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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04802-00

Fecha
20 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04802-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por el Consorcio Isrex (integrado por las sociedades Isrex 94 Ltda., Allbiai S. A. S. (antes Riago Ltda) y F & B Abogados Asociados Ltda., con respecto del defecto decisión sin motivación, en atención a las consideraciones expuestas. Segundo. Denegar el amparo invocado por el Consorcio Isrex (integrado por las sociedades Isrex 94 Ltda., Allbiai S. A. S. (antes Riago Ltda) y F & B Abogados Asociados Ltda., en torno a los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Tercero. En caso de no ser impugnada esta providencia, devolver al despacho de origen el expediente de controversias contractuales con radicación 15001-23-31-000- 2002-00204-01 (62348). Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04802-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

20 de octubre de 2022

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04802-00
Demandante: Consorcio Isrex y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04802-00
Demandante: Consorcio Isrex y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Temas: Tutela contra providencia judicial emitida en un proceso de controversias
contractuales.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el Consorcio Isrex (integrado por las
sociedades Isrex 94 Ltda., Allbiai S. A. S. (antes Riago Ltda) y F & B Abogados
Asociados Ltda. contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Consorcio Isrex, por intermedio de su representante legal, promovió demanda en
orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
a la defensa, a la contradicción, al acceso a la administración de justicia y a la
prevalencia del derecho sustancial, así como a las garantías de la realización de la

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justicia, a la vigencia de un orden social justo, al respeto de la dignidad humana, a la
equidad y a los principios generales del derecho.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 26
de enero de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, dentro del proceso de controversias contractuales con radicación 15001-23-31-000-
2002-00204-01 (62.348) y, en su lugar, que se ordene proferir una nueva decisión en
la que se disponga el reconocimiento, en abstracto, del restablecimiento del derecho
deprecado o de la indemnización de los perjuicios ocasionados por razón del daño
antijurídico irrogado con ocasión de la expedición de los actos administrativos
demandados.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la parte actora narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 13 de febrero de 1997, el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), el
Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT) y la Asociación de Usuarios
denominada USOCHICAMOCHA, celebraron con el Consorcio Isrex, conformado por las
sociedades Isrex Colombia Ltda., Isrex 94 ltda., y Riagro s. A. (antes Ltda.), el contrato
009, con el siguiente objeto:

… la financiación y la construcción de las obras civiles, suministro, montaje e instalación
de equipos electrónicos y electromecánicos, tuberías, accesorios y elementos del
proyecto de adecuación de tierras Alto Chicamocha, el cual comprende la puesta en
funcionamiento de 10 unidades de riego y sistema de drenaje en un área aproximada de
6.022 hectáreas, el cual comprende además de los canales, el control de las fuentes
salinas de Paipa y la red freatrimétrica; las cuales se encuentran en los municipios de
Nobsa, Sogamoso, Duitama, Paipa, Santa Rosa de Viterbo y Tibasosa del Departamento
de Boyacá.

ii) El Consorcio ejecutó oportunamente las obras a cuya construcción, montaje y
entrega se obligó y las puso en operación, lo cual quedó suficientemente acreditado
con diferentes actas de entrega.

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iii) Mediante Resolución 597 del 21 de marzo de 2000, el INAT declaró el incumplimiento
del Contrato 009 de 1.997 y su caducidad administrativa, ordenó su liquidación y
dispuso la exigibilidad de la garantía única de cumplimiento; y a través de las
Resoluciones 788 y 850 del 2000, resolvió los recursos de reposición interpuestos,
confirmando la decisión sancionatoria.

iv) Lo anterior, 5 meses después del vencimiento del plazo contractual total de 32
meses pactado para la ejecución de las obras y la realización de las actividades de
acompañamiento en la administración y operación del distrito de riego y, casi 1 mes
después del vencimiento del plazo de 4 meses estipulado para la liquidación bilateral
del contrato.

v) Por Resolución 895 del 2000, el INAT declaró liquidado en forma directa y unilateral
el contrato, dispuso hacer efectiva, en contra del Consorcio Isrex, la cláusula penal
pecuniaria establecida y ordenó el pago, por parte del Consorcio de la suma de
$4.271.367.104, más $1.850.129.006; y a través de las Resoluciones 1059 y 1060 de
2000, confirmó la decisión.

vi) Del balance final consolidado del contrato, efectuado por el INAT-FONAT en la
Resolución 0895 de 2000, se desprende: a) que el valor total ejecutado recibido a
satisfacción, incluyendo ajustes, según los numerales 8, 9 y 10, ascendió a la suma de
$46.908.315.163 de julio de 2.000; b) que el valor total de las actas de obra y reajustes
pendientes por formalizar y cancelar, según se describe en los numerales 20, 21 y 22,
fue de $ 1.174.830,701 de julio del año 2000; y c) que tanto la totalidad de las obras
ejecutadas por el Consorcio y recibidas a satisfacción por las entidades contratantes,
como por razón del monto de las actas de obra y reajuste pendientes de formalizar por
parte del INAT-FONAT y, consiguientemente, pendientes de pago al Consorcio, se
ejecutaron obras por un valor total de $48.083.145.864 del mes de julio del año 2000,
según se describe en los numerales 8, 9, 10, 20, 21 y 22. Siendo así, según lo
reconoció y estableció el propio INAT-FONAT, lo único que el Consorcio habría dejado
de ejecutar tan sólo ascendería a un porcentaje equivalente al 5% respecto del valor
total del contrato.

