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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04802-01

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04802-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- MODIFÍCASE la sentencia de 20 de octubre de 2022, dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, la cual queda así: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela presentada por el Consorcio ISREX contra la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, porque no se configuró ninguno de los defectos alegados. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04802-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

16 de marzo de 2023

Radicación:11001-03-15-000-2022-04802-01
Demandante: CONSORCIO ISREX Y OTROS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04802-01
Demandante: CONSORCIO ISREX (INTEGRADO POR LAS SOCIEDADES
ISREX 94 LTDA., ALLBIAI S.A.S. -ANTES RIAGO LTDA- Y
F&B ABOGADOS ASOCIADOS LTDA)
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“B”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
controversias contractuales en el que se negó la condena en
abstracto. Defectos sustantivo, fáctico, por decisión sin
motivación y por violación directa de la Constitución

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte accionante, a través de apoderado judicial, contra la
sentencia de 20 de octubre de 2022, dictada por la Sección Segunda, Subsección
“A” del Consejo de Estado, en la que resolvió:

“Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por el Consorcio Isrex (integrado
por las sociedades Isrex 94 Ltda., Allbiai S. A. S. (antes Riago Ltda) y F & B Abogados
Asociados Ltda., con respecto del defecto decisión sin motivación, en atención a las
consideraciones expuestas.

Segundo. Denegar el amparo invocado por el Consorcio Isrex (integrado por las
sociedades Isrex 94 Ltda., Allbiai S. A. S. (antes Riago Ltda) y F & B Abogados
Asociados Ltda., en torno a los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la
Constitución, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Tercero. En caso de no ser impugnada esta providencia, devolver al despacho de
origen el expediente de controversias contractuales con radicación 15001-23-31-000-
2002-00204-01 (62348).

Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El consorcio accionante afirmó que el 13 de febrero de 1997, el Instituto Nacional
de Adecuación de Tierras, INAT, el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras,
FONAT y la Asociación de Usuarios denominada USOCHICAMOCHA, celebraron
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Demandante: CONSORCIO ISREX Y OTROS

con el Consorcio lSREX, conformado por las sociedades lSREX Colombia Ltda,
lSREX 94 Ltda y RIAGRO S.A. el contrato 009 cuyo objeto era “la financiación y la
construcción de las obras civiles, suministro, montaje e instalación de equipos
electrónicos y electromecánicos, tuberías, accesorios y elementos del proyecto de
adecuación de tierras Alto Chicamocha, el cual comprende la puesta en
funcionamiento de 10 unidades de riego y sistema de drenaje en un área
aproximada de 6.022 hectáreas, el cual comprende además de los canales, el
control de las fuentes salinas de Paipa y la red freatrimétrica; las cuales se
encuentran en los municipios de Nobsa, Sogamoso, Duitama, Paipa, Santa Rosa
de Viterbo y Tibasosa del Departamento de Boyacá”.

Sostuvo que el Consorcio ejecutó oportunamente las obras a que se obligó y las
puso en operación, “lo cual quedó suficientemente acreditado con diferentes actas
de entrega”.

Indicó que mediante Resolución No. 597 de 21 de marzo de 2000, “expedida 5
meses después del vencimiento del plazo contractual total de 32 meses pactado
para la ejecución de las obras y la realización de las actividades de
acompañamiento en la administración y operación del distrito de riego y, casi 1
mes después del vencimiento del plazo de 4 meses estipulado para la liquidación
bilateral del contrato”, el INAT declaró el incumplimiento del Contrato No. 009 de
1997 y su caducidad administrativa, ordenó su liquidación y dispuso la exigibilidad
de la garantía única de cumplimiento, y a través de las Resoluciones Nos. 788 y
850 del 2000 resolvió los recursos de reposición interpuestos contra esas
decisiones en el sentido de confirmarlas.

Adujo que mediante Resolución No. 895 del 2000, el INAT declaró liquidado en
forma directa y unilateral el contrato, dispuso hacer efectiva la cláusula penal en
contra del Consorcio lSREX y ordenó a este el pago de $4.271.367.104, más
$1.850.129.006. Esa decisión fue confirmada a través de las Resoluciones Nos.
1059 y 1060 de 2000.

Expresó que del balance final consolidado del contrato efectuado por el INAT-
FONAT en la Resolución No. 895 de 2000, se desprende: “a) que el valor total
ejecutado recibido a satisfacción, incluyendo ajustes, según los numerales 8, 9 y
10, ascendió a la suma de $46.908.315.163 de julio de 2.000; b) que el valor total
de las actas de obra y reajustes pendientes por formalizar y cancelar, según se
describe en los numerales 20, 21 y 22, fue de $ 1.174.830,701 de julio del año
2000; y c) que tanto la totalidad de las obras ejecutadas por el Consorcio y
recibidas a satisfacción por las entidades contratantes, como por razón del monto
de las actas de obra y reajuste pendientes de formalizar por parte del INAT-
FONAT y, consiguientemente, pendientes de pago al Consorcio, se ejecutaron
obras por un valor total de $48.083.145.864 del mes de julio del año 2000, según
se describe en los numerales 8, 9, 10, 20, 21 y 22. Siendo así, según lo reconoció
y estableció el propio INAT-FONAT, lo único que el Consorcio habría dejado de
ejecutar tan sólo ascendería a un porcentaje equivalente al 5% respecto del valor
total del contrato”.

Afirmó que como consecuencia de la declaratoria de caducidad, el Consorcio
lSREX y las sociedades que lo conforman quedaron inhabilitados por el término de
5 años para celebrar cualquier contrato estatal, y que en razón de la inhabilidad
legal que contractualmente le sobrevino a las Sociedades RIAGRO Ltda e lSREX
(94) Ltda, estas debieron ceder los contratos que tenían vigentes, lo cual afectó de
manera sustancial y grave su patrimonio y el desarrollo de su actividad social, al
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no poder devengar las utilidades a que tenían derecho por razón de la celebración
válida de dichos contratos.

Sostuvo que, con base en lo anterior, el Consorcio lSREX promovió demanda de
controversias contractuales en contra del INAT1, con el fin de obtener la
indemnización de los perjuicios ocasionados por el daño antijurídico causado, de
la que conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Boyacá, que en
sentencia de 23 de enero de 2018 declaró la nulidad de las Resoluciones Nos.
597, 788, 850, 895, 1059 y 1060 de 2000, y a título de restablecimiento del
derecho, condenó, en abstracto, al INAT-FONAT, cuyo sucesor procesal actual es
la Agencia Nacional de Tierras, y a USOCHICAMOCHA, a pagar a favor del
Consorcio “como consecuencia de la declaratoria de caducidad administrativa del
Contrato No. 009 de 1997”, el valor de los perjuicios que lograran acreditarse a
través del incidente de liquidación de perjuicios.

Por último, refirió que, en segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “B”, a través de sentencia de 26 de enero de 20222, modificó
la decisión y ordenó a) declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados, b) declarar probada de oficio la excepción de caducidad respecto de
las demandas de reconvención presentadas por el INAT y USOCHICAMOCHA en
contra del Consorcio lSREX y c) negar las demás pretensiones de la demanda.

