taxativos que ordenan.
Que en forma adicional, esta Corporación, señala que además de
encontrarse explotando en zona incompatible con la minería, según lo
previsto por la Resolución 222 de 1994, en forma conjunta, se violaron
los artículos 202, 204, 205, 206 y 207 del Decreto 2811 de 1974, que define
las áreas de reserva forestal protectoras y protectoras — productoras,
estableciendo, que en ellas tan sólo se permite, por una parte, el
mantenimiento y la conservación de los bosques o de la flora nativa, con
el fin de proteger los recursos naturales renovables, el suelo; y por otra,
que ellas no podrá obtenerse sino productos secundarios del bosque,
garantizando en todo caso la recuperación, la supervivencia del bosque
y en todo caso su efecto protector.
Que en atención a los anteriores presupuestos de ipso y de orden jurídico,
esta Corporación, estima que las actividades realizadas en las condiciones
anotadas desconocen preceptos de orden constitucional concordantes con
las normas citadas, por cuanto el artículo 8° establece que [es] una obligación
de las personas proteger las riquezas naturales de la nación, y el artículo 58
de la Constitución Política, previó que la propiedad es una función social que
implica obligaciones y que como tal le es inherente una función ecológica.
(…) Que habidas las anteriores razones y teniendo en cuenta que la actividad
de explotación ilegal que se adelanta en la referida cantera corresponde a las
que mayor impacto causa a los recursos naturales, especialmente al hídrico,
estima que existe peligro de daño grave e irreversible para el ecosistema
y los recursos naturales localizados en la zona correspondiente al Área
de Reserva Forestal Protectora y Protectora — Productora, declarada
mediante la Resolución 076 de 1977 y el de la protección
correspondiente a la zona incompatible con la minería de ese municipio,
declarada por la Resolución 222 de 1994 […]”. (negrillas fuera de texto).
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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303. En el plenario también obra el oficio de 11 de julio de 2001 en el que la
Subdirección Jurídica de la CAR informó a la Fiscalía General de la Nación los
siguientes hechos:
“[…] Los predios donde se encuentra la explotación minera en cuestión,
son incompatibles con la explotación minera; y por ello, cualquier actividad
extractiva que se realice sobre estos predios debe tener como propósito
fundamental el manejo y la restauración de los frentes existentes, tal y como lo
prevé el respectivo Plan de Manejo y Restauración Ambiental que consigna la
Resolución 0421 antes anotada.
Vistos los hechos que anteceden, con fundamento en el literal c del numeral
segundo del artículo 35 de la Ley 99 de 1993, que establece que la imposición
de la medida preventiva compete a las autoridades ambientales cuando de la
obra o actividad respectiva o de su prosecución pueda derivarse daño o peligro
para los recursos naturales renovables o para la salud humana, o cuando la
obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo permiso, concesión, licencia
o autorización.
Así las cosas, de acuerdo con lo establecido por los artículos 204, 205,
206 y 207 del Decreto 2811 de 1974, la Resolución No. 076 de 1977, y las
Resoluciones 222 y 249 de 1994, la actividad de explotación minera en el
predio objeto de esta resolución, deriva daño o peligro para los recursos
naturales y para el área de reserva forestal decretada por hallarse en zona
incompatible, por lo que debe tenerse en cuenta el artículo 58 de la
Constitución Política que establece que la propiedad privada es una función
social que implica obligaciones y que como tal le es inherente una función
ecológica.
Además le comunico que el señor Vanegas, en forma por demás abusiva ha
manifestado que son la Fiscalía y el. DAS, los entes competentes para conocer
del asunto en mención tratando equivocadamente de impedir la acción de
nuestros servidores en desarrollo de la función como autoridad ambiental.
Adjunto copia de un derecho de petición en tal sentido, suscrito por el citado
ciudadano […]”139 (Negrillas fuera de texto).
304. El 17 de enero de 2002, la autoridad ambiental rindió un concepto técnico DSC-
0005 a la Sección Primera del Consejo de Estado, en el expediente 6979140, en cuyo
marco detalló los impactos que involucra el desarrollo de actividades mineras en el
sector del litigio, a saber:
“[…] Respecto de las consecuencias ambientales que involucra el desarrollo de
actividad minera sobre los recursos hídrico y flora, es claro que todo tipo de
intervención antrópica que involucre la remoción de la capa de suelo y la
cobertura vegetal en áreas de reserva forestal, entre ellas la minería, generan
cambios en el ciclo del agua al modificar la morfología de las cuencas,
interferir en los balances de infiltración, escorrentía y evapotranspiración
del agua lluvia, lo cual incide en la recarga de las fuentes de agua subterránea
139 Folios 616 y 617. Cuaderno 2
140 Actor: Robinson Humberto Patiño.
80
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
y superficial, principalmente cuando no se desarrollan las medidas ambientales
necesarias para mitigar, controlar, corregir y/o compensar dichas alteraciones.
(…)
Frente a la compatibilidad de las Zonas de Reserva Forestal con la actividad
minera, es claro que según lo establecido en el Acuerdo CAR No. 016 de 1998,
la Zona de Reserva Forestal Protectora - Productora dentro de la cual se
localizan las Concesiones Mineras antes referidas, sólo podrá destinarse
al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella
existan o se establezcan, y en todo caso, deberá garantizarse la
recuperación supervivencia de los bosques. Igualmente, en el
mencionado acuerdo, se indican los siguientes usos del suelo para las áreas
forestales protectoras productoras, siendo claro que su finalidad es proteger los
suelos y demás recursos naturales, pero que pueden ser objeto de usos
productivos, sujetos al mantenimiento del efecto protector. En resumen, los
usos del suelo dentro de esta zona de encuentran definidos así:
Uso principal: Conservación y establecimiento forestal.
Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación e investigación
controlada.
Usos condicionados: Silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies
forestales y establecimiento de infraestructura para los usos compatibles.
Usos prohibidos: Agropecuarios, minería, industria, urbanización, tala y
pesca […]”141 (Negrillas fuera de texto).
305. La misma autoridad, en el informe de 8 de febrero de 2002 explicó que:
“[…] es preciso comentarle que consultado el expediente 2885 - CAR, en el
cual se surte la actuación administrativa relacionada con unos hechos
irregulares acaecidos en el Área de Reserva Forestal, declarada mediante
la Resolución 076 de 1977, emitida por el Gobierno Nacional; se puede
apreciar que esta área también goza de especial protección ambiental,
puesto que con ocasión de la expedición de las Resoluciones 222 y 249
de 1994, reglamentarias del artículo 61 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio
del Medio Ambiente, impuso en esa zona la incompatibilidad para con
futuros desarrollos mineros. De acuerdo con las citadas Resoluciones, las
cuales son concordantes con el artículo 60 de la Ley 99 de 1993, se puede
afirmar que en materia de usos mineros, en esa área de protección tan solo
están permitidas las labores de restauración morfológica, ambiental y
paisajística, previa presentación, conceptualización y aceptación del Plan de
Restauración respectivo por parte de la CAR.
