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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04509-00

Fecha
10 de octubre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04509-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la señora Elvira Rosa Iglesias Melgarejo, según lo explicado en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley. 22 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2022-04509-00 Accionante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04509-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

10 de octubre de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04509-00
Accionante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04509-00
Accionante: ELVIRA ROSA IGLESIAS MELGAREJO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
parte actora pretende reabrir el debate resuelto
por el juez natural.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Elvira Rosa
Iglesias Melgarejo contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022
por la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, dentro del
proceso del recurso extraordinario de revisión nro. 11001 0325 000 2016
00058 00.

1.- SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora, por conducto de apoderado, promovió acción de tutela
en contra de la precitada sentencia, con el fin de que se amparen los
derechos fundamentales al “debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia, derecho a la igualdad material ante la ley, a la

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Accionante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo

vida en condiciones dignas y derecho a la protección social”; para ello
formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRIMERA: Ruego honorables Magistrados, proteger a la
accionante ELVIRA ROSA IGLESIAS MELGAREJO sus derechos
fundamentales: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, DERECHO A LA IGUALDAD MATERIAL ANTE LA LEY, A
LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS Y DERECHO A LA PROTECCIÓN
SOCIAL, vulnerados con la sentencia de revisión proferida por la
Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, de fecha
treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022).

SEGUNDA: Ruego revocar en todos sus términos la sentencia del
Tribunal Administrativo del Magdalena de fecha 18-03-2015 con
radicación nro. 11001-03-25-000-2016-00058-00, mediante la cual
revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Santa Marta.

TERCERA: Ruego a esta Colegiatura revocar en su totalidad la
sentencia de radicado: 11001-03-25-000-2016-00058-00,
radicación interna nro. 0222-2016, M.P.: Cesar Palomino; por ser
violatoria de los derechos fundamentales de la accionante: DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO
A LA IGUALDAD MATERIAL ANTE LA LEY, A LA VIDA EN
CONDICIONES DIGNAS Y DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL.

CUARTA: Ruego honorables magistrados, hacer cumplir los
antecedentes jurisprudenciales de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, referentes a la aplicación retrospectiva en materia
laboral, en especial lo dispuesto en la sentencia nro. 13519 del 26-
09-1996, expediente nro. 8204, M.P.: Dr. Javier Díaz Bueno (…).

QUINTA: Como consecuencia de las decisiones deprecadas en los
numerales precedentes, ruego a los honorables magistrados
condenar a la NACIÓN – POLICÍA NACIONAL, pagar a la accionante
ELVIRA ROSA IGLESIAS MELGAREJO, pensión de sobreviviente
desde el momento en que fue solicitada a la Policía Nacional por
cuanto su difunto cónyuge ORLANDO ENRIQUE CARRILLO
QUINTERO dejó causado el derecho con la retrospectividad de la ley.

SEXTA: Ruego señoría, condenar a la NACIÓN – POLICÍA NACIONAL
a reconocer y pagar a la accionante las mesadas pensionales de
sobrevivientes causadas a partir de la fecha en que nació y se hizo
exigible el derecho a su favor, hasta la fecha en que se profiera
sentencia.

SÉPTIMA: Respetuosamente solicito que se ordene a la Policía
Nacional reconocer y cancelar a la accionante las mesadas
adicionales de junio y diciembre al igual que los intereses moratorios

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04509 00.
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Accionante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo

y corrientes causados desde el momento en que se hizo exigible el
derecho a su favor.

OCTAVA: Ruego tutelar los demás derechos fundamentales que
hayan sido vulnerados y fallar extra petita […]”.

[Mayúsculas en el escrito de tutela]

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que el señor Orlando Enrique Carrillo Quintero
prestó sus servicios como agente de la Policía Nacional desde el 5 de julio
de 1976 hasta el 3 de mayo de 1991, “fecha en la que fue dado de baja
por presunción de muerte, según Resolución nro. 6435 del 3 de mayo de
1991, emitida por la misma Institución Policial”2.

Explicó que el señor Carrillo Quintero estaba “en el Centro Recreacional
Buritaca -en jurisdicción de Santa Marta- y en horas de la madrugada
incursionó un grupo de paramilitares que obligó a los huéspedes tenderse
boca abajo en el piso y por la fuerza le subieron al vehículo en que se
movilizaban los miembros del grupo ilegal”3, y agregó que el “26 de marzo
de 2009 ante la Fiscalía 31 de la Unidad de Justicia Transicional de la
Fiscalía General de la Nación el ex combatiente paramilitar (…), ex
militante del Bloque Norte de las Autodefensas, confesó ser responsable
de la muerte violenta y posterior desaparición forzada del policial Carrillo
Quintero”.