2. Fundamentos de la acción

El consorcio accionante presentó acción de tutela con el fin de que se protejan los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de defensa y
contradicción y de acceso a la administración de justicia, vulnerados,
supuestamente, por la sentencia de 26 de enero de 2022, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, que modificó el fallo favorable de
primera instancia, en el sentido de negar la condena en abstracto y el incidente de
liquidación de perjuicios ordenados, en el marco del proceso de controversias
contractuales que promovió contra el INAT- FONAT y otros3.

A su juicio, la sentencia objetada incurre en i) defecto sustantivo, por (i) falta de
aplicación o erróneo entendimiento del artículo 90 de la Constitución, (ii) la falta de
aplicación o erróneo entendimiento de los artículos 8-1-c y 9 de la Ley 80 de 1993,
(iii) la falta de aplicación o erróneo entendimiento del artículo 172 del Código
Contencioso Administrativo, sobre las condenas en abstracto y (iv) la falta de
aplicación o erróneo entendimiento del artículo 228 de la Constitución Política,
sobre la prevalencia del derecho sustancial.

Sobre el particular, indicó que con la expedición de los actos administrativos
declarados nulos en ambas instancias se generaron efectos inhabilitantes que
lesionaron de manera grave y por espacio de cinco años su derecho a celebrar
contratos con entidades estatales, produciendo un daño antijurídico en contra de
los contratistas demandantes, por lo que no hay espacio para confundir el daño
antijurídico con los perjuicios que se derivan o desprendan de aquel, pues si se
llegare a concluir o a entender que la supuesta ausencia de prueba respecto de
los perjuicios ocasionados a los demandantes podría determinar la inexistencia de
la responsabilidad patrimonial de la entidad estatal demandada, se estaría dando
un entendimiento tergiversado, equivocado y erróneo al contenido y al alcance del
artículo 90 de la Carta Política.
1 En vigencia del Código Contencioso Administrativo.
2 Notificada por edicto desfijado el 8 de marzo de 2022.
3 La solicitud de tutela se presentó el 5 de septiembre de 2022. 3

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Expresó que “el simple conocimiento del régimen legal de inhabilidades previsto
de manera imperativa en el Estatuto de Contratación Estatal obliga a concluir, por
lógica elemental y porque así lo señalan las reglas de la experiencia -sin que al
respecto se requiera prueba alguna-: a) que a los contratistas demandantes se les
generó una inhabilidad por cinco años para celebrar contratos estatales con
cualquier entidad estatal -a pesar de que su actividad comercial lícita, ordinaria y
habitual los llevó a celebrar más de 110 contratos estatales por varios cientos de
millones de dólares con los Estados Unidos de Norteamérica-; b) que tal
inhabilidad les significó tener que ceder o renunciar obligatoriamente a los
contratos estatales que tenían vigentes; y, además, c) que la causa o la fuente de
tal inhabilidad la constituyó el acto administrativo que declaró la caducidad
administrativa del contrato estatal, posteriormente declarado nulo judicialmente”.

Agregó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia de 19 de
noviembre de 2021, rad. 50001-23-31-000-2009- 00441-01 (51.915), concluyó que
la condena en abstracto tiene lugar cuando no existe certeza o claridad sobre la
cuantía de los perjuicios, partiendo de la base de la existencia del daño
antijurídico, por lo que a los demandantes les asiste el derecho para que el juez de
la causa haya proferido la condena en abstracto, pues en el caso no se puede
cuantificar el monto de los perjuicios a cuya indemnización tienen derecho.

De otra parte, sostuvo que la sentencia objetada incurre en ii) decisión sin
motivación, por cuanto, indicó, no consigna motivación alguna que explique o
justifique la denegatoria de las pretensiones indemnizatorias, ni “a) por qué no se
aplicó el artículo 90 de la Constitución Política; b) por qué desechó la conclusión
que enseña, a la luz del citado artículo 90 constitucional, que a través de los actos
administrativos que fueron judicialmente anulados, la entidad estatal demandada
causó un daño antijurídico a los contratistas; c) por qué no se consideraron los
graves efectos inhabilitantes que en materia de contratación estatal se generaron
en contra de los contratistas, por la sola expedición y consiguiente confirmación
del acto administrativo de caducidad del Contrato 009 de 1997 -de conformidad
con los dictados de los artículos 8-1-c y 9 de la Ley 80 de 1993-; y d) por qué no
se aplicó el artículo 172 del CCA, a sabiendas de que esta norma se encuentra
concebida para los casos en los cuales, habiéndose establecido la existencia de
un daño antijurídico -tal como ocurre en el caso de la referencia-, hay duda acerca
de los perjuicios y/o de su respectivo monto”.

Adujo que la providencia objetada incurre en un iii) defecto fáctico, en tanto, en
su criterio, “el más simple y sencillo análisis probatorio desprendía por su propio
peso la conclusión de que a través de los actos administrativos demandados y
declararlos nulos se causó un daño antijurídico a los contratistas demandantes”,
por lo que en el caso se encuentran debidamente configurados los perjuicios a
cuya indemnización tiene derecho, de los cuales únicamente hay dudas sobre su
cuantía.

Aseveró que la autoridad judicial accionada minimizó el esfuerzo probatorio que
desplegó y que cumplió la parte demandante al conseguir que al expediente se
allegaran más de 110 contratos estatales, “en cuya celebración y ejecución
tuvieron parte activa algunos de los contratistas demandantes, quedando en
evidencia y por fuera de toda duda que la valoración probatoria realizada por la
accionada fue totalmente inexistente”.

Finalmente, refirió que la sentencia objetada incurre en iv) violación directa de la
Constitución, en específico a) del derecho fundamental al debido proceso, “por
ausencia de motivación, en tanto en el caso no se valoraron los diferentes4

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elementos de prueba incorporados al expediente y de cuya existencia se
desprende con claridad la configuración de un daño jurídico en contra de los
contratistas demandantes”, b) del derecho al acceso a la administración de justicia
“por desconocerse el valor de la justicia ante la negativa en ordenarse la
reparación del daño antijurídico ocasionado” y c) del derecho a la igualdad,
“puesto que la Subsección en sentencia de junio 4 de 2019, expediente 68001-23-
31-000-1999-01396-02 (46.656), puso de presente la clara e inequívoca distinción
entre el concepto de daño y el de perjuicios; y en la sentencia del 19 de noviembre
de 2021, expediente 50001-23-31-000-2009- 00441-01 (51.915), concluyó que a la
condena en abstracto hay lugar cuando no existe certeza o claridad sobre la
cuantía de los perjuicios. La Subsección omitió examinar si en el asunto estaba
probado el daño antijurídico ocasionado a los demandantes, ya que,
sencillamente, se apresuró a negar toda posibilidad de obtener una condena en
abstracto”.

