Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04793-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04793-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04793-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
13 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04793-01
Accionante: CONSTRUCTORA PALO ALTO Y CÍA. S EN C.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Tema: Tutela contra providencia judicial / acción de nulidad
/ improcedencia de la acción constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 21 de octubre de 2022
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que declaró improcedente el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
La Constructora Palo Alto y Cía. S en C, a través de su representante
legal, solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
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Ahora bien, de acuerdo con el escrito de tutela y las pruebas aportadas
al expediente, la Sala de Subsección entiende que los hechos y
fundamentos de la acción constitucional son los siguientes:
1. HECHOS
El señor Robinson Humberto Patiño Cuberos presentó acción de nulidad
en contra de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Resolución 81098 del 12 de
octubre de 2000, «por la cual se decreta la expropiación de un predio»;
y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Resolución 80027 del 12 de enero de
2001, «por la cual se resuelve unos recursos de reposición y unas
solicitudes de revocatoria directa», expedidas por la Nación – Ministerio
de Minas y Energía, cuyo radicado se identificó con el número 11001-
03-24-000-2001-00126-01 y al que se le acumularon los expedientes
11001-03-26-000-2001-00054-01, 11001-03-026-000-2001-00055-
01 y 11001-03-26-000-2001- 00047-01.
El conocimiento del proceso le correspondió a la Sección Primera del
Consejo de Estado que, en el curso del proceso, mediante auto del 5
de abril de 2022, decretó como prueba de oficio que se requiriera a la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para que remitiera «copia
íntegra, en medio magnético, de los dictámenes periciales, estudios
técnicos o documentos que hayan sido utilizados y analizados para
determinar si el predio rural denominado “El Santuario” perteneciente
a un lote de mayor extensión denominado “Lomitas”, ubicado en la
vereda Aurora Alta del municipio de La Calera (Cundinamarca), se
encuentra dentro de áreas de reserva forestal o ambiental; pruebas
estas que deben obrar en el proceso penal con radicación 11001-60-
00- 000-2015-01203-00, seguido en contra de la señora Ingrid Moller
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Bustos como coautora de los delitos de daño a recursos naturales
agravado y explotación ilícita de yacimiento minero y otros
materiales».
Contra la decisión anterior la Constructora Palo Alto y Cía. S. en C., en
su calidad de tercero interesado, solicitó la nulidad procesal, pues
afirmó que no era posible incorporar dichas pruebas, toda vez que en
los expedientes en las que reposaban, radicados 11001-60-000-49-
2008-07322-02 y 11001-60-00-000-2015-01203-00, aún no se habían
resuelto los recursos de casación contra las sentencias de segunda
instancia que culminaron los procesos penales; sin embargo, el
despacho sustanciador, a través de providencia del 24 de junio de
2022, la rechazó.
En esa misma oportunidad, la autoridad judicial accionada aceptó el
desistimiento de la inspección judicial con intervención de peritos
requerida por la parte demandante para que se determinara si el predio
rural denominado «El Santuario» se encontraba en áreas de reserva
forestal, aspecto en relación con el cual la Constructora Palo Alto y Cia.
S. en C. interpuso recurso de reposición; no obstante, este fue
confirmado mediante auto del 26 de agosto de 2022.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Como fundamento de la acción de tutela, la parte accionante realizó
múltiples señalamientos, de tipo disciplinario y penal, sobre la conducta
del magistrado sustanciador del proceso y del apoderado de la parte
demandante en el expediente contencioso administrativo, en el que
refirió, se profirieron las decisiones que decretaron pruebas de oficio y
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aceptaron el desistimiento de una prueba, sin embargo, no expuso
ningún defecto contra dichas providencias.
3. PRETENSIONES
La parte accionante pidió lo siguiente:
«[…]
Por todo lo anteriormente probado, solicito del H. Juez Constitucional que se ordene al H.
Consejero Ponente Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, dejar sin efectos las
pruebas de OFICIO de los procesos penales, y a cambio se ordene la realización del
peritazgo necesario, procedente y pertinente ordenado el 30 de Noviembre de 2011,
peritazgo RATIFICADO en la AUDIENCIA del 4 de Abril de 2022 y que fuera enriquecido
con la solicitud de fecha 22 de abril de 2022 hecha por la Constructora Palo Alto y Cía. En
C.»