A este respecto, es menester informar que las actividades restauradoras de
suyo no constituyen derecho adquirido alguno que pueda dar a entender
a los interesados, que están facultados o autorizados legalmente para
efectuar prácticas de explotación de canteras localizadas en áreas de
reserva forestal, sino que, por el contrario, esas acciones tan solo
configuran una típica obligación legal, - Ley 99 de 1993, artículo 60 - que
recae en cabeza del titular de los contratos de concesión minera.
141 Folios 687 y ss. Cuaderno 2
81
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Así las cosas, de conformidad con las citadas normas ambientales y las
contenidas en los artículos 202, 204, 205, 206 y 207 del Decreto 2811 de 1974,
en dichas áreas tan solo se permiten en forma permanente plantaciones
forestales o la existencia de flora silvestre o nativa con fines de protección
ambiental sobre el ecosistema y los recursos naturales renovables,
constituidos por el suelo, la flora, el agua la atmósfera, la fauna y los
demás recursos genéticos. En consecuencia, en esas áreas está
prohibida toda actividad minera de explotación de materiales de
construcción a cielo abierto […]”142 (Negrillas fuera de texto).
306. Mediante el informe técnico DCA 326 de 2002, la CAR señaló que la “Cantera
El Santuario”, localizada en la finca Lomitas, vereda la Aurora Alta Jurisdicción del
municipio de La Calera, se encuentra en un 70% dentro del área de concesión
minera 16659 y 16715, áreas delimitadas en la Resolución 222 de 1994 como no
compatibles con la minería de materiales de construcción, en las cuales no es
posible la realización de actividades mineras de explotación, únicamente
encaminadas a la restauración morfológica ambiental.
307. En el acervo también se demostró que, mediante Resolución 395 de 16 de
agosto de 2002143, la CAR formuló cargos en contra de la sociedad Constructora
Palo Alto y Cia. S. En C., en su condición de beneficiario en los contratos de
concesión 16569 y 16715 en la cantera denominada El Santuario localizada en la
finca Lomitas, vereda La Aurora Alta (La Calera – C/marca) por “[…] realizar
explotaciones y extracciones en área de Reserva Forestal declarada mediante
la Resolución 76/77, donde está prohibida la actividad minera a cielo abierto
[…]” Ese acto administrativo explicó en su parte motiva lo siguiente:
“[…] Que (…) la División de Seguimiento y Control de la Corporación, con el
objeto de verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta [Resolución
311 de 2001 de la CAR antes mencionada], practicó varias visitas al predio,
cuyos resultados se encuentran en los informes (…) en los que se establece la
imposibilidad de efectuar la labor de seguimiento y control por la negativa
reiterada del señor Ricardo Vanegas Sierra de permitir el ingreso de los
funcionarios.
Que con ocasión de un dictamen pericial ordenado por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca dentro de la acción popular N° 01-0398 instaurada por la
Asociación de Usuarios del Acueducto Rural de San José — El Triunfo, la
Corporación realizó una visita conjunta con la Empresa Nacional minera Ltda. —
MINERCOL —, y profirió el informe técnico DCA N° 326 del 20 de mayo del
2002, basándose en el levantamiento topográfico de las áreas afectadas
por la actividad minera en el predio Lomitas y de los contratos de
concesión 16569 y 16715 realizado por MINERCOL Ltda. (oficio 03903-1 del
26 de abril de 2002).
142 Folios 645 y 646. Cuaderno 2.
143 A pesar de ser un acto posterior a las Resoluciones que declararon la utilidad pública y el interés social del
predio objeto de expropiación, corrobora la ubicación del mismo en una zona incompatible con la minería al
estar en la zona de Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenta alta del río Bogotá.
82
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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Que en ese oficio MINERCOL Ltda. señaló que: “(…) posteriormente a la toma
de información topográfica vía satelital de las zonas intervenidas por la actividad
minera, incluyendo frentes de explotación, vías internas principales, patios y
otros aspectos geográficos como torres de energía, se hizo el proceso de
corrección diferencial de dicha información, concluyendo lo siguiente: Los puntos
denominados Frentes 1,2,3,4,5,6 (ver anexo gráfico) corresponden al
contorno de la corona del talud existente, encontrándose estos puntos por
fuera del área del contrato N° 16569. Los puntos 7 y 8 que corresponden
también a frentes de explotación están por dentro del área del contrato N°
16569. Los otros puntos corresponden a vías, torre de energía y lindero,
dando una cobertura a toda el área intervenida por la actividad minera,
generándose un polígono de 10 hectáreas y 9625 metros cuadrados.”
Que la Corporación en el informe técnico DCA N° 326/2002, señaló que la
“Cantera El Santuario”, localizada en la finca Lomitas, vereda La Aurora Alta en
jurisdicción del municipio de La Calera (C/marca), se encuentra en un 70%
dentro del área del contrato de concesión (16569 y 16715), por lo que se
han afectado aproximadamente 32500 metros cuadrados de terreno por
fuera de la zonas autorizadas.
De otro lado, tanto la cantera, como los contratos de concesión aludidos,
se ubican en las áreas delimitadas en la Resolución 222 de 1994 del
Ministerio del Medio Ambiente como NO COMPATIBLES con la minería de
materiales de construcción, en las cuales no es posible la realización de
actividades mineras de explotación, únicamente actividades encaminadas
a la restauración morfológica ambiental.
Concretamente las actividades mineras en el área del Contrato de
Concesión 16715, no son compatibles, ya que se encuentran en un área
incompatible con la minería según Resolución 222 de 1994 y que en su
mayor parte está aún inalterada (…), la minería causaría cambio en los
patrones de drenaje y pérdida del hábitat y de la cobertura vegetal nativa
que actualmente conforma una zona de recarga hídrica de acuíferos y que
alimenta las quebradas Santuario y Honduras, drenando sus aguas a la
cuenca del Río Teusacá: igualmente introducirá nuevos factores de
deterioro ambiental como, modificación drástica del paisaje con pérdida
de su gran belleza escénica, generación de proceso de erosión y
sedimentación y aparición de procesos de inestabilidad.
“[…] que las actividades desarrolladas por la sociedad Constructora Palo
Alto y Cia. S. en C., representada por el señor Ricardo Vanegas Sierra, no
son las propias de un Plan de Manejo y Restauración Ambiental, sino más
bien explotación propiamente dicha […]” (Negrillas fuera de texto).