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vii) Como consecuencia de la declaratoria de caducidad, el Consorcio Isrex como cada
una de las sociedades que lo conforman, esto es, Srex 94 Ltda., Riagro Ltda. e Isrex
Colombia Ltda., quedaron inhabilitados por el término de 5 años para celebrar
cualquier contrato estatal; y en razón de la inhabilidad legal que contractualmente le
sobrevino a las Sociedades Riagro Ltda. y Isrex (94) Ltda., estas debieron ceder los
contratos que tenían vigentes, lo cual afectó de manera sustancial y grave su
patrimonio y el desarrollo de su actividad social, al no poder devengar las lícitas
utilidades a que tenían derecho por razón de la celebración válida de los contratos.

viii) El Consorcio Isrex promovió demanda de controversias contractuales en contra
del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT) en orden a obtener la
indemnización de los perjuicios ocasionados por el daño antijurídico causado.

ix) Mediante sentencia del 23 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo de Boyacá
declaró la nulidad de las Resoluciones 0597, 788 y 850 de 2000, así como de las
Resoluciones 895, 1059 y 1060 de 2000 y, a título de restablecimiento del derecho,
condenó, en abstracto, al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras INAT-FONAT (cuyo
sucesor procesal actual es la Agencia Nacional de Tierras) y a USOCHICAMOCHA, a
pagar a favor del Consorcio ISREX —como consecuencia de la declaratoria de
caducidad administrativa del Contrato No. 009 de 1997—, el valor de los perjuicios que
lograran acreditarse a través del incidente de regulación de perjuicios.

x) A través de sentencia del 26 de enero de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, modificó la decisión en el sentido de a) declarar la nulidad de
los actos administrativos demandados, d) declarar probada de oficio la excepción de
caducidad respecto de las demandas de reconvención presentadas por el INAT y
USOCHICAMOCHA en contra del Consorcio Isrex y c) negar las demás pretensiones de

la demanda.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir del apoderado de la parte actora, el fallo de segunda instancia incurrió en los
siguientes vicios o defectos:

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1.1.3.1. Defecto sustantivo

1.1.3.1.1. Por falta de aplicación o erróneo entendimiento del artículo 90
constitucional

i) La Subsección al tratar de fundamentar la denegación de las pretensiones
indemnizatorias, no tuvo en cuenta, en modo alguno, el precepto previsto en el artículo
90 de la Constitución Política del cual se desprende que la responsabilidad patrimonial
del Estado, contractual o extracontractual, se activa o se configura por la causación de
un daño antijurídico, entendido este como la lesión, disminución o afectación negativa
de un derecho o de un bien sin que su titular se encuentre en el deber jurídico de
soportarlo.

ii) En las sentencias del 18 de octubre de 2007 y del 4 de junio de 2019, en los
expedientes con radicación 25000-23-27-000-2001-00029- 01 (AG) y 68001-23-31-
000-1999-01396-02 (46.656), respectivamente, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, puntualizó lo relacionado en torno a la confusión entre daño y perjuicio; y sin
embargo, la Subsección accionada confundió estos conceptos al concluir que «ante la
falta de acreditación de los perjuicios» estos debían denegarse.

iii) Con la expedición de los actos administrativos declarados nulos, en ambas
instancias, se generaron efectos inhabilitantes que lesionaron de manera grave y por
espacio de cinco años su derecho a celebrar contratos con entidades estatales,
produciendo, de manera indudable, un daño antijurídico en contra de los contratistas
demandantes.

iv) En el caso, no hay espacio para confundir el daño antijurídico con los perjuicios que
se derivan o desprendan de aquel, pues si se llegare a concluir o a entender que la
supuesta ausencia de prueba respecto de los perjuicios ocasionados a los
demandantes podría determinar la inexistencia de la responsabilidad patrimonial de la
entidad estatal demandada, se estaría dando un entendimiento tergiversado,
equivocado y erróneo al contenido y al alcance del artículo 90 de la carta política.

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1.1.3.1.2. Por falta de aplicación o erróneo entendimiento de los artículos 8-1-c y
9 de la Ley 80 de 1993

i) El simple conocimiento del régimen legal de inhabilidades previsto de manera
imperativa en el Estatuto de Contratación Estatal obliga a concluir, por lógica elemental
y porque así lo señalan las reglas de la experiencia —sin que al respecto se requiera
prueba alguna—: a) que a los contratistas demandantes se les generó una inhabilidad
por cinco años para celebrar contratos estatales con cualquier entidad estatal —a
pesar de que su actividad comercial lícita, ordinaria y habitual los llevó a celebrar más
de 110 contratos estatales por varios cientos de millones de dólares con los Estados
Unidos de Norteamérica—; b) que tal inhabilidad les significó tener que ceder o
renunciar obligatoriamente a los contratos estatales que tenían vigentes; y, además,
c) que la causa o la fuente de tal inhabilidad la constituyó el acto administrativo que
declaró la caducidad administrativa del contrato estatal, posteriormente declarado nulo
judicialmente.

ii) Así las cosas, no puede menos que concluirse, sin equívoco alguno, que a dichos
contratistas se les ocasionó un evidente e inocultable daño antijurídico que, a su turno,
da lugar a la configuración de la responsabilidad patrimonial de la entidad estatal
demandada.

1.1.3.1.3. Por falta de aplicación o erróneo entendimiento del artículo 172 del
Código Contencioso Administrativo, sobre las condenas en abstracto

i) En la sentencia del 19 de noviembre de 2021, radicación 50001-23-31-000-2009-
00441-01 (51.915), el Consejo de Estado, Sección Tercera, concluyó que a la condena
en abstracto hay lugar cuando no existe certeza o claridad «sobre la cuantía de los
perjuicios», partiendo de la base de la existencia del daño antijurídico.

ii) Por tanto, a los demandantes les asiste el derecho para que el juez de la causa haya
proferido la condena en abstracto, pues, en el caso, no se puede cuantificar el monto
de los perjuicios a cuya indemnización tienen derecho.