Afirmó que el señor Carrillo Quintero, “al momento de su desaparición
forzada, era agente activo de la Policía Nacional, con 15 años y 4 meses
de servicios, incluyendo el tiempo de agente alumno por lo que dejó
causado el derecho para que su cónyuge demande el pago y
reconocimiento de la pensión de sobreviviente”4.

2
Ibídem.
3
Ibídem.
4
Ibídem.
3
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Accionante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo

Expuso que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
que fue conocida en primera instancia por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Santa Marta, que condenó a la Policía Nacional al pago
de la prestación pretendida.

Indicó que, en providencia del 18 de marzo de 2015, el Tribunal
Administrativo del Magdalena revocó la decisión de primera instancia y
negó las pretensiones.

Señaló que interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la
precitada decisión que fue declarado infundado en sentencia del 31 de
marzo de 2022 por la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de
Estado.

Precisó que “la sentencia del Consejo de Estado confirmó el fallo del
Tribunal Administrativo del Magdalena y es por ello que se acude en tutela
para que como mecanismo preferente y de cara al grado de vulnerabilidad
de la accionante se profiera sentencia (i) que revoque la sentencia
proferida por este honorable Consejo de Estado por ser desconocedora
de la jurisprudencia de esta Corporación referente a la aplicación
retrospectiva de la ley en materia laboral y (ii) se revoque la sentencia
del Tribunal Administrativo del Magdalena”5.

Manifestó que la autoridad judicial accionada “se opone a la aplicación de
la Ley 100 de 1993 porque la muerte del causante se produjo el 12 de
mayo de 1989, es decir, antes de expedirse dicha norma”.

Alegó que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo
porque se “inobservó la norma” y precisó que “la norma inobservada en
este evento se trata de la amplia y variada jurisprudencia de las altas
cortes -Constitucional y Consejo de Estado-, en especial la referida a la
retrospectividad de la ley dentro de las que se encuentra la jurisprudencia

5
Ibídem.
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Accionante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo

de la Sección Segunda del Consejo de Estado en materia laboral,
contenida en la sentencia nro. 13519 del 26 – 09 -1996, expediente nro.
8204, M.P. Dr. Javier Díaz Bueno”6.

Adujo que se incurrió en defecto procedimental con fundamento en que
la providencia reprochada “se profirió con argumentos fácticos que no
consultaban ni la situación fáctica, como tampoco, las normas jurídicas
que aconsejan la aplicación retrospectiva de la ley”7.

Afirmó que se configuró el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto debido a que “de manera deliberada, consciente y adrede, el
sentenciador de segundo grado desconoció las probanzas con las cuales
el inferior halló mérito para hallar responsables patrimonialmente a las
entidades condenadas”8.

Arguyó que también se incurrió en violación directa de la Constitución
“por la decisión tomada, ya que va contraria (sic) a los derechos que ésta
protege y se vulnerados (sic) en este caso especifico”9.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

3.1. Por auto del 24 de agosto de 202210 fue admitida la acción de tutela
y se dispuso notificar a los consejeros que integran la Subsección B,
Sección Segunda, de esta Corporación, así como vincular a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena, al Juzgado

6
Ibídem.
7
Ibídem.
8
Ibídem.
9
Ibídem.
10
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04509 00.
5
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Accionante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo

Séptimo Administrativo de Santa Marta y a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional11.

Igualmente, se requirió a la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo,
de Estado para que allegara copia digital del proceso con radicado 11001
0325 000 2016 00058 00. Frente a este pedimento, la Secretaría de la
Sección Segunda compartió el hipervínculo en el que pude consultarse el
expediente12.

3.2. La magistrada ponente de la decisión proferida el 18 de marzo de
2015 por el Tribunal Administrativo del Magdalena rindió informe vía
correo electrónico13, en el que expuso que la “solicitud de amparo está
dirigida más bien a revivir los términos ya precluidos, razón por la cual se
debe rechazar la solicitud de amparo en aplicación de los criterios sobre
la materia expuestos en la jurisprudencia constitucional”.

Para ello enfatizó en que, “al momento de analizar el caso concreto, se
determinó por parte de la Sala que no era posible aplicar la Ley 100 de
1993 al caso concreto por razones de favorabilidad, toda vez que dicha
norma entró en vigencia con posterioridad al fallecimiento del causante”.