308. Además, de las pruebas trasladadas por el Juzgado 23 Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá144, de conformidad con el auto de 4 abril de
2022, la Sala destaca el documento denominado “[…] informe técnico modalidad
media, base de opinión pericial […]”145, elaborado por el ingeniero topógrafo Nelson
144 Anotación 303 SAMAI.
145CASO No. Interno 162, NUNC 110016000049200807322, Misión de Trabajo No. 162/29-07-2016,
Acusados(s): Ricardo Vanegas Sierra.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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Rodríguez Ortega146 en el cual queda claro la ubicación del predio y el impacto
producto de la actividad extractiva en el predio del litigio, conforme a la siguiente
imagen satelital que evidencia la ausencia de cobertura forestal:
309. Dicho predio también hace parte en menor extensión del área protegida de los
cerros orientales como se detalla a continuación:
310. El informe pone de presente las actividades extractivas que coinciden con el
área del predio “El Santuario” objeto de la expropiación y que no se superponen con
el polígono de los títulos mineros que justificaron la misma. Veamos:
146 “Ingeniero topográfico, tecnólogo en topografía, Tecn. criminalista-forense, Tecn. Perito en Automotores,
Tecn. Perito en alística forense, profesional en diseño gráfico e industrial y Et. Especialización en ciencias
forenses y técnica probatoria; con una trayectoria y experiencia superior a 14 años en múltiples áreas forenses,
conocimientos adquiridos y puestos en práctica en la asociación Colombia de antropología forense en el
proyecto de excavación 9 de Abril; una de las más importantes investigaciones forenses de Colombia. Así como
desempeño en áreas de topografía, fotografía, balística, accidentes de tránsito y manejo del lugar de los hechos
para el Centro Internacional Forense desde el año 2005-2008, coordinando el departamento de topografía
forense de esta importante entidad. Actualmente ingeniero forense para Aceni Ltda., UNISAP, Tehcnical
Defense, entre otras empresas privadas. (…) Con preparación académica en topografía, diseño gráfico e
industrial, criminalística graduado con honores; técnico avalado como criminalista y topógrafo auxiliar de la
justicia del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, debido a mi formación y experiencia profesional he
recibido tal acreditación”.
84
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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311. El informe técnico contiene una comparación del área geográfica del predio
denominado El Santuario, con el perímetro de la expropiación, así:
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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312. La siguiente grafica divide con una línea roja punteada el perímetro del predio
El Santuario que hace parte de los cerros orientales y el sector que hace parte de
la reserva protectora- productora de la cuenta alta del río Bogotá:
313. Respecto de dicho sector los títulos mineros, se aprecian así:
314. Las actividades extractivas estaban ubicadas en el área amarilla del siguiente
mapa:
86
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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315. La prueba trasladada igualmente incluía el oficio de 29 de febrero de 2016, en
el que la Dirección Operativa de la CAR mencionó lo siguiente:
"Una vez consultada la cartografía de la CAR - IGAC, las áreas o polígonos de
los tres títulos mineros (16715, 16569 (…), en su totalidad, se encontraban
dentro de la Zona de Reserva Declarada llamada "Zona de Reserva
Forestal Protectora, Productora de la Cuenca Alta del Rio Bogotá" y con
la realinderación de dicha reserva en el año 2004, los títulos mineros 16569
(caducado) y 16715 de la Constructora Palo Alto y Cía. S. en C. (Ricardo
Vanegas) continúan estando dentro de esta reserva […]” (Negrillas fuera
de texto).
316. De la citada relación probatoria, la Sala destaca que el predio rural denominado
El Santuario, donde se localizan los títulos mineros 16659 y 16715, se encuentra
ubicado en jurisdicción del municipio de La Calera, departamento de Cundinamarca,
en la vertiente de la cuenca del Río Teusacá, en la zona identificada como Área de
Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del río Bogotá, declarada
a través del Acuerdo 30 de 30 de septiembre de 1976, aprobado por la Resolución
Ejecutiva 76 de 31 de marzo de 1977.
317. Aunado a ello, es preciso tener en cuenta que las áreas de los títulos se hallan
en una zona declarada incompatible para la exploración y explotación minera, de
conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones 222 de 1994 y 249 de 1994,
reglamentarias del artículo 61 de la Ley 99 de 1993.
318. De acuerdo con la localización aportada al proceso, los predios están en un 16%
aproximadamente dentro del Área de Reserva Forestal Protectora, un 84% en la
Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del río Bogotá, y en un
todo dentro de la zona incompatible con la actividad de minería porque corresponde
al sistema montañoso de la Sabana de Bogotá, declarado de interés ecológico
nacional.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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319. Que si bien es cierto que los contratos de concesión mineros fueron otorgados
en el año 1993, para esa época, la actividad minera localizada en la zona debió
acatar y adecuarse a lo establecido por los artículos 60 y 61 de la Ley 99 de 1993 y
los artículos 6° y 10° de la Resolución 222 de agosto de 1994, en el sentido de
presentar su Plan de Manejo y Restauración Ambiental y no explotar en tal zona,
puesto que a partir de esa fecha quedó prohibida toda nueva explotación minera en
los lugares señalados por su artículo 4°.
IV.3.2.4. Ubicación del predio denominado del contrato de concesión 15148
320. Respecto del predio denominado “Lote # 8”, el cual el demandante Carlos
Alberto Mantilla Gutiérrez afirma se superpone con el contrato de concesión minera
15148, es pertinente mencionar que las pruebas oportunamente recaudadas en el
plenario no señalan: (i) el lugar en donde está ubicado y; (ii) las actuaciones
desarrolladas en materia ambiental en el marco de dicha concesión.
321. Se debe precisar que el demandante Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, cuando
solicitó la nulidad de las Resoluciones 5-1154 de 10 de marzo de 1993, 5-1979 de
2 de abril de 1993, 700526 de 9 de mayo de 1996, 701329 de 31 de octubre de
1996, 700903 de 6 de julio de 1998,100570 de 10 de mayo de 1994 y el auto de 27
de mayo de 1993, únicamente aportó como pruebas las siguientes:
“[…] 1ª. - EI ANEXO No. 1 que contiene la demanda de RICARDO VANEGAS
SIERRA contra el Acuerdo No.30 de fecha 30 de septiembre de 1.976 del
INDERENA "Por el cual se declaran y alindan unas áreas de reserva forestal
y se delegan unas funciones" y que contiene la demanda de RICARDO
VANEGAS SIERRA contra la resolución No.076 de 31 de marzo de 1.977,
cuyos artículos 1°. y 2°. crearon las reservas forestales "Bosque Oriental de
Bogotá" (Protectora) y "Cuenca Alta del Río Bogotá" (Protectora - Productora.
2ª. - El ANEXO No.2 que contiene el auto admisorio y pronunciamiento sobre
la solicitud de suspensión provisional de fecha mayo 24 de 2.001 proferido en
el Proceso de Nulidad No.7079, Honorable Consejera Ponente Doctora Olga
Inés Navarrete Barrero.