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iii) En el asunto, no hay duda del daño antijurídico que los actos administrativos
demandados y anulados generaron en contra de los demandantes, comoquiera que
por razón de su sola expedición se les limitó, cercenó y lesionó, de manera radical, el
derecho que les asistía para celebrar contratos estatales amén de que se les obligó a
ceder o a renunciar a los contratos que ya tenían celebrados para la fecha.

1.1.3.1.4. Por falta de aplicación o erróneo entendimiento del artículo 228 de la
Constitución Política, sobre la prevalencia del derecho sustancial

A pesar de que las pruebas aportadas al plenario demostraban, de manera fehaciente,
la ocurrencia de los hechos, la Subsección en lugar de concluir que en el caso se
comprometió la responsabilidad patrimonial de la entidad Estatal, para dejar que la
liquidación de los perjuicios se realizara en la etapa del incidente de regulación de
perjuicios —previsto para ello en el artículo 172 del CCA— y de esa manera, evitar la
injusticia a que conduciría dejar de reparar el quebranto ya probado de los derechos
de los contratistas, prefirió sacrificar el derecho sustancial de indemnización o de
reparación de los afectados.

1.1.3.2. Decisión sin motivación

i) De una lectura detallada de los párrafos 55 y 56 consignados en la sentencia
cuestionada, se puede concluir que en estos no se consigna motivación alguna que
explique y menos que justifique la denegatoria de las pretensiones indemnizatorias.

ii) La Subsección no justificó. a) por qué no se aplicó el artículo 90 de la Constitución
Política; b) por qué desechó la conclusión que enseña, a la luz del citado artículo 90
constitucional, que a través de los actos administrativos que fueron judicialmente
anulados, la entidad estatal demandada causó un daño antijurídico a los contratistas;
c) por qué no se consideraron los graves efectos inhabilitantes que en materia de
contratación estatal se generaron en contra de los contratistas, por la sola expedición
y consiguiente confirmación del acto administrativo de caducidad del Contrato 009 de
1997 —de conformidad con los dictados de los artículos 8-1-c y 9 de la Ley 80 de
1993—; y d) por qué no se aplicó el artículo 172 del CCA, a sabiendas de que esta
norma se encuentra concebida para los casos en los cuales, habiéndose establecido

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la existencia de un daño antijurídico —tal como ocurre en el caso de la referencia—,
hay duda acerca de los perjuicios y/o de su respectivo monto.

1.1.3.3. Defecto fáctico

i) El más simple y sencillo análisis probatorio desprendía por su propio peso la
conclusión de que a través de los actos administrativos demandados y declararlos
nulos se causó un daño antijurídico a los contratistas demandantes. En el caso se
encuentran debidamente configurados los perjuicios a cuya indemnización tienen
derecho, de los cuales únicamente hay dudas sobre su cuantía.

ii) La Subsección minimizó el esfuerzo probatorio que desplegó y que cumplió la parte
demandante al conseguir que al expediente se allegaran más de 110 contratos
estatales, en cuya celebración y ejecución tuvieron parte activa algunos de los
contratistas demandantes, quedando en evidencia y por fuera de toda duda que la
valoración probatoria realizada por la accionada fue totalmente inexistente.

iii) Ciertamente, los acreditados daños antijurídicos que a los contratistas demandantes
les causó la demandada, fueron los siguientes: a) inhabilidad para celebrar contratos
estatales durante cinco años y, que también obligó a sus titulares a ceder o a renunciar
a la ejecución de los que se encontraban vigentes, que generaron el perjuicio
consistente en no poder obtener los ingresos y las utilidades lícitas que les generaba
su actividad contractual; b) el no percibir las sumas de dinero pactadas y causadas por
la ejecución del Contrato 009 de 1997, que genera el perjuicio consistente en la no
satisfacción del pago de las sumas de dinero correspondientes a las prestaciones
cumplidas y la no recepción de las sumas de dinero pendientes de pago a que tenían
derecho por la ejecución, por cuanto la entidad estatal demandada no pagó a los
contratistas la totalidad de las sumas adeudadas por la ejecución del contrato; y c) el
haberse descontado de las sumas de dinero adeudadas aquellos valores
correspondientes a la cláusula penal pecuniaria ilegalmente causada, que generó el
perjuicio de no recibir in integrum el valor de las obras ejecutadas en desarrollo del
contrato.

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iv) La falta de liquidación o cuantificación de los perjuicios causados, de ninguna
manera pone en duda la certeza de su existencia. En el caso, debe desecharse por
completo cualquier inquietud respecto de la causación de los perjuicios, puesto que,
siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia, es claro que su
configuración encuentra soporte suficiente en las máximas de la experiencia o, dicho
de otra manera, en las reglas de la vida, el sentido común y la lógica de lo razonable.

