Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-1999-01396-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-1999-01396-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-31-000-1999-01396-02
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de junio de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO A SUJETOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RELACIONES DE ESPECIAL SUJECIÓN / DAÑO CAUSADO A CONSCRIPTO / DAÑO CAUSADO A SOLDADO O POLICÍA BACHILLER / AUXILIAR DE LA POLICÍA / OMISIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
[L]a Sala observa que, en el caso objeto de estudio, la parte actora y el Tribunal incurrieron en la confusión entre daño y perjuicio. Lo anterior, toda vez que, de la pretensión declarativa se observa que el daño alegado es el menoscabo del estado de salud del [demandante] […] y, que la causa eficiente del mismo fue la omisión en la prestación del servicio de salud por parte de la entidad demandada. Pese a ello, se incurrió en la confusión entre los 2 conceptos referidos – daño y perjuicio – en la medida en que se consideró que, el primero de ellos se consolidó con el Acta de calificación de pérdida de capacidad laboral, en la cual se estableció el porcentaje de capacidad laboral perdida como consecuencia del daño (detrimento de la salud del actor). […] [L]a Sala encuentra que no resulta procedente el cómputo de la caducidad de la acción desde el conocimiento del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, pues el Acta determina el perjuicio causado al demandante, mas no el daño […] Sobre el daño causado al demandante – menoscabo de su estado de salud – la Sala concluye que, se presentó con la omisión en la prestación del servicio médico, por parte de la entidad demandada; circunstancia que cesó con la cirugía practicada […], motivo por el cual, el cómputo del término de caducidad, se contará desde este momento. Por todo lo anterior, el término de 2 años de caducidad de la acción de reparación directa, debe contarse desde el […] momento en el cual cesó la omisión por parte de la entidad demandada y, el actor conoció su estado de salud (menoscabado).
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la diferencia entre daño continuado y los perjuicios que se prolongan en el tiempo, cita sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 18 de octubre de 2007, rad. 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG), M. P. Enrique Gil Botero, reiterada en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 25 de agosto de 2011, rad. 20316, M. P. Hernán Andrade Rincón.
DAÑO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
[S]e admite por la jurisprudencia que existen daños que no se evidencian de manera inmediata, sino, por el contrario, su conocimiento puede retrasarse en el tiempo, por lo cual, en estos eventos, el cómputo del término de caducidad de la acción inicia cuando el daño sea “cognoscible”. Pese a lo anterior, debe aclararse que, una cosa es el conocimiento del daño y, otra es el perjuicio que pueda derivarse del daño causado.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136
CONCEPTO DE DAÑO / DIFERENCIA ENTRE DAÑO Y PERJUICIO / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD
El concepto de daño alude a la vulneración del derecho o interés jurídico tutelado, mientras que el perjuicio hace referencia a las consecuencias que ese daño trae consigo; es decir, la aminoración o menoscabo patrimonial, resultante de la lesión o vulneración. En este sentido, puede afirmarse, sin lugar a dudas, que, la relación que existe entre daño y perjuicio es una relación de causalidad, puesto que, en términos de responsabilidad, es reparable el perjuicio que proviene del daño antijurídico. Así, en casos relacionados con la prestación de servicios de salud, como el que nos ocupa, es correcto afirmar que el daño consiste en la vulneración al derecho fundamental a la salud, mientras que los perjuicios serán, por ejemplo, las lesiones, temporales o permanentes, totales o parciales, que se derivan de ese daño.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 68001-23-31-000-1999-01396-02(46656)
Actor: RODOLFO GÓMEZ AGREDO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – caducidad de la acción – DAÑO Y PERJUICIO – concepto y diferencias – DAÑO – cómputo del término de caducidad.
Síntesis del caso: el demandante sufrió una lesión mientras se encontraba en servicio, la cual no fue atendida oportunamente.
Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia proferida el 18 de mayo de 2012, por el Tribunal Administrativo de Santander, en la cual se declaró probada la excepción de caducidad.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. La demanda y trámite de primera instancia; 1.2. Recurso de apelación y trámite en segunda instancia.