3ª. - EI ANEXO No.3 que contiene copia del Acuerdo No.30 de fecha 30 de
septiembre de 1.976 del INDERENA "Por el cual se declaran y alindan unas
áreas de reserva forestal y se delegan unas funciones". 4ª. - EI ANEXO No.4
que contiene la resolución No.076 de 31 de marzo de 1.977 proferida por el
Ministerio de Agricultura, cuyos artículos 1°y 2º. crearon las reservas
forestales "Bosque Oriental de Bogotá" (Protectora) y "Cuenca Alta del Rió
Bogotá" (Protectora - Productora)
5ª. - EI ANEXO No.5 que contiene la impugnación a la demanda presentada
por Ricardo Vanegas Sierra.
6ª. - EI ANEXO No.6 que contiene la resolución No.0311 de febrero 27 de
2.001
de la CAR Cundinamarca.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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7ª. - EI ANEXO No.7 que contiene el memorial - denuncia pernal presentada
por la CAR Cundinamarca contra "CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA S.
EN C." ante la Coordinadora de la Unidad especial de delitos contra la
Administración Pública y el Medio Ambiente de Cundinamarca.
8ª. - EI ANEXO No.8 que contiene:
8.1. - La Resolución No.092 de 12 de Julio de 2.001 de la CAR Cundinamarca.
8.2. - Los informes técnicos DSC -149 y DSC-160 de la CAR Cundinamarca.
9ª. - EL ANEXO No. 9 que contiene la Sentencia referente a asuntos mineros
• por razones de defensa del orden jurídico minero que no en defensa del
medio ambiente - del Honorable Consejo de Estado, de fecha abril veinticinco
de mil novecientos noventa y cinco. Sección Tercera. Consejero Ponente:
Doctor Daniel Suárez Hernández. Referencia: Expediente No.8557. Actores:
Dagoberto Ramírez Villamil, INGRID MOLLER BUSTOS (Socio gestor
suplente del Gerente de la firma "CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA S.
EN C." y FRITZ FRANZ MOLLER BUSTOS.
10ª. - EL ANEXO No. 10 que contiene el memorial de demanda en el Proceso
de Nulidad No.6979 cuyo Consejero Ponente es el Honorable Magistrado
Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y,
11ª. - El ANEXO No.11 que contiene el auto admisorio de fecha 27 de abril de
2.001, firmado por la Honorable Consejera, Doctora Olga Inés Navarrete
Barrero, sin salvamento de voto.
12ª. - EI ANEXO No. 12 que contiene el certificado de existencia y
representación de "CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CIA S. EN C."
13ª. - EI ANEXO No. 13 que contiene las Páginas 1 A; 1 C; 4 C y 5 C del
Diario El Espectador de fecha Domingo 25 de febrero de 2.0012 […]”.
322. Como se observa, todo el material probatorio se relaciona exclusivamente con
los títulos mineros 16569 y 16715, esto es, con las licencias de exploración, la
aprobación y perfeccionamiento de la cesión de los derechos de explotación de esos
contratos de concesión y la expropiación de las áreas para el desarrollo de la minera
allí dispuesta. Aunado a ello, las pruebas citadas en este acápite responden
precisamente a la ubicación del predio “El Santuario”, en el marco de las
cartografías y acciones de seguimiento realizadas por la autoridad minera y
ambiental en virtud de las Resoluciones 81098 de 12 de octubre de 2000 y 80027
de 12 de enero de 2001.
IV.3.2.5. La resolución de los cargos de nulidad
323. La parte demandante afirmó que los actos acusados quebrantaron: (i) los
artículos 1°, 2°, (inciso 1°) 4°, 8°, 13, 49, 58, 63, 79 (inciso 2°), 80, 82, 88 (inciso 2°)
93, 95 (inciso 2° y numeral 8°) 101, 113, 114, 115 (inciso 2°), 123 (inciso 2°) 150,
89
Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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208 (inciso 1°) 209, 313 (ordinares 7 y 9) 332, 333, 334, 360 (inciso 1°), 360 y 366
de la Constitución Política; (ii) los artículos 49 a 61 y 63 de la Ley 99 de 1993; (iii)
los artículos 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 30, 39, 42, 43 (literales b, c, e y h) 44, 47, 48, 50, 51,
52, 53, 67, 178, 179 (literal c) y 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 202 a
210, 302 a 304, 312 y 314 del Código Nacional de Recursos Naturales y de
Protección al Medio Ambiente; (iv) los artículos 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26,
45, 76, 166, 183, 184, 185, 247, 302 y 303 del Código de Minas, Decreto 2655 de
1988; (v) el parágrafo 2° del artículo 5° de la Ley 2° de 1959; (vi) la Ley 79 de 1986;
(vii) el artículo 2°de la Ley 165 de 1994; (viii) la Ley 356 de 1997; (ix) los artículos
1°, 2°, 3°, 4°, 16 y 17 de la Ley 23 de 1973; (x) el artículo 21 de la Ley 491 de 1999;
(xi) el artículo 2°del Decreto Ley 1042 de 1978; (xii) el artículo 4° del Decreto 2278
de 1953; (xiii) el artículo 1° del Decreto 1300 de 1941; (xiv) los artículos 1°, 2º y 3°
del Decreto 1383 de 1940, (xv) los artículos 40 a 43 del Decreto 2857 de 1981; (xvi)
el artículo 2° del Decreto 01 de 1984; (xvii) el Decreto 1753 de 1994; (xviii) el artículo
1° del Decreto 501 de 1995; (xix) las Resoluciones No. 00222 y 00249 de 1994 del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; (xx) las Resoluciones No.
3482 de 1986; 4393 de 1986 y 3921 de 1988 de la Corporación Autónoma regional
de las Cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez (CAR); (xxi) los artículos 1º y 2°
de la Resolución 76 de 1977; y (xxii) el Acuerdo No. 043 de 09 de febrero de 2000
del municipio de la Calera.
324. En síntesis, los demandantes sostuvieron que el predio El Santuario hace parte
de un área protegida destinada a la conservación del manto terrestre de los bosques
de la Sabana Bogotá, por lo que el ente Ministerial no podía permitir el desarrollo de
actividades extractivas en un sector que había sido catalogado previamente como
reserva forestal en la que se prohíbe dicha industria.
325. También señalaron que esos actos se encuentran falsamente motivados al
adolecer de una real y adecuada fundamentación, toda vez que la expropiación de
las áreas que se superponen con los títulos mineros 16659 y 16715 se justificó en
“[…] motivos de utilidad pública e interés social […]”, a pesar de que dicho predio
pertenece a un área protegida en la que la minería está prohibida.
326. Para resolver, la Sala pone de presente que la preservación, conservación y
salvaguarda del entorno natural se soporta en 34 disposiciones de la Constitución
Política denominadas por la jurisprudencia constitucional como la "Constitución
Ecológica". Bajo dicho compendio, los artículos 8°, 58, 79, 80 y 95 superiores
consagraron, entre otros, tres deberes de relevancia: el primero relacionado con la
obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales; el
segundo consistente en el derecho y el interés colectivo que implica el goce de un
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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ambiente sano147y, el tercero, referido a la obligación del Estado de proteger la
diversidad y conservar las áreas de especial importancia ecológica.