3.3. El Secretario General (E) de la Policía Nacional rindió informe vía
correo electrónico14, en el que indicó que la acción de tutela es
improcedente ante la inexistencia de un perjuicio irremediable ocasionado
a la accionante por la expedición de la sentencia cuestionada.

11
Esta orden se cumplió el 30 de agosto de 2022. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022
04509 00.
12
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04509 00.
13
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04509 00.
14
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04509 00.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04509-00
Accionante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo

4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,15 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202116, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201917 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente18:

4.2.1. La señora Elvira Rosa Iglesias Melgarejo, actuando por conducto
de apoderado, presentó demanda bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional con el fin de obtener la nulidad del
oficio 1341/ARPRE – GRUPE del 26 de enero de 2010, que negó el
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en condición de
cónyuge supérstite del señor Orlando Enrique Carrillo Quintero.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Séptimo
Administrativo de Santa Marta que, en sentencia del 5 de septiembre de
2013, accedió a las pretensiones.

15
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
16
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
17
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
18
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por la parte actora. Visto en el índice 2
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.11001 03
15 000 2022 04509 00.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo

4.2.3. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en providencia del 18 de
marzo de 2015, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones.

4.2.4. En contra de la precitada sentencia, la señora Elvira Rosa Iglesias
Melgarejo interpuso recurso extraordinario de revisión y la Subsección B,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, en providencia del 31 de marzo
de 2022, lo declaró infundado.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primero de los requisitos generales que el juez constitucional debe
examinar para establecer si la acción de tutela es procedente contra
providencia judicial es la relevancia constitucional; para ello, la Sala se
detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional19

19
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
8
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La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”20.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.

En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia
judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del
punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y
ninguna otra”.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades21:

20
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
21
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

4.3.1.1. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573
de 2019, explicó que este elemento de la relevancia tiene el siguiente
alcance:

“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”.
La Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional, dado
que el único objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata
y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal
razón, es necesario que “la causa que origina la presentación de la
acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”.
Esto significa que el asunto debe ser trascendente para (i) “la
interpretación del estatuto superior”, (ii) su aplicación, (iii)
desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez “indicar con
toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes” […]”. [Se
destaca]

De lo anterior se desprende que el alcance que la jurisprudencia
constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste
en que la acción de tutela que se promueva contra providencia judicial
proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental, pues solo así se podrá establecer que el asunto es
10
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evidentemente de naturaleza constitucional; ello quiere significar que,
quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál es el derecho
fundamental que estima afectado y explicar los motivos por los cuales
considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU
573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el
requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca] Este
criterio fue reiterado en las sentencias SU 128 de 202122, SU 103 de
202223 y SU 215 de 202224.

Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T – 422
de 201825, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional confirmó
la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado que había
declarado improcedente la acción de tutela por no cumplir con los
requisitos de relevancia constitucional e inmediatez; en cuanto a la
relevancia, la Corte indicó, entre otras razones, que el requisito de
relevancia no estaba cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura

22
Corte Constitucional. Sentencia SU – 128 del 6 de mayo de 2021. M.P.: Cristina Pardo
Schlesinger.
23
Corte Constitucional. Sentencia SU – 103 del 17 de marzo de 2022. M.P.: Alejandro
Linares Cantillo. Al respecto, en dicha sentencia se indicó: “[…] 104. Consideraciones
específicas definidas en la jurisprudencia constitucional, respecto del requisito de
procedencia denominado “relevancia constitucional”. En relación con este requisito, esta
Corte ha sido enfática en señalar que resulta indispensable verificar, en cada caso
concreto, que la acción de tutela no esté siendo utilizada como una instancia
adicional para reemplazar las vías judiciales ordinarias. De manera concreta, ha
resaltado que el contenido de la solicitud debe buscar “resolver cuestiones que
trascienden la esfera legal, el carácter eminentemente económico de la controversia y
la inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales [lo que implica
la existencia de] un probado desconocimiento de los derechos fundamentales al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia”. Esto, por cuanto se debe “justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel” […]”.
24
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
25
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
11
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que las providencias demandadas desconocen sus derechos
fundamentales, la relevancia constitucional de un asunto no se determina
con la mera enunciación de los derechos fundamentales presuntamente
comprometidos, sino mediante la acreditación razonable de una presunta
amenaza o vulneración de los mismos”. [Se destaca]

El criterio jurisprudencial contenido en las sentencias T 422 de 2018, SU
573 de 2019, SU 128 de 2021, SU 103 de 2022 y SU 215 de 2022,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es
necesario que, para la acreditación de este primer elemento que compone
a la relevancia constitucional, la parte interesada en el escrito de tutela,
(1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los
motivos por los cuales considera la sentencia atacada está vulnerando
tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados,
requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos
aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración
de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo esencial del
mismo.