La demanda y trámite de primera instancia
El señor Rodolfo Gómez Agredo presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional para que se declarara responsable por los daños y perjuicios que sufrió como consecuencia de la “omisión de prestación del servicio médico de la Institución de la Policía Nacional, en no haberle prestado en forma oportuna al actor RODOLFO GOMEZ AGREDO, cuando se lesionó al recibir un golpe al caerse …”
Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitó que se condenara al pago de perjuicios materiales e inmateriales, los que estimó en $200.000.000
Como hechos que fundamentan las pretensiones, la parte actora expuso, en síntesis:
1) El señor Rodolfo Gómez Agredo ingresó a prestar el servicio militar obligatorio en la entidad demandada el 11 de enero de 1994; el 10 de enero de 1995, mientras prestaba el servicio, sufrió una caída sobre su hombro derecho.
2) 15 días después fue autorizado para que acudiera al centro de salud por el dolor que presentaba en el hombro, en donde le formularon analgésicos; 2 meses después fue remitido a la Policlínica de Bucaramanga, en donde, debido a su estado de salud, fue remitido a la Clínica Militar de Bogotá. Allí fue intervenido quirúrgicamente.
3) Se afirmó en la demanda, que debido a la negligencia en la atención médica el señor Gómez Agredo sufrió lesiones de carácter permanente con una incapacidad laboral del 21,5%.
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander mediante Auto de 17 de enero de 2000, el cual fue notificado a la parte demandada.
El apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones. Como razones de su defensa afirmó que debían probarse los elementos de la responsabilidad y, la lesión que sufrió el señor Gómez Agredo fue tratada de manera oportuna y diligente, por lo cual no le asistía responsabilidad a la entidad demandada.
Concluido el período probatorio, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia de 9 de octubre de 2010, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual la parte demandada reiteró los fundamentos de derecho expuestos en la demanda.
Mediante Sentencia de 18 de mayo de 2012 el Tribunal Administrativo de Santander declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa.
Como argumentos de la decisión, analizó la figura de la caducidad de la acción de manera genérica, para aplicarla al caso concreto. Así, realizó un recuento de los hechos narrados en la demanda, y concluyó que el “hecho dañoso” se presentó el 10 de enero de 1995 cuando se le negó la correcta y oportuna atención médica al actor y, que dicha situación se prolongó durante 2 meses, hasta cuando fue trasladado para ser atendido en el Hospital Militar.
Para el Tribunal, el daño ocasionado al actor se causó de manera continuada, toda vez que, durante el periodo en el cual la atención médica fue negligente, su salud empeoraba. Destacó el a quo la manifestación del apoderado en la demanda, en el sentido en que, si bien, en marzo de 1995 se “estabilizó” el daño, en la medida en que la atención fue adecuada, “no se tenía conocimiento por parte del actor de las consecuencias y secuelas que le dejaría la tardía atención médica”. Así, el Tribunal concluyó (se trascribe):
“Se ha establecido que el derecho a reclamar la reparación del perjuicio sólo surge a partir del momento en que este se produce, de esta forma resulta adecuado considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, debe contase a partir de dicha existencia o manifestación fáctica […] sin embargo, en este caso es dable que dicho término se cuente a partir del momento en que la víctima tuvo conocimiento de la magnitud del daño […]”
Por lo anterior, tuvo como fecha de inicio del término de caducidad el 7 de octubre de 1996, que correspondía al Acta de calificación de pérdida de capacidad laboral por la Junta Médica Laboral de la Policía Nacional. Y concluyó que, toda vez que, la demanda fue presentada el 14 de julio de 1999, operó el fenómeno de la caducidad, por haberse ejercido la acción por fuera del término de 2 años establecido en el Decreto 1 de 1984.
Recurso de apelación y trámite en segunda instancia
La parte demandante interpuso y sustentó el recurso de apelación en contra de la Sentencia de primera instancia, el cual fue concedido por el Tribunal Administrativo de Santander en Auto de 14 de diciembre de 2012.
Como argumento de la apelación, sostuvo que, si bien el 7 de octubre de 1996 la Junta Médica Laboral de la Policía Nacional profirió el Acta N° 821, en la que determinó la pérdida de la capacidad laboral del actor, el término de caducidad debe contarse desde la expedición del Acta 1278-1395 de 22 de enero de 1998, en la que se revisó el Acta N° 821.