327. En este contexto constitucional la Ley 99 de 1993148 modificó el esquema de
responsabilidades institucionales previsto para la conservación y protección de los
recursos naturales, entre ellos las reservas forestales. Concretamente, esta norma
creó el SINA con el propósito de “[…] asegurar la adopción y ejecución de las
políticas y de los planes, programas y proyectos respectivos, en orden a garantizar
el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en
relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la Nación […]”149. Este
sistema comprende los siguientes componentes:
“[…] 1. Los principios y orientaciones generales contenidos en la
Constitución Nacional, en esta Ley y en la normatividad ambiental que
la desarrolle.
2. La normatividad específica actual que no se derogue por esta Ley
y la que se desarrolle en virtud de la ley.
3. Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción
ambiental, señaladas en la ley.
4. Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas
con la problemática ambiental.
5. Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del
medio ambiente.
6. Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades
de producción de información, investigación científica y desarrollo
tecnológico en el campo ambiental […].
Parágrafo. Para todos los efectos la jerarquía en el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, seguirá el siguiente orden descendente: Ministerio
147 Al respecto, ver la sentencia de 8 de junio de 2017, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
(Rad. N.º 88001-23-33-000-2014-00040-01(AP), en la que señaló lo siguiente: “[…]En este sentido, el ambiente
sano es un derecho colectivo, no solo por su pertenencia al capítulo 3 Título II de la Constitución, que se refiere
a los derechos colectivos y del ambiente, sino por cuanto su contenido es tal que no puede ser asignado a
ninguna persona en particular. […] la protección del medio ambiente ha adquirido en nuestra Constitución
un carácter de objetivo social, […] “La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio
dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho.
Además, esta sección ha hecho alusión a las distintas dimensiones de este derecho, destacando que ostenta
la calidad de: “[…] (i) derecho fundamental (por encontrarse estrechamente ligado con los derechos
fundamentales a la vida y a la salud); (ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un
ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); (iii) de objetivo social (conservación
de las condiciones del medio ambiente para garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales por parte
de las generaciones presentes y futuras); (iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente
manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición las sanciones a
que haya lugar); y (v) de derecho colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior […]”(Rad.
76001-23-31-000-2011-01300-01(AP).
148 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.
149 Ibidem, artículo 2°.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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del Medio Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales,
Departamentos y Distritos o Municipios […]” 150.
328. Debe anotarse que, para todos los efectos, la jerarquía institucional del sistema
nacional ambiental, SINA, responde al orden descendente previsto en el parágrafo
del artículo 4°, a saber:
“[…] (a) Ministerio del Medio Ambiente,
(b) corporaciones autónomas regionales,
(c) departamentos y
(d) distritos o municipios […]”.
329. Es por lo anterior que, para asegurar la efectiva protección de un medio
ambiente sano, y con miras a garantizar el manejo armónico y la integridad del
patrimonio natural de la Nación, el artículo 63 de la Ley 99 estableció que “[…] el
ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades
territoriales se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa
y rigor subsidiario […]”, definidos de la forma como se observa a continuación:
“[…] Principio de armonía regional. Los departamentos, los distritos, los
municipios, los territorios indígenas, así como las regiones y provincias a
las que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus
funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera coordinada
y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las
directrices de la política nacional ambiental, a fin de garantizar un manejo
unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte
del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la Nación.
Principio de gradación normativa. En materia normativa las reglas
que dicten las entidades territoriales en relación con el medio
ambiente y los recursos naturales renovables respetarán el carácter
superior y la preeminencia jerárquica de las normas dictadas por
autoridades y entes de superior jerarquía o de mayor ámbito en la
comprensión territorial de sus competencias.
Principio de rigor subsidiario. Las normas y medidas de policía
ambiental, es decir, aquellas que las autoridades medio ambientales
expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y
movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación
del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos
individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del
medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de
determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y
respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las
autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o
150 Ibidem., artículo 4°.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa
y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las
circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el
artículo 51 de la presente ley […]”.
330. Así lascosas, los instrumentos, las normas e instituciones encargadas de
proteger y conservar el entorno natural colombiano –incluyendo al Ministerio de
Minas y Energía por las razones detalladas en acápites anteriores -, hacen parte de
una estructura única que se soporta en el principio de coordinación, según el cual
“[…] la acción para la protección y recuperación ambiental del país es una tarea
conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado […]”151.
331. En este contexto, la Sala pone de presente que el Ministerio de Minas y Energía
al momento de tomar las decisiones administrativas de su resorte, debe articularse
con los demás entidades y organismos que hacen parte del SINA, con el único
propósito de respetar las normas ambientales que estaban vigentes.
332. Elartículo 249 del Estatuto Minero explicó que “[…] el Ministerio, en la
expedición de normas, instrucciones y órdenes, tendientes a evitar o mitigar los
daños que la actividad minera pueda causar a los recursos naturales renovables y
del medio ambiente, obrará en permanente consulta y coordinación con las
autoridades que por competencia general o por delegación, tienen a su carga
la administración y preservación de dichos recursos. El Ministerio tomará las
providencias que eviten o mitiguen los daños mencionados en el presente
artículo, de oficio o solicitud de particulares o de otras autoridades y en
coordinación con éstas […]”.
333. Bien lo ha considerado la Corte Constitucional cuando precisó que las normas
mineras priman solo sobre los asuntos que tienen que ver específicamente con esa
actividad, porque, en virtud del criterio de especialidad, las normas ambientales
tienen mayor jerarquía en los asuntos que regulan la protección del entorno natural
y la conservación de las “[…] riquezas culturales y naturales de la Nación […]”.
334. En este sentido, señaló que “[…] los requisitos ambientales en las zonas
definidas como de especial interés arqueológico, histórico o cultural, se deben
adicionalmente aplicar, los requisitos establecidos en las leyes o normas especiales
que protegen el patrimonio arqueológico, histórico o cultural y los derechos y bienes
constitucionalmente protegidos”152.
335. De manera imperativa y categórica, el artículo 107, inciso 2º, de la Ley 99
dispone que “[…] las normas ambientales son de orden público y no podrán ser
151 Ibidem., artículo 1°, numeral 10°.
152 Sentencia C-339 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los
particulares […]”.
336. Es por lo anterior, que la Sala considera que el Ministerio de Minas y Energía al
fungir como autoridad minero-ambiental durante el trámite de expedición de los
títulos, y en la posterior etapa de fiscalización en cuyo marco declaró de utilidad
pública e interés social para la expropiación del predio El Santuario, no podía
desconocer las normas ambientales vigentes.
337. Particularmente, no podía excluir del análisis de que trata los artículos 183 y
siguientes del Código Minero, lo consagrado en el Acuerdo 30 de 30 de septiembre
de 1976 del Inderena, a través del cual se declaró como Área de Reserva Forestal
Protectora - Productora la cuenca alta del río Bogotá.