1.1.3.4. Violación directa de la Constitución

i) Desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso por ausencia de
motivación, que torna la providencia atacada en una decisión infundada, caprichosa y
arbitraria. En el caso no se valoraron los diferentes elementos de prueba incorporados
al expediente y de cuya existencia se desprende con claridad la configuración de un
daño jurídico en contra de los contratistas demandantes.

ii) Violación del derecho al acceso a la administración de justicia por desconocerse el
valor de la justicia ante la negativa en ordenarse la reparación del daño antijurídico
ocasionado. Ello, a) por haberse dejado de valorar en bloque las pruebas aportadas al
expediente para acreditar la existencia del daño antijurídico causado a los
demandantes por la entidad demandada con la expedición y confirmación de los actos
administrativos demandados y judicialmente anulados, b) por la alegada y sustentada
ausencia de motivación, y c) por la infundada falta de aplicación de lo dispuesto en el
artículo 172 del CCA, que determinó la denegatoria de las pretensiones
indemnizatorias.

iii) Vulneración del derecho a la igualdad, puesto que la Subsección en sentencia de
junio 4 de 2019, expediente 68001-23-31-000-1999-01396-02 (46.656), puso de
presente la clara e inequívoca distinción entre el concepto de daño y el de perjuicios;
y en la sentencia del 19 de noviembre de 2021, expediente 50001-23-31-000-2009-
00441-01 (51.915), concluyó que a la condena en abstracto hay lugar cuando no existe
certeza o claridad sobre la cuantía de los perjuicios. La Subsección omitió examinar si
en el asunto estaba probado el daño antijurídico ocasionado a los demandantes, ya
que, sencillamente, se apresuró a negar toda posibilidad de obtener una condena en
abstracto.

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1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 9 de septiembre de 2022, se inadmitió la acción de tutela y,
en consecuencia, se requirió al abogado Juan Manuel Giraldo Vélez o al
representante legal de la Sociedad ISREX 94 Ltda., para que dentro de los tres días
siguientes a la notificación de la providencia, allegara: i) el certificado de registro
mercantil ante la Cámara de Comercio, que permitiera demostrar que el señor Pablo
Daniel Giesser es el representante legal de la Sociedad ISREX 94 Ltda., y ii) el poder
especial con el lleno de los requisitos legales otorgado por el representante legal de la
Sociedad ISREX 94 Ltda., bien sea: a) de manera presencial, con nota de presentación
personal, o b) acogiéndose a lo estipulado en la Ley 2213 de 2022, para lo cual debía
acreditar que el poder fue otorgado mediante mensaje de datos —por ejemplo, con la
captura de pantalla del envío del poder, desde el correo electrónico para notificaciones
judiciales, consignado en el registro mercantil de la Sociedad ISREX 94 Ltda.—, y
contener el correo electrónico del apoderado, el cual deberá estar incluido en el
Sistema de Registro Nacional de Abogados (SIRNA).

1.2.2. El 12 de septiembre de 2021, la Secretaría General del Consejo de Estado
notificó del proveído al Consorcio ISREX y otros, y al día siguiente, al abogado Juan
Manuel Giraldo Vélez atedió el requerimiento.

1.2.3. A través de auto del 23 de septiembre de 2022, se admitió la acción de tutela
y, en consecuencia, se ordenó notificar del proveído a los magistrados del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, como demandados, y a la Nación-
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Agencia Nacional de Tierras ( ANT), al
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), a la Compañía de Seguros
Confianza S. A., y al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT-FONAT), cuyo
sucesor procesal actual es la Agencia Nacional de Tierras, como terceros interesados
en las resultas del proceso; se comisionó al Tribunal Administrativo de Boyacá, para
que notificara del trámite constitucional, como terceros interesados, a la Asociación
de Usuarios USOCHICAMOCHA y a todas las personas que intervinieron dentro del
proceso de controversias contractuales con radicado 15001-23-31-000-2002-00204-
01, exceptuando al Consorcio ISREX, a la Sociedad ISREX 94 Ltda., a ALLBIAI S.A.S

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(antes RIAGRO Ltda), a F&B Abogados Asociados Ltda., a la Nación- Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), a la Compañía de Seguros Confianza S.A.,
y al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras INAT-FONAT.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo de Boyacá, para que enviara
copia digital del expediente de controversias contractuales arriba mencionado; se
reconoció personería jurídica para actuar dentro de este proceso al abogado, señor
Juan Manuel Giraldo Vélez, en virtud de los poderes conferidos por los accionantes,
de acuerdo con la documentación contenida en el expediente digitalizado; y se ordenó
remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados y a los terceros interesados,
para que dentro del término de los tres días siguientes a la notificación de la
providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a rendir
el respectivo informe.

1.2.4. El 27 de septiembre de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estado
notificó del proveído al Consorcio ISREX, al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Agencia
Nacional de Tierras, a la Asociación de Usuarios USOCHICAMOCHA, a la Compañía de
Seguros Confianza S.A., al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), al
Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, y dio a conocer al Tribunal Administrativo de Boyacá del despacho comisión y
requerimiento efectuados.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por intermedio de la jefe de
la Oficina Asesora Jurídica, solicitó denegar las pretensiones de tutela y/o, en su
defecto, desvincular a la entidad del trámite constitucional, en atención a los siguientes
argumentos:

i) El Ministerio tiene limitaciones para interferir en las decisiones judiciales, pues de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 270 de 1996, la Rama Judicial es

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independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de
administrar justicia.

ii) El accionante no puede poner en marcha el aparato judicial cuando lo considere a
voluntad, sino cuando existan causales jurídicas que justifiquen la procedencia de la
acción de tutela; además, en el caso, tuvo los mecanismos judiciales establecidos en
el ordenamiento jurídico para controvertir en sede judicial la inconformidad aludida, y
cuenta actualmente con el recurso extraordinario de revisión del cual puede hacer uso
por estar en término.