Por Auto de 8 de mayo de 2013 esta Corporación admitió la apelación interpuesta por la parte demandante y, en providencia de 29 de mayo de 2013 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto de fondo.
La apoderada de la parte demandante presentó su escrito de alegatos de conclusión en el que realizó un recuento de los hechos y pretensiones de la demanda, trascribió una jurisprudencia de esta Corporación en relación con el régimen de responsabilidad de los conscriptos y los perjuicios que debían reconocerse. Por último, reiteró el argumento expuesto en el recurso de apelación.
El apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó su escrito de alegatos en el que ratificó los argumentos de la entidad en las actuaciones anteriores y, sostuvo que la parte actora incurrió en la indebida escogencia de la acción, toda vez que, a juicio del apoderado de la entidad, lo que se pretendió fue la modificación del Acta N° 821, pretensión que debió formularse en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y; que esta acción se encontraba caducada.
El Ministerio Público emitió concepto el 5 de julio de 2013, en el cual solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. Para el efecto, realizó un análisis del fenómeno de la caducidad de la acción y, trascribió una jurisprudencia de esta Corporación al respecto; concluyó que en el caso concreto el actor tuvo conocimiento del daño con el Acta N° 821 de 7 de octubre de 1996.
Mediante Auto de 28 de mayo de 2014 el consejero de Estado Danilo Rojas Betancourth señaló que asumió conocimiento del expediente identificado con número interno 45232, toda vez que se aceptó el impedimento manifestado por el consejero de Estado Ramiro Pazos Guerrero y, por lo anterior, envió este proceso al despacho de éste, por compensación.
En Auto de 24 de agosto de 2018 el consejero de Estado Ramiro Pazos Guerrero remitió el expediente a este despacho por secretaría, toda vez que en Sala de 16 de agosto de 2018 fue derrotada la ponencia presentada por él.
CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales; 2.2. Presupuestos probatorios; 2.3. Costas.
Presupuestos procesales
El presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción por ser demandada la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, un organismo centralizado del orden nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, norma vigente en el momento de la presentación de la demanda.
En lo relativo a la competencia para conocer el recurso de apelación interpuesto en este proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Santander, esta Corporación admitió el recurso de apelación, mediante Auto de 8 de mayo de 2013 y; toda vez que, la cuantía exigida en vigencia de la Ley 446 de 1998, era la establecida en el Decreto 597 de 1988, para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
Así, para la época de presentación de la demanda, esto es, 14 de julio de 1999, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $18.850.000, de conformidad con lo previsto en el Decreto 597 de 1998. Para el caso presente, la pretensión principal atinente a los perjuicios materiales se calculó en $200.000.000; motivo por el cual esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación.
Resulta procedente la acción de reparación directa en el caso concreto toda vez que, en la demanda, se pretendió la responsabilidad por los daños y perjuicios que sufrió como consecuencia de la “omisión de prestación del servicio médico de la Institución de la Policía Nacional, en no haberle prestado en forma oportuna al actor RODOLFO GOMEZ AGREDO, cuando se lesionó al recibir un golpe al caerse …”; en esa medida, el demandante identificó la causa eficiente del daño en una omisión por parte de la entidad demanda, consistente en la prestación negligente del servicio de salud.
En relación con la oportunidad para el ejercicio de la acción, se advierte que, es este el objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora. Así, la Sala pone de presente que en Sentencia de primera instancia se declaró la caducidad de la acción, toda vez que el tribunal inició el cómputo del término de caducidad desde el 7 de octubre de 1996, fecha del Acta de calificación de pérdida de capacidad laboral. La parte actora, en su escrito de apelación, sostuvo que el término de caducidad de la acción debía contarse desde el Acta N° 1278-1395 de 22 de enero de 1998, argumentando que, solo hasta ese momento, el actor tuvo conocimiento de las lesiones y sus secuelas.
Sobre el término de caducidad de la acción de reparación directa, el artículo 136.8 del C.C.A. – norma vigente al momento de la presentación de la demanda – establecía que: “8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.”