338. Además, que, respecto de dicha área protegida, el Estatuto de Zonificación
contenido en el Acuerdo 33 de 1979, expedido por la Junta Directiva de la entonces
Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté
y Chiquinquirá (CAR), restringió el desarrollo de actividades mineras en la Zona
Rural Protectora (ZR-P) y en Zona Rural Protectora Productora, donde se encuentra
la zona rural del municipio de La Calera y el predio El Santuario.
339. Como se concluyó en los acápites anteriores, la Junta Directiva de la
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y
Suárez, a través del Acuerdo 59 de 1987, reglamentó los Cerros Orientales en el
sentido de prohibir las “[…] excavaciones de cualquier índole con excepción de
autorización expresa de la CAR expedida por razones de orden técnico o científico
[…]”, así como “[…] toda actividad que la CAR determine que pueda ser causa de
modificaciones significativas del ambiente o de los elementos naturales […]”.
340. Igualmente, no se tuvo en cuenta el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 que declaró
la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y
sistemas montañosos, como área de interés ecológico nacional con destinación
prioritaria agropecuaria y forestal.
341. Como hecho particular, la Sala evidenció que el Ministerio del Medio Ambiente
expidió la Resolución 222 de 1994 a través de la cual especificó la zonificación de
las áreas compatibles con las actividades mineras, excluyendo al municipio de La
Calera.
342. El artículo 6 ibidem, modificado por el artículo 2º la Resolución 249 de 1994,
señaló que las actividades mineras localizadas fuera de las zonas declaradas como
compatibles que contarán con permisos, concesiones, contratos o licencias
vigentes, otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, al momento de la
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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expedición de esa resolución, debían presentar un Plan de Manejo y Restauración
Ambiental ante la autoridad ambiental competente.
343. En cumplimiento de dicho precepto, el ente ministerial demandado solicitó a la
Constructora Palo Alto y Cia S. En C. que presentara el referido Plan de Manejo y
Restauración Ambiental, lo cual demuestra que la entidad sí conocía que el predio
se encontraba por fuera de las áreas declaradas como compatibles con la actividad
extractiva y, a pesar de ello, las declaró como de utilidad pública para la explotación
minera.
344. Así pues, para la Sala erró la constructora cuando afirmó en la contestación de
la demanda que los títulos mineros 16569 y 16715 otorgaban el permiso para
realizar actividades de minería sobre los recursos renovables del predio
denominado “El Santuario”, sin las restricciones de los artículos 206, 207, 208 y 210
del Código de los Recursos Naturales.
345. Ahora bien, para la Sala tampoco es de recibo el argumento consistente en la
imposibilidad de proteger las áreas de Reservar Forestal Protectora de los Cerros
Orientales y de Reserva Forestal Protectora Productora al no habérsele dado
publicidad al Acuerdo 30 del 30 de septiembre de 1976.
346. Como se precisó en acápites anteriores, la protección de dichas áreas no
depende de la publicación o inscripción del acto de creación, lo cual implicaría
inaplicar las disposiciones constitucionales y legales ambientales que resultan ser
obligatorias al ser normas de orden público.
347. La publicación e inscripción no es un problema de validez sino de inoponibilidad
del acto, circunstancia que se predica, principalmente, a favor del particular, pero
nunca de la administración pública. Es por ello, que dicha consideración en ningún
caso puede fundamentar el actuar del Ministerio de Minas y Energía y, mucho
menos, cuando, durante el otorgamiento de los contratos de concesión minera,
actuó como autoridad ambiental y tenía el deber de conocer dicha delimitación.
348. Así pues, el Acuerdo 30 era oponible a dicho ente ministerial quien tenía
responsabilidades relacionadas con el medio ambiente y cumple funciones de
vigilancia en el sector, dado que autorizó la expropiación de unos terrenos para la
ejecución de una actividad de alto impacto en el territorio.
349. En cuanto a la oponibilidad del Acuerdo de creación de las Reservas Forestales
respecto de la constructora Palo Alto y Cia., S. en C., la Sala advierte que el
representante legal de dicha sociedad, Ricardo Vanegas Sierra, en el año 1992,
durante el proceso de adjudicación de las licencias mineras, solicitó a la CAR que
rectificara el concepto emitido por esta entidad, en el que se certificaba al Ministerio
de Minas y Energía que el predio El Santuario se encontraba por fuera de la Reserva
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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Forestal Protectora de los Cerros Orientales, de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución Ejecutiva 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura, circunstancia que
permite concluir, sin lugar a dudas, que sí conocían de la existencia de la reserva153.
350. Igualmente, se tiene que el referido señor Vanegas instauró demanda ante esta
Corporación en el año 2001, con el fin de que se declarara la nulidad del Acuerdo
30 del 30 de septiembre de 1976, proceso que fue decidido por esta Sección
mediante sentencia de fecha 30 de enero de 2004, a través de la cual se negaron
las pretensiones incoadas154, ratificando que el representante de la constructora
conocía la existencia de la reserva y le era oponible.
351. Sobre el particular, la Corte Constitucional155 sostuvo que “[…] también constató
que algunos de los actores del proceso —inclusive algunas autoridades encargadas
de proteger el medio ambiente— se abstenían de hacer efectiva la protección de los
cerros orientales de Bogotá, zona de interés ecológico nacional por decisión del
Congreso de la República, debido a que no se ha inscrito debidamente aún la
Resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura. Se trata pues, de un argumento
claramente inaceptable pero que ha servido en ocasiones de excusa frente al
cumplimiento de la ley ambiental […]”.
352. De otra parte, el Ministerio de Minas y Energía también señaló que el Concejo
Municipal de La Calera, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo
313 de la Constitución Política declaró área de explotación minera la zona donde se
ejecutaron los contratos de concesión 16569 y 16715.
353. Esta posición fue sostenida por el ente Ministerial en la Resolución 80027 de
fecha 12 de enero de 2001 atacada en este proceso, en la medida que fundamentó
la declaración de expropiación en un informe rendido por la CAR atinente a la
aplicación prioritaria del Acuerdo 24 de junio de 1995 del Concejo de La Calera que
reglamentó el uso de del suelo declarando el sector donde se ubica la industria
extractiva de los títulos 16659 y 16715 compatible con la actividad minera.
354. El entonces Director de la CAR, presentó el siguiente informe:
“[…] En ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 7 del
artículo 313 de la Constitución Nacional, el Concejo Municipal de La
Calera mediante el Acuerdo 24 de junio de 1995, reglamentó el uso de la
referida localidad declarando el sector donde se ubica la industria
extractiva compatible con la actividad minera y cuyo plan de manejo es
objeto de valuación en el presente acto administrativo.
Que el área declarada por el Concejo Municipal de La Calera a través del acto
administrativo inmediatamente citado corresponde igualmente a un área
153 En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en sentencias T-774 de 2004.
154 Expediente 110010324000200100170 01. Consejera Ponente: Dra. Olga Inés Navarrete.
155 Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004.