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto del 9 de septiembre de 2022, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de la
referencia y ordenó notificar a los magistrados que integran la Sección
Primera del Consejo de Estado como accionados y al señor Robinson
Humberto Patiño Cuberos y al ministro de Minas y Energía como
terceros interesados, toda vez que intervinieron en el proceso con
radicado 11001-03-24-000-2001-00126-01, para que se pronunciaran
sobre los hechos que originaron la solicitud constitucional. De igual
manera, denegó la medida cautelar solicitada consistente en la
suspensión de la ejecución del auto del 26 de agosto de 2022 proferido
por la Sección Primera del Consejo de Estado, que corrió traslado para
alegar a las partes en el proceso referido, por cuanto advirtió que era
necesario un estudio de fondo.
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5. INTERVENCIONES
5.1. La Sección Primera del Consejo de Estado, por intermedio de
uno de sus magistrados, solicitó que se declarara la improcedencia de
la tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, en el
entendido que la controversia planteada por la parte accionante ya fue
definida dentro del proceso contencioso administrativo con apego al
debido proceso y con sustento en las normas y jurisprudencia aplicable.
En ese sentido, resaltó que el fundamento de la acción se centró en
afirmaciones irrespetuosas y sin soporte probatorio tendentes a
señalar que el suscrito decidió «[…] de común acuerdo con el abogado
Carlos Alberto Mantilla realizar la Audiencia del 4 de abril de 2022 y
luego expedir el AUTO del 5 de abril de 2022, ambos debidamente
acomodados para terminar anulando la prueba Conducente, Necesaria
y Procedente y avalando la Prueba inconducente improcedente e ilegal
como eran unos documentos de un proceso penal que está en pleno
juicio ante la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal
[…]».
5.2. La Nación – Ministerio de Minas y Energía, a través de
apoderada1, manifestó que no ha vulnerado los derechos de la parte
accionante y que el actuar desleal se depreca es del abogado Carlos
Mantilla Gutiérrez, quien no ha permitido que culminen los procesos
judiciales suscitados respecto de los contratos de concesión minera
1 Lina María Triviño Melo.
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16.569 y 16.715 de los cuales es titular la sociedad Constructora Palo
Alto y Cia S. en C.
5.3. El señor Robinson Humberto Patiño Cuberos, a través de
apoderado2, aseguró que la acción constitucional es improcedente, por
cuanto la autoridad judicial accionada no ha transgredido los derechos
que se invocan en protección, sino que, por el contrario, ha respetado
el debido proceso de las partes en el proceso contencioso
administrativo. En ese sentido, advirtió que el escrito de tutela está
fundamentado en señalaciones irrespetuosas y manifestaciones que
faltan a la verdad las cuales carecen de sustento alguno.
6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a través
de sentencia del 21 de octubre de 2022, declaró improcedente el
amparo solicitado, pues consideró «que la parte actora no cumplió con
la carga argumentativa mínima que se requiere para cuestionar
providencias judiciales a través de la acción de tutela, toda vez que, se
reitera, se limitó a realizar graves acusaciones en contra del magistrado
sustanciador del proceso ordinario y de los demandantes, sin que se
invocara un defecto o argumentara la configuración de alguno que se
pudiera inferir» y porque « la parte actora pretende que se realicen juicios
disciplinarios y penales frente a los demandantes del proceso de nulidad y
respecto de un magistrado de esta Corporación, siendo que tales
pretensiones escapan del objeto de la tutela y, por tanto, exceden la
competencia del juez constitucional».
2 Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez.
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7. IMPUGNACIÓN
En el escrito de impugnación la parte accionante reiteró los
señalamientos expresados en la tutela, esto es, las afirmaciones
deshonrosas contra el consejero sustanciador de la acción de nulidad
que cursa ante esta corporación y el apoderado judicial de los
demandantes. Asimismo, resaltó que el asunto es de trascendencia
económica, porque se trata de un yacimiento minero por un valor de
más de tres billones de pesos.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 080 de 2019, en
cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:
¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedibilidad?