3. Pretensiones

El accionante plantea las siguientes:

“PRIMERA: Tutelar los Derechos Fundamentales al DEBIDO PROCESO (artículo 29
C.P.), a LA DEFENSA (artículo 29 C.P.), a LA CONTRADICCIÓN (artículo 29 C.P.), al
DEBIDO PROCESO PROBATORIO (artículo 29 C.P.), al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (artículo 229 C.P.), a la REALIZACIÓN DE LA
JUSTICIA (Preámbulo C.P.), a la VIGENCIA DE UN ORDEN JUSTO (artículo 2 C.P.), a
la PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL (artículo 228 C.P.), el RESPETO DE
LA DIGNIDAD HUMANA (artículo 1 C.P.), LA EQUIDAD Y LOS PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO (artículo 230 C.P.), el DERECHO FUNDAMENTAL A LA
IGUALDAD (artículo 13 C.P.), de los cuales son titulares el Consorcio ISREX y las
sociedades que lo integran, así como en relación con aquellos otros Derechos
Constitucionales que encuentre vulnerados ese Juez Constitucional y que
oficiosamente se encuentra en el deber de proteger, todo respecto de la actuación
judicial que dio como resultado la expedición de la Sentencia judicial fechada en enero
26 de 2022, emanada de la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado, distinguida con la
radicación No. 15001 23 31 000 2002 00204 01, expediente No. 62.348, en tanto y en
cuanto denegó a la demandada indemnización de perjuicios ocasionados por razón del
daño antijurídico que les fue irrogado a mis poderdantes mediante las demandadas
Resoluciones administrativas cuya declaratoria judicial de nulidad fue confirmada en
segunda (2ª) instancia en atención a los ostensibles vicios de inconstitucionalidad y de
ilegalidad que viciaron su validez.

SEGUNDA: Dejar sin efectos la decisión judicial consistente en denegar el
restablecimiento del derecho y/o la indemnización de perjuicios ocasionados por el
daño antijurídico irrogado a mis poderdantes mediante las Resoluciones administrativas
cuya declaratoria judicial de nulidad fue confirmada en segunda (2ª) instancia en
atención a los ostensibles vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad que viciaron su
validez, decisión judicial contenida en la referida Sentencia de enero 22 de 2022.

TERCERA: Ordenar que se tutelen y se protejan los Derechos Fundamentales que se
le han vulnerado a la Parte Demandante y como consecuencia de ello se deba proferir
una sentencia judicial que reemplace la decisión denegatoria que debe dejarse sin
efectos, decisión denegatoria contenida en el numeral QUINTO de la PARTE
RESOLUTIVA de la Sentencia fechada en 26 de enero de 2022, dictada en segunda
(2ª) instancia por la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Honorable Consejo de Estado, con ponencia del señor Magistrado
Alberto Montaña Plata.

CUARTA: Que como consecuencia de la decisión judicial que se adopte en sede de
tutela o de aquella que deba proferirse en instancia del juez ordinario que aquí se
demanda, todo con la única finalidad de que se reemplace la decisión judicial
denegatoria que debe dejarse sin efectos, se disponga el reconocimiento en abstracto,
bien del demandado restablecimiento del derecho y/o bien de la demandada
5

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indemnización de los perjuicios ocasionados por razón del daño antijurídico irrogado a
mis poderdantes con ocasión de la expedición de los actos administrativos que fueron
debidamente anulados.

QUINTA: Las demás órdenes judiciales que se consideren procedentes y/o pertinentes
a las cuales haya lugar, con la finalidad de asegurarle a mis mandantes la efectividad
real y concreta de sus derechos Constitucionales”.

4. Pruebas relevantes

Al trámite de la tutela se allegó el expediente del medio de control de controversias
contractuales radicado con el Nº 2002-00204-01, demandante: Consorcio ISREX.

5. Trámite procesal

Por auto de 9 de septiembre de 2022, la Subsección “A” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado inadmitió la acción de tutela y requirió al apoderado de la
parte accionante para que allegara: i) el certificado de registro mercantil ante la
Cámara de Comercio que permitiera demostrar que el señor Pablo Daniel Giesser
es el representante legal de la Sociedad ISREX 94 Ltda, y ii) el poder especial con
el lleno de los requisitos legales otorgado por el representante legal de la
Sociedad ISREX 94 Ltda, bien sea: a) de manera presencial, con nota de
presentación personal o b) acogiéndose a lo estipulado en la Ley 2213 de 2022,
para lo cual debía acreditar que el poder fue otorgado mediante mensaje de datos,
y contener el correo electrónico del apoderado, el cual deberá estar incluido en el
Sistema de Registro Nacional de Abogados (SIRNA).

Luego de que se allegara la documentación requerida, mediante auto de 23 de
septiembre de 2022 el a quo admitió la demanda y ordenó notificar al consorcio
demandante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), a la Compañía de Seguros
Confianza S.A, y al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT-FONAT),
cuyo sucesor procesal actual es la Agencia Nacional de Tierras, como terceros
interesados en el resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que sostuvo que la misma
contiene los elementos necesarios para que el juez constitucional tome la decisión
que en derecho corresponda, la cual, declaró, estará presto a atender.

6.2. Respuesta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

La jefe de la oficina asesora jurídica de la cartera ministerial rindió informe en el
que solicitó que se desvinculara del trámite constitucional, en atención a que no
tiene competencia frente a las decisiones judiciales que se atacan, pues de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, la
Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función
constitucional y legal de administrar justicia.

Sostuvo que, en todo caso, la solicitud debe declararse improcedente, pues el
accionante no puede poner en marcha el aparato judicial cuando lo considere a
voluntad, sino cuando existan causales jurídicas que justifiquen la procedencia de6

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la acción de tutela, las cuales no se verifican en el caso, aunado al hecho de que
actualmente cuenta con el recurso extraordinario de revisión del cual puede hacer
uso por estar en término.

6.3. Respuesta de la Agencia de Desarrollo Rural

El apoderado de la agencia solicitó que se declarara la improcedencia de la
solicitud o, en su defecto, se denegara el amparo solicitado, en tanto, declaró, esta
no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues aunque el accionante
alega una supuesta transgresión del debido proceso y el derecho a la defensa, en
el fondo se trata de una serie de justificaciones inadmisibles sobre el no haber
aportado y practicado una prueba pericial que se encontraba a su cargo.

Sostuvo que el análisis realizado por la autoridad judicial accionada no es
antojadizo o carente de sustento jurídico y se ajusta a derecho, “por lo que mal
haría el administrador de justicia en reconocer indemnizaciones sobre supuestos
perjuicios que no fueron totalmente acreditados dentro del proceso”.

Adujo que la decisión cuestionada tuvo como base la carencia de presentación del
dictamen pericial “que claramente es imprescindible para el reconocimiento de
unos supuestos perjuicios, ya que de la mera advertencia no se puede colegir su
presencia”, y agregó que la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
demandados no es fundamento suficiente para dilucidar la configuración de los
perjuicios.