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01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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productora – productora (sic), según el Acuerdo 33 de 1979, originario de la
Junta Directiva de la CAR.
Que con todo aún, la dificultad interpretativa originada por la disyuntiva
normativa provocada por las reglamentaciones del uso del suelo
contempladas en los Acuerdo 24 del 11 de junio de 1995 y el Acuerdo 33
de 1979 de la Junta Directiva de la CAR debe resolverse atendiendo a la
potestad reguladora conferida por los numerales 7 y 9 del artículo 313 de
la Constitución Nacional, norma que revistió de autonomía a los entes
territoriales para reglamentar los usos del suelo […]”156 (Negrillas fuera de
texto).
355. Al respecto, la Sala considera que la posición asumida por el ente Ministerial
igualmente trasgrede y desconoce la premisa jurídica relativa a que las normas
ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares, tal y como se ha
precisado a lo largo de esta providencia.
356. De acuerdo con los principios de armonía regional y gradación normativa, las
disposiciones que dicten las entidades territoriales en relación con el medio
ambiente y los recursos naturales renovables deben respetar el carácter superior y
la preeminencia jerárquica de las normas dictadas por autoridades y entes de
superior jerarquía o de mayor ámbito en la comprensión territorial de sus
competencias.
357. Ciertamente, la jerarquía normativa dispuesta en la Constitución Política debe
acatarse en todo momento, dado que las competencias en materia ambiental y de
recursos naturales renovables, otorgadas a los departamentos, municipios y
distritos en virtud de la descentralización administrativa deben ser ejercidas con
sujeción a la ley, los reglamentos y las políticas del Gobierno Nacional, el Ministerio
del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales, circunstancia que
no sucedió en el caso analizado.
358. Aunado a ello, se desconoció el principio de rigor subsidiario, en el entendido
que las normas y medidas de policía ambiental, deben ser más rigurosas, pero no
más flexibles, de las expedidas por las autoridades competentes del nivel nacional
regional, departamental, distrital, según la jerarquía normativa antes mencionada.
359. La Sala pone de presente que la anterior irregularidad fue puesta de presente
por la Corte Constitucional en la sentencia T-774 de 1994 citada con anterioridad,
al considerar que existen “[…] omisiones y desconocimientos graves y manifiestos
de la normatividad ambiental que se han dado a lo largo de los trámites
cuestionados por diferentes medios judiciales […]”, refiriéndose a los actos
administrativos expropiatorios acá cuestionados.
156 Folio 19 C 1.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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360. Al respecto, advirtió que la “[…] Corporación constató que […] se desconoció de
forma grave y manifiesta el principio de gradación normativa y rigor subsidiario del
Sistema Nacional Ambiental […]”, para lo cual señaló:
“[…] En efecto, una de las consideraciones en las que el Ministerio de
Minas y Energía funda su proceder, y que recoge la sentencia acusada
en el aparte dedicado a la actuación procesal, es que el Concejo Municipal
de la Calera había declarado área de explotación minera la zona donde
se encuentran los contratos mineros en cuestión. Esta posición ya había
sido sostenida por el Ministerio en informe rendido a la CAR el 27 de febrero
de 2001, sobre las actuaciones del Ministerio en relación con el predio el
santuario. Para sustentarla, el Ministerio se fundó en la Resolución 0421 de
la CAR, proferida el 17 de marzo de 1997, mediante la cual se aprobó el
Plan de Manejo y Restauración Ambiental del contrato de concesión minera
número 16569, con base en la misma razón (la aplicación prioritaria del
Acuerdo del Concejo de La Calera) […]
Se desconoce el principio de gradación del Sistema ambiental al
considerar que existe un conflicto normativo para regular una zona de
interés ecológico nacional, entre una norma de carácter regional o
nacional con una norma de carácter municipal, más aún si el “supuesto
conflicto” se decide a favor de la regla municipal.157 Los Concejos
Municipales tienen competencia para fijar reglas en materia ambiental
en zonas de interés ecológico nacional en cuanto sean más “rigurosas”
(principio de rigor subsidiario). De hecho, el 22 de febrero de 2000, Carlos
Cenen Escobar Rojas, Jefe de Planeación Municipal de La Calera, solicitó
al Ministro de Medio Ambiente, Juan Mayr, que las áreas correspondientes
a los contratos 16569 y 16715 “sean incluidas (…) como zonas compatibles
con la minería […]” (Negrillas fuera de texto).
361. Cabe advertir, que el principio de gradación normativa y rigor subsidiario no
ceden ante el de coordinación, no son excluyentes, por el contrario, resultan ser
complementarios. Razón por la cual el municipio de La Calera debió coordinarse
con las autoridades nacionales y regionales, circunstancia que no aconteció, razón
adicional para concluir que se desconoció el ordenamiento jurídico ambiental.
362. Adicionalmente, la Sala pone de presente que nuestro sistema jurídico se
cimentó en la idea consistente en que el ordenamiento del territorio es una función
pública que permite el uso equitativo y racional del suelo, así como la preservación
y defensa del patrimonio ecológico (artículos 1°, 3° y 5 de la Ley 388 de 1997). Por
ello, la Ley 388 de 1997158 estableció que “[…] las determinantes relacionadas con
la conservación, la protección del ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua, los
recursos naturales (…) y la gestión del cambio climático […]” prevalecen en la
157 Cita original de la Corte. “[…] Según el artículo 4° de la Ley 99 de 1993 las decisiones de la CAR son
superiores jerárquicamente a las de los Concejos Municipales, en materia ambiental. Al respecto ver también la
Ley 388 de 1997 […]”.
158 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial (artículo 10).
363. Llama la atención de la Sala el hecho relativo a que el ente ministerial se
sustentó en el Acuerdo 24 de junio de 1995 del Concejo de La Calera y no tuvo en
cuenta que, con posterioridad y, antes de proferir los actos acusados, en el POT
del ente territorial, Acuerdo 043 de 1999, se precisó el régimen legal de las zonas
de protección, considerando que las mismas deben dedicarse a la preservación y/o
mejoramiento de su vegetación natural, tal y como se observa a continuación:
“[…] Artículo 40. Régimen legal de las zonas de protección. Para los fines
del presente Acuerdo, las zonas de protección deben dedicarse a la
preservación y/o mejoramiento de su vegetación natural, para que
cumplan con los objetivos mencionados arriba, de acuerdo con los
tratamientos definidos más adelante. No obstante, las autoridades
ambientales competentes podrán, como en efecto lo han hecho en algunos
casos, declararlas y manejarlas como zonas de Reserva Forestal, Parques
Regionales, áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales u otras
figuras que prevea la legislación […]” (Negrillas fuera de texto).
364. Sin lugar a duda, el Ministerio demandado erró cuando adoptó las decisiones
ambientales del caso, relacionadas con el uso del suelo, de conformidad con un
instrumento de planeación urbanística de menor jerarquía, en vez de considerar los
actos administrativos ambientales que delimitaron y detallaron la zonificación del
sector del litigio. Tales normas superiores, se reitera, prohibieron expresamente las
actividades mineras.