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Para dar respuesta al anterior interrogante se procederá a analizar: i)
la acción de tutela contra las providencias judiciales, los requisitos
generales de procedibilidad y ii) el caso concreto.
3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
3 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
4 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-
03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García
González.
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natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:
i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al
juez de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por
las cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta
derechos fundamentales de alguna de las partes.
ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo,
claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.
iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
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que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible.
vi. Que no se trate sentencias de tutela.
De conformidad con lo anterior, uno de los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
consiste en que el demandante identifique de manera razonable los
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hechos que presuntamente originan la vulneración ius fundamental así
como los derechos quebrantados. Dicha carga procesal, tal como lo ha
advertido la jurisprudencia constitucional, «es comprensible pues, sin
que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es
menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial […], y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos».
Por otra parte, la causal de improcedencia de la acción ante la
existencia de otros medios de defensa responde al carácter subsidiario
de la acción de tutela, con el propósito de respetar la división de
competencias que la misma carta ha delineado y el principio de
especialidad de la jurisdicción; por tanto, desconocer tales atribuciones
implicaría invadir a los jueces que recibieron el encargo constitucional
de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada, para
lo cual, fueron revestidos de autonomía e independencia.
4. CASO CONCRETO
En el asunto de la referencia, la Constructora Palo Alto y Cía. S. en C.,
a través de su representante legal, interpone la acción de tutela contra
la Sección Primera del Consejo de Estado al no estar de acuerdo con
las decisiones judiciales que profirió el magistrado sustanciador dentro
la acción de nulidad identificada con el radicado 11001-03-24-000-
2001-00126-01, a través de las cuales decretó unas pruebas de oficio
y aceptó el desistimiento de una inspección judicial solicitada por la
parte demandante, que aún no se había efectuado.
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Como sustento de la acción constitucional, el representante legal de la
Constructora Palo Alto y Cía. S. en C. expresó in extenso una serie de
señalamientos disciplinarios y penales contra las actuaciones del
consejero sustanciador y del procurador judicial de la parte
demandante; sin embargo, no indicó de forma alguna la configuración
de algún defecto contra las providencias proferidas por la Sección
Primera del Consejo de Estado.
De acuerdo con lo expuesto, encuentra la Sala de Decisión que en el
escrito de la tutela la Constructora Palo Alto y Cía. S. en C. no delimita,
siquiera con meridiana claridad, la manera cómo la autoridad judicial
accionada, en su criterio, incurrió en alguno de los defectos señalados
por la jurisprudencia para que proceda la tutela contra providencia.
De lo anterior, se concluye que en la presente demanda no se cumple
con la carga mínima de argumentación que permita establecer los
extremos de la controversia de manera que se pueda adelantar un
análisis relacionado con la posible vulneración de algún derecho
fundamental, pues, no se le atribuye a la providencia defecto alguno y
lo único que se observa es la reiteración de señalamientos de tipo penal
y disciplinario contra un funcionario judicial y un abogado, para lo cual
la tutela no es procedente, en el entendido que existen acciones
disciplinarias y penales que la parte accionante puede adelantar de
considerar la configuración de las actuaciones objeto de ellas.
En ese orden de ideas, conforme las razones precedentes la Sala de
Decisión confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente el amparo solicitado, pero por los argumentos expuestos
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en este fallo, esto es, que no se cumplió con la carga argumentativa
de la tutela contra providencia judicial.
Por último, se conmina al representante legal de la Constructora Palo
Alto y Cía. S. en C. para que en próximas oportunidades se dirija con
respeto a las autoridades judiciales y los demás sujetos procesales,
evitando injuriar o acusar, sin perjuicio que por los medios legales
procedentes pueda iniciar las acciones pertinentes.
Asimismo, se le recuerda que la tutela no es procedente para debatir
derechos de contenido pecuniario como lo pretende al resaltar en el
escrito de impugnación que se trata de un asunto de trascendencia
económica, en ese orden de ideas, también se le hace un llamado de
atención para que utilice este mecanismo excepcional y subsidiario
frente a la amenaza o configuración de una transgresión a derechos
fundamentales.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 21 de octubre de 2022
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
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solicitado.
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SEGUNDO. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí
contemplados.
TERCERO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO. REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
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