1.3.2. La Agencia Nacional de Tierras, a través de la Oficina Jurídica, solicitó declarar
la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad y, en consecuencia,
desvincularla de la acción de tutela, al no ser la competente para pronunciarse sobre
la actuación desplegada por la accionada, ni mucho menos determinar si se vulneró
algún derecho fundamental, pues se trata de un proceso judicial en cabeza del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el cual se encuentra revestido de legalidad.

1.3.3. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), por medio de apoderado, solicitó negar
el amparo solicitado, en atención a los siguientes argumentos:

i) No se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues aunque se alega
una supuesta transgresión del debido proceso y otras garantías más ligados con el
derecho a la defensa, lo que se encuentra en el libelo es una serie de justificaciones
inadmisibles sobre el no haber aportado y practicado una prueba pericial que se
encontraba a su cargo.

ii) El análisis realizado por el Consejo de Estado no es antojadizo o carente de sustento
jurídico, y se adecúa y ajusta a derecho, por lo que mal haría el administrador de
justicia reconocer indemnizaciones sobre supuestos perjuicios que no fueron
totalmente acreditados dentro del proceso. La decisión tuvo como base la carencia de
presentación del dictamen pericial que claramente es imprescindible para el
reconocimiento de unos supuestos perjuicios, ya que de la mera advertencia no se
puede colegir su presencia. Además, la declaratoria de nulidad de los actos

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administrativos demandados no es fundamento necesario para dilucidar la
configuración de los perjuicios.

iii) Se destaca que la Agencia de Desarrollo Rural no fue condenada ni reconocida
como sucesor procesal en el asunto y, por tanto, no se le puede señalar y/o endilgar
responsabilidad en la instancia constitucional, de ser así, se contrariaría el
ordenamiento jurídico y se el principio de seguridad jurídica.

1.3.4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dejó transcurrir el término
de traslado en silencio.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las
acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado
serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a la misma Corporación, y
se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda, de
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.», esta Sala de
decisión es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 26 de enero de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del proceso
de controversias contractuales con radicación 15001-23-31-000-2002-00204-01
(62.348). En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la
referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, por indebida valoración normativa y probatoria.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

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La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que

1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia

i) El caso bajo estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, 3 previstos en
los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, pues según los alegatos del
apoderado de la parte actora, la litis fue resuelta sin un adecuado análisis normativo,
probatorio, con falta de motivación y violación de la Constitución, eventos que de
encontrarse acreditados conducirían a considerar lesivos los intereses de la parte
actora.

ii) Se «cumple con el requisito de subsidiariedad», para efectos de analizar los defectos
sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución endilgados, dado que la
decisión cuestionada hace referencia a una sentencia de segunda instancia que puso
fin a la discusión planteada dentro de un proceso de controversias contractuales y de
los hechos narrados no se evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales
de revisión y/o de unificación de jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 258 del
CPACA.

Sin embargo, no ocurre así con respecto del defecto decisión sin motivación, a partir
del cual se cuestiona el hecho de que la Subsección accionada no explicó el por qué
en el caso no procedía la pretensión indemnizatoria, pues para ello puede acudir al
recurso extraordinario de revisión, en orden a solicitar la revisión de la providencia
cuestionada por afectación del principio de congruencia, en términos de lo previsto en
el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, lo cual toma mayor relevancia si se tiene en
cuenta que el accionante no prueba ni tampoco se evidencia por esta Sala de decisión

3 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de

2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso
a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello
los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

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la existencia de un perjuicio de carácter irremediable que permita al juez constitucional
pretermitir la subsidiaridad de la acción de tutela.

En ese orden, se encuentra que en torno al referido cargo se configura la causal de
improcedencia de la acción de tutela contenida en el numeral 1º, del artículo 6, del
Decreto 2591 de 1991, que corresponde a la «existencia de otros recursos o medios
de defensa judiciales al alcance» y que impone a la Sala rechazar la acción de tutela
en lo referente.

iii) Se «cumple con el requisito de inmediatez», pues la sentencia objeto de censura
data del 26 de enero de 2022, notificada por correo electrónico el 2 de marzo de 2022,
y la presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General
del Consejo de Estado el 5 de septiembre de 2022, esto es, en el término de los seis
meses señalados por esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción
de tutela contra providencia judicial.4

iv) En el asunto «no se cuestiona una irregularidad procesal» sino el hecho de
realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis normativo, probatorio y con
violación de la Constitución.

v) Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de
manera clara los hechos sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y
adecuó sus alegatos a la configuración de los defectos sustantivo, fáctico, decisión sin
motivación y violación directa de la Constitución.

vi) En el sub judice no se cuestiona «una sentencia de tutela», sino la proferida dentro
de un proceso de controversias contractuales.

2.5. Análisis de procedibilidad del amparo invocado

4El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de

2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

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Al encontrarse cumplidos los requisitos de procedencia de la acción, la Sala abordará
el estudio del amparo invocado en el siguiente orden: hechos probados y análisis del
caso concreto.

2.5.1. Hechos probados

Del expediente de controversias contractuales con radicación 15001-23-31-000-2002-
00204-01 (62348), la Sala establece lo siguiente:

i) El 11 de enero de 2002, el Consorcio Isrex (conformado por las sociedades Isrex
Colombia Ltda, Isrex 94 Ltda y Riagro S. A. (antes Riagro Ltda.) promovió demanda en
ejercicio de la acción de controversias contractuales en contra del Instituto Nacional
de Adecuación de Tierras (INAT) y del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras
(FONAT), en orden a que se emitieran las siguientes declaraciones y condenas:

6.1. Declárese nula la resolución sancionatoria n°. 597 de marzo 21 de 2000, proferida
por el INAT, mediante la cual se adoptaron, entre otras, las siguientes decisiones o actos
administrativos cuya declaratoria de nulidad se demanda: a) La declaratoria de
incumplimiento del Contrato n°. 009 de 1997; b) La declaratoria de caducidad
administrativa del Contrato n°. 009 de 1997 y c) La orden de proceder, de manera
unilateral, con la liquidación del Contrato N° 009 de 1997.