Finalmente, afirmó que la Agencia de Desarrollo Rural no fue condenada ni
reconocida como sucesor procesal en el asunto, por lo que no se le puede señalar
o endilgar responsabilidad en este trámite, so pena de contrariar el ordenamiento
jurídico y el principio de seguridad jurídica.

6.4. Respuesta de la Agencia Nacional de Tierras

A través de la Oficina Jurídica, la agencia solicitó que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva a su favor y se le desvincularla del presente
trámite, por cuanto, indicó, no es competente para pronunciarse sobre la actuación
desplegada por la autoridad judicial accionada, en el marco de un proceso judicial
que se encuentra revestido de legalidad.

6.5. Respuesta de la Agencia de Renovación del Territorio

A través de apoderado judicial, la agencia rindió informe en el que solicitó que se
declarara la falta de legitimación por pasiva a su favor y se le desvinculara del
presente trámite, por cuanto, sostuvo, no existe ningún nexo causal entre las
funciones que desarrollaba el INCODER, quien fue parte en el proceso que originó
la controversia y las suyas.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante sentencia de
20 de octubre de 2022, “rechazó” la solicitud respecto del defecto por decisión sin
motivación, por desatender el requisito de subsidiariedad, y negó las pretensiones
en relación con los defectos sustantivo, fáctico y por violación directa de la
Constitución, invocados.

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Sostuvo que el defecto por decisión sin motivación, a través del cual se
cuestionaba el hecho de que la autoridad judicial accionada no explicó el por qué
en el caso no procedía la pretensión indemnizatoria no superaba el requisito de
subsidiariedad por lo que era improcedente, en tanto, sostuvo, para ello el
accionante puede acudir al recurso extraordinario de revisión, en orden a solicitar
la revisión de la providencia cuestionada por afectación del principio de
congruencia, conforme con lo previsto en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, “lo cual toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que el
accionante no prueba ni tampoco se evidencia por esta Sala de Decisión la
existencia de un perjuicio de carácter irremediable que permita al juez
constitucional pretermitir la subsidiaridad de la acción de tutela”.

De otra parte, mencionó que, contrario a lo manifestado por el accionante, la
decisión objetada no se fundamentó en el hecho de que no se hubieran liquidado
o cuantificado los perjuicios causados, sino de que no se hubiese acreditado su
efectiva causación, en tanto dicho asunto se dejó a la incertidumbre al no darse
especificidad a la efectiva afectación patrimonial causada, por lo que en el caso no
se afectaron las garantías constitucionales invocadas.

Adujo que en la sentencia objetada se aclaró que, pese a verificarse la
procedencia de la declaratoria de la nulidad de los actos administrativos
demandados, el a quo había errado i) al condenar en abstracto a las entidades
demandadas y ii) al ordenarles pagar a favor del Consorcio lSREX el valor de los
perjuicios que lograran acreditarse a través del incidente de liquidación de
perjuicios, “por cuanto al plenario no se aportaron pruebas del detrimento alegado,
esto es, de la determinación concreta de la extensión y repercusión patrimonial”.

Afirmó que allí se explicó que a pesar de que el demandante aportó algunos
contratos celebrados con anterioridad por el Consorcio o algunos de sus
integrantes, no se aportaron más pruebas que permitieran identificar i) cuáles
contratos se encontraban en ejecución o ii) cuáles se vieron afectados por la
declaratoria de caducidad, o, en general, iii) cuál fue la afectación patrimonial del
demandante, “de manera que, ante la falta de acreditación de los perjuicios -según
lo previsto en el artículo 167 del CCA, lo que procedía era denegar las
pretensiones”.

Manifestó que, dado lo anterior, en el caso no se evidencia desconocimiento de lo
preceptuado en el artículo 90 de la Constitución, pues precisamente en aplicación
de la cláusula de responsabilidad patrimonial del Estado la autoridad judicial
demandada debía entrar a verificar la existencia del daño antijurídico imputado a
la entidad demandada, el cual no encontró acreditado.

Refirió que si bien el accionante afirma que la accionada omitió examinar si en el
asunto estaba probado el daño antijurídico ocasionado a los demandantes, y que
se apresuró a negar toda posibilidad de obtener una condena en abstracto
realizando una indebida valoración probatoria de los 110 contratos aportados, en
la sentencia objetada se aclaró que dichos contratos no permitían identificar
cuáles se encontraban vigentes, cuáles se vieron afectados por la declaratoria de
caducidad o, en todo caso, cuál fue la afectación patrimonial causada a los
demandantes, disertación que no se encontraba descontextualizada o fuera de
margen valorativo, en tanto que se trataba de elementos que, en su autonomía,
debían encontrarse demostrados con el fin de tener certeza sobre la existencia y/o
configuración de los perjuicios efectivamente causados.

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Agregó que no es cierto que la Subsección accionada haya confundido los
conceptos de daño y perjuicio, y desconocido las sentencias de 18 de octubre de
2007 y 4 de junio de 2019 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, toda vez
que, sostuvo, la valoración probatoria realizada se subsumió a identificar dichos
factores, esto es, tanto el daño como los perjuicios causados, los cuales, insistió,
no encontró demostrados.

Mencionó que si bien la parte actora alega que la falta de liquidación o
cuantificación de los perjuicios causados no puede poner en duda la certeza de su
existencia y que, por tanto, debe desecharse cualquier inquietud respecto de la
causación de aquellos en tanto su configuración encuentra soporte suficiente en
las máximas de la experiencia, en el caso se evidenciaba que lo analizado por la
autoridad judicial accionada no era el hecho de que se hubiera liquidado o
cuantificado los perjuicios causados, sino de que no se haya procedido a la
acreditación de su efectiva causación.

Finalmente, respecto de la violación directa de la Constitución alegada indicó que
la jurisprudencia ha explicado que esta causal se configura cuando un juez
ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque i)
deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o ii) aplica la
ley al margen de los dictados de la Carta, lo que no ocurrió en el caso, en el que la
demandada no desconoció ningún precepto constitucional ni realizó una
interpretación de la normatividad contraria a la Constitución, o dejó de aplicar una
disposición legal, y por el contrario, “cumplió con el deber que le asiste a todas las
autoridades judiciales de conjurar la protección de los derechos a la igualdad, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia”.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
consorcio accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se
revocara, en escrito en el que reiteró los argumentos que fundamentan los
defectos invocados en la solicitud inicial, y adujo que el fallo de primera instancia
“al igual que ocurrió con la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, ignoró por completo, infundadamente, que con la expedición de los actos
administrativos declarados nulos se configuraron cuatro (4) daños antijurídicos
evidentes que se encuentran debidamente acreditados dentro del proceso relativo
a controversias contractuales y que, por tanto, dada su fuente inexorablemente
comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado”.