En relación con el momento desde el cual debía computarse el término de caducidad de la acción, esta Corporación ha identificado ciertos eventos (se trascribe):
“[…] se ha distinguido que el cómputo de dicho término inicia i) al día siguiente a cuando ha sucedido la conducta generadora del daño antijurídico, o ii) a partir de cuando ésta es conocida por quien la ha padecido, distinguiendo dicho fenómeno de la prescripción, y manteniéndose su concepción tradicional respecto del daño continuado.
10.15 Por otra parte, el segundo evento de cómputo de la caducidad ha sido estructurado a partir de un criterio de cognoscibilidad, y tiene lugar cuando el hecho dañoso pudo haberse presentado en un momento determinado, pero sus repercusiones se manifestaron de manera externa y perceptible para el afectado solamente hasta una ulterior oportunidad, de modo que el término de caducidad se computa desde cuando el daño se hizo cognoscible para quien lo padeció.” (subrayas fuera del texto)
De lo anterior se concluye que, se admite por la jurisprudencia que existen daños que no se evidencian de manera inmediata, sino, por el contrario, su conocimiento puede retrasarse en el tiempo, por lo cual, en estos eventos, el cómputo del término de caducidad de la acción inicia cuando el daño sea “cognoscible”. Pese a lo anterior, debe aclararse que, una cosa es el conocimiento del daño y, otra es el perjuicio que pueda derivarse del daño causado.
Esta Sala considera pertinente realizar un análisis de los conceptos de daño y perjuicio, para efectos de establecer la fecha desde la cual se debe computar el término de caducidad de la acción de reparación directa, en el caso concreto.
El concepto de daño alude a la vulneración del derecho o interés jurídico tutelado, mientras que el perjuicio hace referencia a las consecuencias que ese daño trae consigo; es decir, la aminoración o menoscabo patrimonial, resultante de la lesión o vulneración. En este sentido, puede afirmarse, sin lugar a dudas, que, la relación que existe entre daño y perjuicio es una relación de causalidad, puesto que, en términos de responsabilidad, es reparable el perjuicio que proviene del daño antijurídico.
Así, en casos relacionados con la prestación de servicios de salud, como el que nos ocupa, es correcto afirmar que el daño consiste en la vulneración al derecho fundamental a la salud, mientras que los perjuicios serán, por ejemplo, las lesiones, temporales o permanentes, totales o parciales, que se derivan de ese daño.
Es este sentido se ha pronunciado esta Corporación (se trascribe):
“Sobre la diferencia entre daño y perjuicio, en un sentido general […] plantea con claridad una relación de causalidad entre el daño –como hecho, como atentado material sobre una cosa, como lesión- y el perjuicio –menoscabo patrimonial que resulta del daño, consecuencia del daño sobre la víctima-, lo cual permite sentar la siguiente regla: se indemniza solo el perjuicio que proviene del daño’(...)”
Así las cosas, la Sala observa que, en el caso objeto de estudio, la parte actora y el Tribunal incurrieron en la confusión entre daño y perjuicio. Lo anterior, toda vez que, de la pretensión declarativa se observa que el daño alegado es el menoscabo del estado de salud del señor Rodolfo Gómez Agredo y, que la causa eficiente del mismo fue la omisión en la prestación del servicio de salud por parte de la entidad demandada. Pese a ello, se incurrió en la confusión entre los 2 conceptos referidos – daño y perjuicio – en la medida en que se consideró que, el primero de ellos se consolidó con el Acta de calificación de pérdida de capacidad laboral, en la cual se estableció el porcentaje de capacidad laboral perdida como consecuencia del daño (detrimento de la salud del actor).
Aunado a lo anterior, como principal argumento del recurso de apelación presentado por la parte actora, se lee (se trascribe):
“Con el acta de la Junta Médica Laboral No. 821 del 07-10-96, no se tuvo certeza de las lesiones y secuelas del actor, se tuvo certeza con la descrita última decisión del acta No 1278-1395 del 22 de enero de 1998, se tuvo certeza y claridad de la situación definitiva del accionante respecto de sus lesiones y secuelas […]” (subrayas fuera del texto)
Así, la Sala encuentra que no resulta procedente el cómputo de la caducidad de la acción desde el conocimiento del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, pues el Acta determina el perjuicio causado al demandante, mas no el daño. En un caso similar, esta Corporación, al referirse a la confusión entre un daño que se prolonga en el tiempo y, los perjuicios de ese daño, sostuvo (se trascribe):
“[…] de ninguna manera, se puede identificar un daño que se proyecta en el tiempo como por ejemplo la fuga constante de una sustancia contaminante en un río, con los perjuicios que, en las más de las veces, se desarrollan e inclusive se amplían en el tiempo, como por ejemplo, los efectos nocivos para la salud que esto puede producir en los pobladores ribereños.”
