Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04949-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04949-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04949-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
18 de noviembre de 2022
Radicación: 11001 03 15 000 2022 04949 00
Accionante: Óscar de Jesús Pedroza Ospina
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04949-00
Accionante: ÓSCAR DE JESÚS PEDROZA OSPINA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando no se
cumple el requisito de relevancia constitucional porque
el debate planteado por el actor pretende reabrir el
debate resuelto por el juez natural.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Óscar de Jesús
Pedroza Ospina contra la sentencia proferida el 7 de julio de 2022 por la
Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro.
47001 23 33 000 2016 00368 01.
1.- SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora promovió acción de tutela en contra de la precitada
sentencia y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] A.- Que se amparen por ésta vía tutelar, los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, vida,
trabajo, con ocasión del fallo proferido por EL CONSEJO DE ESTADO-
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION SEGUNDA-
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Accionante: Óscar de Jesús Pedroza Ospina
SUBSECCION A- en la SALA integrada por los CONSEJEROS GABRIEL
VALBUENA HERNANDEZ (Ponente), WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ y
RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS, quienes produjeron el fallo
de fecha 7 de Julio de 2022, registrado en el radicado 47001-23-33-
000-2016-00368-01 (3742_2019).
B.- Que como consecuencia de la anterior declaración se exija de
dicha Corporación, falle con apego a la ley, al procedimiento debido
y a la jurisprudencia vigente sobre esta concreta materia,
reconociéndome el derecho a PERCIBIR EL PAGO DE MIS
PRESTACIONES SOCIALES, PREVIO EL RECONOCIMIENTO DEL
CONTRATO REALIDAD O CONTRATO DE TRABAJO, TAL COMO LO
DISPUSO EL TRIBUNAL AD QUO, y como se depreca en la
correspondiente demanda […]”. [Mayúsculas en el escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que promovió demanda bajo el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA-, la cual correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo del Magdalena, que, en sentencia del 27 de febrero de
2019, “(…) declaró la existencia de una relación laboral entre demandante
y demandada y condena al pago de las prestaciones sociales derivadas de
dicho vínculo, que no fueron cobjidas (sic) por la prescripción. Y al, pago
por otros conceptos (…)”.
Señaló que el SENA apeló la anterior decisión argumentando que “no se
logró (sic) demostrar los elementos constitutivos de un contrato de
trabajo, pues el material probatorio no permitía inferir que el accionante
fue subordinado, que cumplía un horario, así como tampoco que los
honorarios percibidos correspondían a un salario”, y que la Subsección A,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, mediante sentencia del 7 de
julio de 2022, revocó la dictada en primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda.
Luego de hacer alusión a algunos de los apartes de la providencia
cuestionada, afirmó:
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“[…] De todo lo expuesto, extraído del fallo que se impugna por este
medio de Acción Constitucional, podemos arribar, sin equívoco
alguno a lo siguiente:
a) Para el sentenciador ad quem no cabe duda alguna que los
elementos estructurales del contrato de trabajo que hacen relación
a la prestación personal del servicio y al pago de una remuneración
por ese servicio, en esta caso se dan a plenitud.-
b) No acepta la existencia del elemento subordinación, sobre la
base de no existir documento en el plenario que indique la
imposición de órdenes, del supervisor, pues los sometimientos a
horarios, por si solos, no constituyen prueba de subordinación, pues
estas se pueden tener como indicios de su existencia y que incumbe
al demandante demostrar esa circunstancia.-
c) Da pleno valor a la prueba testimonial receptada, en el sentido de
que por ser compañeros directos en el trabajo, del demandante,
saben y les consta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el
desempeño de sus labores, aspectos sobre los cuales fueron
contestes (dic) y claros.-
d) Demostró el demandante, de manera fehaciente y contundente,
tanto por medio de la prueba indiciaria, cuanto por la de declaración
de terceros, su condición de subordinado en el desarrollo del objeto
contractual, pruebas éstas que resistieron el embate de la
demandada y condenada, al ser aceptada por el a quem, en la forma
plasmada.-
e) Así las cosas, no cabe duda que aceptar la existencia de la prueba
en los términos en que se hace, y con esa misma prueba, concluir
en la no demostración de la subordinación como elemento
constitutivo del contrato de trabajo, no solo es contradictorio, sino
que, desborda todos los límites del debido proceso, por lo que ese
fallo, es totalmente inconstitucional y debe ser revocado para
restablecer [l]os derechos conculcados […]”.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. Por auto del 16 de septiembre de 20222 fue admitida la acción de
tutela y se dispuso notificar a los consejeros que integran la Subsección
A, Sección Segunda, de esta Corporación, así como vincular a los
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magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena y al representante
legal del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA3.