Señaló que contrario a lo que indica el a quo, en el caso hay lugar a concluir que
el defecto de expedición judicial sin motivación alegado debe ser considerado y
valorado en armonía con el resto de los cargos que se han formulado contra la
sentencia objetada, por cuanto, sostuvo, la jurisprudencia sobre la materia “no
alude a la atribución que tendrían los Jueces –y que a pesar de ello se ha
arrogado el Honorable Consejo de Estado– de definir y aplicar causales de nulidad
que no se encuentran expresamente previstas en la Ley o en la Constitución, en
cuanto para la Corte Constitucional resulta perfectamente claro que únicamente al
Constituyente y al Legislador les corresponde diseñar”.

Agregó que aun cuando en algunas ocasiones la Corte Constitucional ha
destacado la improcedencia de las acciones de tutela en aquellos eventos en los
que el accionante tiene a su alcance el recurso extraordinario de revisión, “no es
menos cierto que en esas mismas oportunidades dicha Corporación ha indicado
que las solicitudes de amparo constitucional tienen la suficiente entidad para9

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desplazar al mencionado recurso extraordinario cuandoquiera que, además de
alegarse la violación al Derecho Fundamental al Debido Proceso, el Demandante
también ponga de manifiesto la conculcación de otros Derechos que compartan el
mismo rasgo iusfundamental”.

Añadió que, a su juicio, no existe norma constitucional o legal alguna en el
ordenamiento vigente que catalogue, establezca o consagre la falta de motivación
o la decisión sin motivación como causal de nulidad procesal, “única manera en la
cual, predicada de la sentencia, podría ser viable el ejercicio del referido Recurso
Extraordinario de Revisión con base en la citada causal que recoge el numeral 5
del artículo 250 de la Ley 1437 dictada en 2011”.

De otra parte, sostuvo que el fallo de tutela impugnado mezcla y confunde “tal
como en su momento desafortunadamente también lo hizo la Subsección B de la
Sección Tercera” el concepto de daño y el de perjuicio, “como si respondieran a un
misma y única noción; como si se tratara de sinónimos, desconociendo por
completo que la Jurisprudencia del propio Consejo de Estado se ha encargado de
precisar, de aclarar, de señalar, de puntualizar y de establecer que en realidad
esas nociones corresponden a conceptos y/o a figuras jurídicas diferentes entre
sí”.

Luego de reiterar los daños antijurídicos que, en su criterio, se acreditaron en el
caso que originó la controversia, esto es, i) la inhabilidad para celebrar contratos
con el Estado durante e cinco años, ii) el tener que ceder o renunciar a los
contratos estatales que se encontraban vigentes, iii) el no pago de las sumas de
dinero pactadas y causadas por la ejecución del Contrato No. 009 de 1997, y iv)
el descuento o compensación del monto correspondiente a la cláusula penal
pecuniaria impuesta, sostuvo que “por mandato constitucional el fundamento
nuclear de la responsabilidad Patrimonial del Estado lo constituye el DAÑO
ANTIJURÍDICO, y el artículo 90 de la Constitución Política es la fuente suprema
de la responsabilidad patrimonial del Estado tanto en lo contractual como en lo
extracontractual, se ha pronunciado reiterada y uniformemente la jurisprudencia
constitucional”.

Por último, sostuvo que el derecho a la igualdad también fue conculcado por el
juzgador de primera instancia, en tanto i) el fallo dejó de aplicar “las diferencias
que la Jurisprudencia del Consejo de Estado, la Jurisprudencia de la Sección
Tercera y la Jurisprudencia de la Subsección B de la Sección Tercera han
establecido y aplicado en otros procesos de controversias contractuales”, y ii)
porque el juez de tutela se abstuvo “de hacer el menor análisis sobre la protección
que se pidió en torno a dicho Derecho Fundamental, el cual, por lo demás, TIENE
una superlativa relevancia constitucional”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

10

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2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
la sentencia de 20 de octubre de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A”, “rechazó” la solicitud de tutela respecto del
defecto por decisión sin motivación, por desatender el requisito de subsidiariedad,
y negó las pretensiones respecto de los defectos sustantivo, fáctico y por violación
directa de la Constitución, debe confirmarse, o si debe revocarse en tanto i) el
defecto de decisión sin motivación alegado debe ser considerado por cuanto la
jurisprudencia sobre la materia “no alude a la atribución que tendrían los Jueces –
y que a pesar de ello se ha arrogado el Honorable Consejo de Estado– de definir y
aplicar causales de nulidad que no se encuentran expresamente previstas en la
Ley o en la Constitución, en cuanto para la Corte Constitucional resulta
perfectamente claro que únicamente al Constituyente y al Legislador les
corresponde diseñar”, y ii) en el caso los conceptos de daño y perjuicio fueron
confundidos, lo que determinó que no se observaran los cuatro daños antijurídicos
acreditados dentro del proceso de controversias contractuales, los cuales
comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20126, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20147, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se

4 Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
5 Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
6 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
7 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 M. P. Jaime Córdoba Triviño. 11

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trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico9; (ii) Defecto procedimental absoluto10; (iii)
Defecto fáctico11; (iv) Defecto material o sustantivo12; (v) Error inducido13; (vi)
Decisión sin motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación
directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte
Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La Sala abordará de manera conjunta el análisis de los defectos
alegados por la parte actora

Como cuestión inicial, la Sala aclara que abordará el estudio conjunto de los
defectos alegados, incluido el defecto de decisión sin motivación, respecto del cual
se declaró su improcedencia en la sentencia de primera instancia al considerar
9 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de

competencia para ello.
10 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
11 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el

que se sustenta la decisión.
12 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que

presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
13 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
14 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
15 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez

ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
16 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),

Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella

Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras. 12

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que no superaba el requisito de subsidiariedad, en tanto podía ser discutido por el
accionante a través del recurso extraordinario de revisión, solicitando la revisión
de la providencia cuestionada por afectación del principio de congruencia
conforme con lo previsto en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
a lo que se agregó que en el caso el actor no alegó la existencia de un perjuicio
irremediable que permitiera al juez constitucional pretermitir la subsidiaridad de la
acción de tutela.

Para la Sala, contrario a lo concluido por el juzgador de primera instancia, en el
caso concreto la acción de tutela es procedente respecto del defecto de decisión
sin motivación, por cuanto, dadas las particularidades de los argumentos
propuestos por la parte actora, lo alegado no encuadra en la causal de nulidad
originada en la sentencia, pues el debate está relacionado con la interpretación de
unas normas jurídicas y la valoración probatoria efectuada en el proceso de
controversias contractuales que originó la controversia, aspectos que no se
podrían ventilar mediante el recurso extraordinario de revisión.

Adicionalmente, el estudio de los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de
la Constitución se realizará de manera conjunta, bajo la caracterización del defecto
sustantivo, teniendo en cuenta que la vulneración iusfundamental que soporta la
solicitud de amparo se deriva, en palabras de la parte demandante, del
equivocado entendimiento del artículo 90 de la Constitución Política y de los
artículos 8-1-c y 9 de la Ley 80 de 1993 y 172 del Código Contencioso
Administrativo.