Sobre el daño causado al demandante – menoscabo de su estado de salud – la Sala concluye que, se presentó con la omisión en la prestación del servicio médico, por parte de la entidad demandada; circunstancia que cesó con la cirugía practicada el 24 de abril de 1995, motivo por el cual, el cómputo del término de caducidad, se contará desde este momento.
Por todo lo anterior, el término de 2 años de caducidad de la acción de reparación directa, debe contarse desde el 24 de abril de 1995, momento en el cual cesó la omisión por parte de la entidad demandada y, el actor conoció su estado de salud (menoscabado). Toda vez que la demanda se presentó el 7 de julio de 1999, esto es, por fuera del término legalmente establecido, la Sala encuentra que, en el caso objeto de estudio, operó el fenómeno de la caducidad de la acción y, en esa medida, no le asiste razón a la apoderada de la parte actora.
Costas
En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E :
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ RAMIRO PAZOS GUERRERO
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Fls. 341 - 348 del c.Ppal
Folio 24 de C.1.
Folios 39 – 40 del cuaderno 1.
Folio 41 del C.1.
Folio 48 – 52 del C.1.
Folios 54 – 55 del C.1. Durante el periodo probatorio se manifestó un impedimento (Folios 242 – 243 del C.1.), que no fue aceptado (Folios 245 – 246 del C.1.), se presentó una solicitud de adición por el apoderado de la parte actora (folio 265 del C.1) que fue resuelta mediante Auto de 26 de septiembre de 2007 (folios 281 282 del C.1.) y, frente a esta decisión se presentaron los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación (folio 283 del C.1.), resuelto mediante Auto de 9 de abril de 2008 que decidió no reponer y negar el recurso de apelación (288 – 290 del C.1.). Frente a esta decisión, la apoderada de la parte actora interpuso el recurso de queja (folios 291 -292 del C.1.), que fue resuelto por esta Corporación en Auto de 20 de noviembre de 2008, en el que declaró extemporáneo el recurso presentado (folios 17 – 18 del c.2.)
Folio 331 – 332 del C.1.
Folio 932 del C.2.
Folios 336 – 338 del C.1
Folios 341 - 348 del cuaderno principal.
Folio 347 anverso del c.Ppal.
Folio 347 anverso del C.Ppal.
Folio 350 del C.Ppal.
Folio 353 del C.Ppal.
Folio 358 del C. Ppal.
Folio 360 del C.Ppal.
Folios 361 - 367 del cuaderno Ppal.
Folios 368 – 372 del C.Ppal.
Folios 381 - 387 del C.Ppal.
Folio 391 del C.Ppal.
Folio 393 del C.Ppal.
Con ponencia del Ex Consejero de Estado Danilo Rojas Betancourth. Folio 358 del C.Ppal.
De conformidad con el artículo 164 de la Ley 446 que, en lo referente a la cuantía, estableció: “[…] Mientras entran a operar los Juzgados Administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley.”
“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.”
Folio 24 de C.1.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, expediente 31187 de 13 de febrero de 2015.
Cita tomada del texto de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, de 18 de octubre de 2007, exp. 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG).
Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación No: 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG), sentencia de 18 de octubre de 2007. Reiterada en la sentencia de 25 de agosto de 2011, expediente 20316 y; en la sentencia de 25 de enero de 2017, expediente 37728.
De conformidad con la “HOJA QUIRURGICA” del Hospital Central de la Policía de 24 de abril de 1995 (folio 98 del C.1.), que fue aportada por la apoderada del actor el 17 de octubre de 2000 (folio 79 del C.1) en la etapa probatoria del proceso.
Folio 36 del C.1.
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