Igualmente, se requirió al Tribunal Administrativo del Magdalena para que
allegara copia digital del proceso con radicado nro. 47001 23 33 000 2016
00368 00, el cual fue enviado por medio magnético4.
3.2. El Consejero ponente de la decisión controvertida presentó en tiempo
escrito vía electrónica5, en el que solicitó se deniegue la solicitud de
amparo, por cuanto, en la providencia cuestionada, se estudiaron los
medios de prueba allegados al expediente conforme a las reglas de la
sana crítica y, como consecuencia de ello, se concluyó que, de los
elementos esenciales para declarar la relación laboral “encubierta”, el
señor Óscar de Jesús Pedroza Ospina demostró la prestación personal y
la remuneración, pero no la subordinación y la dependencia, por lo que
los reparos del accionante frente a la valoración de las pruebas carecen
de sustento.
Afirmó que la solicitud de amparo no cumple el requisito de subsidiariedad
por cuanto la sentencia puede ser controvertida a través del recurso
extraordinario de revisión previsto por el artículo 248 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;
adicionalmente, carece de relevancia constitucional puesto que el debate
sobre la valoración probatoria corresponde al juez natural.
3.3. El director del SENA – Regional Magdalena rindió informe en
oportunidad vía correo electrónico en el que solicitó se deniegue el
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Esta orden se cumplió el 23 de septiembre de 2022. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022
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amparo solicitado por considerar que la providencia cuestionada no
vulneró los derechos fundamentales alegados por el accionante6.
3.4. El Tribunal Administrativo del Magdalena guardó silencio.
4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,7 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril
de 20218, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro.
080 del 12 de marzo de 20199 proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente10:
4.2.1. El señor Óscar de Jesús Pedroza Ospina promovió demanda bajo el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, cuyas pretensiones fueron:
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“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
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“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
10
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por el Tribunal Administrativo del
Magdalena. Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
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Accionante: Óscar de Jesús Pedroza Ospina
“[…] 1. Que se declare la NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
contenido en el oficio No. 2-2016-000884 de fecha 23 de Marzo de
2016, suscrito por (…) Director Regional SENA – Magdalena, por el
cual la demandada SENA, niega al actor el reconocimiento y pago
de las prestaciones laborales a que tiene derecho, por la vinculación
con dicha entidad en el cargo de Docente Instructor (…).
2. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento de MEDIO DE CONTROL de NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se declare la existencia de un
real contrato de trabajo y se ordene el reconocimiento y
consiguiente pago de las acreencias laborales no canceladas, a cargo
de la entidad demandada SENA, durante el tiempo que laboró mi
mandante del mes de noviembre de 2004 al 30 de diciembre de
2015 y, en las cantidades y por los conceptos siguientes:
(…)
3. Que igualmente se cancelen o devuelvan las sumas de dinero que
por retención en la fuente la demandada descontó a mi mandante
(…).
4. Que se le condene el pago de las sumas de dinero que le adeuda
por concepto de los descuentos que le hizo con destino al pago de
la seguridad social (salud y pensión), pagos que se han de realizar
al actor por haber efectuado los desembolsos durante su vinculación
laboral.
5. Que se condene a la demandada el pago de la sanción moratoria,
por la no consignación oportuna de las cesantías al fondo
correspondiente, a razón de un día de salario desde cuando nace la
obligación, hasta cuando el pago se realice.
6. Que se condene a la demandada SENA, al pago de todas las
demás acreencias que resulten probadas en el proceso y que se
deriven del vínculo contractual laboral que sostuvo el SENA, extra y
ultra petita, entre éstas dotación, viáticos y conexas.