365. La función urbanística es la potestad de los municipios y distritos prevista en
nuestro ordenamiento jurídico a efectos de garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales a la propiedad privada, a la productividad, a la competitividad, al
trabajo, a la convivencia pacífica, al goce de un ambiente sano, a la igualdad
material y a la intimidad. Sin embargo, cuando un ente territorial planifica, ordena y
distribuye el territorio de su jurisdicción, no puede contrariar las normas ambientales
de orden público que impedían destinar esas áreas forestales a un fin distinto al que
fundamentó su constitución.
366. Finalmente, la Sala considera que, si bien es cierto que el Ministerio de Minas y
Energía conocía la ubicación del predio y que el mismo se encontraba dentro de
una zona restringida para la actividad minera, también lo es que tenía el deber de
adoptar una decisión de protección y no limitarse a señalar que la constructora tenía
derechos adquiridos, razón única que, en su entender, habilitó la expropiación
cuestionada.
367. Aunado a lo anterior, la entidad en su contestación resalta que las zonas
expropiadas estaban destinadas al amortiguamiento ambiental, esto es, para que
las actividades de los contratos de concesión se adelanten dentro de un desarrollo
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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sostenible, cuando quedó demostrado que, por el contrario, las mismas fueron
objeto de explotación y degradación.
368. Nótese que la autoridad demandada erró al aceptar como argumento para
solicitar la expropiación, el hecho de que la constructora “[…] está siendo objeto de
perturbaciones y agresiones por parte de los propietarios de la finca Las Lomas, lo
cual impide el normal desarrollo de la actividad minera […]”, toda vez que, para ello,
se debió acudir a las medidas de policía pertinentes y no limitar el derecho de
propiedad protegido por la Constitución Política en su artículo 58.
369. Así pues, la expropiación del predio El Santuario efectuada por el Ministerio de
Minas y Energía permitió el cambio del uso del suelo en un área mayor a la
autorizada por los contratos de concesión 17615 y 16569. Ello constituyó
materialmente la transformación de una reserva forestal protectora-productora en la
que estaba prohibido el desarrollo de minería.
370. En suma, la Sala encuentra que con la expedición de las Resoluciones 5-0001
de 4 de enero de 1993; 701352 de 26 de octubre de 1998; 5-0006 de 7 de enero de
1993; 700521 de 9 de mayo de 1996, 700771 de 8 de julio de 1996, 81098 de 12 de
octubre de 2000 y 80027 de 12 de enero de 2001 expedidas por el Ministro de Mina
y Energía, se quebrantaron los artículos 8°, 58, 79, 80 y 95 de la Constitución
Política, los artículos 30, 39, 189, 190, 202 a 210 del Decreto 2811 de 1974, los
artículos 61 y 63 de la Ley 99 de 1993, los artículos 183 a 186 del Código de Minas,
el Acuerdo 30 de 30 de septiembre de 1976, la Resolución Ejecutiva 076 de 31 de
marzo de 1977, el Acuerdo 33 de 1979, el Acuerdo 59 de 1987 de la Corporación
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y Suárez y la
Resolución 222 de 3 de agosto de 1994, expedida por el Ministerio del Medio
Ambiente, aclarada por la Resolución 249 de 5 de agosto de 1994, del mismo
Ministerio.
371. Aunado a ello, los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión respecto del uso del suelo permitido para el predio El
Santuario no eran reales ni adecuados. Por tanto, el Ministerio de Minas y Energía
omitió tener en cuenta otros hechos que sí estaban demostrados y que, de haber
sido considerados, habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.
372. De manera que el actuar del Ministerio de Minas y Energía, consistente en
desconocer las determinantes ambientales superiores de ordenamiento territorial,
demuestran la configuración de las causales de nulidad relacionadas con el
desconocimiento de las normas en que debieron fundarse los actos acusados y
falsa motivación, razón por la cual se declarará la nulidad de dichos actos, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
373. Ahora bien, en cuanto a la nulidad de las Resoluciones 5-1154 de 10 de marzo
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
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de 1993, 5-1979 de 2 de abril de 1993, 700526 de 9 de mayo de 1996, 701329 de
31 de octubre de 1996, 700903 de 6 de julio de 1998,100570 de 10 de mayo de
1994 y el auto de 27 de mayo de 1993, la Sala negará las pretensiones de la
demanda, en tanto que el demandante Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez desconoció
el deber consagrado en los artículos 139 y 168 del CCA y el artículo 177 del CPC.
374. En efecto, como se consideró en acápites anteriores, en el plenario no se
acreditó el lugar de ubicación del predio objeto del contrato de concesión 15148 y
tampoco las actuaciones desarrolladas en materia ambiental en el marco de dicha
concesión.
375. La Sala reitera que todo el material probatorio se relaciona exclusivamente con
los títulos mineros 16569 y 16715, esto es, con las licencias de exploración, la
aprobación y perfeccionamiento de la cesión de los derechos de explotación de esos
contratos de concesión y la expropiación de las áreas para el desarrollo de la
minería allí dispuesta y no en lo atinente al contrato antes referido.
376. Por tanto, se recuerda que la carga de la prueba en el ejercicio de la acción de
nulidad especial ambiental implica, que quien instaura este mecanismo de defensa
judicial tiene el deber de probar sus afirmaciones respecto de la causal de nulidad
en que incurrieron los actos que modificaron una autorización a una actividad
antrópica que puede generar efectos nocivos en el medio ambiente.
VI.3.3. Costas
377. En cuanto a la solicitud de condena en costas, la Sala considera que no hay
lugar a ello como quiera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del
CCA, en las acciones públicas no es procedente dicha condena159.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la sociedad
Constructora Palo Alto y Cia S. En C. relativas a la improcedencia de la acción
especial de nulidad ambiental, inepta demanda, cosa juzgada, habérsele dado a la
demanda un trámite diferente al que corresponde y caducidad, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
159 ARTÍCULO 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998 Condena en costas. En todos los procesos, con
excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá
condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento
Civil.
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Radicación No. 11001-03-24-000-2001-00126-01 (Acumulados 11001-03-26-000-2001-00047-
01, 11001-03-26-000-2001-00054-01 y 11001-03-026-000-2001-00055-01)
Demandantes: Robinson Humberto Patiño Cuberos, Carlos Eduardo Alméciga Martínez
Juan José Gabriel Luna Conde y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, Asociación Ecológica
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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 5-0001 de 4 de enero de
1993; 701352 de 26 de octubre de 1998; 5-0006 de 7 de enero de 1993; 700521 de
9 de mayo de 1996, 700771 de 8 de julio de 1996, 81098 de 12 de octubre de 2000
y 80027 de 12 de enero de 2001 expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Sin condena en costas.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las
anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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