6.2. Declárese nula la resolución n°. 788 de mayo 12 de 2000, por medio de la cual el
INAT resolvió el Recurso de Reposición que la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
– CONFIAZA S.A., interpuso contra la demandada Resolución sancionatoria n°. 597 de
marzo 21 de 2000. En virtud de la demandada Resolución n°. 788 de mayo 12 de 2000,
el INAT confirmó, en su totalidad, la entonces demandada Resolución n°. 597 de marzo
21 de 2000.

6.3. Declárese nula la resolución n°. 0850 de junio 23 de 2000, por medio de la cual el
INAT desató el Recurso de Reposición interpuesto por el CONSORCIO ISREX contra la
Resolución sancionatoria n°. 850 de marzo 21 de 2000. En virtud de la demandada
Resolución n°. 850 de mayo 12 de 2000, el INAT confirmó, en su totalidad, la entonces
demandada Resolución n°. 597 de marzo 21 de 2000.

6.4. Declárese nula la resolución n°. 895 de julio 19 de 2000, por medio de la cual el
INAT adoptó y efectuó, de manera unilateral, la liquidación del mencionado Contrato n°.
009 de 1997.

6.5. Declárese nula la resolución n°. 1059 de septiembre 15 de 2000, por medio de la
cual el INAT resolvió el recurso de reposición interpuesto por […] CONFIANZA S.A., contra
la demanda Resolución n°. 895 de julio de 2000. En virtud de la demandada Resolución
n°. 1059 de septiembre 15 de 2000, el INAT confirmó la entonces demandada Resolución
n°. 895 de julio 19 de 2000.

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6.6. Declárese nula la resolución n°. 01060 de septiembre 15 de 2000, por medio de la
cual el INAT resolvió el recurso de reposición interpuesto por el Consorcio ISREX, contra
la demanda Resolución n°. 895 de julio de 2000. A través de la demandada Resolución
n°. 1060 de septiembre 15 de 2000, el INAT confirmó, en todas sus partes, la entonces
demandada Resolución n°. 895 de julio 19 de 2000.

6.7. Condénese a la parte demandada, como consecuencia de las ilegales y anti-
contractuales decisiones, al reconocimiento y pago, a favor de RIAGRO S.A. (antes LTDA.),
como integrante del CONSORCIO ISREX, a la suma de, siquiera, […] ($200’000.000) por
concepto de la indemnización por los perjuicios que le fueron causados, más los que se
llegaren a establecer durante el proceso, por la sanción contractual impuesta por el INAT
al declarar, injustificadamente, la caducidad y el incumplimiento del contrato n°. 009 de
1997, como también de las sumas de dinero de las obras ejecutadas y no reconocidas
en la liquidación unilateral de dicho contrato elaborada por la entidad. […].

6.9. En general, condénese a la parte demandada a pagar, a favor de la sociedad RIAGRO
S.A. (antes LTDA.), en su calidad de miembro integrante del CONSORCIO ISREX, todos los
perjuicios que se acrediten dentro del proceso.

ii) Mediante sentencia del 23 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo de Boyacá
profirió sentencia de primera instancia, en el siguiente sentido:

PRIMERO. - DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva que fue propuesta por la apoderada del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
– INCODER –.

SEGUNDO. - DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución N° 597 de 2000, por medio de la cual
el INAT-FONAT declaró el incumplimiento y la caducidad del Contrato N° 009 de 1997, así
como de las Resoluciones 788 y 850 de 2000, a través de las cuales se resolvió los
recursos de reposición interpuestos en contra de la primera por parte de CONFIANZA y el
Consorcio ISREX, respectivamente.

TERCERO. - DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución N° 895 de 2000, por medio de la cual
el INAT-FONAT declaró la liquidación unilateral del Contrato N° 009 de 1997, así como de
las Resoluciones N° 1059 y 1060 de 2000, a través de las cuales se resolvieron los
recursos de reposición interpuestos en contra de la primera por parte de CONFIANZA y el
Consorcio ISREX, respectivamente.

CUARTO. - Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
CONDENAR EN ABSTRACTO al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras INAT-FONAT,
cuyo sucesor procesal en la actualidad es la Agencia Nacional de Tierras y a
USOCHICAMOCHA, a pagar a favor del Consorcio ISREX el valor de los perjuicios que logren
acreditarse a través del incidente de regulación de perjuicios, como consecuencia de la
declaratoria de caducidad administrativa del Contrato N° 009 de 1997.

QUINTO. - DECLARAR PROBABA de oficio la excepción de CADUCIDAD respecto de las
demandas de reconvención que fueron formuladas por el INAT y USOCHICAMOCHA en
contra de la parte actora (Consorcio ISREX). […].

iii) A través de sentencia del 26 de enero de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, resolvió:

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PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, el 23 de enero de 2018, la cual queda así:

PRIMERO. - DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva que fue propuesta por la apoderada del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural –INCODER–.

SEGUNDO. - DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución N° 597 de 2000, por medio de la
cual el INAT-FONAT declaró el incumplimiento y la caducidad del Contrato N° 009 de
1997, así como de las Resoluciones 788 y 850 de 2000, a través de las cuales se
resolvieron los recursos de reposición interpuestos en contra de la primera por parte
de CONFIANZA y el Consorcio ISREX, respectivamente.