7. Que se condene al SENA al pago de las costas procesales,
incluidas las agencias en derecho […]”.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del
Magdalena que, en sentencia del 27 de febrero de 2019, accedió
parcialmente a las pretensiones.
4.2.3. La Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia del 7 de julio de 2022, revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, denegó las pretensiones.
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Accionante: Óscar de Jesús Pedroza Ospina
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primero de los requisitos generales que el juez constitucional debe
examinar para establecer si la acción de tutela es procedente contra
providencia judicial es la relevancia constitucional; para ello, la Sala se
detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional11
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
11
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
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relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”12.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.
En ese mismo sentido, en la citada sentencia C – 590 de 2005, la Corte
precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una
sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe
contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de la mencionada sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la
relevancia constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades13:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
12
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
13
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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4.3.1.1. Las cuestiones de relevancia constitucional
Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573
de 2019, explicó que este elemento de la relevancia tiene el siguiente
alcance:
“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”.
La Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional, dado
que el único objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata
y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal
razón, es necesario que “la causa que origina la presentación de la
acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”.
Esto significa que el asunto debe ser trascendente para (i) “la
interpretación del estatuto superior”, (ii) su aplicación, (iii)
desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez “indicar con
toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes” […]”. [Se
destaca]
De lo anterior se desprende que el alcance que la jurisprudencia
constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste
en que la acción de tutela que se promueva contra providencia judicial
proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental, pues solo así se podrá establecer que el asunto es
evidentemente de naturaleza constitucional; ello quiere significar que,
quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál es el derecho
fundamental que estima afectado y explicar los motivos por los cuales
considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU
573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el
requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación
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del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca] Este
criterio fue reiterado en las sentencias SU 128 de 202114, SU 103 de
202215 y SU 215 de 202216.
Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T – 422
de 201817, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional confirmó
la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado que había
declarado improcedente la acción de tutela por no cumplir con los
requisitos de relevancia constitucional e inmediatez; en cuanto a la
relevancia, la Corte indicó, entre otras razones, que el requisito de
relevancia no estaba cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura
que las providencias demandadas desconocen sus derechos
fundamentales, la relevancia constitucional de un asunto no se determina
con la mera enunciación de los derechos fundamentales presuntamente
comprometidos, sino mediante la acreditación razonable de una presunta
amenaza o vulneración de los mismos”. [Se destaca]
El criterio jurisprudencial contenido en las sentencias T 422 de 2018, SU
573 de 2019, SU 128 de 2021, SU 103 de 2022 y SU 215 de 2022,
14
Corte Constitucional. Sentencia SU – 128 del 6 de mayo de 2021. M.P.: Cristina Pardo
Schlesinger.
15
Corte Constitucional. Sentencia SU – 103 del 17 de marzo de 2022. M.P.: Alejandro
Linares Cantillo. Al respecto, en dicha sentencia se indicó: “[…] 104. Consideraciones
específicas definidas en la jurisprudencia constitucional, respecto del requisito de
procedencia denominado “relevancia constitucional”. En relación con este requisito, esta
Corte ha sido enfática en señalar que resulta indispensable verificar, en cada caso
concreto, que la acción de tutela no esté siendo utilizada como una instancia
adicional para reemplazar las vías judiciales ordinarias. De manera concreta, ha
resaltado que el contenido de la solicitud debe buscar “resolver cuestiones que
trascienden la esfera legal, el carácter eminentemente económico de la controversia y
la inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales [lo que implica
la existencia de] un probado desconocimiento de los derechos fundamentales al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia”. Esto, por cuanto se debe “justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel” […]”.
16
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
17
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es
necesario que, para la acreditación de este primer elemento que compone
a la relevancia constitucional, la parte interesada en el escrito de tutela,
(1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los
motivos por los cuales considera la sentencia atacada está vulnerando
tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados,
requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos
aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración
de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo esencial del
mismo.