4.2. La Sala negará la totalidad de las pretensiones de la acción de tutela
porque los defectos alegados no se configuran

4.2.1. Como se indicó en el numeral anterior, la Sala efectuará el estudio conjunto
de todos los defectos invocados en el escrito de tutela, en tanto su configuración
tiene como fuente común el alegato conforme con el cual en la providencia
objetada fueron confundidos los conceptos de daño y perjuicio, lo que determinó
que no se observaran los cuatro daños antijurídicos alegados dentro del proceso
de controversias contractuales y se denegara la condena en abstracto y el
incidente de liquidación de perjuicios ordenados por el juez ordinario en primera
instancia.

Como sustento de los defectos alegados, el consorcio actor indicó que en el caso
hubo un entendimiento y aplicación errada de los artículos 90 y 228 de la
Constitución Política, de los artículos 8-1-c y 9 de la Ley 80 de 1993 y 172 del
Código Contencioso Administrativo. Agregó que un simple análisis probatorio
permitía concluir que con la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
demandados se causó un daño antijurídico a los demandantes que debía ser
resarcido, todo lo cual era vulnerador de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y del derecho a la igualdad, por
no observar lo preceptuado en las sentencias de 18 de octubre de 2007 y del 4 de
junio de 2019, en los expedientes con radicación 25000-23-27-000-2001-00029-
01 (AG) y 68001-23-31-000-1999-01396-02, en relación con los conceptos de
daño y perjuicio.

4.2.2. La Corte Constitucional en sentencia SU-574 de 2019, reiteró que el defecto
sustantivo “parte del reconocimiento de que la competencia asignada a las
autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el
principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta”
(SU-210 de 2017). De igual modo, reiteró los supuestos en los que se configura 13

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este defecto, en los siguientes términos:

“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión
se sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada
inconstitucional.

(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por no
ser pertinente.

(iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación
no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando
se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.

(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con
efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la
ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento
jurídico.

(v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente
contraria a la Constitución.

(vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la
disposición.

(vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el
análisis de otras disposiciones aplicables al caso.

(viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una actuación
que afecta derechos fundamentales.

(ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación.

(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la aplicación de normas
abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha
sido declarado inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada al caso
concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente
inaplicada.

(xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la
decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con
las motivaciones expuestas en la providencia”.

Adicionalmente, la Corte ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en
un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al menos, dos hipótesis:
(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene
(contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera injustificada para los
intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando le confiere a la disposición
infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible
a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene
postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados,
sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica
aceptable.

4.2.3. Del estudio del caso, la Sala observa que el objeto de la acción contractual
impetrada por el Consorcio ISREX era obtener la declaratoria de la nulidad de los
actos administrativos mediante los cuales el Instituto Nacional de Adecuación de
Tierras (INAT), el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT) y
USOCHICAMOCHA declararon el incumplimiento y la caducidad del contrato, hizo
efectiva la cláusula penal pecuniaria y liquidó de manera unilateral el contrato No.
14

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009 de 1997, y se condenara a la parte demandada a pagar a favor del consorcio
todos los perjuicios que se acreditaran dentro del proceso.

En lo relacionado con los perjuicios reclamados, el demandante indicó en las
pretensiones:

“6.7. Condénese a la parte demandada, como consecuencia de las ilegales y anti-
contractuales decisiones, al reconocimiento y pago, a favor de RIAGRO S.A. (antes
LTDA.), como integrante del CONSORCIO ISREX, a la suma de, siquiera, (...)
($200'000.000) por concepto de la indemnización por los perjuicios que le fueron
causados, más los que se llegaren a establecer durante el proceso, por la sanción
contractual impuesta por el INAT al declarar, injustificadamente, la caducidad y el
incumplimiento del contrato Nº 009 de 1997, como también de la sumas de dinero de
las obras ejecutadas y no reconocidas en la liquidación unilateral de dicho contrato
elaborada por la entidad. (...).

6.9. En general, condénese a la parte demandada a pagar, a favor de la sociedad
RIAGRO S.A. (antes LTDA.), en su calidad de miembro integrante del CONSORCIO
ISREX, todos los perjuicios que se acrediten dentro del proceso”.

En la sentencia objetada, al efectuar el análisis sustantivo del caso, la autoridad
judicial accionada, de conformidad con las pruebas que obraban en el expediente
y las razones del recurso de apelación, indicó que modificaría el fallo de primera
instancia en el sentido de confirmar lo relativo a la nulidad de los actos
administrativos por haber sido expedidos sin competencia, y denegaría las demás
pretensiones en tanto, consideró, no se allegaron las pruebas que demostraban
los perjuicios alegados por la parte actora.

En primer lugar, como hecho probado, encontró que la declaratoria de
incumplimiento del contrato se efectuó en la Resolución No. 597 de 21 de marzo
2000, sin tener la competencia para ello, por cuanto la Ley 80 de 1993 derogó el
Decreto 222 de 1983 y, con ello, la competencia de las entidades para declarar
incumplimientos de manera unilateral, competencia que solo se reestableció hasta
la expedición de la Ley 1150 de 2007 -artículo 17-, años después de que fueran
expedidos y cobraran firmeza los actos administrativos demandados.

En relación con la declaratoria de caducidad, observó que el plazo de ejecución
del contrato venció el 19 de noviembre de 1999 (32 meses después de la firma del
acta de inicio), fecha que, indicó, la entidad no podía desatender pues era el plazo
pactado por las partes para la ejecución del contrato, y que ponía límite a las
posibilidades de la administración para declarar la caducidad administrativa, a lo
que agregó que el objetivo de evitar que los graves incumplimientos del contratista
afectaran de manera grave y directa la ejecución del contrato o pudieran conducir
a su paralización no se cumplieron, pues la declaratoria se hizo una vez superado
el plazo de ejecución de las obligaciones contractuales.

Ahora bien, la autoridad judicial accionada, al hacer el recuento de lo acontecido
en el trámite de primera instancia, indicó lo siguiente sobre el análisis de los
perjuicios reclamados que efectuó el Tribunal Administrativo de Boyacá:

“36. Frente a la indemnización de perjuicios, advirtió que ‘las pretensiones de la
parte actora resultaban ambiguas’, pues no se precisó a cuáles perjuicios se
refería, ni tampoco se señaló en qué consistían. Según indicó, aunque se había
pretendido el pago de los perjuicios derivados de la no ejecución del contrato y de las
cesiones contractuales, producto de la inhabilidad sobrevenida con la declaratoria de
caducidad, no se aportaron pruebas para soportar el detrimento que se alegaba,
pues no se ‘proporcionaron datos, valores o soportes contractuales y contables’,
que permitieran su identificación. Advirtió que, si bien se allegó copia de contratos
15

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celebrados durante los 5 años anteriores a la declaratoria de caducidad, no se
aportaron documentos que permitieran determinar cuál había sido la utilidad
obtenida.

37. Ante la ‘carencia de suficiencia probatoria que lleve a determinar la concreta
extensión y repercusión patrimonial’ que la decisión de la administración pudo tener en
la parte actora, concluyó que se hacía necesario proferir una condena en abstracto
para que, por medio de un incidente de liquidación, se determinaran los perjuicios
sufridos por el demandante”.