TERCERO. - DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución N° 895 de 2000, por medio de la
cual el INAT-FONAT declaró la liquidación unilateral del Contrato N° 009 de 1997, así
como de las Resoluciones N° 1059 y 1060 de 2000, a través de las cuales se
resolvieron los recursos de reposición interpuestos en contra de la primera por parte
de CONFIANZA y el Consorcio ISREX, respectivamente.

CUARTO. - DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de CADUCIDAD respecto de las
demandas de reconvención que fueron formuladas por el INAT y USOCHICAMOCHA en
contra de la parte actora (CONSORCIO ISREX).

QUINTO. - NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

[…]

2.5.2. Análisis de la Sala. Caso concreto

Controvierte el apoderado de la parte actora la sentencia del 26 de enero de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por existencia de
los defectos i) sustantivo, por falta de aplicación o erróneo entendimiento de los
artículos 90 y 228 de la carta política, 8-1-c y 9 de la Ley 80 de 1993 y 172 del CCA; ii)
fáctico, por indebida valoración del material probatorio con el que se acreditó el daño
antijurídico causado a los contratistas demandantes; y iii) violación directa de la
Constitución, por desconocimiento de los derechos a la igualdad, el debido proceso y
el acceso a la administración de justicia.

Así, luego de analizar los argumentos con fundamento en los cuales se soportan los
defectos endilgados, la Sala puede establecer que la inconformidad de la parte actora
descansa sobre la prueba del daño antijurídico causado y, por consiguiente, de la
condena en abstracto que revocó la segunda instancia, circunstancias estas que se
procederán a analizar.

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Pues bien, se tiene que para resolver el asunto, la Subsección accionada resaltó el
contenido i) del Contrato 009 del 13 de febrero de 1997, ii) de la Resolución 597 del
21 de marzo de 2000, por la cual se declaró el incumplimiento y caducidad del contrato;
iii) de la Resolución 850 del 23 de junio de 2000, que resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la resolución 00597 del 21 de marzo de 2000; iv) de la Resolución
895 del 19 de julio de 2000, por la cual se liquidó unilateralmente el contrato; v) de las
Resoluciones 1059 y 1060 del 15 de septiembre de 2000, que resolvieron los recursos
de reposición presentados en contra de la Resolución 895 del 19 de julio de 2000; y
iv) de los contratos celebrados por el Consorcio Isrex y Riagro Ltda., con otras
entidades estatales.

Y, en ese contexto, manifestó compartir los argumentos del juzgador de primera
instancia que concluyó que los actos administrativos demandados —en los que se
declaró el incumplimiento y la caducidad del contrato (únicas actuaciones que fueron
controvertidas por el recurrente)— fueron expedidos sin competencia. Lo anterior, por
cuanto la Ley 80 de 1993 derogó el Decreto 222 de 1983 y, con ello, la competencia
de las entidades para declarar incumplimientos de manera unilateral, así como la
imposición de multas, las cuales solo se restablecieron con la expedición de la Ley
1150 de 2007, esto es, años después de que fueran expedidos y cobraran firmeza los
actos administrativos demandados.

Asimismo, evidenció que en la Resolución 597 del 21 de marzo de 2000, además de
declararse la caducidad administrativa del contrato, también se declaró su
incumplimiento y se hizo efectiva la garantía única que contenía la cobertura sobre el
incumplimiento contractual, declaratorias frente a las que, insistió, la entidad
demandada no tenía competencia. Así, con respecto de la declaratoria de caducidad,
refirió que el plazo de ejecución del contrato venció 32 meses después de la firma del
acta de inicio, esto es, el 19 de noviembre de 1999, fecha que la entidad no podía
desatender, puesto que era el plazo pactado por las partes para su ejecución y que
ponía límite para que la administración pudiera declarar la caducidad administrativa.

Explicó que, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, las entidades
declaran la caducidad administrativa para evitar que los graves incumplimientos del

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contratista afecten la ejecución del contrato o puedan conducir a su paralización,
objetivos que no se cumplen cuando la declaratoria se hace una vez superado el plazo
de ejecución de las obligaciones contractuales, según lo advirtió la Sección Tercera
del Consejo de Estado en sentencia del 12 de julio de 2012 (Exp. 15024).

En tal sentido, señaló que pese a verificarse la procedencia de la declaratoria de la
nulidad de los actos administrativos demandados, el Tribunal Administrativo de Boyacá
erró i) al condenar en abstracto a las entidades demandadas, y ii) al ordenarles pagar
a favor del Consorcio Isrex el valor de los perjuicios que lograran acreditarse a través
del incidente de regulación de perjuicios; ello, por cuanto al plenario no se aportaron
pruebas del detrimento alegado, esto es, de la determinación concreta de la extensión
y repercusión patrimonial.

Explicó que a pesar de que el demandante aportó algunos contratos celebrados con
anterioridad por el Consorcio o algunos de sus integrantes, no se aportaron más
pruebas que permitieran identificar i) cuáles contratos se encontraban en ejecución o
ii) cuáles se vieron afectados por la declaratoria de caducidad, o, en general, iii) cuál
fue la afectación patrimonial del demandante; de manera que, ante la falta de
acreditación de los perjuicios —según lo previsto en el artículo 167 de CCA—, lo que
procedía era denegar las pretensiones.