Ello es así porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo
que se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el
caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir que,
por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional
el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional
en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez
no podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional
con la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si,
de acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”18
18
Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
11
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y ha explicado que, desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el
núcleo esencial se define así19:
“[…] Métodos para la determinación del núcleo esencial
22. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo
esencial de un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas
jurídicas complementarias. Visto desde la perspectiva de los
derechos subjetivos, el contenido esencial de un derecho
fundamental consiste en aquellas facultades o posibilidades de
actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como
pertinente al tipo descrito y sin las cuales dejaría de adscribirse a
ese tipo, desnaturalizándose. Por otra parte, la jurisprudencia de
intereses ha diseñado una fórmula según la cual el núcleo esencial
del derecho fundamental es aquella parte de su contenido que es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente
protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y
efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce
el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo
razonable o lo despojan de la necesaria protección […]”.
[Se destaca]
En otra oportunidad la Corte indicó que el núcleo esencial de un derecho
fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad
respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en
otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también,
puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite
restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”20.
4.3.1.2. La competencia e independencia jurisdiccional
19
Ibídem.
20
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
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La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad. La Corte Constitucional
ha conceptualizado así este segundo elemento de la relevancia21:
“[…] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional,
pero no meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas
relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite,
dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario”, so pena de “involucrarse en [cuestiones] que
corresponde definir a otras jurisdicciones”. En tales términos,
un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los
derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general” […]”.
En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica.
Sin perjuicio de lo dicho, en la sentencia SU 215 de 2022, la Corte
Constitucional señaló que:
“[…] [n]o significa que en todos los casos en los que se cuestione la
definición y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple
el requisito de relevancia constitucional […] en la labor judicial la
indebida aplicación de normas de rango legal puede derivar en una
violación de derechos fundamentales. Justamente esa situación es
la que sustenta la existencia, caracterización y definición del defecto
sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el
accionante vincule la discusión legal con la violación de una garantía
fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia el
por qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal
afectó garantías constitucionales. […]”.
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
21
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Para precisar aún más el alcance del segundo requisito de la relevancia
constitucional, el referido fallo de unificación advirtió:
“[…] Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra
sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i)
el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de
anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la
relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección
de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante
los jueces ordinarios. […]”.
En conclusión, este segundo criterio implica que el asunto carece de
relevancia constitucional cuando se trata de una discusión de naturaleza
legal o económica que no conlleva la afectación del contenido de los
derechos fundamentales que la parte actora invoca en l acción de tutela.
4.3.1.3. La instancia adicional
Por último, el tercer criterio de la relevancia constitucional es impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este elemento la Corte
Constitucional ha dicho22:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se
restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en
contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
22
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derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción
tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia de los jueces
ordinarios […]”.
Respecto de este último criterio de la relevancia constitucional, en la
sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela
contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. [Se destaca]
4.3.2. Caso concreto
Bajo los anteriores parámetros jurisprudenciales, la Sala considera que,
en este evento, no se cumple el requisito de relevancia constitucional,
comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.
En este último criterio de la relevancia, además de lo dicho por la
jurisprudencia citada anteriormente, cabe destacar que, en la sentencia
C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
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pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”23. [Se destaca]
En ese sentido, la Corte Constitucional, en la precitada sentencia SU 215
de 2022, en la que aludió a la sentencia SU 128 de 2021, explicó, frente
a este tercer elemento de la relevancia, que no hace parte del debate de
la acción de tutela contra providencia judicial las discusiones sobre
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial, ni
tampoco aquellos de índole probatorio.
Siguiendo el aludido criterio jurisprudencial, se tiene que, en aquellos
casos en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela
la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o
reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso,
resulta evidente que este mecanismo constitucional está siendo utilizado
para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una instancia
adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e
independencia del juez natural.
En el asunto bajo examen, se advierte que la petición de amparo está
siendo utilizada por el actor para reabrir el debate que se surtió en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que las
inconformidades formuladas están encaminadas a controvertir la
valoración que el juez natural de la causa hizo sobre el acervo probatorio
para tener por demostrado el contrato realidad.