Ello es así porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo
que se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el
caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir que,
por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional
el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional
en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez
no podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional
con la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si,
de acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.
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El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”26
y ha explicado que, desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el
núcleo esencial se define así27:

“[…] Métodos para la determinación del núcleo esencial

22. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo
esencial de un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas
jurídicas complementarias. Visto desde la perspectiva de los
derechos subjetivos, el contenido esencial de un derecho
fundamental consiste en aquellas facultades o posibilidades de
actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como
pertinente al tipo descrito y sin las cuales dejaría de adscribirse a
ese tipo, desnaturalizándose. Por otra parte, la jurisprudencia de
intereses ha diseñado una fórmula según la cual el núcleo esencial
del derecho fundamental es aquella parte de su contenido que es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente
protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y
efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce
el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo
razonable o lo despojan de la necesaria protección […]”.
[Se destaca]

En otra oportunidad la Corte indicó que el núcleo esencial de un derecho
fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad
respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en
otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también,
puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite

26
Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
27
Ibídem.
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restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”28.

4.3.1.2. La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad. La Corte Constitucional
ha conceptualizado así este segundo elemento de la relevancia29:

“[…] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional,
pero no meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas
relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite,
dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario”, so pena de “involucrarse en [cuestiones] que
corresponde definir a otras jurisdicciones”. En tales términos,
un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los
derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general” […]”.

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica.

Sin perjuicio de lo dicho, en la sentencia SU 215 de 2022, la Corte
Constitucional señaló que:

“[…] [n]o significa que en todos los casos en los que se cuestione la
definición y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple

28
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
29

Bernal Pulido.
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el requisito de relevancia constitucional […] en la labor judicial la
indebida aplicación de normas de rango legal puede derivar en una
violación de derechos fundamentales. Justamente esa situación es
la que sustenta la existencia, caracterización y definición del defecto
sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el
accionante vincule la discusión legal con la violación de una garantía
fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia el
por qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal
afectó garantías constitucionales. […]”.

Para precisar aún más el alcance del segundo requisito de la relevancia
constitucional, el referido fallo de unificación advirtió:

“[…] Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra
sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i)
el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de
anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la
relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección
de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante
los jueces ordinarios. […]”.

En conclusión, este segundo criterio implica que el asunto carece de
relevancia constitucional cuando se trata de una discusión de naturaleza
legal o económica que no conlleva la afectación del contenido de los
derechos fundamentales que la parte actora invoca en l acción de tutela.

4.3.1.3. La instancia adicional

Por último, el tercer criterio de la relevancia constitucional es impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este elemento la Corte
Constitucional ha dicho30:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias

Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
30

Bernal Pulido.
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judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se
restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en
contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción
tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia de los jueces
ordinarios […]”.

Respecto de este último criterio de la relevancia constitucional, en la
sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela
contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. [Se desataca]

4.3.2. Caso concreto

Bajo los anteriores parámetros jurisprudenciales, la Sala considera que,
en este evento, no se cumple el requisito de relevancia constitucional,
como quiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.

En este último criterio de la relevancia, además de lo dicho por la
jurisprudencia citada anteriormente, cabe destacar que, en la sentencia
C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el

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juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”31. [Se destaca]

En ese sentido, la Corte Constitucional, en la precitada sentencia SU 215
de 2022, en la que aludió a la sentencia SU 128 de 2021, explicó, frente
a este tercer elemento de la relevancia, que no hace parte del debate de
la acción de tutela contra providencia judicial las discusiones sobre
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial, ni
tampoco aquellos de índole probatorio.

Siguiendo el aludido criterio jurisprudencial, se tiene que, en aquellos
casos en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela
la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o
reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso,
resulta evidente que este mecanismo constitucional está siendo utilizado
para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una instancia
adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e
independencia del juez natural.

En este evento, se advierte que la petición de amparo está siendo utilizado
por la accionante para reabrir el debate que se surtió con ocasión de la

31
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
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demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que formuló, como
del recurso extraordinario de revisión que presentó, dado que la
inconformidad expuesta en el escrito de tutela está relacionada con que
las autoridades judiciales accionadas no aplicaron la Ley 100 de 1993,
norma que estima más favorable para el reconocimiento de la prestación.
En esa medida, el reproche formulado a través de este mecanismo
constitucional está destinado a controvertir la correcta interpretación y
aplicación que el juez natural de la causa hizo respecto de normas de
rango legal.