Posteriormente, manifestó lo siguiente sobre el efecto de la falencia probatoria de
los perjuicios alegados por el consorcio accionante:

“55. Una vez verificada la procedencia de la declaratoria de la nulidad de los actos
administrativos demandados, esta Sala advierte que el Tribunal Administrativo de
Boyacá erró al condenar en abstracto a las entidades demandadas y al ordenarles
‘pagar a favor del Consorcio ISREX el valor de los perjuicios que logren acreditarse a
través del incidente de regulación de perjuicios’ , pues, tal y como lo advirtió el
fallador de primera instancia, no se aportaron pruebas del detrimento que se
alegaba, en una ‘carencia de suficiencia probatoria que lleve a determinar la
concreta extensión y repercusión patrimonial’.

56. A pesar de que el demandante aportó algunos contratos celebrados con
anterioridad por el Consorcio o algunos de sus integrantes, no se aportaron más
pruebas que le permitan a la Sala identificar cuáles se encontraban en ejecución
o cuáles se vieron afectados por la declaratoria de caducidad, o, en general, cuál
fue la afectación patrimonial del demandante, por lo que, ante la falta de
acreditación de los perjuicios (artículo 167 de CCA) , lo que procedía era la
denegar las pretensiones, lo cual se hará en la parte resolutiva de esta
providencia”.

Conforme con lo anterior, la Sala debe indicar, como cuestión inicial, que la
providencia objeto de reproche constitucional no adolece de motivación como lo
señala la parte actora. En efecto, la autoridad judicial demandada, en los términos
de la jurisprudencia constitucional, dio cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de su decisión de manera expresa, lo que se evidencia con la
presentación de las principales razones en las que se sustentó la decisión de
revocar lo relativo a la condena en abstracto.

De otra parte, contrario a lo afirmado por el accionante, la decisión judicial
objetada no desconoció el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula de
responsabilidad patrimonial del Estado, conforme con la cual la autoridad judicial
accionada debía verificar la existencia y demostración de los perjuicios
supuestamente causados, los cuales no encontró acreditados.

En efecto, si bien el consorcio accionante alega que “el simple conocimiento del
régimen legal de inhabilidades obligaba a concluir”, la existencia de los daños, y
por ende de los perjuicios alegados, “sin que al respecto se requiera prueba
alguna”, lo cierto es que la autoridad judicial accionada señaló que las pruebas
aportadas no permitían identificar la afectación patrimonial causada a los
demandantes, conclusión que para esta Sala no se observa irracional o
caprichosa dada la falencia probatoria evidenciada en el caso.

Lo anterior, por cuanto, si bien el accionante manifiesta que en el caso se omitió
examinar 110 contratos estatales en los que figuraba como contratista, lo que
probaría el perjuicio alegado como consecuencia de la inhabilidad sobreviniente
de la que fue objeto, de la sentencia objetada se observa que en esta se explicó
que los mismos no probaban el efecto para el cual fueron allegados, pues como
había sido declarado en primera instancia, no era claro cuáles de esos contratos
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se encontraban en ejecución o si se vieron afectados por la declaratoria de
caducidad declarada en el caso, por lo que la Sala no observa la supuesta
interpretación o entendimiento errado de las normas que regulan la
responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que la vulneración iusfundamental
alegada no se configura.

En tanto la sentencia objetada se apoyó en los hallazgos encontrados por el
tribunal de primera instancia frente a las pruebas allegadas para probar los
perjuicios reclamados, la Sala considera relevante citar el análisis probatorio
realizado por esa autoridad judicial:

“En lo que respecta a la indemnización de perjuicios, debe hacerse varias
precisiones.

En primer lugar, se debe advertir que las pretensiones de la parte actora
resultan ambiguas, toda vez que tan solo se dedica a solicitar que se
condene a las demandadas a cancelar al Consorcio ISREX, así como a
cada una de las sociedades que la integran, los perjuicios antijurídicos
que les fueron causados como consecuencia de la declaratoria de
caducidad, pretensión que resulta ser abierta, pues no precisa a que
perjuicios se refiere, esto es, si de tipo material en sus modalidades de
daño emergente y lucro cesante, o a perjuicios de tipo moral, sin que
señale en que consistió cada uno de ellos. Igual sucede con las sociedades
que conforman el mencionado consorcio.

En segundo lugar, la parte actora solicita que igualmente se condene a las
entidades demandadas a pagar al Consorcio ISREX, así como a cada una de
las sociedades que la integran, los perjuicios derivados de no haber podido
ejecutar y haberse visto obligado a ceder los contratos que al momento de
sobrevenir la caducidad administrativa del Contrato 009 de 1997, les habían
sido adjudicados o estaban en ejecución, pretensión frente a la cual debe
advertirse que no se relaciona ni tampoco se aporta prueba de los
mencionados contratos, es decir, no se proporcionan datos, valores o
soportes contractuales y contables que pudieran arrojar verdaderamente
el detrimento que se alega, sin que se precise que clase de perjuicios se
pudieron ocasionar o en que consistieron los mismos.

En tercer lugar, se debe precisar que el apoderado de la parte actora tan
solo aporta copia de los contratos celebrados por el Consorcio ISREX
durante los 5 años anteriores a la declaratoria de caducidad del contrato
administrativo, sin que allegue los documentos contables de los mismos
para efectos de poder determinar cuál fue la utilidad obtenida por el
Consorcio durante los 5 años anteriores a la fecha de la declaratoria de
caducidad.

Conforme a lo expuesto, queda claro que pese a conocerse que la decisión de
declarar el incumplimiento y la caducidad administrativa de Contrato No. 009 de
1997 fue ilegal, por cuanto la entidad Contratante no tenía competencia para
ello, y además que dicha sanción fue proferida con abierta violación del debido
proceso, se carece de claridad frente a los perjuicios ocasionados al
Consorcio ISREX. Igualmente, se carece de la suficiencia probatoria que
lleve a determinar la concreta extensión y repercusión patrimonial que
dicha decisión pudo ocasionar en la parte actora, razón por la cual ante la
imposibilidad de fallar en concreto, se hace necesario dentro del asunto en
estudio, proferir un fallo en abstracto” (subrayas y negrillas por fuera del texto
original).

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De lo anterior, la Sala observa que el análisis probatorio efectuado en primera
instancia, en el que la autoridad judicial accionada se basó para adoptar la
decisión de negar la condena en abstracto, evidenciaba serias falencias en los
documentos aportados para probar los perjuicios reclamados, entre las que
resaltan la indeterminación del tipo de perjuicios, la ausencia de soportes
contractuales y contables que pudieran arrojar el detrimento que se alegaba y la
falta de los documentos contables de los contratos allegados para efectos de
poder determinar cuál fue la utilidad obtenida por el consorcio durante los 5 años
anteriores a la fecha de la declaratoria de caducidad.