Dejado sentado lo anterior, debe esta Sala de decisión señalar que, en el caso no se
evidencia desconocimiento de lo preceptuado en el artículo 90 constitucional, pues,
precisamente, en aplicación de la cláusula de responsabilidad patrimonial del Estado,
la Subsección debía entrar a verificar la existencia del daño antijurídico imputado a la
entidad demandada, el cual no encontró acreditado.

Sobre dicho punto, el apoderado de la parte actora señala que la Subsección omitió
examinar si en el asunto estaba probado el daño antijurídico ocasionado a los
demandantes, ya que, sencillamente, se apresuró a negar toda posibilidad de obtener
una condena en abstracto, realizando una indebida valoración probatoria, pues con los
documentos aportados al plenario y, entre estos, los 110 contratos estatales —en cuya
celebración y ejecución tuvieron parte activa algunos de los contratistas

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demandantes— se puede apreciar la existencia tanto del daño antijurídico como de los
perjuicios ocasionados.

Al respecto, se tiene que la Subsección accionada señaló que dichos contratos no
permitían identificar cuáles se encontraban vigentes, cuáles se vieron afectados por la
declaratoria de caducidad o, en todo caso, cuál fue la afectación patrimonial causada
a los demandantes, disertación que la Sala no encuentra descontextualizada o fuera
de margen valorativo, en tanto que son elementos que, en su autonomía, debían
encontrarse demostrados a fin de tener certeza sobre la existencia y/o configuración
de los perjuicios efectivamente causados.

Ahora, no es cierto que la Subsección haya confundido los conceptos de daño y
perjuicio y, por contera, desconocido las sentencias del 18 de octubre de 2007 y del 4
de junio de 2019, en los expedientes con radicación 25000-23-27-000-2001-00029- 01
(AG) y 68001-23-31-000-1999-01396-02 (46.656), toda vez que la valoración
probatoria realizada se subsumió a identificar dichos factores, esto es, tanto el daño
como los perjuicios causados, los cuales, se insiste, no encontró demostrados.

En el sub judice, se alega que los daños antijurídicos causados a los contratistas
demandantes fueron: i) inhabilidad para celebrar contratos estatales durante cinco
años y, que también obligó a sus titulares a ceder o a renunciar a la ejecución de los
que se encontraban vigentes, y que generaron el perjuicio consistente en no poder
obtener los ingresos y las utilidades lícitas que les generaba su actividad contractual;
ii) el no percibir las sumas de dinero pactadas y causadas por la ejecución del Contrato
009 de 1997, que generó el perjuicio consistente en la no satisfacción del pago de las
sumas de dinero correspondientes a las prestaciones cumplidas y la no recepción de
las sumas de dinero pendientes de pago a que tenían derecho por la ejecución, por
cuanto la entidad estatal demandada no pagó a los contratistas la totalidad de las
sumas adeudadas por la ejecución del contrato; y iii) el haberse descontado de las
sumas de dinero adeudadas aquellos valores correspondientes a la cláusula penal
pecuniaria ilegalmente causada, que generó el perjuicio de no recibir in integrum el
valor de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04802-00
Demandante: Consorcio Isrex y otros

Y, en ese contexto, la parte actora alega que la falta de liquidación o cuantificación de
los perjuicios causados, de ninguna manera pone en duda la certeza de su existencia
y que, por tanto, debe desecharse cualquier inquietud respecto de la causación de los
perjuicios, en tanto que su configuración encuentra soporte suficiente en las máximas
de la experiencia; sin embargo, lo que esta Sala de decisión evidencia es que lo
analizado por la subsección accionada no es el hecho de que se hubiera liquidado o
cuantificado los perjuicios causados sino de que no se haya procedido a la acreditación
de su efectiva causación, en tanto que, el asunto se dejó a la incertidumbre, al no darse
especificidad a la efectiva afectación patrimonial causada.

De otra parte, respecto de la presunta violación directa de la Constitución, la
jurisprudencia ha explicado que esta causal se configura cuando un juez ordinario
adopta una decisión que desconoce la carta política, ya sea porque i) deja de aplicar
una disposición ius fundamental a un caso concreto; o ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la Carta.

Y, conforme a lo expuesto en líneas precedentes, la Subsección accionada no
desconoció ningún precepto constitucional ni realizó una interpretación de la
normatividad contraria a la Constitución, como tampoco dejó de aplicar una disposición
legal; por el contrario, cumplió con el deber que le asiste a todas las autoridades
judiciales de conjurar la protección de los derechos a la igualdad, al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia.

Así las cosas, la Sala no encuentra que la Subsección accionada haya incurrido en los
defectos endilgados que habiliten la procedencia del amparo deprecado, por lo que los
considera infundados y, en consecuencia, no advierte vulneración de los derechos a
la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la sociedad
accionante.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala rechazará la acción de tutela con respecto del
defecto decisión sin motivación y denegará el amparo solicitado en torno a los
defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04802-00
Demandante: Consorcio Isrex y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por el Consorcio Isrex (integrado
por las sociedades Isrex 94 Ltda., Allbiai S. A. S. (antes Riago Ltda) y F & B Abogados
Asociados Ltda., con respecto del defecto decisión sin motivación, en atención a las
consideraciones expuestas.

Segundo. Denegar el amparo invocado por el Consorcio Isrex (integrado por las
sociedades Isrex 94 Ltda., Allbiai S. A. S. (antes Riago Ltda) y F & B Abogados
Asociados Ltda., en torno a los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la
Constitución, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Tercero. En caso de no ser impugnada esta providencia, devolver al despacho de
origen el expediente de controversias contractuales con radicación 15001-23-31-000-
2002-00204-01 (62348).

Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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