23
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
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Al efecto, se observa que el debate del proceso ordinario giró en torno a
determinar sí de los contratos de prestación de servicios que suscribió el
actor con el SENA era posible tener por configurados los elementos
constitutivos de una relación laboral, aspectos sobre los cuales se
pronunció la Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo que se
observa que lo perseguido a través de la acción de tutela es reabrir la
discusión frente a la demostración de un contrato laboral subyacente
entre las partes del proceso ordinario, puesto que lo que alega en sede
constitucional es que:
“[…]
a) Para el sentenciador ad quem no cabe duda alguna que los
elementos estructurales del contrato de trabajo que hacen relación
a la prestación personal del servicio y al pago de una remuneración
por ese servicio, en este caso se dan a plenitud.
b) No acepta la existencia del elemento subordinación, sobre la
base de no existir documento en el plenario que indique la
imposición de órdenes, del supervisor, pues los sometimientos a
horarios, por si solos, no constituyen prueba de subordinación, pues
estas se pueden tener como indicios de su existencia y que incumbe
al demandante demostrar esa circunstancia.-
c) Da pleno valor a la prueba testimonial receptada, en el sentido de
que por ser compañeros directos en el trabajo, del demandante,
saben y les consta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el
desempeño de sus labores, aspectos sobre los cuales fueron
contestes y claros.-
d) Demostró el demandante, de manera fehaciente y contundente,
tanto por medio de la prueba indiciaria, cuanto por la de declaración
de terceros, su condición de subordinado en el desarrollo del objeto
contractual, pruebas éstas que resistieron el embate de la
demandada y condenada, al ser aceptada por el a quem, en la forma
plasmada.-
e) Así las cosas, no cabe duda que aceptar la existencia de la prueba
en los términos en que se hace, y con esa misma prueba, concluir
en la no demostración de la subordinación como elemento
constitutivo del contrato de trabajo, no solo es contradictorio, sino
que, desborda todos los límites del debido proceso, por lo que ese
fallo, es totalmente inconstitucional y debe ser revocado para
restablecer [l]os derechos conculcados […]”.
En ese sentido, se desprende que el juez natural ya se pronunció sobre la
inconformidad que el accionante formula en la acción de tutela y decidió
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conforme con la convicción que le generaron las pruebas que obraban en
el proceso y la interpretación de la ley que, bajo el principio de autonomía
e independencia judicial, consideró la adecuada para determinar si se
configuraba el contrato realidad.
A este efecto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto,
en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias;
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo dicho contexto, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por el demandante y el demandado en
sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve simplemente la
controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades
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constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado
a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás
el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso
diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que el
accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el
derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a insistir en que se
configuraron los elementos constitutivos de una relación laboral con el
SENA, como consecuencia de la ejecución de los contratos de prestación
de servicios que suscribieron.
Por último, debe recordarse que el accionante controvierte la sentencia
proferida el 7 de julio de 2022 por la Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado, sin que pueda pasarse por alto que la Corte
Constitucional, al explicar el alcance del tercer requisito de la relevancia,
señaló en la sentencia SU 573 de 2019 que “la tutela en contra de una
sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima
de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se
garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto de los jueces
ordinarios”. Criterio que fue reiterado en la SU 215 de 2022 así: “la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
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atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental, producto de una actuación arbitraria”.
Acorde con las razones expuestas en precedencia, el tercer elemento de
la relevancia constitucional no se cumple, porque el accionante busca
controvertir la sentencia proferida el 7 de julio de 2022 por la Subsección
A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, sin que se advierta prima
facie que se trate de una decisión “arbitraria o ilegítima”, en los términos
de la Corte Constitucional.
Por consiguiente, dado que lo pretendido por el accionante a través de la
presente acción de tutela es reabrir el debate surtido en el proceso
ordinario, el requisito de la relevancia constitucional no está superado.
Por lo anotado, y sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional, en relación con el tercer
elemento que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido
para su examen, esto es, que el amparo no sea utilizado como una
instancia o recurso adicional para reabrir el debate surtido en el proceso
ordinario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por el señor Óscar de Jesús Pedroza Ospina, según lo explicado en
precedencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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