Cabe señalar que en torno a la aplicación de la Ley 100 de 1993 giró el
debate en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió la accionante, de modo que, frente a este punto, el Tribunal
Administrativo del Magdalena ya se pronunció en la sentencia del 18 de
marzo de 2015, en el sentido que no era procedente aplicar la Ley 100
porque el señor Quintero Carrillo falleció el 3 de mayo de 1993 y dicha
norma entró en vigor el 1 de abril de 1994; es decir, que no estaba vigente
para la época de la muerte. De contera, el debate propuesto por la parte
actora ya fue resuelto por el juez natural de la causa, por lo que se
observa que lo perseguido a través de la acción de tutela es reabrir la
discusión frente a la aplicación de la precitada disposición.

En este punto es importante anotar que, en contra de la sentencia
proferida el 18 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, la ahora accionante interpuso recurso extraordinario de
revisión en el que controvirtió que se haya aplicado el Decreto 1213 de
1990 y no la Ley 100 de 1993, el cual fue declarado infundado por la
Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en sentencia del
31 de marzo de 2022.

En ese contexto, es claro que la accionante está utilizando la petición de
amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces que resolvieron el medio de control de nulidad y

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restablecimiento del derecho, así como el recurso extraordinario de
revisión, puesto que lo que se advierte es que los jueces naturales de la
causa ya se pronunciaron sobre la inconformidad que la accionante
formula en la acción de tutela y decidió conforme con la interpretación
que, bajo el principio de autonomía e independencia judicial, adelantó
sobre las normas de carácter legal que regulaban el caso.

Adicionalmente, la parte actora en el escrito de tutela alegó que “de
manera deliberada, consciente y adrede, el sentenciador de segundo
grado desconoció las probanzas con las cuales el inferior halló mérito para
hallar responsables patrimonialmente a las entidades condenadas”32, de
donde se desprende que la accionante también controvierte a través de
la acción de tutela la valoración que los jueces naturales hicieron frente
al acervo probatorio; de modo que de esta segunda inconformidad se
advierte que el amparo está siendo utilizado como instancia o recurso
adicional para debatir la forma en cómo los jueces valoraron las pruebas
en el proceso.

Conforme con lo anterior, el requisito de relevancia constitucional no está
superado por no estar satisfecho el tercer criterio que la conforma,
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces; dado que,
revisados los argumentos expuestos en la petición de amparo, se observa
que la accionante plantea un debate sobre la interpretación que hizo el
tribunal para concluir que la Ley 100 de 1993 no era aplicable, asunto que
fue resuelto por el juez natural de la causa, y porque pretende debatir la
convicción que generaron las pruebas en los jueces, así como su
valoración.

A este efecto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y

32
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04509 00.
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demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto,
en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias;
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por el demandante y el demandado en
sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve simplemente la
controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades
constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado
a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás
el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso
diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que

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se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el
derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a insistir en que debió
aplicarse la Ley 100 de 1993, pese a que el tribunal de instancia explicó
las razones por las que consideró no era procedente.

Por último, debe recordarse que la accionante controvierte tanto la
sentencia proferida el 18 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo
del Magdalena como la del 31 de marzo de 2022 de la Subsección B,
Sección Segunda, del Consejo de Estado. Lo anterior, dado que, frente a
esta última providencia, no puede pasarse por alto que la Corte
Constitucional, al explicar el alcance del tercer requisito de la relevancia
constitucional, señaló en la sentencia SU 573 de 2019 que “la tutela en
contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto de los jueces ordinarios”. Criterio que fue reiterado en la
SU 215 de 2022 así: “la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada
con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la
providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un
derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria”.

Por consiguiente, además de las razones expuestas en precedencia, el
tercer elemento de la relevancia constitucional tampoco se cumple porque
la accionante busca controvertir la sentencia proferida el 31 de marzo de

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2022 por la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, y no
se advierte prima facie que se trate de una decisión, en los términos de
la Corte Constitucional, “arbitraria o ilegitima”.

Por lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por
cuanto no cumple con el requisito general de relevancia constitucional en
relación con el tercer elemento que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha establecido para su examen, esto es, que el amparo no
sea utilizando como una instancia o recurso adicional para reabrir el
debate surtido en el proceso ordinario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por la señora Elvira Rosa Iglesias Melgarejo, según lo explicado en
precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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