Si bien para el juez de primera instancia en dicha causa esas circunstancias
justificaban la apertura de un incidente de liquidación de perjuicios, para la
Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado las mismas razones eran
evidencia de la falta de prueba de los perjuicios alegados, decisión que se
encuentra amparada por el principio de autonomía judicial y que fue justificada de
manera suficiente, por lo que los defectos alegados por este hecho no se
configuran.

En lo relativo a los artículos 8-1-c-18 y 9º19 de la Ley 80 de 1993, la Sala encuentra
que la supuesta inaplicación de los mismos no se configura, en tanto se trata de
normas relativas a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar y a los
efectos de la declaratoria de cesión unilateral del contrato, temas que si bien
fundamentan en la presente solicitud los defectos invocados, no eran relevantes
para el caso que originó la controversia, en tanto la nulidad de los actos
administrativos que allí se decretó se realizó por falta de competencia.

De igual forma, respecto del desconocimiento del artículo 172 del Código
Contencioso Administrativo20, relativo a la condena en abstracto en los procesos
contencioso administrativos, la Sala encuentra que dicha norma no era aplicable al
caso dada la ausencia de prueba del perjuicio encontrada por el juez de la causa,
misma que determinó que en el caso no se analizara la falta de cuantía de los
perjuicios reclamados, a la que hace referencia la norma, sino que, conforme con
las pruebas obrantes, no se encontró prueba de su existencia.

Sobre el principio onus probandi se ha referido la Sección Tercera de esta
Corporación de la siguiente manera21:

“(…) el principio del onus probandi, según el cual, por regla general, corresponde a
cada parte probar los hechos en los que funda sus pretensiones, por lo que, dado el
caso, se presentan consecuencias negativas por su deficiencia o inactividad

18 ARTÍCULO 8o. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR. Son inhábiles

para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales: (…)
c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad.
19 ARTÍCULO 9A. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE CESIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. En firme

el acto administrativo que ordena la cesión unilateral del contrato por actos de corrupción. La entidad que la
haya declarado deberá compulsar copias a las autoridades fiscales, disciplinarias y penales para las
investigaciones de su competencia.
20 ARTICULO 172. CONDENAS EN ABSTRACTO. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras,

perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida
en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación
incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del
Código de Procedimiento Civil.
Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado,
mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta
(60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al
superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el Juez rechazará de plano la
liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación.
21 Rad. 13001-23-31-000-2002-00482-01(45724) M.P. Ramiro Pazos Guerrero. 18

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probatoria22, principio que se encuentra consagrado en el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil con la regla según la cual “incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, con
excepción expresa de los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones
indefinidas23”.

Para la Sala, en el caso no hubo una falta de aplicación de los artículos 90 y 228
de la Constitución Política, ni del artículo 172 del Código Contencioso
Administrativo, como lo sostiene el accionante, pues la determinación de modificar
el fallo de primera instancia y negar la condena en abstracto y el incidente de
liquidación de perjuicios allí ordenados, obedece al ejercicio de la autonomía
judicial enmarcada en el respectivo sustento normativo y probatorio, lo que, se
reitera, no desconoció la cláusula de responsabilidad patrimonial del Estado, ni las
normas aplicables respecto del incidente de liquidación de perjuicios, sino que
obedeció a la falta de prueba de los perjuicios alegados, misma que había sido
vislumbrada por el tribunal de primera instancia, y que fundamentó la decisión de
la que se alega la vulneración de derechos que soporta la presente solicitud.

La Sala, en concordancia con lo establecido por el a quo, encuentra que lo
analizado por la autoridad judicial accionada no guardó relación con la liquidación
o cuantificación los perjuicios causados, sino con el hecho de que no se acreditó
su efectiva causación, en tanto no se especificó a través de las pruebas
conducentes la afectación patrimonial supuestamente causada al consorcio
demandante. En ese contexto, para la Sala es claro que la decisión de negar las
pretensiones relativas a la regulación de perjuicios tuvo como génesis la falencia
probatoria endilgable únicamente al accionante, por lo que los defectos alegados
por este hecho no se configuran.

En conclusión, si bien la parte actora alega que “con la expedición de los actos
administrativos declarados nulos se configuraron cuatro (4) daños antijurídicos
evidentes que se encuentran debidamente acreditados dentro del proceso relativo
a controversias contractuales y que, por tanto, dada su fuente inexorablemente
comprometen la responsabilidad patrimonial del estado”, lo cierto es que la
decisión de negar el incidente de liquidación de perjuicios en el caso no se adoptó
con base en la falta de prueba del daño, sino en la falta de acreditación de los
perjuicios, en tanto la parte demandante desatendió su carga procesal de probar la
afectación patrimonial derivada del perjuicio padecido.

22 La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido la consecuencia de desconocer las cargas

procesales, en los siguientes términos: “[L]as cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley
que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del
propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una
oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la
facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo
contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias
desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa”. Sala
de Casación Civil, M.P. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre de 1985, que resolvió una reposición,
Gaceta Judicial TOMO CLXXX – n.°. 2419, Bogotá, Colombia, Año de 1985, p. 427, citada por la sentencia de
la Corte Constitucional C-086 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En palabras de la doctrina, “la carga
funciona, diríamos, a double face; por un lado el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar;
en ese sentido es una conducta de realización facultativa; pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo
de no contestar, de no probar, de no alegar. El riesgo consiste en que, si no lo hace oportunamente, se falla
en el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones. Así configurada,
la carga es un imperativo del propio interés” COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil,
3ª edición, Roque Depalma Editor, Buenos Aires, 1958, p. 211 a 213.
23 “ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las

normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o
negaciones indefinidas no requieren prueba”.
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Por lo demás, respecto del supuesto “silencio absoluto” en el que habría incurrido
el juzgador de tutela de primera instancia, en lo relativo a la vulneración del
derecho a la igualdad alegada, la Sala observa que, contrario a lo manifestado por
el accionante, en la sentencia impugnada sí se hizo referencia a ese alegato, y se
determinó que en el caso no se desconoció ese derecho fundamental por no
observar lo preceptuado en las sentencias de 18 de octubre de 2007 y del 4 de
junio de 2019, en los expedientes con radicación 25000-23-27-000-2001-00029-
01 (AG) y 68001-23-31-000-1999-01396-02 en relación con los conceptos de daño
y perjuicio, toda vez que, sostuvo “la valoración probatoria realizada se subsumió
a identificar dichos factores, esto es, tanto el daño como los perjuicios causados,
los cuales, se insiste, no encontró demostrados”.

Así las cosas, la Sala modificará la sentencia de 20 de octubre de 2022, en el
sentido de negar las pretensiones de la acción de tutela porque no se configuró
ninguno de los defectos alegados.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- MODIFÍCASE la sentencia de 20 de octubre de 2022, dictada por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, la cual queda así:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela presentada por el
Consorcio ISREX contra la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de
Estado, porque no se configuró ninguno de los defectos alegados.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del
Consejo.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

20

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Radicación:11001-03-15-000-2022-04802-01
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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

21

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